Ficha de la providencia
Sentencia SL3695-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3695-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3695-2022
Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz
11 de octubre de 2022
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
Magistrado ponente
SL3695-2022
Radicación n.° 89792
Acta 37
Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintidós (2022).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por AÍDA MUNAR PONGUTA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 14 de enero de 2020, en el proceso que promovió contra el BANCO DE LA REPÚBLICA.
ANTECEDENTES
Aída Munar Ponguta llamó a juicio al Banco de la República, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo, a partir del 15 de junio de 1987 o, en subsidio, «en aplicación de la figura de sustitución patronal solicito se reconozca todo el tiempo laborado en la Oficina de Cambio para efectos prestacionales», relación laboral que se surtió desde la fecha mencionada.
En consecuencia, reclamó el reconocimiento y pago de la pensión convencional, prevista en el art. 18 de la «recopilación de convenciones colectivas dispuesta según la Convención Colectiva con vigencia 1997-1999», a partir del 22 de septiembre de 2013 «equivalente al 97% del último salario»; retroactivo pensional causado desde el retiro del «servicio activo»; intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 o la indexación; y, costas procesales.
En subsidio, pidió la pensión de jubilación contenida en el art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo de 1985, desde el 22 de septiembre de 2013, con una mesada «equivalente al 84% del último salario»; retroactivo pensional a partir del retiro del «servicio activo»; intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 o la indexación; y, costas.
Fundamentó sus pretensiones, en que nació el 22 de septiembre de 1963, por lo que cumplió 50 años en el 2013; que mediante Decreto Ley 444 de 1967 se creó la Oficina de Cambios dependencia administrativa del Banco de la República, en la que se posesionó el 15 de junio de 1987, para desempeñar el cargo de trascriptor de datos, «bajo la administración y subordinación del Banco, sujeta al cumplimiento de las órdenes e instrucciones sobre la forma, el modo y la cantidad de trabajo disponían los directivos y coordinadores», como superiores directos e inmediatos.
Narró que durante la relación laboral percibió una remuneración igual o equivalente a la que devengaban los funcionarios del Banco de la República, incluso, el pago de prestaciones de origen convencional; que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 2406 del 25 de octubre de 1991, suprimió la Oficina de Cambios a partir del 30 de octubre de 1991; de ahí que, por «imposición» de la entidad renunció el «28 de octubre de 1991», para suscribir al día siguiente un nuevo contrato de trabajo directamente con el Banco «sin solución de continuidad en la prestación del servicio», en el mismo cargo y funciones de «Transcriptor de datos».
Aseguró que en su condición de trabajadora ha sido beneficiaria de las convenciones colectivas de trabajo suscritas por el Banco de la República y la Asociación Nacional de Empleados del Banco de La Republica -ANEBRE- y, por ende, tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión convencional, prevista en el art. 18 de la «recopilación de convenciones colectivas dispuesta según la Convención Colectiva con vigencia 1997-1999» o, en su defecto, la pensión de jubilación contenida en el art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de 1985, por haber acreditado 20 años de servicios y 50 años de edad.
Contó que en la actualidad desempeña el cargo de profesional en el Departamento de Cambios Internacionales y contaba más de 29 años de servicios; que el 12 de mayo de 2016 solicitó la pensión convencional, la que fue despachada desfavorablemente en oficio DSGH-11497 del 31 de ese mes y año, con el argumento en la pérdida de vigor de los instrumentos extralegales, en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005 (fs.° cd.84, 96 a 112).
El Banco de la República, al contestar, se opuso a todas las pretensiones; en cuanto a los hechos, admitió las fechas de nacimiento de la demandante, creación y supresión de la Oficina de Cambios y vinculación a dicho departamento administrativo; que en octubre de 1991 suscribieron contrato de trabajo, pero aclaró que era beneficiaria de las convenciones colectivas desde esa data; que el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó las prerrogativas convencionales en materia pensional; y, que denegó la pensión extralegal. No aceptó los demás supuestos.
Destacó que la extinta Oficina de Cambios tenía su propio régimen prestacional y, que, a pesar de que el Gobierno Nacional lo delegó para que actuara como su administrador, no podría ser considerado como el empleador de la accionante durante el lapso en que laboró para dicha oficina, por no ser una de sus dependencias; que era inviable invocar «sustitución patronal», como quiera que la renuncia que presentó la trabajadora fue voluntaria, aunado a que con posterioridad, fue vinculada al Banco de la República época desde la que goza de los instrumentos extralegales.
Aseveró que el Reglamento Interno de Trabajo de 1985, fue sustituido en su integridad por el del 2003, norma que consagra la pensión de jubilación con 20 años de servicios al banco y 57 años de edad para el caso de las mujeres; y, que como la demandante tenía 19 años de trabajo al 31 de julio de 2010, no reunía las exigencias para acceder al derecho pensional.
En su defensa, formuló las excepciones de «falta de título y causa», «cobro de lo no debido», «prescripción», «compensación», «legalidad de la actuación del banco», «buena fe», «inexistencia de la obligación pretendida» y la «genérica» (fs.°144 a 154).
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante fallo del 2 de mayo de 2019, absolvió al ente demandado de todas las pretensiones; impuso costas a la vencida en juicio y dispuso el grado jurisdiccional de consulta en caso de que no se apelara (f.°cd.94).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., al resolver el recurso de apelación incoado por la accionante, mediante sentencia del 14 de enero de 2020, confirmó la decisión de primer grado (f.°cd. 230).
En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Tribunal precisó que la demandante laboró del 15 de junio de 1987 al «28 de octubre de 1991», en la Oficina de Cambios, entidad administrada por el Banco de la República y, con este último, desde el 29 de octubre de 1991, (fs.°97 a 98 y 32).
Expuso que no era procedente declarar que durante el periodo en que la actora laboró para la Oficina de Cambios estuvo vinculada al Banco de la República, ya que el contrato de trabajo se reguló conforme lo dispuesto en el Decreto Ley 444 de 1967, que en sus artículos 213 a 215 dispuso la creación de la mencionada oficina y funcionamiento, regido por acuerdos que suscribieron el Gobierno Nacional y el banco, con el propósito de que este último tuviera la administración y vigilancia.
Indicó:
[…] el referido contrato de administración fue suscrito el 26 de abril de 1967, en el mismo quedó consignado en la cláusula segunda, que la administración comprendía la organización, la designación y remoción de empleados, la designación de sueldo, la dotación de oficinas y equipos y, en fin todo lo relacionado con las funciones de una administración amplia y general; en la cláusula cuarta, además quedó expresamente señalado que los trabajadores al servicio de la Oficina de Cambios tenían la calidad de empleados públicos, para todos los efectos legales aclarando, que el banco podría extender a favor de ellos total o parcialmente las prestaciones sociales establecidas para sus propios trabajadores, se acordó una cláusula quinta, para atender entre otros, gastos de la oficina al banco podría anticipar al gobierno las sumas requeridas con cargo a la participación que le correspondiera el Gobierno de las utilidades del Banco o la participación las reservas del mismo.
Coligió que el contrato de administración no confirió al Banco de la República la titularidad activa de la relación laboral que estableció con los servidores de la Oficina de Cambio, pero sí lo delegó para contratar, impartir órdenes y reconocer un salario igual al de sus trabajadores; de ahí que, el empleador de la demandante, entre el 15 de junio de 1987 hasta el «28 de octubre de 1991» fue la Nación, al margen de que la entidad financiera le hubiera extendido «beneficios convencionales». Como sustento refirió la sentencia «radicado 16006 del 4 de mayo del 2000», proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Señaló que en la sustentación de la alzada se argumentó que el empleador siempre fue el banco, como quiera que «tenía a su cargo la expedición del bono pensional con antelación al 2008 o 2009» y, si hubiere cumplido 20 años al servicio de la Oficina de Cambios antes del 2009 habría tenido la obligación de reconocerle el derecho pensional.
Consideró de lo anterior, que conforme al convenio que suscribieron el Gobierno Nacional y el Banco de la República, para la liquidación y terminación del contrato administración y manejo de la Oficina de Cambios, se acordó en el parágrafo segundo que, el banco asumiría el pago de las pensiones de jubilación, a través de su caja de previsión social y que las cuotas partes pensionales que se causaran en el futuro estarían a cargo del Gobierno, mas no que se «reconociera la calidad de empleador durante el tiempo en que los trabajadores estuvieron vinculados con la Nación, a través de la Oficina de Cambios». Aludió a la sentencia CSJ SL3867-2018.
En cuanto al derecho a la pensión de jubilación, estimó que el art. 18 de la convención colectiva (f.°53), disponía que: los trabajadores que se retiraran a partir del 13 de diciembre de 1973 a disfrutar de dicha prestación, debían acreditar 20 años de servicios y mínimo 55 años de edad si son varones o 50 si son mujeres; que en el presente asunto, la accionante se vinculó al banco el 29 de octubre de 1991 y, por ende, reunió los 20 años de servicios en el 2011, y cumplió 50 años de edad el 22 de septiembre de 2013 (f.°42), «fecha esta última en la se hizo exigible el derecho, por cuanto se reunieron los requisitos previsto en la norma convencional».
Recordó en lo atinente a las pensiones extralegales que:
[…] el Acto Legislativo 01 de 2005, por el cual se reformó el artículo 48 de la Constitución Política, dispuso en el tercer párrafo transitorio que la regla de carácter pensional que regían a la fecha de vigencia del mismo contenida en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrían por el término inicialmente estipulado y precisó que los pactos, convenciones o laudos que se suscribieran entre la vigencia dicho acto legislativo y el 31 de julio del 2010, no podrían estipularse condiciones pensionales más favorables de las que se encontraban vigentes. En todo caso, dispuso el Acto Legislativo que perderían vigencia el 31 de julio de 2010.
Lo anterior implica que, a partir del 31 de julio del 2010, perdieron vigencia todas las normas convencionales, laudos arbitrales o acuerdos, que contenían condiciones pensionales más favorables que las previstas en la ley, y como quiera que la actora acreditó los requisitos hasta el 22 de septiembre del 2013, no es procedente reconocer la prestación convencional implorada.
Trajo a colación la sentencia CC SU555-2014, en cuanto a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el art. 48 de la CN, para concluir que la accionante para el 25 de julio de 2005, fecha en que entró a regir dicha adición constitucional, no contaba con un derecho adquirido, ni con una expectativa legítima que se concretara antes del 31 de julio del 2010, data en que «perdieron vigencia las convenciones colectivas, en cuanto a derechos pensionales», por lo que no era dable el reconocimiento pensional.
Analizó el art. 67 del CST, e indicó que en el presente asunto no existía sustitución patronal, como quiera que, si bien, se configuró el cambio de patrono y la continuidad de la empresa, también lo era que la demandante presentó renuncia al cargo de transcriptora de datos de la Oficina de Cambios, sin exponer motivo alguno, la que fue aceptada mediante Resolución 68 del 29 de octubre 1991 (f.°167) y firmó contrato de trabajo en la misma fecha con el Banco de la República (f.°167); aunado a que no se demostró los vicios del consentimiento en la decisión de desvinculación. Referenció la sentencia CSJ SL, 6 sep. 2017, rad. 51637.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende que la Corte case la sentencia impugnada, para que una vez en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y, su lugar, se acceda a las «súplicas de la demanda inicial y provea sobre costas».
Con tal propósito, formula tres cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados y que se resolverán a continuación.
CARGO PRIMERO
Denuncia la sentencia impugnada, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25 43, 62, 67, 68, 69, 109, 352, 353, 359 del CST; 21 y 22 del Decreto 198 de 2005; 1, 14, 15, 17, 59 num. 8, 61, 79, 123 del Decreto 444 de 1967; 25 del Decreto 2351 de 1965; Decreto 1469 de 1978; num. 2 del art. 8 de la Ley 26 de 1976 «(Convenio Internacional de Trabajo no. 87)», Ley 27 de 1976 «(Convenio internacional de Trabajo no. 98)»; Decreto 2406 de 1991; 4, 38, 39, 53, 55, 93 y 373 de la CN; 8 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales; 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 8 del Protocolo de San Salvador; y, el Decreto 4937 de 2009.
Señala como errores de hecho: 1. No dar por probado, estándolo, que entre el Banco de la República y la Oficina de Cambios se dio la figura jurídica de la sustitución patronal, respecto Aída Munar Ponguta; y, 2. No dar por probado, estándolo, que el tiempo de servicios cumplido por la demandante al Banco de la República y la Oficina de Cambios «es acumulable a efectos del otorgamiento de las prestaciones convencionales» a cargo de la entidad financiera.
Acusa de apreciación errónea: constancia laboral expedida por el Banco de la República (f.°27 (sic)); confesión por apoderado de la continuidad del servicio (fs.°214 a 215(sic)); contrato de trabajo suscrito con el Banco de la República (fs.°255 a 256 (sic)); renuncia a la Oficina de Cambio (f.°25(sic)); Resolución n.° 68 del 29 de octubre de 1991 (f.°253 (sic)); Resolución n.° 22 del 15 de junio de 1987 (f.°27); y, convenio de administración delegada (f.°193 a 197(sic)).
Así mismo, ataca:
Evidencias documentales con las cuales el Tribunal sólo estimó acreditada la relación laboral entre mi mandate y la Oficina de Cambios Internacionales del Ministerio de Hacienda entre los años 1986 a 1991 y del año 1991 en adelante con el Banco de la República lo que se dio por renuncia y la suscripción de un nuevo contrato de trabajo, sin tener en cuenta que de esos documentos se da cuenta de la continuidad en la prestación de servicios por parte de mi procurada para el Banco de la República por la totalidad del tiempo mencionado, en principio en la Oficina de Cambios y luego en la Oficina de Cambios Internacionales del Banco de la República, realizando las funciones de Transcriptor de Datos. Además, que dado el manejo de la relación que tenia (sic) el banco y la necesidad de seguir desarrollar la actividad de cambios internacionales, necesitaba de personal para ejecutar tales labores, lo que es indico (sic) de que tenía injerencia sobre la voluntad de mi mandante para que tomara la decisión de renunciar:
Oficio SGG-A- 266 del 05 de noviembre de 1991 Dirigido por el Secretario de la Juna (sic) Directiva del Banco de la República a ese mismo órgano colegiado (Pag 181-186 ED).
Acta de Junta Directiva No. 3910 del 27 de noviembre de 1991 (Pag 187-192 ED).
Evidencias documentales las cuales el Tribunal omitió valorar y de las cuales se puede concluir que en el marco de la liquidación de la oficina de cambios y del paso definitivo de las funciones desarrolladas por el Ministerio de Hacienda al Banco de la República, no sólo se autorizó un esquema de bonificaciones por retiro, sino que se aceptó la necesidad de incorporar al personal de la Oficina de Cambios a la Oficina de Cambios Internacionales del Banco de la República para ejecutar las funciones de dirección Cambiaría del Pais (sic).
Expone que el Tribunal se equivocó a consecuencia de la «errónea apreciación de las pruebas mencionadas», puesto que acreditan la continuidad en la prestación del servicio y funciones durante todo el tiempo en que laboró en la Oficina de Cambios y con posterioridad en la Oficina de Cambios Internacionales del Banco de la República, lo cual configuró la sustitución patronal prevista en el art. 67 del CST, puesto que cambió de empleador, continuó con la empresa o negocio y siguió desarrollando idénticas funciones.
Alude al art. 69 del CST, que contiene la responsabilidad de los empleadores y a la sentencia CSJ SL1943-2016, para indicar que el colegiado desacertó al indicar que no se acreditó el «tercer elemento» de la sustitución patronal, es decir, la continuidad del trabajador, bajo el argumento de que mediante Decreto Ley 444 de 1967, se creó la Oficina de Cambios con la finalidad de «ejercer la vigilancia y el control del oro y de cambios en el Estado Colombiano», cuya administración fue delegada por la Nación al Banco de la República.
Señaló que fue vinculada como transcriptora de datos de la Oficina de Cambios, desde el 15 de junio de 1986, dependencia administrativa del banco, encargada de preparar y emitir los documentos de resoluciones de nombramiento y posesión, situación frente a la cual no hubo discusión, pues el Tribunal analizó el convenio de administración delegada; y, estuvo sujeta al cumplimiento de las órdenes e instrucciones sobre la forma, modo y cantidad de trabajo que disponían los directivos y coordinadores de la entidad de Banca Central, como superiores directos e inmediatos de aquella.
Manifestó que el Gobierno Nacional a través del Decreto 2406 del 25 de octubre de 1991, ordenó la supresión de la Oficina de Cambios a partir del 30 de octubre de 1991 y, que el 29 de octubre de 1991, renunció como así lo aceptó en la contestación de la demanda, para suscribir contrato laboral directamente con el Banco de la República, sin solución de continuidad; de modo que, aunque se suprimió la dependencia administrativa para la cual laboraba, lo cierto era que las funciones de control cambiario no desaparecieron, pues según el art. 373 de la CP, las mismas pasaron a la entidad financiera y, por ende, la desaparición de la unidad en la que inicialmente laboró no conllevó la desaparición de las funciones de cambio internacional.
Cita la providencia CSJ SL, 12 dic. 2018, rad. 56079 y aduce que :
[…] la totalidad de los elementos probatorios relatados se infiere que fue decisión de la Junta Directiva del BR la vinculación del personal que laboraba en la dependencia a extinguir para seguir ejecutando esas misma labora (sic) de control cambiario, pero cuya titularidad residía en esta oportunidad en el BR, lo cual puede inferirse del Oficio SGG-A- 266 del 05 de noviembre de 1991 Dirigido por el Secretario de la Juna (sic) Directiva del Banco de la República a ese mismo órgano colegiado (Pag 181 - 186 ED) y del Acta de Junta Directiva No. 3910 del 27 de noviembre de 1991 (Pag 187-192 ED), en los cuales se habla de la necesidad de mantener [la] persona que venia (sic) prestando sus servicios con la Ofician de Cambios.
RÉPLICA
Manifiesta que no existió sustitución patronal, como quiera que la demandante tuvo la calidad de empleada pública de la Oficina de Cambios y renunció para prestar sus servicios en el Banco de la República, a través de un contrato de trabajo; y, que si bien, fungió como representante y administrador de dicha oficina, fue por disposición del Gobierno Nacional, ya que estaba en cabeza de la Nación.
Añade que la extensión de las prerrogativas convencionales que el Banco de la República aplicó para los trabajadores de la Oficina de Cambios, no conllevó una derogatoria tácita de ese régimen de excepción y que por ese solo supuesto se ingresaba automática y directamente a su nómina, como si nunca hubiere existido solución de continuidad.
CONSIDERACIONES
El Tribunal estimó que en el sub examine no existió sustitución patronal, pues, aunque el demandado era quien contrataba e impartía órdenes a los empleados públicos de la Oficina de Cambios, como era el caso de la demandante, ello ocurrió en virtud de un contrato de administración delegada que celebraron el Gobierno Nacional y el Banco de la República, quien tenía a su cargo la administración y vigilancia.
La censura señala que el colegiado desacertó, ya que se acreditó la continuidad en la prestación del servicio y funciones durante todo el tiempo en que laboró en la Oficina de Cambios y luego sin solución de continuidad con la Oficina de Cambios Internacionales del Banco de la República.
La Sala con el propósito de verificar si el ad quem incurrió en los errores de hecho endilgados por la recurrente, que giran en torno a la existencia de la sustitución patronal, descenderá al examen de las probanzas denunciadas por apreciación errónea.
De folios 126 a 129, milita copia del documento titulado «Creación Oficina de Cambios “Contrato de administración delegada 26 de abril de 1967”» suscrito entre el Banco de la República y el Gobierno Nacional, para la «administración y manejo de la Oficina de Cambios», conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 444 del 22 de marzo de 1967, encomendándose entre otras funciones las siguientes: -cláusula segunda- la designación y remoción de empleados, asignación de sueldos, dotación de oficinas y equipos, y «todo lo relativo» a una administración «amplia y general»; - cláusula tercera- la vigilancia y funcionamiento de la Ofician de Cambios; y, - cláusula cuarta- extensión de beneficios prestacionales que tienen los propios trabajadores del banco. De tal manera, que el sentenciador sí apreció de manera adecuada, como quiera que no se desprende la sustitución patronal deprecada.
De la Resolución n.° 27 del 15 de junio de 1987 (f.°163), emitida por el Banco de la República, se evidencia que en virtud del Decreto Ley 444 del 22 de marzo de 1967 y del contrato de «administración y manejo de la Oficina de Cambios» que celebró con el «Estado Colombiano» el 26 de abril de 1967, nombró a Aída Munar Ponguta en el cargo de transcriptora de datos de la Oficina de Cambios de Bogotá.
La documental que milita a folio 166, da cuenta que Aída Munar Ponguta presentó renuncia al cargo de trascriptora de datos de la Oficina de Cambios el 29 de octubre de 1991, la cual fue aceptada por el Banco de la República a partir de ese mismo día, mediante la Resolución n.° 68 de 1991 (fs.° 167 a 168), en cumplimiento del Decreto Ley 444 del 22 de marzo de 1967 y del contrato que celebró el 26 de abril de 1967 con el «Estado Colombiano», para la «administración y manejo de la Oficina de Cambios», en donde se consignó en su cláusula segunda, que el banco estaría encargado de la «organización, la designación y la remoción de empleados, la asignación de sueldos, la dotación de oficina y equipo, y en fin todo lo relativo con las funciones de una administración amplía y general».
En los folios 169 a 171, reposa copia del contrato de trabajo del 29 de octubre de 1991, que suscribieron Aída Munar Ponguta y el Banco de la República, con el objetivo de que aquella le prestara sus servicios como «transcripción de datos» en el Departamento de Fiduciaria y Valores.
De folio 32, obra documento DSGH-72354 expedido por el Banco de la República el 18 de diciembre de 2015, en el que certificó que Aída Munar Ponguta le presta sus servicios, mediante un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 29 de octubre de 1991 y devenga un salario de $4.611.725; que con anterioridad, laboró en el cargo de «transcripción de datos» para la Oficina de Cambios del 15 de junio de 1987 al «28 de octubre de 1991», siendo el último sueldo $98.681; y, que dicha oficina fue administrada por el banco.
De las anteriores probanzas no se acreditan los yerros fácticos atribuidos al juez plural, pues fluye de su examen que, si bien la demandante se desempeñó en la Oficina de Cambios como «transcriptora de datos» del 15 de junio de 1987 al 29 de octubre de 1991 y, a partir de ese día se vinculó al Banco de la República ejerciendo el mismo cargo, también lo es que la entidad era quien administraba y vigilaba dicha dependencia, en cumplimiento del contrato de «administración delegada» que suscribió con el Gobierno Nacional, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 444 de 1967.
De otra parte, la recurrente acusa la supuesta «confesión» de la representante legal del banco, sin embargo, tal prueba no fue decretada, conforme se desprende de la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y decisión del litigio (f.° cd. 217, minuto 4:26).
En todo caso, debe concluirse que no se configuró la sustitución patronal, por el hecho de que se hubiere admitido en el trascurso de la litis que el Banco de la República actuó como administrador de la Oficina de Cambios y, que fue quien vinculó y subordinó a Aída Munar Ponguta durante el lapso que prestó sus servicios en el cargo de «transcripción de datos», pues como se explicó, que ello lo hizo en razón a la delegación que le confirió el Gobierno Nacional, por mandato del Decreto Ley 444 de 1967.
Esta Corporación al resolver un asunto de similares contornos, mediante la sentencia CSJ SL 30 may. 2001, rad.15584, coligió que el Banco de la República solamente obró como administrador de la Oficina de Cambios, en virtud del contrato de administración delegada, motivo por el que no era posible acumular el tiempo servido, para efectos de la pensión extralegal. Allí se explicó:
El asunto medular del presente proceso consiste en resolver si el tribunal se equivocó al concluir que el Banco de la República no está obligado a tener en cuenta el tiempo de servicios de la demandante a la Oficina de Cambios para efectos del pago de la indemnización legal por despido injusto y de la pensión especial de jubilación contemplada en la convención colectiva de trabajo celebrada entre el Banco de la República y el sindicato de sus trabajadores.
[…]
Del contexto de este documento no resulta un desacierto manifiesto del tribunal – como se exigiría para la prosperidad del cargo - puesto que no es palmario que los servicios prestados por la actora a la Oficina de Cambios, fatalmente deban entenderse, para todos los efectos, prestados al administrador delegado, dado que se trata de una entidad jurídicamente distinta, y por ello no puede afirmarse que inexorablemente el tiempo servido en la otra institución deba acumularse al laborado en el Banco de la República, por más que éste haya asumido la administración de la primera y que en principio haya adquirido el compromiso de pagar a los empleados públicos de la Oficina de Cambios prestaciones sociales similares a las que corresponden a sus propios trabajadores – cláusula cuya validez no corresponde ahora dilucidar a la Corte -. Estas circunstancias por sí solas no alteran la identidad jurídica de cada entidad ni conducen necesariamente a una acumulación de servicios no prevista expresamente en la fuente normativa especial para los fines de un especial beneficio extralegal, como es la pensión especial regulada en la convención colectiva aplicable a los trabajadores del Banco.
[…]
En suma, no desvirtuó la acusación que la demandante prestó sus servicios a la Oficina de Cambios como empleada pública y que durante tal lapso no tuvo “vinculación directa con el banco”, como sí ocurrió posteriormente en otra condición; luego no puede tacharse de disparatado el aserto del sentenciador de que no era acumulable el tiempo laborado en las dos entidades para efectos de los derechos reclamados en este proceso, porque tal conclusión fluye atendible con arreglo al artículo 61 del código procesal del trabajo que atribuye a los juzgadores de instancia la potestad de formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes.
Lo expuesto resulta suficiente, para colegir que la censura no acreditó los desaciertos atribuidos al ad quem, sin que sea necesario referirse a los demás supuestos fácticos.
Por consiguiente, no prospera el cargo.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia impugnada, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 467, 468, 469, 470, 471, 476 y 478 del CST, en relación con los artículos 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 1, 13 y 21 del CST y 13, 25, 53, 55 y 93 de la CN; Acto Legislativo 01 de 2005; y, Convenios 98 y 154 de la OIT.
Enlista los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante no tenía derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación convencional.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el Art. 18 de la recopilación de normas convencionales exige para el derecho a la pensión de jubilación 20 años de servicio y 50 años de edad de manera coetánea.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la edad es un requisito de cumplimiento y no de exigibilidad para la pensión convencional del Art. 18 de la Recopilación de Normas Convencionales.
4. No dar por demostrado, estándolo, que la Recopilación de Normas Convencionales en su Art. 18 admite más de una interpretación.
5. No dar por demostrado, estándolo, que la interpretación más favorable del Art. 18 de la Recopilación de Normas Convencionales permite que el derecho a la pensión convencional nazca con el cumplimiento de los 20 años de servicio.
6. No dar por demostrado, estándolo, que al demandante se le debe aplicar la interpretación más favorable del Art. 18 de la Recopilación de Normas Convencionales.
7. No dar por demostrado, estándolo, que el derecho a la pensión de jubilación convencional se concretó con el cumplimiento de los 20 años de servicio.
Afirma que los yerros se produjeron por la errónea apreciación de la recopilación de convenciones colectivas dispuesta en la convención colectiva de trabajo con vigencia 1997 -1999, suscrita entre el Banco de la República y la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República -ANEBRE, en tanto llevó al Tribunal a concluir que la cláusula 18 extralegal, preceptuaba que para acceder al derecho pensional se requería «el cumplimiento de la edad de 50 años, con 20 años de servicios», con anterioridad al 31 de julio de 2010, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005; y, que como solo alcanzó el requisito de la edad hasta septiembre de 2013, no era posible que se le aplicara la disposición convencional.
Afirma que el mencionado canon, es susceptible de dos interpretaciones: i) que se requiere la edad y el tiempo de servicio para tener derecho a la pensión de jubilación; y, ii) que basta con el cumplimiento del tiempo de servicio para que nazca el derecho a la pensión de jubilación, siendo la edad y el retiro requisitos de exigibilidad, mas no de causación.
Señala que a su juicio, el ad quem desacertó al exigir que tenía que cumplir 50 años de edad, con anterioridad al 31 de julio de 2010 como una «condición resolutoria para el nacimiento del derecho pensional», además de que se justifica que no se requería en razón a que la convención colectiva de trabajo «trae un sistema cuasi actuarial para su reconocimiento, por cuanto no tiene en cuenta ni la esperanza de vida del pensionado, ni las tasas de interés del mercado, basando la prestación en función del número de años laborados en forma exclusiva», tal como se desprende de la escala establecida en el artículo 18 convencional y se reitera en sus art. 19 y 20.
Dice que es evidente que la génesis del derecho a pensión convencional radica en el cumplimiento del tiempo de servicio, siendo la edad una mera exigencia, pues cuando el aludido art. 18 «habla del “disfrute” de la pensión», es para que se cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicio, «sin que se precise que al momento del retiro se deben reunir las dos condiciones restantes de manera inequívoca».
Trae a colación las sentencias, entre otras, CSJ SL5603-2016, CSJ SL1158-2016 y CSJ SL289-2018, para indicar:
Bajo los predicados anteriores, es plausible entender que cuando mi procurada cumplió el tiempo de servicio de 20 años, esto es 19 de noviembre de 2004, antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, adquirió el derecho a la pensión convencional de jubilación, bastándole sólo el cumplimiento de la edad y el retiro de la entidad para hacer efectivo el pago de la misma.
Hasta aquí argumentos suficientes para justificar que la cláusula 18 de la Recopilación de Normas Convenciones admite dos interpretaciones posibles, y que entender el tiempo de labores como piedra angular de la pensión convencional, no riñe ni con el texto convencional, ni resuelta ilógico o desmesurado. Sin que ello implique que se pretenda la aplicación de la norma convencional, después del 31 de julio de 2010, como equivocadamente lo infirió el Tribunal, sino que el derecho se había concretado desde el cumplimiento del tiempo de servicio.
Asevera que el colegiado debió acoger la interpretación de los postulados extralegales más favorables a sus intereses - indubio pro operario-, en aplicación de los arts. 53 de la CN y 21 del CST, y sentencia CC SU241-2015, pese a que los instrumentos convencionales son considerados como pruebas y su examen gire en torno a la libre facultad del convencimiento, conforme al art. 61 del CPTSS.
Menciona las sentencias CC SU555-2014 y CSJ SL5116-2020, para precisar que:
[…] las demás pruebas documentales arrimadas al plenario como certificado de tiempo de servicio y copia de la cédula de ciudadanía, se puede verificar que el señor (sic) AÍDA MUNAR PONGUTA, para la fecha en que se ha interpretado como perdida (sic) de la vigencia de la Convenciones Colectivas de Trabajo suscritas por la Organización de Base de dicha entidad ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA —ANEBRE-, es decir el 31 de julio de 2010, (inciso final del parágrafo transitorio tercero del Acto Legislativo 01 de 2005), contaba con más de 20 años de servicio con el Banco de la República, los cuales completó en junio de 2006, sumando el tiempo servicios de la OC, por sustitución patronal, siendo exigible la pensión al momento en que cumpla la edad de 55 años y pendiente de su retiro efectivo. (Negrilla del texto).
RÉPLICA
Manifiesta el Banco de la República que la demandante no causó el derecho a la pensión de jubilación antes del 31 de julio de 2010, cuando fenecieron «los regímenes pensionales especiales o exceptuados», según lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.
CONSIDERACIONES
Debe resolver esta Sala, si el Tribunal se equivocó al determinar que la demandante no tenía derecho a la pensión convencional del art. 18 de la Convención Colectiva de Trabajo (1997-1999), con el raciocinio de que alcanzó los requisitos con posterioridad al 31 de julio de 2010, plazo límite que fijó el Acto Legislativo 01 de 2005, para la aplicación del instrumento extralegal, como quiera que se vinculó al banco el 29 de octubre de 1991 y solo hasta el 2011, reunió los 20 años de servicios y 50 años de edad el 22 de septiembre de 2013 «fecha esta última en la se hizo exigible el derecho».
Al margen de la vía indirecta seleccionada, no se controvierten los siguientes supuestos: i) que Aída Munar Ponguta nació el 22 de septiembre de 1963, por lo que cumplió 50 años de edad en el 2013 (f.°12); ii) que presta sus servicios al Banco de la República, desde el 29 de octubre de 1991; iii) que a la fecha de presentación de la demanda, 19 de diciembre de 2016, continuaba laborando para la entidad (f.°85); y, v) es beneficiaria de la convención colectiva de trabajo 1997-1999.
Ahora bien, el art. 18 extralegal, preceptúa que:
[…] Los trabajadores que se retiren a partir del trece (13) de diciembre de mil novecientos setenta y tres (1973), a disfrutar de la pensión jubilatoria con los requisitos legales de tiempo mínimo de servicio de veinte (20) años y de edad mínima de cincuenta y cinco (55) años si son varones, y de cincuenta (50) años si son mujeres, tendrán derecho a la liquidación, según la siguiente tabla (Subrayas fuera de texto):
Años de Servicio
% de Liquidación
sobre Salarios
20
75
21
77
22
79
23
81
24
83
25
85
26
88
27
91
28
94
29
97
30 y más
100
En punto a la intelección de la citada disposición convencional, esta Corporación en la reciente sentencia CSJ SL2962-2022, recordó que la consolidación de la prestación pensional se causa con la acreditación simultánea de la edad y tiempo de servicios. Así lo adoctrinó:
[…] resulta oportuno memorar el criterio vertido en sentencia CSJ SL 2657-2021 que reiteró la CSJ SL660-2021, proveído que al resolver una divergencia de similares contornos, estableció como su único entendimiento «la necesidad de confluir tanto el tiempo de servicios y edad para que el trabajador sea acreedor a la pensión convencional, pues, al hacer la norma referencia a contarse con el acatamiento de los «requisitos legales» es obvio que se trata de la reunión de la edad con el tiempo de servicios.
Sobre el particular, esta Sala de la Corte, precisó:
Refulge de la norma convencional trascrita, sin lugar a duda, la necesidad de confluir tanto tiempo de servicios y edad para que el trabajador sea acreedor de la pensión convencional, pues, al hacer la norma referencia a contarse con el acatamiento de los «requisitos legales» es obvio que se trata de la reunión de la edad con el tiempo de servicios. Resulta de tanta trascendencia el cumplimiento de la edad para causar la pensión que, el tiempo de servicios, conforme a la tabla anexa, luego de satisfacerse su requerimiento mínimo, viene a ser un factor de incremento de la tasa de reemplazo a ser tenida en cuenta en la liquidación del derecho (…).
De ahí que el entendimiento realista y coherente de la cláusula, acorde con su finalidad inteligible, determinable y asimilada a una perspectiva legal, es aquel según el cual los requisitos de causación del derecho los son, concurrentemente, el tiempo de servicios y la edad, asimilados, se itera, a su mínima regulación legal.
Esa conclusión según la cual los requisitos de causación del derecho los son, concurrentemente, el tiempo de servicios y la edad, se ve reforzada con el hecho de que los artículos subsiguientes del instrumento colectivo, consagran otras formas de reconocimiento de la prestación, donde en razón a un mayor tiempo de servicios, con relación al mínimo legal aludido en el primer precepto, para que se pueda acceder a la prestación «sin consideración a la edad», así:
ARTICULO (sic) 19- El trabajador que se retire con treinta (30) años o más de servicios continuos o discontinuos tendrá derecho a una pensión equivalente al ciento por ciento (100%) de su salario, sin consideración a su edad.
ARTICULO (sic) 20- La trabajadora que se retire a disfrutar de su pensión de jubilación con veinticinco (25) años de servicios, sin consideración a la edad, tendrá derecho a que su pensión se liquide en un 90% del promedio salarial.
Lo anterior sirve para diferenciar que el instrumento colectivo consagra dos formas de reconocimiento de derechos pensionales; i) una forma con consideración a la edad como factor concurrente al tiempo de servicios para su causación y, ii) otra forma, que en razón de un mayor tiempo de servicios -con relación al mínimo- se causa sin consideración a edad alguna.
Si bien es cierto que esta Sala ha expuesto que las reglas gramaticales y del lenguaje, por sí solas, no siempre le permiten al juez encontrar el verdadero sentido de una cláusula convencional, también es cierto, que al desentrañar la redacción y estipulación de cada disposición normativa no se compromete con ello un uso arbitrario del lenguaje, sino, procurar situarse lo más cercanamente a la voluntad e interés de los contratantes.
Aquí no se trata de auscultar una interpretación que restrinja el alcance de la disposición examinada sino el desarrollo franco de la obligación de interpretarla bajo los parámetros de la hermenéutica jurídica laboral, sin pretender darle un sentido subrepticio so pretexto de entrañar diversas interpretaciones a efectos de entregar a la misma un alcance distinto del que sencillamente se deduce del texto de la pluricitada disposición (Subrayas fuera de texto).
Igualmente, en la citada providencia se indicó que el alcance del artículo 18 extralegal no trasgredía el principio de favorabilidad, en atención a que fue el mismo precepto el que condicionó las exigencias para el disfrute de la pensión de jubilación con el cumplimiento de la edad y el tiempo de servicios. Allí se dijo:
[…] en lo relativo al reproche de la censura, encaminado a establecer la trasgresión del sentenciador de alzada del principio de favorabilidad, amparado en el argumento de que la convención colectiva de trabajo no es una norma de carácter sustancial, por ser una prueba que debe valorase a la luz del articulo (sic) 61 CPT Y SS, se impone memorar que tal y como lo tiene adoctrinado la Corporación, la naturaleza probatoria de dichos reglamentos extralegales, no contraría su carácter de fuente formal de derecho, de suerte que los operadores judiciales están compelidos a efectuar una exégesis conforme los principios constitucionales y legales, entre ellos, el de favorabilidad (CSJ SL17642-2015, CSJ SL4332-2016, CSJ SL16811-2017, CSJ SL1240-2019, CSJ SL1886-2020).
Así las cosas, debe entenderse que, la aplicación del principio antedicho, acorde a los postulados del artículo 53 CN, se deriva de la existencia de una norma ambigua o que admite más de un entendimiento, hipótesis, que no se presenta en el caso bajo examen, en tanto el artículo 18 convencional en forma clara y expresa señala que la consolidación de la prestación pensional en litigio, se causa con la acreditación simultanea de la edad y el tiempo de servicios.
En ese orden y como quiera que Aída Munar Ponguta reunió 20 años al servicio del Banco de la República el 29 de octubre de 2011 y 50 años de edad el 22 de septiembre de 2013, se concluye que la decisión del Tribunal está ajustada a derecho, pues, ambos requisitos de exigibilidad para la causación de la pensión de jubilación convencional del pluricitado artículo 18, se alcanzaron con posterioridad al 31 de julio de 2010, esto es, tiempo límite que dispuso el parágrafo transitorio 4 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, para la extensión de beneficios convencionales en materia pensional.
Por consiguiente, no prospera la acusación.
CARGO TERCERO
Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida los artículos 104, 105, 106, 107, 108, y 109 del CST, en relación con los art. 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 1, 13 y 21, 57, 59, 132 y 142 del CST; 13, 25 y 53 de la CN; y, Acto Legislativo 01 de 2005.
Atribuye al Tribunal haber incurrido en los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el Reglamento Interno de Trabajo del año 1985 fue sustituido en su totalidad por el Reglamento Interno de Trabajo del año 2003.
2. No dar por demostrado, estándolo, que las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo del año 1985, aprobado por Resolución No. 1533 de noviembre de 1985 del Ministerio del Trabajo hacen parte del contrato de Trabajo.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que las prerrogativas y condiciones laborales contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo del año 1985, constituyen reconocimientos (sic) hechos por mera liberalidad, modificables o revocables en cualquier momento.
4. No dar por demostrado, estándolo, que Resolución No. 3228 de 24 de noviembre de 2003, expedida por el Ministerio de la Protección Social, modificó el Reglamento Interno de Trabajo del año 1985 sólo en aquello que no desmejorara los beneficios y mejores condiciones alcanzadas.
5. No dar por demostrado, estándolo, que el Art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo del año 1985, admite más de una interpretación.
6. No dar por demostrado, estándolo, que la interpretación más favorable del Art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo del año 1985, permite que el derecho a la pensión nazca con el cumplimiento de los 20 años de servicio.
7. No dar por demostrado estándolo que a la vigencia del RIT del año 2003 mi procurado ya sumaba más de 20 años de servicio.
8. No dar por demostrado, estándolo, que al demandante se le debe aplicar la interpretación más favorable del Art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo del año 1985.
9. No dar por demostrado, estándolo, que el derecho a la pensión de jubilación Reglamentaria se concretó con el cumplimiento de los 20 años de servicio.
Denuncia de apreciación errónea el art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo de 1985; y, la falta de valoración del art. 53 del Reglamento Interno de Trabajo de 2003 y la Resolución n.° 3228 de 24 de noviembre de 2003, por medio de la cual aprobó dicho instrumento.
Refirió a dichas probanzas, para indicar que del contenido de la Resolución n.° 3228 del 24 de noviembre de 2003, se extraía que el reglamento interno de ese año, no producía ningún efecto jurídico en todo aquello en que contraríe o desmejore los beneficios que la ley, pacto, convención colectiva, laudo arbitral o contrato de trabajo vigente, hubiere dispuesto a favor del trabajador.
Menciona la providencia del 05 de noviembre de 2009, rad n.° 110010325000200400050-01, de la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, para señalar que:
[…] la aprobación del Reglamento de Año 2003 sólo podría tener efectos jurídicos vinculantes en aquellos aspectos que no desmejoren las condiciones de los trabajadores contenidas en la ley, pacto y/o convención colectiva, laudo arbitral y/o contrato de trabajo. Así entonces, debe recordarse que de conformidad con el Art. 107 del C.S.T. el Reglamento Interno de Trabajo hace parte del contrato individual de trabajo de cada uno de los trabajadores del respectivo establecimiento, salvo estipulación en contrario, que, sin embargo, sólo puede ser favorable al trabajador.
Adicionalmente el Art. 109 del CST habla de la ineficacia del reglamento interno de trabajo cuando las cláusulas de este desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales, los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador.
Por manera que, fácil es colegir que todas las prerrogativas salariales, pensionales y cualquier derecho adicional a los mínimos legales contenidos en el reglamento del año 1985, hacían parte del Contrato de Trabajo de los servidores del Banco de la República y por ende su modificación no se podía hacer de manera unilateral, como se pretendió realizar en el reglamento del Año 2003.
Afirma que los derechos consagrados en el Reglamento Interno de Trabajo de 1985 no son prestaciones reconocidas por mera liberalidad que por superar el mínimo legal puede el empleador retrotraer, sino que se incorporan al contrato de trabajo y cuya «modificación unilateral es ineficaz»; de ahí que, le es aplicable el art. 78 de ese RIT que contiene la pensión de jubilación solo con el cumplimiento de la edad, puesto que de la lectura de la norma:
[…] resulta patente ello, cuando indica que el trabajador que "llegue" o "haya llegado" a la edad tendrá derecho a partir a la (sic) pensión "Después" del cumplimiento de los 20 años de servicios, disponiendo de un sistema escalonado de porcentaje de dicha prestación en función del tiempo de servicios.
De esta manera la estructura gramatical de la cláusula bajo examen que emplea el adverbio de tiempo "después", implica que la pensión se hace efectiva con las edades allí previstas, pero que el reconocimiento del derecho tiene por base el cumplimiento de los 20 años de servicio, y en ese entendido el derecho nace por el tiempo de servicio únicamente y no por el cumplimiento de la edad. Por lo dicho la edad y el retiro en este evento sólo son condiciones de exigibilidad o pago de la pensión.
Manifiesta que, sumados los tiempos de servicios con la Oficina de Cambios y el Banco de la República, se colige que tiene derecho a la pensión de jubilación, a partir del retiro y el cumplimiento de la edad mínima.
Advierte que, en todo caso, el art. 78 del RIT de 1985 acoge dos interpretaciones: i) que se requiere la edad, el tiempo de servicio y el retiro para tener derecho a la pensión de jubilación; o, ii) que basta con el cumplimiento del tiempo de servicio para que nazca el derecho a la pensión de jubilación, siendo la edad y el retiro requisitos de exigibilidad y no de causación.
RÉPLICA
Insiste el opositor que en que el inciso 4 del artículo 78 del Reglamento Interno de Trabajo y demás instrumentos convencionales dejaron de tener efectos el 31 de julio de 2010, en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005, de manera que es improcedente el reconocimiento de la pensión de jubilación.
CONSIDERACIONES
La censura señala que ad quem apreció de manera errónea el art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo de 1985, y, omitió valorar el art. 53 del Reglamento Interno de Trabajo de 2003 y la Resolución n.° 3228 de 24 de noviembre de 2003, por medio de la cual aprobó dicho instrumento, como quiera que este último, no podía desmejorar los derechos concedidos en el RIT de 1985.
El Tribunal estimó que la actora no tenía derecho a la pensión de jubilación consagrada en el Reglamento Interno de Trabajo, en atención a que no se acreditó la sustitución patronal deprecada y, por ende, el cumplimiento de los 20 años de servicio con anterioridad al 31 de julio de 2010, en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, un argumento diferente al que ataca la recurrente en sede de casación.
En todo caso, con el propósito de verificar la viabilidad del derecho pensional, se trae a colación la pluricitada sentencia CSJ SL2962-2022, en donde se indicó:
Relevada de verificar los anteriores supuestos, la Sala advierte que para dilucidar el sentido y alcance de las cláusulas 78 del RIT expedido en 1985 y 56 del vigente desde 2003, el Tribunal se limitó a extender el mismo razonamiento que desarrolló al analizar la cláusula 18 de la Convención Colectiva de Trabajo.
[…]
Resta por analizar, entonces, si al ocuparse de la reglamentación de 1985, el juez colegiado de instancia se equivocó al valorar los requisitos allí consagrados para acceder a la prestación reclamada en forma subsidiaria. De manera concreta, si desacertó al entender que la edad y tiempo de servicios debían concurrir para que pudiera causarse el derecho pensional o si, por el contrario, la edad era una simple condición para la exigibilidad de la prestación, ya causada por la labor desplegada durante el lapso previsto. La norma extralegal es del siguiente tenor (fl. 123 y vto.):
Artículo 78. Con fundamento en la ley orgánica del Banco (Leyes 25 de 1923, 82 de 1931, Ley 7ª. y Decreto 2617 de 1973 y Decreto 386 de 1982), éste tiene establecido y reglamento el siguiente sistema de pensiones cuyo derecho a reformar y adaptar a la nueva legislación se reserva al tenor de las siguientes disposiciones:
Para las pensiones de que tratan los incisos siguientes, se exigirá que el trabajador en cuyo favor se decrete, tenga un mínimo de quince (15) años al servicio del Banco.
(…)
Todo trabajador que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o de vejez, de acuerdo con la siguiente escala:
Años de servicio Porcentajes de salario
20 75
21 76
22 77
23 78
24 79
25 80
26 81
27 82
28 83
29 84
30 o más 85
El límite máximo de la cuantía de las pensiones a que se refiere el inciso anterior será el señalado por la ley.
El trabajador que se retire o sea retirado del servicio, sin haber cumplido la edad expresada, tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicios.
Todo trabajador que cumpla sesenta (60) años de edad estando al servicio del Banco, tendrá derecho a retirarse disfrutando de una pensión mensual, en las mismas condiciones establecidas en el inciso 3o. de este artículo y el que cumple sesenta y cinco (65) años está obligado a retirarse, a menos que la Junta Directiva le inste de una manera formal para que continúe en el banco. Para disfrutar de la pensión debe haber servido quince (15) años.
Todo trabajador que haya prestado sus servicios al Banco por espacio de treinta (30) años, cualquiera que sea su edad, estará obligado a retirarse y disfrutará de una pensión que se liquidará conforme a las normas del presente artículo, a menos que la Junta Directiva le inste de una manera formal para que continúe en el Banco.
Las pensiones legales excluyen las reglamentarias y éstas a aquellas. En consecuencia, cuando el trabajador se sitúe en condiciones de causar al mismo tiempo pensiones legales y reglamentarias podrá optar por la que más le convenga. Si optare por la pensión reglamentaria dentro de la cuantía de esta se considerará incorporada la pensión legal.
[…] la Sala observa que el derecho a la prestación está reservado para aquellos que lleguen a la edad de 55 años, en el caso de los hombres, «después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos».
Sin embargo, ello no significa que igual que ocurre con la pensión de jubilación convencional, la edad constituya una condición para la causación del derecho. Con facilidad se advierte que a esa inferencia se opone el propio texto reglamentario, que líneas más adelante dispone con claridad que el trabajador que se retire o sea retirado del servicio, sin haber cumplido la edad señalada, «tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicios».
Es decir, fue el propio empleador, creador de la prestación, quien restó relevancia a la edad y dignificó el tiempo de servicios como componente esencial del derecho pensional. Dicho de otra forma, fue voluntad del Banco obligarse con sus trabajadores a reconocerles una pensión de jubilación, con un mínimo de 20 años de servicio, exigible a la edad de 55 años en el caso de los hombres y sin perjuicio de los incentivos en función de un periodo mayor de labores.
Ante el panorama descrito, aflora paladino que el Tribunal se equivocó al valorar el artículo 78 del RIT de 1985, no solo por lo ligero de su análisis, sino porque al entender que el requisito de edad era indispensable para la causación del derecho, desatendió que, en su integralidad, el marco reglamentario relegó esa condición para el simple disfrute o exigibilidad de la prestación.
De tal manera, la Sala no vislumbra que el juez de apelaciones hubiere desacertado, como quiera que al no configurarse la sustitución patronal, no podría tenerse en cuenta los tiempos servidos por Aída Munar Ponguta a la Oficina de Cambios; de ahí que, reunió los 20 años de servicios el 29 de octubre de 2011, época en la que era inviable la aplicación del Reglamento Interno de Trabajo, por mandato expreso del parágrafo transitorio 4° del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
En consecuencia, no prospera el cargo.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la demandante, como quiera que se replicó. Como agencias en derecho, se fijan $4.700.000 que serán incluidos en la liquidación que haga el juzgado de primera instancia, en los términos del artículo 366-6 del CGP.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 14 de enero de 2020, en el proceso que siguió AÍDA MUNAR PONGUTA contra el BANCO DE LA REPÚBLICA.
Con costas conforme se expuso.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ
JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO
JORGE PRADA SÁNCHEZ
ACLARACIÓN DE VOTO
Magistrado Ponente: Donald José Dix Ponnefz
Rad. 89792
De: Aída Munar Ponguta vs. Banco de la República
Aunque suscribí la sentencia con salvamento de voto, una nueva lectura de la sentencia de casación me conduce solo a aclarar el voto.
Aunque comparto que del texto del artículo 18 de la convención colectiva de trabajo 1997-1999, transcrito en la sentencia, se colige que el reconocimiento de la prestación está supeditado al cumplimiento de la edad y el tiempo de servicios, en vigencia del contrato de trabajo, no puedo dejar de reiterar mi criterio de cara a los efectos del Acto Legislativo 01 de 2005, con respecto al derecho a la negociación colectiva.
Dicha postura se sustenta en la antinomia existente entre la reforma constitucional y los artículos 53, 55, 58 y 93 del texto superior, con relación a la imposibilidad de obtener, a través de la negociación colectiva, beneficios pensionales superiores a los previstos en el sistema general.
Tal contradicción se manifiesta en la eliminación abrupta de los beneficios estipulados en convenios colectivos de trabajo, que hacían parte de los contratos de trabajo de cada uno de sus beneficiarios; esto ignora la prohibición consagrada en el artículo 53 de la Constitución Política e implica el desconocimiento de los convenios 87, 98 y 154 de la OIT, así como de los artículos 24 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Es que mientras los parágrafos transitorios y permanentes señalados, restringen gravemente el legítimo derecho de los trabajadores a obtener mejores condiciones pensionales, el artículo 55 de la Carta impone el respeto a tan cara expresión de un Estado social y democrático de derecho, como es el mecanismo mencionado.
El Acto Legislativo 01 de 2005 atenta por dos vías contra el derecho de asociación y negociación colectiva, en tanto suprime este mecanismo en el ámbito pensional y, por contera, desconoce unos beneficios obtenidos en franca lid, que pasaron a formar parte del contrato de trabajo.
Además, si las cláusulas convencionales son verdaderos acuerdos entre patronos y trabajadores, con vocación de permanencia a la luz del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, que involucran derechos resultantes del libre juego democrático entre empleadores y trabajadores, resulta contraria al sistema jurídico la intervención del Estado dirigida a desmontar esos beneficios y garantías, en favor de uno de los actores del conflicto colectivo de trabajo y en perjuicio de los trabajadores.
En los anteriores términos dejo expuestas las razones de mi aclaración.
Fecha ut supra,
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado
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