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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3382-2019

Fecha
30 de julio de 2019
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3382-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por HORACIO FRANCO MUÑOZ en contra de EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3382-2019

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

30 de julio de 2019

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL3382-2019

Radicación n.° 61342

Acta 25

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por HORACIO FRANCO MUÑOZ contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2012, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que él instauró en contra de EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P.

AUTO

Se reconoce personería a la abogada Adriana Rojas Castaño, con tarjeta profesional n.° 189.341 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del recurrente, para los efectos del poder que se encuentra en el folio 25 del cuaderno de la Corte.

ANTECEDENTES

Horacio Franco Muñoz demandó a la sociedad Empresas Públicas de Pensilvania E.S.P., con el fin de que se declarara que entre las partes, a la fecha de presentación de la demanda, continuaba vigente un contrato de trabajo que inició el 1º de abril de 2005. Como consecuencia de ello, solicitó el reconocimiento y pago de lo adeudado por prestaciones sociales y vacaciones desde la fecha de inicio de la relación laboral y las sanciones previstas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, así como «[…] la pensión de jubilación a partir del día 1º de enero del 2008, fecha en la cual adquirió el estatus de pensionado», junto con el retroactivo causado.

Como fundamento de sus peticiones señaló que el 1º de abril de 2005 se vinculó a la empresa demandada para desempeñarse «[…] como trabajador raso en la cuadrilla de aseo» percibiendo un salario mínimo mensual. Afirmó que laboró al servicio del municipio de Pensilvania en el cargo de «obrero municipal» desde enero de 1988 hasta el 29 de junio de 1993, fecha en la cual «[…] el municipio fue sustituido por las EMPRESAS PÚBLICAS PENSILVANIA», entidad con la cual, dijo, «[…] sigue laborando sin solución de continuidad».

Aseguró que el 30 de junio de 1993 celebró un «supuesto» contrato de prestación de servicios con la sociedad demandada, el cual terminó el 31 de diciembre de 1994, sin perjuicio de continuar laborando «[…] mediante contrato laboral con todas las prestaciones sociales de ley a partir de 1994» hasta el 1º de abril de 2005, cuando le fue terminado el contrato y, sin solución de continuidad, aquella procedió a vincularlo «[…] mediante un aparente contrato de prestación de servicios», a pesar de continuar prestando las labores de la misma manera personal y subordinada.

Concluyó informando que nació el 20 de enero de 1938, lo que «[…] le permite acceder a la pensión de jubilación prevista en la ley 33 de 1985» a cargo de la última entidad en favor de la cual aún labora, dado que nunca fue afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, así como que agotó la reclamación administrativa el 4 de octubre de 2010.

Empresas Públicas de Pensilvania E.S.P., se pronunció frente a la demanda oponiéndose a las pretensiones. Negó la existencia de un contrato de trabajo con el demandante y aclaró que entre las partes existe «[…] un contrato u orden de prestación de servicios, regido por la Ley 80 de 1993», por el cual desarrolla las actividades de «[…] barrido y limpieza en las calles» lo cual es remunerado «teniendo en cuenta los metros cuadrados» y el «valor unitario». Afirmó que no es cierto que la sociedad demandada hubiere sustituido al Municipio de Pensilvania, pero reconoció la reclamación administrativa realizada por el actor.

Formuló en su defensa las excepciones de prescripción, inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Pensilvania (Caldas), mediante sentencia del 2 de noviembre de 2011 resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que entre el señor HORACIO FRANCO MUÑOZ, como trabajador, y las EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA como empleador, existe una relación laboral desde el 1º de marzo de 1992 hasta la fecha, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de Prescripción de la Acción, Inexistencia de la obligación y el Cobro de lo no Debido, propuestas por el (sic) LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA, por los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA a pagar al señor HORACIO FRANCO MUÑOZ la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENA Y NUEVE ($5.369.799) M/CTE. Valor total del AUXILIO DE CESANTÍA causado en proporción a los períodos laborados desde marzo de 1992 hasta diciembre de 2010, suma que deberá ser indexada desde el 1 de abril de 1992 y hasta el momento de su pago, conforme se dejó explicado en la parte motiva de la providencia.

CUARTO: CONDENAR a las EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA a pagar el valor de los aportes a pensión de vejez, a favor del señor HORACIO FRANCO, a partir del 4 de marzo de 1992, hasta la fecha, en el régimen y entidad que escoja el trabajador, para lo cual tendrá el demandante cinco días a partir de la ejecutoria de este fallo, o de lo contrario el patrono escogerá tanto el régimen como la entidad a la que consignará, los aportes deberán realizarse con el valor que se hubiere debido acumular durante el período que el trabajador ha estado prestando servicios al empleador, dicho valor se debe calcular de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1887 de 1994.

QUINTO: ABSOLVER a las EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA de las demás pretensiones incoadas en su contra por el demandante, por las razones expuestas en las consideraciones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación promovida por ambas partes, conoció del asunto la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que mediante providencia del 30 de noviembre de 2012 revocó la sentencia del a quo y absolvió a la sociedad demandada de las pretensiones elevadas en su contra.

Como sustento del fallo, el Tribunal sostuvo que el servicio personal del demandante estuvo gobernado no por normas del contrato de trabajo en el sector público sino por aquellas que regulan el contrato de prestación de servicios en los términos de la Ley 80 de 1993. Aseguró que la subordinación que debiera presumirse quedó desvirtuada por las declaraciones que fueron escuchadas en la primera instancia, dado que se trató de una coordinación del servicio y no una subordinación en el mismo. Ello fue concluido a raíz de los testimonios del proceso que fueron mal valorados por el juez de primer grado y en asocio con las cuentas de cobro, permitieron al Tribunal llegar a la conclusión de que no existió la citada subordinación dado que no mediaban instrucciones para la prestación del servicio ni cumplimiento de horarios.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para «[…] en su lugar confirmar los numerales primero, segundo, tercero y cuarto de la sentencia de primer grado emanada del JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PENSILVANIA CALDAS» así como que la Sala, en sede de instancia, proceda a «[…] otorgar los derechos que le fueron negados en el numeral quinto de la sentencia de primer grado a mi representado, otorgándole el derecho a los intereses de las cesantías, la sanción del art. 99 de la Ley 50 de 1990, al pago de las primas de servicios, el pago de las vacaciones, la indemnización moratoria».

Con tal propósito formuló un cargo por la vía indirecta, el cual, carente de oposición, procede a ser resuelto por la Sala.

CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia de ser violatoria de ley sustancial por la vía indirecta, por «falta de aplicación» de los artículos 29 y 53 de la Constitución Política; 99 de la Ley 50 de 1990; 23, 24, 65, 72 y 143 del Código Sustantivo del Trabajo; «60, 61, 174 y 176 del Código de Procedimiento Civil»; 1º y 2º de la Ley 6 de 1945; 1, 2, 3 y 8 del Decreto 2127 de 1945; 8 del Decreto 3135 de 1968; 10, 43, 51, 69, 81 y 93 del Decreto 1848 de 1969; 8, 40, 44, 45 y 46 del Decreto 1045 de 1978.

Como errores ostensibles de hecho, en el cuerpo de la demanda, señaló los siguientes:

1. «Dar por demostrado, sin estarlo, que se encuentra desvirtuado el elemento de la subordinación dentro de la relación laboral, al confundir la coordinación con la subordinación».

2. «Dar por demostrado, sin estarlo, que se desvirtuó por parte del demandado la presunción que establece el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo».

3. «Dar por demostrado, sin evacuar todo el acervo probatorio contentivo en el proceso, que se encuentra desvirtuado el elemento de la subordinación dentro de la relación laboral, al confundir la coordinación con la subordinación».

Como pruebas dejadas de apreciar, enumeró las órdenes de servicios desde 1992 hasta el año 2011, el formato de afiliación al régimen subsidiado de salud, el «acta de inspección judicial», la confesión del representante legal de la sociedad Empresas Públicas de Pensilvania y los testimonios de Conrado Giraldo, Juvenal Quintero, Ramón Zuluaga, Carlos Giraldo y Héctor Aristizábal.

Para la demostración del cargo sostuvo que, de los documentos denunciados como no apreciados, se colige claramente que existió una evidente subordinación y no una coordinación, por lo que se equivocó el Tribunal en su juicio.

Afirmó que dejó de ver el ad quem que el recurrente siempre desempeñó las mismas labores y las contrataciones fueron aparentes y ficticias, al tiempo que, de los testimonios y del dicho del representante legal de la sociedad demandada, nunca pudo establecerse que desvirtuó la subordinación señalada, y por el contrario, afianzó lo expuesto en la contestación de la demanda reconociendo el servicio personal del actor sin solución de continuidad y de forma subordinada.

Insistió en que el Tribunal,

[…] no valoró las pruebas obtenidas en la inspección ocular a las instalaciones de las Empresas Públicas de Pensilvania, ni el documento original de afiliación del señor HORACIO al Sistema de salud subsidiado de la Dirección Territorial de Salud de caldas, donde se evidencia de manera palpable la negligencia y la mala actuación de las EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA al defraudar el sistema de seguridad social colombiano en desmedro del señor Horacio Franco Muñoz, pues en ambos casos (prestación de servicios o contrato laboral) debía el señor Horacio Franco estar afiliado al Sistema en el régimen contributivo de salud y pensión (fols. 14 a 625).

Finalizó indicando que el Tribunal no hizo un análisis argumentativo de la prueba que pudiera sustentar lo dicho en el fallo impugnado, lo que provoca que fuera «[…] prácticamente imposible para el actor que pretende recurrir en sede de casación, sustentar la errónea apreciación de la prueba y el consecuente error de hecho y verifica que esta decisión es producto de un actuar arbitrario del juez».

CONSIDERACIONES

El problema jurídico que propone la censura a la Sala se contrae a establecer si se equivocó el Tribunal al considerar que la presunción de existencia del contrato de trabajo resultó desvirtuada por la sociedad demandada y, por ende, el servicio prestado por el demandante se hizo bajo las normas de la Ley 80 de 1993.

Comienza la Sala por señalar que no estuvo en duda que la demandada era una empresa de servicios públicos oficial, por lo que sus colaboradores tendrían la calidad de trabajadores oficiales por regla general, y excepcionalmente serían empleados públicos, con arreglo en lo dispuesto en sus estatutos y en las normas que gobiernan este tipo de sociedades. Esta precisión deviene en trascendente comoquiera que no eran las normas del Código Sustantivo del Trabajo las que habrían de ser aplicables al actor en el evento en el que se confirmara su condición de trabajador dependiente de la pasiva como lo propone la censura, sino las reglas aplicables a tal categoría de trabajadores, entre estas, el Decreto 2127 de 1945, que fueron acusadas en el cargo.

Ahora bien, en este compendio normativo también se encuentra presente la presunción que para los trabajadores del sector privado se halla en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo lo dictado en el artículo 20 del citado decreto, que a la sazón dispone: «El contrato de trabajo se presume entre quien presta cualquier servicio personal y quien lo recibe o aprovecha; corresponde a este último destruir la presunción».

En claro lo anterior, lo que hizo el ad quem no fue otra cosa que razonar que el servicio prestado por el demandante, lo cual estuvo por fuera de todo debate en el litigio, se ejecutó bajo las previsiones de la Ley 80 de 1993 que permitía la contratación de servicios personales autónomos, y por ende, independientes; sin perjuicio de la natural coordinación respecto de aquellos por parte de quien funge como contratante.

Esta conclusión por sí misma no se muestra irrazonable y desproporcionada, a pesar de lo lacónico que fue el raciocinio del Tribunal. En efecto, aun cuando tiene razón el recurrente en criticar que el fallador de segundo grado fue escueto, su válido reproche no tiene el alcance de quebrar la conclusión a la que llegó aquel.

Ello es así comoquiera que de las pruebas denunciadas por la censura como no apreciadas por el Tribunal, no se colige algo distinto que pudiera quebrar los asertos de la sentencia impugnada. Ciertamente, componen el ataque sendas órdenes de servicio de la empresa demandada en favor del actor y los pagos que en razón de aquellas se hicieron hasta el año 2011. No obstante ello, de allí no se deriva en modo alguno nada distinto a que el actor prestó el servicio que nunca fue discutido en el sub lite y por el cual fue remunerado, correspondiente este a labores de aseo y limpieza de sectores del municipio con un pago por metro cuadrado ejecutado.

Estas órdenes de servicio y sus respectivos pagos, tienen el mérito de demostrar la actividad del demandante pero, al mismo tiempo, son demostrativos de una realidad jurídica que hacía que aquel servicio se sometiera a reglas ajenas a las del derecho del trabajo, vale decir, la contratación con arreglo a los postulados de la Ley 80 de 1993, como lo dedujo el Tribunal. Dicho de otra forma: los mismos documentos que acreditan el servicio y permiten presumir el contrato de trabajo, son los que destruyen la presunción del artículo 20 del Decreto 2127 de 1945 en la medida en que demuestran que el actor se comprometió a realizar unas actividades específicas de limpieza de un sector de la zona urbana del municipio de Pensilvania a cambio de una remuneración sujeta a un referente fijo, esto es, el metro cuadrado efectivamente cubierto.

En ninguna de aquellas órdenes se vislumbra elemento alguno que permita concluir que el demandante estaba obligado a cumplir con aquello de una forma ajena a su autónoma organización o con el acatamiento de condiciones que desdijeran de su autonomía. Tampoco ello se deduce del dicho del representante legal de la sociedad demandada, lo que torna en no calificada la prueba del interrogatorio de parte al no ser contentiva de confesión judicial, como lo ha explicado la Sala anteriormente (CSJ SL10880-2017; CSJ SL10756-2017; CSJ SL, 30 octubre 2012, radicado 39668; CSJ SL, 29 julio 2008, radicado 32044), y aquella, a su vez, consiste en las declaraciones realizadas por una parte que le genera efectos adversos o favorecen a la contraparte.

Del dicho del representante legal, entonces, se deduce que fue consistente en ratificar que el actor prestó un servicio a favor del municipio «[…] por ruta de barrido, por kilómetro de cuneta barrida o por metros cuadrados de vía barridos», sin determinación de tiempo u horarios, sino por «sectores o circuitos», a su voluntad. También aseguró que ante las ausencias de aquel, se procedía a realizar la labor con otro colaborador, bajo la misma modalidad y con las mismas condiciones, el cual contaba con una contratación autónoma, independiente de la de aquel; y que sus labores se desempeñaban en sectores específicos del municipio, las cuales estaban a su entero albedrío y en la forma como aquel lo considerara, lo que estaba sujeto a una «interventoría».

Lo que fluye de lo dicho por el deponente, entonces, en lugar de una subordinación patente –como lo acusa la censura-, fue que hubo una prestación cierta de un servicio y una coordinación legítima en función de ejecutar las órdenes de servicio que bilateralmente acordaron con antelación, sin traspasar evidentemente el límite de la subordinación. No se verifica una verdadera afirmación que le produzca efectos adversos o que favorezca a la contraparte en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil -hoy, artículo 191 del Código General del Proceso-, menos aun a la luz de la literalidad de las pretensiones y los hechos de la demanda.

Por el contrario, las respuestas dictadas –como lo entendió el ad quem-, no son excluyentes de la descripción de una relación de carácter independiente, y en aquella medida, no se constituyen en confesión dado que no son adversas al deponente.

En el mismo sentido, resulta alejado de la realidad considerar que quien solicita un servicio de una persona natural, no pueda coordinar la manera cómo se habrá de prestar aquel servicio y supervisar los resultados o manifestar exigencias dentro del marco de lo convenido, incluso al punto de existir concesiones y requisiciones mutuas, sin que ello constituya necesariamente una subordinación.

Impartir órdenes o directrices, debe ser suceso preciso y expreso, de forma que no haya lugar a error respecto del acto de subordinación, por lo que no cualquier instrucción tiene tal efecto. En otras oportunidades la Sala ha reconocido que, verbigracia, los mandatarios, por la naturaleza de su función deben cumplir con actividades estrechamente controladas o supervisadas por el mandatario (CSJ SL4696-2017), contexto en el cual no resulta extraña la existencia de cierto tipo de instrucciones logísticas, recomendaciones o requerimientos instrumentales para beneficio del convenio.

No desconoce la Sala que, desde luego, la frontera de la subordinación en relaciones comerciales y profesionales en contratos como el mandato con o sin representación, la agencia comercial, el corretaje, el de cuentas en participación, el de concesión, el contrato de sociedad con el aporte laborioso del socio industrial, y –por supuesto- el mismo contrato de prestación de servicios; con frecuencia se ubican en una zona gris de difícil discernimiento, donde es probable que sea atraído el criterio del fallador por la apariencia de sumisión propia de las relaciones de trabajo.

Sin embargo, precisamente en las situaciones límite como las descritas, es deber del juez de cada una de las instancias analizar con extremo cuidado cuál fue el querer de las partes en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad y cuál fue la realidad que secundó la ejecución del acuerdo entre las partes, en relación con la primacía de la realidad sobre las formalidades. Justamente indagar la voluntad inicial de las partes ha sido ya previamente reconocido por la Sala como un deber del fallador (CSJ SL17366-2015), lo que debe acompasarse con el artículo 61 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social.

Debe ser muy precisa la valoración del juez en cada caso sobre los elementos que tiendan a demostrar o desvirtuar la subordinación propia de las relaciones laborales en cada caso, pues las condiciones específicas de cada juicio dan lugar a ese convencimiento. Recuerda la Sala que, por ejemplo, ya se ha sentado que el cumplimiento de horarios no es por sí solo una prueba de subordinación (CSJ SL11661-2015; CSJ SL8434-2014; CSJ SL14481-2014; CSJ SL, 13 noviembre 2003, radicado 20770); así como tampoco la existencia de una afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral o a una Caja de Compensación dado que no es hoy en día un elemento exclusivo de las relaciones contractuales laborales subordinadas (CSJ SL, 16 octubre 2012, radicado 40966; CSJ SL, 6 marzo 2003, radicado 19248). Pero sí es una prueba de la subordinación que sea el beneficiario de los servicios prestados quien decida los tiempos de descanso de quien ejecuta la labor (CSJ SL8465-2015).

Con ello, resulta indispensable ratificar la postura del ad quem en el sentido que para la aplicación de la presunción prevista en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, tras encontrar acreditados los elementos de remuneración y prestación personal del servicio, se propuso analizar el caudal probatorio para hallar si la presunción legal ya citada, resultaba desvirtuable, como en efecto lo declaró.

No puede perderse de vista que, como en el caso sub examine, la demandada desde el inicio del juicio adujo que la prestación del servicio del demandante se dio en el marco de una relación bajo los efectos del contrato de prestación de servicios, pero oportuna y simultáneamente concurrió a demostrar que los linderos de la prestación reconocida no fueron desbordados en la práctica.

Ya ha dicho la Sala con anterioridad que la aceptación de la prestación del servicio por el demandado, asunto no discutido en juicio como en el sub lite, sirve a los efectos de la presunción de existencia del contrato de trabajo, en beneficio de quien presta un servicio. Así, cuando el problema jurídico planteado se circunscribe a la controversia sobre la declaratoria de aquel, y quien es señalado de estar en la posición de empleador se opone al reconocimiento de los derechos laborales pretendidos, a la parte actora le basta probar la prestación personal del servicio para trasladarle a la contraparte la carga de desvirtuar el trabajo subordinado, con la prueba del hecho contrario, cual es la prestación del servicio de forma autónoma e independiente (CSJ SL9156-2015 y CSJ SL, 24 abril 2012, radicado 39600).

No puede perderse de vista que la carga de la prueba en estos asuntos no riñe sustancialmente con la procedencia de la presunción legal consagrada en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Sobre estos aspectos, ésta Corporación en sentencia CSJ SL11325-2016, que trajo a colación la CSJ SL, 22 abril 2004, radicación 21779 y que fue reiterada en la providencia CSJ SL460-2018, expresó:

De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado

En el asunto debatido el demandado fue consistente en atribuirle una naturaleza de contrato de prestación de servicios a la relación y la pudo comprobar por la vía de los documentos que aportó en el plenario, como lo señaló con acierto el ad quem, por lo que la argumentación del censor no tiene la virtualidad de quebrar la sentencia atacada.

De esta forma, el Tribunal construyó una decisión que estuvo ajustada a derecho con base en los elementos de convicción que fueron llevados a su conocimiento, lo que está amparado por el principio constitucional de la autonomía judicial y, mientras no exista un error protuberante en la decisión del ad quem, no resulta próspero el ataque en casación.

A ello apunta precisamente el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que confiere al juzgador la posibilidad de formar libremente su convencimiento, «[…] inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes»; sin someterse a una tarifa legal para la valoración de las pruebas. La discrepancia –aún si fuere profunda- del litigante cuyas pretensiones o excepciones son desestimadas por la justicia en sede ordinaria, no supone per se un error que funde un cargo en casación.

Sobre este particular la Sala tuvo la oportunidad de afirmar con antelación en providencia CSJ SL, 1º febrero 2011, radicación 38336, que:

También se ha entendido que dentro del marco de libertad valorativa que el artículo 61 del ordenamiento adjetivo del trabajo le confiere, el fallador de instancia puede escoger cuáles de los elementos demostrativos incorporados al expediente le ofrecen mayor credibilidad, e incluso puede restarle todo mérito de convicción a otros, sin que ello comporte una decisión discrecional equivocada, ni arbitraria.

[…]

Dilucidar la Corte cuál de las pruebas aportadas al proceso tendría un mayor grado de convicción para el Tribunal respecto de los hechos litigiosos, desconocería la facultad de apreciar libremente las pruebas y formarse el convencimiento que tienen los falladores de instancia.

Así, ningún error de hecho de los endilgados por la censura se advierte cometido por el Tribunal, cuya ocurrencia notoria, protuberante y manifiesta debía ser comprobada por el impugnante a cabalidad (CSJ SL4032-2017; CSJ SL5988-2016; CSJ SL18164-2016, CSJ SL, 11 febrero 1994, radicado 6043).

Finalmente, en lo que tiene que ver con los testimonios de Conrado Giraldo, Juvenal Quintero, Ramón Zuluaga, Carlos Giraldo y Héctor Aristizábal, denunciados como no apreciados por el ad quem, debe recordarse que su examen en casación, en principio, le está vedado a la Corte dada la restricción que contiene el artículo 7 de la Ley 16 de 1969. Y, como no se ha demostrado error de valoración de la prueba calificada que permita poner en entredicho la providencia atacada, dicha prohibición debe mantenerse.

Las anteriores razones resultan suficientes para dar al traste con el cargo elevado.

Sin costas comoquiera que no hubo oposición.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por HORACIO FRANCO MUÑOZ en contra de EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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