3.3 Argumentos de la sociedad recurrente
Asevera que en este punto es importante indicar que existen materias respecto de la cuales el tribunal de arbitramento no tiene competencia para pronunciarse, en la medida que corresponden a asuntos propios de la gestión y autonomía de la empresa y, bajo el anterior contexto, el procedimiento establecido por la Compañía para disciplinar a sus trabajadores es una actuación propia del desarrollo de esta última y la ejecución de su operación, que no puede ser decidida por el Tribunal, pues excede sus facultades y marco de actuación.
Además, resulta claro que el tribunal de arbitramento se excede al determinar las etapas del procedimiento disciplinario, al desbordar lo solicitado por parte de la organización sindical "SINTRAQUIM" en el pliego de peticiones, puesto que solo pretendía la incorporación de un término para comunicar la apertura del procedimiento disciplinario, así como la posibilidad de que el trabajador investigado pudiera estar acompañado por dos miembros del sindicato, situaciones ya reguladas en el Código Sustantivo del Trabajo
3.4 Oposición de la organización sindical
Afirma que la empresa desconoce que lo determinado en el fallo no hace otra cosa que recoger pronunciamientos encaminados a garantizar a los trabajadores involucrados en procesos disciplinarios, el derecho fundamental a un debido proceso.
V. CONSIDERACIONES
De vetusta ha sido criterio pacífico de esta Corte que los árbitros efectivamente sí están investidos de facultades para instituir procedimientos disciplinarios previo a la imposición de sanciones y terminación del contrato de trabajo. Por ejemplo, en sentencia de homologación CSJ SL, 18 may. 1988, Gaceta Judicial V. 194 – 2433, puntualizó:
[…] En cuanto a la petición contenida en el art. 10 tendiente a obtener un <Procedimiento para aplicar sanciones y despido por justa causa>, considera la Sala que respecto de ella no puede existir ningún impedimento legal para que los arbitradores se pronuncien, puesto que expresamente el art. 106 del C.S. del T. establece que si bien al patrono corresponde elaborar el reglamento interno de trabajo sin intervención alguna, puede disponerse en contrario <en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con sus trabajadores> (subraya la Sala). Y también de modo expreso el art. 108 ibídem manda que en dicho reglamento estén contenidas disposiciones normativas sobre la <Escala de sanciones disciplinarias y forma de aplicación de ellas> (ord. 16). De aplicar los artículos 106 y 108 ordinal 16 del C. S. del T. resulta claro que sí es procedente que mediante fallo arbitral se estatuyan disposiciones normativas como las que busca Sinterban con el pliego de peticiones.
En esa misma dirección, en sentencia CSJ SL, 15 jul. 2008, rad. 35927, reiterada en decisión CSJ SL, 2 may. 2012, rad. 53128, expresó:
[…] Respecto a la implantación de un proceso disciplinario, para la Compañía que pertenece al sector privado, debe decirse que no constituye una extralimitación de los árbitros, dado que no implica una restricción a la potestad que tienen los empleadores de sancionar las faltas disciplinarias de sus servidores o de poner fin a sus contratos de trabajo con justa causa, como tampoco de terminar sin justificación su vinculación laboral, con la obligación de pagar la indemnización correspondiente. En rigor la disposición sólo persigue que frente a la eventual imposición de sanciones o de la determinación del despido motivada, en un hecho atribuible al inculpado, los trabajadores tengan la oportunidad de ejercer su defensa, lo cual está acorde con los postulados de la buena fe y la protección debida por los empleadores a sus trabajadores, principios que son pilar fundamental del derecho del trabajo. Medida que además no perjudica al empleador, dado que por el contrario puede ser útil para tomar los correctivos que realmente correspondan, después de efectuar un examen sopesado de la situación, que le permite incluso evitar perjuicios de orden económico derivados del despido que a la postre resulte injustificado.
Y, recientemente, en providencia CSJ SL610-2022, recordó:
[…] debe indicarse que esta Corte ha sostenido, que los árbitros de conformidad con lo previsto en el artículo 458 del CST, tienen la facultad de pronunciarse sobre los procesos disciplinarios, sin que pueda entonces atribuírsele que haya incurrido en una extralimitación, pues por el contrario, con ello está garantizando y protegiendo el debido proceso al trabajador previo a la imposición de una sanción o para dar por terminado contrato de trabajo con justa causa, por lo que la solicitud de anulación no puede salir triunfante.
De otra parte, repárese en que el procedimiento disciplinario diseñado por los árbitros está acorde con lo explicado por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-593-2014, en cuanto a que dichos procedimientos deben asegurar al menos:
(i) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción, (ii) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias. Acá debe recordarse que el mismo Código Sustantivo del Trabajo dispone que tanto la conducta como su respectiva sanción debe encontrarse previamente consagradas en el Reglamento Interno del Trabajo, (iii) el traslado al imputado d00e todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados, (iv) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos, (vi) el pronunciamiento definitivo del patrono mediante un acto motivado y congruente, (vii) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (viii) la posibilidad que el trabajador pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones ya sea ante el superior jerárquico de aquél que impone la sanción como la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria.
Puestas en esa dimensión las cosas, no existe mérito alguno para anular la cláusula bajo estudio.
Incrementos salariales
Pliego de peticiones
CLAUSULA 21 a. INCREMENTO SALARIAL
La Empresa incrementará los salarios de sus trabajadores en el mes de enero de cada año de la vigencia de la resultante convención colectiva así:
Hasta dos salarios mínimos el 11,0%
De dos a tres salarios mínimos el 8,5%
Tres salarios mínimos en adelante el 7.0%.
Laudo arbitral
Artículo 13 Incrementos salariales.
La Compañía incrementará los salarios de los trabajadores en el mes de enero del año 2022 de la siguiente manera: Para los trabajadores que devengan mensualmente hasta 1.1 salarios mínimos mensuales legales vigentes el incremento será del 7% Para los trabajadores con salarios mensuales superiores a 1.1 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el incremento será del 6%.
Prima extralegal de navidad
5.1 Pliego de peticiones
CLAUSULA 24a. PRIMA EXTRALEGAL DE NAVIDAD:
En los primeros 20 días del mes de [d]iciembre de cada año la Empresa reconocerá y pagará una Prima de Navidad equivalente a treinta (30) días de salario básico a los trabajadores que se beneficien de la Convención.
5.2 Laudo arbitral
Artículo 14 Prima extralegal de navidad.
En los primeros 20 días del mes de diciembre de cada año la Compañía reconocerá y pagará una Prima de Navidad equivalente a treinta (30) días de salario básico a los trabajadores que se beneficien de la convención colectiva.
Prima de antigüedad
Pliego de peticiones
CLAUSULA 25a. PRIMA DE ANTIGÜEDAD:
Durante la vigencia de la convención colectiva, la empresa pagara a sus trabajadores una prima de antigüedad el mismo mes, que cumpla con la tabla siguiente.
Más de 1 año de servicio y menos de 2 años. 20 días de salario básico
Más de 2 años y menos de 5 años 60 días de salario básico
Más de 5 años de servicio y menos de 10 años 120 días de salario básico
Más de 10 años de servicio y menos de 15 años 180 días de salario básico
Más de 15 años de servicio 240 días de salario básico
En adelante y por cada 5 años de servicio aumentara 30 días de salario básico
Laudo arbitral
Artículo 15 Prima de antigüedad
Los trabajadores beneficiarios de la convención colectiva recibirán una prima por antigüedad de la siguiente manera Al cumplir 5 años de servicio en la Compañía, se le reconocerá diez (10) días de salario básico. Al cumplir 10 años de servicio en la Compañía, se le reconocerá cincuenta (50) días de salario básico. Al cumplir 15 años de servicio en la Compañía, se le reconocerá noventa (90) días de salario básico. A partir de allí, por cada 5 años adicionales cumplidos al servicio de la Compañía, se le reconocerá quince (15) días adicionales de salario básico.
Prima de vacaciones
Pliego de peticiones
CLAUSULA 27a. PRIMA DE VACACIONES:
La empresa reconocerá un auxilio por vacaciones por cada año que el trabajador disfrute de ellas, equivalente a 30 días de salario básico.
Laudo arbitral
Artículo 16 Prima de vacaciones.
La Compañía reconocerá un auxilio por vacaciones por cada año que el trabajador disfrute de ellas, equivalente a quince (15) días de salario básico.
Auxilio de matrimonio
Pliego de peticiones
CLAUSULA 28a. AUXILIO DE MATRIMONIO:
El trabajador o trabajadora que contraiga matrimonio. La empresa le reconocerá un auxilio de un millón de pesos. ($ 1.000,000) y ocho (8) días hábiles remunerados.
PARÁGRAFO: Los trabajadores que contraigan matrimonio civil, católico o de cualquier otra religión, deben acreditarlo en debida forma para acceder al auxilio correspondiente
Laudo arbitral
Artículo 17 Auxilio de matrimonio.
Al trabajador o trabajadora que contraiga matrimonio, la Compañía le reconocerá un auxilio equivalente al 50% de un salario mínimo legal mensual vigente y cuatro días hábiles remunerados. Parágrafo: Los trabajadores que contraigan matrimonio civil, católico o de cualquier otra religión, deben acreditarlo en debida forma para acceder al auxilio correspondiente.
Auxilio por muerte de familiares
Pliego de peticiones
CLAUSULA 30a. AUXILIO POR MUERTE DE FAMILIARES:
La empresa reconocerá un auxilio de dos millones (2.000.000) de pesos, en caso de muerte de los padres del trabajador, de su esposa(o), o compañera permanente, suegros, hermanos o hijos legalmente reconocidos o que estén bajo acontecimiento.
PARÁGRAFO: En caso de que la muerte de los familiares del trabajador se produzca en otra ciudad fuera de su ciudad de residencia, la empresa concederá dos (2) días adicionales remunerados al trabajador para facilitar su desplazamiento, los cinco días que confiere la ley de luto se contaran el día siguiente de haber fallecido el familiar.
Laudo arbitral
Artículo 19. Auxilio por muerte de familiares.
La Compañía reconocerá un auxilio de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en caso de muerte de los padres del trabajador, de su esposa (o), o compañera(o) permanente, suegros, hermanos o hijos legalmente reconocidos o que estén bajo el acontecimiento. Parágrafo: En caso de que la muerte de los familiares del trabajador se produzca en otra ciudad fuera de su ciudad de residencia, la Compañía concederá dos días adicionales remunerados al trabajador para facilitar su desplazamiento, los cinco días que confiere la ley de luto se contarán el día siguiente de haber fallecido el familiar.
Auxilio de anteojos y cirugías correctivas para trabajadores, familiares y beneficiarios
Pliego de peticiones
CLAUSULA 328. AUXILIO DE ANTEOJOS Y CIRUGIAS CORRECTIVAS PARA TRABAJADORES, FAMILIARES Y BENEFICIARIOS:
Cuando por prescripción médica a un trabajador o familiar beneficiario requiera el uso de anteojos, exámenes o cirugías en general. La empresa le cancelara el valor total de estos.
Cuando por motivos de accidente o cambio de fórmula se requiera el cambio de gafas o lentes, [l]a empresa reconocerá el cien por ciento de su valor. Adicionalmente se dará un auxilio del cien por ciento (100%) del valor para lentes de contacto y/o intraoculares.
Cuando un trabajador o familiar beneficiario requiera o se someta a cirugías correctivas de anteojos, La empresa reconocerá el cien por ciento (100%) del valor de esta.
Laudo arbitral
Artículo 20. Auxilio de anteojos y cirugías correctivas para trabajadores, familiares y beneficiarios.
a) Cuando por prescripción médica un trabajador, su esposo(a), compañero(a) permanente, o hijos hasta los 25 años que dependan económicamente del trabajador y se encuentren estudiando, y requieran uso de anteojos, exámenes o cirugías en general, la Compañía le cancelará un auxilio de hasta el 40% de un salario mínimo legal mensual vigente. b) Cuando por motivos de accidente o cambio de formula se requieran el cambio de gafas o lentes, la Compañía reconocerá un auxilio de hasta el 40% de un salario mínimo legal mensual vigente, para lentes de contacto y/o intraoculares. c) Cuando el trabajador o la familia beneficiario requieran o se sometan a cirugías correctivas de anteojos, la Compañía reconocerá hasta el 40% de un salario mínimo legal mensual vigente del valor de esta.
Auxilio para familiares con necesidades especiales de salud a cargo del trabajador
Pliego de peticiones
CLAUSULA 33a. AUXILIO PARA FAMILIARES CON NECESIDADES ESPECIALES:
Cuando por razón de que un trabajador tenga familiares con limitaciones para realizar ciertas actividades de la vida cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de salud heredada o desarrollada durante su vida y dependan económicamente del trabajador, la empresa pagara un auxilio del valor de seis cientos mil pesos ($600.000), mensual
Laudo arbitral
Artículo 21. Auxilio por familiares con necesidades especiales de salud a cargo del trabajador.
Cuando el trabajador/a tenga familiares con limitaciones física o mental debidamente calificada y hasta tanto permanezca en ese estado de salud, por causa de una condición de salud la Compañía auxiliará al trabajador pagando un auxilio de doscientos cincuenta mil pesos mensuales (250.000) El trabajador debe acreditar la existencia de la enfermedad limitante y la dependencia económica que tenga el familiar con el trabajador.
Auxilio escolar
Pliego de peticiones
CLAUSULA 35 AUXILIO ESCOLAR:
AUXILIO DE ESCOLARIDAD: La empresa reconocerá un auxilio de doscientos ochenta mil ($280.000) pesos, por cada hijo de los trabajadores que se encuentre estudiando. Este auxilio será cancelado en el mes de diciembre de cada año y en la semana siguiente a la presentación del certificado de matrícula.
AUXILIO DE MATRICULA Y UNIFORMES: La empresa reconocerá un auxilio de quinientos mil pesos ($500.000) para cada hijo de los trabajadores que se matriculen para el siguiente año,
PRIMARIOS: La Empresa concederá becas a todos los hijos de sus trabajadores que cursen estudios de primaria (Grados 1° a 5°) y en preescolar (los cuatro años anteriores a primero de primaria) en los establecimientos educativos donde se cursen tales estudios.
Cada una de las becas tendrá un valor de ciento cincuenta mil pesos ($151000), mensual.
SECUNDARIOS: La Empresa concederá becas para estudios secundarios (Grados 6° a 11°) a todos los hijos de sus trabajadores que ingresen a los establecimientos educativos donde se cursen tales estudios.
Cada una de estas becas tendrá un valor de ciento setenta y cinco mil pesos ($175.000), mensual.
Laudo arbitral
Artículo 22. Auxilio escolar.
a. Auxilio de escolaridad: La Compañía reconocerá un auxilio de trescientos mil pesos (300.000), por cada hijo de los trabajadores que se encuentre estudiando en grados primarios y/ o secundarios. Este auxilio será cancelado en el mes de diciembre de cada año y en la semana siguiente a la presentación del certificado de matrícula. b. Auxilio de uniformes: La Compañía reconocerá un auxilio de doscientos mil pesos (200.000) para cada hijo de los trabajadores que se encuentre estudiando en grados primarios y/ o secundarios, [e]ste auxilio será cancelado en el mes de enero de cada año.
Auxilio de educación superior
Pliego de peticiones
CLAUSULA 36a. UNIVERSITARIAS SUPERIORES PROFESIONALES
POSGRADOS Y MAESTRIAS-ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA- EDUCACIÓN VIRTUAL
TRABAJADORES
La Empresa concederá becas a sus trabajadores para que realicen estudios superiores, por un valor de un millón doscientos mil pesos ($1'200.000), semestrales cada una.
Para la utilización de las becas para trabajadores la Empresa facilitará el tiempo o los cambios de turno que sean necesarios.
Esta beca se reconocerá a todos los trabajadores, así hayan realizado anteriormente otros estudios.
HIJOS DE TRABAJADORES:
La Empresa concederá así mismo becas para estudios Universitarios, de Carreras Técnicas o tecnológicas, a todos los hijos de sus trabajadores que ingresen a las Universidades o establecimientos educativos en donde se cursen tales estudios, incluyendo estudios fuera del territorio colombiano.
Estas becas tendrán un valor de dos millones de pesos ($2'000.000), por semestre, cada una.
Esta beca también se reconocerá cuando el estudiante haya terminado sus estudios, siempre y cuando deba continuar pagando matrícula en la respectiva institución para la presentación de la tesis y/o de preparatorios.
Esta beca se reconocerá a todos los hijos de los trabajadores hasta la edad de 25 años y que dependan económicamente del trabajador, como lo establece la ley. Adicionalmente concederá para los hermanos que dependan económicamente de los trabajadores, y para las esposas o compañeras permanentes, becas para estudios universitarios, técnicos o tecnológicos, cursados en establecimientos educativos debidamente aprobados. El valor de cada beca será de un millón setecientos mil pesos ($1.700.000) semestral.
c. BECAS PARA EDUCACION ESPECIAL:
La empresa concederá becas para educación especial a los familiares calificados como tal, que dependan económicamente de los trabajadores, por un valor de trecientos mil pesos ($300.000) moneda legal vigente mensual.
PARAGRAFO 1: El otorgamiento por la Empresa de las becas para estudios secundarios y profesionales a que se refiere este artículo, se efectuará previa certificación de que el beneficiario ha obtenido su ingreso al respectivo establecimiento.
PARAGRAFO 2: Las becas de estudio serán pagadas a la semana siguiente a la presentación del certificado de matrícula.
PARAGRAFO 3: La empresa se hará responsable a través de los coordinadores de producción o quien haga sus veces, de los documentos que radican los trabajadores, referentes a las becas anteriores y tramitará los auxilios de acuerdo a los términos establecidos en la convención colectiva de trabajo
Laudo arbitral
Artículo 23. Auxilio de educación superior.
a. La Compañía concederá un auxilio educativo para trabajadores que realicen estudios superiores por un valor de un salario mínimo semestrales. Hasta por 10 semestres educativos, Este auxilio será cancelado en el mes de junio y enero de cada año. b. La Compañía concederá un auxilio educativo para los hijos de los trabajadores, con edad de hasta 25 años que dependan económicamente del trabajador y cursen estudios superiores, el auxilio se reconocerá por el valor de un salario mínimo semestrales. Siempre y cuando los hijos estudiantes acrediten una nota de 3.5 o superior, este requisito se exceptúa para el primer semestre educativo del programa, Este auxilio será cancelado en el mes de junio y enero de cada año. En caso de estudios universitarios de la cónyuge o compañera permanente del trabajador, que dependan económicamente del trabajador, se le concederá un auxilio educativo de medio salario mínimo.
Obsequio de navidad para los hijos
14.1 Pliego de peticiones
CLAUSULA 493. OBSEQUIO DE NAVIDAD PARA HIJOS:
La empresa entregará un obsequio a los hijos de los empleados en edades hasta de 15 años y organizará una actividad recreativa para dicha entrega.
Laudo arbitral
Artículo 24. Obsequio de navidad para los hijos.
La Compañía en el mes de [d]iciembre de cada año otorgará un obsequio a los hijos de los empleados en edades hasta 12 años y organizará una actividad recreativa para dicha entrega.
15. Argumentos comunes de la sociedad recurrente
Se pueden condensar así:
1º) De forma inexplicable el tribunal de arbitramento al momento de decidir el laudo arbitral, no tuvo en cuenta «ni la situación económica de la Compañía, ni la difícil situación económica mundial generada con ocasión del virus Covid-19», ni los parámetros de beneficios extralegales determinados en el pacto colectivo de trabajo, vulnerando los principios de igualdad y de equidad, desconociendo, adicionalmente, lo que al respecto ha determinado esta Corte, quien ha señalado que los árbitros proferirán su decisión fundamentados en criterios de equidad sin afectar lo reconocido en la ley y demás convenios colectivos.
2º) Es claro que el laudo arbitral genera una violación del principio de equidad e igualdad y una discriminación frente a los trabajadores no sindicalizados beneficiarios del pacto colectivo (que son mayoría), vulneración del principio de equidad que no puede ser avalado por el tribunal de arbitramento, sobre todo cuando los estados financieros de la Compañía fueron entregados para su análisis y explicados en la audiencia desarrollada, donde quedó probado que PROENFAR S.A.S. venía arrastrando pérdidas acumuladas de años anteriores, lo que permite evidenciar que el tribunal de arbitramento no tuvo en cuenta las pruebas que se allegaron a instancias del trámite arbitral. La decisión del tribunal de arbitramento claramente desconoce la situación económica de la Compañía probada con los estados financieros, lo que pone en grave riesgo la sostenibilidad y viabilidad de la Compañía.
3º) Particularmente cuando se decidieron los puntos de aumento salarial y prestaciones extralegales, se puede evidenciar que, sin ninguna clase de justificación, ni criterio objetivo el tribunal de arbitramento determina regímenes de incremento salarial y de prestaciones extralegales completamente diferenciales entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.
4º) Una simple revisión del pacto colectivo de trabajo suscrito entre mi representada y sus trabajadores no sindicalizados, así como de los estados financieros de la Compañía, permiten evidenciar que la decisión de los artículos de aumento salarial y prestaciones extralegales vulneran el principio de equidad que obligatoriamente los árbitros deben aplicar en su decisión.
5º) Los beneficios otorgados corresponden a incrementos del 300%, 375%, 142%, 125% y 120%, en comparación con el otorgado mediante el pacto colectivo con lo cual, el incremento ordenado por el tribunal de arbitramento, no se ciñe a los principios de equidad e igualdad. Lo anterior, evidencia la extralimitación en las facultades que le asisten al tribunal de arbitramento, y genera que el laudo arbitral se convierta en un mecanismo de desconocimiento del derecho de asociación sindical, en sentido negativo, al decidir otorgar un beneficio convencional muy superior en comparación con el otorgado mediante el pacto colectivo
Oposición de la organización sindical
Expone que es evidente que la recurrente pretende hacer creer que la decisión del tribunal de arbitramento va a afectar de forma importante sus finanzas cuando la población objeto de la aplicación del laudo arbitral es ampliamente minoritaria, 11, cuando se la compara con la población beneficiaria del Pacto Colectivo, 701, o que lo decidido causará una deserción de los trabajadores cobijados por el convenio colectivo promovido por la empresa, con lo cual, según ella, se les estaría conculcando su derecho de asociación negativa.
VI. CONSIDERACIONES
La Corte da respuesta a los planteamientos de la empresa de la siguiente manera:
a) Los árbitros no tuvieron en cuenta la situación financiera
Es doctrina de esta Corporación que en el recurso de anulación se confronta el fallo arbitral con la constitución, la ley o los instrumentos colectivos vigentes, y se anulan aquellos fallos arbitrales que afectan los derechos o facultades de las partes, consignados en esas normas. Dentro de esta confrontación es posible que surja con claridad y evidencia que se ha roto el equilibrio social entre empleadores y trabajadores en forma tal que ponga en peligro la estabilidad económica de la empresa o la subsistencia de los trabajadores, además, de que podría implicar la violación de normas constitucionales o legales (sentencia CSJ SL, del 5 de oct. 1982, rad. 8929). Pero en el asunto bajo escrutinio no se observa, primae facie, este último aspecto y, por ende, la Sala no halla razones legales ni de hecho para anular las disposiciones bajo examen, toda vez que, en puridad de verdad, el laudo arbitral no fue adoptado a espalda de la realidad financiera de la sociedad recurrente.
Lo precedente por cuanto, bien se aprecia que el organismo arbitral fue enfático en advertir, entre otras cosas, que la decisión tendría en consideración que la compañía «realizó una presentación sobre la estructura laboral y de sindicalización, aspectos financieros en la Compañía, y datos laborales relevantes. Informan que tienen 701 trabajadores en la Compañía, y tienen 11 sindicalizados a Sintraquim 1.56%, refieren que Sintraquim es un sindicato minoritario, a comparación del 98.44%, y que actualmente no existen situaciones de paralelismo sindical, Sintraquim es el único sindicato, tampoco hay multi afiliación. El conflicto colectivo solo involucra a los 11 trabajadores afiliados. Informan que la utilidad fiscal se encuentra por debajo de 2020, derivado de que se tiene una escasez de resinas, que ha aumentado los precios de materias primas importadas, así como la situación de orden público que ha aumentado el dólar, el ausentismo de personal por comorbilidades o síntomas gripales durante pandemia, y los gastos asumidos por temas de bioseguridad».
Igualmente, conviene sobremanera poner de resalto que los árbitros, puesta la mirada en lo anterior concedieron unas prebendas consagradas en el pliego de peticiones y negaron otras, lo que apunta a inferir, sin hesitación alguna, que efectivamente estudiaron y analizaron el material persuasivo allegado por los protagonistas sociales durante el trámite arbitral y la real dimensión de la situación económica de la impugnante. Sin olvidar que tuvo presente que solo son 11 los trabajadores que se beneficiaran del laudo arbitral.
De suerte que el tribunal explicó palmariamente en el laudo arbitral las razones concretas que dieron origen a sus decisiones, e hizo explícita su intención de informar su criterio a partir de la equidad.
Por lo mismo, no resultan admisibles las afirmaciones relacionadas con que no existía una motivación válida para fijar los beneficios acá controvertidos, pues los árbitros, como se asentó, fundamentaron las determinaciones en la equidad y en las condiciones particulares del caso.
Entonces, en el contexto trazado, observa la Corte que los árbitros en su decisión efectivamente se avinieron al criterio de equidad, explicado en las sentencias CSJ SL12121-2017 y CSJ SL9317-2016, consistente en «la adaptación de la idea de justicia a los hechos, en consideración a las circunstancias individuales, teniendo en cuenta las ideas generales o bien moldeándolas de conformidad con los elementos concretos. Este segundo concepto es el que se ha calificado por algunos doctrinantes como la justicia del caso concreto, porque permite adaptar los principios abstractos contenidos en las normas, a las peculiaridades del supuesto de hecho, para de este modo ‘acomodar la ley especial a los diversos negocios que se presenten’. Como simple sentimiento o conciencia de lo justo, la equidad escapa de las formulaciones de los jueces de derecho, estando reservada la solución de los conflictos que con ella toquen a los jueces llamados de equidad (porque fallan en conciencia), como son los tribunales de arbitramento».
Además, por mayor esfuerzo que haga un tribunal de arbitramento al motivar las razones por las cuales ha tomado una u otra decisión, nunca los operadores jurídicos externos tendrán el panorama completo para determinar con un grado que siquiera se aproxime a la certeza si lo decidido es equitativo o no, pues siempre carecerán de los elementos de juicio completos que usó el Colegiado para llegar a una u otra solución. En esas condiciones, la visión externa siempre será parcial e incluso parcializada, a partir de la óptica de intereses que se usen para observar el resultado final (CSJ SL1944-2021).
Ahora, para dar respuesta a la impugnante en torno a que lo decidido en el laudo arbitral pone en grave riesgo las finanzas de la empresa, baste con remitirnos a la sentencia CSJ SL1980-2020, en cuanto a que es una cuestión que debe ser acreditada por quien la alega, y no basado en meras suposiciones, pues es evidente que cualquier mejora en las condiciones económicas de los trabajadores beneficiarios con las garantías extralegales, va a suponer un esfuerzo financiero del empleador para asumirlas, pero no por ello implican su negativa en un escenario colectivo. En ese contexto, debe ser de tal magnitud o importancia el costo económico de la prestación o prestaciones que tendría que asumir la empresa, que la haga inviable, para que la Corte pueda cuestionar la decisión de los árbitros, pero para ello se requieren de parámetros ciertos, reales y verificables, a fin de considerar que una estipulación arbitral se alejó de la pauta de la equidad.
En esa providencia se trajo a colación la sentencia CSJ SL4598-2019, y se dejó clara la necesidad de acreditar el perjuicio grave de la empresa, que tenga el mérito de derruir los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad, que son aquellos a los cuales los árbitros acuden para decidir el conflicto colectivo de trabajo. Allí se razonó:
Así, quien acude al recurso extraordinario con fundamento en esta causal de anulación, tiene la carga argumentativa de demostrarle a la Corte que la decisión de los árbitros no solo es inequitativa, sino también que esa inequidad es manifiesta u ostensible.
Para estos fines no valen las afirmaciones inespecíficas, especulativas o el planteo de una visión paralela de lo que podría ser cuantitativa o cualitativamente más justo; contrario a ello, es menester probar que la decisión es incompatible con criterios elementales de equidad, en desarrollo de lo cual el impugnante debe acreditar el costo real, cierto y actual de las prestaciones del laudo, la situación financiera concreta de la empresa y de qué manera el laudo incide desfavorablemente en la producción o en la continuidad de las actividades económicas.
Al respecto, en sentencia de anulación CSJ SL 24443, 5 ag. 2004, reiterada en CSJ SL17421-2016 y CSJ SL2893-2017, la Sala sostuvo:
En relación con esa manifestación del recurrente, cumple repetir que los arbitradores tienen la expresa facultad para dictar su fallo en equidad, por lo que se ha admitido que sólo (sic) en casos excepcionalísimos al estudiar el recurso de anulación es posible enfrentar su criterio de equidad con el de la Corte y por tal razón ha sido aceptada la posibilidad de anular un laudo cuya inequidad resulte manifiesta. Mas, esa potestad debe manejarse con la mayor mesura, de tal suerte que sólo (sic) puede acudirse a ella cuando exista una prueba suficiente que permita concluir la "manifiesta inequidad”, porque a los jueces laborales, y desde luego a la Corte Suprema de Justicia, no se les faculta para fallar con fundamento en su íntima convicción, aunque se les libera de la tarifa legal de pruebas.
En este asunto, la recurrente invita a la Corte a revisar la incidencia económica que la decisión arbitral acarrea para la empresa y de paso identificar las inequidades que puedan surgir. No obstante, ningún medio de acreditación aporta en cuanto a ello, con lo cual soslayó la carga que le corresponde de demostrar sus aseveraciones (CSJ SL8157-2016).
Debe indicar la Corte que la mera circunstancia de acudir a aplicar una especie de comparación para determinar, de esa manera, cuáles son los beneficios a que debería acceder los afiliados al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y/O FARMACEUTICA DE COLOMBIA SINTRAQUIM, dado que es una organización sindical minoritaria al interior de la empresa y con un número limitado de afiliados, no es suficiente para anular la decisión, pues como se sostuvo en la sentencia CSJ SL2881-2022:
el concepto de equidad no tiene un contenido eminentemente aritmético, sino que además comporta otra serie de factores que deben ser ponderados por el Tribunal de Arbitramento al tomar su decisión y que la Corte no podría controvertir, por cuanto su actuación se surte en derecho, lo que dista de los parámetros utilizados por los arbitradores, amén de que no le es dable adoptar una decisión de reemplazo, como ya se ha indicado en esta providencia.
Ahora bien, negar la posibilidad de las organizaciones sindicales de obtener mejoras y conquistas mediante la negociación colectiva so pretexto de que en el ámbito empresarial existen otros actos colectivos que pueden entenderse como máximos o techos, implica privar de sustancia este derecho, así como cualquier posibilidad de avanzar progresivamente en la consecución de mejores condiciones laborales y sociales (sentencias CSJ SL53118 y CSJ SL703-2017).
Se insiste en que, los términos de comparación de los diversos instrumentos colectivos del trabajo, no es argumento suficiente para desquiciar el laudo, pues, si bien resulta conveniente buscar la unidad de pliegos, de negociación y de convención al interior de la empresa, ello no constituye una camisa de fuerza que conduzca indefectiblemente a obtener una uniformidad que afecte la pluralidad sindical, la concurrencia convencional y aún, la libre sindicación o sindicalización (CSJ SL17889-2017).
Nada mejor que recordar la línea de pensamiento de la Corte en el sentido de que el balance entre los derechos consagrados en un acuerdo colectivo con referencia a los entronizados en otra convención colectiva, por regla general no procede por la simple comparación de cláusulas individuales, como lo pretende el recurrente, sino que en la mayoría de los casos, implica un análisis comparado contextual, es decir, que se debe estudiar la globalidad de los implicados y la integralidad de la decisión (CSJ SL10918-2016).
b) Discriminación legal frente a los trabajadores no afiliados al sindicato
La aplicación de los beneficios del laudo exclusivamente a los trabajadores sindicalizados, no transgrede el principio constitucional de igualdad, en la medida en que la situación jurídica de estos es diferente a la de los trabajadores no afiliados a un gremio profesional.
Así lo reiteró esta Sala en sentencia CSJ SL282-2021, de la siguiente manera:
Con respecto a la vulneración al principio de igualdad, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que para decidir el conflicto, los árbitros están facultados para fijarse o tomar como parámetro otro tipo de instrumentos, verbigracia, un pacto colectivo u otra convención, incluso, otra decisión arbitral que aplicada al contexto que está resolviendo, le permite precisar de mejor manera las prerrogativas laborales que fueron solicitadas y discutidas por las partes en la etapa de arreglo directo, bajo criterios de igualdad y equidad, pues precisamente, para llegar a una decisión equilibrada, nada más apropiado que consultar los antecedentes históricos de otros conflictos, y los escenarios que han permitido resolver los asuntos colectivos a través de diversos puntos de vista en otras condiciones socioeconómicas, bien sea en la misma empresa, o con otros actores a efectos de fijarse un mejor criterio (véase CSJ SL20784-2017, SL16044-2017 y SL22237-2017), entre muchas otras), lo cual no implica que se deban asimilar en la misma forma, sino como un referente, que sumado a otros análisis, le permitan llegar a un resultado conjunto o armonizado.
De tal manera que, establecer en el laudo incrementos salariales o prestacionales que puedan generar diferencias con trabajadores no sindicalizados, no constituye un trato discriminatorio, pues unos y otros están situados en un plano desigual.
Adicionalmente, si dentro del contexto de análisis del Tribunal encuentra un déficit de protección para los trabajadores sindicalizados con respecto a quienes no lo están, puede resultar un parámetro válido para plasmar mejores garantías, pero igualmente consultando la justicia y la equidad que deben regir las relaciones obrero-patronales.
Acorde con lo anterior, el argumento de la empresa sobre la supuesta discriminación con los trabajadores no sindicalizados por parte del Tribunal, al partir de la base del pacto colectivo existente y mejorar las prerrogativas para los afiliados a Sintraime, no resulta acertado, pues como se indicó, los árbitros pueden referenciarse en diversos instrumentos, a efectos de plasmar alguna prerrogativa no acordada por las partes en la etapa de negociación, y con ello mejorarla, pues ese es el objetivo de todo el instrumento de contención colectiva.
Pero además, es el propio ordenamiento jurídico (la Constitución Política de 1991 y los tratados internacionales, entre los que se destacan los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT, que garantizan el derecho de asociación sindical y de negociación colectiva), el que permite que los trabajadores sindicalizados puedan negociar con su empleador para alcanzar mejores beneficios, independientemente de si los que no se afilian a las organizaciones sindicales no lo hacen o las prerrogativas alcanzadas por aquellos se ven superadas producto de dicha negociación, aunque el empleador por iniciativa propia puede en un futuro llegar a extender los beneficios a todos sus trabajadores, lo cual es producto de su voluntad y no de una imposición legal.
En reiteradas oportunidades esta Corporación ha sostenido que, si bien los árbitros pueden tomar en consideración lo dispuesto en los pactos o convenciones colectivas preexistentes en la empresa para informar su juicio, esto no significa, como lo hace ver la recurrente, que estén irredimiblemente obligados a trasplantar o reproducir en idénticos términos los beneficios de esos estatutos o a laudar por debajo de las prerrogativas allí establecidas. Por ello, es válido que los árbitros instalen nuevos derechos o superen los consagrados en esos instrumentos cuando la equidad y la justicia en las relaciones obrero-empresariales así lo permitan, como también que los adopten total o parcialmente, con las modificaciones que estimen convenientes e, incluso, que prescindan de hacer este ejercicio de integración, ya que la remisión a esos acuerdos es potestativa más no obligatoria. (CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 53118, CSJ SL9347-2016, CSJ SL703-2017, CSJ SL4458-2018 y CSJ SL3491-2019, CSJ SL5693-2021).
Por último, lo afirmado por la recurrente en torno a que el laudo arbitral genera que «se convierta en un mecanismo de desconocimiento del derecho de asociación sindical, en sentido negativo» no pasa de ser suposiciones o conjeturas, no admisibles en este recurso extraordinario.
Por lo expuesto, no le asiste razón a la recurrente y, en esa medida, no se anularán las disposiciones arbitrales bajo examen.
Costas a cargo de la sociedad PROENFAR S.A.S. y en favor de la organización sindical SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y/O FARMACÉUTICA DE COLOMBIA –SINTRAQUIM-, dado que el recurso de anulación no prosperó y la organización sindical presentó réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de nueve millones cuatrocientos mil pesos ($9.400.000) m/cte., que se incluirá en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NO ANULAR las disposiciones atacadas del laudo arbitral del 1º de diciembre de 2021, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre la organización sindical SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y/O FARMACÉUTICA DE COLOMBIA SINTRAQUIM, y la sociedad PROENFAR S.A.S.
SEGUNDO: Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio del Trabajo para lo de su competencia.
(Salva Voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
Empresa: Productores de Envases Farmacéuticos S.A.S., Proenfar S.A.S.
Sindicato: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química y/o Farmacéutica de Colombia Sintraquim
Radicación: 94037
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, y tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, salvo el voto parcialmente, toda vez que, a mi juicio, la manifiesta inequidad no constituye causal de anulación y, en consecuencia, debió rechazarse el recurso.
Lo anterior, toda vez que, con fundamento en tal argumento, se pretende la anulación de las cláusulas relativas a «incrementos salariales» –artículo 13.º-; «prima extralegal de navidad» –artículo 14.º-; «prima de antigüedad» –artículo 15.º-; «prima de vacaciones» –artículo 16.º-; «auxilio de matrimonio» –artículo 17.º-; «auxilio por muerte de familiares» –artículo 19.º-; «auxilio de anteojos y cirugías correctivas par trabajadores, familiares y beneficiarios» –artículo 20.º-; «auxilio por familiares con necesidades especiales de salud a cargo del trabajador» –artículo 21.º-; «auxilio escolar» –artículo 22.º-; «auxilio de educación superior» –artículo 23.º-, y «obsequio de navidad para hijos» –artículo 24.º-.
En efecto, pese a que la jurisprudencia de la Sala ha adoctrinado que las partes pueden recurrir en anulación cuando consideren que la cláusula laudada es manifiestamente inequitativa (CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre muchas otras), en mi criterio, ello no es jurídicamente admisible, pues no existe norma alguna que contemple tal motivo o causal; además, que se aparta del entendimiento, alcance, finalidad y sentido de los procedimientos arbitrales.
Para sustentar lo anterior, inicialmente es oportuno destacar que el recurso de anulación está en el catálogo de los medios de impugnación extraordinarios, lo que implica que la competencia que tienen los jueces al resolverlo es rogada, dispositiva y taxativa y debe sujetarse a las estrictas y precisas causales o motivos que contempla la ley para acudir a él. Bajo esa perspectiva, no es dable crear otras causales de procedencia en este tipo de recursos, pues ello lesiona el principio de legalidad.
Además, adviértase que de la legislación sustancial laboral y procesal únicamente se extraen dos causales o motivos de anulación, ambas relacionadas con aspectos competenciales. La primera está contemplada en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, que estipula que el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes», como cuando la decisión interfiere indebidamente en el núcleo esencial del derecho constitucional de empresa, o atenta contra los referentes basilares del derecho fundamental a la negociación colectiva; por ejemplo, al resolver puntos que fueron concertados directamente por las partes, tal y como expresamente lo prohíbe dicho precepto. Y la segunda, está en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el Tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado, esto es cuando decide más de lo pedido o por fuera de lo pedido, o no desata todos los puntos sobre los cuales debía pronunciarse teniendo competencia para ello.
Nótese entonces que la causal de «inequidad manifiesta» no está expresamente establecida en el estatuto sustancial o procesal laboral ni puede inferirse de alguna manera de las normas que regulan este recurso extraordinario; por tanto, carece de toda justificación legal tenerla como motivo válido de anulación.
Y llama la atención el hecho que el legislador únicamente haya establecido dos motivos de anulación estrictamente relativos a la competencia de los árbitros con exclusión total de cualquier otra facultad que expresamente permita calificar, valorar o interpretar el juicio de equidad que emplean los árbitros para dirimir un conflicto colectivo de trabajo, que es lo que, a mi juicio, realiza la Corte cuando se pronuncia sobre el carácter manifiestamente inequitativo de una cláusula del laudo.
En efecto, cuando la Sala aborda el análisis de este tipo de alegaciones no hace otra cosa que emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las estimaciones que en equidad dictaron los árbitros, actuación que, reitero, es ajena a las precisas y extraordinarias facultades competenciales del juez de anulación.
Por otra parte, estas valoraciones y calificaciones que a menudo hace la Sala cuando en el recurso de anulación se alega que las decisiones de los árbitros son ostensiblemente inequitativas, se oponen a un criterio que también es inveterado en la Corte, relativo a que son únicamente aquellos quienes pueden decidir en equidad. En efecto, si un juez determina si una decisión es o no inequitativa, está haciendo, sin duda alguna, un juicio de equidad, pues califica, valora o interpreta la decisión, de allí que tal requisito adicional se enfrente a una contradicción lógica con el propio criterio jurisprudencial en vigor.
Ahora, los precisos motivos de anulación permiten entender que el arbitramento está diseñado y concebido para tramitarse en una sola instancia a fin que a través del laudo arbitral el conflicto termine de manera definitiva, sin más cortapisas y trámites que lo alarguen y desdibujen el carácter expedito que debería caracterizar a todo proceso de negociación colectiva. De allí que su principal objetivo sea la salvaguarda del debido proceso de las partes y cualquier otro cuestionamiento que salga de este marco competencial y aluda a calificar, interpretar o valorar la decisión de fondo de los árbitros, deba rechazarse.
En otros términos, el recurso de anulación persigue que se garantice la regularidad del laudo, como textualmente lo señala el artículo 143 mencionado. Así, no está establecido para provocar una resolución de fondo ni juzgar el juicio de equidad que realizan los árbitros.
Lo anterior implica entender que la revisión en anulación debe ser extraordinaria y excepcional, y únicamente concierne a ejercer un control posterior respecto a la competencia de los árbitros en los términos explicados.
Asimismo, al revisar otras disposiciones que regulan el arbitraje en Colombia, como las que resuelven asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas, destaco que de las causales de anulación que enlista el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, todas ellas hacen referencia a cuestiones procedimentales. De hecho, este compendio legal en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolver el recurso extraordinario «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo». Tal exigencia normativa, por su rotunda claridad, no merece mayor interpretación: el juez de anulación no puede calificar ni modificar el criterio de los árbitros.
Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que por vía del recurso de anulación no es dable, bajo ninguna circunstancia, emprender el estudio del caso como si fuese una segunda instancia ni para calificar las motivaciones, valoraciones o interpretaciones que realicen los árbitros, pues la finalidad esencial de este medio de impugnación únicamente radica en garantizar el debido proceso de las partes (CE, Sección Tercera, 19 jun. 2019, rad. 11001-03-26-000-2018-00109-00 -61809-). Precisamente en esta decisión indicó:
En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral. Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo. De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo.
De modo que cuando la Sala aborda las valoraciones de equidad que hacen los árbitros y califica o determina si es protuberante o manifiestamente inequitativa, sin duda, desconoce el objetivo de este recurso extraordinario. Lo anterior porque, reitero, el arbitraje laboral está concebido como el mecanismo a través del cual los interlocutores sociales terminen de forma definitiva sus diferencias cuando les ha resultado imposible resolverlas por sí mismas, al paso que el recurso de anulación es una garantía que se erige como una salvaguarda de procedimiento que permite verificar que las reglas de competencia se han cumplido con rigor.
Adicionalmente, debo señalar que la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia al requisito de inequidad manifiesta genera problemas procesales de constitucionalidad, pues el sindicato está situado en una posición desigual en relación con el empleador. Adviértase que las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto. En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación.
Lo anterior significa que la Corte únicamente puede abordar las valoraciones que en equidad realizaron los árbitros cuando el afectado es el empleador, pero no cuando la decisión injusta o protuberante inequitativa afecta al sindicato, de modo que este último está en clara desventaja. Así, la jurisprudencia vigente compromete seriamente el derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.
Dejo así sustentado mi salvamento parcial de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado