Ficha de la providencia
Sentencia SL3421-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3421-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3421-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
6 de agosto de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL3421-2019
Radicación n.° 63837
Acta 26
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARTHA LILIANA MORENO OJEDA contra la sentencia proferida el 3 de mayo de 2013 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso adelantado por ella, en contra de la sociedad AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.-AVIANCA S.A.-
ANTECEDENTES
Martha Liliana Moreno Ojeda presentó demanda en contra de la sociedad Aerovías del Continente Americano S.A. (en adelante Avianca S.A.), con el fin de que fuera condenada a reintegrarla al cargo que desempeñaba al momento en que se configuró el despido y pagarle los salarios dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que se hiciera efectiva la reinstalación. Subsidiariamente solicitó que se condenara a la entidad demandada a cancelarle una indemnización por despido injusto, debidamente indexada.
Como fundamento de sus pretensiones explicó que se vinculó a la sociedad demandada a través de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 21 de noviembre de 1989 hasta el 15 de agosto de 2008, fecha en que fue despedida por el empleador. Señaló que desempeñó las labores de «Auxiliar de Vuelo Internacional» percibiendo durante su último año de servicio un salario mensual de $2.754.168. Indicó que se encontraba afiliada al «SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE AVIANCA “SINTRAVA”»; que también se encontraba vinculada a la organización sindical «ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AUXILIARES DE VUELO “ACAV”», por lo tanto, era beneficiaria de las convenciones colectivas celebradas por la empresa con las asociaciones anteriormente mencionadas.
Resaltó que en la cláusula sexta de la Convención Colectiva celebrada entre Avianca S.A. y Sintrava se estableció el trámite que se debía a seguir al momento de efectuar un despido, y dispuso que «[…] carecerían de valor los despidos que hiciera la Empresa pretermitiendo el trámite allí previsto». Explicó que como parte del trámite, Avianca S.A. debía citar al trabajador «inculpado» a una audiencia especial dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir del momento en que se tuvo conocimiento de la falta por la cual se le acusaba. Así mismo, que la sociedad se encontraba en la obligación de enviar copia al sindicato de la citación efectuada a la demandante y que el trabajador podía presentar recurso de apelación ante el «comité de revisión», si consideraba que la decisión de la empresa era contraria a derecho, el cual debía reunirse dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de la apelación.
De igual forma, en la mencionada cláusula se dispuso que si el trabajador no se encontraba de acuerdo con la decisión adoptada por el «comité de revisión», tenía la posibilidad de convocar al «comité de asuntos sociales», que debía reunirse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se solicitó su convocatoria. También, que se le debía comunicar al trabajador la decisión acerca del despido dentro de igual término después de la fecha en que se agotó la discusión.
Afirmó que en su caso fue citada la audiencia especial por fuera del término previsto en la Convención; que no se le realizó la citación al sindicato Sintrava; que las reuniones del «comité de revisión» y del «comité de asuntos sociales» se realizaron de manera extemporánea, al igual que la comunicación de la decisión. Destacó que la cláusula 7ª de la Convenciones Colectivas de Trabajo de Sintrava y Acav, le prohibían a la empresa terminar sin justa causa los contratos de aquellos trabajadores que tuvieran 8 años o más de servicios continuos y se dispuso que en los casos que se efectuara dicho tipo de terminación, se aplicaría el numeral 5º del artículo 8° del Decreto 2351 de 1965.
Estableció que fue asignada para prestar sus servicios como «Auxiliar» en el vuelo 0010, que cubría la ruta Bogotá–Madrid el 21 de junio de 2008, por lo que debía regresar a Bogotá en el vuelo 0011 que cubría la ruta inversa el 23 de junio del mismo año. Sin embargo, fue detenida preventivamente por las «[…] autoridades de policía españolas» hasta el 27 de junio de 2008 cuando fue dejada en libertad, de modo que regresó a Bogotá el 28 de junio de 2008 como «tripulante adicional (“tripadi”)» en el vuelo 015 de la fecha.
Sostuvo que la sociedad demandada tuvo conocimiento de su detención en Madrid, la cual calificó de «injusta» y que le impidió cumplir con sus funciones en los días señalados. No obstante, la sociedad demandada finalizó su contrato de trabajo con justa causa, para lo cual invocó como causal de despido «[…] no haberse presentado a cumplir algunas asignaciones de trabajo dispuestas por la Empresa para los días en que estuvo detenida por la policía española». Afirmó que la inasistencia fue producto de la detención por la policía española, la cual se constituyó en un suceso de fuerza mayor que impidió su regresó a Bogotá.
Manifestó que «[…] desde la terminación del contrato de trabajo, la indemnización por despido que la demandada le adeuda a la demandante se ha venido desvalorizando por lo menos en la misma proporción en que se ha incrementado el Índice de Precios al Consumidor»; que mediante solicitud presentada el 27 de abril de 2011 solicitó, sin resultado positivo, su reintegro y el pago de salarios dejados de percibir; que, en la misma solicitud, requirió de manera subsidiaria y sin resultados favorables, el pago de la indemnización por despido sin justa causa, debidamente indexada y actualizada a la fecha en que efectivamente se produjera el pago.
Al dar respuesta a la demanda, Avianca S.A. se opuso a todas las pretensiones. Aceptó la existencia de la relación de trabajo pero aclaró que el cargo para el cual fue contratada se denominaba «AUXILIAR DE VUELO» con un salario básico de $718.069 y que la suma indicada por la actora como tal correspondía a la que se tomó como base para su liquidación final. Así mismo precisó que su afiliación a Sintrava y a Acav no fue durante toda su vida laboral y la terminación del contrato se dio por justa causa imputable a la trabajadora.
En cuanto a las menciones realizadas sobre las Convenciones Colectivas de Trabajo aseguró que, «No es un hecho, es una referencia a una norma extralegal no susceptible de prueba de confesión. Por tratarse de un acto solemne, la existencia de la convención colectiva debe probarse mediante escrito en las condiciones de formalidad exigidas»; y que «la compañía cumplió en este caso en su totalidad, las exigencias legales, convencionales y reglamentarias».
Insistió en que, la citación a la diligencia de audiencia especial se realizó dentro del término exigido, que fue remitida tanto a Sintrava como a Acav y que la única organización que intervino fue la primera, así como que las reuniones con el «comité de revisión» y el «comité de asuntos sociales» se cumplieron dentro del término exigido. Aseguró que la demandante puso en conocimiento de la compañía los hechos de su detención sólo hasta el 1º de julio de 2008 que, en todo caso, no fue lo narrado en la demanda, y que guardó silencio sobre lo ocurrido hasta después del inicio del proceso disciplinario, por lo que con su conducta dio lugar a justa causa para la terminación de su contrato de trabajo, «[…] así se le informó y se le garantizó su derecho de defensa que ejerció parcialmente y posteriormente renunció a él, dado lñugar (sic) a la confirmación de los hechos a ella imputados».
Frente a las solicitudes que la actora le realizó a la entidad, se pronunció indicando que «Es cierto. Aclarando que la compañía le respondió recordándole la legalidad y justificación de su despido. En todo caso, para esa fecha la acción ya había caducado y sus eventuales beneficios prescribieron por falta de reclamación en tiempo».
En su defensa propuso las excepciones de prescripción, «falta de título y ausencia de causa jurídica en la demandante», cobro de lo no debido, inexistencia de la acción de reintegro, «cumplimiento de la norma convencional alegada como fundamento», buena fe y compensación.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado 28 Laboral Adjunto Oral de Bogotá profirió fallo el 22 de marzo de 2013, por medio del cual resolvió:
PRIMERO: CONDENAR a la sociedad AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA a reintegrar a la señora MARTHA LILIANA MORENO OJEDA, al mismo cargo venía desempeñando (sic) o a otro de igual o superior categoría, junto con el pago de los salarios dejados de percibir desde el 16 desde agosto 2008 y hasta el día en que se haga efectivo el reintegro, salarios que deben ser indexados el momento (sic) del pago efectivo.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandada, incluyendo como agencias en derecho la suma de $1.500.000
Fundó el fallo en que encontró que:
[…] en el presente caso no se puede entender como un acto de mala fe que la demandante no se haya presentado a ejecutar sus funciones los días 26 y 27 de junio del 2008, pues documentalmente se encuentra plenamente probado que la actora se encontraba detenida por las autoridades de Madrid España, lo que genera una fuerza mayor constitutiva de plena prueba para no haberse presentado a laborar, y más aun teniendo en cuenta que tratándose de empresas particulares no se genera la figura del abandono de cargo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación de ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá mediante providencia del 3 de mayo de 2013, decidió:
PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida el 22 de marzo de 2013, por el juzgado 28 Laboral del Circuito Adjunto de Bogotá, por las razones antes expuestas.
SEGUNDO: CONDENAR a la demandada AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA S.A., a pagar a la demandante la suma de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($17´735.835) por concepto de indemnización por despido sin justa causa de conformidad con la parte motiva de la sentencia.
TERCERO: Declarar probada la excepción de prescripción respecto de la acción de reintegro.
CUARTO: CONFIRMAR la sentencia recurrida en todo lo demás.
QUINTO: Sin costas en esta instancia.
Para el Tribunal, los problemas jurídicos a resolver consistieron en,
[…] determinar si la encartada pretermitió el trámite previsto en la cláusula sexta de la convención colectiva, lo que da lugar a que el retiro por justa causa de la demandante carezca de valor. Si la respuesta llegase a ser negativa, la sala deberá determinar si hubo o no justa causa en el despido de la actora, y también determinará si hay lugar a la aplicación de la cláusula séptima de la convención colectiva que refiere a la estabilidad convencional, y como consecuencia de ello, ordenar el reintegro alas de la demandante a la luz de esa disposición.
Indicó que los fundamentos normativos que tuvo en cuenta para darle respuesta al caso fueron las cláusulas sexta y séptima del acuerdo convencional suscrito entre Avianca S.A. y las organizaciones sindicales Sintrava y Acav con vigencia desde el 1º de julio 2005 hasta el 30 de junio de 2010, el parágrafo del artículo 7° del Decreto 2351 de 1965 que subrogó el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 64 del Código Civil, así como la sentencia CSJ SL, del 2 de julio de 2009, radicado 34589 y la sentencia CSJ SL, del 14 de agosto de 2007, radicado 29213.
Recordó que la parte demandada enfatizó en el hecho de que la demandante solo le informó las razones de su ausencia durante los días 26 y 27 de junio de 2008 hasta el 1º de julio de ese mismo año. Frente a ese aspecto señaló que en el material probatorio recaudado encontró numerosas contradicciones respecto de la fecha en que la actora efectivamente le comunicó a la entidad su situación, tales como:
Primero: las declaraciones de Sandra Rodríguez huertas y Viviana Donado Murillo nada refieren a la fecha en cuestión. Segundo: la señora María Consuelo Moreno Ojeda hermana de la actora señaló que el 25 de junio, no recuerda al año, se dirigió Avianca para averiguar sobre el paradero de la actora siendo informada que la misma había sido retenida en España. Tercero: la demandante en las diligencias llevadas a cabo los días 8 y 11 de julio señaló de un lado que no tuvo contacto con nadie en Avianca desde el momento en que fue requerida por las autoridades españolas, luego dijo que le informó sobre su situación a Andrés calvo (sic) gerente de Avianca en el aeropuerto de Madrid Cuando regresó como tripadi en el vuelo 015. Y finalmente, también indicó que le contó a Stela Charry que la policía la requería, no obstante, la versión dada por la jefe de cabina internacional difiere sustancialmente del informado por la actora.
Finalmente la documental de folio 222 con fecha de primero de julio de 2008 da cuenta que la actora puso en conocimiento a la demandada que no se presentó a trabajar los días 24, 25, 26 y 27 por encontrarse detenida por las autoridades españolas en la ciudad de Madrid, en el acta de comité de revisión la demandante también dijo que el 23 de junio Avianca se comunicó a la estación de policía donde estaba retenida y que el jefe policía le informó que alguien de la empresa había preguntado por ella; que no llamó Avianca porque no tenía el número y no solicitó un directorio porque había mucha confusión.
Aseguró que el único medio probatorio que daba certeza de la fecha en que se le informó a la entidad la situación de detención de la demandante se encontraba a folio 222 del cuaderno principal y que a partir de este, se pudo confirmar que la fecha en la que la demandada tuvo conocimiento del suceso, fue el 1 de julio de 2008.
Explicó que Avianca S.A. sí cumplió a cabalidad con los términos señalados en la cláusula sexta de la convención colectiva tal y como se podía verificar en los folios 222, 243, 244 a 255, 256 a 268, 269 a 271, 273, 274 a 285 y 286, documentales que acreditaron el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso disciplinario, por lo tanto, no era posible dejar sin efecto la terminación del contrato de trabajo.
Seguidamente aclaró que si bien era cierto que las documentales a folios 243 y 273 no tenían constancia de recibido, tanto el demandante como los representantes de Sintrava asistieron a cada una de las diligencias adelantadas sin que en estas hubiesen manifestado de alguna manera faltas en el método de citación. De lo anterior, concluyó que no se desconoció el derecho al debido proceso y defensa de la demandante ya que la organización sindical la acompañó hasta la última instancia.
Encontró que no había lugar a declarar sin efectos la terminación del contrato de trabajo en razón a que se cumplió el trámite convencional, puesto que, si bien era cierto que existía un plazo que aparentemente se incumplió, en realidad, este se vio interrumpido por una incapacidad presentada por la demandante que dio lugar al aplazamiento de las audiencias programadas con la debida notificación tanto a la demandante como al sindicato, razón por la cual, debía revocarse la decisión de primera instancia sobre dicho aspecto.
Respecto del tema de la terminación del contrato sin justa causa manifestó que no existía duda de que la demandante estuvo detenida en la ciudad de Madrid desde el 23 de junio hasta el 27 de junio de 2008, situación que a juicio del ad quem se constituía en la causal de suspensión del contrato prevista en el numeral 1º del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo denominada «fuerza mayor o caso fortuito».
Agregó que la demandada señaló, entre otras razones para dar por terminado el contrato de trabajo de la demandante con justa causa, que «[…] no encontró una explicación aceptable para que la actora no se presentará a sus asignaciones de los días 26 y 27 de junio 2008», sin embargo, el Tribunal clarificó que la detención sólo es causal de terminación del contrato cuando supera los 30 días, entonces las detenciones inferiores se constituían en una causal de suspensión del contrato tal como lo consagró el Código Sustantivo del Trabajo, y como la demandante se vio forzada a interrumpir la prestación de servicios por una circunstancia relevante y justificativa, se desvirtuó la justa causa que tuvo la entidad demandada para dar por terminado el contrato de trabajo.
En razón a lo anterior al no haberse acreditado una justa causa para el despido de la trabajadora de conformidad con la cláusula séptima del acuerdo convencional y por las condiciones de la actora, esto es, tener más de 8 años de servicios continuos, el Tribunal determinó que habría lugar a la aplicación del reintegro de conformidad con el texto original del numeral 5 del artículo 8 del Decreto 2351 de 1965 ya que para este tipo de empleados, según la convención, no operaba la indemnización por despido sin justa causa.
Sin embargo, anotó que dicha acción se encontraba sujeta al término de prescripción de 3 meses consagrado en el inciso 7º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968 y que únicamente era aplicable para reclamar la acción de reintegro derivada de la estabilidad laboral convencional estipulada expresamente en el numeral 5 del artículo 8º del decreto 2351 de 1965.
Consideró que:
[…] la demandante debió interponer la demanda dentro de los tres meses contados desde la fecha del despido, so pena de que la acción de reintegro prescribiera, por cuanto el término de tres meses previsto en esta disposición es de origen legal por así preverlo convención colectiva, y solamente puede aplicarse cuando se reclama el reintegro con ocasión a la estabilidad laboral, situación que es la que ahora se estudia.
Manifestó que teniendo en cuenta que la demandante fue despedida el 15 de agosto de 2008 y que sólo el 15 de julio 2011 promovió la demanda laboral como se encuentra a folio 108, la acción laboral respecto del reintegro se encontraba prescrita. Frente a la pretensión subsidiaria de indemnización por despido sin justa causa, el ad quem encontró acreditados los hechos que daban lugar a ella ya que si bien no operaba el reintegro por la prescripción de la acción, esto no implicaba que hubiera operado la prescripción respecto de la indemnización de tipo legal, para ella el término era de 3 años, y la demanda se instauró dentro de ese plazo.
Anotó que si bien la convención colectiva tenía como objetivo mejorar los derechos de los trabajadores, si por algún evento, como en el presente caso, no se podía aplicar por haber operado el fenómeno prescriptivo, esta situación daba paso a que se aplicaran las normas legales que contenían los derechos mínimos de los trabajadores. Por lo tanto, condenaría a la demandada al pago de la indemnización por despido sin justa causa. Realizó el calculó para determinar la indemnización por despido sin justa causa y determinó que como el último salario básico devengado por la demandante fue la suma de $718.069, el salario diario equivalía a $23.935. En consecuencia, se le impuso una condena $17.735.835.
Sobre el monto del salario, finalizó indicando:
[…] se debe aplicar lo dispuesto en la convención colectiva, que ese fue el sustento de su apelación en lo que hace referencia al salario mínimo garantizado, esto es la suma de $1.188.044 encuentra la sala que no se arrimó el texto convencional donde presuntamente se encuentra consagrada la denominada prerrogativa “salario mínimo garantizado”, y aunque en el alegato ha manifestado que se tenga en cuenta la liquidación realizada que obra folio 30, y en el interrogatorio de parte rendido por el representante legal, es de anotar que en esta instancia no se encuentra prueba de ese salario básico garantizado, y no dice las condiciones en que se deben cumplir para que se pueda pagar dicho salario.
Por esa razón y como la parte activa no atendió el mandato previsto por el artículo 177 del Código Procedimiento Civil, en el sentido de arribar la convención colectiva donde está pactado el salario mínimo garantizado, se tendrá en cuenta el salario que tuvo el juez de primera instancia.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, «[…] CONFIRME la condena al reintegro dispuesta por el a – quo, precisando que para cuantificar los salarios dejados de percibir se debe tener en cuenta el salario mínimo garantizado de $1’188.044 mensuales».
De manera subsidiaria requirió que,
[…] se CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada en cuanto por su numeral segundo condenó al pago de $17’735.835 como indemnización por despido injusto […]», y que en sede de instancia «[…] y como consecuencia de la revocatoria de la sentencia del a –quo, disponga que el valor de dicha indemnización es de $67’385.310, cantidad que debe actualizarse a la fecha del pago.
Con tal propósito formuló cuatro cargos por la causal primera de casación, por las vías directa e indirecta, los cuales tras haber sido replicados por el opositor, pasan a ser examinados por la Corte. Metodológicamente la Sala resolverá los cargos primero, segundo y tercero de forma conjunta dado que comparten identidad de causa y argumentación complementaria.
PRIMER CARGO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos,
[…] 13, 19, 32, 64, 127, 128, 140, 142, 147, 467, 468, 470, 488, y 489 del C.S.T; 1°, 8° Y 37 del Decreto 2351 de 1.965; 3° de la Ley 48 de 1.968; 6° y 19 de la Ley 50 de 1.990; 28 de la Ley 789 de 2.002; 151 del C.P.T. S.S; 6°, 64,1740 y 1746 del C.C.; 1 de la Ley 95 de 1.890 y 1800, 1804 y 1805 del Co. Co».
Señaló como errores de hecho:
Dar por demostrado, contra la evidencia, que solamente el 1° de julio de 2.008 AVIANCA tuvo conocimiento de la falta por la cual despidió a MARTHA LILIANA MORENO.
Dar por demostrado, contra la evidencia, que AVIANCA tuvo conocimiento de la falta por la cual despidió a MARTHA LILIANA MORENO por la comunicación que la actora le dirigió a la Empresa el 1° de julio de 2.008.
No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que desde el 23 de junio de 2.008 AVIANCA tuvo conocimiento que MARTHA LILIANA MORENO quedó detenida por las autoridades españolas en la ciudad de Madrid.
No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que AVIANCA estaba obligada a iniciar el trámite convencional para despedir a MARTHA LILIANA MORENO dentro de los tres (3) días siguientes al 23 de junio de 2008.
No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que AVIANCA pretermitió trámite para despedir a MARTHA LILIANA MORENO.
No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que por disposición de la convención el despido de MARTHA LILIANA MORENO careció de valor y efecto.
Indicó como pruebas dejadas de apreciar:
[…] los documentos de folios 303 y 304 y porque apreció equivocadamente la convención colectiva suscrita entre la sociedad demandada y los sindicatos SINTRAVA- SINDITRA (folios 81 a 97 Vto. Y 107); el interrogatorio de parte absuelto por el Representante Legal de la demandada, (folio 392 del cuaderno principal, minutos 4.22 a 5.46 del ítem 1 y minutos 00.00 a 12.30 del ítem 2 del C.D. de la audiencia de 23 de enero de 2.013, reproducida mediante Windows Media); los documentos de folios 210 a 241, 243, 244, a 255, 256 a 268, 2269, 274 a 285, 286, 305 y 306; las declaraciones de BIBIANA DEL CARMEN DONADO MURILLO (folio 379 del cuaderno principal, minutos 15.09 a 24.56 del C.D. de la audiencia de 18 de septiembre de 2.012, reproducida mediante Windows Media), MARIA CONSUELO MORENO OJEDA (folio 379 del cuaderno principal, minutos 25.25 a 33.20 del C.D. de la audiencia de 18 de septiembre de 2.012, reproducida mediante Windows Media), SANDRA RODRIGUEZ HUERTAS (folio 379 del cuaderno principal, minutos 33.47 a 40.11 del C.D. de la audiencia de 18 de septiembre de 2.012, reproducida mediante Windows Media).
Inició la demostración del cargo recordando que el Tribunal tuvo como fecha en la que se realizó la comunicación de la detención a la empresa el 1º de julio de 2008 y partió de esta para estudiar si la empresa había cumplido con el procedimiento convencional para efectuar el despido. Y que este concluyó que no había lugar a declarar sin efecto la terminación del contrato dado que la empresa respetó el trámite establecido para la desvinculación de sus empleados.
Sin embargo, rescató que en la cláusula sexta de la Convención Colectiva celebrada entre Avianca S.A. y las organizaciones sindicales Sintrava y Acav (f.° 81 a 97 y 107 del cuaderno principal), se estableció como plazo para citar a la trabajadora a audiencia especial un máximo de 3 días, contados a partir de que la empresa tuviera conocimiento de la falta cometida. Aclaró que en la Convención no quedó establecido que el término comenzaría a contar a partir de cuando la trabajadora informó a la empresa la falta, tal como lo dedujo el Tribunal, por el contrario, la convención indicó que la manera en que la entidad debía obtener el conocimiento de aquella y «[…] sería además absurdo suponer que sea el trabajador quien deba notificar a la empresa que cometió una falta para que en base a esa notificación comience a contarse el término de los tres días para iniciar el trámite convencional».
Destacó que a f.° 222 se encontraba anexada la comunicación enviada a la entidad, con fecha 1° de julio de 2008, en la que informó que por su estado de detención preventiva en España no pudo cumplir con el itinerario fijado para los días 24, 25, 26 y 27 de junio de 2008. La equivocada apreciación de dicho documento llevó al Tribunal a concluir que solo mediante el mencionado comunicado la empresa pudo tener conocimiento de la falta al trabajo de la demandante en los días indicados, tal prueba solo explicaba la razón de la ausencia que ya era conocida con anterioridad por la empresa.
Sostuvo que en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, este confesó que Avianca S.A. contaba con una persona encargada de las operaciones realizadas en cada uno de los aeropuertos, incluso en el de Madrid. Este incluyó en su confesión que la «Jefe de Cabina» de los vuelos de Avianca S.A. era a quien debían reportarse los «Auxiliares de vuelo» prueba que debió utilizarse para establecer cuándo Avianca S.A. tuvo conocimiento de la falta al trabajo y que fue ignorada por el Tribunal.
Continuó asegurando que el documento visible a f.° 221 también fue mal apreciado por el ad quem ya que no vio que la «Jefe de Cabina», Stella Charry, informó al «Director de Servicios a Bordo» de la inasistencia que se daría el 24 de junio en el vuelo 011 que cubría la ruta Madrid-Bogotá y que esta a su vez manifestó que avisaría a la sociedad de su inasistencia e informó al «Capitán de nave» la situación por la cual no podría cumplir con las asignaciones. Dicha prueba dejaba constancia de que la empresa tuvo conocimiento de la inasistencia desde el mismo 23 de junio de 2008, además que «[…] el representante de la Empresa en la ciudad de Madrid, como responsable de la operación, autorizó el vuelo de regreso de la aeronave a Bogotá sin la presencia de la demandante como integrante de la tripulación».
Afirmó que el Tribunal no apreció los documentos de folios 303 y 304 del cuaderno principal ya que en estos se encontraba el registro suscrito por el «Capitán de nave», a su vez representante de Avianca S.A., de acuerdo con los artículos 32 del Código Sustantivo del Trabajo y 1804 del Código de Comercio, en el que constaban los nombres de los empleados que hicieron parte de la tripulación de los vuelos 010 del 21 de junio de 2008 con ruta Bogotá-Madrid y 011 del 23 de junio del mismo año, con ruta Madrid-Bogotá. De haberlo estudiado, a simple vista se hubiera dado cuenta que el número de tripulantes varió debido a la detención ocurrida.
Evidenció que en los folios 210 a 241 del cuaderno principal, se encontraban las constancias del proceso disciplinario que adelantó Avianca S.A. por las faltas presentadas los días 23 y 25 de junio de 2008, y que a folio 212 se encontraba el correo electrónico de fecha 25 de junio de 2008 en el que se daba cuenta de una ausencia presentada en la ruta Bogotá-Lima. Por lo tanto:
Estos documentos establecen plenamente que la demandada supo de las faltas al trabajo de MARTHA LILIANA MORENO no por la comunicación que la actora le dirigió el 1° de julo sino por la información entregada por la división de auxiliares de vuelo. Esta evidencia no fue sin embargo advertida por el tribunal que sólo dedujo de los indicados documentos su origen y destinación, pero no la fecha verdadera en que la demandada supo de la falta al trabajo por la cual despidió a la demandante.
Mencionó los documentos de folios 243 a 286 del cuaderno principal, indicando que estos también brindaban constancia de que Avianca S.A. tuvo conocimiento de los hechos a través de los informes rendidos por la División de Control de Vuelos y que el Tribunal tampoco tuvo en cuenta dicho material probatorio a la hora de hacer su análisis, pues de haberlos tenido en cuenta hubiera concluido que el proceso disciplinario adelantado para su despido se inició por fuera del término establecido en la Convención Colectiva.
Anotó que los documentos anexados a folios 305 y 306 del cuaderno principal, contenían las asignaciones de vuelo elaboradas por la empresa para el mes de junio de 2008, y ratificó que,
[…] en el vuelo Bogotá-Madrid del 21 de junio de 2.008 efectivamente prestó el servicio (EFE) mientras que para los vuelos programados para los días 23, 25, 26, y 27 de junio no se presentó (NPRE), y que el 28 de junio viajó como tripulante adicional en la aeronave de matrícula N 948AV de regreso en el vuelo que cubrió la ruta Madrid-Bogotá. Si el Tribunal, que solo vio en este documento la programación de los turnos de trabajo de la actora en el periodo indicado, hubiese apreciado con mayor cuidado la prueba y la hubiera relacionado con los documentos de folios 211, 212, 213, 243 y 244, habría visto que AVIANCA imputó a la demandante las faltas al trabajo de los días que en dicho registró indicó como (NPRE) acusándola de no haberse presentado al trabajo a cumplir con las asignaciones de los días 23, 25, 26 y 27 de junio de 2.008. Habría también observado el Tribunal que la demandada registró que MARTHA LILIANA MORENO sólo regresó de España, como tripulante adicional, en el vuelo del día 28 que cubrió la ruta Madrid-Bogotá.
Alegó que la entidad actuó con malicia dado que en la carta de terminación del contrato de trabajo no le imputó la falta del 23 de junio «[…] asignación que no pudo cumplir por la arbitraria privación de la libertad de que fue objeto ese mismo día», como tampoco la falta del da 25 del mismo mes y año todo aquello con el fin de ocultar el incumplimiento de los términos convencionales, imputándole únicamente las faltas al trabajo de los días 26 y 27 de junio.
Consideró que con la anterior exposición ya se encontraban demostrados los errores de hecho, por lo que pasó a un estudio de la prueba testimonial para corroborarlos. Por lo anterior, invocó los testimonios de Bibiana del Carmen Donado Murillo, María Consuelo Moreno Ojeda, Sandra Rodríguez Huertas, y de ellos concluyó que se encontraba demostrado que Avianca S.A., «[…] no solo conoció de dicha detención, sino que sabía la inspección policial en la cual se encontraba MARTHA LILIANA MORENO y así se lo informó a su hermana, información que le permitió buscar ayuda profesional y regresar al país el 28 de junio de 2008 en una de las aeronaves de la compañía como tripulante».
A manera de consideraciones de instancia, retomó el tema del salario mínimo garantizado por un valor de $1’188.044 mensuales, tal como lo confesó el representante legal de la sociedad en el interrogatorio de parte. Explicó que ese monto, «[…] en los términos del artículo 147 del CST (19 de la Ley 50 de 1.990) y de conformidad con lo dispuesto por la cláusula 45 y su parágrafo 4 de la Convención Colectiva AVIANCA –ACAV (folios 71 y 72)», es el que debía aplicarse durante el tiempo en que estuviera cesante, sin embargo, «[…] equivale a menos de la mitad del salario promedio que devengaba la demandante al momento en que fue ilegalmente despedida que era de $2’754.168 por mes (folio 30)».
SEGUNDO CARGO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos «[…] 13, 64, 127, 128, 142, 147, 467, 468, 470, 476, 488 y 489 del C.S.T., 37 del Decreto 2351 de 1.965, 6° de la Ley 50 de 1.990, 28 de la Ley 789 de 2.002 y 151 del C.P.T. S.S».
Inició la demostración del cargo citando los presupuestos fácticos en los que el ad quem motivó su sentencia. Al respecto comentó que la prescripción establecida en el artículo 3 de la Ley 48 de 1968 solo era aplicable a la acción de reintegro consagrada en el artículo 8 del Decreto 2351 de 1965 y al extenderla a la acordada en la Convención Colectiva de Trabajo de la cual era beneficiaria, el Tribunal incurrió en una aplicación indebida de la mencionada normativa. Explicó que por la naturaleza de la figura denominada prescripción no era posible acudir a ella por analogía tal y como lo dispuso el ad quem.
Reiteró que la aplicación de la prescripción establecida en el artículo 3º de la Ley 48 de 1968 a una acción de reintegro de carácter convencional se constituía en una aplicación indebida de la norma. A razón de tal actuar el Tribunal se equivocó al revocar lo ordenado en primera instancia.
Insistió, a manera de consideraciones de instancia, en el tema del salario mínimo garantizado por un valor de $1.188.044 mensuales, tal como lo confesó el representante legal de la sociedad en el interrogatorio de parte. Explicó que ese monto, «[…] en los términos del artículo 147 del CST (19 de la Ley 50 de 1.990) y de conformidad con lo dispuesto por la cláusula 45 y su parágrafo 4 de la Convención Colectiva AVIANCA –ACAV (folios 71 y 72)», es el que debía aplicarse durante el tiempo en que estuviera cesante, sin embargo, «[…] equivale a menos de la mitad del salario promedio que devengaba la demandante al momento en que fue ilegalmente despedida que era de $2’754.168 por mes (folio 30)».
TERCER CARGO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos «[…] 3° de la Ley 48 de 1.968, 8° y 37 del Decreto 2351 de 1.965, 13, 64, 127, 128, 142, 147, 467, 488 y 489 del C.S.T., 6° de la Ley 50 de 1.990 de 1.990 (sic), 28 de la Ley 789 de 2.002 y 151 del C.P.T.S.S».
Indicó como errores de hecho:
Dar por demostrado, contra la evidencia, que la convención colectiva aplicable a la demandante estableció un término de prescripción de tres meses para la acción de reintegro.
Señaló como pruebas erróneamente apreciadas:
Las convenciones colectivas suscritas entre AVIANCA-SAM-SINTRAVA-SINDITRA, y entre AVIANCA-SAM-ACAV vigentes entre el 1° de julio de 2005 y el 30 de junio de 2.010 (folios 81 a 97 vuelto y 67 a 78 y 107 del cuaderno principal).
En la demostración del cargo citó el contenido de la cláusula séptima de la Convención Colectiva suscrita entre Avianca S.A. y los sindicatos Sintrava y Acav, que en su texto consagraron en igual forma la acción de reintegro para los trabajadores despedidos sin justa causa con más de ocho años de servicio. Anotó que en las convenciones colectivas celebradas no se estableció un término prescriptivo para el reintegro previsto en ellas, ya que se encontraba regido por la regla general. Seguidamente, aclaró que en los textos convencionales solo se hizo remisión al reintegro establecido en el artículo 8 del Decreto 2351 de 1965, norma que no establece término prescriptivo alguno.
Afirmó que:
Si AVIANCA y los sindicatos SINTRAVA Y ACAV al pactar en el año 2.005 la acción de reintegro para los trabajadores despedidos sin justa causa después de 8 años de servicios hubieran tenido el propósito de aplicarle a esa acción la prescripción del artículo 3° de la Ley 48 de 1968 así lo hubieran dispuesto expresamente, pero no lo hicieron no obstante que, cuando se celebraron las convenciones colectivas ya habían transcurrido 37 años desde que se expidió la citada Ley.
Precisó que debido a la errónea apreciación de las convenciones colectivas de trabajo en las que se estableció el reintegro de los trabajadores de Avianca S.A. que hubiesen sido despedidos sin justa causa luego de 8 años de servicio, el Tribunal creyó que allí se estableció el término prescriptivo previsto en la Ley 48 de 1968, cuando ello no ocurrió.
Nuevamente mencionó a manera de consideraciones de instancia, en el tema del salario mínimo garantizado por un valor de $1.188.044 mensuales, tal como lo confesó el representante legal de la sociedad en el interrogatorio de parte. Explicó que ese monto, «[…] en los términos del artículo 147 del CST (19 de la Ley 50 de 1.990) y de conformidad con lo dispuesto por la cláusula 45 y su parágrafo 4 de la Convención Colectiva AVIANCA –ACAV (folios 71 y 72)», es el que debía aplicarse durante el tiempo en que estuviera cesante, sin embargo, «[…] equivale a menos de la mitad del salario promedio que devengaba la demandante al momento en que fue ilegalmente despedida que era de $2’754.168 por mes (folio 30)».
RÉPLICA
Indicó la oposición respecto de la mención que hizo la recurrente frente a la cláusula 6° de la Convención Colectiva celebrada entre Avianca S.A., Sintrava y Acav, que no hubo claridad acerca de los fundamentos de la alegada vulneración del procedimiento convencional que debía seguirse previo al despido.
Agregó que el numeral 7º de la Convención Colectiva celebrada entre Avianca S.A. y Acav contenía una protección a los trabajadores a quienes la propia ley les daba lo estabilidad y privilegio de la acción de reintegro, lo que quiere decir que, no fue la voluntad de las partes el generar una estabilidad reforzada para trabajadores diferentes de los vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido, ya que fue a estos, a quienes la ley les otorgó dicho beneficio.
Consideró que la recurrente se excedió al pretender darle a las cláusulas convencionales un alcance distinto al que tenían. Citó como fuente de su argumento la sentencia CSJ SL,11 de diciembre de 1998, radicado 11250 y la CSJ SL, 19 de enero de 2001, radicado 13702. Expuso que las pretensiones de la parte actora eran contrarias al recurso presentado ya que estas no hicieron referencia a la ineficacia del despido que ahora fue alegado. Además «[…] la ineficacia no comporta acción de reintegro sino la consecuencia de dejar sin efectos y por ende estimar que nunca existió el acto que se concluye no produjo efectos».
Por lo anterior le resultó lógico que los juzgadores de cada una de las instancias, en especial el ad quem, llegaron a la conclusión de que el reintegro solicitado de manera principal se encontraba soportado en la remisión que hacia la cláusula 7º de la Convención a la acción legal del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965. Continuó afirmando que la recurrente no logró desvirtuar la conclusión del Tribunal sobre la remisión ya que por ser expresa a la acción legal también le era aplicable la regulación sobre la prescripción consagrada en el artículo 3º de la Ley 48 de 1968.
Agregó que,
No desvirtuó la recurrente la conclusión conforme a la cual, si consideraba que tenían derecho a lo ahora reclamado a mi representada, ha debido presentar su reclamación de derechos debidamente determinados, dentro de los tres (3) meses siguientes al despido –tanto para el reintegro como para la indemnización consagrados de manera alternativa en el numeral 5° del artículo 8° del Decreto Ley 2351 de 1965 y no lo hizo pues, como aparece probado en el expediente su reclamación al respecto fue presentada el 27 de Abril de 2011, cuando evidentemente habían transcurrido más de treinta (30) meses contados desde la fecha del despido conduciendo a la caducidad y prescripción de la acción y los beneficios en ella previstos.
A su parecer con solo revisar la sentencia se podía apreciar que las pretensiones carecían de fundamento, pues era claro que el ad quem procedió de manera adecuada, ya que encontró probado que se trataba de hacer una revisión crítica de la sentencia, junto con la actuación y lo acreditado en el trámite procesal. Sumado a lo anterior, la recurrente olvidó que la decisión del Tribunal fue producto de un análisis armónico de pruebas, que en gran cantidad no fueron debatidas en el presente recurso.
En concreto, frente al primer cargo resaltó que la recurrente olvidó que entre las pruebas calificadas en casación se encontraba la confesión judicial. Indiscutiblemente, el interrogatorio de parte era un medio para obtener confesión, pero esta no se encontraba encuadrada dentro de las pruebas calificadas en el recurso. A pesar de aquello, sostuvo que no era cierto que se obtuviera una confesión como lo alegó.
Concluyó la primera parte de su explicación declarando que no era posible adentrarse en el análisis de las pruebas testimoniales ya que estas no constituían prueba calificada. Puntualizó que el ataque estaba constituido por simples afirmaciones personales del recurrente y que la violación alegada no se configuró.
En cuanto al segundo cargo, presentó un listado de razones por las cuales debía desestimarse el cargo, el cual se constituyó por los siguientes argumentos:
Conforme lo ha definido la jurisprudencia de ese alto tribunal, se ha entendido por la doctrina y se establece en las normas que rigen el trámite de este recurso extraordinario, la vía directa de impugnación, la aplicación indebida de la ley: Supone de una parte que los hechos que estructuran el derecho alegado estén debidamente probados en el proceso y, de otra parte, que el juzgador aplica la norma que no le es aplicable al caso.
La anterior modalidad de violación de la ley exige también, en palabras de ese H. corporación, “el total acuerdo del impugnante en relación con los hechos básicos del proceso, es decir, su aceptación respecto de cómo los tuvo por demostrados el Tribunal en el fallo”.
Consecuentemente, el impugnante tiene la obligación de indicar claramente en la demanda, cuales son las normas sustanciales de orden nacional que consagran los derechos cuya causación se haya plenamente demostrada y se aplicaron indebidamente.
Por tanto si, como en este caso, el recurrente se limita a mencionar la aplicación indebida de la o las normas, carece de fundamento la pretendida violación.
De otra parte, la forma en que se sustenta el cargo deja ver sin duda, que el impugnante discute y no está de acuerdo con los fundamentos de hecho del fallo ni con la forma en que el Tribunal tuvo por probados los hechos, cuestión ésta que suponen un estudio factico y su confrontación probatoria no susceptible de ser atendida en esta vía.
Si en verdad estuviere de acuerdo con la forma en que tuvo por probados los hechos el Tribunal, tendría que compartir la conclusión sobre la naturaleza legal de la acción de reintegro y la aplicación de la norma sobre prescripción que el tribunal aplicó. No insistiría en que se trata de una acción de reintegro convencional.
Por lo demás, es claro que en su ataque el recurrente se limita a hacer meras referencias normativas, enunciados propios de alegatos de instancia y no ataca las conclusiones fundantes del fallo del Ad Quem, por lo que resulta insuficiente para romper la decisión adoptada por el Tribunal.
Es evidente entonces que en su análisis el Tribunal llega a la decisión Modificatoria ahora impugnada, después de estudiar cada uno de los conceptos que se cuestionaba la parte demandada, analizar las normas y revisar las pruebas que refirió en materia de prescripción de la acción legal de reintegró.
Recordó que, esta Corporación conoció un caso con características fácticas similares, y en ese caso no modificó la decisión del ad quem sobre la prescripción de la acción legal. Concluyó la primera parte de su explicación declarando que no era posible adentrarse en el análisis de las pruebas testimoniales ya que estas no constituían prueba calificada.
Puntualizó que el ataque estaba constituido por simples afirmaciones personales del recurrente y que la violación alegada no se configuró. En cuanto al segundo cargo, afirmó que jurisprudencialmente se había establecido que se tomaría el salario mínimo como base para realizar las liquidaciones de los salarios dejados de percibir.
CONSIDERACIONES
Comienza la Sala por advertir que no le asiste razón a la oposición que critica presuntas falencias técnicas de los cargos elevados, comoquiera que de aquellos es posible destacar los elementos mínimos de cada uno para su procedencia y es dable colegir cuándo la discusión de estirpe jurídica está planteada en contraposición a aquellas de carácter fáctico.
En claro lo anterior, la censura propone como problema jurídico a la Corte establecer si el ad quem se equivocó en su raciocinio en torno a los siguientes tópicos: (i) la aplicación de la prescripción de la acción de reintegro convencional intentada por esta, según las normas del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y no las de la Ley 48 de 1968; y (ii) la eficacia del despido con justa causa atribuible a la trabajadora, tras el cumplimiento del trámite convencional seguido para éste.
1. Las hipótesis de procedibilidad para la acción de reintegro convencional y su prescripción
Con ello, comienza por advertir la Sala que la censura no discutió que el despido de la demandante fuera injusto, lo cual fue el fundamento de la decisión del ad quem para reconocer –en lugar del reintegro deprecado-, una indemnización por aquella circunstancia. El recurso extraordinario, entonces, no versa sobre la justeza o no del despido sino que gira en torno a la consecuencia del presunto incumplimiento del trámite convencional que estaba obligada la empresa empleadora a seguir para dar por terminado el contrato de trabajo de la actora, con arreglo a las causales del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. De allí, busca derivar la recurrente que la conclusión forzosa tras el incumplimiento de los términos convencionales era la ineficacia del despido y por ende, la procedencia del reintegro y no un resarcimiento de perjuicios por el despido sin justa causa.
Esta aclaración resulta indispensable para la Sala comoquiera que el fallo confutado se ocupó de resolver las inconformidades de las partes no sólo sobre la justa causa en sí misma alegada por el empleador sino sobre el trámite convencional que este aplicó a aquella, y de allí concluyó el Tribunal que, precisamente, el procedimiento extralegal fue cumplido por la compañía, pero, la justa causa realmente no fue tal, motivo por el cual declaró injustificado el despido. Con todo, a pesar de la declaración de que la terminación del contrato lo fue sin justa causa, desechó el ad quem el reintegro pretendido pero por encontrarse prescrita aquella acción.
Ello resultó de suma importancia para el pleito comoquiera que el Tribunal no ató la procedencia del reintegro exclusivamente al cumplimiento o no del trámite convencional del despido –como lo esboza la censura-, sino además a la justeza del mismo, por lo que tras encontrar injusto este, se ocupó, como se dijo, del impacto de la prescripción.
De esta manera, entonces, resulta por completo trascendente para la Sala distinguir, de un lado, entre: (i) la hipótesis por la cual la empresa se hubiera equivocado en el procedimiento convencional para aplicar una justa causa de despido imputable a la trabajadora; y de otro, (ii) el supuesto del despido sin justa causa propiamente dicho o el evento en que el empleador no hubiera demostrado que la justa causa alegada verdaderamente tuvo ocurrencia.
Ello es así por cuanto a la luz de la Convención Colectiva que la actora reclama como aplicable, las consecuencias de los anteriores escenarios son distintas. En efecto, por una parte, el incumplimiento o la pretermisión de los términos convencionales para la configuración de una justa causa para la terminación de un contrato suponen la ineficacia del despido; y por otra, el despido sin justa causa ya fuere por decisión unilateral del empleador o por su imposibilidad de acreditar la presunta justa causa que alega, hacen viable la acción de reintegro.
Así se desprende de las cláusulas sexta y séptima de lo previsto en el «Acta de acuerdo convencional final AVIANCA-SAM-SINTRAVA-SINDITRA» con vigencia entre el 1º de julio de 2005 y el 30 de junio de 2010. Efectivamente, en el parágrafo primero de la mencionada cláusula sexta, se consagra que «[…] carecerán de valor las sanciones disciplinarias o retiros sin justa causa que se impongan pretermitiendo estos trámites [disciplinarios]» y en la siguiente, se dispone que «La Empresa no dará por terminados los contratos de trabajo sin justa causa cuando el trabajador tenga ocho (8) años o más de servicios continuos. Caso contrario, se dará aplicación al numeral quinto (5º) del Artículo 8º del Decreto 2351/65».
Lo dicho es consustancial al análisis de lo propuesto por la censura en la medida en que si el despido devino en injusto por la incapacidad del empleador para acreditar en juicio la justa causa que alegó para la finalización del vínculo contractual -algo que resultó incontrovertido en la sede extraordinaria-, la cláusula aplicable, en principio, correspondía a la 7º citada, lo que imponía el análisis de la acción de reintegro allí dispuesta pero con arreglo a lo señalado en el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.
En este sentido, la acción de reintegro consagrada de forma extralegal sí estaría sometida al mismo término prescriptivo previsto para aquella de origen legal, esto es, la señalada en el numeral 7º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968. Sin embargo, si la cuestión del despido se estudia bajo el análisis riguroso del trámite convencional que lo precedió, la consecuencia resulta diversa comoquiera que el efecto viene a ser la ineficacia del acto del despido y no su injusticia. Ello hace que, de suyo, el fenómeno de la prescripción tenga también causas y desenlaces diferentes.
Ya esta misma Sala con antelación (CSJ SL1771-2018), al resolver una discusión propuesta respecto de igual instrumento convencional y frente al mismo extremo pasivo, relacionada con el término prescriptivo del reintegro de carácter legal versus aquel instituido de forma extralegal, sentó:
Sobre esta arista del debate, importa aclarar que lo que funda el pleito traído a conocimiento de la administración de justicia, claramente no se trata de un reintegro motivado en el artículo citado, sino, en el acta de acuerdo convencional final aplicable en la compañía entre el 1º de julio de 2005 y el 30 de junio de 2010, en cuyo parágrafo primero de la cláusula sexta, se dispone:
Parágrafo Primero:
Carecerán de valor las sanciones disciplinarias o retiros por justa causa que se impongan pretermitiendo estos trámites. Mientras se encontrare pendiente de resolver cualquiera de los recursos anteriores, siempre que hubiere sido interpuesto en tiempo hábil y ante la dependencia adecuada, la Empresa no podrá aplicar la sanción.
Así lo dejó sentado el ad quem que oportunamente deslindó los efectos del reintegro con origen convencional y aquel con origen legal, como el que reclamó la sociedad recurrente, y respecto del cual sí tiene plena aplicación una prescripción especial perentoria de tres meses.
Luego, si el reintegro en su fuente no es de origen legal sino de origen convencional, resulta por demás evidente que se rige por las reglas previstas en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, por el término de tres años. Así lo tiene dicho la Corporación, entre otras, en las sentencias CSJ SL16606-2017, CSJ SL7805-2016 y CSJ SL488-2013. Distinto sería, que la misma norma convencional supeditara el reintegro a la aplicación de la norma legal misma, como ocurrió en otrora aplicable régimen convencional en la misma empresa demandada, respecto del cual esta misma Corporación aclaró en providencia CSJ SL, 13 julio 2000, radicación 13957; que, en aquellos precisos eventos, exclusivamente, sí era aplicable el término prescriptivo que hoy, décadas después, pretende la censura.
De hecho, en la mencionada providencia CSJ SL, 13 jul. 2000, radicación 13957, la Sala precisó con puntualidad que,
De manera, que cuando el Tribunal concluyó, que el término especial de prescripción consagrado en el numeral 7° del art. 3° de la Ley 48 de 1968 no era aplicable al reintegro deprecado por el actor, porque tal modalidad prescriptiva no se extiende al reintegro pactado en convenciones colectivas, interpretó erróneamente esta disposición y el numeral 5° del artículo 8° del decreto 2351 de 1965, ya que dedujo del contenido de tales preceptos un entendimiento que no es el que se aviene con el análisis lógico de los mismos frente a la remisión que a la ley se hace, en el presente caso, por la norma convencional atrás transcrita; y, consecuencialmente, aplicó indebidamente el artículo 488 del C.S. del T.
De esta forma, en principio no se equivocó el ad quem cuando consideró prescrita la acción de reintegro convencional por el decaimiento en juicio del despido que se reputaba justo. Sin embargo, vale aclarar por la Sala que dicho fenómeno extintivo sólo tendría ocurrencia bajo el estricto escenario en el que el trámite convencional se hubiere cumplido a cabalidad y el despido hubiere resultado injusto, como lo pensó el Tribunal.
De lo anterior resulta que el reintegro que reclama la demandante sólo sería viable en la medida en que, como se dijo, resultaran incumplidos los términos o pretermitidas las etapas del procedimiento convencional para el despido, de lo que pasa a ocuparse la Sala.
2. El trámite disciplinario convencional
La censura para demostrar el yerro que le atribuye al ad quem en la valoración del trámite disciplinario convencional, concentra sus esfuerzos en la discusión relacionada con el inicio del trámite disciplinario, lo que a su turno, se contrae al análisis sobre cuándo tuvo noticia el empleador del incumplimiento de la trabajadora para desencadenar las etapas del proceso disciplinario.
Pues bien, a este respecto recuerda la Sala que el Tribunal consideró cumplidos los requisitos del trámite disciplinario previsto en la cláusula sexta de la Convención Colectiva aplicable a la trabajadora, tras declarar que sólo a partir del 1º de julio de 2008 la empresa tuvo noticia de las razones por las cuales la demandante no se presentó al servicio de la demandada durante los días 24, 25, 26 y 27 de junio del mismo año, cuando envió una misiva a la División de Auxiliares de Vuelo de la sociedad demandada.
La censura insiste en que la compañía fue negligente para dar inicio al trámite disciplinario comoquiera que tuvo conocimiento de la presunta falta de la demandante con antelación a aquella fecha. Para ello, además de la denuncia de todos los documentos del trámite disciplinario en sí mismo, trajo a colación los documentos relacionados con el registro de tripulantes de los vuelos AV 010 y AV 011 de los días 21 y 23 de junio de 2008 en la ruta circular Bogotá-Madrid-Bogotá, respectivamente; y el denominado «Consulta asignaciones vuelo y tierra» de la demandante. De estos, en su orden, dedujo que el ad quem se equivocó al no advertir que la planta de tripulantes no contó en el regreso con la actora el 23 de junio de 2008, cuando sí lo fue en la ida el día 21.
Previo al estudio pormenorizado de las pruebas que denuncia la censura como mal apreciadas o no apreciadas por el Tribunal, lo primero que advierte la Sala es que todo el caudal señalado por la recurrente y lo razonado por el ad quem, evidencia que se trata de dos procesos disciplinarios diferentes, ocasionados en la inasistencia de la demandante por los días ya citados, pero que fueron investigados de forma independiente por la sociedad. Esta precisión es relevante en la medida en que una fue la actuación disciplinaria por la ausencia de la actora los días 23 y 25 de junio de 2008 y otra, por su no comparecencia durante los días 26 y 27 del mismo mes y año. Fue sobre este último período que se desató el trámite disciplinario que desembocó con la finalización del contrato de trabajo por justa causa.
En efecto, la primera citación a descargos a la que se convocó a la trabajadora tuvo como fecha el 26 de junio de 2008, respecto de la inasistencia reportada «por la División de Auxiliares de Vuelo» por los días 23 y 25 de junio de aquel año. La audiencia especial a la que fue convocada la trabajadora se programó para el 8 de julio de aquella calenda. Para este evento, la sociedad demandada contó con el conocimiento de la ausencia de la trabajadora desde el 25 de junio, cuando fue reportado por el funcionario Darío Mendoza mediante comunicación electrónica.
Distinta resulta ser la comunicación del 2 de julio de 2008 en la que la trabajadora es citada –nuevamente- a una diligencia de descargos por el su inasistencia para «[…] cumplir con las asignaciones de los días 26 de junio de 2008 (Vuelo 025 BOG-LIM) y 27 de junio de 2008 (Vuelo 025 BOG-LIM)» por el cual fue convocada a comparecer el día 11 de julio del mismo año a la audiencia especial prevista en el trámite convencional. Esta última citación se motivó, según la compañía, en la «información entregada por la División de Control de Vuelos».
En lo sucesivo, encuentra la Sala que el procedimiento disciplinario al que hizo referencia el ad quem y que concluyó con la finalización del contrato de trabajo de la actora por justa causa, se siguió conforme a los términos convencionales previstos para ello, lo que, incluso, no fue siquiera puesto en duda o discutido por la organización sindical a la que estaba afiliada la trabajadora y acompañó activamente el juicio disciplinario seguido en contra de esta.
Habiendo sido, entonces, dos los procesos disciplinarios adelantados por la sociedad demandada en contra de la trabajadora por inasistencias en días diferentes y con incumplimientos respecto de asignaciones de vuelo distintas, era completamente válido que el empleador, contabilizara los términos convencionales de cada uno de ellos de forma autónoma, como efectivamente lo hizo.
Sobre este particular debe recordar la Corte que si bien es cierto que la justificación proveída por la trabajadora para su inasistencia durante los días 23, 24, 25, 26 y 27 de junio de 2008 se fundó en el mismo hecho –la detención preventiva por las autoridades españolas-, los incumplimientos que se derivaron de aquella ausencia podían ser claramente distinguibles en tanto se trataba de asignaciones de vuelo diferentes y programaciones diversas, todo lo cual dependía exclusivamente de la manera en que para este evento en particular, se encontraba organizada la forma de trabajo por parte del empleador.
Nótese cómo, por ejemplo, a la demandante no se le imputó en ninguno de los dos procesos disciplinarios, un presunto incumplimiento por el día 24 de junio de 2008, fecha en la que la trabajadora se encontraba detenida preventivamente por la policía española pero no tenía asignación de viaje, luego, a juicio del empleador no se concretó contravención alguna que fuera disciplinable. De esta manera, resulta evidente que el empleador –quien es el que por ministerio de la ley tiene la capacidad y facultad de administrar la organización del trabajo y el recurso humano, con respeto a lo previsto en la Constitución y la Ley-, bien podía coordinar la gestión disciplinaria como lo hizo.
En este sentido, el trámite convencional iniciado por la empresa el 2º de julio de 2008 con base en los incumplimientos reprochados a la actora por los días 26 y 27 de junio del mismo año –y que fue el que, a la postre, motivó la configuración de la justa causa alegada por la empresa-, ciertamente no resultó pretermitido o contrahecho en la medida en que se cumplieron los términos exigidos por la Convención Colectiva, incluyendo el inicio del procedimiento extralegal, dado que no se muestra desacertada la conclusión del ad quem al considerar que la única prueba fehaciente existente en el proceso sobre el conocimiento del empleador respecto de la inasistencia de la demandante los días 26 y 27 de junio de 2008 se ratificó con la misiva de la actora el día 1º de julio de aquella calenda.
Ello es así por cuanto a pesar de informarse a la actora en la carta de inicio del proceso disciplinario del 2º de julio de 2008 que «[…] de acuerdo con la información entregada por la División de Control de Vuelos» se daría trámite al mismo, en el expediente no reposa prueba de la supuesta información proveída por aquella división, pero sí la carta de la trabajadora del día anterior en la que explicaba las razones para no asistir los ya citados días 23, 24, 25, 26 y 27 de junio, lo que resultó suficiente para el Tribunal para confirmar que al menos desde el 1º de julio tuvo certeza la empresa del conocimiento de la falta, y por ende, habilitar el juicio disciplinario. Es pues, adecuada la conclusión del ad quem en este sentido, pues como quedó dicho, se trató de dos procesos disciplinarios independientes adelantados en contra de la actora, el primero, por los incumplimientos de los días 23 y 25 de junio y, el segundo, por las faltas de los días 26 y 27 del mismo mes y año.
Las demás probanzas en el juicio que fueron acusadas por la recurrente como mal apreciadas por el ad quem no son ilustrativas de nada distinto a lo ya mencionado, en tanto se dirigen en su integridad a intentar demostrar que el proceso disciplinario adelantado por la empresa pretermitió los términos convencionales pero partiendo de la base de que se trató de un único juicio disciplinario y que el conocimiento del empleador se dio con antelación al 1º de julio de 2008; todo lo cual queda sin sustento en la medida en que, como quedó ampliamente explicado, verdaderamente hubo dos trámites disciplinarios independientes y fue el último el que tuvo la virtualidad de finalizar el contrato de trabajo de la actora, sin desdecir del derrotero extralegal que estaba la empresa llamada a observar.
Finalmente, en lo que tiene que ver con los testimonios de Bibiana del Carmen Donado Murillo, María Consuelo Moreno Ojeda y Sandra Rodríguez Huertas, denunciados como mal apreciados por el ad quem, debe recordarse que su examen en casación, en principio, le está vedado a la Corte dada la restricción que contiene el artículo 7 de la Ley 16 de 1969. Y, como no se ha demostrado error de valoración de la prueba calificada que permita poner en entredicho la providencia atacada, dicha prohibición debe mantenerse.
Las razones expuestas son suficientes para dar al traste con los cargos planteados.
CUARTO CARGO
De manera subsidiaria acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos «[…] 1°, 13, 19, 64, 127, 128 y 147 del CST, 6° de la Ley 50 de 1.990, 8° del Decreto 351 de 1.965, (3° Ley 48 de 1,968) y 28 de la Ley 789 de 2.002, 8° y 17 de la Ley 153 de 1.987, 1613,1614,1617,1626,627, 1649 y 1657 del C.C.».
Cómo error de hecho mencionó:
Dar por demostrado, contra la evidencia, que el salario devengado por la demandante a la fecha de su despido fue de $718.069 mensuales.
No dar por demostrado, estando fehacientemente, que el salario devengado por la demandante a la fecha de su despido era de $2’754.118 mensuales.
Rescató como pruebas no apreciadas:
La demanda y su contestación (folios 2 a 15, y 138 a 161 del cuaderno principal), del documento de folio 30 ibídem, del interrogatorio de parte absuelto por el Representante Legal de la demandada (folio 392 del cuaderno principal, minutos 2.34 a 5.47 del ítem 1 y minutos 00 a 12.41del ítem 2 del C.D. de la audiencia de 23 de enero de 2.013, reproducida mediante Windows Media).
Inició la demostración del cargo recordando que el Tribunal categorizó el despido como sin justa causa, sin embargo, al momento de establecer el valor de la indemnización tomo como base un salario mensual de $718.069 mensuales. Al respecto, se remitió a la demanda inicial, que en su hecho 8º se dispuso como salario en el último año de servicio la suma de $2.754.168, hecho que fue refutado por Avianca S.A. en su escrito de contestación.
Sin embargo, en el interrogatorio de parte absuelto por la parte demandada, esta confesó que el salario que tomó como base para la liquidación de prestaciones sociales fue el monto de $2.754.168, tal y como se apreciaba en el documento visible a folio 30 del cuaderno principal. Anotó que el Tribunal apreció equívocamente el escrito de la demanda y su contestación al deducir que el salario era el básico de $718.069, ya que, los medios probatorios demostraron que en realidad devengaba la suma de $2.754.168.
Precisó que:
Para establecer cuál es el salario con que debe liquidarse la indemnización por despido, la H. Sala de Casación Laboral ha dispuesto que deben incluirse todos los factores que remuneran el servicio y no solamente el sueldo básico como lo decidió el Tribunal acusado (Sentencia de 2 de julio de 2.008 radicación 31089), doctrina de una justicia, legalidad y equidad incontrovertible, cuya vigencia y necesidad de aplicación hacen patentes en este caso en el cual el verdadero salario devengado por la trabajadores fue cuatro veces superior al básico con el cual el Tribunal acusado liquido la indemnización por despido.
Agregó que en el expediente no reposaba otra prueba que soportara la sentencia en la que se decidió que la liquidación debía hacerse con la base de un sueldo básico y no el que realmente devengaba al momento de su desvinculación de la entidad. Concluyó que, la errónea apreciación de pruebas llevó al Tribunal a incurrir en numerosos errores de hecho, y consecuente a aplicar indebidamente los preceptos legales.
RÉPLICA
Respecto del cuarto cargo, la oposición indicó que no existía confesión alguna por parte del representante legal de Avianca S.A. ya que en sus respuestas no expresó que el salario que devengaba la recurrente era mayor al que tuvo en cuenta tanto el juzgado como el Tribunal.
Anotó además que entre las consideraciones del Tribunal este indicó que la parte actora no arrimó la convención colectiva, en la que aseguró que se encontraba la figura del salario mínimo garantizado a su favor, por lo tanto, era improcedente la petición. Concluyó, que el Tribunal cumplió su función en debida forma, y su actuar fue acorde a derecho.
CONSIDERACIONES
No le asiste razón a la oposición cuando exige para el estudio del cargo que se hubiera aportado una convención colectiva para acreditar el salario mínimo garantizado que es pretendido, dado que la discusión se conduce por otro camino y tiene que ver, precisamente, con establecer si de las pruebas hábiles en casación puede deducirse lo que propone la censura.
En claro lo anterior, para la Corte, el cargo propone como problema a resolver el de establecer si se equivocó el ad quem al tasar la indemnización por despido injusto con base en un salario que ascendió a $718.069 y no sobre la suma de $2.754.168.
El raciocinio del Tribunal para proceder como lo hizo se fundó en que el salario pretendido subsidiariamente por la demandante en cuantía de un «salario mínimo garantizado» no resultó probado en el expediente con la demostración del texto convencional que lo consagraba. Así mismo, no tuvo en cuenta el salario señalado en la liquidación definitiva de acreencias laborales comoquiera que, igualmente, no obraba prueba de aquel tipo de salario y las condiciones en las que se causaba.
Para acreditar los yerros del Tribunal en el citado raciocinio, la recurrente insistió en lo sentado en la demanda y su contestación, la liquidación de prestaciones sociales y acreencias laborales del 15 de agosto de 2008, corroborada por el representante legal de la sociedad demandada en interrogatorio de parte.
Para resolver sobre el particular, la Sala comienza por advertir que de la estructuración del cargo se colige que, ciertamente, ningún instrumento extralegal existente en el expediente consagra un «salario mínimo garantizado», comoquiera que ninguna de las convenciones colectivas que reposan en el plenario fue denunciada como mal apreciada o huérfana de análisis para fundar el ataque. Luego, el yerro del Tribunal lo atribuye la censura a otros medios de prueba diversos a aquellos, como quedó dicho.
Entre aquellos, se encuentra la demanda inicial que sí resultó mal apreciada en razón a que al Tribunal le pareció suficiente encontrar allí que el salario aceptado por la empresa empleadora fue la suma de $718.069, pasando por alto que el documento acreditativo del cálculo de las acreencias laborales que citó el ad quem y al que hizo referencia la censura, a su turno, refleja como «salario básico» la suma de $718.069 y bajo el concepto de «salario mínimo garantizado» la cuantía de $1.188.044, al tiempo que incluye como «salario para liquidación de vacaciones» la suma de $2.786.951 y como «salario para liquidación», $2.754.168. Lo dicho, sin necesidad de más disquisiciones, es suficiente para imprimirle prosperidad al cargo.
En efecto, teniendo la información suficiente a su alcance, equivocó el ad quem su juicio cuando dejó de ver que el salario con el que debía liquidar la indemnización por despido injusto que reconoció a favor de la demandante, correspondía ciertamente a aquel que era el promedio salarial mensual del último año, y no, el salario básico del que hizo uso, dejando de lado los demás ingresos retributivos del servicio y que debían ser allí considerados.
Por las razones expuestas se casará la sentencia exclusivamente respecto de lo aquí expuesto.
Sin costas en el recurso extraordinario comoquiera que salió avante una de las acusaciones.
SENTENCIA DE INSTANCIA
Las mismas consideraciones que sirvieron de base para casar la sentencia impugnada en la forma como quedó dicho, son procedentes para fundar la decisión en instancia, lo que se traduce específicamente en recalcular el valor de la indemnización por despido sin justa causa, para tomar como salario base de liquidación para esta acreencia laboral, la suma del promedio mensual del salario del último año de servicios, equivalente a la suma de $2.754.168.
Ciertamente, revisado el texto de la demanda inicial, encuentra la Corte que sólo en el hecho 8º de la misma la actora señaló que devengó un salario de $2.754.168 durante el último año de servicios, lo que fue desmentido por la sociedad demandada al contestar la demanda, indicando que «[…] el salario de la ex trabajadora se integraba con varios elementos variables» siendo su salario básico la suma de $718.069; lo que bastó al Tribunal para la liquidación de la condena que impartió.
A su turno, de la liquidación de acreencias laborales, como se dijo, refleja como «salario básico» la suma de $718.069 y bajo el concepto de «salario mínimo garantizado» la cuantía de $1.188.044, al tiempo que incluye como «salario para liquidación de vacaciones» la suma de $2.786.951 y como «salario para liquidación», $2.754.168.
Del citado documento se colige, además, que existe un cálculo de las «ganancias durante el último año de servicios» el cual se compone de los ingresos salariales por un total de 326 días, lo que arroja un promedio mensual de salario equivalente a $2.754.168, misma cifra que es identificada en el texto del documento como «salario para liquidación». Este guarismo, a no dudarlo, es el pertinente para desatar la liquidación de la indemnización por despido sin justa causa, en la medida en que es la cifra que refleja más fielmente lo devengado realmente por el trabajador, dado que se trata del promedio de los ingresos salariales de la demandante durante el último año.
Así lo ha considerado esta Corporación con antelación para liquidar este tipo de acreencias laborales (CSJ SL1099-2019, CSJ SL4849-2018, CSJ SL13918-2017; CSJ SL, 13 feb. 2013, radicación 39980; CSJ SL, 2 jul. 2008, radicación 31089).
Ahora bien, comoquiera que no fue materia de discusión en la sede extraordinaria el régimen indemnizatorio aplicable, la reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa se sujetará a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo con la modificación introducida por la Ley 50 de 1990, conforme lo señala el parágrafo transitorio del artículo 28 de la Ley 789 de 2002.
Así las cosas, para la indemnización que corresponde liquidar con arreglo al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por la Ley 50 de 1990 con arreglo al parágrafo transitorio del artículo 28 de la Ley 789 de 2002, se tendrán en cuenta los extremos temporales del contrato que corresponden al 21 de noviembre de 1989 y el 15 de agosto de 2008, así como salario ya citado en la modalidad de salario ordinario.
Con base en ello, resulta aplicable el literal d) del citado artículo que señala como regla de indemnización que «Si el trabajador tuviere diez (10) o más años de servicio continuo se le pagarán cuarenta (40) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción». Ello arroja como cuantía de la indemnización la suma de $69.258.144,64 resultante del cálculo sobre 18 años y 265 días de servicio, a lo que corresponden 754,4 días de indemnización; lo que deberá ser indexado desde el 16 de agosto de 2008 y hasta que se realice el pago efectivo.
Sin costas en la instancia comoquiera que no se causaron.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el tres (3) de mayo de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARTHA LILIANA MORENO OJEDA en contra de la sociedad AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.-AVIANCA S.A-, en cuanto se liquidó la indemnización por despido sin justa causa a favor de la recurrente con un salario inferior al que se debía tomar. No la casa en lo demás.
En sede de instancia, la Sala resuelve REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 28 Laboral Adjunto Oral de Bogotá el 22 de marzo de 2013, y en su lugar se dispone:
PRIMERO: CONDENAR a la sociedad AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.-AVIANCA S.A- a reconocer y pagar a favor de la demandante MARTHA LILIANA MORENO OJEDA la suma equivalente a $69.258.144,64 de forma indexada desde el 16 de agosto de 2008 y hasta que se realice el pago efectivo, a título de indemnización por despido injusto prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.
SEGUNDO: ABSOLVER a la sociedad demandada de las demás pretensiones elevadas en su contra.
Costas en las instancias como quedó dicho en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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