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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3674-2019

Fecha
10 de septiembre de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3674-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el quince (15) de mayo de dos mil doce (2012) por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARÍA FABIOLA JARAMILLO DE MARTÍNEZ en nombre propio y en representación de DIANA MARÍA MARTÍNEZ JARAMILLO, contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 15 de mayo de 2012, en el proceso que instauró en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA SANTANDER SA (ING PENSIONES Y CESANTÍA SA), hoy ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN SA, la sociedad CULTIVOS SANTA CRUZ SA EN LIQUIDACIÓN (hoy CRUZANTA SA), al cual fueron vinculados el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, como litisconsorte necesario por pasiva y la sociedad SEGUROS BOLÍVAR SA, como llamada en garantía. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3674-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

10 de septiembre de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL3674-2019

Radicación n.° 60151

Acta 031

Bogotá, DC, diez (10) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Decide la sala los recursos de casación interpuesto por MARÍA FABIOLA JARAMILLO DE MARTÍNEZ en nombre propio y en representación de su hija DIANA MARÍA MARTÍNEZ JARAMILLO y por la sociedad CULTIVOS SANTA CRUZ SA EN LIQUIDACIÓN (hoy CRUZANTA SA), contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 15 de mayo de 2012, en el proceso que instauró en contra de la recurrente y de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA SANTANDER SA (ING PENSIONES Y CESANTÍA SA), hoy ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN SA, al cual fueron vinculados el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, como litisconsorte necesario por pasiva y la sociedad SEGUROS BOLÍVAR SA como llamada en garantía.

ANTECEDENTES

María Fabiola Jaramillo de Martínez en nombre propio y en representación de su hija Diana María Martínez Jaramillo demandó a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Santander SA (hoy Ing Pensiones y Cesantía SA), la sociedad Cultivos Santa Cruz SA en Liquidación (hoy Cruzanta SA), con el fin de que se condene a la segunda a pagar el cálculo actuarial por la omisión en el pago de las cotizaciones en pensión por el período comprendido entre mayo de 1982 y diciembre de 1994; y en consecuencia, se ordene al fondo de pensiones reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes causada por el deceso de José Luis Martínez García, desde el 14 de diciembre de 2002, así como a recibir el valor del cálculo actuarial, los intereses moratorios, y la indexación de las sumas objeto de condena.

Como fundamento de sus pretensiones adujo que convivió e hizo vida marital con José Luis Martínez García, por más de 15 años hasta el día de su muerte, ocurrida el 14 de diciembre de 2002; unión de la cual procrearon a Diana María Martínez Jaramillo; que el citado cotizó al ISS para los riesgos de IVM por más de 300 semanas, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993; que con posterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones se trasladó a la AFP Santander SA, en la cual permaneció hasta su fallecimiento; que solicitó ante el fondo, la pensión de sobrevivientes causada por el deceso de su compañero y padre de su hija, la cual se le negó mediante la comunicación del 14 de septiembre de 2005.

Señaló que el asegurado dejó causado el derecho a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, aplicable en virtud del principio de la condición más beneficiosa, pues a la fecha de su deceso contaba con más de 300 semanas cotizadas al ISS, toda vez que el causante laboró, además, en la empresa Hacienda Everfit Indulana entre el 3 de mayo de 1966 y el 13 de enero de 1976, tiempo con cotizaciones al ISS, y con la sociedad Cultivos Santa Cruz SA, en donde tuvo un contrato de trabajo entre el 25 de mayo de 1982 y agosto de 1994, y durante ese tiempo estuvo afiliado al ISS, no obstante, la sociedad no le aportó al sistema de pensiones.

Al dar contestación a la demanda, ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía SA, se opuso a las pretensiones, aceptó que el causante se afilió a esa AFP el 1 de diciembre de 1999 en donde permaneció hasta la fecha de su muerte, así como la solicitud de la pensión de sobrevivientes y la negativa a su reconocimiento. Frente a los demás hechos no los aceptó y dijo que el señor Martínez García únicamente contaba con 217,71 semanas cotizadas al ISS.

Resalto que el afiliado nunca estuvo vinculado a la AFP a través del empleador Cultivos Santa Cruz SA, y sólo lo hizo como independiente, y en ese lapso no presentó ninguna cotización, por lo que no cumplió con la exigencia de las 26 semanas antes del fallecimiento. Propuso como excepción previa la de falta de integración de la litis por pasiva, donde solicitó vincular al ISS, a lo que accedió el juzgado; y como de fondo las de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, contrato no cumplido, necesidad del equilibrio financiero del sistema y prescripción.

Igualmente, llamó en garantía a la Compañía de Seguros Bolívar SA en virtud de la póliza de seguro colectivo de invalidez y muerte n.° 5030000001101, con el fin de obtener la suma adicional que se requiera para completar el capital necesario para financiar el pago de la pensión, la cual se encontraba vigente el 14 de diciembre de 2002, fecha de fallecimiento de José Luis Martínez García. Sociedad que al dar respuesta se opuso a las pretensiones por falta de los requisitos consagrados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, para lo que propuso la excepción de ausencia de cobertura o amparo.

Por su parte, Cultivos Santacruz SA, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, en cuanto a los hechos aceptó la existencia de la relación laboral, pero manifestó que en la zona de Urabá era una práctica reiterada, avalada por las organizaciones sindicales, no afiliar a los trabajadores al régimen de seguridad social, y que, además, el ISS inició su cobertura en esta zona a partir del año 1986. Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban o que no eran tales.

Aportó como prueba un documento firmado con el causante, el señor José Luis Martínez García (f.° 150), en donde en uno de sus apartes se lee que el 10 de agosto de 1994 le canceló una suma de $5.200.000 por concepto de las cotizaciones al ISS por los riesgos de IVM por el tiempo de 6 años, momento en el cual, dicha institución asumiría las obligaciones derivadas de dicho riesgo.

Propuso como excepciones las de falta de causa para pedir, inexistencia de obligaciones a cargo de la demandada y a favor del actor, prescripción, compensación y culpa exclusiva del causante Martínez García.

Finalmente, el Instituto de Seguros Sociales, únicamente aceptó el traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, frente a los demás hechos dijo que ninguno le constaba y, por lo tanto, debían ser probados. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló como excepciones las de falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación de conceder prestación económica alguna, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción y compensación

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín mediante sentencia del 30 de noviembre de 2010, condenó a ING Pensiones y Cesantía SA a reconocer y pagar a María Fabiola Jaramillo de Martínez y a su hija, la pensión de sobrevivientes, a partir del 14 de diciembre de 2002, en cuantía equivalente al salario mínimo legal, tanto para mesadas ordinarias como adicionales, en un 50% para cada una de ellas, y bajo el entendido, de que cuando la hija pierda su derecho, su porcentaje acrezca en favor de la primera; así como a pagar los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados a partir del 21 de agosto de 2005.

Igualmente, condenó a Cultivos Santa Cruz SA a constituir título pensional a favor de ING Pensiones y Cesantías SA, por el período comprendido entre el 25 de mayo de 1982 y el 10 de junio de 1990, el cual será liquidado por la última, de acuerdo con las normas actuariales; condenó a ING Pensiones y Cesantía SA a recibirlo y a reliquidar el monto de la pensión, atendiendo al número de semanas realmente cotizadas por el causante.

Finalmente condenó a la llamada en garantía Seguros Bolívar SA, a asumir las obligaciones de ING Pensiones y Cesantía SA, en los términos fijados en el contrato de seguros que media entre ellas, sin que en ningún caso sus diferencias lleguen a afectar a la demandante; y absolvió al ISS de las pretensiones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de sentencia del 15 de mayo de 2012, al resolver el recurso de apelación interpuesto por ING Pensiones y Cesantía SA y Seguros Bolívar SA, revocó la decisión de primer grado, en su lugar absolvió a la AFP, de todas las pretensiones formuladas en su contra, y en consecuencia, a la llamada en garantía.

Así mismo condenó al ISS a reconocer y pagar a María Fabiola Jaramillo de Martínez la pensión de sobrevivientes, a partir del 15 de diciembre de 2002 y la indexación de las sumas objeto de codena. Absolvió a esa entidad de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Igualmente modificó la sentencia del a quo, en el sentido de condenar a la sociedad Cultivos Santa Cruz en Liquidación (hoy Cruzanta SA), a responder ante el ISS, por el título pensional causado durante el período comprendido entre el 25 de mayo de 1982 y junio de 1986, momento a partir del cual el cálculo versará sobre la mora en que incurrió la sociedad codemandada, hasta el 10 de junio de 1990.

En primer término, se refirió al acuerdo transaccional celebrado entre la demandante y la sociedad Cruzanta SA, en el cual se expresó el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la demandante, y de las pretensiones concernientes a que:

[…] SE CONDENE A CULTIVOS SANTA CRUZ S.A. a pagar el cálculo actuarial por la omisión en el pago de las cotizaciones en pensión por el tiempo comprendido entre mayo de 1982 y diciembre de 1994»; y «SE OBLIGUE A PENSIONES SANTANDER S.A., a recibir el valor del cálculo actuarial señalado, y que una vez sea recibido, a ser tenido en cuenta para la liquidación de la pensión de sobrevivientes.

Agregó que le generaba extrañeza esa solicitud, por ser proveniente de:

[…] avezados jurisconsultos, para quienes debía ser absolutamente diáfano que cualquiera sea la fuente de financiación de las prestaciones económicas previstas en el Sistema de Seguridad Social Integral, no es dable someterlas a mecanismos de orden comercial, como si se trataran de una simple mercancía; precisamente por su característica especial de ser inalienables.

Realizó disquisiciones teóricas en torno a la seguridad social, su definición y el carácter de derecho irrenunciable de que trata el artículo 48 de la Constitución Política para lo que transcribió apartes de la sentencia CC C-230-1998 y concluyó:

No alberga entonces la menor duda para esta Colegiatura, que tanto el desistimiento como el acuerdo transaccional sobre el derecho pretendido por la actora, en relación con la sociedad CRUZANTA S.A., para contribuir al financiamiento de la pensión de sobrevivientes, escapan de las posibilidades legas, en virtud del carácter irrenunciable de esta prestación económica y el desvío injustificado y contrario a derechos de los aportes que a modo de título pensional, están llamados a conformar el capital necesario para su reconocimiento y pago.

Siendo así, no estima necesario la Sala adentrarse en el estudio detallado del documento contentivo del acuerdo transaccional, puesto que sí desde los fundamentos se desconocieron los principios constitucionales atrás enunciados, otros aspectos justificativos de dicho acuerdo, así como el monto, las condiciones y los medios de pago allí establecidos; por ser consecuencias caen por si propio peso.

Por lo que no avaló el desistimiento de folios 323, en cuanto a las pretensiones relacionadas por lo que se abstuvo de concederle efectos legales al acuerdo transaccional que milita a folios 325 a 329, lo que en consecuencia obliga a la restitución de las sumas pagadas, quedando la cosas en el estado inicial en que se encontraban.

En razón del documento que obra a folio 337, en donde ING Pensiones afirmó «[…] que con ocasión del proceso masivo de Multiafiliación efectuado en aplicación del Decreto 3995 proferido en octubre de 2008, se decidió que el ISS quedaba a cargo de las prestaciones económicas relacionadas con el señor José Luis Martínez García», señaló que un hecho sobreviniente es aquel que surge con posterioridad a la presentación de la demanda y que guarda relación con el asunto controvertido, es decir, se encuentra dentro del objeto de la litis y es necesario que el juez lo conozca para proferir la decisión de fondo.

Esta información lo llevó a concluir que ING Pensiones no era la obligada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes acá solicitada por lo que, el 15 de septiembre de 2011, la AFP procedió a trasladar los aportes de la cuenta individual del causante (f.° 340).

Lo anterior lo ratificó a través de la inspección judicial llevada a cabo el 27 de marzo de 2012 al Seguro Social (f.° 399 y siguientes).

Aseguró que no violentó el principio de consonancia pues, por unidad de materia, en razón a que, el ISS fue llamada a integrar el proceso con posterioridad a su inicio, era imposible que se exigiera el agotamiento de la reclamación administrativa.

Estableció entonces, como problemas jurídicos, determinar si era posible el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en virtud del principio de la condición más beneficiosa y si la convivencia exigida se encontraba acreditada.

Para ello, extrajo de la discusión: (i) que el señor José Luis Martínez García falleció el 14 de diciembre de 2002; (ii) que contrajo matrimonio por los ritos católicos con María Fabiola Jaramillo Arroyave el 2 de agosto de 1975, de cuya unión nació Diana María Martínez Jaramillo el 4 de septiembre de 1983; (iii) que estuvo vinculado con la sociedad Cruzanta SA entre mayo de 1982 y el 10 de agosto de 1994 la que lo afilió al ISS el 11 de junio de 1990; y, (iv) que trabajó para La Hacienda Everfit Indulana del 1 de enero de 1967 a 13 de enero de 1976.

Se refirió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida y a su financiación, con recursos 100% del fondo común del ISS y a lo relacionado con la cuota el bono tipo b y el título pensional.

Respecto del título pensional expresó, que el trabajador, con vinculación vigente al 23 de diciembre de 1993, a través de contrato de trabajo, en el que el empleador tenía a su cargo el pago de la pensión de jubilación, obtendrá el derecho a que, por el tiempo no cotizado, el empleador lo pague a favor del ISS.

Luego dijo que:

Tal como se indicó renglones atrás, la Hacienda Santa Cruz Ltda., afilió al señor Martínez García al Instituto de Seguros Sociales a partir del 11 de junio de 1990, es decir, cerca de cuatro (4) años después de iniciar el Instituto cubrimiento en dicho municipio, aportes que se continuaron ininterrumpidamente hasta el 16 de agosto de 1994.

Aseguró que con el Decreto 3041 de 1966 que aprobó el Acuerdo 224 del mismo año, y con otras normas posteriores, como el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, y a raíz de la llegada del Sistema de Pensiones, el ISS fue subrogando a los empleadores en la obligación de reconocer y pagar la pensión de vejez en forma gradual, en la medida en que citaba al contingente de trabajadores y empleadores para que se inscribieran al seguro de IVM, y mientras tanto la obligación de jubilar a los trabajadores seguía en cabeza de los empleadores, en los términos del artículo 260 del CST; sin embargo, el Seguro Social no alcanzó a cubrir todo el territorio nacional, lo cual solo ocurrió con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia pensional, cuando se hizo obligatoria la afiliación de todos los trabajadores particulares a la seguridad social.

Concluyó que en el caso puesto a consideración, la sociedad Cruzanta SA, debía responder ante el ISS por el título pensional causado entre el 25 de mayo de 1982 y el mes de junio de 1986, fecha que debe entenderse coincidente con la subrogación de toda obligación pensional que se surtió respecto de ese empleador, dejando en manos del ISS el reconocimiento y pago de la pensión, pero atendiendo a que, se trata de un trabajador que tenía un contrato de trabajo vigente al 23 de diciembre de 1993, prestando sus servicios a un empleador que tenía a su cargo el pago de la pensión de jubilación.

Expresó que a partir del mes de junio de 1986 y hasta el 10 de junio de 1990, esa sociedad, tenía que ponerse al día con el ISS por la mora en la afiliación y en el pago de los correspondientes aportes.

Ahora bien, frente al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, acogió y analizó el tema de la condición más beneficiosa de conformidad con las sentencias CC C-168-1995 y la del 10 de marzo de 2009 de esta corporación sin indicar radicado, pues si un afiliado en vida cotizó más de 300 semanas antes del 1 de abril de 1994, satisfizo los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad. Entonces, por el hecho de no haber efectuado cotizaciones durante 26 semanas en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, no se le podía desconocer tal derecho a sus beneficiarios, en virtud del artículo 53 de la Constitución Política.

En consecuencia, debió el señor José Luis Martínez García dejar acreditadas 150 semanas cotizadas dentro de los 6 años anteriores a la muerte, ó (sic) 300 semanas en toda su vida laboral; requisitos que encontró demostrados el a-quo y que ahora ratifica la Sala, puesto que con el empleador Hacienda Everfit Indulana se certifican 471,43 semanas, las que sumadas al título pensional y a los aportes pendientes a cargo de CRUZANTA S.A., esto es 413,71 (2.896 días); totalizan 885,14 semanas, cumpliendo así con creces la exigencia del legislador.

Frente al tema de la convivencia y de la dependencia económica, analizó la prueba testimonial recaudada durante el trámite procesal y concluyó que la pareja no interrumpió su convivencia desde que contrajeron matrimonio hasta el deceso del señor Martínez García.

En cuanto a la dependencia económica de Diana María Martínez Jaramillo, para la época del fallecimiento de su padre, ya era mayor de edad, y por lo tanto debió acreditar que se encontraba estudiando a efectos de hacerse beneficiaria del 50% de la pensión de sobrevivientes, pero ninguna prueba allegó en tal sentido. Por lo anterior, concedió el 100% de la prestación económica a la cónyuge supérstite.

Tratándose de la prescripción, luego de transcribir apartes de la sentencia de la Corte Constitucional CC C-624-2003, y de los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, señaló que como la AFP Santander SA dio respuesta a la solicitud pensional elevada por la actora el 14 de septiembre de 2005, antes de los tres años desde el fallecimiento del afiliado; y como la presente acción se inició el 6 de marzo de 2008, concluyó que ninguno de los derechos causados a partir del 15 de diciembre de 2002, se encontraban afectados por dicho fenómeno.

En cuanto a los intereses moratorios, expresó:

Intereses Moratorios

Pues bien, dado el fundamento jurídico de la decisión y siendo coherentes con la negativa a los intereses moratorios, cuando prevalece es la aplicación de un precedente jurisprudencial que trasciende el texto normativo, como lo es el principio de la condición más beneficiosa, no se encontraba la Entidad sometida inexorablemente a esta tesis interpretativa, por lo que se hace equitativo aceptar que su oposición a través de las excepciones propuestas en la respuesta a la demanda, obedeció al simple acatamiento de la Ley, lo que en estricto sentido no podría tomarse como el incumplimiento en el reconocimiento de la prestación económica de sobrevivientes y por tanto, quedaría desvirtuado este presupuesto fáctico consagrad en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; razón suficiente para absolver al ISS de este pedimento.

RECURSOS DE CASACIÓN

Interpuestos por la demandante y por la sociedad Cruzanta SA, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende María Fabiola Martínez, la «[…] la casación PARCIAL de la sentencia impugnada en cuanto REVOCÓ la condena por intereses moratorios impuesta por el a quo y, una vez constituida la Corte en Tribunal de instancia, la CONFIRME EN ESE ASPECTO».

Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados y que serán resueltos de manera conjunta, por atacar similar elenco normativo y merecer idéntica solución.

CARGO PRIMERO

Acusó la sentencia de violar por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 141, 13, 31, 36, 46, 47, 48, 150, 272 y 288 de la Ley 100 de 1993; 2 del Decreto 1887 de 1994; 6, 25 y 27 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año; 19 y 21 del CST; y, 48, 53 y 128 de la Constitución Política.

En su demostración adujo, que la controversia giraba en torno a la procedencia de los intereses moratorios cuando se reconocen tardíamente las pensiones, aplicando el Acuerdo 049 de 1990, en virtud del principio de la condición más beneficiosa.

Señaló que el tribunal interpretó de manera errada el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ya que no contiene ningún supuesto o presupuesto fáctico, objetivo o subjetivo, para que se exonere de los intereses por mora, lo que hace evidente el error hermenéutico, al estudiar el soporte o justificación del incumplimiento del ISS, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y concluir que dado el fundamento jurisprudencial, no le era aplicable dicha norma.

Indicó que las pensiones que se reconocen aplicando las normas del Decreto 758 de 1990, son pensiones de la Ley 100 de 1993, en virtud de lo establecido en su artículo 31, pues lo importante es que se trate de una pensión del Régimen de Prima Media con Prestación Definida; así lo definió esta corporación en la sentencia CSJ SL 23159, 20 oct. 2004, tesis reiterada en sentencias con radicados 25968, 27268 y 25134 de 2006, SL 27549, 21 mar. 2007, SL 30705, 12 dic. 2007, SL 33165, 25 nov. 2008, SL 35599, 4 feb. 2009, y SL 44900, 1 feb. 2011.

Dijo que fue el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, el que definió el asunto, y no la jurisprudencia, como erradamente lo indicó el ad quem; y que, en cualquier caso, la aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no permitía análisis subjetivo sobre las razones por las cuales la entidad no reconoció el derecho, o lo hizo tardíamente.

Afirmó que la posición actual de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema es que los mismos proceden sin que importe las razones del fondo deudor; al respecto transcribió apartes de la sentencia de esta corporación CSJ SL 36227, 21 jul. 2010.

CARGO SEGUNDO

Acusó la sentencia de violar por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, el mismo grupo normativo anterior y su argumentación fue similar. Concluyó, que el tribunal aplicó indebidamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al deducir de su texto la existencia de una causal de exoneración de los intereses moratorios, cuando la entidad obligada discute la existencia del derecho pensional reclamado.

RÉPLICA

Aseguró la sociedad Cruzanta SA que ambos cargos están dirigidos de manera exclusiva al ISS, pero dijo que la demanda tenía un error de técnica, porque presenta, de manera simultánea, dos conceptos de violación excluyentes.

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección SA por su parte dijo que, de acuerdo con sus intereses, la sentencia impugnada es acorde con la ley y la jurisprudencia.

Seguros Bolívar SA señaló igualmente un error de técnica consistente en presentar dos cargos que son excluyentes entre sí.

Finalmente, Colpensiones adujo que el recurrente varió la modalidad de los dos cargos, pero la argumentación fue la misma, debiendo modificarla igualmente. Además, el ad quem aplicó la ley y la jurisprudencia vigente para el caso.

CONSIDERACIONES

No les asiste la razón a las replicantes pues, aunque es cierto que la recurrente propuso dos modalidades de violación de la ley por la vía directa, vale decir, la interpretación errónea y la aplicación indebida, también lo es que cada una de ellas la presentó en cargos independientes que tendrían que ser analizados por la sala de manera individual si no fuera porque persiguen el mismo fin y acusan similar grupo normativo.

La interpretación errónea, modalidad escogida por la recurrente, exige que el fallador exprese un entendimiento de la norma que no corresponda con su genuino y cabal sentido, por lo que en la sentencia debe aparecer explícita la referencia a la norma mal interpretada, o, al menos, ser indudable que se aplicó la disposición dándole una inteligencia que no corresponde a su verdadera hermenéutica.

Al respecto debe precisar la sala, que no se dio una interpretación errada del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por lo que pasar a exponerse:

En forma preliminar se debe tener en cuenta, que la corte desde tiempo atrás ha sostenido que los intereses moratorios consagrados en el mencionado artículo, en principio y por regla general, proceden en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin hacer distinción alguna en relación con la clase de prestación. Así se dejó sentado desde la sentencia CSJ SL 18789, 29 may. 2003, reiterada, entre otras, en la SL 32002, 12 dic. 2007, y recientemente en las decisiones SL6662-2018, SL1440-2018 y SL5079-2018.

En el mismo sentido, es pertinente memorar que ya se ha definido por esta corporación que, si bien la cancelación de los referidos intereses moratorios se encuentra supeditada a que exista mora o retardo en el pago de la prestación pensional a la que se tiene derecho, en todo caso, su naturaleza es resarcitoria, pues el legislador los estableció con miras a reparar el pago tardío de la pensión a que había lugar, y no como una mera sanción al deudor (CSJ SL 18512, 23 sep. 2002).

Del mismo modo, ha precisado la Sala, que los intereses moratorios deben ser impuestos con independencia de la buena o mala fe en el comportamiento en que haya incurrido el deudor, siempre y cuando, se demuestre el retardo injustificado en la cancelación de la prestación pensional, en cuanto se trata, como se dijo, del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. (CSJ SL7893-2015).

También ha advertido la corte que no en todos los casos es imperativo condenar a los intereses moratorios y ha definido una serie de circunstancias excepcionales, en que se exonera de su pago, entre las cuales se encuentran los supuestos en los que se aplique el principio de la condición más beneficiosa, ya que en ese evento la solución de la controversia se ha dirimido a la luz de una interpretación normativa, cuya resolución queda a merced de una decisión judicial, por lo que no se puede aducir que existió mora en el reconocimiento pensional, ya que la entidad actuó bajo el convencimiento de que al reclamante no le asistía el derecho (CSJ SL 16390-2015, SL12018-2016 y CSJ SL4184-2018).

En la primera de las providencias, se dijo:

El Tribunal, contrario a lo manifestado por la censura, no basó su decisión en la existencia o no de buena fe de la demandada en la negativa de reconocer la pensión de invalidez, sino en la insatisfacción del actor en el lleno de los requisitos legales para acceder a esta prestación conforme a la norma aplicable en el mes de julio de 2000, data en la cual se estructuró la invalidez, y en esa medida no era procedente la condena por intereses moratorios, pues en verdad, en casos como el presente, no se presenta una mora en el reconocimiento pensional, ya que la entidad actuó bajo el convencimiento de que no le asistía el derecho reclamado en los términos de la ley vigente.

Así lo ha estimado esta Sala, en muchas de sus sentencias, y así, a manera de ejemplo, en la sentencia SL3087-2014, rad. 44526, en la que se reiteró ese criterio, se dijo:

Por el contrario, cuestionó la entidad demandada en la apelación lo atinente a la condena a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Al efecto, cabe aquí el criterio sostenido por la Sala en la sentencia CSJ SL, 6 nov. 2013, rad. 43602, donde dijo textualmente:

En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la doctrina tradicional de la Corte desde la sentencia de 23 de septiembre de 2002, rad. N° 18512, ha sido que deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que producía al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tenían carácter resarcitorio y no sancionatorio.

En sentencia de 13 de junio de 2012, rad. N° 42783, la Corte trajo a colación la de 29 de mayo de 2003, rad. N° 18789, donde se asentó esa postura en los siguientes términos:

‘Cierto es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal y como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala. En efecto, así dijo la Corte en sentencia de 23 de septiembre de 2002 (Radicación 18512)’.

La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir.

Entiende la Corte que la jurisprudencia en materia de definición de derechos pensionales ha cumplido una función trascendental al interpretar la normativa a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social, y que en muchos casos no corresponde con el texto literal del precepto que las administradoras en su momento, al definir las prestaciones reclamadas, debieron aplicar por ser las que en principio regulaban la controversia; en esas condiciones, no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios porque su conducta no estuvo guiada por el capricho o la arbitrariedad, sino por el respeto de una normativa que de manera plausible estimaban regía el derecho en controversia.

En consecuencia, no hubo una infracción del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por interpretación errónea ni por aplicación indebida; así las cosas, los cargos no están llamados a prosperar.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la sociedad recurrente que la corte case la sentencia del tribunal, para que, en sede de instancia revoque la condena impuesta, en cuanto a su obligación de responder ante el ISS por el título pensional y las costas del proceso, y en su lugar la absuelva de tales pedimentos.

Con tal propósito formuló tres cargos, que fueron oportunamente replicados por la demandante y por los codemandados, se estudiaran a continuación.

CARGO PRIMERO

Acusó la sentencia de violar por:

[…] indebida aplicación de los artículos 115, 116 y 117 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 17 del Decreto 1474 de 1997 y 6º del Decreto 1887 de 1994., dejando de aplicar los artículos 193 y 259 del Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 en desarrollo de los artículos 1º, 5º y 20 del Decreto 3041 de 1966 y los artículos 46, 47 y 48 inciso 4º de la Ley 100 de 1993.

En la demostración señaló que el ad quem al ordenar a cargo de la entidad de seguridad social, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en cumplimiento de la condición más beneficiosa, por reunir el causante más de 300 semanas en su vida laboral, en los términos de los artículos 6 literal b) y 25 del Decreto 758 de 1990, realizó un análisis de la forma de financiar el régimen de prima media con prestación definida que administra el ISS, y concluyó que existía la obligación de su parte de reconocer un título pensional a favor de dicha entidad.

Dijo que se ubicó el ataque en la indebida aplicación de la norma, toda vez que el fallador de segunda instancia aplicó una disposición normativa a un caso no regulado en la ley, desconociendo que si bien el causante tenía contrato de trabajo vigente al 23 de diciembre de 1993, ella no reúne a calidad de empleadora con la obligación de pensión a su cargo, la que se subrogó en la seguridad social desde la afiliación del trabajador, en la vigencia del contrato de trabajo, antes de entrar a regir la Ley 100 de 1993, obligación que cumplió siguiendo el mandato del artículo 1 del Decreto 3041 de 1966.

Afirmó que la Ley 90 de 1946, en sus artículos 72 y 76, dispuso el llamamiento de los empleadores a la inscripción y aporte de los trabajadores por el riesgo de IVM, en desarrollo de los artículos 1, 5 y 20 del Decreto 3041 de 1966, dio aplicación a la subrogación legal de estas prestaciones en las que se creó el seguro social obligatorio, normas que no aplicó el ad quem, y que no consagran la obligación de pagar el pretendido título pensional, por cuanto cumplió en vigencia del contrato con la obligación de afiliar y aportar al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, en los términos de los artículos 193 y 259 del CST, para que la pensión fuera otorgada por el sistema de seguridad social una vez reúna los requisitos de edad y semanas de aportes, como lo ordena el artículo 48 inciso 4 de la Ley 100 de 1993, con remisión a la densidad de semanas que establecen el 6, literal b) y el 25 del Decreto 758 de 1990.

Indicó que no debía responder por las cotizaciones que estaba obligada a efectuar durante un determinado lapso, pues no se trató de un comportamiento negligente, sino de un impedimento de tipo legal, la imposibilidad de afiliación por no haberse extendido la cobertura del ISS a la población donde laboraba el causante en los períodos de 1982 a 1986, y por existir una imposibilidad física de cotizaciones ante de 1990, por la instrucción impartida por parte de dos organizaciones sindicales (Sintrabanano y Sintagro), a sus afiliados, que agrupaban la mayoría de trabajadores de la zona, de no afiliarse al sistema de pensiones, tema aceptado en el proceso.

Dijo que al no reunir la condición que se requiere para ser obligada al reconocimiento del título pensional, no se cumplen los presupuestos y elementos que consagra el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, para reconocer un cálculo actuarial en los términos de los artículos 117, 118, 120 y 124 de la misma ley, indicando que adicional a lo anterior, en el presente proceso es innecesario y carece de objeto ordenar un título pensional, cuando la pensión que se causa en el patrimonio de los beneficiarios, se reconoce al reunir el causante más de 300 semanas en toda su vida laboral, en cumplimiento del principio de la condición más beneficiosa, sin que se requiera un capital adicional para que el derecho que no es objeto de conflicto, se cause a favor de la demandante.

Transcribió apartes de la sentencia de esta corporación CSJ SL 8453, 18 abr. 1996, y concluyó que al ser un hecho aceptado y no debatido en el proceso, que la seguridad social asumió el riesgo de vejez en la zona del Urabá antioqueño, a partir de 1986 mediante la Resolución n.° 2362, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, 193 y 259 del CST, 1, 5 y 20 del Acuerdo 224 de 1966, y al ser afiliado el causante al ISS en la vigencia del contrato, por efecto de la subrogación legal, debe casarse la sentencia recurrida.

RÉPLICA

Aseguró María Fabiola Jaramillo que la prestación del servicio en vigencia de la Ley 100 de 1993 habilita la expedición del título pensional por los períodos no cotizados anteriores a esa fecha.

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección SA por su parte dijo, para los 3 cargos que, de acuerdo con sus intereses, la sentencia impugnada es acorde a la ley y la jurisprudencia.

Seguros Bolívar SA señaló, para los 3 cargos, que la demanda de segundo grado se encuentra ajustada a derecho, pero que en el alcance de la impugnación hay un error de técnica, pues no precisó qué debía hacer la corte en sede de instancia.

Finalmente, Colpensiones adujo, igualmente, un error frente al alcance de la impugnación, toda vez que, aunque se solicitó la casación parcial, no explicó cuál era el punto de la sentencia del ad quem que solicitaba fuera anulado. De fondo, frente a este cargo, señaló que resultaba ser injusto y violatorio al derecho de defensa que la recurrente pretendiera que la entidad reconociera y pagara una pensión de sobrevivientes sin que ella cancelará el título pensional y las semanas en mora.

CONSIDERACIONES

La Corte comienza por resaltar que la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues aunque la jurisprudencia nacional ha morigerado la técnica exigida para plantear el recurso, una demanda de esta categoría está sometida en su formulación a una técnica especial, consagrada en el artículo 90 del CPTSS, que de no cumplirse da lugar a que el recurso extraordinario resulte inestimable e imposibilita su estudio de fondo.

Si bien es cierto, que le asiste la razón a la oposición en cuanto a los errores de técnica endilgados al recurso, del alcance de la impugnación se logra deducir que lo pretendido es obtener la revocatoria de la condena proferida por el a quo y absolver a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Igualmente, no hay discusión en que, en este cargo, no se indicó la vía por la cual se presentó la infracción a la ley sustancial, pero al referirse a la modalidad de infracción directa y al atacar aspectos netamente jurídicos, este defecto es superable y se entiende que lo hizo por la senda directa.

El problema jurídico se centra en determinar si el ad quem erró al establecer la responsabilidad de las cotizaciones a cargo de los empleadores, en zonas que aún no había entrado la cobertura del ISS. Las sentencias CSJ SL 9856-2014 y SL17300-2014, marcaron el cambio de la posición jurisprudencial, luego, la Sala señaló: (i) que no se podía negar que los empleadores mantenían obligaciones y responsabilidades respecto de sus trabajadores, a pesar de que no actuaran de manera negligente, al dejar de inscribirlos a la seguridad social en pensiones, (ii) que los lapsos de no afiliación por falta de cobertura, debían estar a cargo del empleador, por mantener en cabeza suya el riesgo pensional, y (iii) que la manera de concretar esa imposición es que en el caso que el trabajador no alcanzó a completar la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez, su derecho se debe consolidar mediante el traslado del cálculo actuarial para de esa forma garantizarle que la prestación estará a cargo del ente de seguridad social.

Bajo esa orientación, la corte reitera que, ante la hipótesis de omisión en la afiliación del trabajador al sistema de pensiones, sea por culpa o no del empleador, es deber de las entidades de seguridad social tener en cuenta el tiempo servido, como efectivamente cotizado, y es obligación del empleador realizar un cálculo actuarial y pagar por los tiempos omitidos, a satisfacción de la respectiva entidad, tal y como lo concluyó el juzgador de segundo grado.

En lo concerniente a que solo hasta 1986, fecha en la que el ISS asumió la cobertura de IVM, y al existir una imposibilidad física de cotizaciones antes de 1990, por la instrucción impartida por parte de Sintrabanano y Sintagro, la empresa accionada tenía a su cargo el reconocimiento pensional, pues luego fue subrogada en dicha obligación dado que para esa fecha el actor había laborado menos de diez años con la sociedad demandada.

Los riesgos pensionales en cabeza del empleador solo cesan con la subrogación a la respectiva entidad de seguridad social. No obstante, lo cierto es que el tiempo de servicios no cotizado por falta de cobertura del ISS, no puede ser desconocido, al punto que el empleador conserva una responsabilidad financiera respecto del trabajador, que se traduce en el pago de un cálculo actuarial. En la sentencia CSJ SL17300-2014, reiterada en la SL17406-2017, esta Sala explicó al respecto:

Desde luego, el «mejoramiento integral de los trabajadores», que implicó la asunción de riesgos por el ISS, sólo puede concebirse si tal cobertura se hace efectiva, porque de lo contrario, antes que existir aquel postulado, lo que se propicia es que quede desprovisto de la atención plena e integral, que se le debe por el trabajo desarrollado.

Estima la Sala que, si en cabeza del empleador se encontraba la asunción de la contingencia, ésta sólo cesó cuando se subrogó en la entidad de seguridad social, de forma que ese período en el que aquel tuvo tal responsabilidad, no puede ser desconocido; menos puede imponérsele al trabajador una carga que afecte su derecho a la pensión, sea por que se desconocieron esos períodos, ora porque el tránsito legislativo en vez de garantizarle el acceso a la prestación, como se lo propuso el nuevo esquema, se le frustre ese mismo derecho.

El patrono, por tanto, debe responder al Instituto de Seguros Sociales por el pago de los tiempos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues sólo en ese evento puede considerarse liberado de la carga que le correspondía.

Así entonces, por los tiempos en que no se efectuaron cotizaciones, por falta de cobertura del ISS o por impedimentos en la afiliación por parte de los sindicatos, el empleador conservaba responsabilidades pensionales que permitían encuadrarlo dentro de las premisas del literal c) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues es su deber, como empleador, contribuir para la financiación de la prestación pensional por el tiempo efectivamente laborado por el trabajador, como acontece en el sub judice.

En ese sentido, no se equivocó el tribunal al concluir que si bien el empleador se encontraba en imposibilidad de afiliación, teniendo en cuenta que hasta el 1 de agosto de 1986 no existió cobertura del ISS en el municipio de Apartadó y que los trabajadores a través del sindicato impidieron la afiliación a los riesgos de IVM hasta 1990, lo cierto es que no se desliga de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, de manera que aún conserva ciertas responsabilidades en torno a la financiación de la pensión, a través de la emisión de un cálculo actuarial, tal y como lo concluyó el ad quem.

Es menester que el interesado cuente con esas semanas en su haber, dado el carácter de irrenunciables que tiene los derechos de la seguridad social, bien para efectos de las que hace referencia el Acuerdo 049 de 1990 en virtud de la transición, o para acogerse a normativa integral de la Ley 100 de 1993, como lo permite su artículo 288.

Así las cosas, el Tribunal no cometió los yerros que se le endilgan, por lo que el cargo no prospera.

CARGO SEGUNDO

Acusó la sentencia «[…] por infracción directa del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, norma de medio que lleva a la infracción directa de los artículos 46, 47 y 48 inciso 4º de la Ley 100 de 1993»

En su desarrollo señaló que se ubicó el cargo en la falta de aplicación de la norma, la que produce un error del sentenciador sobre la existencia o validez de la norma legal, por desconocimiento o rebeldía contra la voluntad abstracta de la misma, al concluir en el presente caso, que no operó el fenómeno de la prescripción extintiva frente al objeto de la acción, con el planteamiento de una sentencia de la corte, desconociendo y rebelándose contra el contenido de la norma, que consagra sin lugar a interpretación, el término para ejercer las acciones legales que se deriven de una relación laboral.

Señaló que el artículo 488 del CST, hace referencia a que los derechos regulados por ese código, prescriben en tres años, y que, en igual sentido, el artículo 151 del CPTSS, dispone el mismo término para las acciones que emanan de las leyes sociales, es decir, que se aplica también a las acciones que se originan en las normas de la seguridad social.

Dijo que al no ser objeto de discusión en el presente conflicto jurídico, los extremos de la relación laboral entre el causante y la sociedad, la cual finalizó por mutuo acuerdo entre las partes el 15 de agosto de 1994, mediante la celebración de una transacción laboral, existía la certeza de que la reclamación elevada por la parte demandante con relación al período no cotizado, se encuentra afectada por el fenómeno de la prescripción, porque transcurrieron más de tres años entre la fecha de terminación del contrato laboral y la reclamación del pretendido derecho.

Dijo que el tribunal en su libre formación del convencimiento, concluyó de manera desacertada, que no operaba la excepción de prescripción, con base en la sentencia de la Corte Constitucional CC C-624-2003, en la que se estableció, que el derecho a la pensión era imprescriptible en atención a los mandatos constitucionales que expresamente disponen que el derecho es irrenunciable; planteamiento a partir del cual se limitó a confrontar la fecha de la solicitud pensional presentada ante la AFP Santander SA, con la de presentación de la demanda, sin pronunciarse frente al tiempo transcurrido desde la terminación del contrato celebrado entre el causante y la empresa, desconociendo que la omisión en el pago de las cotizaciones en el período comprendido entre el 25 de mayo de 1982 y junio de 1990, no constituye un derecho pensional imprescriptible, toda vez que la consecuencia jurídica aplicable por la vigencia de la norma en el tiempo, es la indemnización de perjuicios ocasionados por el empleador, no, el reconocimiento de un título pensional, y en este sentido se trata de un período de tiempo que no se requiere para acceder a la pensión, al tener más de 300 semanas cotizadas en cualquier época.

Señaló que independientemente de la consecuencia jurídica que debe ser aplicada frente a la omisión de las cotizaciones, igualmente existen pronunciamientos de la corte que se alejan de la sentencia indicada por el ad quem, en los cuales se precisó que no es dable confundir los hechos en que se funda la demanda, de la pensión, cuya declaración judicial de existencia resulta ser imprescriptible, con los derechos personales o créditos que surgen de la relación laboral, y que sirven de base o soporte al cálculo de su valor, los cuales sí prescriben en los términos de las indicadas normas laborales; al respecto transcribió apartes de la sentencia CSJ SL 10842, 15 feb. 2000.

RÉPLICA

María Fabiola Jaramillo aseguró que la obligación de pagar los aportes a pensión no prescribe, por tener una relación inescindible con la prestación de vejez que tiene el carácter de imprescriptible.

Colpensiones, por su parte, adujo que ya la jurisprudencia dejó claro que, si la pensión no prescribe, los dineros con los cuales ella se financia, corren igual suerte.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero indicar que una norma se vulnera por infracción directa cuando el ad quem no aplicó la ley, bien por desconocimiento, ora por rebeldía. En el presente caso, el tribunal, de manera expresa mencionó los artículos 151 del CPTSS y 488 del CST, por lo tanto la modalidad escogida no fue la adecuada, pero, bien se entiende que lo que pretendió fue acusar la mala aplicación, es decir, la aplicación indebida de las normas indicadas.

Así las cosas, el problema jurídico a determinar es si en el sub examine estamos en presencia de un derecho personal derivado del contrato de trabajo o frente a una acreencia del Sistema General de Pensiones que se origina por la obligación de todo empleador de afiliar a sus trabajadores al mismo, y en consecuencia, si operó o no el fenómeno jurídico de la prescripción.

Al respecto, las normas acusadas dicen:

Artículo 151 CPTSS: Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

Artículo 488 CST: El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, el fenómeno jurídico de la prescripción es entonces «[…] la tardanza en el ejercicio de la acción durante el lapso consagrado en las leyes para tal efecto, lo que hace presumir el abandono del derecho» (CSJ SL1689-2019), es decir que si, quien es titular de un derecho, no lo ejerce en el término establecido en la ley para ello, hacerlo por fuera de aquel, torna improcedente la acción.

Entonces, frente al tema del derecho a reclamar las cotizaciones debidas por la no afiliación al Sistema General de Pensiones, esta corporación, en sentencias como las CSJ SL 38266, 8 may. 2012, SL792-2013, SL7851-2015, SL1272-2016, SL2944-2016 y SL16856-2016, ha dicho que mientras el derecho pensional esté en formación, la acción para reclamarlos no está sometida a prescripción, pues, en la SL2944-2016 señaló que «[…] el pago de los aportes pensionales al sistema de seguridad social, en tanto se constituyen como parte fundamental para la consolidación del derecho a la pensión de jubilación, no están sometidos a prescripción […]».

En la sentencia CSJ SL738-2018, reiterada en la SL2514-2019, al respecto, la corte fue clara en decir que los aportes debidos y ordenados mediante cálculo actuarial no prescriben:

Si bien es cierto que, a partir de algunas de las anteriores decisiones, podría pensarse que el pago de los aportes pensionales omitidos, a través de cálculo actuarial, que es lo que en esencia se discute en este proceso, sí prescribe, pero teniendo en cuenta que la obligación se hace exigible a partir del momento en el que se reconoce la pensión de vejez o de jubilación, la Corte considera prudente precisar su doctrina, en cuanto a que, por tratarse de aportes pensionales, que constituyen capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación y, como consecuencia, están ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidos a prescripción. Así se consideró en la sentencia CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 38266, que se refirió a la imprescriptibilidad de cálculos actuariales necesarios para financiar la pensión, o en la sentencia CSJ SL, 9 ag. 2006, rad. 27198, relacionada con la imprescriptibilidad de los bonos pensionales. En esta última decisión se anotó que,

[…] existe una relación indisoluble entre el bono pensional y el status de pensionado, debiendo correr la misma suerte la acción que se instaure en uno u otro caso para solicitar su reconocimiento, pues en puridad de verdad estos derechos están estrechamente ligados o entrelazados, y en estas condiciones ninguno de ellos admite prescripción extintiva del derecho en sí mismo.

Consideraciones que para la Sala resultan aplicables a la presente situación, pues el acopio de aportes pensionales omitidos por el empleador, sea cual sea la razón de ello, a través de cálculo actuarial, está ligado de forma lógica a la construcción del derecho pensional y a su financiación, de manera que, como se dijo en la sentencia CSJ SL795-2013,

[…] teniendo en cuenta ese ideal constructivo y contributivo, que orienta las pensiones de jubilación, lo más justo y adecuado a las normas y principios del sistema de seguridad social, es que el afiliado tenga la oportunidad de enmendar o perseguir la integración de todos aquellos elementos que contribuyen al nacimiento de su pensión, o de atacar todas las contrariedades que afecten ese derecho en construcción, en cualquier tiempo, de manera que cuando cumpla el último de los requisitos necesarios para tales efectos, pueda empezar a disfrutar de su descanso de una forma remunerada, equilibrada y digna.

Así mismo, en la SL1689-2019, la sala indicó los aspectos que no son prescriptibles en materia pensional:

En efecto, como es sabido, la exigibilidad judicial del derecho a la pensión o a obtener su valor real es imprescriptible (CSJ SL8544-2016); por tanto, puede reclamarse en cualquier tiempo, siempre que se llenen los requisitos legales establecidos. Tal carácter deriva de la protección de los derechos adquiridos, la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social consignado en el artículo 48 de la Constitución Política, y de los mandatos de protección especial y solidaria hacia los sujetos en circunstancias de debilidad manifiesta.

Luego, una vez nace el derecho a determinada pensión por el cumplimiento de los presupuestos legales vigentes al momento de causarse se torna irrenunciable, y si bien el beneficiario puede abstenerse de reclamar el pago efectivo de las mesadas, no puede despojarse de la titularidad del mismo, ni de la facultad de reclamar en el futuro el pago periódico de su prestación.

En esa dirección, esta Sala ha construido una sólida y reiterada jurisprudencia relativa a que todas aquellas cuestiones innatas al derecho pensional no pueden verse afectadas por el trascurso del tiempo, tales como el porcentaje de la misma, los topes máximos pensionales, los linderos temporales para determinar el IBL, la actualización de la mesada pensional, su reajuste por inclusión de nuevos factores salariales e, incluso, el reconocimiento de títulos pensionales –bonos y cálculos actuariales- (CSJ SL 23120, 19 de may. 2005; CSJ SL 28552, 5 dic. 2006; CSJ SL 40993, 22 en. 2013; CSL SL6154-2015, CSJ SL8544-2016, CSJ SL3937-2018).

En tal sentido, quien no pone en funcionamiento el aparato judicial para reclamar un derecho fundamental e indisponible como la pensión, así como los elementos indisolubles de su estructuración dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad, se encuentra habilitado para requerirlo en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacción.

Por lo tanto, no estamos en presencia de un derecho personal derivado de un contrato de trabajo como lo afirma la recurrente, sino ante la obligación legal que tienen todos los empleadores, desde la expedición del Decreto 3041 de 1966, de afiliar al ISS y cotizar por sus trabajadores por los riesgos de invalidez, vejez y muerte. En consecuencia, es un derecho pensional imprescriptible.

Aceptar la tesis de la recurrente, sería desconocer el carácter de irrenunciable del derecho a la pensión, pues es una prestación de carácter vitalicio, que no prescribe; contrario a lo que sucede con las mesadas pensionales, que una vez causadas, si no son reclamadas, se pueden ver afectadas por este fenómeno jurídico. Pues los aportes pensionales omitidos constituyen parte fundamental para la financiación y consolidación de la pensión.

Es que la ausencia de afiliación perjudica al trabajador, toda vez que el no hacerlo, limita su posibilidad de acceder a la prestación económica de vejez, invalidez o sobrevivientes (en caso de muerte). Por lo tanto, acá no interesa la razón por la que la sociedad no cumplió con lo ordenado en el Decreto 3041 de 1966.

En conclusión, teniendo en cuenta que las omisiones en la afiliación del trabajador al Sistema General de Pensiones, generan graves consecuencias en la consolidación del derecho pensional, pues de ellas depende la financiación de la prestación económica, no está sometido al fenómeno jurídico de la prescripción, en iguales términos que el estatus de pensionado. Lo que se ve afectado, son las mesadas pensionales no cobradas de manera oportuna.

Por lo tanto, el cargo no prospera.

CARGO TERCERO

Acusó la sentencia de violar por la vía indirecta «[…] los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 en desarrollo de los artículos 1º, 5º y 20 del Decreto 3041 de 1966 y los artículos 46, 47 y 48 inciso 4º de la Ley 100 de 1993., y artículos 2.469 a 2.487 del Código Civil, y 15 del Código Sustantivo del Trabajo en concordancia con el quebrantamiento como norma procesal de medio de los Artículos 19, 78 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social».

Como errores evidentes de hecho en que incurrió el tribunal, relacionó los siguientes:

No dar por demostrado estándolo que entre las demandantes MARIA FABIOLA JARAMILLO y DIANA MARIA MARTÍNEZ y la co demandada (sic) CRUZNATA (sic) S.A., celebraron un acuerdo transaccional laboral que pone fin al proceso.

No dar por demostrado estándolo que entre el causante José Luis Martínez García y la empresa CRUZANTA S.A. celebraron una transacción extra proceso el 10 de agosto de 1994 que hace tránsito a cosa juzgada.

Como pruebas dejadas de apreciar relacionó el acuerdo de transacción laboral celebrado con la demandante, el 30 de agosto de 2011 (f.° 325 a 329); y la transacción extraproceso celebrada entre el causante y la empresa, el 10 de agosto de 1994, (f.° 149).

En su demostración, luego de transcribir apartes de lo resuelto al respecto por el colegiado, señaló que éste de manera desacertada, sin valorar que las partes de manera libre y voluntaria celebraron una transacción laboral, que no solo está amparada por todos los presupuestos constitucionales, legales y procesales, que pone fin al proceso respecto de Cruzanta SA, que además de comportar un beneficio económico que protege el interés de la parte opositora, no implicaba una renuncia a su derecho pensional; incurriendo así en un error, toda vez que la prestación de sobrevivientes fue reconocida a favor de la demandante, en virtud de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, al reunir más de 300 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Dijo que para el reconocimiento del derecho a la pensión, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, resulta intrascendente el tiempo que se discute mediante este proceso entre 1982 y 1994, toda vez que como lo indicó el ad quem en la sentencia, con el empleador Hacienda Everfit Indulana, se certificaron 471,43 semanas, lo que significa que el derecho irrenunciable se encontraba consolidado en el patrimonio de la señora Martínez, y no se afectó por el acuerdo transaccional celebrado, siendo la discusión de una posible omisión en el pago de cotizaciones por parte de Cruzanta SA, un derecho incierto y discutible.

Indicó que del documento dejado de apreciar, se concluía que las partes dentro del marco constitucional, hicieron uso de sus facultades para transigir y conciliar sin vulnerar derechos ciertos e indiscutibles, desistiendo expresamente de las pretensiones contenidas en los incisos segundo y tercero de la pretensión primera del libelo introductorio, debiendo el fallador respetar la voluntad de las partes, que contrario a desproteger los derechos de las demandantes a la seguridad social, representa un beneficio mayor, al no estar afectada la pensión otorgada, por el Sistema de Seguridad Social.

Señaló que el ad quem no tuvo en cuenta al no evaluar el acuerdo celebrado entre las partes del proceso, que el fin primordial de este acto jurídico era determinar un litigio pendiente o precaver uno eventual, por lo que el efecto de este contrato no puede ser otro que el de terminar o finiquitar la controversia presente o futura, que pueda presentarse entre las partes.

Con relación al segundo error atribuido al ad quem por la falta de apreciación de la prueba solemne que obra a folio 149, dijo que quedó demostrada la terminación del contrato por mutuo acuerdo, objeto de la transacción laboral extraproceso celebrada entre el causante y la empresa, donde se resolvieron derechos inciertos e indiscutibles, con los efectos de certeza e inmutabilidad del acto jurídico, en el que se reconoció una suma adicional por los discutibles períodos de tiempo dejados de cotizar al ISS, durante el tiempo en que se presentaron impedimentos legales y físicos para realizar estos pagos en la zona del Urabá Antioqueño.

Se pronunció sobre la transacción como contrato, y la institución de la cosa juzgada, y concluyó, que si se hubiera analizado por el ad quem, se hubiera concluido la terminación del proceso y la prescripción de los períodos dejados de cotizar, al tratarse de acuerdo de transacción laboral, ambos en los que se respetaron las garantías constitucionales y legales, sin embargo, no fueron objeto de valoración y análisis en la sentencia.

RÉPLICA

Colpensiones indicó que, si la corte tiene por válido este acuerdo, tal declaratoria debe extenderse a la entidad, por cuanto, por sustracción de materia, no habría lugar a condena alguna, toda vez que la transacción versa sobre todas las pretensiones de la demanda.

CONSIDERACIONES

Esa figura jurídica, la de transacción, ha sido analizada por esta corte en distintas oportunidades, en las que ha presupuestado que la transacción resulta válida cuando: (i) existe un litigio pendiente o eventual (artículo 2469 Código Civil), (ii) no se trate de derechos ciertos e indiscutibles (artículo 15 CST), (iii) la manifestación expresa de la voluntad de los contratantes esté exenta de vicios, y si es mediante representante, quien acude debe estar facultado para transigir el litigio pendiente o eventual y, (iv) que hayan concesiones mutuas o recíprocas.

En lo que hace al primer requisito, es claro que debe existir un conflicto, o supuestos fácticos que eventualmente puedan generar un pleito judicial entre los contratantes (litigio futuro o eventual), y bajo esa lógica el acuerdo funge como modo de precaverlo o terminarlo extrajudicialmente en caso de que haya nacido, en razón a la cosa juzgada que lo acompaña y que impide el resurgimiento de la controversia judicial (CSJ AL607-2017).

También es necesario que los derechos en disputa sean inciertos y discutibles, esto es que tengan un carácter dudoso (res dubia); dicho en breve, que lo pretendido no pueda establecerse a priori, sino mediante sentencia en firme, de ahí que, ante tal escenario, sea posible transigirla.

Este requisito es predominante, pues como se dijo en el precedente referenciado entre paréntesis,

Sin acreditarse la incertidumbre aludida, no puede abrirse paso el análisis del siguiente presupuesto, es decir las concesiones mutuas, puesto que, desde una perspectiva finalista del derecho del trabajo y como insistentemente se ha detallado, estas cesiones únicamente son procedentes si se trata de transigir pretensiones inciertas, y no derechos.

[…]

Precisamente, la transacción impedirá saber cuál de las tesis resultaría vencedora o vencida, por lo que la reciprocidad se vislumbra cuando cada uno de los sujetos procesales pierde parcialmente el derecho que cree tener, que en síntesis se traduce en que el demandante acceda en parte a la pretensión que aspiraba, pero obtiene más de lo que la demandada estaba dispuesta a otorgar y, asimismo, este último renuncia a su negativa absoluta de no pagar.

Las referidas concesiones mutuas, son de la esencia de la transacción, lo que implica que cada contendiente «pierda parte del derecho que cree tener. Si el acto se limita a reconocer derechos a una sola de las partes o a renunciar a los que no se disputan, no hay transacción» (CSJ SL, 19 nov. 1959, citado en decisión destacada), apreciación que deriva textualmente del artículo 2469 del Código Civil.

Revisando el acuerdo transaccional suscrito entre las partes, se observa que allí se consignaron textualmente las siguientes clausulas (f.° 347 a 349):

B.1.- Con el interés jurídico de TRANSAR el incierto y discutible derecho o monto dinerario de la condena a que se contrae el numeral TERCERO del fallo proferido por el Juzgado, para constituir el TITULO (SIC) PENSIONAL a que fue condenada la Sociedad CULTIVOS SANTA CRUZ S.A., hoy CRUZANTA S.A., y a favor de ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. ésta ha ofrecido a las demandantes, a través de su Apoderado, el reconocimiento y pago directo de una suma única por valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000.00), los cuales se entregan en este mismo acto mediante el cheque # 361998 del Bancolombia. Así mismo se reconoce por parte de CRUZANTA S.A., al Sr. Apoderado de las demandantes, la suma de DOCE MILLONES DE PESOS ($12.OOO.OOO.00), mediante cheque # 361999 de Bancolombia. Como Honorarios o expensas Procesales, reconocimiento único que en ningún momento constituye suma correspondiente a la seguridad social.

B.2.- Al reconocer a las demandantes la pre mentada suma de dinero, no se está vulnerando ni desconociendo ningún derecho cierto, o actualmente exigible pues la sentencia en mención no se encuentra en firme y se está a la espera de que se resuelva recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral; ni ellas están renunciando a un derecho PENSIONAL, pues la prestación fue reconocida en virtud de la aplicación del principio de la CONDICIÓN MAS BENEFICIOSA, por haber cotizado el causante con la empresa EVERFIT INDULANA mas de 300 semanas antes de la vigencia de la ley 100 de 1.993, es decir sin tener en cuenta para su presupuesto el tiempo discutido y la correlativa obligación a la seguridad social pensiona; fundado en los principios de la seguridad Social, pues el origen de su reclamación se apoya en un eventual tiempo laborado por el Señor JOSE (SIC) LUIS MARTINEZ (SIC) GARCIA (SIC) al servicio de CULTIVOS SANTA CRUZ S.A., en la región de Urabá y sin que sea posible determinar con exactitud los extremos de la relación, ni el monto de los salarios percibidos por aquel, ni la obligación de cotizaciones a la Seguridad Social, hechos sobre los cuales se funda la incertidumbre de su reclamación en la demanda y en contra de CULTIVOS SANTA CRUZ S.A., hoy CRUZANTA S.A.

B.2.1.- Además del anterior fundamento de estirpe Legal, procede agregar que con este reconocimiento económico presente, sin someterse a las eventualidades y posibles resultas del proceso, se está haciendo un generoso y amplio reconocimiento económico de cuyos rendimientos mensuales pueden obtener las demandantes un ingreso mensual igual o superior al equivalente de lo una pensión mensual aproximada a dos salarios mínimos mensuales, aparte de que ese ingreso presente que ahora se constituye en actual, real y único en moneda de valor presente, ingresa a su patrimonio para solucionar necesidades de presente, y el disfrute actual de tal ingreso.

B.3.- En este Acto solemne de TRANSACCIÓN, el Apoderado de las demandantes, en nombre de las mismas presenta el DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES INVOCADAS en el escrito de demanda y en contra de la Sociedad CULTIVOS SANTA CRUZ S.A. hoy CRUZANTA S.A. e igualmente de manera expresa declaran que con esta suma se cubre íntegramente las pretensiones incoadas por la parte actora desde el libelo genitor. Concurrente con este acto procesal y por lógica Jurídica también desisten de las pretensiones indicadas en la demanda inicial, contenidas exclusivamente en los incisos segundo y tercero de la pretensión primera, que se transcribe a continuación:

“...SE CONDENE a CULTIVOS SANTA CRUZ S.A., a pagar el cálculo actuarial por la omisión en el pago de las cotizaciones en pensión por el tiempo comprendido entre mayo de 1.982 y diciembre de 1.994.

SE OBLIGUE A PENSIONES SANTANDER S.A., a recibir el valor del cálculo actuarial señalado, y a que una vez sea recibido, a ser tenido en cuenta para la liquidación de la pensión de sobrevivientes...”.

La Constitución Política, dispone en su artículo 48 que el derecho a la seguridad social es irrenunciable y que se debe garantizar a todos los colombianos. Esta garantía constitucional está consagrada, a su vez, en distintos instrumentos internacionales como en la Declaración Americana de los Derechos de la Persona y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los cuales se observa que la finalidad de este derecho es amparar a las personas contra las consecuencias normales de la vejez, la viudez, la invalidez, y ante la imposibilidad física o mental para proveerse su propio sustento que les asegure una vida en condiciones dignas.

Es por esto que, dentro del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, se consagró un conjunto de prestaciones económicas con la finalidad de prevenir las contingencias de invalidez, vejez y muerte. Así las cosas, las normas dictadas para cumplir este fin, reconocieron derechos pensionales para aquellos afiliados a quienes les sobrevenga alguna de estas eventualidades, previo el cumplimiento de unos requisitos.

Al interior de dicho sistema, se ha entendido que para brindar de manera efectiva una protección frente a las contingencias señaladas, es necesario que tanto empleadores como trabajadores cumplan con sus obligaciones legales para que, a su vez, les sean reconocidos sus derechos. En cuanto a los empleadores hay una obligación que cobra vital importancia en el ámbito del reconocimiento de prestaciones pensionales, y es el pago de aportes al sistema de seguridad social consagrado en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, el derecho a la pensión es irrenunciable, y las cotizaciones corren la misma suerte, toda vez, que es con ellas que se financia la primera. En una sentencia, de similares contornos a los acá debatidos, es decir, a la falta de pago al sistema pensional por la no obligación de afiliación, se dijo, SL1356-2019:

Así, los empleadores que no habían recibido el llamado a la afiliación de sus trabajadores en virtud de la subrogación paulatina de los riegos a cargo del ISS, no se encontraban exentos de responsabilidad de cara al sistema de pensiones, pues en casos como el presente, en los que no se alcanzó a completar la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez, es el traslado del cálculo actuarial el que permite la consolidación del derecho a cargo del ente de seguridad social. Incluso, así la densidad de semanas sea insuficiente para acceder una prestación periódica de jubilación, el aludido cálculo actuarial tiene que incorporarse en aras del cómputo de la pensión, dado que es parte de los derechos irrenunciables del trabajador derivados de la seguridad social.

Por lo anterior, no encuentra la Sala que el tribunal haya incurrido en alguno de los errores de hecho que le endilgó la censura, por lo tanto, el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el quince (15) de mayo de dos mil doce (2012) por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARÍA FABIOLA JARAMILLO DE MARTÍNEZ en nombre propio y en representación de DIANA MARÍA MARTÍNEZ JARAMILLO, contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 15 de mayo de 2012, en el proceso que instauró en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA SANTANDER SA (ING PENSIONES Y CESANTÍA SA), hoy ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN SA, la sociedad CULTIVOS SANTA CRUZ SA EN LIQUIDACIÓN (hoy CRUZANTA SA), al cual fueron vinculados el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, como litisconsorte necesario por pasiva y la sociedad SEGUROS BOLÍVAR SA, como llamada en garantía.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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