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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3458-2020

Fecha
16 de septiembre de 2020
Magistrado ponente
Jimena Isabel Godoy Fajardo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3458-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 21 de marzo de 2018, dentro del proceso que promovió FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA – FIDUAGRARIA S.A. y SOCIEDAD FIDUCIARIA POPULAR SA – FIDUCIAR S.A. – como integrantes del CONSORCIO REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN – PAR, que actúa como administrador y vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR – TELECOM, en contra de FERNANDO AUGUSTO TREJOS SANTA. Costas, como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3458-2020

Magistrado ponente: Jimena Isabel Godoy Fajardo

16 de septiembre de 2020

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

Magistrada ponente

SL3458-2020

Radicación n.°81404

Acta 34

Estudiado, discutido y aprobado en Sala virtual.

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por FERNANDO AUGUSTO TREJOS SANTA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 21 de marzo de 2018, en el proceso que en contra del recurrente adelantaron la FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. y la SOCIEDAD FIDUCIARIA POPULAR S.A – FIDUCIAR S.A. – como integrantes del CONSORCIO REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN – PAR, que actúa como administrador y vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR – TELECOM.

ANTECEDENTES

Las Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario SA – FIDUAGRARIA SA y Sociedad Fiduciaria Popular SA – FIDUCIAR SA – como integrantes del Consorcio Remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidación – PAR, que actúa como administrador y vocero del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR – TELECOM, llamaron a juicio a Fernando Augusto Trejos Santa (f.°2 a 10, subsanada a fl.°60), con el fin de que se declarara que «está obligado a reintegrar al PAR TELECOM la suma de DOSCIENTOS NIVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($291.966.273)».

Consecuentemente, además del pago del capital requerido, solicitaron fuera condenado a los «intereses moratorios liquidados a la máxima tasa fijada por la Superintendencia Financiera», desde la fecha en que quedó en firme la sentencia «S 377 DE 2014», hasta el momento del pago, junto con las costas.

Como fundamento de las pretensiones, se expuso que Fernando Augusto Trejos Santa, fue trabajador de la empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom, desempeñó como último cargo, el de Profesional V – Grupo Conmutación y Electromecánica – Pereira Sede de Gerencia, hasta el 25 de julio de 2003, fecha en la cual, en cumplimiento de los Decretos 1615 y 2062 de 2003, se le terminó el contrato y le pagaron «todos, sus salarios, prestaciones sociales legales y extralegales e indemnización correspondiente».

Relataron que, con posterioridad, el ex trabajador adelantó acción de tutela en contra del PAR TELECOM, cuyo fundamento fue la violación del derecho a la igualdad, por no habérsele ofrecido el Plan de Pensión Anticipada, trámite que en primera instancia correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel, que ordenó concederle la prestación.

Adujeron que en cumplimiento de la orden de amparo constitucional, el «PAR TELECOM» incluyó al accionante en el Plan de Pensión Anticipada, y le pagó $291.966.273, «por concepto de mesadas pagadas por nómina», y que previa impugnación, la providencia fue confirmada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel.

Informaron que «Mediante sentencia de Unificación SU377 de 12 de junio de 2014, la Corte Constitucional REVOCÓ los fallos proferidos a favor del demandado», por lo cual, quedó sin sustento jurídico el pago a él efectuado y por ende, una vez notificada la sentencia, el convocado a juicio «debió devolver los dineros cancelados (…) sin que a la fecha lo haya efectuado».

Fernando Augusto Trejos Santa, al dar respuesta a la demanda (f.°68 a 75), se opuso a las pretensiones. De los hechos, aceptó: la calidad de trabajador oficial, el cargo, la fecha de retiro, que la entidad quedó a paz y salvo al terminar el contrato, la acción de tutela, el pago de los $291.966.273, la impugnación, la decisión de segundo grado, y que la Corte Constitucional en sentencia de tutela CC SU-377-2014, revocó los fallos proferidos en su favor.

Como argumentos de defensa, manifestó que la acción incoada, denominada «acción de enriquecimiento sin causa», no existe en el ámbito del derecho laboral, sino en el derecho privado, y para su configuración, de acuerdo con la sentencia CC T-219-1995, tiene tres requisitos, que son: un enriquecimiento o aumento de un patrimonio, un empobrecimiento correlativo de otro, y que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir sin fundamento jurídico.

Anota que en este evento no se puede afirmar que los pagos se hayan efectuado «sin causa y sin fundamento jurídico», sino que, por el contrario, se encuentran soportados en las sentencias de tutela de primera y segunda instancia que ampararon los derechos para que fuera incluido en el plan de pensión anticipada, lo que constituye «causas jurídicas legítimas y eficientes», por ende, lo sufragado goza de plena validez, y configura un actuar de buena fe.

Planteó como excepciones de mérito la de prescripción, y la que denominó: «FALTA DE CAUSA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, Y COBRO DE LO NO DEBIDO».

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, concluyó el trámite y emitió fallo el 5 de septiembre de 2017 (CD a f. 86), en el que resolvió:

PRIMERO: ORDENAR al señor FERNANDO AUGUSTO TREJOS SANTA que proceda a devolver la suma de $291.966.273,00 que recibió del PAR TELECOM en virtud del plan de pensión anticipada que había sido atendido vía constitucional.

SEGUNDO: ORDENARLE al señor FERNANDO AUGUSTO TREJOS SANTA que proceda a reconocer y pagar intereses moratorios sobre la suma anterior conforme a los que estén vigentes para el momento en el que haga el pago efectivo de la obligación.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito que fueron planteadas por el demandado frente a las reclamaciones que le hizo directamente el PAR TELECOM a través de FIDUAGRARIA SA. Y FIDUACIAR SA.

CUARTO: CONDENAR en costas procesales (…).

Disconforme, el demandado apeló.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Para resolver el recurso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, profirió fallo el 21 de marzo de 2018 (CD a f.º 7, su cuaderno), en el que decidió:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 5 de septiembre de 2017, en el sentido de CONDENAR al señor FERNADO AUGUSTO TREJOS SANTA a pagar a favor de las entidades accionantes integrantes del CONSORCIO DE REMANENTES DE TELECOM, los intereses corrientes previstos en el artículo 2318 del Código Civil, sobre la suma de $291.966.273.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia recurrida en todo lo demás.

TERCERO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 100%.

En lo que estrictamente interesa al trámite, el colegiado expresó que, el problema jurídico consistía en determinar si procedía ordenarle a Fernando Augusto Trejos Santa, devolver a las demandantes la suma $291.966.273.

Para solucionar el cuestionamiento, dijo que debía acudir a la teoría del enriquecimiento sin justa causa, especialmente, a lo dicho en sentencia de 22 de julio de 2009, con radicado interno 35026 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que sostuvo que procediera, se debían reunir los siguientes requisitos: 1. El enriquecimiento de un patrimonio; 2. El empobrecimiento de otro patrimonio; 3. Que ese desequilibrio adolezca de causa jurídica; 4. Que se carezca de una fuente Autónoma y definida para reclamar la obligación; 5. Qué quién reclama la retribución de lo entregado no haya generado con su comportamiento el relacionado enriquecimiento, caso en el cual no habrá lugar a la restitución.

Memoró que en sentencia de tutela, de 1 de septiembre de 2009 (f.° 47 a 55), el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel, consideró que Fernando Augusto Trejos Santa, ordenó al Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación, lo incluyera dentro del plan de pensión anticipada, a pesar de no encontrarse en el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, decisión que fue confirmada por el Juzgado Promiscuo del Circuito Ayapel, en fallo del 29 de septiembre del 2009 (f.°41 46). Recordó que, como obraba en certificado (f.°29), en cumplimiento del fallo de tutela se incluyó a Trejos Santa, en el plan pensional y se pagó la suma de $291.966.273.

Refirió que al revisar el caso del demandado, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia CC SU-377-2014, decidió que él no llenaba la totalidad de los requisitos para acceder al plan de pensión anticipada, por cuanto no era beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque a 1 de abril de 1994 no tenía 40 años de edad, ni 15 de servicios, consecuentemente, revocó la decisiones que otorgaron el amparo.

Agregó que, en auto 503 de 22 de octubre de 2015, al resolver la solicitud de aclaración y adición de la sentencia, la citada Corporación explicó que aunque no dispuso en esa providencia la restitución de las sumas entregadas, las entidades encargadas de la administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, estaban facultados para reclamar la restitución de esos dineros haciendo uso de los instrumentos legales, en aplicación de la teoría del enriquecimiento sin justa causa.

Procedió a verificar, si estaban configurados los requisitos que puntualizó al comienzo de la providencia, así:

1. Enriquecimiento de un patrimonio y correlativo empobrecimiento de otro. Anotó que, en virtud del cumplimiento de las órdenes de amparo, el patrimonio de Trejos Santa, tuvo un incremento de $291.966.273, correlativo al detrimento en igual cantidad del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom.

2. Falta de causa jurídica. El desequilibrio patrimonial adolece de causa jurídica pues como lo estableció la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia CC SU-377- 2014, el demandado no reunía la totalidad de requisitos exigidos para el plan de pensión anticipada, y aunque los jueces de tutela, ordenaron el pago, ello no podía entenderse como una especie de causa jurídica transitoria, pues las providencias podían ser objeto de revisión, como en efecto aconteció.

3. Inexistencia de fuente autónoma y definida para reclamar la obligación compensatoria. Manifestó que de acuerdo a la providencia pluricitada de la Corte Constitucional, y el mencionado auto, las entidades pagadoras, estaban habilitadas para buscar la restitución de los dineros cancelados.

4. Como punto final, esclareció que estaba demostrado que el pago realizado no operó por un errado proceder de las voceras del PAR TELECOM, sino por el obligado cumplimiento de la orden de tutela.

Expuso que una vez demostrados las condiciones previstas en «la teoría del enriquecimiento sin justa causa», no le asistía duda de que Fernando Augusto Trejos Santa, debía devolver los $291.966.273, que el consorcio de remanentes de Telecom, desembolsó en su favor.

De los intereses moratorios, que fueron ordenados en primera instancia dijo que era de recordar que el artículo 2318 del código civil prevé: «El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad. Si ha recibido de mala fe debe también los intereses corrientes».

Para analizar si el demandado había procedido o no de buena fe, recordó que en el «punto 162.13», de la sentencia CC SU-377-2014, la Corte tuvo por demostrado, que el aquí demandado, inició proceso ordinario laboral tendiente a que se le incluyera en el plan de pensión anticipada, en tal trámite se declaró la nulidad por falta de legitimación en la causa por pasiva, ante ese panorama, no presentó nueva demanda ante el juez natural, como correspondía, sino que, de manera inexplicable decidió solicitar el reconocimiento del mencionado plan anticipado, con el pago de las mesadas, ni siquiera de manera transitoria, ante la jurisdicción constitucional.

Agregó que de forma sorprendente, promovió la acción de tutela «ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel Córdoba, lugar este que nada tenía que ver con el lugar en que presuntamente se presentaba la violación o amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales (…) pues el sitio en el que prestó sus servicios y se ubicaba su domicilio era la ciudad de Pereira en donde desempeñaba el cargo de profesional 5 (…)», así como tampoco, era el domicilio de la accionada.

De lo expuesto, coligió en el comportamiento del demandado lo ubicaba en el plano del actuar de la mala fe en los términos establecidos en el artículo 2318 del código civil, motivo por el que debía pagar intereses corrientes sobre la suma a restituir.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Fernando Augusto Trejos Santa, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

El recurrente pretende que la Corte case el fallo impugnado, en sede de instancia, proceda a «Declarar probada la Excepción de Falta de Causa, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido», y en consecuencia se absuelva al demandado por todo concepto.

Con tal propósito formula un cargo, que fue replicado por la parte activa.

CARGO ÚNICO

Por la vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos 83 de la CP, y 769 del CC, en relación con los artículos 1, 9, 18, 19, 20, 21 y 55 del CST, 2318 del CC, 48, 53, y 58 de la CP.

Como causa eficiente de la violación normativa, enlista los siguientes «errores de hecho»:

1) No dar por demostrado, estándolo, que el señor FERNANDO AUGUSTO TREJOS SANTA, recibió a título de mesadas pensionales unos dineros que tuvieron como causa jurídica, legítima y válida, sentencias de Tutela expedidas por los Jueces de la República que se constituyeron en justo título, donde se tutelaron el derecho al mínimo vital, vida digna, derecho a la igualdad, seguridad social y derechos adquiridos.

2) Dar por demostrado, no siendo así que el señor FERNADO AUGUSTO TREJOS SANTA obró de mala fe, al instaurar acción de Tutela tendiente a lograr que se le incluyera en el Plan de pensiones anticipadas del PAR Telecom.

3) No dar por demostrado, estándolo que el señor FERNANDO AUGUSTO TREJOS SANTA, obró con absoluta buena Fe al instaurar acción de Tutela tendiente a lograr que se le incluyera en el Plan de pensiones anticipadas del PAR Telecom.

Sostiene que los anteriores yerros fueron consecuencia de la errónea valoración de: «CD – Sentencia SU 377 del 12 de junio de 2.014 proferida por la Corte Constitucional»; fallo de tutela de fecha 1 de septiembre de 2009, del Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel, sentencia de tutela del 29 de septiembre de 2009, del Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel.

En el desarrollo argumenta, que el Tribunal para tomar su decisión de fondo, partió de unas premisas falsas al apreciar erróneamente la prueba documental singularizada, especialmente la sentencia CC SU-377-2014, por cuanto «concluyó de manera ligera, que en el proceso no se demostró la existencia de una causa con fundamento jurídico que diera lugar al reconocimiento de unos dineros que ingresaron al patrimonio del trabajador» y aunado a ello, «sin hacer una real apreciación» de la providencia atrás citada, infirió un obrar de mala fe.

A renglón seguido manifiesta que la que denominó la parte demandante «acción de enriquecimiento sin causa», no se encuentra consagrada en el ordenamiento jurídico laboral, sino en materia civil y en el código de comercio, en el artículo 882, y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el accionante debía acreditar para su procedencia, de acuerdo a sentencia CC T-219-1995, tres elementos: 1) un enriquecimiento o aumento de patrimonio; 2) un empobrecimiento correlativo, 3) que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico.

Anota que no podía afirmarse que los pagos se hubieren efectuado sin causa y sin fundamento jurídico, sino que por el contrario, en las sentencias de tutela aportadas al proceso, se observa que se accedió al amparo de los derechos fundamentales de Fernando Trejos Santa, y ordenaron al PAR TELECOM, que fuera incluido en el plan para pensión anticipada, y al pago de las mesadas, «decisiones que en sí mismas se constituyen causas legítimas, jurídica y eficientes», para justificar el pago, y «gozan de plena validez jurídica y que bajo ninguna circunstancia fueron el resultado de un actuar de mala fe».

Manifiesta que en un caso similar al analizado, en el que a un trabajador se le reconoció la pensión vía fallo de tutela en contra del PAR Telecom, que formaba parte de las providencias que revisó la Corte Constitucional en sentencia CC SU-377-2014, la Corporación antes mencionada, en sentencia proferida dentro del expediente T-6508928, enseñó que «los dineros pagados al trabajador fueron producto de un título jurídico cuyo reconocimiento y revocatoria no compromete su responsabilidad ni le es imputable al mismo», lo anterior, por cuanto «las prestaciones por él recibidas se derivaron de una orden judicial proferida por el juez de tutela que, no obstante haber sido revocada por este Tribunal, produjo efectos jurídicos en el interregno en que estuvo vigente».

Argumenta que en el sub examine, los fallos que inicialmente ampararon sus derechos constituyen justo título y buena fe. Transcribe en extenso pasajes de la sentencia de tutela a que alude y con apoyo en ella arguye que «el fallo señalado es totalmente aplicable al caso que nos ocupa, en razón a que se trata de los mismos hechos y fenómenos jurídicos».

A renglón seguido, esgrime que «la falta de apreciación» de la sentencia CC SU-377-2014, condujo a afirmar que el recurrente obró de mala fe simplemente por haber instaurado acción de tutela en un domicilio diferente al suyo y por haber radicado una acción ordinaria antes de la acción de tutela. Expresa que, contrario a lo descrito, la Corte Constitucional en el numeral 162.13 del fallo atrás mencionado, explicó que en su situación «(…) esta tutela cumple con las exigencias de inmediatez y por lo mismo no es improcedente por este motivo», y que la misma Corte, frente al factor de competencia territorial, relató:

[…] la corte constitucional está obligada a presumir la buena fe de los sujetos que intervienen en los expedientes citados, en calidad de jueces y de partes o de apoderados de las partes (CP art. 83).

Pero al mismo tiempo está en el deber de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución (CP art. 241), dentro de cuyos preceptos está el deber de toda persona de colaborar con el buen funcionamiento con la administración de justicia (CP art. 95-7).

En vista de ello aunque la Corte procederá en estos casos con la premisa de que no se violaron las reglas de competencia en materia de tutela, les dará noticias de estos patrones inusuales a las autoridades de control. En la parte resolutiva de esta sentencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenará compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior […].

Expone que, en armonía con lo transcrito, la Corte Constitucional en la providencia en cita, en la parte resolutiva, estableció la lista de aquellos trabajadores que actuaron de manera temeraria, sin que allí aparezca el señor Fernando Augusto Trejos Santa, y copia el pasaje pertinente.

Critica que el colegiado haya inferido mala fe «de los simples hechos señalados», no obstante que no se puede presumir la mala fe, ni que hubiera actuado con deslealtad procesal, ni en contravía del principio de moralidad, pues siempre actuó con el convencimiento de tener derecho a la pensión, sin que en materia penal o disciplinaria exista la responsabilidad objetiva, por ende, la mala fe requiere la prueba de culpabilidad.

Para terminar, asevera que con miras a endilgar responsabilidad penal, civiles «y/o de mala fe» a determinada persona, se debe tener un sustento argumentativo que permita determinar el nexo causal entre el hecho imputado (obrar de mala fe), y la consecuencia antijurídica y, que el dinero recibido, ingresó válidamente a su patrimonio, toda vez, que las sentencias de tutela fueron vinculantes para el PAR TELECOM, por ende, en virtud del artículo 58 CP, se impone respetar los derechos adquiridos.

RÉPLICA

Manifiesta que el sentenciador plural, no incurrió en los yerros endilgados, pues de los pasajes transcritos de la sentencia de segunda instancia se puede apreciar que el llamado a juicio, no cumplió con los requisitos para ser beneficiario del plan de retiro ofrecido por TELECOM, toda vez, que no hacía parte del régimen de transición. Respecto a la «mala fe», explica que el censor deja en pie los argumentos del sentenciador plural.

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que el cargo se orienta por el sendero indirecto, es oportuno recordar que la disertación debe encaminarse a acreditar un rediseño del escenario fáctico, lo que se efectúa a través de una confrontación entre las pruebas acusadas y las premisas fácticas del fallo fustigado, es decir, se trata de un ejercicio dialéctico, en el que al final, debe emerger de manera protuberante y evidente, que el Tribunal dio por demostrado determinados hechos en contra de la evidencia, o que estando acreditados no se percató de ello. Esta Corporación, en sentencia CSJ SL4790-2019, enseñó:

Ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita.

Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, del 23 de mar. 2001, rad. 15.148).

Lo memorado, resulta relevante para el análisis del cargo, por cuanto si bien critica la conclusión de la «mala fe» del demandado a la que arribó el sentenciador, también es cierto que omite la aludida confrontación probatoria, centrándose en divagar en ideas relacionadas con los ámbitos penal y disciplinario y, mencionar el nexo causal, de la responsabilidad objetiva, entre otras, pero no desarrolla en lo que corresponde, una disertación probatoria mas allá de remitir a la sentencia CC SU-377-2014.

Por lo anterior, el estudio de la Corte se centrará en las pruebas que acusa y, de las cuales presenta algún desarrollo argumentativo fáctico.

En primer lugar, el memorialista se esfuerza en criticar que no concurrieron los elementos para la configuración de un enriquecimiento sin causa, por cuanto, contrario a lo argumentado por el sentenciador plural, sí existía una «causa o fundamento jurídico», que dio lugar al pago de los dineros que ingresaron a su patrimonio. En su criterio, el título que legítima lo recibido, son las sentencias de tutela de primera y segunda instancia aportadas al proceso, que concedieron el amparo solicitado.

En lo tocante, debe decirse que el sentenciador colegiado, sí tuvo por demostrado que al proceso se aportó la sentencia de tutela proferida el 1 de septiembre de 2009 (fl.°47 a 55), por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel, que amparó los derechos fundamentales de varios trabajadores, entre ellos, Fernando Augusto Trejos Santa, decisión que fue confirmada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel en fallo del 29 de septiembre del 2009 (f.° 41 a 46), y en cumplimiento de las cuales, se pagó al demandante la suma de $291.966.2773.

No obstante, lo anterior, el Tribunal explicó que mediante sentencia SU-377-2014, la Corte Constitucional revocó las referenciadas providencias, lo que necesariamente conducía a la devolución de la suma pagada, aunado a que la misma Corporación en Auto 503 de 22 de octubre de 2015, indicó que las entidades encargadas de la administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom estaban facultadas para reclamar la restitución de esos dineros.

De acuerdo con lo descrito, desde el punto de vista fáctico no existe distorsión alguna, pues si bien, inicialmente las pretensiones del tutelante salieron avante, también es cierto que, como lo relató el juzgador plural la Corte Constitucional como autoridad de cierre, en sede de revisión profirió fallo de unificación – sentencia CC SU-377-2014-, que dispuso revocar el amparo inicialmente concedido, por ende, como lo explicó esta misma Sala en situación similar a la analizada, «ante la desaparición de la base jurídica del pago, es decir del fallo de amparo, surge para el beneficiario la obligación de reembolsar los valores recibidos» (CSJ SL1432-2020).

Aunque la disertación que propone el censor es más jurídica que fáctica, para abundar en razones debe mencionarse que no puede fincar un supuesto justo título para no devolver el dinero recibido, en dos sentencias que no tenían carácter definitivo toda vez que, de conformidad con el procedimiento de la acción subsidiaria y residual a la que acudió, existía la posibilidad de su revisión por la Corte Constitucional y, que como ocurrió, fueron seleccionadas y revocadas por esa Corporación en su función de órgano de cierre.

Se dice lo anterior, por cuanto las decisiones proferidas dentro del proceso de amparo constitucional, tienen la virtualidad de constituir cosa juzgada solo cuando la Corte Constitucional «adquiere conocimiento de los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria» (CC T-185-2013), por ende, aunque inicialmente pudo haber triunfado en sus pretensiones, la revocatoria de las providencias que condujeron al pago de los $291.966.273, dejó sin ningún fundamento jurídico tanto el ingreso como la permanencia de ese dinero en su patrimonio.

En segundo lugar, con el mismo propósito de justificar que los dineros recibidos permanezcan en su patrimonio como «derecho adquirido», acude a la buena fe, y critica que, en sentido contrario, el colegiado haya argüido que actuó de mala fe.

Para llegar a la anterior inferencia, el sentenciador de segundo nivel se fundó en que: (i) la acción de tutela fue instaurada en Ayapel – Córdoba, sin embargo ese Municipio no tenía relación alguna con el domicilio del accionante, ni de las accionadas, ni allí se configuró la vulneración del derecho; y (ii) que inicialmente promovió acción ordinaria laboral, pero fue declarada la nulidad por falta de legitimación en la causa por pasiva, lo que conducía a que subsanara la irregularidad y acudiera de nuevo al juzgador natural, sin embargo el trabajador, se inclinó por la acción de amparo, bajo las circunstancias descritas.

Para derruir la tesis de la alzada, el recurrente afirma que fue la «falta de apreciación de la Sentencia SU377 de 2014», lo que condujo a concluir que actuó de mala fe, y remite al considerando 162.13, en donde la Corte Constitucional analizó la inmediatez, así como al numeral 180, en el que esa Corporación frente al factor de competencia territorial dijo que la Corte debía presumir la buena fe, sin embargo debía dar noticia a las autoridades de control, sobre «estos patrones inusuales».

Agrega que en la Parte resolutiva de la providencia, numeral trigésimo primero, se determinó «la lista de aquellos trabajadores que en el sentir de la Corte obraron de manera temeraria y de mala fe», sin que él fuera incluido.

Esta Sala de Casación ha indicado, que cuando se aporta una sentencia proferida en otro trámite, la misma tiene efectos probatorios en lo atinente a «que demuestran, cuando menos, ‘(…) la naturaleza de la decisión, la clase de proceso, los intervinientes o la fecha en que fue dictada (…)» (CSJ SL11970-2017, reiterada en 2010-2019), pero fuera de estos puntos, el sentenciador que las valore puede llegar a sus propias inferencias respecto de los hechos allí controvertidos, es decir, no se encuentra compelido a aceptar los razonamientos del juzgador precedente. (CSJ SL11970-2017, y CSJ SC9123-2014, reiterada en CSJ SC433-2020).

Lo dicho implica, que la sentencia CC-SU-377-2014, allegada con carácter probatorio, demuestra que la Corte Constitucional, revocó las decisiones que habían accedido al amparo requerido por Trejos Santa, por lo que, de reitera, la suma pagada con base en ellas perdió la causa y fundamento jurídico.

En cuanto a los razonamientos del juez plural, sobre la configuración de la mala fe, que derivó de la conducta de radicar la tutela en un municipio con el cual no existía nexo jurídico, ni espacial, que ameritara dicho proceder, debe decirse que el sentenciador plural en este evento, era libre de extraer sus propias conclusiones, máxime cuando la Corte Constitucional en el considerando 178, y en los pasajes que cita el actor, es decir, en el numeral 180, llamó la atención sobre esos «patrones inusuales».

Así mismo, que la Corte Constitucional en la parte resolutiva no haya compulsado copias al abogado que lo representó en la acción de amparo, no socava el argumento del colegiado, pues se repite, que fue a partir de su propio análisis del contexto concreto en el que se adelantó la acción de tutela y su radicación, del que derivó una actuación que en sentir del Tribunal, no compagina con la buena fe, sin que emerja valoración equivocada de la providencia en cita, aportada como prueba, y menos, se configure un yerro manifiesto, evidente, protuberante u ostensible es decir, que aparezca a primera vista, que no se requiera de esfuerzo alguno para hallarlo, condiciones que por lo expuesto, no se entrevén en el caso bajo análisis.

De lo que viene de analizarse, el cargo no sale avante.

Las costas en el trámite extraordinario están a cargo del recurrente y en favor de las sociedades demandantes, con inclusión de la suma única de $4.240.000 a título de agencias en derecho. Aplíquese el artículo 366-6 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 21 de marzo de 2018, dentro del proceso que promovió FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA – FIDUAGRARIA S.A. y SOCIEDAD FIDUCIARIA POPULAR SA – FIDUCIAR S.A. – como integrantes del CONSORCIO REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN – PAR, que actúa como administrador y vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR – TELECOM, en contra de FERNANDO AUGUSTO TREJOS SANTA.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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