Ficha de la providencia
Sentencia SL3532-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3532-2020
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3532-2020
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
15 de julio de 2020
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL3532-2020
Radicación n.° 71783
Acta 25
Estudiado, discutido y aprobado en Sala virtual.
Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veinte (2020).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ARNALDO ORTÍZ MARTÍNEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 10 de marzo de 2015, en el proceso que instauró contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP – ELECTRICARIBE S.A. ESP y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA “SINTRAELECOL”.
ANTECEDENTES
Arnaldo Ortíz Martínez, llamó a juicio a la empresa Electricaribe S.A. ESP, con el fin de que se declarara la ineficacia e inaplicabilidad del artículo 51 del acuerdo extra convencional suscrito entre esta y el sindicato “SINTRAELECOL”, el 18 de septiembre de 2003; así mismo, que se declarara la inaplicabilidad del acápite relacionado con los incrementos salariales y reajustes anuales pensionales contenidos en el acuerdo del 5 de mayo de 2006.
Solicitó además, que el contrato de trabajo a término indefinido que inició el 1 de abril de 1989 con la extinta Electrificadora de Bolívar S.A. ESP, sustituida por Electrocosta S.A. hoy Electricaribe S.A. ESP, aún vigente a la fecha de esta demanda, se declarara terminado a partir del reconocimiento de la pensión de jubilación, contemplada en los artículos 5 y 20 de los acuerdos colectivos de 1976-1978 y 1982-1983, respectivamente, por tener cumplidos los requisitos para su disfrute.
Como consecuencia de lo anterior, deprecó que se condenara a la demandada, a reconocer y pagar la mencionada prestación pensional, a partir del 10 de septiembre de 2010, en cuantía del 100% del salario promedio devengado en el último año de servicios, reajustado anualmente de acuerdo con el IPC certificado por el DANE en el año inmediatamente anterior, “sin descontar” los salarios recibidos como trabajador activo.
Además, que se condenara a la accionada, a reajustarle el salario, en proporción igual al IPC decretado por el DANE en el año inmediatamente anterior, a partir del 1 de enero de 2006, hasta la fecha en que se declare terminado el vínculo laboral; el pago de las diferencias que se deriven del mismo debidamente indexadas, el retroactivo pensional que se causado hasta su efectiva cancelación o inclusión en nómina de pensionados, intereses moratorios, lo extra o ultra petita, y las costas del proceso.
Como fundamento de sus peticiones, relató que suscribió contrato de trabajo a término indefinido con la Electrificadora de Bolívar S.A., el 1 de abril de 1989, como trabajador oficial; que a la presentación de la demanda, presta sus servicios a la empresa accionada como brigadista de mantenimiento red de distribución I, clasificado en el grupo V, banda 1; y, que devenga un salario mensual de $1.127.807, sin inclusión de los factores salariales convencionales.
Manifestó que Electricaribe S.A. ESP, se fusionó con Electrocosta S.A. ESP; que el 4 de agosto de 1998, suscribió convenio de sustitución patronal con la Electrificadora de Bolívar S.A. y asumió el pago de las obligaciones laborales y pensionales a su cargo, en los términos de las convenciones colectivas; que es afiliado al sindicato de la empresa “SINTRAELECOL”; que el 10 de septiembre de 2010, cumplió 50 años de edad y más de 20 de servicios, por lo que solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación consagrada en los artículos 5 y 20 de las convenciones de 1976-1978 y 1982-1983.
Resaltó que las anteriores normas convencionales se encuentran vigentes, fueron ratificadas en convenios posteriores y no han sido objeto de denuncias ni derogatorias; que la demandada, mediante oficios PEN-1269-2010 de 6 de agosto de 2010 y PEN-054 de 20 de enero de 2011, decidió no acceder a su solicitud de reconocimiento de la pensión, con el argumento de que existía un acuerdo que suscribió con el sindicato “SINTRAELECOL” el 18 de septiembre de 2003 y que las reglas pensionales de las convenciones colectivas, habían perdido vigencia el 31 de julio de 2010, por disposición del Acto Legislativo 01 de 2005.
Refirió que el artículo 51 del acuerdo del 18 de septiembre de 2003, modificó las condiciones para pensionarse entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2010, incrementando en 3 años el tiempo de servicio, que era de 20 años, que en su caso, la exigencia sería de 23 años y 50 años edad cumplidos; así mismo, modificó la cuantía de la primera mesada pensional al fijarla en el 75%, la cual convencionalmente era el 100% del salario promedio de lo devengado en el último año de servicios.
Agregó que la empresa enjuiciada también suscribió un acuerdo el 5 de mayo de 2006, en el que estipularon los incrementos salariales a partir del 1 de enero de 2006, por debajo del IPC; y, que en el convenio de sustitución patronal del 4 de agosto de 1998, aparece inscrito como trabajador de la extinta Electrificadora de Bolívar S.A. y Electrocosta S.A. (f.°1 a 14).
El a quo, mediante auto calendado 8 de octubre de 2013 (f.°312), tuvo por no contestada la demanda por parte del Sindicato “SINTRAELECOL”, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 del CPTSS.
La Electrificadora del Caribe S.A. ESP, al dar respuesta a la demanda, se opuso a todas las pretensiones; arguyó en su defensa, que de acuerdo al entendimiento ofrecido por la Corte Constitucional al Convenio 154 de la OIT, aprobado por la Ley 524 de 1999, el concepto de negociación colectiva “es uno más amplio y válido que el derivado de un conflicto colectivo de trabajo finalizado con la celebración de una convención, pacto colectivo o la expedición de un laudo arbitral”; que quienes celebraron los acuerdos del 18 de septiembre de 2003 y 5 de mayo de 2006, poseían plenas facultades para tales efectos, conforme al literal n) del artículo 42 de los estatutos del sindicato “SINTRAELECOL”, que estos fueron depositados dentro de los 15 días siguientes a su firma, por lo que allí plasmado está revestido de legalidad y eficacia.
Indicó que el demandante, solo hasta “28 de noviembre de 2011”, arribó a la edad de 50 años, no siendo posible para entonces, el reconocimiento de la prestación, en virtud de las normas transitorias del Acto Legislativo 01 de 2005, que “enervaron definitivamente a partir del 31 de julio de 2010, la vigencia de preceptos como los alegados por uno y otro de los extremos aquí contendientes”. Aceptó los hechos y propuso la excepción de prescripción (f.°1 a 10 cuad. 2).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 30 de enero de 2014 (f.°CD 323), resolvió:
PRIMERO. DECLARAR que el acuerdo de fecha 18 de septiembre de 2003, suscrito entre ELECTROCOSTA S.A. E.S.P., y algunas de sus Subdirectivas Sindicales, es inoponible en relación al demandante ARNALDO NICOLÁS ORTÍZ MARTÍNEZ.
SEGUNDO. CONDENAR a la demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a pagar al señor ARNALDO NICOLÁS ORTÍZ MARTÍNEZ, […] la pensión de jubilación convencional en cuantía del 100% del salario devengado por el accionante en el último año de servicio, a partir del 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010, hasta la fecha y las que se sigan causando hasta el pago efectivo e inclusión en nómina, como lo dispone el art. 5 de la Convención Colectiva 1976 -1978, por las razones expuestas.
TERCERO. CONDENAR a la demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. a pagar al señor ARNALDO NICOLÁS ORTÍZ MARTÍNEZ, las sumas establecidas en el numeral anterior debidamente indexadas y con los reajustes anuales legales, desde la fecha 10 de septiembre de 2010, hasta la fecha en que se realice el pago, y las que se sigan causando, por las razones expuestas.
CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito propuestas por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., conforme se indicó en la parte motiva de este fallo.
QUINTO: ABSOLVER a la demandada (sic) SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA – SINTRAELECOL, NACIONAL de todas y cada una de las peticiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.
SEXTO: ABSOLVER a la demandada ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. de las restantes peticiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.
SÉPTIMO. CONDENAR en costas a la demandada ELECTRICARINBE S.A. E.S.P. […].
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, por apelación de la demandada, mediante fallo del 10 de marzo de 2015 (f.°CD 6), decisorio de varios procesos en conjunto, revocó la decisión del a quo, para en su lugar absolver a Electricaribe S.A. ESP, de todas las pretensiones del actor y lo gravó con costas.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal indicó que el problema jurídico consistía en determinar si era ineficaz el acuerdo celebrado entre la demandada y su sindicato de trabajadores y, si con la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 del 2005, las convenciones colectivas habían perdido vigencia.
Se refirió a la Ley 524 de 1999, mediante la cual Colombia ratificó el Convenio 154, el cual indicó que integra el bloque de constitucionalidad, conforme a la sentencia CC C-1234-2005; discernió sobre los fines de dicho convenio y las garantías en las negociaciones colectivas; luego se remitió a las sentencias CSJ SL, 24 jul. 2012, rad. 43824 y CSJ SL, 29 jun. 2012, rad. 39745 y manifestó, que de acuerdo a estas, la Corte no se oponía a la celebración de acuerdos entre empleadores y trabajadores “para regular diversas situaciones laborales” y menos, cuando en ellos “se superen los derechos mínimos legales inclusive convencionales”.
Expuso que el Acuerdo del 18 de septiembre de 2003, celebrado entre Electrocosta S.A. ESP, y el sindicato “SINTRAELECOL”, se suscribió “bajo los presupuestos del Convenio 154 de 1981” y que no era menester su depósito en el entonces Ministerio de Protección Social; destacó que no se acreditó que los representantes de la empresa y la organización sindical carecían de facultades para la firma del mismo, ni la existencia vicios del consentimiento.
Recordó su propio precedente para puntualizar que el citado convenio, no era ineficaz y por tanto tenía validez entre las partes, pero en cuanto a las convenciones colectivas de trabajo, consideró que habían perdido vigencia a partir del 31 de julio de 2010, con la entrada en rigor del Acto Legislativo 01 de 2005; que de acuerdo a esta reforma constitucional, no era lícito el establecimiento de sistemas pensionales distintos a los consagrados en la ley, aun cuando fueran más favorables a los trabajadores, aserto que respaldó con la sentencia CSJ SL, 28 ago. 2012 rad. 42136, relacionada con la vigencia de los instrumentos colectivos y las pensiones.
Concluyó que el demandante no tenía derecho a la pensión de jubilación reclamada, con fundamento en las convenciones colectivas de 1976-1978 y 1982-1983, habida cuenta que cumplió el requisito de la edad, el 10 de septiembre de 2010, esto es, con posterioridad a la fecha límite establecida por el acto de reforma constitucional de 2005, época para la cual, ya habían perdido vigencia.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se confirme en su totalidad la decisión de primer grado y se condene en costas a la demandada.
Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados por la Electrificadora del Caribe S.A. ESP y que se estudiarán conjuntamente, teniendo en cuenta la identidad del sendero de ataque, el similar elenco normativo, argumentación y un único objetivo.
CARGO PRIMERO
Denuncia la infracción directa del “artículo 53, inciso 5º de la Constitución Política (atributivo de derechos concretos), al ignorarlo; lo que conllevó a la aplicación indebida del artículo 2 del Convenio 154 de 1981, aprobado por el artículo 1º. de la Ley 524 de 1999 y a la infracción directa de los artículos 479 y 480 del CST”.
En sustentación del mismo, invoca el Convenio 154 de 1981, aprobado por la Ley 524 de 1999, lo transcribe textualmente, al igual que varios segmentos de la sentencia CC C-161-2000, algunos apartes de las consideraciones del fallo impugnado en el que fue citado la CSJ SL, 24 jul. 2012, para luego destacar, que aun cuando “la visión y alcance que el Tribunal otorga al Convenio 154 de la OIT, en especial –tácitamente-, a su artículo 2, corresponde, en general, al genuino sentido de este”.
Precisa que el yerro radica en no aplicar el artículo “53-5º de la Carta Política” y por ende, desconocer lo que ya la jurisprudencia nacional ha decantado: que los convenios y acuerdos de trabajo no pueden menoscabar los derechos de los trabajadores y,
[…] que si bien las partes pueden pactar, fundadas en aquel Convenio, acuerdos que posibiliten modificar incluso lo ya establecido en una convención colectiva de trabajo no pueden –sin embargo-, mediante tal operación, desmejorar, menoscabar, derogar, aplazar, disminuir en cualquier sentido derechos o prerrogativas obtenidos por los trabajadores previamente por una convención […] como acá sucedió.
Critica que el Tribunal, al avalar,
[…] la supuesta licitud, y por ende, la presunta eficacia del artículo 51 del Acuerdo de 18 de septiembre de 2003, con fundamento en el Convenio 154 de 1981 de la OIT, lo que hizo fue otorgar un efecto impertinente, imprevisto por él, al concepto de negociación colectiva consagrado en el artículo 2 de dicho convenio: ‘A los efectos del presente […] la expresión ‘negociación colectiva’ comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra con el fin de (…), del cual derivó la licitud del artículo 51 del Acuerdo de 18 de septiembre de 2003.
Agrega, que los acuerdos entre empresa y trabajadores se pueden celebrar sin que se desprendan de una etapa previa tradicional u ordinaria de negociación reglada, derivada de un pliego de peticiones, del arreglo directo, con la consecuente huelga o con tribunal de arbitramento, sino de una tranquila, sosegada y voluntaria concertación entre dichos actores de la relación laboral, para precaver conflictos y regular las condiciones económicas y de empleo, es decir, obtener los fines previstos en el “artículo 2 del Convenio”.
Pero que por el hecho de haberse admitido el carácter general y flexible del concepto de negociación colectiva, tal circunstancia no implica que entonces, so pretexto de la misma, se posibilite invalidar, apartar o eludir la concreción normativa que el Estado ha establecido para regular el ejercicio de la figura y que en consecuencia, una convención colectiva de trabajo obtenido como fruto de una negociación reglada, pueda “volatizarse total o parcialmente vía mero acuerdo post convencional, en desmedro de los trabajadores”.
Para finalizar, afirma que las modificaciones a las convenciones, solo son aceptadas para mejorar las condiciones ya pactadas, como lo ha sostenido esta Corte; cita en apoyo de su aserto, las sentencias CSJ SL 9 jul. 2014, rad. 54116 y CSJ SL, 11 feb. 2015, rad. 49370, de las cuales copió varios fragmentos y solicita se declare la prosperidad del cargo, en tanto el sentenciador de segunda instancia, infringió los preceptos constitucionales enlistados en la proposición jurídica (f.°64 a 76).
CARGO SEGUNDO
Denuncia la violación por vía directa en la modalidad de infracción directa,
[…] consistente en la falta de aplicación de los artículos 25, Inciso 4º del artículo 53, 55 e Inciso 2º del artículo 93 de la Constitución Política; artículo 16, 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los Convenios Internacionales de Trabajo No. 87, 98 en su artículo 4º., y 154 en su artículo 2º y 5º, conllevando a la aplicación indebida de las Sentencias C-1287 de 2.001; C-401 de 2.005; C-181 de 2.006 y C-349 de 2.009; la Recomendación No. 2434 de 2.007 del Comité de Libertad Sindical de la OIT, normas prevalentes para el respeto del derecho de negociación colectiva y Asociación, del Parágrafo Transitorio 3º. del Acto Legislativo 01 de 2005 y del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo.
En su desarrollo, señala que el Tribunal omitió aplicar las normas del CST relacionadas con antelación, como marco jurídico del principio de favorabilidad aplicable en materia de seguridad social, conforme al 53 constitucional “consistente en dar prevalencia a lo normado en materia de Pensiones Convencionales en el Acto Legislativo 01 de 2005, modificatorio del artículo 48 de la Constitución Política sobre lo reglado en los artículos 4 del Convenio Internacional del Trabajo No. 154”, en relación con el 55 de la C.N., que elevó a rango superior, el derecho de la negociación colectiva inherente a la actividad sindical.
Reproduce el texto del parágrafo 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 y puntualiza que conforme a este, si como consecuencia de la prórroga o de la denuncia, la convención sigue teniendo vigencia, “por lo menos”, debe ir hasta el 31 de julio de 2010; que su interpretación debe hacerse bajo el principio in dubio pro operario contenido en el artículo 53 constitucional, que este precepto da lugar a dos interpretaciones, lo cual debe hacerse con base en el anterior principio, según el cual debe prevalecer la interpretación más favorable al trabajador, como lo pregona el artículo 53 de la Constitución.
Señala que en ese orden, ante la duda acerca del alcance del parágrafo 3, era imperioso aplicar la interpretación que más favorece al trabajador, que para el caso representa la concesión de los derechos pensionales conforme a las convenciones colectivas aportadas al plenario en legal forma, dicho que respalda, con un fragmento de la sentencia CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 40662.
Aduce que el aludido parágrafo, presenta una limitante a la negociación colectiva en materia de pensiones y a la vez, el artículo 55 superior, “da campo abierto” a las negociaciones en todas las áreas con las limitaciones de ley referidas a empleados públicos y “bajo ciertas condiciones, más no hay prohibición en cuanto a materias objeto de negociación colectiva. Aquí radica una omisión del Tribunal en la sentencia recurrida”.
Menciona los Convenios 87, 98 y 154 ratificados por Colombia, su pertenencia al bloque de constitucionalidad y prevalencia en el orden interno, conforme al artículo 93 de la C.N., para luego señalar, que existe una protuberante incompatibilidad entre el contenido del artículo 48 y el 55 superior, que genera una antinomia, ya que no es entendible la promoción de la negociación colectiva sin limitantes temáticas y a la vez, se establece un límite temporal específicamente sobre las pensiones.
Por último, dice que el Tribunal “pasó por alto” solucionar la referida antinomia, para lo cual debió acudir a una interpretación sistemática, en búsqueda de una coherencia normativa de carácter razonable que consultara derechos y valores garantizados por la misma Carta Política, disertaciones que apoyó en sendas sentencias de constitucionalidad, entre otras, las C-395-2000, C-401-2005, C-466-2008 y C-465-2008 y que para el caso del aquí demandante, debe aplicarse el artículo 5 de la convención de 1976-1978 y la 1982-1983 (f.°76 a 84).
RÉPLICA
La opositora le atribuye falencias de orden técnico en el primer cargo, pues la demanda de casación en la proposición jurídica como marco de la acusación, no concuerda con el contenido de la decisión del ad quem y de otra parte, que no incluye la norma en la que esencialmente el demandante funda sus aspiraciones.
Indica que la censura denuncia la infracción directa del artículo 53 de la C.N., pero que el Tribunal sí acudió a esta, al apoyarse en el Convenio 154 del OIT, el cual acepta como bien aplicado y además que no cuestiona la utilización del artículo 467 del CST, “que es la cimiente de la pensión cuyo reconocimiento pide el demandante, ya que ella es de consagración pensional” y que la aplicación del artículo 480 del CST, no resultaba procedente al reconocérsele validez al acuerdo celebrado el 18 de septiembre de 2003.
En cuanto al fondo del asunto, manifiesta que el convenio cuestionado de 18 de septiembre de 2003, no menoscaba derechos de los trabajadores, porque en el texto del mismo se establecen muchos mecanismos de equilibrio, que impiden que se genere su afectación o el detrimento que alega la censura.
Que partiendo del texto del artículo 2 del Convenio 154, no es posible llegar a conclusión distinta a la adoptada por el Tribunal que es legitimar la potestad de las partes de conversar y concertar libremente sin que necesariamente tengan que encontrarse trenzados en un conflicto.
En cuanto a la segunda acusación, expresa que las sentencias de la Corte Constitucional “no constituyen leyes de carácter sustancial de contenido laboral y de aplicación nacional”, que una recomendación de la OIT, carece de fuerza vinculante en nuestro ordenamiento; como razones de carácter conceptual para desestimar el cargo, señala que en relación con el postulado de favorabilidad, al Tribunal no le asistió duda alguna sobre el sentido y efecto del Acto Legislativo 01 de 2005 y el Convenio de la OIT (f.° 90 a 96).
CONSIDERACIONES
El Tribunal concluyó que los acuerdos de 18 de septiembre de 2003 y 5 de mayo de 2006, no eran ineficaces y por tanto tenían validez; que las convenciones colectivas de trabajo, habían perdido vigencia a partir del 31 de julio de 2010, porque conforme al Acto Legislativo 01 de 2005, no era lícito el establecimiento de sistemas pensionales distintos a los consagrados en la ley, aun cuando fueran más favorables a los trabajadores y adicionalmente, no halló demostrado que a Arnaldo Ortíz Martínez, le asistiera el derecho a acceder a la pensión de jubilación, porque cumplió el requisito de la edad, el 10 de septiembre de 2010, cuando los instrumentos colectivos invocados como fundamento de la pensión pretendida, ya habían perdido vigencia.
La censura muestra inconformidad con el anterior razonamiento, porque en su criterio, los derechos contemplados en las convenciones colectivas de trabajo no pueden ser modificados con acuerdos “post convencionales” con afectación o detrimento de estos; y, que el juez colegiado omitió aplicar el principio de favorabilidad en materia de seguridad social, conforme al 53 constitucional que da prevalencia a lo regulado en las pensiones convencionales, que tampoco realizó una interpretación sistemática para solucionar la antinomia existente entre los preceptos 48 y 55 de la misma categoría, para garantizar los derechos pensionales que ella misma consagra.
Dada la vía de ataque seleccionada, se encuentran al margen de controversia: i) que Arnaldo Ortíz Martínez, se vinculó mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el 1 de abril de 1989, con la extinta Electrificadora de Bolívar S.A., sustituida por Electrocosta S.A. hoy Electrificadora del Caribe - S.A. ESP – Electricaribe S.A. ESP a partir del 4 de agosto de 1998 (f.°15); ii) que se encuentra laborando para demandada; iii) que es afiliado al sindicato “SINTRAELECOL” y beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo 1976-1978 y 1982-1983 suscritas entre este sindicato y Electrocosta S.A. ESP (f.°16); iv) que cumplió 50 años de edad, el 10 de septiembre de 2010 y que solicitó a la demandada, el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, por tener acredita los requisitos de edad y tiempo de servicios; y, v) que la demandada, el 6 de agosto de 2010 y 20 de enero de 2011, negó la prestación pensional (f.° 2 cuad. 2).
Para dar respuesta al recurrente sobre la discusión respecto a la validez y eficacia de los acuerdos extra convencionales de 18 de septiembre de 2003 y 5 de mayo de 2006, suscritos entre Electrocosta S.A. hoy Electrificadora del Caribe S.A. ESP y el sindicato “SINTRAELECOL”, esta Sala se remite a lo expresado en la sentencia CSJ SL12575-2017, en cuyos apartes pertinentes, asentó:
[…]
Posibilidad de modificar la convención colectiva a través de un acuerdo extra-convencional
Comienza la Sala por señalar que un acuerdo extra-convencional, como el que es objeto de discusión en el sub lite, no tiene necesidad de depositarse en la cartera del trabajo para que surta los efectos queridos por las partes, tal y como ya lo ha reiterado esta Corporación en múltiples oportunidades.
[…]
En tal sentido, se pronunció la Sala en sentencia CSJ SL, 3 jul. 2008, rad. 32347 […]:
Nada se opone a que en el Derecho del Trabajo los trabajadores, bien sea por si mismos o representados por la organización sindical a la cual pertenecen, celebren acuerdos con los empleadores tendientes a regular diversas situaciones laborales y menos aún, tampoco puede haber oposición o ilicitud en cuanto con ellos se superen los mínimos derechos legales o inclusive convencionales. Si el simple acto unilateral de un empleador puede crear derechos para los trabajadores en tanto superen los mínimos legalmente establecidos, con mucha mayor razón ello puede aplicarse a los convenios directos que celebren con sus servidores.
Un acuerdo, como el que ahora ocupa la atención de la Sala, se convierte en ley para los contratantes sin desconocer el clásico principio que lo informa y según el cual debe ejecutarse de buena fe. Así se desprende claramente de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, que entre otros regulan el efecto de las obligaciones válidamente celebradas y de cuyas fuentes o nacimientos, señaladas en el artículo 1494 ibídem, vale la pena destacar el concurso real de voluntades de dos o más personas o el hecho voluntario de la persona que se obliga. (Resaltado fuera del texto).
Se tiene entonces que tales arreglos producen efectos para las partes, siempre que sean para aclarar y/o mejorar las condiciones que ya han sido pactadas, e incluso, no necesitan ninguna solemnidad y no requieren -como se afirmó a espacio- de depósito en los términos del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, para gozar de plena validez.
[…]
De lo anterior, resulta claro que ese documento o acuerdo extra convencional no se propuso hacer más inteligible la convención colectiva para entonces vigente ni mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que su propósito fue el de transformarla en el sentido de aumentar el tiempo de servicios establecido para causar la prestación.
En ese orden, la modificación convencional que se pretendió introducir a través del referido acuerdo extra convencional, resulta inadmisible jurídicamente por ese medio, pues dicha convención ya había sido suscrita por las partes y debidamente depositada ante el Ministerio del Trabajo, tal y como lo ordena el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo.
Dicho de otra manera, cumplidas las formalidades de la negociación colectiva y de su depósito ante la autoridad competente, se hizo realidad convirtiéndola en ley para las partes, irreversible desde el punto de vista jurídico y de imperativo cumplimiento mientras no fuera anulada; en consecuencia, la única posibilidad viable para que se aumentaran los requisitos establecidos para causar la prestación, era, precisamente, a través de su denuncia o, si se presentaba el supuesto, mediante la revisión de que trata el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo.
De ahí, que ningún punto que hubiese sido regulado por la Convención Colectiva de Trabajo podía modificarse a través de un documento, salvo, se itera, si el mismo tiene por finalidad incrementar los beneficios ya establecidos en aquella.
De lo transcrito, se desprende, que como en este caso, los mencionados acuerdos extra convencionales de 2003 y 2006, no buscaron aclarar lo acordado en las convenciones colectivas de trabajo 1976-1978 y 1982-1983, ni mejorar las condiciones para acceder a la pensión, pues su propósito indiscutiblemente, constituyó desmejora de los derechos convencionales, en la medida que incrementaron los requisitos para acceder al derecho prestacional de jubilación, pues así se constata con el acuerdo extralegal de folio 228.
Desde esta arista, son razonables los argumentos de la censura en cuanto al reproche jurídico que le hace al sentenciador de alzada, al considerar que los mencionados acuerdos extra convencionales eran lícitos y eficaces; sin embargo, como quiera que el demandante cumplió la edad de 50 años con posterioridad al 31 de julio de 2010, fecha límite establecida por el Acto Legislativo 01 de 2005 y además se encontraba activo como trabajador de la empresa demandada, no tenía derecho a la pensión convencional solicitada.
Esta Sala, tiene adoctrinado que en materia de negociación colectiva, la mencionada reforma supralegal estableció como regla general, que a partir de su vigencia, los empleadores y organizaciones sindicales no podían acordar mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las consagradas en el Sistema General de Pensiones; no obstante, para no afectar los derechos adquiridos y expectativas legítimas, dispuso un periodo transitorio en su parágrafo 3, lo cual no va en contravía de lo dispuesto por la misma Constitución Política y los convenios internacionales ratificados por Colombia.
Por tanto, para los acuerdos colectivos cuyo término inicial estuviese en curso al momento en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, se limitó su duración en el tiempo, hasta el cumplimiento del plazo en ellos estipulado y para aquellos sobre los que ya venía operando una prórroga en virtud de la ley, se fijó como término máximo, el 31 de julio de 2010 (CSJ SL1408-2019 y CSJ SL5622-2019).
Sobre la integración de normas internacionales al ordenamiento jurídico, en la sentencia CSJ SL5561-2019 esta Sala recordó lo expuesto en la CSJ SL12420-2017 en los siguientes términos:
La Corte no encuentra que el ad quem hubiese desconocido las normas constitucionales sobre integración de los tratados en los cuales se consagró el derecho a la seguridad social como un derecho humano, pues justamente se limitó a aplicar en estricto rigor las disposiciones constitucionales referidas a la negociación de condiciones pensionales, plasmadas en el Acto Legislativo 01 de 2005, que establecieron la pérdida de la vigencia de las condiciones pensionales extralegales a partir del 31 de julio de 2010, de manera que el fallador no desconoció la especial protección que tiene el derecho a la seguridad social en el ámbito del derecho internacional.
Para la Corte resulta claro que un juez no puede desconocer normas internacionales cuando aplica los mandatos de la Carta Política de 1991, que constituyen la fuente primaria del ordenamiento jurídico colombiano, tal como lo efectuó en el presente asunto el Tribunal, pues el constituyente derivado, en este caso, fue el que dispuso la modificación de las reglas constitucionales.
En consecuencia, desde este punto de vista, el ad quem no incurrió en los yerros jurídicos endilgados por la censura, ya que tal razonamiento, lo fue en línea con adoctrinado por esta Corporación, en su pronunciamiento CSJ SL5622-2019, sobre el alcance del parágrafo 3 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005:
[…]
Igualmente, el referido Acto Legislativo determinó que «en los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia del Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes» y definió como término máximo para la subsistencia de estas estipulaciones el 31 de julio de 2010, ya que a partir de esta fecha perdieron vigencia las reglas de carácter pensional contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, a menos de que se trate de un derecho adquirido por virtud del acuerdo convencional, en cuanto haya establecido que la prestación pensional se adquiere con el cumplimiento del tiempo de servicios y el retiro del trabajador, bien por causa imputable a la empresa, o por iniciativa de aquel, por ello, el requisito de la edad tan solo constituye una mera condición de exigibilidad, situación que en el sub lite no se acreditó.
Por manera, que conforme a lo discurrido, si bien los cargos son fundados en el puntual aspecto de la supuesta eficacia que el Tribunal adujo en relación con los acuerdos extra convencionales de 18 de septiembre de 2003 y 5 de mayo de 2006, por ir en contravía con lo adoctrinado por esta Sala, no incurrió en le yerro jurídico de la infracción aludida respecto a la aplicación de lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 1 de la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo de 2005.
En consecuencia, no prospera el recurso. Sin costas, por cuanto la acusación es fundada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 10 de marzo de 2015, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ARNALDO ORTÍZ MARTÍNEZ contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP – ELECTRICARIBE S.A. ESP y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA “SINTRAELECOL”.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
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