Explicó que las cooperativas ejercieron labores de tercerización, que son distintas a la intermediación laboral y están legalmente previstas. Propuso las excepciones de prescripción, cobro de lo no debido, pago, compensación, «inexistencia del contrato laboral bajo continuada subordinación y dependencia entre la Universidad Cooperativa de Colombia y el trabajador asociado», «existencia de prestación de servicio regida por medio de Acuerdos de trabajo asociado, esto es, la cooperativa de trabajo asociado La Comuna, regulados por la Ley 79 de 1988 y no por el CST», inexistencia de las obligaciones; falta de legitimidad en la causa por pasiva, mala fe del demandante, buena fe de la demandada y «terminación por modo legal de terminación del convenio de trabajo asociado».
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia dictada el 4 de diciembre de 2015, resolvió:
PRIMERO: Declarar que entre la demandada UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, como empleadora y MIGUEL ANTONIO CABALLERO SEPÚLVEDA como trabajador, existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 3 de febrero de 1997 hasta el 13 de diciembre de 2013.
SEGUNDO: Declarar probada parcialmente la excepción prescripción, por lo considerado.
TERCERO: Declarar probada parcialmente la excepción de pago, por lo considerado.
CUARTO: Condenar a la demandada UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA a pagar a favor de la demandante y una vez en firme esta decisión, las siguientes sumas de dinero: $2.095.219,72 por prima de servicios; $22.804.223,04 por cesantías; $2.878.744,91 por intereses a las cesantías; $1.984.401,28 por vacaciones; $8.857.668,60 por salarios dejados de percibir; $24.817.081,44 por concepto de despido injusto; $46.902.152,00 por concepto de indemnización por no consignación de las cesantías y $71.063.87 diarios a título de indemnización moratoria a partir del 14 de diciembre de 2013 hasta el por 24 meses, y de ahí en adelante se pagaran intereses moratorios hasta cuando se haga efectivo el pago de las prestaciones sociales debidas.
QUINTO: Declarar solidariamente responsable a la demandada COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA, por las condenas realizadas en los numerales anteriores conforme a lo considerado.
SEXTO: Absolver de todos los cargos impuestos por el demandante a la demandada COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL COMUNA.
SÉPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: Declarar no probadas las demás excepciones de mérito propuestas por lo considerado.
NOVENO: Costas en sede de instancia a cargo de la demandada UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA en suma de $8.000.000.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, al resolver el recurso de apelación presentado por las demandadas, mediante sentencia dictada el 13 de diciembre de 2016, resolvió:
PRIMERO: Reformar el numeral primero de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué el día 4 de diciembre de 2015 dentro del proceso ordinario laboral promovido por el doctor MIGUEL ANTONIO CABALLERO SEPÚLVEDA contra la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA y otros, en el sentido de declarar que entre la citada universidad y el accionante existieron los siguientes contratos de trabajo a término fijo con interrupciones entre sí:
Febrero 3 a junio 27 de 1997
Agosto 1 a diciembre 15 de 2000
Enero 22 a diciembre 21 de 2001
Enero 28 a diciembre 20 de 2003
Enero 19 a diciembre 18 de 2004
Enero 24 a diciembre 17 de 2005
Enero 23 a diciembre de 2006
Enero 22 a diciembre 1 de 2007
Enero 28 a noviembre 29 de 2008
Enero 26 a noviembre 28 de 2009
Enero 25 a junio 26 de 2010
Julio 16 a diciembre 18 de 2010
Enero 17 a junio 26 de 2011
Julio 25 a diciembre 4 de 2011
Enero 16 a junio 30 de 2012
Agosto 1 a diciembre 15 de 2012
Enero 28 a diciembre 13 de 2013.
SEGUNDO: Revocar el numeral segundo de la referida sentencia para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda referidas a primas de servicios, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, salarios insolutos, sanción por no consignación de cesantías e indemnización moratoria.
TERCERO: Modificar el numeral noveno de la misma sentencia, debiendo el a quo volver a fijar el monto de las agencias en derecho allí señaladas teniendo en cuenta las resultas de esta instancia.
CUARTO: sin costas en esta instancia.
El colegiado fijó como problemas jurídicos los siguientes: i) determinar si la vinculación entre las partes correspondió a varios contratos de trabajo a término fijo interrumpidos entre sí o, si se trató de un solo contrato de trabajo a término indefinido; ii) establecer si la CTA La Comuna fue intermediaria; iii) si deben pagarse los salarios insolutos ordenados por el a quo; iv) dilucidar si procede la indemnización por despido injusto; v) verificar si existió mala fe en la actuación de la Universidad Cooperativa de Trabajo, y si se causa la indemnización moratoria y sanción por no consignación de cesantías, y si vi) si el valor fijado por agencias en derecho es muy elevado.
Aclaró que, según la sustentación del recurso de alzada, la parte demandada acepta la existencia del «vínculo laboral» entre la Universidad Cooperativa de Colombia y el demandante, solo que discute que no se trató de un solo contrato de trabajo sino de varios y que la CTA La Comuna no fue intermediaria.
Con base en el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, encontró demostrado que entre el accionante y la Universidad demandada no existió un solo vínculo sino varios contratos a término fijo interrumpidos entre sí, en los siguientes periodos: i) febrero 3 a junio 27 de 1997; ii) agosto 1 a diciembre 15 del 2000; iii) enero 22 a diciembre 21 de 2001; iv) enero 28 a diciembre 20 del 2003; v) enero 19 a diciembre 18 del 2004; vi) enero 24 a diciembre 17 del 2005; vii) de enero 23 a diciembre de 2006; viii) enero 22 a diciembre 1 de 2007; ix) enero 28 a noviembre 29 de 2008; x) enero 26 a noviembre 28 de 2009; xi) enero 25 a junio 26 de 2010; xii) julio 16 a diciembre 18 de 2010; xiii) enero 17 a junio 26 de 2011; xiv) julio 25 a diciembre 4 de 2011; xv) enero 16 a junio 30 de 2012; xvi) agosto 1 a diciembre 15 de 2012, y xvii) enero 28 a diciembre 13 de 2013.
Así lo dedujo de los «desdibujados» contratos de trabajo asociado celebrados con la CTA La Comuna (f.° 51 a 102, 105 a 110, 113 a 118, 121 a 126 y 129 a 131 del cuaderno 2), como de los contratos de trabajo suscritos directamente con la Universidad (f.° 274 a 280 cuaderno 1). Todos estos convenios fueron terminados al vencimiento del plazo pactado (f.° 103 a 104, 111 a 112, 119 a 120, 127 a 128 del cuaderno 2 y 290 a 293 del cuaderno 1).
Explicó que, aunque se presentaron interrupciones en los meses de junio y agosto, diciembre y enero, ello no obedece a la intención de evadir el pago de prestaciones sociales por dichos lapsos, sino porque en tales épocas no se adelantan estudios en la Universidad, y, por ende, no ejerció la actividad de docente, lo que torna innecesaria la actividad personal del actor como catedrático y coordinador del área de derecho privado de la Facultad de Derecho. Por tal razón, en este caso no es dable aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que las interrupciones cortas no impiden declarar la existencia de un solo vínculo de trabajo y se apoyó en sentencia CSJ SL4816-2015 que resolvió un asunto similar seguido contra la misma accionada.
Refirió que aún de aceptar que se tratase de un solo vínculo de trabajo, «la modalidad de los contratos suscitados dentro del mismo no varía». Indicó que tanto la prueba documental como la testimonial, demostraban que los contratos fueron a término fijo, circunstancia admitida por el actor en el interrogatorio de parte, donde señaló que al finalizar cada semestre se le informaba el vencimiento del plazo pactado, y luego era llamado para el siguiente periodo académico. Así lo informó también el testigo Germán Barberi.
Resaltó que la declaración de un contrato realidad, no impide tener en cuenta la modalidad de duración o plazo contractual pactada por las partes, pues este tipo de cláusulas preservan su validez, tal como se indicó en sentencia CSJ SL 30 sep. 2008, rad. 20933.
Explicó, además, que los testigos German Barberi y Gustavo Arbeláez no informaron sobre la continuidad en el servicio durante los periodos de interrupción de los contratos; solo señalaron que de manera ocasional en alguna oportunidad el actor podía prestar alguna asesoría jurídica. Destacó que el actor aceptó en su interrogatorio de parte que, en las vacaciones de junio y julio, diciembre y enero, no siempre era llamado a prestar servicios y que lo hacía esporádicamente. Por tanto, concluyó que no se probó la continuidad de la relación laboral.
En esa medida, revocó por improcedente la condena impuesta por el a quo, por concepto de salarios insolutos por los períodos intersemestrales; también estimó que no operaba la indemnización por despido sin justa causa, toda vez que los contratos terminaron por el vencimiento del plazo pactado, y así le fue informado al actor en los términos del artículo 46 del CST, según la prueba documental aportada, el interrogatorio de parte absuelto por el accionante y el testimonio de Germán Barberi.
Señaló que la actuación de la Universidad accionada fue de mala fe, pues de manera abusiva tercerizó su actividad principal de educación y la vinculación del actor durante 13 años, y solo en los últimos tres lo contrató directamente como su trabajador, cuando antes había encubierto tal relación bajo los diferentes convenios asociativos celebrados con las cooperativas accionadas.
A pesar de tal conclusión, el Tribunal consideró que no podía ordenarse el pago de la indemnización moratoria respecto de los contratos por los cuales no se declaró probada la excepción de prescripción, es decir, los celebrados a partir del segundo semestre de 2011 en adelante. Esto, toda vez que el colegiado encontró acreditado el pago de las prestaciones sociales causadas por este tiempo.
Así, aclaró que, por el contrato celebrado por el segundo semestre de 2011, el actor recibió el pago de compensación semestral, compensación anual, intereses sobre compensación y descanso anual compensado (f.° 166 y 167), conceptos que se asimilan a la prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones según su definición prevista en los artículos 174, 177 y 180 del régimen de compensaciones (f.° 245 y ss). Por ende, consideró que, aunque bajo una denominación diferente, al demandante sí le fueron pagadas las acreencias reclamadas.
Frente a los contratos de trabajo ejecutados durante los años 2012 y 2013, celebrados directamente con la Universidad accionada, el trabajador también recibió el pago de sus prestaciones sociales como consta a folios 297 a 301, por lo que nada se le adeuda, lo que impide condenarla por la indemnización prevista en el artículo 65 del CST.
Finalmente, tampoco encontró procedente la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que, a la terminación de cada uno de los contratos celebrados a término fijo, no surgía la obligación de consignar las cesantías, sino de pagarlas, lo que en efecto se hizo.
RECURSO DE CASACIÓN
El recurso fue interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
El recurrente pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal, y en sede de instancia, confirme la decisión dictada por el a quo. De manera subsidiaria, solicita que se case parcialmente la sentencia impugnada y en instancia, confirme las condenas impuestas en primer grado por concepto de indemnización por despido sin justa causa e indemnización moratoria.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados por las tres demandadas y se estudiarán de manera conjunta dado que persiguen el mismo fin, acusan las mismas normas y su argumentación se complementa.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia impugnada por violar la ley sustancial, por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 50 de 1990, 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 del Decreto 2025 de 2011, 64, 65, 249 y 306 del CST, 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 100 de 1993.
En la demostración del cargo se refiere al contenido de los artículos 23 y 24 del CST y precisa que el Tribunal desconoció la presunción legal contenida en esta última norma, pese a que estableció que existieron varios contratos de trabajo a término fijo entre el actor y la universidad accionada. Así, no tuvo en cuenta las disposiciones legales acusadas, aunque desde 1997 el demandante estuvo vinculado con contratos asociativos que desconocieron todos sus derechos laborales.
Refiere que el fallador encontró probada la relación laboral, pero concluyó que «no importa que ello ocurra», porque en todo caso, tanto las cooperativas como la Universidad le pagaron lo adeudado. Con tal consideración, el juzgador desconoció que durante todas las vinculaciones el cargo que ejerció el actor fue el mismo, por lo que se debe presumir la existencia de un solo contrato de trabajo, sin que existan razones objetivas para entender que se generaron contratos a término fijo.
Expone que el juez plural no tuvo en cuenta que el artículo 46 del CST exige que el contrato de trabajo a término fijo debe constar por escrito y que los convenios cooperativos no pueden equipararse a los previstos en esta norma, porque lo pretendido por las demandadas con tales documentos, era desconocer sus derechos laborales.
Razona que, si el contrato no era a término fijo, tampoco puede considerarse que finalizó por vencimiento del plazo pactado y, en consecuencia, procede la indemnización por despido injusto. Por tal razón, el Tribunal incurrió en error al revocar esta condena.
Reprocha que el colegiado, pese a constatar la mala fe de las demandadas, y su actuar temerario al contratar los servicios del actor por intermedio de cooperativas, no impuso la indemnización moratoria por considerar que no quedaron deudas laborales, conclusión que resulta un «despropósito», pues si se advierte una conducta de mala fe e intermediación, no puede negarse el pago de esta indemnización.
Indica que es dable confundir los pagos efectuados al demandante a título de compensaciones de la relación cooperativa, con los salarios y prestaciones sociales debidos, y aduce que mientras estuvo vinculado a través de las entidades de economía solidaria no le pagaron las obligaciones laborales. Agrega que la prescripción opera respecto de valores adeudados, pero no sobre el derecho como tal. Así, resalta que, en el caso de las cesantías, su prescripción solamente se puede contabilizar desde el momento en que finaliza el contrato de trabajo; de ahí que no es posible «tener como hecho el pago» de ellas, y, por ende, opera la moratoria reclamada.
Por último, señala que no se cotizó al sistema de seguridad social y ello también da lugar a la aludida indemnización, de acuerdo con el artículo 65 del CST.
RÉPLICA
La Universidad Cooperativa de Colombia, se opone a esta acusación porque considera que el Tribunal no incurrió en error al concluir que las diferentes vinculaciones de trabajo del actor estaban regidas por contratos a término fijo inferiores a un año. Siendo ello así, también es acertado considerar que el término de prescripción respecto de las cesantías comenzó a correr desde el momento en que terminó cada uno de estos convenios. Resalta que el recurrente no tiene en cuenta que la decisión impugnada se fundó en que la aplicación del principio de la primacía de la realidad no impide tener en cuenta las demás cláusulas contractuales pactadas entre las partes.
Aunque las opositoras Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna y Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna, efectuaron réplica al recurso extraordinario de forma individual, los argumentos fueron los mismos y a continuación se reseñan:
Frente al cargo primero advierten que no puede prosperar porque: i) el Tribunal no desconoció los artículos 23, 24 y 25 del CST, toda vez que, precisamente con base en dichos preceptos declaró la existencia de la relación laboral entre la Universidad Cooperativa de Colombia y el actor; ii) hay que entender que los contratos suscritos entre las partes fueron a término fijo, pues aún si se da aplicación al principio de la primacía de la realidad, se deben considerar los demás acuerdos contractuales, como la modalidad del vínculo, tal como se precisó en sentencia CSJ SL 30 sep. 2008, rad. 20933; iii) no procede el reconocimiento de la indemnización por despido sin justa causa, dado que la terminación del contrato de trabajo obedeció al vencimiento del término pactado, y iv) el otorgamiento de la indemnización moratoria solo surge cuando a la finalización del vínculo laboral se le adeudan al trabajador salarios y prestaciones sociales y, en este caso, se pagaron todas las acreencias a que había lugar.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia de trasgredir por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida los artículos 23, 24, 25 y 99 de la Ley 50 de 1990, 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 del Decreto 2025 de 2011, 64, 65, 249 y 306 del CST y la Ley 100 de 1993.
Asegura que tal infracción obedeció a que el ad quem incurrió en los siguientes errores de hecho:
Dar por probado, sin estarlo, que la relación que tuvo mi mandante con la demandada estuvo regulada por varios contratos laborales a término fijo, y que solo cuando se firmó contrato laboral se rigió por el derecho social.
No dar por probado, estándolo, que el demandante sostuvo una sola relación laboral sin solución de continuidad con la demandada y no varios contratos separados.
Dar por probado, sin estarlo, que el demandante dejaba de prestar sus servicios durante los periodos intersemestrales a la Universidad.
No dar por probado, estándolo, que el demandante prestaba sus servicios de manera continua durante todo el año a la Universidad, configurando así la relación laboral sin solución de continuidad.
Dar por probado, sin estarlo, que no se genera condena por indemnización moratoria.
Dar por no probado, estándolo, que se genera la indemnización moratoria en razón al no pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social.
Dar por probado, sin estarlo, que el contrato se terminó por justa causa.
Dar por no probado, estándolo, que el contrato se terminó sin justa causa imputable al empleador.
Dice que los anteriores yerros obedecieron a la valoración equivocada de las siguientes pruebas:
Contratos de asociación firmados con la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional y con la Cooperativa LA COMUNA.
Contratos de trabajo firmados con la Universidad Cooperativa.
Testimonios de los compañeros de trabajo Germán Barberi y Gustavo Arbeláez.
En la sustentación del cargo, afirma que el Tribunal apreció indebidamente las pruebas denunciadas, como quiera que el demandante siempre realizó las mismas funciones durante todo el año, ya que en los periodos «intersemestrales» prestó sus servicios en el Consultorio Jurídico, por tanto, no existieron rupturas significativas en la relación de trabajo, entre un periodo y otro.
Expone que, «es realmente inocente» argumentar, como lo hace el juez plural, que los contratos denunciados sí evidencian interrupciones prolongadas; esto, porque precisamente lo que se buscó por las accionadas al acudir a la contratación a través de cooperativas, fue desnaturalizar la relación laboral, sus características propias y ocultar el tiempo de servicio.
Considera que además de valorar inadecuadamente los contratos de asociación, el Tribunal también apreció de manera indebida los testimonios, pues las declaraciones de German Barberi y Gustavo Arbeláez, confirmaron que, aunque en los períodos «intersemestrales» el demandante no dictaba clase, si prestaba sus servicios personales en el consultorio jurídico, de manera que no existió solución de continuidad.
Finalmente, reitera los mismos argumentos expuestos en el cargo anterior respecto de los artículos 23 y 24 del CST, la forma como los aplicó el Tribunal y las apreciaciones sobre el contrato a término fijo reglamentado por el artículo 46 del CST.
RÉPLICA
La Universidad accionada se opuso a este cargo. Refiere que su sustentación es similar a la planteada en la acusación anterior y que no se hace un esfuerzo serio por convencer al tribunal de casación sobre la errada valoración de las pruebas denunciadas. Además, dejó de denunciar la confesión del demandante en el interrogatorio de parte, por lo que el análisis de esta prueba, en el que se fundó el colegiado, permanece incólume.
Agrega que los testimonios no pueden ser considerados como prueba en el recurso de casación, salvo que se acredite un yerro sobre un medio de convicción calificado. También adujo que el reconocimiento de la indemnización moratoria solo procede cuando a la terminación del contrato de trabajo se adeudan salarios y prestaciones sociales al trabajador, lo que no se evidenció en este caso.
Las cooperativas accionadas presentan oposición al cargo, con fundamento en la misma argumentación. Así, manifiestan que el Tribunal no incurrió en ninguno de los errores fácticos que le endilga el recurrente.
Reiteran similares argumentos respecto a que la declaratoria de la existencia de un contrato realidad no puede desconocer el plazo pactado por las partes. Agregan que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta corporación ha reconocido que los contratos de trabajo a término fijo con docentes son válidos.
Señalan que: i) no existió una relación laboral única porque entre los contratos hubo interrupciones considerables o extensas; ii) los testimonios que enuncia el actor por sí solos no acreditan que prestó servicios en los períodos «intersemestrales» y tales declaraciones no tienen respaldo en ningún otro medio de convicción; iii) no procede la indemnización moratoria porque no se adeudan prestaciones sociales y, además, porque no se debe pagar nuevamente lo sufragado por la misma prestación del servicio a favor de la Universidad Cooperativa de Colombia, y iv) que no procede la indemnización por despido sin justa causa, ya que los contratos terminaron por vencimiento del plazo pactado.
CONSIDERACIONES
El Tribunal dio por establecido que, en virtud de la primacía de la realidad sobre las formas, el actor Miguel Antonio Caballero Sepúlveda prestó sus servicios personales para la Universidad Cooperativa de Colombia en la Facultad de Derecho, relación de trabajo que no fue controvertida por la demandada en la alzada. Sin embargo, encontró que la misma se ejecutó en virtud de varios contratos de trabajo a término fijo, entre los cuales medió solución de continuidad, específicamente, entre junio-julio y diciembre-enero, correspondientes a los periodos «intersemestrales», épocas durante las cuales no se demostró la labor continua. En ese orden, revocó la decisión del a quo, relativa a la existencia de un solo vínculo de trabajo, así como las condenas derivadas de tal circunstancia.
Con base en lo anterior tampoco encontró viable la indemnización por despido, pues la finalización obedeció al vencimiento del plazo pactado; también negó la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST porque se demostró el pago de las prestaciones sociales causadas por los servicios prestados en virtud de los contratos que no se vieron afectados por la prescripción.
La parte recurrente cuestiona que no se haya determinado la existencia de un solo contrato, pues la labor fue continua; siendo ello así, el vencimiento del plazo pactado no constituye una justa causa o causa legal para su terminación, por lo que procede la indemnización por despido; también reprocha la falta de condena por la indemnización moratoria al haberse acreditado la mala fe de la demandada, pues, el pago de compensaciones no puede equipararse al reconocimiento de prestaciones sociales. Finalmente, refiere que la prescripción de las cesantías solamente se contabiliza a partir de la finalización del contrato.
Bajo el anterior planteamiento, le corresponde a la Sala determinar si erró el Tribunal al determinar que la vinculación laboral del actor a la Universidad accionada se rigió por un solo contrato de trabajo y si procedían las indemnizaciones por despido injusto y moratoria.
Previamente, debe aclararse que los contratos cooperativos o de trabajo asociado no pueden equipararse necesariamente a contratos de trabajo a término fijo. Razón por la cual, cuando se discute la existencia de una sola vinculación laboral, deben analizarse las circunstancias particulares de cada asunto, para poder determinar si existió continuidad en la relación laboral. Así lo explicó esta Corporación en sentencia CSJ SL5595-2019, al resolver un asunto similar al presente:
Sea lo primero señalar que le asiste razón al recurrente en cuanto afirma que los convenios cooperativos no pueden equipararse necesariamente al contrato de trabajo a término fijo, el cual está regulado específicamente en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Por ello, cuando se someta a juicio el principio de la realidad sobre las formas con el fin de establecer la existencia de un solo contrato de trabajo, es relevante analizar las particularidades fácticas propias del litigio a fin de establecer o desechar, según el caso, la vocación de permanencia o no de la relación laboral.
Precisado lo anterior, y una vez revisadas las pruebas denunciadas, esto es, los convenios de trabajo asociado que suscribió el actor con las cooperativas accionadas y los contratos laborales que firmó con la Universidad Cooperativa de Colombia, la Sala encuentra la siguiente información frente a los periodos de prestación personal del servicio, en los cargos que se describen a continuación:
Año
Folio
Cargo
Fecha inicial
Fecha final
Días de Interrupción
1997
160 a 162, 203
Prof. Catedrático
03/02/1997
27/06/1997
15
Coordinador
01/08/1997
20/12/1997
34
163 a 165
Prof. catedrático
04/08/1997
No se indica
1998
174 a 176, 212
Prof. Catedrático
10/08/1998
19/12/1998
1999
178 a 181, 207
Prof. Catedrático
09/02/1999
31/05/1999
50
182 a 185
Prof. Catedrático
02/08/1999
No se indica
2000
221 a 222, 188
Coordinador
17/01/2000
30/06/2000
223 a 224,208
Coordinador
17/07/2000
15/12/2000
17
186 a 187, 191
Prof. Catedrático
08/08/2000
08/12/2000
2001
225 a 226
Coordinador
22/01/2001
29/06/2001
37
227 a 228, 215
Coordinador
03/07/2001
21/12/2001
9
2002
229 a 230, 217
Coordinador
28/01/2002
28/06/2002
37
231 a 232, 218
Coordinador
03/07/2002
20/12/2002
5
192 a 193, 194
Prof. Catedrático
05/08/2002
22/11/2002
2003
233 a 234, 219
Coordinador
13/01/2003
27/06/2003
23
195 a 196, 197
Prof. Catedrático
10/02/2003
07/06/2003
235 a 236, 220
Coordinador
14/07/2003
20/12/2003
17
198 a 199, 200
Prof. Catedrático
04/08/2003
22/11/2003
2004
29 a 30 cuad.2
C.A. derecho privado
19/01/2004
26/06/2004
29
31 a 33 cuad.2
Prof. Catedrático
09/02/2004
05/06/2004
35 a 36 cuad.2
C.A. derecho privado
06/07/2004
18/12/2004
10
37 a 38 cuad.2
Prof. Catedrático
02/08/2004
30/11/2004
2005
41 a 42 cuad.2
Coordinador
24/01/2005
25/06/2005
36
43 a 44 cuad.2
Prof. Catedrático
07/02/2005
04/06/2005
47 a 48 cuad.2
Coordinador
11/07/2005
17/12/2005
16
49 a 50 cuad.2
Prof. Catedrático
01/08/2005
19/11/2005
2006
53 a 54 cuad.2
Coordinador
23/01/2006
02/12/2006
36
55 a 56 cuad.2
Prof. Catedrático
06/02/2006
03/06/2006
58 a 59 cuad.2
Prof. Catedrático
01/08/2006
18/11/2006
2007
62 a 63 cuad.2
Coordinador
22/01/2007
30/06/2007
50
64 a 65 cuad.2
Docente
29/01/2007
02/06/2007
68 a 69 cuad.2
Coordinador
23/07/2007
01/12/2007
23
70 a 71 cuad.2
Docente
01/08/2007
24/11/2007
2008
74 a 75 cuad.2
Coordinador
28/01/2008
29/11/2008
36
77 a 78 cuad.2
Docente
01/03/2008
31/05/2008
81 a 82 cuad.2
Docente
01/08/2008
15/11/2008
2009
85 a 87 cuad.2
C.A. derecho privado
26/01/2009
28/11/2009
57
88 a 89 cuad.2
Docente
02/02/2009
06/06/2009
92 a 93 cuad.2
Docente
11/08/2009
30/11/2009
2010
97 a 98 cuad.2
Coordinador
25/01/2010
26/06/2010
55
100 a 101 cuad.2
Docente
08/02/2010
12/06/2010
105 a 107 cuad.2
Coordinador
16/07/2010
18/12/2010
20
108 a 109 cuad.2
Docente
02/08/2010
27/11/2010
2011
113 a 115 cuad.2
Profesor en comisión - funciones adtivas.
17/01/2011
26/06/2011
29
116 a 118 cuad.2
Prof. Catedrático
07/02/2011
11/06/2011
121 a 123 cuad.2
Profesor en comisión – funciones adtivas.
25/07/2011
04/12/2011
29
124 a 126 cuad.2
Prof. Catedrático
01/08/2011
26/11/2011
2012
274 a 276
C.A. derecho privado
16/01/2012
30/06/2012
42
277 a 279
Prof. Catedrático
06/02/2012
09/06/2012
280 a 281
Prof. Catedrático
01/08/2012
24/11/2012
31
282 a 284
Especialista Desarrollo programas posgrado
01/08/2012
15/12/2012
2013
285 a 288
Profesor tiempo completo
28/01/2013
13/12/2013
43
En la mayoría de las anualidades se evidencia la celebración de varios contratos para ejercer labores como profesor catedrático, en comisión, por tiempo completo, coordinador o especialista, existiendo en muchas ocasiones simultaneidad en la vigencia de los convenios y por ende, de los servicios prestados; razón por la cual, para determinar si hubo continuidad o interrupciones relevantes entre cada periodo, si se toma en cada año los extremos más amplios, esto es, la primera fecha y la última data del respectivo lapso. Este ejercicio permite establecer con precisión los días en que efectivamente no estuvo vigente ninguna contratación, e incluso, superar algunas interrupciones entre unos contratos, pero por las cuales el actor prestó servicios en virtud de otro convenio.
Así, por ejemplo, en el año 2008, entre los contratos para ejercer la labor docente existe solución de continuidad entre el 31 de mayo y el 1 de agosto; sin embargo, por este interregno estaba vigente el acuerdo contractual en virtud del cual el demandante se desempeñó como coordinador, 28 de enero a 29 de noviembre, por lo que se entiende que en verdad no existió interrupción de la labor entre estos dos extremos.
Aun así, la Sala evidencia que entre algunos contratos existieron interrupciones considerables, de 34 días y 7 meses, si se tiene en cuenta que para el segundo semestre de 1999 no es posible determinar durante cuánto tiempo laboró el actor, pues en las pruebas denunciadas no se indica la fecha final del contrato celebrado el 2 de agosto de ese año. Por tanto, en este caso, no es posible declarar una única vinculación laboral entre el 3 de enero de 1997 y el 13 de diciembre de 2013 como lo pregona el censor.
Debe recordarse que la existencia de una significativa solución de continuidad en los contratos impide que se pueda predicar la unicidad contractual, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación. Así, en la sentencia CSJ SL5595-2019, al analizar un asunto similar al presente, contra la misma Universidad demandada, esta Corte indicó:
Pues bien, sobre los extremos en que se extiende una relación laboral, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que, la significativa y considerable solución de continuidad impide que pueda predicarse la unicidad contractual (CSJ SL4816-2015 y CSJ SL981-2019). Precisamente, en esta última providencia, la Sala señaló:
En torno al desarrollo lineal y la unidad del contrato de trabajo, resulta pertinente recordar que cuando entre la celebración de uno y otro contrato median interrupciones breves, como podrían ser aquellas inferiores a un mes, estas deben ser consideradas como aparentes o meramente formales, sobre todo cuando en el expediente se advierte la intención real de las partes de dar continuidad al vínculo laboral, como aquí acontece. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en sentencia CSJ SL4816-2015:
(…) esta Sala de la Corte ha expresado que las interrupciones que no sean amplias, relevantes o de gran envergadura, no desvirtúan la unidad contractual, ello ha sido bajo otros supuestos, en los que se ha estimado que «las interrupciones por 1, 2 o 3 días, e incluso la mayor de apenas 6 días, no conducen a inferir una solución de continuidad del contrato de trabajo real […]» (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 40273). Sin embargo, ese análisis no puede hacerse extensivo a este caso en donde lo que está probado es que la relación tuvo rupturas por interregnos superiores a un mes, que, lejos de ser aparentes o formales se aduce, son reales, en tanto que ponen en evidencia que durante esos periodos no hubo una prestación del servicio; sin que, además, exista prueba eficiente de la intención de la demandada desde o con el demandante en esos periodos.
Así las cosas, el Tribunal no incurrió en error al concluir que no era posible la declaratoria de una relación laboral única o lineal en el tiempo para el período comprendido entre el 7 de enero de 1996 y el 21 de diciembre de 2013, puesto que, como se evidencia del análisis de los contratos que suscribió el actor, en dicho lapso hubo interrupciones significativas, como la de 6 meses y 16 días y la de 35 días. Además, el juez plural estableció que en dichos interregnos el actor no acreditó que prestó servicios a la universidad, aspecto que no puede probarse con testimonios, dado que dicho medio de convicción no es prueba calificada en casación.
En ese orden, si la Sala solo tiene en cuenta las interrupciones considerables, y no aquellas de apenas unos pocos días que no logran la ruptura de la vinculación entre las partes, en los términos de la jurisprudencia de esta Corporación, se evidencian los siguientes periodos de trabajo y lapsos de interrupción:
Desde
Hasta
Interrupción
03/02/1997
27/06/1997
01/08/1997
20/12/1997
34 días
10/08/1998
19/12/1998
7 meses, 20 días
09/02/1999
31/05/1999
50 días
17/01/2000
15/12/2000
7 meses, 16 días
22/01/2001
21/12/2001
37 días
28/01/2002
18/12/2004
37 días
24/01/2005
17/12/2005
36 días
23/01/2006
02/12/2006
36 días
22/01/2007
01/12/2007
50 días
28/01/2008
29/11/2008
36 días
26/01/2009
30/11/2009
57 días
25/01/2010
04/12/2011
55 días
16/01/2012
30/06/2012
42 días
01/08/2012
15/12/2012
31 días
28/01/2013
13/12/2013
43 días
Por tanto, el colegiado no se equivocó al concluir que no se podía declarar un solo contrato de trabajo entre los extremos reclamados en la demanda, pues los diferentes convenios suscritos entre las partes dan cuenta de interrupciones significativas. Si bien en la sentencia impugnada no se hizo relación de todos los periodos aquí analizados, por ejemplo, los tiempos laborados para los años 1998, 1999 y 2002, aun contabilizándolos como se hizo en el esquema anterior, no se logra evidenciar la continuidad alegada por el censor, pues las interrupciones siguen siendo considerables.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el fallador estableció que en tales interregnos no se acreditó la prestación personal del servicio a la Universidad demandada, aspecto que no puede probarse con testimonios, dado que esta prueba no es calificada o apta en casación para configurar un yerro fáctico.
Ahora, es sabido que cuando se discute la existencia de una sola relación laboral y se prueba un tiempo de servicios inferior al pretendido o varios contratos y no uno, el juez tiene el deber de dictar una condena minus petita que acepte parcialmente las pretensiones de la demanda, esto es, que si el demandante pide más, pero tan solo alcanzó a acreditar parte de lo pedido, debe reconocerse lo probado, conforme a tal normativa (sentencias CSJ SL 17215, 5 dic. 2001; CSJ SL806-2013; CSJ SL9112-2014; CSJ SL1012-2015 y CSJ SL4816-2015), tal como se recordó en la sentencia CSJ SL5595-2019.
Por tanto, si en virtud de la primacía de la realidad, el juzgador encuentra que el acervo probatorio da cuenta del nexo laboral, y constata que existieron varios contratos de trabajo desarrollados por los periodos allí estipulados, es su deber, al menos, proceder a liquidar el último de los vínculos demostrado.
Así lo recordó esta Sala en sentencias CSJSL2345-2018 y CSJ SL3215-2018, al reiterar la postura de la Corporación al respecto. Así, en esta última decisión se indicó:
Sobre este aspecto, la Sala ha sido enfática en señalar que cuando las pretensiones están cimentadas en una relación laboral y se acredita que existió solución de continuidad, se debe tomar, con el fin de examinar las condenas, por lo menos el último vínculo de carácter laboral continuo que ató a las partes y que aparezca acreditado, pues, si bien el demandante es quien marca el tema decidendum en materia de los juicios del trabajo y de la seguridad social, lo cierto es que el juez puede proceder a ello en virtud de la capacidad de fallar minus petita.
Así lo determinó la Sala, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL5165-2017, rad. 45183, cuando indicó que:
[…] recuerda la Corte que ha sido criterio de esta Corporación, que en asuntos como el presente, en que las pretensiones están cimentadas en una única relación laboral, se debe tomar para reexaminar las condenas, el último vínculo de carácter laboral continuo que ató a las partes. Es así como, en sentencia de la CSJ, 19 oct. 2006, rad. 27371, en un proceso análogo seguido contra el mismo ISS, se puntualizó:
En cuanto a la existencia de solución de continuidad entre los diversos contratos, se observa que, de acuerdo con la certificación aportada a folios 131 y 225, de los contratos suscritos entre el 1 de marzo de 1994 y el 30 de noviembre de 2002, apenas si se presentaron algunas interrupciones entre uno y otro contrato, siendo la mayor apenas de una semana, entre el 28 de febrero y el 8 de marzo de 1999, por lo que no aparece que se hubiere dado una solución de continuidad de la relación laboral, toda vez que, a pesar de ser numerosos los contratos celebrados por unos términos establecidos, la verdad que aflora es que la demandante siempre cumplió las mismas funciones para el demandado, por lo que la suscripción de un nuevo contrato, cada vez que se vencía el anterior, apenas era una mera formalidad y no obedecía a la intención de desvincular a la trabajadora.
Cosa diferente ocurre con el contrato celebrado a partir del 1 de agosto de 1993, que venció el 30 de enero de 1994, pues el siguiente se celebró un mes después, el 1 de marzo de 1994, de donde, por lo prolongado de la interrupción del servicio, no es posible inferir que la intención de las partes era continuar con una misma relación de trabajo y que apenas se trataba de una mera formalidad.
Como quiera que las pretensiones de la demanda inicial están cimentadas sobre la base de una sola relación de trabajo, se tendrán en cuenta para reexaminar las condenas de primera instancia, los extremos comprendidos entre el 1 de marzo de 1994 y el 30 de noviembre de 2002, que corresponden a la última relación laboral continua sostenida por las partes (Resalta la Sala).
El anterior criterio ha sido reiterado, entre otras, en las sentencias CSJ SL14969-2017, rad. 52813; CSJ SL13444-2017, rad. 50565; y CSJ SL087-2018, rad. 51340.
Por tanto, según el criterio de esta Corporación, en eventos como éste, y en virtud de la facultad de fallar minus petita, esto es, por menos de lo pedido, se debe declarar la existencia de los varios contratos ejecutados entre 1997 y 2013, y evaluar las condenas que pudiesen causarse por el periodo comprendido entre el 28 de enero y el 13 de diciembre de 2013, que corresponde a la última vinculación laboral continua entre las partes.
Esto, como quiera que el anterior contrato se desarrolló del 1 de agosto al 15 de diciembre de 2012, lo que demuestra una solución de continuidad considerable de 43 días respecto de la última contratación, sin que las pruebas denunciadas y aptas en casación den cuenta que por este interregno esté acreditada la prestación de alguna actividad personal por parte del demandante.
De esta forma procedió el Tribunal, quien analizó la causación de las prestaciones sociales e indemnizaciones reclamadas, por lo menos para el último periodo continuo laborado, y encontró que la Universidad Cooperativa de Colombia reconoció y pagó al actor las prestaciones y vacaciones pedidas.
Y si la Sala pudiese constatar los comprobantes de nómina en que el fallador fundó tal conclusión y que obran a folio 301 a 305, encontraría que efectivamente, para el periodo del 28 de enero al 13 de diciembre de 2013 la accionada le reconoció al actor el valor de las cesantías, intereses sobre las mismas, prima de servicios y vacaciones, conforme al salario admitido por las partes $2.131.917, lo que impide que se cause la indemnización por mora reclamada, pues por tal lapso no se adeudan las acreencias pedidas.
Ahora, aunque en la demanda inicial no se solicitó el pago de aportes pensionales, en estos mismos documentos se aprecia el descuento efectuado por tal concepto y su pago efectivo está sustentado en los documentos visibles a folios 314 y ss. De ahí que resulta inapropiado sustentar el pago de la indemnización moratoria en la falta de cotizaciones.
Observa la Sala que para el periodo que se analiza, la vinculación del demandante no fue por convenio asociativo con las cooperativas accionadas sino directamente mediante contrato de trabajo a término fijo con la institución educativa, tal como consta a folio 285 a 288.
En dicho acuerdo de trabajo se pactó la prestación del servicio por parte del demandante como profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho, a partir del 28 de enero y hasta el 30 de noviembre de 2013. Luego, mediante otro sí, de fecha 15 de octubre del mismo año, las partes modificaron la vigencia del contrato hasta el 13 de diciembre e igualmente hicieron constar la notificación al trabajador sobre la terminación de este convenio a partir de la fecha del vencimiento del referido plazo.
Siendo ello así, también resulta acertada la decisión del colegiado de negar la indemnización por despido injusto, pues lo cierto es que esta última vinculación laboral fue pactada a término fijo inferior a un año, y culminó precisamente por el vencimiento del plazo, lo que constituye una causa legal para finalizar el contrato, sin que se demuestre el hecho del despido en que se apoya el censor.
De otra parte, aunque el censor advierte que no puede confundirse el pago de compensaciones con el de prestaciones sociales, lo cierto es que, respecto de la última vinculación laboral continua entre las partes, que es la que se puede estudiar conforme a la jurisprudencia antes citada, tal reparo es inane, pues como se dijo, se trató de un verdadero contrato de trabajo con la Universidad y no de un convenio asociativo en virtud del cual recibiera compensaciones. En todo caso, se debe precisar que este puntual reproche resulta desacertado, como quiera que frente a los pagos realizados por una misma prestación del servicio opera la excepción de compensación, propuesta por la Universidad demandada, tal como se consideró en sentencia CSJ SL5595-2019 en la cual se indicó:
Ahora, respecto de la excepción de compensación que alegaron en su favor la Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna y la institución educativa, es preciso señalar que no le asiste razón al demandante en cuanto afirma que no puede confundirse el pago de compensaciones que recibió en virtud de los acuerdos de trabajo asociado con los salarios y prestaciones sociales y, por tanto, se le adeudan estas obligaciones laborales. Ello porque tales pagos se generaron por la misma prestación de servicios que desarrolló a favor de la Universidad Cooperativa de Colombia, de modo que es procedente declarar próspera tal excepción, como acertadamente lo estableció el juez plural.
Debe aclararse que, al no acreditarse la existencia de una sola vinculación laboral entre las partes, pierde sustento el reparo del censor relativo a que las cesantías solo se hacen exigibles al 13 de diciembre de 2013 y, por tanto, no se ven afectadas por la prescripción. Esto, como quiera en dicha data solo empieza a contabilizarse el término prescriptivo de las cesantías respecto del último periodo de labores, es decir, el que inició el 28 de enero del mismo año, y no frente a las demás vinculaciones, fenecidas con antelación. Y como quiera que el auxilio causado por este último lapso fue debidamente cancelado, el colegiado no se equivocó al negar la condena por este concepto.
En los anteriores términos, la Sala no encuentra yerro fáctico alguno en la decisión impugnada, pues en verdad, las pruebas denunciadas no permiten establecer la existencia de una única vinculación laboral, sino varios nexos de trabajo entre los que medió solución de continuidad. Además, en virtud del deber de fallar minus petita, el Tribunal estudió al menos, la última contratación continua entre las partes, y encontró improcedente el reclamo de las acreencias laborales, pues las prestaciones y vacaciones fueron pagadas, lo que a su vez impide imponer condena por indemnización moratoria, y, además, la indemnización por despido injusto no se causa, conclusión que como se vio, resulta acertada.
Debe aclararse que en este caso no es posible ordenar el reajuste de prestaciones o pago de indemnizaciones al que se accedió en sentencia CSJ SL5595-2019 como lo reclama el recurrente al decir que se trata de una «sentencia hito» en esta materia que debe tenerse en cuenta (f.° 108 a 110 cuaderno de la Corte).
Se afirma lo anterior, porque si bien los lineamientos y pautas jurisprudenciales de dicha decisión se ajustan a lo aquí debatido, lo cierto es que, a diferencia del presente asunto, en el caso allí analizado la Sala sí advirtió continuidad en la prestación del servicio por lo menos durante los últimos tres contratos de trabajo, ya que las interrupciones no eran significativas y, por ende, en virtud de la facultad de fallar minus petita, declaró la unicidad contractual por tal interregno. Mientras que, en este evento, no existió tal unicidad entre los últimos convenios de trabajo para poder predicar la continuidad en la labor que permitiese ordenar un reajuste, pues las interrupciones fueron significativas, y el último contrato continuo, como se vio, fue liquidado en debida forma.
De ahí que, pese a que se trate de dos asuntos contra las mismas demandadas y se discuta la existencia de una sola vinculación de trabajo ininterrumpida, los supuestos fácticos sobre la continuidad en el servicio varían, lo que impide a la Sala acceder a lo pretendido por el censor. Recuérdese que aun cuando el litigio sea similar, cada asunto debe resolverse conforme a las pruebas aportadas en cada uno de ellos, lo que puede llevar a decisiones diferentes, dependiendo de los hechos que las partes logren demostrar.
Por las razones anteriores, conforme a las pruebas denunciadas en este caso, la Sala no advierte yerro fáctico alguno del colegiado y, por tanto, las acusaciones no prosperan.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante y a favor de las opositoras Universidad Cooperativa de Colombia, Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Comuna y Cooperativa de Trabajo Asociado La Comuna. Se fijan como agencias en derecho la suma única de $4.240.000, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 13 de diciembre de 2016 en el proceso ordinario laboral que instauró contra la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA y la COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIVERSITARIA NACIONAL COMUNA.
Costas como se dijo en la parte motiva.
centercenter00Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO
DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA