Ficha de la providencia
Sentencia SL3419-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3419-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3419-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
13 de agosto de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL3419-2019
Radicación n.° 61174
Acta 27
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CALIXTA JIMÉNEZ TORRES y GABRIEL y LEONOR SÁNCHEZ JIMÉNEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 31 de enero de 2013, dentro del proceso adelantado en contra del MUNICIPIO DE NARIÑO (CUNDINAMARCA).
ANTECEDENTES
Calixta Jiménez Torres y Gabriel y Leonor Sánchez Jiménez demandaron al Municipio de Nariño (Cundinamarca), con el propósito de que se declarara que entre la entidad demandada y el señor Ernesto Sánchez existieron varios contratos de trabajo, el último con vigencia entre el 12 de abril y el 15 de julio de 2008 en el cargo de conductor de volqueta y que el día 15 de julio de 2008 sufrió un accidente de trabajo que le costó la vida. Con base en esas declaraciones, solicitaron, como pretensiones principales, la condena al pago de las prestaciones sociales causadas, la indemnización moratoria, y como subsidiarias el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes y la indemnización plena de perjuicios.
Como fundamento de sus pretensiones, informaron que entre el señor Sánchez y la entidad territorial demandada existió un vínculo subordinado desde el 12 de abril de 2008 hasta el 15 de julio de ese mismo año, desempeñándose como conductor de una volqueta de propiedad del municipio; que en ejecución del contrato de prestación de servicios n.º 69, tenía a su cargo la obligación de presentar un informe mensual de las actividades que desarrollara para efectuar el pago respectivo. Expusieron que el causante falleció con ocasión del accidente de trabajo que sufriera el día 15 de julio del 2008, pero que tal circunstancia no significó el reconocimiento de ningún pago o prestación a favor de sus beneficiarios pues no estaba afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral.
La entidad territorial demandada contestó oponiéndose a las pretensiones formuladas, reconociendo la existencia del contrato de prestación de servicios cuya vigencia inicial era de siete meses; así como que el contratista no estaba afiliado al Sistema de Seguridad Social porque no estaba obligado a hacerlo. Reconoció también la necesidad de la entrega de los informes de gestión por parte del contratista, así como el monto de lo pagado por la prestación de los servicios.
Propuso las excepciones de cobro de lo no debido y prescripción.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero Adjunto Laboral del Circuito de Girardot, mediante fallo del 27 de abril de 2012, dispuso:
PRIMERO: declarar probada la excepción de mérito denominada por la demandada “cobro de lo no debido”, según lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Absolver a la demandada Municipio de Nariño, Cundinamarca, representado por el señor alcalde Carlos Eduardo Álvarez Martínez y/o por quien haga sus veces, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por los demandantes: Calixta Jiménez Torres, Gabriel Sánchez Jiménez y Leonor Sánchez Jiménez, teniendo en cuenta lo dicho en la parte motiva.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Tras la apelación presentada por la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante sentencia del 31 de enero de 2013, dispuso:
PRIMERO : REVOCAR la sentencia proferida el 27 de abril de 2012, por el Juzgado Primero adjunto Laboral del Circuito de Girardot, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Calíxta Jiménez Torres y sus hijos mayores Gabriel y Leonor Sánchez Jiménez contra el Municipio de Nariño, para en su lugar DECLARAR que entre Ernesto Sánchez identificado con cédula de ciudadanía número 1515270 de Armenia (Quindío) y el Municipio de Nariño (Cundinamarca) existió un contrato de trabajo que estuvo vigente del 12 de abril al 15 de julio de 2008 de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDENAR al Municipio de Nariño a pagar a favor de Calíxta Jiménez y sus hijos mayores Gabriel y Leonor Sánchez Jiménez las sumas que a continuación se relaciona por los siguientes conceptos:
Cesantías ($208.888.88) doscientos ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos con ochenta y ocho centavos.
Intereses a la cesantía: ($25.100) veinticinco mil cien pesos m/cte.
Vacaciones: ($104.444.44) ciento cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos.
Indexación: ($44.057.21) cuarenta y mil (sic) cero cincuenta y siete pesos con veintiún centavos m/cte.
TERCERO: ABSOLVER al Municipio de Nariño de las restantes pretensiones contenidas en la demanda.
En sustento de su decisión, y para lo que interesa al recurso de casación, el Tribunal decretó la existencia de la relación laboral subordinada entre el señor Sánchez y el municipio demandado, con fundamento en la presunción establecida por el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, sin embargo consideró que no hubo lugar a las pretendidas consecuencias del accidente de trabajo, toda vez que, si bien el fallecimiento tuvo lugar en vigencia de la relación laboral y que en el suceso medió el vehículo suministrado por la declarada empleadora, este no tuvo lugar ni por causa, ni con ocasión del trabajo o actividad contratada. Al respecto dispuso que,
Es claro que Ernesto Sánchez no sufrió accidente de trabajo, pues no estaba ejecutando ninguna actividad por órdenes, ni al servicio de municipio de Nariño, de manera que su muerte ocurrida el 15 de julio de 2009 si bien es cierto se produjo en vigencia del contrato de trabajo no sobrevino por causa o con ocasión de sus labores con el Municipio, ya que se encontraba prestando sus servicios personales a Oscar Valverde en una tarea completamente ajena y particular aunque en el vehículo asignado por el Municipio.
Así las cosas, el Tribunal descartó la procedencia de la indemnización plena de perjuicios deprecada, toda vez que, no se demostró la ocurrencia ni del accidente de trabajo, ni de los perjuicios reclamados.
En cuanto a la indemnización moratoria, el Tribunal puso de presente que no era procedente en la medida en que no se acreditó la mala fe del demandado para sustraerse del pago de las prestaciones sociales, toda vez que partía del entendimiento de que el vínculo contractual no generaba tales efectos y que, en todo caso, contaba con noventa días para efectuar dicho pago.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolverlo.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
En su demanda, la recurrente establece el alcance de su recurso, así:
Pretende el recurso que la Honorable Corte, CASE PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Honorable Tribunal del Distrito de Cundinamarca en cuanto hace referencia a la absolución del demandado de reconocerle y pagarles (sic) a los demandantes la moratoria por falta de pago de las prestaciones sociales al momento de la terminación de la relación de trabajo, la indemnización plena y ordinaria de perjuicios y la pensión de sobrevivientes a la señora CALIXTA JIMENEZ TORREZ (sic), y no case en lo demás, es decir, respecto de aquello que le es favorable, para que una vez hecho lo anterior, constituida esa Honorable Corporación en Tribunal de Instancia, revoque la sentencia de primera instancia, y que en su lugar condene al demandado a pagar a favor de la señora CALIXTA JIMENEZ TORRES la pensión de sobrevivientes, con sus mesadas adicionales, indexadas, y con los reajustes de ley, desde el 15 de julio de 2008, y a favor de ella y sus hijos GABRIEL SANCHEZ JIMENEZ Y LEONOR SANCHEZ JIMENEZ, la indemnización plena y ordinaria de perjuicios morales y materiales y la indemnización moratoria, Condenado en costas lo que corresponda.
Con tal propósito, formularon cuatro cargos por la causal primera de casación, que no fueron objeto de réplica, de los cuales el primero y el segundo se resolverán de manera conjunta.
PRIMER CARGO
Lo formularon por la vía indirecta, en los siguientes términos:
Acuso la sentencia impugnada de ser violatoria (sic) indirecta de la ley sustantiva laboral del orden nacional, en la modalidad de aplicación indebida del art. 1º del Decreto 797 de 1949, art. 52 del Decreto 2127 de 1945, como consecuencia de evidentes y manifiestos errores de hecho.
Señalaron como errores de hecho los siguientes:
1.- Dar por probado no estándolo que son atendibles las razones que tuvo el empleador para no pagar las prestaciones sociales del trabajador por cuanto éste creyó que el contrato de prestación de servicios que suscribieron al tenor del Art. 32 de la Ley 80 de 1993, no generaba ese pago.
2.- No dar por probado estándolo que el tiempo de gracia de 90 días para satisfacer las obligaciones prestacionales del trabajador están vencidos.
Señalaron como pruebas erróneamente apreciadas las siguientes:
1.- Prueba documental contrato administrativo de prestación de servicios No. 069 del 12 de abril del 2008, obrante a folios 13, 16 17, el mismo contrato a folios 88, 89 y 90 del expediente. Evidencia el contrato que en efecto se contrató al trabajador para desempeñarse como conductor de volqueta del municipio, esto es, realmente en el mantenimiento de obras públicas como lo concluyó bien el juzgador, pero si hubiera valorado acertadamente esta prueba hubiese inferido que el empleador estaba obteniendo beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud, por cuanto el demandado no podía dudar razonablemente cuál debía ser el vínculo que la unía con el trabajador, por cuanto la ley es clara en ese aspecto y que las excepciones están previstas, cuyo contenido no pudo lícitamente ignorar. Por consiguiente, no hubiese absuelto bajo el entendido de la buena fe, sino que por el contrario, hubiere encontrado la mala fe del empleador para imponer la condena.
76433408578386
2.- La documental a folio 15, registro civil de defunción de ERNESTO SANCHEZ, con la que se prueba la fecha de su fallecimiento 15 de julio de 2008, como fecha de terminación del contrato de trabajo.
3. Documental demanda radicada el 22 de julio del 2010, con la que se prueba la fecha de presentación para reparto.
4. La confesión contenida en la contestación de la demanda así:
La que obra a folios del 64 al 80, referida por el ad quem, a folio 234 acepta parcialmente el hecho 13 de la demanda, pero acepta que no pagó las prestaciones sociales debidas.
Estas pruebas relacionadas en los numerales 2, 3 y 4, prueban que el término de los 90 días que tenía el demandado está vencido y que por lo tanto el contrato de trabajo recobra su vigencia, que por ello el ad quem debió condenar en vez de absolver al pago de la moratoria.
En sustento del cargo, manifestaron la existencia de dos errores de hecho imputados al Tribunal identificados como «inferencias del ad quem»: el primero por no haber concluido la mala fe del declarado empleador; y el segundo, porque habían transcurrido más de los 90 días desde la fecha de la terminación del contrato.
En cuanto al primero asunto, manifestaron que el error evidente del Tribunal consistió en creer que el contrato administrativo de prestación de servicios «[…] no generaba el pago de prestaciones sociales», y que, conforme con lo que identificaron como «jurisprudencia de la corte», se ha establecido que la naturaleza jurídica del vínculo que existiera entre las partes de una relación de trabajo no da lugar a dudas razonables, de tal modo que se puede concluir la existencia de la mala fe en la actuación del municipio.
Dijeron que «[…] lo fáctico no deduce razones suficientes para concluir que la conducta del empleador está revestida de buena fe», y consideraron que, en la medida en que la indemnización moratoria tiene un carácter sancionatorio, en el momento en el que se decretó la existencia de una relación de trabajo subordinado, automáticamente debió haber sancionado a la demandada, imponiéndole la condena deprecada. Concluyó afirmando que,
[…] si el ad quem hubiese valorado correctamente las pruebas aludidas hubiere encontrado que la demandada actuó de mala fe al no liquidar y pagar en forma legal las prestaciones sociales a los causahabientes del trabajador dentro de su oportunidad legal y en consecuencia entrar a condenarlo a pagar la moratoria debida.
En cuanto al segundo tema referida al retardo en el pago de las acreencias laborales por más de noventa días, manifestaron que,
[…] el Tribunal erró a la vista, protuberante y ostensiblemente al señalar que el empleador creyó que la relación de trabajo que lo unió con el trabajador no lo obligaba al pago de prestaciones sociales y que por lo demás tenia 90 días hábiles para satisfacer esas obligaciones, y que de ello entiendo, deduce buena fe del empleador.
Así pues, las inferencias que le imputó al Tribunal derivaron en la aplicación indebida del artículo 1º del Decreto 797 de 1949.
SEGUNDO CARGO
Lo formularon por la vía indirecta, en los siguientes términos:
Acuso la sentencia impugnada de ser violatoria (sic) indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del literal n) del artículo 1º de la Decisión 584 de 2004 en el instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, art. 19 del Decreto 1848 de 1969, Art. 199 del C.S.T. numerales 1 y 2 del artículo 26 del Decreto 2127 de 1945; art. 216 del C.S.T.; artículos 63, 1604, 2341, 2347 y 2346 del código civil; en concordancia con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; literal d) del artículo 7, y 56 y s.s. del Decreto 1295 de 1994.
Los recurrentes identificaron como errores evidentes de hecho los siguientes:
1.- Dar por probado no estándolo que el señor ERNESTO SANCHEZ, falleció ejecutando actividades sin órdenes ni al servicio del empleador.
2.- Dar por probado no estándolo que el señor ERNESTO SANCHEZ, se encontraba prestando sus servicios personales al señor OSCAR VALVERDE, en una tarea completamente ajena y particular.
3.- No dar por probado estándolo que el señor ERNESTO SANCHEZ, falleció en accidente de trabajo.
4.- Dar por probado no estándolo que el señor ERNESTO SANCHEZA (sic) falleció sin causa o por ocasión del servicio.
5.- No dar por probado estándolo que la señora CALIXTA JIMENEZ TORRES en su condición de cónyuge supérstite del señor ERNESTO SANCHEZ, le asiste el derecho de pensión de sobrevivientes.
6.- No dar por demostrado estándolo que el accidente de trabajo ocurrió por culpa suficiente del demandado.
7.- Dar por demostrado no estándolo que no proceden (sic) la indemnización de los perjuicios morales y materiales a favor de CALIXTA JIMENEZ TORRES, GABRIEL SANCHEZ JIMENEZ Y LEONOR SANCHEZ JIMENEZ, por la muerte del señor ERNESTO SANCHEZ (Folio 8 de la sentencia).
Señalaron como pruebas erróneamente apreciadas:
1.- Contrato de servicios No. 069 del 12 de abril del 2008, a folios 15, 16 17, y nuevamente a folios 88, 89 y 90, el cual en su cláusula segunda literal A), da cuenta de la obligación del trabajador de presentar informes de sus actividades ejecutadas durante el mes. Si el tribunal hubieses apreciado correctamente esta prueba, hubiese concluido que el trabajador estaba en la obligación de relacionar todas las actividades del mes y que por lo tanto podía prestar servicio a una persona y después anotarlo, y no que estaba ejerciendo una actividad muy particular, conclusión, que le hubiera permitido ver que el trabajador falleció en accidente laboral y no en labores particulares.
2.- Documental a folios 21, 91, 94 y 90. Muestran que el trabajador disfrutaba de alguna discreción al poder relacionar las actividades que realizaba durante el mes. Si el Tribunal hubiese apreciado correctamente estas pruebas, se hubiera percatado del expediente, que el trabajador podía prestar el servicio requerido y luego relacionarlo en el informe mensual sobre las labores que realizó durante ese término, con lo cual hubiese concluido que falleció en accidente de trabajo.
3. La confesión contenida en la contestación de la demanda así:
La que obra a folios del 64 al 80, referida por el ad quem, a folio 234, mediante le cual responde en forma evasiva el hecho 18 de la demanda, relacionada con la omisión de entregar el casco protector al trabajador.
La que obra a folios del 64 al 80, referida por el ad quem, a folio 234, acepta el hecho 12 de la demanda, y da cuenta que el empleador exigía al trabajador la presentación de informes mensuales de sus actividades, obligación pactada en la cláusula segunda literal A) del contrato. Si el Tribunal hubiese apreciado correctamente esta prueba se hubiera percatado que el trabajador si murió ejecutando actividades por ordenes y al servicio del municipio y por ende con causa o con ocasión de sus labores, no hubiese inferido que el trabajador se encontraba prestando sus servicios personales a Oscar Valverde en una tarea completamente ajena y particular aunque en el vehículo asignado por el municipio.
La que obra a folios 64 al 80, referida por el ad quem a folio 234, acepta el hecho 4 de la demanda, al contestar el hecho 19 niega el hecho por cuanto no hay relación laboral, al contestar el 20 se atiene a lo probado en el proceso. De lo anterior se colige que en efecto el demandado confiesa que suministró la volqueta al trabajador, y que el accidente no fue de trabajo por la inexistencia de la relación laboral y que no le consta el hecho de la muerte del trabajador, así las cosas, el juzgador estableció en su contra el contrato de trabajo, lo que implica que acepta el accidente y no es de recibo que no le conste la tragedia de su trabajador, optando por una postura irresponsable, confesión que le perjudica y que beneficia a los demandantes, si el Tribunal hubiese apreciado correctamente esta prueba, muy seguramente hubiese encontrado el accidente de trabajo y la culpa patronal que reclama.
4.- Prueba documental informe pericial de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses obrante a folios 24 a 27, la cual evidencia que el señor Ernesto Sánchez, falleció por golpe contundente en cabeza con platón de volqueta con posterior caída y pérdida inmediata de conciencia con múltiples heridas cráneo facial y sangrado importante. Si el Tribunal, hubiese valorado correctamente esta prueba hubiese inferido que el trabajador murió a causa del trabajo, provocado directamente por mal funcionamiento de la herramienta de trabajo de propiedad y suministrada por el empleador.
5.- Testimonial aludida da cuenta al unísono sobre los productos o materiales que el trabajador transportaba en la volqueta, que esta le fue suministrada por el municipio, el horario de trabajo que cumplía, el lugar o centro de trabajo, entendido este, como todo el municipio de Nariño, que el trabajador no portaba casco, que el accidente se presentó un día sábado, aproximadamente a las 10 a.m., sobre la convivencia de mutua entre el trabajador y su cónyuge y la dependencia económica; que la testimonial de Valverde es de conocimiento directo y establece que la volqueta presentó una falla mecánica en la puerta del platón, la cual al desprenderse impactó fatalmente el cráneo del trabajador. De tal suerte que si el juzgador hubiese valorado correctamente estas pruebas muy seguramente hubiese inferido que el trabajador falleció con causa o con ocasión del servicio y la ausencia de casco protector del cráneo del trabajador y el mal estado mecánico de la volqueta le hubiesen demostrado la culpa patronal en la ocurrencia del accidente de trabajo por desconocer elementales normas sobre prevención de riesgos laborales y no hubiese absuelto de esas pretensiones.
Acto seguido, manifestaron que «[…] respecto del restante material probatorio tenido en cuenta por el ad quem comparto su valoración».
Consideraron que el Tribunal incurrió en la aplicación indebida del artículo 19 del Decreto 1848 de 1969, al no haber decretado la ocurrencia de un accidente de trabajo, puesto que esta disposición regula la figura del accidente de trabajo para el trabajador oficial.
Sustentaron su cargo identificando 7 errores de hecho imputables a la sentencia recurrida:
Respecto de los dos primeros errores de hecho, afirmaron que tuvieron lugar por la «inferencia» del Tribunal conforme la cual consideró que el fallecimiento del señor Sánchez no fue de origen profesional, pues tuvo lugar en la ejecución de actividades ajenas al ámbito de subordinación que era el propio de la relación laboral. Resaltaron la importancia de los informes que debía presentar el trabajador, lo que le concedía un amplio margen de libertad en la ejecución de sus actividades, y que la prueba testimonial que fue útil para absolver también lo era para condenar, opción elegida por el Tribunal.
En cuanto a los errores de hecho que identificaron como tercero y cuarto, insistieron en considerar que el Tribunal se equivocó pues la muerte acaeció en la jornada laboral, mediando una volqueta que le fuera asignada, y en vigencia de la relación laboral decretada por el Tribunal. Abundaron en descripciones y referencias al testimonio rendido por el testigo Óscar Valverde, para concluir que «[…] con todo, permite concluir que el trabajador prestaba sus servicios al empleador, cumplía su horario y estaba bajo sus órdenes, por tanto el daño a la víctima se ocasionó en el entorno de trabajo y no existen circunstancias que permitan desligarlo de éste».
En cuanto al quinto error de hecho manifestaron que el Tribunal se equivocó al considerar que no existía derecho para reclamar la pensión de sobrevivientes al descartar la ocurrencia de un accidente de trabajo, puesto que este se encontraba acreditado con suficiencia, y la condena a la pensión era una elemental consecuencia de tal circunstancia.
En cuanto al sexto y séptimo errores que le imputaron al Tribunal, consideraron que se constituyeron por no haber dado por probado que el fallecimiento del señor Sánchez tuvo lugar por la culpa patronal imputable al municipio, lo que tuvo como consecuencia otro error, como lo fue el de negar la procedencia de la indemnización plena de perjuicios.
CONSIDERACIONES
Los cargos tienen graves defectos técnicos que derivan necesariamente hacia su improcedencia, consistentes en la carencia de la identificación concreta de unos medios de prueba calificados que fuesen pertinentes y conducentes para a) formar el convencimiento judicial en función del error de valoración imputado; y b) que estos fueran capaces de atacar el fundamento fáctico de la decisión del Tribunal, al punto de eliminar el sustento de la realidad fáctica a través de la valoración de los medios probatorios censurados.
Y esos defectos se explican en el hecho que los censores no identificaron medios de prueba calificados que hubiesen sido ignorados o mal apreciados por el Tribunal, sino que se refiere a algunos no hábiles y a «inferencias» que le imputan al juez de segunda instancia.
En este sentido, por inferencia se entiende el proceso por efecto del cual se llega a una conclusión, a partir de un juicio o premisa anterior. Así pues, la inducción puede ser deductiva, cuando es resultado de una deducción a partir de una proposición, juicio o hecho anterior y que tiene la capacidad de implicarla; o inductiva, cuando la proposición, juicio o hecho conlleva necesariamente a la conclusión en cuestión. Vale decir que, en el contexto del proceso judicial, la inferencia procedente es la deductiva, a partir de proposiciones normativas –el derecho positivo aplicable al caso– y fácticas –la prueba de los hechos-.
En el ámbito judicial, la inferencia probatoria puede abordarse en varios sentidos: por una parte, como la decisión judicial derivada de un comportamiento procesal de alguna de las partes, cuyo efecto está previsto por la ley –como es el caso del efecto de la conducta procesal de las partes, previsto por los artículos 31, 59, 61 y 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social-; por otra parte, la inferencia probatoria se suele asociar con la prueba indiciaria y con las presunciones; todo ello se constituye como un resultado útil de la valoración del acervo probatorio, sin constituir, en sí misma, una prueba.
Y es esta última postura la que se adscribe en el caso bajo análisis. En ese sentido, la «inferencia» que controvierten los recurrentes es la conclusión válida a la que arribó el Tribunal al momento de formar su convencimiento, conforme con lo previsto por el artículo 61 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, luego de la valoración de las pruebas. Al respecto, debe decirse que la simple discrepancia con la decisión judicial no constituye un error de hecho imputable al Tribunal, puesto que el convencimiento judicial se construyó a partir de la valoración crítica de las pruebas, y no del deseo del litigante por ver prosperar su pretensión o su excepción.
Así las cosas, el sustento del cargo a partir de la crítica a las «inferencias» del Tribunal, sin ningún sustento probatorio que las desvirtuase, hace inane el ataque contra la sentencia en cuanto tiene que ver con la causación de la indemnización moratoria, puesto que el recurrente no identificó los medios de prueba conducentes a demostrar la mala fe de la entidad demandada.
El hecho de invocar como prueba mal apreciada el contrato de prestación de servicios n.º 069 de 2008, no permite controvertir la decisión del Tribunal, pues el documento en cuestión no demuestra, por sí mismo, una mala fe imputable al demandado que sea capaz de causar la indemnización deprecada.
Respecto de los demás medios de prueba invocados como mal apreciados, habrá de decirse que son inconducentes para demostrar mala fe: así, el certificado de defunción del señor Sánchez demuestra su fallecimiento; la demanda, en sí misma, no constituye medio de prueba, puesto que no contiene ninguna confesión; en tanto que la contestación de la demanda tampoco tiene mérito probatorio, puesto que lo aducido como «confesión» no satisface los requisitos del entonces vigente artículo 195 Código de Procedimiento Civil para tales efectos.
Por su parte, respecto del segundo cargo se encuentra que este contraviene de modo evidente lo establecido por el artículo 91 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, cuando dispone que «[…] el recurrente deberá plantear sucintamente su demanda, sin extenderse en consideraciones jurídicas como en los alegatos de instancia».
Los recurrentes no atacaron los fundamentos fácticos de la decisión que impugnan, motivo por el cual esta habrá de mantenerse incólume.
Así mismo, es improcedente el ataque por cuanto lo basan en la valoración de unos testimonios, que no son prueba calificada en casación, y que, salvo el caso del deponente Óscar Valverde, no identifican.
Debe reiterarse lo que ya se dijo respecto del cargo anterior: la discrepancia con la decisión del Tribunal no constituye, por sí sola, la configuración de un error de hecho en el convencimiento judicial.
Así, los cargos no prosperan.
TERCER CARGO
Lo formularon por la vía directa, en los siguientes términos:
Acuso la sentencia impugnada de ser violatoria directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 12 del Decreto 2127 de 1945.
En sustento manifestaron que el Tribunal hizo una aplicación indebida del artículo en mención, toda vez que esta disposición fue utilizada para absolver, y no para condenar, máxime cuando ella no se refiere al accidente de trabajo.
CONSIDERACIONES
Al formular el cargo por la vía directa, los recurrentes no controvirtieron los supuestos fácticos respecto de los cuales el Tribunal construyó su convencimiento, y que al efecto del cargo corresponden a aquellos que le llevaron a concluir que el fallecimiento de Ernesto Sánchez tuvo lugar por un accidente de origen común, esto es, no laboral.
Así pues, el hecho de que el Tribunal hubiese citado una disposición que, efectivamente, no regulaba la figura del accidente de trabajo para el trabajador oficial, no tiene la fuerza jurídica necesaria para casar la sentencia, máxime cuando los recurrentes construyeron su cargo por la vía directa, aceptando lo que ya se ha dicho.
Además, se considera la insuficiencia del cargo ya que este se limita a indicar la disposición que, en su opinión, estuvo aplicada de manera indebida, sin señalarse cuál era la norma aplicable al caso y el efecto jurídico de dicha aplicación, quedando en evidencia el defecto técnico que conlleva, al inobservar la carga que se les imponía por los artículos 90 y 91 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
El cargo no prospera.
CUARTO CARGO
Lo formularon por la vía directa, en los siguientes términos:
Acuso la sentencia impugnada de ser violatoria directa, en la modalidad de aplicación indebida del parágrafo 2º del art. 1º del Decreto 797 de 1949 que modificó el artículo 52 del decreto 2127 de 1945.
En sustento del cargo manifestaron que el Tribunal incurrió en un error al no condenar a la entidad demandada al pago de la indemnización moratoria, por cuanto han transcurrido más de noventa días desde el momento en el que el demandante falleció, sin que la demandada hubiese efectuado el pago de las prestaciones sociales. En su opinión, el Tribunal debió haber condenado a dicho pago, por el solo transcurso del tiempo.
CONSIDERACIONES
Conforme con lo expuesto en las consideraciones precedentes, en el trámite procesal no se acreditó la mala fe, condición necesaria para la causación de la indemnización que en su momento se reclamara, en la medida en que esta no se presume, debiéndose demostrar en cada caso y de tal modo que se derrote la presunción constitucional de buena fe, además de la demostración de la ausencia de un error invencible en el demandado, respecto de la existencia de obligaciones laborales insolutas (CSJ SL1321-2019).
Dicho lo anterior, y considerando que la formulación del cargo se propone por la vía directa, se asume que los recurrentes admiten como válidos los fundamentos fácticos de la sentencia del Tribunal y, en consecuencia, la conclusión conforme con la cual el ad quem consideró que la entidad territorial demandada no estaba obligada a efectuar los pagos laborales.
Ahora bien, el hecho de que el Tribunal hubiese considerado que la entidad territorial contaba con un plazo de 90 días para pagar las prestaciones sociales adeudadas por efecto de la declaración de la relación de trabajo, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, afecta el sustento de la decisión de absolver del pago de la indemnización moratoria, puesto que la causa de ese pago estaba en la demostración de la mala fe del empleador condenado y, tal como se ha puesto de presente, en este asunto no se acreditó tal circunstancia y, por consiguiente, la decisión del ad quem se mantiene incólume.
En adición a lo anterior, debe tenerse presente que la sentencia del Tribunal es declarativa, y no constitutiva, de tal modo que, al declararse la existencia de la relación de trabajo, se procede conforme con las condiciones concretas de tiempo, modo y lugar de la situación reconocida, con efectos desde su reconocimiento, y no desde el momento en el que se profiere la providencia.
El cargo entonces no prospera.
Sin costas en casación porque, aunque no se debe casar la decisión recurrida, pues se mantienen los pilares de la decisión, existió un error del Tribunal.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario laboral adelantando por CALIXTA JIMÉNEZ TORRES y GABRIEL y LEONOR SÁNCHEZ JIMÉNEZ contra el MUNICIPIO DE NARIÑO (CUNDINAMARCA).
Costas como se dispuso en la parte motiva de la sentencia.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
SALVAMENTO DE VOTO
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL3419-2019
Radicación n.° 61174
Acta 27
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
Conforme lo expuse en la sesión donde fue objeto de debate la sentencia que origina este salvamento de voto, con todo respeto por la posición mayoritaria, considero que los censores sí identificaron en el segundo cargo los medios de prueba calificados sobre los que erigieron sus acusaciones, y no se limitaron únicamente a criticar las inferencias del Tribunal.
Dicho esto, se abría paso la casación de la sentencia impugnada, ya que, de los medios de convicción reseñados por los recurrentes, se desprende que el accidente que sufrió Ernesto Sánchez al servicio de la accionada sí se produjo por causa del trabajo, pues ocurrió mientras conducía el vehículo asignado por esta.
Advertido el error de hecho a partir de la prueba calificada, la Sala estaba facultada para incursionar en los testimonios, con los que quedaba acreditada la culpa patronal, presupuesto para la indemnización total y ordinaria de perjuicios reclamada por los actores.
En estos términos dejo expuestos las razones de mi disenso.
Fecha ut supra,
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Magistrado
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