Una vez recibido el dictamen de la Junta Nacional de Calificación, solicitó ante Protección S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, «recibiendo solo hasta el momento un comunicado dilatorio de 22 de diciembre de 2014, donde se acepta dicho trámite, pero sin dar respuesta de fondo hasta la fecha. Para acceder a la pensión de invalidez de origen común, solo es necesario acreditar cincuenta (50) semanas de cotización en pensiones, durante los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, requisito que se cumple por el demandante, ya que acredita más de 50 semanas durante los tres (3) años anteriores al estado de invalidez; el retardo en el reconocimiento de la pensión de invalidez, de más de cuatro (4) meses, deberá sancionarse con el reconocimiento de intereses moratorios, sobre las mesadas pensionales adeudadas, hasta el día en que se haga efectiva la obligación, y que tiene derecho a lo implorado en la demanda.
Protección S.A., se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones: firmeza del dictamen de pérdida de capacidad laboral de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y ausencia de medios de prueba que lo invaliden; inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; devolución de saldos; buena fe; no existe incumplimiento por parte de Protección S.A., y prescripción.
Mediante escrito del 18 de enero de 2015, llamó en garantía a la Compañía de Seguros Bolívar S.A., la que se opuso a la prosperidad de las pretensiones frente al llamamiento de garantía y propuso las excepciones de: calificación de invalidez en firme; suma adicional; no cobertura de intereses de mora; costas y agencias en derecho; prescripción; genérica o innominada.
La ARL COLMENA S.A., igualmente se opuso a la viabilidad de las peticiones y formuló las siguientes excepciones: falta de legitimación en la causa por pasiva; ausencia de profesionalidad de las patologías del demandante; inexistencia de pérdida de capacidad laboral; inexistencia de la obligación; prescripción; genérica, y la innominada.
Por su parte, la Compañía de Seguros Bolívar S.A., en el mismo sentido se opuso a lo solicitado y formuló las excepciones: carencia de objeto frente a la Compañía de Seguros Bolívar; falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia del derecho; mala fe; calificación de invalidez en firme; calificación de invalidez técnica y científica; imposibilidad de controvertir un dictamen de las juntas por un tercero; prescripción; genérica e innominada.
La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en la misma dirección se opuso a la prosperidad de las súplicas y propuso las excepciones: el dictamen de la junta regional de calificación de invalidez es plenamente válido; la determinación de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración calificadas por la Junta de Antioquia, estuvieron ajustadas a derecho, al Manual Único de Calificación de Invalidez- Decreto 91 7 de 1999; inexistencia de obligaciones de reconocimiento y pago de pensiones de invalidez; buena fe por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y de ello se deriva la imposibilidad de condena en costas; inexistencia de fundamentos técnicos y jurídicos para demandar; ausencia de causa para pedir; el estado clínico del paciente pudo variar después de que la Junta Regional emitió el dictamen de calificación y ello la exime de responsabilidad.
La Junta Nacional de Calificación de Invalidez se opuso a lo prosperidad de las pretensiones frente al llamamiento de garantía y propuso las excepciones: legalidad de la calificación expedida por esa entidad; improcedencia del petitum; inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen -carga de la prueba a cargo del contradictor; la calificación de la fecha de estructuración de la invalidez debe fundamentarse en criterios médicos -técnicos científicos; falta de legitimación por pasiva de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; improcedencia de pretensiones; competencia del juez laboral; buena fe de la parte demandada, y la genérica.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 27 de marzo de 2019, dispuso:
PRIMERO: CONDENAR o PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar al señor MARIO DE JESUS BLANDÓN MARULANDA, la pensión de invalidez de origen común desde el 6 de abril de 2011.
SEGUNDO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar al señor MARIO DE JESUS BLANDÓN MARULANDA, el retroactivo de invalidez entre el 6 de abril de 2011 y el 28 de febrero de 2019, por la suma de setenta y dos millones doscientos ocho mil sesenta y un pesos ($72.208.061 ), teniendo en cuenta para el efecto la mesada adicional de junio y diciembre y deberá continuar reconociendo a partir del 1 de marzo de 2019 una mesada pensional que no podrá ser inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente sin perjuicio de los incrementos de ley y teniendo en cuenta catorce mesadas pensiónales al año. La suma ordenada por retroactivo pensional deberá ser indexada por PROTECCIÓN S.A. al momento de su pago
TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción.
CUARTO: AUTORIZAR a PROTECCIÓN S.A. a efectuar del retroactivo ordenado en esta sentencia los correspondientes descuentos en salud
QUINTO: CONDENAR a SEGUROS BOLÍVAR S.A., a pagar a PROTECCIÓN S.A. el valor de la suma adicional que se requiera para completar el capital necesario para el pago de la pensión hoy ordenada, por tratarse de una pensión de invalidez de conformidad con el artículo 70 de la Ley 100 de 1993.
SEXTO: CONDENAR en costas procesales a PROTECCIÓN S.A. en favor de lo[sic] demandante. Se fijan las agencias en derecho en el 15% del retroactivo liquidado en esta sentencia más un salario mínimo legal mensual vigente
SEPTIMO: ABSOLVER a COLMENA S.A. y a la compañía de SEGUROS BOLIVAR de la totalidad de las pretensiones instaurados por la señora[sic] MARIO DE JESUS BLANDON MARULANDA.
OCTAVO: CONDENAR en costas al demandante en favor de COLMENA S.A. en la suma de cien mil pesos ($100.000)
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Quinta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver los recursos de apelación interpuestos por Protección S.A. y la Compañía de Seguros Bolívar S.A, en fallo del 19 de marzo de 2021, confirmó parcialmente la decisión de primer grado modificando «el valor del retroactivo liquidado desde el 6 de abril de 2011 al 28 de febrero de 2021, en cuantía de $96´251.747, debiéndose descontar las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud. A partir del 1 de marzo de 2.020, Protección S.A. deberá de continuar cancelando al actor un salario mínimo legal por concepto de mesada pensional.»
El juez colegiado estableció como problema jurídico a resolver el «determinar si el señor MARIO DE JESÚS BLANDÓN MARULANDA tiene derecho a la pensión de invalidez bajo los presupuestos de la condición más beneficiosa, punto que fue objeto de apelación por los abogados de las partes demandadas».
Lo primero que adujo el sentenciador es que en virtud a que la fecha de estructuración de la invalidez del demandante es el 6 de abril de 2011, la norma que gobierna la prestación es la Ley 860 de 2003, empero, si bien, no existe discusión respecto del porcentaje de invalidez que es superior al 50%, revisado el historial de cotizaciones en Protección S.A., «visibles a folios 713 a 715, se infiere que del 6 de abril de 2011 al mismo día y mes del año 2009, el señor Mario de Jesús cotizó O semanas al sistema, no habiendo lugar al reconocimiento pensional bajo estos presupuesto legales».
Enseguida, trajo a colación las sentencias «con radicación 35.319 y 41.832 del 8 de mayo de 2012, y reiterado en la sentencia con radicación 38.674 del 25 de julio de 2012. La tesis allí sostenida ha sido innumerables veces refrendado y reiterada por la mayoría de esa Sala de la H. Corte (SL7275 de 2015, SL7205 de 2015, SL6362 de 2015, SL 6727 de 2015, SL 14842 de 2014 y SL 13883 de 2014, etc.)», y sostuvo que conforme a la jurisprudencia de esta Corte, «teniéndose en cuenta que el afiliado al momento de lo estructuración de la invalidez, se encontraba inactivo, debió acreditar que cotizó 26 semanas dentro del año anterior a la fecha de la invalidez y otras 26 semanas en el año anterior o la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, situación reseñada en las sentencias SL2358-2017, Radicación N.° 44596, y SL4650-2017, radicado 45262 ambos del 25 de enero de 2017».
Explicó que, al momento de la invalidez, el actor estaba inactivo en el sistema pensional y,
[S]egún el reporte de historia laboral contaba con O semanas cotizadas en el año anterior a la fecha de estructuración, esto es del 6 de abril de 2011 al mismo día y mes del año 2009, y tampoco cumple con las 26 semanas en el año anterior o la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, ya que contaba con O semanas; así que para que haya lugar a la aplicación de la condición más beneficiosa de Ley 860 a Ley 100, se requiere acreditar el cumplimiento de los requisitos de la norma original, esto es el artículo 39 de lo Ley 100 antes del tránsito legislativo, lo que como se vio no acontece, luego no es procedente el otorgamiento de lo prestación bajo estos presupuestos jurisprudenciales. Continuando con el estudio del caso, tenemos que el apoderado del actor en sus alegatos de conclusión expone que el derecho pensional de su representado debe reconocerse bajo los parámetros del decreto 758 de 1990, que en sus artículos 6° y 25, exigían para la pensión de sobrevivientes de origen común, 150 semanas cotizadas en los 6 años anteriores o lo muerte o 300 en cualquier tiempo, aplicable esto para la prestación de invalidez, como es el caso de marras.
Sobre este punto recurrido, afirmó que esta Sala ha mantenido un criterio consolidado, uniforme y reiterativo, en el sentido de admitir que se aplique el principio de la condición más beneficiosa, pero limitado a la norma inmediatamente anterior o lo que corresponda, según la fecha de fallecimiento o estructuración de la invalidez del afiliado o pensionado, posición que va en contravía con los parámetros de la Corte Constitucional, que indica que el principio de la condición más beneficiosa, es viable en aplicación del Decreto 758 de 1990[sic], para el reconocimiento de la pensión de invalidez en casos como el del afiliado que se invalida en vigencia de la Ley 860 de 2003, «haciendo de esta manera un salto normativo en procura de garantizar el derecho prestacional».
Aseveró que la Corte Constitucional en la sentencia CC SU 442-2016, determinó que era posible el otorgamiento de una pensión de invalidez y su viabilidad en virtud del Acuerdo 049 de 1990, aun cuando la pérdida de capacidad laboral se estructurara en vigencia de la Ley 860 de 2003, aceptándose la aplicación de una norma que no era, en estricto sentido, la inmediatamente anterior, ya que solo así se protege a personas en condiciones de debilidad manifiesta derivada de la invalidez (Corte Constitucional CC T-717 de 2014, CC T-137 de 2016 y CC SU-556 de 2019).
Estimó que en el asunto bajo examen se verificaba el «denominado test de procedencia», bajo las 4 condiciones necesarias y concurrentes establecidas en la sentencia CC SU-556 de 2019.
Por todo lo anterior, concluyó que:
[E]l demandante cumple a cabalidad con el test de procedencia trazado por la H. Corte Constitucional, asistiéndole derecho a la pensión de invalidez, teniendo en cuenta que tiene más de 300 semanas cotizadas con antelación a la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 (fl. 89 y 713), acreditando el requisito de cotización exigido por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, debiéndose confirmar la sentencia de primera instancia, no asistiéndole razón a los apelantes.
Así, confirmó el acto jurisdiccional de primer grado.
IV. RECURSOS DE CASACIÓN
Fue interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., así como, por la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos. Valga decir que se estudiara inicialmente el formulado PROTECCIÓN S.A.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la sociedad recurrente que la Corte «case el fallo acusado. Luego, se pide que revoque la sentencia de la juez de primera instancia y, finalmente, se absuelva a Protección S.A. de todo lo deprecado en su contra».
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.
VI. ÚNICO CARGO
Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 6° del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios (aprobado mediante Decreto 758 de ese año) y 53 de la Constitución Política y por la infracción directa de los artículos 1° numeral 1° de la Ley 860 de 2003, 4° de la Ley 169 de 1896, 45 de la Ley 270 de 1996, 29, 230, 234 y 235 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.
Aclara que dada la vía del ataque no está en debate que: (i) el señor Blandón, a la fecha que el Tribunal tuvo como la de inicio de su condición valetudinaria, esto es, el 6 de abril de 2011, no reunía 50 semanas cotizadas en los tres años que antecedieron a ese día (no contabilizaba una sola semana) y, (ii) si la situación pensional del mencionado señor Blandón se mirara bajo la óptica de las normas de la Ley 100 de 1993 en su estado primitivo, tampoco podría acceder a la prestación impetrada en la medida en que «según el reporte de historia laboral contaba con 0 semanas cotizadas en el año anterior a la fecha de estructuración».
El recurrente, tras copiar en extenso apartes de la sentencia CSJ SL2358-2017, asevera que como la invalidez del demandante se estructuró el 6 de abril de 2011, el accionante no estaba llamado a favorecerse con la pensión que solicitó dado que no alcanzaba el lleno de las exigencias contempladas en el artículo 1° numeral 1° de la Ley 860 de 2003 en lo relativo a tener 50 semanas cotizadas dentro del trienio que precedió a la calenda que el juez colegiado tuvo como la de comienzo de su condición valetudinaria. Y ni siquiera bajo la égida del principio de condición más beneficiosa, en los términos en que lo viene considerando esta Sala en su jurisprudencia actual sobre el tema, le podía ser otorgada la mencionada pensión dado que su minusvalía nació con posterioridad al 26 de diciembre de 2006. Afirma, entones, que el sentenciador de segunda instancia estaba constitucionalmente obligado a ajustar su decisión a la jurisprudencia sobre la materia de esta Corporación que estuviese vigente a la fecha de su fallo, esto es, la relativa a la imposibilidad de acudir al principio de la condición más beneficiosa.
Agrega que, según el fallo de esta Sala, con radicación 42.625, prevalece el interés general sobre el particular, dado que aquel adquiere mayor relevancia en asuntos de seguridad social al analizarlo a la luz del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 «que compele al Estado a garantizar “la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional” y la cual puede verse muy lesionada si se ordena a dicho sistema el reconocer pensiones no establecidas dentro de las normas vigentes en un momento dado».
Por último, explica que el fallo CC SU556 de 2019 de la Corte Constitucional únicamente hubiera podido producir efectos retroactivos si estos hubiesen quedado consignados en su texto, pues de otra forma solo tendrían implicaciones hacía el futuro y, por tanto, no podrían aplicarse en este proceso.
VII. RÉPLICA DEL DEMANDANTE
Sostiene que el Tribunal, aplicó la favorabilidad (in dubio pro operario) y se inclinó por la postura garantista de la Corte Constitucional, por lo que el recurrente debió atacar este pilar fundamental de la sentencia, como no lo hizo, es suficiente para que siga en pie lo resuelto por el juzgador.
Dice que la Corte no debe quebrar el fallo, en esencia, porque:
[T]al como fue definido en segunda instancia, a la luz de la estructura del ordenamiento jurídico colombiano y la definición de Colombia como un Estado Social de Derecho, no sólo es posible sino obligatorio, el permitir el acceso a las prestaciones del sistema de seguridad social integral a través de una aplicación ilimitada del principio de condición más beneficiosa.
Si se acepta que la condición más beneficiosa se aplica ante el cambio normativo que pasó de exigir 300 semanas a exigir 26 semanas (un solo salto normativo), ¿cuál es la razón por la cual no es posible aplicarla cuando el cambio normativo pasó de 26 a 50 semanas de cotización? No existe una respuesta lógica. Si estamos frente a un régimen contributivo donde la prestación se concede a partir de una densidad de semanas cotizadas, no tiene explicación que el sistema le otorgue la prestación a quienes cotizaron 26 ó 50 semanas (6 o 12 meses de aportes), pero se la niegue a quien cotizó más de 300 semanas (72 meses de aportes), ahí sí, en una insalvable contradicción que desnaturaliza la característica contributiva del sistema pensional. Aplicando la sentencia de la Corte Constitucional, el Tribunal acoge el principio de la condición más beneficiosa con dos saltos normativos, lo que debe entenderse como un premio a quien ya había hecho un esfuerzo en aportes para que no se vean castigados o en un trato desigual respecto a quienes lo hicieron en un número mucho menor pues es posible que el inválido que haya cotizado solamente 6 meses (26 semanas) o un año (50 semanas) reciba el beneficio por su invalidez, pero quien cotizó durante 6 años o 72 meses, lo pierda.
VIII. RÉPLICA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.
Textualmente aduce que «no encuentra sustento para oponerse a la demanda de Casación presentada por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., coadyuvando en su integridad tal demanda y sin perjuicio de lo ya expresado en la demanda de casación que presenté en representación de mi mandante, dentro de la oportunidad concedida».
IX. CONSIDERACIONES
Dado que el cargo se dirige por el sendero de puro derecho, no hay controversia alguna con respecto a que: (i) el actor tiene dictaminada una pérdida de capacidad laboral de origen común del 53.48%, estructurada el 6 de abril de 2011; (ii) no cumple con la densidad de semanas exigida en la Ley 860 de 2003, norma vigente para la época en la que se estructuró la invalidez, y (iii) para el tránsito legislativo era cotizante inactivo, no cuenta con 26 semanas en el año anterior a la vigencia de la Ley 860 de 2003 en comento y su última cotización es de julio de 1995.
Del análisis del cargo dimana palmario que el descontento de la recurrente gravita, en estricto rigor, en que el colegiado al acudir al principio de la condición más beneficiosa, aplicó indebidamente el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, al otorgar la pensión de invalidez al demandante sin el lleno de los requisitos contemplados en la disposición vigente a la fecha de estructuración de la invalidez, apartándose del precedente sentado por esta Corporación sobre la materia.
En lo que respecta al reproche, la Corte de vieja data ha advertido que no es posible, entre otros, la utilización del postulado de la condición más beneficiosa, con el objeto de realizar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores hasta acompasar al caso concreto la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte más favorable y, con ello, una aplicación plusultractiva de la ley, lo cual, por demás, desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia el futuro.
Al punto, esta Corte, en sentencia CSJ SL5657-2021 al memorar la providencia CSJ SL840-2020 que a su vez recuerda lo expuesto en la CSJ SL1689-2017, reiterada en sentencia CSJ SL8305-2017, enseñó:
La inconformidad de la parte recurrente con el fallo atacado radica básicamente en que, de acuerdo con el principio de la condición más beneficiosa, es viable darle aplicación al artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año.
Pues bien, es criterio reiterado de esta Corporación, que el derecho a la prestación pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuración de tal condición. De ahí que, al haberse estructurado la invalidez el 23 de junio de 2008, la disposición que rige el asunto es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, cuyos requisitos no cumplió el actor pues no cotizó 50 semanas durante los tres años anteriores a dicha fecha.
De otra parte, como la censura invoca el principio de la condición más beneficiosa a fin de que el asunto se resuelva bajo la égida del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, es preciso señalar que no es viable dar aplicación a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una búsqueda interminable de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del peticionario o cuál resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. Esta ha sido la postura de la Sala expuesta en recientes providencias, entre otras, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016 y CSJ SL15965-2016.
En este orden, no era procedente que el Tribunal considerara los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 de manera plus ultractiva como lo pretende la censura, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub-lite.
De manera que, trasladando todos los argumentos expuestos en las anteriores decisiones al asunto sometido a escrutinio de la Corte, se concluye que el juzgador de alzada se equivocó, por cuanto, para la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del actor, esto es, 6 de abril de 2011, la norma aplicable era la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.
En efecto, el accionante no puede ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, por cuanto la Sala mayoritariamente se ha inclinado por dar efecto a la citada prerrogativa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la Ley 860 de 2003, por lo que solo es posible diferir los efectos de esta última hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia (CSJ SL2358-2017).
Tampoco sobra indicar que, en torno a la fuerza vinculante del precedente constitucional, esta Corporación, en providencia CSJ SL184-2021, la cual se extiende a la sentencia CC SU-556 de 2019, adoctrinó:
1. La fuerza vinculante del precedente constitucional
La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia.
Asimismo, ha precisado que un precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensión a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios básicos del Estado constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremacía de la Carta Política, debido proceso y confianza legítima (C-539-2011).
No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.
El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).
En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicación debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos Superiores importantes para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que se expone a continuación -deber de argumentación suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017).
En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultractiva de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres años anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, (iii) pero sí reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el régimen anterior.
Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes, cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.
A juicio de esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Así mismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de retrospectividad.
Por otra parte, la aplicación ultractiva de normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, según el criterio de la Sala, no es posible (…)
En síntesis, conforme al criterio jurisprudencial citado, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.
En consecuencia, y ante la inexistencia de razones diferentes y novedosas que permitan un cambio de pensamiento, habrá de casarse la sentencia, por las razones expresadas arriba.
Dadas las resultas, la Corte se releva de estudiar el recurso extraordinario de casación formulado por la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., puesto que pretendía idéntico fin soportado sobre la improcedencia del principio de la condición más beneficiosa.
Sin costas dada la prosperidad del recurso.
En sede de instancia, basten las anteriores consideraciones para concluir que al actor no le asiste el derecho a la pensión de invalidez con aplicación de la condición más beneficiosa, pues no procede el salto normativo entre la ley vigente a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, que modificó el 39 de la Ley 100 de 1993, y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad y tampoco cuenta con el mínimo de 50 semanas en el último trienio, como lo dispone la regla jurídica que le aplicable, pues la última cotización se registró en julio de 1995, lo que resulta suficiente para REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el 27 de marzo de 2019 y, en su lugar, ABSOLVER a las llamadas a juicio de todas y cada una de las súplicas elevadas por MARIO DE JESÚS BLANDÓN MARULANDA en el escrito genitor de la contienda.
Sin costas en segunda instancia, las de primera a cargo de la parte demandante.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, el 19 de marzo de 2021, en el proceso que instauró MARIO DE JESÚS BLANDÓN MARULANDA contra la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, ADMINISTRADORA DE RIESGOS COLMENA S.A., y la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., en su lugar, dispone:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el 27 de marzo de 2019 y, en su lugar, se ABSUELVE a las llamadas a juicio de todas y cada una de las súplicas elevadas por MARIO DE JESÚS BLANDÓN MARULANDA en el escrito genitor de la contienda.
SEGUNDO: Costas como se indicó.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
(Aclara Voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO CASTILLO CADENA
(Aclara Voto)
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
(Aclara Voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Recurso Extraordinario de Casación
Radicación n.° 92907
Referencia: demanda promovida por MARIO DE JESÚS BLANDÓN MARULANDA contra la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, ADMINISTRADORA DE RIESGOS COLMENA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito hacer aclaración de voto, pues si bien comparto lo que finalmente se adoptó en el sub judice, que dispuso casar la sentencia condenatoria del Tribunal, sin embargo, respecto de los argumentos que se exponen en la providencia para la procedencia del principio de la condición más beneficiosa, en un lapso temporal en forma restringida, me permito hacer las siguientes precisiones:
En la presente providencia la Sala igualmente señaló que el demandante «el accionante no puede ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, por cuanto la Sala mayoritariamente se ha inclinado por dar efecto a la citada prerrogativa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la Ley 860 de 2003, por lo que solo es posible diferir los efectos de esta última hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia (CSJ SL2358-2017)».
Frente a dichos argumentos, debo indicar que, si bien inicialmente compartí el criterio mayoritario de la Sala vertido en la sentencia CSJ SL2358 de 2017, a través de la cual se dio vigencia temporal a la Ley 100 de 1993, en el transito legislativo con la Ley 860 de 2003, esto es, el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, ello fue con el fin de extender en el tiempo por vía jurisprudencial, los efectos del principio de condición más beneficiosa en dicho periodo, y hacer menos rigurosa su aplicación, en aras de tratar de salvaguardar los derechos de los asegurados y su grupo familiar, quienes por los cambios normativos verían truncada la posibilidad de acceder a la pensión de invalidez, pese a tener en cúmulo de cotizaciones importantes, y que conforme a disposiciones anteriores daría lugar de acceder a esa prestación.
No obstante lo anterior, al hacer un juicioso y minucioso análisis de dicha providencia y de las diferentes hipótesis que allí se plantean como supuestos fácticos que deben cumplir los asegurados para acceder a la pensión de invalidez bajo esta nueva línea de pensamiento, se observa que las reglas allí trazadas, a más de ser en algunos casos confusas, también se tornan poco posibles de cumplir, de tal suerte, que de manera exigua o en nada termina favoreciendo al grupo poblacional al que está dirigida, contrario a lo que fue la finalidad del cambio doctrinal propuesto respecto de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que con aquella providencia se fijó.
En efecto, al analizar por ejemplo las subreglas planteadas en la providencia, como las señaladas en el numeral «3.2», de una detallada lectura, se advierte que se hacen más difíciles de cumplir en la práctica, pues en este evento, cuando el asegurado no era cotizante activo para el momento del tránsito legislativo, las 26 semanas deben de ser cotizadas en el año inmediatamente anterior a la vigencia de la Ley 860 de 2003, es decir, «entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002», siendo entonces un número mínimo de afiliados quienes puedan cumplir con tales exigencias.
Bajo el contexto que antecede, en mi prudente juicio imponer un límite temporal para acudir al postulado en comento en aquellos casos de sucesión normativa entre la Ley 860 de 2003 y Ley 100 de 1993, cuando el asegurado invalido cumple con los requisitos que esta última disposición exige en su canon 39, desconoce la esencia misma de la condición más beneficiosa, pues como lo ha sostenido esta Corporación en diferentes oportunidades es característico de la institución jurídica en comento que « Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada», de manera que a mi juicio, la posición de la Sala de supeditar la aplicación del principio de la condición mas beneficiosa a que el peticionario acredite las 26 semanas en el año inmediatamente anterior al «26 de diciembre de 2003» y no como lo exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, desconoce lo antes señalado, olvidando además que las expectativas legitimas no pierden su condición de tales como consecuencia de una sucesión normativa o del paso del tiempo.
En los anteriores términos, dejo consignada entonces mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
Radicación n.° 92907
Ref: MARIO DE JESÚS BLANDÓN MARULANDA vs. JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, COLMENA S.A., PROTECCIÓN S.A. y COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.
Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, aun cuando estoy de acuerdo con la decisión adoptada en el presente asunto de casar el fallo del Tribunal y, en sede de instancia, revocar la sentencia del a quo para, en su lugar, absolver a las entidades demandadas de pagar al actor la pensión de invalidez reclamada, debo aclarar mi voto en cuanto a la afirmación que en sus considerandos se hace respecto a la dimensión o valor normativo que se da al llamado precedente judicial, pues, es mi parecer, la obligatoriedad no es una característica propia de nuestra jurisprudencia, como sí lo son su particularidad, uniformidad y continuidad.
En otras palabras, nuestro ordenamiento jurídico, de inspiración afortunadamente democrática desde sus albores independentistas, ha dado a la jurisprudencia un gran valor como elemento iluminante del quehacer judicial, por eso es que en su tarea ha sido nivelada por el constituyente como criterio auxiliar de la actividad judicial (hoy artículo 230 constitucional), pero en modo alguno traduce tal disposición que se la pueda considerar como una fuente formal de derecho en sentido estricto.
La jurisprudencia surge de las glosas judiciales a la aplicación, interpretación e integración normativas, no precede a éstas, ergo, no tiene fuerza normativa ni vinculante, pues de seguirse ese discurso fácilmente puede llegarse, a mi manera de ver y bajo el cobijo de un arbitrio judicial mal entendido democráticamente, a la arbitrariedad e inseguridad jurídicas.
Estoy de acuerdo, eso sí, en que, conforme a su funcionalidad constitucional, la jurisprudencia es, amén de un criterio auxiliar de la actividad judicial, un complemento o elemento integrador del ordenamiento jurídico, pero de allí tampoco puede derivarse un carácter vinculante u obligacional que solo le es propio al mismo ordenamiento.
En suma, el carácter disuasivo y persuasivo de la jurisprudencia, ese sí propio de nuestro régimen democrático y social de derecho, otorga a ésta, es mi opinión, una trascendental posición entre las fuentes formales del derecho y las operaciones cognitivas judiciales utilizadas en su aplicación, de suerte que, con ella se da una respuesta más idónea, justa y real a la necesidad de justicia social de la época.
Y esa la razón fundamental para que, desde antaño, las altas Cortes, para nuestro caso el Tribunal Supremo del Trabajo, dijera con todo sentido que se imponía entender «que la estabilidad de la jurisprudencia es una condición importante para la seriedad de la administración de justicia y para la confianza que en ella se tenga. Pero ello no impide que el juzgador pueda variarla cuando estime de buena fe que con ello busca un mejor entendimiento de la ley o una interpretación suya más adecuada a los hechos sociales que aspira a regular» (Resolución en investigación disciplinaria, 7 de febrero de 1995, Jurisprudencia del Trabajo, Miguel Antonio Constaín, Vol. III, pág. 170), y en otro asunto agregara que pese a su indiscutible valor doctrinario, «no es de obligatorio acatamiento para sus inferiores jerárquicos, pero su rechazo por éstos debe fundamentarse en razonamientos jurídicos que justifiquen el desacuerdo y den base a la corporación para nuevos estudios» (Auto, 30 de agosto de 1950, ibídem).
Luego, el acatamiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional es un imperativo procesal, un deber del funcionario judicial, que no una obligación, y deber procesal que solo puede soslayar en tanto y en cuanto exponga las razones de su apartamiento. Dicho que con otras expresiones similares vive recordando a jueces y tribunales de la jurisdicción social esta Corporación.
En los términos antedichos dejo expresado mi pensamiento respecto de la aludida afirmación contenida en la providencia en cita.
Fecha ut supra.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: Mario de Jesús Blandón Marulanda
Demandado: Protección S.A. y Otros
Radicación: 92907
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto tal y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, si bien estoy de acuerdo con casar la sentencia del Tribunal, dado que se equivocó al realizar una aplicación plus ultractiva de la Ley para determinar si el actor cumplía los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, así como con la decisión en sede de instancia de revocar la sentencia del a quo y absolver a la demandada, toda vez que el demandante no acreditó la densidad mínima de semanas de cotización que establece el artículo 1.º de la Ley 860 de 2003 para el reconocimiento de la citada prestación, lo cierto es que considero pertinente aclarar mi voto en cuanto a las consideraciones relativas a la posibilidad de aplicar el principio de condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y Ley 860 de 2003.
Lo anterior, por cuanto, en mi criterio, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Carta Política de 1991 está sometido a ciertos límites, los cuales debe tener en cuenta el juez del trabajo y de la seguridad social en sus decisiones.
En efecto, tal principio protege las situaciones jurídicas o los derechos individuales próximos a consolidarse respecto a un cambio normativo que pueda lesionarlos. Por esto, su ámbito de acción no cobija cualquier reforma o ajuste en la legislación laboral o de la seguridad social, sino solamente aquella que contengan cambios estructurales en los esquemas que la soportan.
En esa medida, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no puede ser ilimitada y darse ante cualquier cambio normativo, toda vez que ello paralizaría la puesta en marcha de importantes ajustes en las políticas laborales, sociales y económicas. Por tal razón, este principio, adecuadamente entendido, está dirigido a garantizar, con ciertos límites, la permanencia de determinado estatuto regulatorio ante cambios verdaderamente estructurales en la regulación.
En esa dirección, las leyes 797 y 860 de 2003 no representaron un cambio estructural en el sistema de pensiones en nuestro país, sino que se trataron de modificaciones legislativas en cuanto a los requisitos para el acceso a las prestaciones económicas; por tanto, en virtud de ello, la condición más beneficiosa no opera en dicho caso respecto a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en su versión original, toda vez que una modificación paramétrica respecto a la densidad de semanas de cotización como la que se planteó en dichas reformas, no refleja un cambio sustancial que amerite la suspensión temporal de la legislación actual con la finalidad de proteger expectativas legítimas.
Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado