FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL3647-2022
Radicación n.° 92295
Acta 34
Bogotá, D.C., cinco de (5) octubre de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 26 de octubre de 2020, en el proceso que instauró en su contra EUDACIÓN LOPERA.
I. ANTECEDENTES
Eudación Lopera demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones para que, previa declaración de que la invalidez de la demandante se estructuró en la fecha de la última cirugía practicada, o se tenga en cuenta hasta la última cotización, se condenara a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, el retroactivo pensional, los intereses moratorios y la indexación. En subsidio, solicitó que se declare que le asiste el derecho a la pensión de invalidez de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990, las mesadas pensionales, los intereses moratorios y las costas procesales.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: mediante dictamen realizado por medicina laboral de Colpensiones se le calificó con una pérdida de capacidad laboral del 58.26%, con fecha de estructuración 21 de junio de 2012, decisión que recurrió y fue modificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en cuanto a que la merma ocurrió el 21 de marzo de 2012, confirmada por la Junta Nacional con fundamento en la ceguera, sin que se hubiera tenido en consideración que consultó por dicho padecimiento desde el año 2003, en el 2010 y 2012, periodo en el que tuvo un deterioro progresivo y cronológico que inició con el desprendimiento de la retina hasta llegar a la pérdida total de su capacidad visual.
Expresó que la Junta Nacional de Calificación estableció de manera arbitraria la fecha de estructuración de la invalidez en el año 2012 «como si se tratara el problema de la ceguera de un hecho repentino y no de una evolución médica»; cuestionó que el referido ente especializado tuvo en cuenta un examen visual de enero del año 2010, pero pasó por alto que intentó una última rehabilitación en el mes de mayo de ese año, que no produjo los resultados esperados.
Adujo que la última cotización o la última cirugía que le fue practicada era la que debía estructurar la pérdida de capacidad laboral, conforme lo había señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corte.
Señaló que contaba con un total de 789.43 semanas cotizadas, más de 300 de ellas lo fueron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, con lo que cumplía los supuestos normativos del Acuerdo 049 de 1990, motivo por el cual solicitó a la demandada el reconocimiento de la pensión de invalidez que, a la fecha de interposición de la demanda, no había sido resuelta, con lo que entiende agotada la reclamación administrativa.
El juez conocimiento ordenó la integración como litis consorte necesario por pasiva a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y, aceptó varios de los hechos. En su defensa, propuso los medios exceptivos que denominó: prescripción; inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; buena fe; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, y compensación.
La Junta Nacional de Calificación de Invalidez expresó que en la demanda no se formuló ninguna pretensión en su contra, por lo que se abstuvo de hacer manifestación alguna al respecto. Con relación a los hechos admitió como ciertos los tres primeros, los demás los negó o dijo que no le constaban.
En su defensa propuso las excepciones de: legalidad de la calificación de esa entidad; improcedencia del petitum; inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen y carga de la prueba a cargo del contradictor; legalidad de la calificación: fundamentación médica – científica de la fecha de estructuración; la calificación de la data de estructuración de la invalidez debe fundamentarse en criterios médicos – técnicos – científicos; inexistencia de la obligación a cargo de la Junta Nacional: inexistencia de pretensiones – competencia del juez laboral; buena fe de la parte demandada y la genérica.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 5 de noviembre de 2019, absolvió a la demandada de la totalidad de las pretensiones planteadas en su contra e impuso costas al promotor.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, en fallo del 26 de octubre de 2020, revocó la sentencia apelada en cuanto negó la aplicación de la condición más beneficiosa para, en su lugar, condenar a Colpensiones a reconocer y pagar al actor la pensión de invalidez desde el 21 de marzo de 2012, la indexación de las mesadas, autorizó el descuento de los aportes en salud a cargo del pensionado y confirmó en lo demás. Impuso costas a la demandada
Como fundamento de su decisión determinó dos problemas jurídicos a resolver. En primer lugar, establecer si el demandante demostró la ineficacia probatoria de los dictámenes periciales emitidos en su caso por las juntas calificadoras y Colpensiones y, como consecuencia, si debía fijarse la fecha de estructuración de la invalidez en el 22 de enero de 2010 y, en el evento en que no prosperara lo anterior, precisar si cumplía los presupuestos esgrimidos en la sentencia CC SU556-2019 en virtud del principio de la condición más beneficiosa para que fuera realizado el salto normativo entre la Ley 860 de 2003 y el Decreto 758 de 1990[sic].
A continuación, abordó el estudio de la claridad, precisión, exhaustividad y detalle de la prueba pericial. Al respecto, luego de hacer unas consideraciones generales sobre dicho medio, señaló que, a su juicio, en el dictamen obrante a folios 174 a 176 «el perito se limitó a concluir que se apartaba de lo indicado por las juntas, dado que, para el 22 de enero de 2010 el paciente ya presentaba una pérdida de visión cuya diferencia(sic) era suficiente para otorgarle la invalidez». Añadió que ese dictamen «omite, sin ningún tipo de explicación científica, el contenido de la historia clínica del actor; en concreto, la revisión del 14 de diciembre de 2010, donde el oftalmólogo cirujano consignó: “contento, bien. Sin tratamiento. AV: CC: OI 20/20” (fl. 69)», documento con base en el cual se emitieron los dictámenes acusados en la demanda y concluyó que «al no demostrarse que el dictamen emitido por el médico José William Vargas Arenas cumple con las condiciones de eficacia de la prueba, se desestimará el mismo, confirmando en este punto el fallo apelado».
En relación con el principio de la condición más beneficiosa acotó que esta Corporación había fijado unas sub reglas para su aplicación, tales como que: i) operaba con respecto a la norma inmediatamente anterior, ii) la invalidez se haya estructurado entre el 28 de diciembre de 2003 y el 28 de diciembre de 2006, y iii) se cumplieran las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 antes de la entrada en vigencia de la nueva norma y a la fecha de estructuración de la invalidez. Para el efecto se remitió a las decisiones de esta Corporación CSJ SL7275-2015, CSJ SL4559-2019, CSJ SL4987-2019, CSJ SL2358-2017 y CSJ SL4650-2017.
No obstante lo anterior, explicó que la Corte Constitucional en la sentencia CC SU556-2019 encontró que tal precedente no era manifiestamente inconstitucional, pero aclaró que este no podía ser aplicado a las personas que cumplieran con el test de procedencia establecido en la sentencia CC SU005-2018, condiciones que halló acreditadas en el caso concreto, por lo que consideró pertinente acudir al aludido principio de la condición más beneficiosa a fin de aplicar de manera ultra activa las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, pues antes del 1 de abril de 1994, el actor había cotizado un total de 504 semanas, motivo por el cual revocó la decisión de primera instancia y condenó al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en los términos arriba anotados.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la de primera en cuanto absolvió de todas las pretensiones de la demanda y determine la condena en costas según corresponda.
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica.
VI. CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea,
[del] artículo 1 de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, lo que conllevó a la aplicación indebida de los artículos 6, 20 del acuerdo 049 de 1990, reglamentado por el decreto [sic] 758 de 1990, en concordancia con los artículos 40 y 41 de la ley [sic] 100 de 1993, este último modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, los artículos 2, 3, 40 y 51 del Decreto 1352 de 2013, y el inciso primero del artículo 5 del Decreto 2463 de 2001, artículos 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo.
Para dar desarrollo al cargo, recuerda que el Tribunal tuvo en cuenta que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez definió que Eudación Lopera tenía una pérdida de capacidad laboral del 58.26% con fecha de estructuración el 21 de marzo de 2012 y que, en los últimos tres años anteriores a esa data, no acreditó las semanas exigidas en la Ley 860 de 2003. Añade que la decisión desconoce el precedente de esta Corte respecto a la ultraactividad de la ley y las limitaciones temporales del principio de la condición más beneficiosa, entre otras, el fijado en las sentencias del 25 de enero de 2017, radicado 42462, CSJ SL2796-2020, CSJ SL3102-2020, CSJ SL3055-2020, CSJ SL3660-2020 y CSJ SL2989-2021, con lo que realiza una interpretación indebida de la ley.
Acto seguido, sostiene que el precedente constitucional al que acude el sentenciador fue objeto de pronunciamiento por esta misma Corporación, que se apartó de aquél por las razones indicadas en la providencia CSJ SL2866-2021 y concluye que la aplicación por parte del juez colegiado del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, producto de la cotización de 300 semanas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, «es contrario a derecho y viola la ley sustancial, por cuanto es equivocado concluir que las cotizaciones realizadas en un ordenamiento derogado consolida el derecho para el reconocimiento de la pensión a pesar del cambio de ordenamiento». Por lo que «al no existir una expectativa “legítima” se ha establecido que la cotización en ordenamientos anteriores genera una mera expectativa y no un derecho adquirido».
VII. CONSIDERACIONES
Dado que el cargo se dirige por el sendero de puro derecho, y que la controversia en casación solamente se limita a la aplicación de la condición más beneficiosa, no hay controversia alguna con respecto a los siguientes hechos: i) que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, mediante dictamen del 30 de septiembre de 2015, determinó que Eudación Lopera presenta una pérdida de capacidad laboral del 58.26% que se estructuró el 21 de marzo de 2012, y ii) que el citado cotizó un total de 789.43 semanas hasta el 28 de febrero de 2010.
Del análisis del cargo dimana palmario que el descontento de la recurrente gravita, en estricto rigor, en que el tribunal interpretó erróneamente el principio de la condición más beneficiosa, por lo que aplicó indebidamente el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, al otorgar la pensión de invalidez al demandante sin el lleno de los requisitos contemplados en la disposición aplicable a la fecha de estructuración de la invalidez apartándose del precedente sentado por esta Corporación sobre la materia.
En lo que respecta al reproche, la Corte de vieja data ha advertido que no es posible, entre otros, la utilización del postulado de la condición más beneficiosa, con el objeto de realizar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores hasta acompasar al caso concreto la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte más favorable y, con ello, una aplicación plusultractiva de la Ley, lo cual, por demás, desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia el futuro.
Al punto, esta Corte, en sentencia CSJ SL5657-2021 al memorar la providencia CSJ SL840-2020 que a su vez recuerda lo expuesto en la CSJ SL1689-2017, reiterada en sentencia CSJ SL8305-2017, enseñó:
La inconformidad de la parte recurrente con el fallo atacado radica básicamente en que, de acuerdo con el principio de la condición más beneficiosa, es viable darle aplicación al artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año.
Pues bien, es criterio reiterado de esta Corporación, que el derecho a la prestación pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuración de tal condición. De ahí que, al haberse estructurado la invalidez el 23 de junio de 2008, la disposición que rige el asunto es el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, cuyos requisitos no cumplió el actor pues no cotizó 50 semanas durante los tres años anteriores a dicha fecha.
De otra parte, como la censura invoca el principio de la condición más beneficiosa a fin de que el asunto se resuelva bajo la égida del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, es preciso señalar que no es viable dar aplicación a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una búsqueda interminable de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del peticionario o cuál resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. Esta ha sido la postura de la Sala expuesta en recientes providencias, entre otras, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016 y CSJ SL15965-2016.
En este orden, no era procedente que el Tribunal considerara los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 de manera plus ultractiva como lo pretende la censura, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub lite.
De manera que, trasladando todos los argumentos expuestos en las anteriores decisiones al asunto sometido a escrutinio de la Corte, cambiando lo que haya que cambiar, se concluye que el juzgador de alzada se equivocó, por cuanto, para la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del actor, esto es, 21 de marzo de 2012, la norma aplicable era la Ley 860 de 2003, modificatoria del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.
En efecto, el accionante no podría ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, por cuanto la Sala mayoritariamente se ha inclinado por reglar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la Ley 860 de 2003, solo es posible diferir los efectos de la mencionada ley hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia. (CSJ SL2358-2017)
Tampoco sobra indicar que, en torno a la fuerza vinculante del precedente constitucional, puntualmente la sentencia CC SU005-2018, esta Corporación, en providencia CSJ SL184-2021, adoctrinó:
La fuerza vinculante del precedente constitucional
La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia.
Asimismo, ha precisado que un precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensión a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios básicos del Estado constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremacía de la Carta Política, debido proceso y confianza legítima (C-539-2011).
No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.
El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).
En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicación debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos Superiores importantes para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que se expone a continuación -deber de argumentación suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017).
En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultractiva de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres años anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, (iii) pero sí reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el régimen anterior.
Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes, cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.
A juicio de esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Así mismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de retrospectividad.
Por otra parte, la aplicación ultractiva de normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, según el criterio de la Sala, no es posible (…)
En síntesis, conforme al criterio jurisprudencial citado, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente bajo la égida del modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.
En consecuencia, y ante la inexistencia de razones diferentes y novedosas que permitan un cambio de pensamiento, habrá de casarse la sentencia, por las razones expresadas arriba.
Sin costas dada la prosperidad del recurso.
En sede de instancia, basten las anteriores consideraciones para concluir que al actor no le asiste el derecho a la pensión de invalidez con aplicación de la condición más beneficiosa, pues no procede el salto normativo entre la ley vigente a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, que modificó el 39 de la Ley 100 de 1993, y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad y tampoco cuenta con el mínimo de 50 semanas en el último trienio, como lo dispone la regla jurídica que le aplicable, lo que resulta suficiente para confirmar la decisión de primera instancia.
VIII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 26 de octubre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por EUDACIÓN LOPERA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en su lugar, dispone:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, el 5 de noviembre de 2019, por las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: Costas en segunda instancia, a cargo de la parte demandante.
Sin costas en el recurso extraordinario.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
(Aclara Voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala (E)
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
No firma por ausencia justificada
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Recurso Extraordinario de Casación
Radicación n.° 92295
Referencia: demanda promovida por instauró EUDACIÓN LOPERA, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito hacer aclaración de voto, pues si bien comparto lo que finalmente se adoptó en el sub judice, que dispuso casar la sentencia condenatoria del Tribunal, sin embargo, respecto de los argumentos que se exponen en la providencia para la procedencia del principio de la condición más beneficiosa, en un lapso temporal en forma restringida, me permito hacer las siguientes precisiones:
En la presente providencia, la Sala igualmente señaló, que “el accionante no podría ser acreedor a la aplicación de la condición más beneficiosa por el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, por cuanto la Sala mayoritariamente se ha inclinado por reglar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la Ley 860 de 2003, solo es posible diferir los efectos de la mencionada ley hasta el 26 de diciembre de 2006, esto es, por 3 años luego de su vigencia (CSJ SL2358-2017).
Frente a dichos argumentos, debo indicar, que si bien inicialmente compartí el criterio mayoritario de la Sala vertido en la sentencia CSJ SL2358 de 2017, a través de la cual se dio vigencia temporal a la Ley 100 de 1993, en el transito legislativo con la Ley 860 de 2003, esto es, el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2003 y 26 de diciembre de 2006, ello fue con el fin de extender en el tiempo por vía jurisprudencial, los efectos del principio de condición más beneficiosa en dicho periodo, y hacer menos rigurosa su aplicación, en aras de tratar de salvaguardar los derechos de los asegurados y su grupo familiar, quienes por los cambios normativos verían truncada la posibilidad de acceder a la pensión de invalidez, pese a tener un cúmulo de cotizaciones importantes, y que conforme a disposiciones anteriores daría lugar de acceder a esa prestación.
No obstante lo anterior, al hacer un juicioso y minucioso análisis de dicha providencia y de las diferentes hipótesis que allí se plantean, como supuestos fácticos que deben cumplir los asegurados para acceder a la pensión de invalidez bajo esta nueva línea de pensamiento, se observa que las reglas allí trazadas, a más de ser en algunos casos confusas, también se tornan poco posibles de cumplir; de tal suerte, que de manera exigua o en nada termina favoreciendo al grupo poblacional al que está dirigida, contrario a lo que fue la finalidad del cambio doctrinal propuesto respecto de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa que con aquella providencia se fijó.
En efecto, al analizar por ejemplo las subreglas planteadas en la providencia, como las señaladas en el numeral «3.2», de una detallada lectura, se advierte que se hacen más difíciles de cumplir en la práctica, pues en este evento, cuando el asegurado no era cotizante activo para el momento del tránsito legislativo, las 26 semanas deben de ser cotizadas en el año inmediatamente anterior a la vigencia de la Ley 860 de 2003, es decir, «entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002», siendo entonces un número mínimo de afiliados quienes puedan cumplir con tales exigencias.
Bajo el contexto que antecede, en mi prudente juicio, imponer un límite temporal para acudir al postulado en comento en aquellos casos de sucesión normativa entre la Ley 860 de 2003 y Ley 100 de 1993, cuando el asegurado invalido cumple con los requisitos que esta última disposición exige en su canon 39, desconoce la esencia misma de la condición más beneficiosa, pues como lo ha sostenido esta Corporación en diferentes oportunidades es característico de la institución jurídica en comento que « Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada»; de manera que a mi juicio, la posición de la Sala de supeditar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, a que el peticionario acredite las 26 semanas en el año inmediatamente anterior al «26 de diciembre de 2003», y no como lo exige el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, desconoce lo antes señalado, olvidando además que las expectativas legitimas no pierden su condición de tales como consecuencia de una sucesión normativa o del paso del tiempo.
En los anteriores términos, dejo consignada entonces mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado