Ficha de la providencia
Sentencia SL3732-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3732-2021
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3732-2021
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
14 de julio de 2021
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL3732-2021
Radicación n.° 88331
Acta 26
Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por DIEGO ARIAS VELÁSQUEZ contra la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2019, por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso que promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
I. ANTECEDENTES
Diego Arias Velásquez llamó a juicio a Colpensiones, para que se condene al reconocimiento y pago de la pensión especial anticipada de vejez por invalidez desde el cumplimiento de los requisitos de ley, los intereses de mora y las costas del proceso.
En sustento de sus pretensiones expuso que sufrió un accidente de trabajo el 23 de marzo de 2000, por lo que fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez con un 29.34%, porcentaje que incrementó la Junta Nacional a 43.91%. Posteriormente, la Facultad Nacional de Salud Pública, determinó una pérdida de capacidad laboral del 51% y, finalmente, en el trámite de un proceso ordinario laboral ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, se le asignó por ese mismo concepto un 55.55%, desde el 9 de junio de 2000 con causa de origen profesional, motivo por el cual se le otorgó una pensión de invalidez, como lo determinó la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad. El 14 de febrero de 2017 reclamó a Colpensiones una pensión especial anticipada de vejez por invalidez, teniendo en cuenta 1585 semanas y 58 años de edad, la cual se le negó por Resolución GNR 56797 de 2017, con fundamento en que para acceder a dicha prestación la deficiencia debe ser de origen común.
La entidad accionada, se opuso a las pretensiones por considerar que no se reúnen los requisitos para acceder a la pensión anticipada por vejez. En su defensa propuso las excepciones de falta de requisitos legales para el reconocimiento de la prestación solicitada, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, ausencia de causa para pedir, prescripción, buena fe, imposibilidad de la condena en costas y compensación.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 8 de octubre de 2018, negó las pretensiones y absolvió de todas ellas a la demandada y condenó en costas a la parte actora.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Segunda de Decisión Laboral de Medellín, mediante providencia de 5 de diciembre de 2019, confirmó en todas sus partes la sentencia impugnada e impuso costas a la recurrente.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal estimó como fundamento de su decisión que debía determinar si la pensión anticipada de vejez por deficiencia física, síquica y sensorial y la pensión de invalidez de origen laboral resultaban compatibles o si, por el contrario, eran incompatibles por proteger un mismo riesgo. Se remitió a las pruebas obrantes en el expediente, posteriormente al parágrafo 4º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que consagra la prestación reclamada a la sentencia CC T-462-2016 de la que leyó uno de sus apartes, luego de lo cual dijo lo siguiente:
En el anterior orden concluye la Sala que la pensión anticipada de vejez por deficiencia física, síquica o sensorial tiene un carácter mixto que comparte con la de invalidez y es que para su derecho es causa eficiente la existencia de una pérdida de capacidad laboral que debe alcanzar por lo menos el 25% del ítem de deficiencia, para luego de acreditado este requisito proceder a evaluar otros elementos como es el cumplimiento de los 55 años de edad y la cotización mínima de 1000 semanas.
[…]
Respecto del planteamiento esgrimido por el apelante en el sentido de que la pensión de invalidez de origen profesional hoy laboral, de la que disfruta el actor y la anticipada de vejez que reclama son compatibles por ser pagadas por administradoras diferentes y patrimonios autónomos, bien vale traer a colación el precedente contenido en las sentencias SL3153-2014, SL1244-2019, SL3111-2019, cuyos derroteros para definir la compatibilidad o incompatibilidad de dos pensiones son los siguientes: 1. El origen de la contingencia o riesgo que amparan (criterio principal), ello siempre que no exista una normativa especial que prohíba la compatibilidad; 2. La existencia de una reglamentación propia y 3. La autonomía de la fuente de financiación.
En el caso de autos encuentra la sala indiscutible el cumplimiento de los dos últimos, sin embargo, extraña el de la primera de las condiciones y es que el origen de la contingencia resulta ser el mismo en la pensión anticipada por deficiencia y la pensión de invalidez de origen profesional, protegen la pérdida de capacidad laboral de la persona y es que el amparo prodigado por el parágrafo cuarto del artículo 9 de la Ley 100 de 1993(sic) para su surgimiento necesita de la previa calificación de la capacidad de la persona que la reclama, puesto que solo de su condición de limitación física, síquica o sensorial surge la protección y posibilidad de acceder a una pensión de vejez en condiciones especiales.
Atendiendo a lo anterior cobra importancia la prohibición consagrada en el parágrafo 2º del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 que proscribe la posibilidad del cobro simultáneo de pensiones otorgadas en los regímenes común y profesional originadas en el mismo evento que para este caso es la pérdida de capacidad laboral.
En ese orden, encuentra la Sala que le asistió razón al juez de primera instancia la negar las pretensiones de la demanda, motivo por el cual se confirmará la sentencia de primera instancia.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte, procede a resolverse.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada y, en sede instancia, se «revoque la dictada por el a quo que negó las pretensiones, accediendo a ellas en los términos de la demanda. Deberá proveerse sobre costas».
Con tal propósito formula dos cargos, que se dirigen por la causal primera de casación, los cuales no merecieron réplica y que se abordan de manera conjunta dado que pretenden idéntico fin y acusan las mismas normas jurídicas.
VI. CARGO PRIMERO
Ataca la sentencia por violar por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea «el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en relación con el artículo 10 de la Ley 776 de 2002, artículos 11, 12, 13, 25, 50, 48, 141, 249, 250, 252 y 272 de la misma ley 100 de 1993; Artículos 47, 48 y 53 de la Constitución Nacional».
Indica que, no discute ninguna de las conclusiones fácticas del tribunal, y que la controversia gira en torno a determinar si la pensión de invalidez de origen profesional reconocida al actor es compatible con la anticipada de vejez por deficiencia que reclama.
Afirma que la inteligencia que el Colegiado le dio a las normas denunciadas no es acertada pues las prestaciones son autónomas e independientes. En su concepto, el parágrafo 4º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 no condiciona sus requisitos ni que el origen de la invalidez debe ser común o laboral, por lo que no era dable que la autoridad judicial incluyera tal exigencia. Añade que el artículo 10 de la Ley 776 de 2002, de la que se valió para su determinación, fue expedida en diciembre 17 de 2002, por lo que es anterior a la Ley 797 de 2003, luego no es válido afirmar que las prestaciones tienen origen en el mismo evento, pues si así fuera, el legislador así lo hubiera establecido.
Indica que la pérdida de capacidad laboral se define a partir de la sumatoria de varios conceptos, autónomos e independientes según lo dispone el Decreto 917 de 1999, esto es, la deficiencia, discapacidad y minusvalía; el concepto de deficiencia solo se mide y debe sumarse a otros para definir la pérdida de capacidad laboral de una persona, por lo que el sentenciador termina igualando términos diferentes que tienen consecuencias distintas. Agrega que mientras la pensión de invalidez exige que se determine la pérdida de capacidad laboral, no ocurre lo mismo con la prestación reclamada que solamente exige la deficiencia física, síquica o sensorial, sin que pierda su esencia de pensión de vejez.
Advierte que el evento que origina la prestación prevista en el parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003 es la deficiencia en un 25%, lo que permite anticipar la edad si se cuenta con el número de semanas suficiente, lo cual estima que no entendió el Tribunal. Señala que no existe norma que expresamente indique la incompatibilidad de la pensión de invalidez de origen laboral y la pensión de vejez anticipada por deficiencia superior al 25%, sin que sea válido aplicar el artículo 10 de la Ley 776 de 2002.
Se remite a la sentencia CC T-128-2015, que considera ratifica el yerro del Colegiado, en el sentido de que la deficiencia no tiene que ser común o laboral para que haya lugar a la prestación; de igual manera, invoca la providencia de esta Sala de Casación CSJ SL3153-2014, sobre la contabilidad pensional cuando el origen de las prestaciones es diferente y recuerda los elementos que la sustentan.
VII. CARGO SEGUNDO
Por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida denuncia la violación del «artículo 10 de la Ley 776 de 2002, en relación con el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, artículos 11, 12, 13, 25, 50, 48, 141, 249, 250, 252 y 272 de la misma Ley 100 de 1993; artículos 47, 48 y 53 de la Constitución Nacional».
Refiere iguales argumentos a los expuestos en el cargo anterior, lo que hace innecesario su reproducción.
VIII. CONSIDERACIONES
Dada la vía elegida por el recurrente, se encuentra fuera de discusión que a Diego Arias Velásquez se le reconoció una pensión de invalidez de origen profesional a partir del 9 de junio de 2000, como dan cuenta las sentencias proferidas por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín el 6 de agosto de 2009 y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, el 17 de enero de 2011 (folios 28 a 44).
Que, mediante la Resolución GNR 56797 del 21 de febrero de 2017, en respuesta a la solicitud elevada por el actor, la demandada le negó la pensión prevista en el parágrafo 4. ° del artículo 9. ° de la Ley 797 de 2003, al considerar que esa disposición parte del supuesto de que la pérdida de capacidad laboral allí prevista debe obedecer a una enfermedad de origen común, (folios 45 a 47).
Como quedó arriba indicado, en la demanda se solicitó el reconocimiento de la pensión especial anticipada de vejez prevista en el parágrafo 4. ° del artículo 9. ° de la Ley 797 de 2003. La demandada se opuso por cuanto no se cumplen los requisitos previstos en la mencionada normatividad, esto es, por cuanto la pérdida de capacidad laboral se determinó como de origen profesional.
El Tribunal concluyó que la pensión de invalidez de origen profesional otorgada al actor no es compatible con la especial de vejez anticipada que consagra la norma en que funda las pretensiones, por cuanto las dos prestaciones cubren el mismo evento calificado mediante el concepto de pérdida de capacidad laboral.
La controversia se contrae a determinar si se puede percibir simultáneamente la pensión de invalidez reconocida a Diego Arias Velásquez por el sistema de riesgos laborales a través de BBVA Seguros de Vida, con ocasión de un accidente de trabajo y, además, la peticionada pensión de vejez anticipada que consagra el parágrafo 4. ° del artículo 9. ° de la Ley 797 de 2003.
En aras de dar respuesta a los planteamientos en precedencia, menester resulta hacer las siguientes consideraciones previas, que fueron expuestas por la Corte, recientemente, en la sentencia CSJ SL1894-2021, que hoy se reitera, así:
Con el fin de resolver los temas propuestos, la Sala realizará el estudio de acuerdo con los siguientes ejes temáticos: i. Coordinación de los subsistemas de Riesgos laborales y el Sistema general de pensiones; a partir de lo anterior se estudiará: ii. Posibilidad de recibir la pensión de invalidez de origen laboral y la pensión anticipada prevista en el parágrafo 4. ° del artículo 9. ° de la Ley 797 de 2003 y, finalmente, se decidirá el caso concreto.
i. Coordinación de los subsistemas de Riesgos laborales y el Sistema general de pensiones
El estado de invalidez, conforme al artículo 10 de la Ley 100 de 1993, es una de las contingencias garantizada dentro del objeto del Sistema general de pensiones y que, según el artículo 38 del mismo estatuto, se considera que la persona se encuentra ante esta situación cuando, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral, debidamente calificada conforme al artículo 41 ibidem.
A su turno, en desarrollo del principio de unidad e integralidad, propios de la seguridad social, el canon 9 de la Ley 776 de 2002, dispone que, para el sistema general de riesgos laborales, una persona se considera inválida por causa profesional, no provocada intencionalmente, cuando hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
En vigencia del Decreto 917 de 1999, la determinación de la invalidez, sea de riesgo común o laboral, y la valoración del estado de discapacidad, se establecen de conformidad con el manual único de invalidez, el cual se mantuvo vigente hasta la expedición del Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014. Al respecto el artículo 1º de la norma reglamentaria prevé lo siguiente:
Artículo 1º Campo de aplicación. El Manual Único para la Calificación de la Invalidez contenido en este decreto se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a los trabajadores de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general, para determinar la pérdida de la capacidad laboral de cualquier origen, de conformidad con lo establecido por los artículos 38, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993, el 46 del Decreto ley 1295 de 1994 y el 5º de la Ley 361/97.
Por otra parte, el artículo 7 del mencionado decreto instituye que para la calificación integral del estado de invalidez deben tenerse en cuenta los componentes funcionales biológico, psíquico y social del ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el accidente o la edad definidos a través de los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía, lo que implica que la deficiencia (que es el concepto que se ampara en el par. 4º del art. 9 de la Ley 797 de 2003) se valora para establecer el grado de invalidez.
En ese sentido, el artículo 8º de la misma disposición regula la distribución porcentual de los criterios para la calificación total de la invalidez, y otorga un puntaje a cada uno, de la siguiente manera:
CRITERIO
PORCENTAJE (%)
Deficiencia
50
Discapacidad
20
Minusvalía
30
Total
100
Así, los dictámenes deben definir tres aspectos relevantes: a) el porcentaje de pérdida de capacidad laboral; b) la fecha en que se estructura, es decir, el momento en que se generó la pérdida del 50% o más en caso de invalidez, y c) el origen de la misma, esto es, si es común o profesional; elemento este último que permite determinar cuál es el subsistema encargado de la cobertura de la contingencia, puesto que, dependiendo de si se causó por razones de origen común o derivadas del trabajo, será asumida por el subsistema general de pensiones o por el de riesgos laborales.
Y es que ello es así, dado que la finalidad del Sistema es menguar las consecuencias, en este caso de un riesgo siniestral, de manera que se complementen entre los subsistemas, mas no que se superpongan.
Así las cosas, es claro que dentro de la valoración a efectos de establecer la posible situación de invalidez que abre las puertas a la cobertura pensional, definitivamente engloba el concepto de deficiencia, lo que automáticamente nos lleva al plano de que dicha contingencia ya se encuentra cubierta por el sistema de riesgos laborales.
En la misma línea de lo que se viene discurriendo, valga reiterar, si la aludida deficiencia ya se encuentra cubierta por el sistema de riesgos laborales no puede servir también para acceder a la anticipación de la pensión de vejez, que, además, es excepcional; luego, si la invalidez recoge los conceptos de deficiencia física, síquica o sensorial y, por ésta, ya se concedió una prestación por el sistema general de seguridad social, no puede dar lugar a una doble cobertura por el mismo evento.
Para reforzar esta línea de argumentación, es menester traer a colación el parágrafo 2 del artículo 10 de la Ley 776 que dispone:
Artículo 10. Monto de la pensión de invalidez. Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso: (…)
Parágrafo 2°. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento.
El trabajador o quien infrinja lo aquí previsto será investigado y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado y obtenido indebidamente. (subrayado fuera del texto)
En todo caso, revisemos las prestaciones objeto de reclamación.
Posibilidad de recibir la pensión de invalidez de origen laboral y la pensión anticipada prevista en el parágrafo 4o del artículo 9o de la Ley 797 de 2003
Tal como ya se explicó, la pensión de vejez anticipada está prevista en el parágrafo 4o del artículo 9o de la Ley 797 de 2003, que modificó el 33 de la Ley 100 de 1993, norma que se encuentra dentro del Libro I, Título I del Sistema General de Pensiones, y su redacción es la siguiente:
ARTÍCULO 9o. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
[…]
PARÁGRAFO 4o. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993.
De lo anterior se observa que la mencionada excepción a los requisitos generales previstos en los numerales 1o y 2o del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, valga recordar: 1) haber cumplido 55 y 60 años, si se es mujer u hombre, respectivamente, o 57 y 62 a partir del 1º de enero de 2014, y 2) haber cotizado 1000 semanas en cualquier tiempo, «a partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º de enero de 2005, se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015», solo son aplicables a las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado 1000 o más semanas al régimen de seguridad social.
Si bien esta pensión lo que busca es flexibilizar los requisitos de la pensión de vejez para las personas que se encuentran en una situación altamente discapacitante, no se puede desconocer que la prestación por invalidez que se causa precisamente cuando sobreviene ésta, ya engloba la protección a esa condición especial, por lo que no resulta válido pretender el amparo de la contingencia originada en el mismo evento ya cubierto por el sistema de riesgos laborales.
Caso concreto.
Se encuentra fuera de discusión que el señor Diego Arias Velásquez recibe una pensión de invalidez por causa de enfermedad profesional a partir del 9 de junio de 2000, según las providencias judiciales a las que arriba se hizo referencia, las cuales se fundaron en el dictamen emitido por el Centro de Estudios en Derecho Laboral y Salud CENDES que determinó una pérdida de capacidad laboral de 55.55% de origen profesional, fundado en el Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de 1999).
En ese escenario acaecido en vigencia de la Ley 100 de 1993, mediante el cual se crea el sistema integral de seguridad social con sus subsistemas, el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002, consagran de manera clara que el subsistema de riesgos laborales se encarga de las contingencias de invalidez y muerte originadas con ocasión del trabajo.
Dicho en breve, al subsistema pensional no le corresponde amparar las contingencias de origen laboral y su acción protectora se activa por efectos de contingencias ajenas a ésta.
En consecuencia, no le asiste derecho al demandante a obtener una prestación adicional a la otorgada por el sistema de riesgos laborales por la invalidez, que valga la pena reiterar, a riesgo de fatigar, engloba los conceptos de deficiencia física, síquica o sensorial y, además, obtener anticipadamente la pensión de vejez en el sistema pensional general en razón a la misma deficiencia.
En ese orden, el Tribunal no incurrió en error alguno al negar la prestación reclamada, motivo por el cual los cargos no salen victoriosos.
Sin costas, por cuanto no hubo réplica.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2019, por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso que promovió DIEGO ARIAS VELÁSQUEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
No firma por ausencia justificada
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
(Salvo voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
SALVAMENTO DE VOTO
Demandante: Diego Arias Velásquez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Radicación: 88331
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, manifiesto que salvo mi voto, toda vez que no comparto la argumentación expuesta en la solución del caso.
De acuerdo con la posición mayoritaria, la invalidez recoge los conceptos de deficiencia física, psíquica y sensorial. En este sentido, si esta contingencia es amparada por el sistema de riesgos laborales -Ley 776 de 2002-, no puede servir posteriormente para el reconocimiento de la pensión de vejez anticipada prevista en el sistema general de pensiones (parágrafo 4.º del artículo 9.º de la Ley 797 de 2003), toda vez que se estaría ante el «mismo evento» que no puede dar lugar a una doble cobertura.
Discrepo del anterior análisis porque la pensión anticipada de vejez no ampara realmente la contingencia de «invalidez» de las personas, sino que es la respuesta del sistema general de pensiones al riesgo de vejez de aquellos afiliados que con alguna deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, cumplen 55 años de edad y han cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993.
Es la forma en que la ley estableció una diferencia positiva con requisitos menos rigurosos a los exigidos a la generalidad, precisamente por la situación de vida que sobrellevan y que, según el legislador, puede acentuarse en esa edad de 55 años y dificultar el acceso a un ingreso digno en la etapa de vejez, de ahí que también se reduzca el número mínimo de semanas aportadas (CSJ SL4108-2020). Precisamente en esta reciente decisión la Corte aclaró la naturaleza del riesgo que protege esta prestación especial, en los siguientes términos:
(...) debe precisarse que la pensión pretendida no es ni tiene la estructura de una de invalidez. Ello es así pues busca salvaguardar a las personas con deficiencia física, síquica o sensorial, que es apenas uno de los componentes de aquel riesgo según el artículo 7.º del Decreto 917 de 1999 -Manual único para la calificación de la invalidez.
Para la Sala, al igual que la prestación especial contemplada en el inciso 2.º del parágrafo 4.º objeto de análisis (CSJ SL, 18 ag. 2010, rad. 32204), se trata de una pensión de vejez que se otorga de manera anticipada por una razón protectora que valida el tratamiento desigual frente a los demás afiliados del sistema. Esta precisión es relevante, pues la acreencia se diseña como una excepción a los requisitos generales para acceder a aquella prestación de vejez. Además, según se evidenció en los antecedentes legislativos de la norma, la discusión se centró en que el mencionado grupo poblacional tuviera «por lo menos los requisitos especiales para obtener la pensión de jubilación para los discapacitados» -Gaceta 53 del 7 de febrero de 2003-.
Por otra parte, es evidente la confusión que se presenta en el fallo respecto al concepto de deficiencia e invalidez. La primera es la que exige la pensión especial de vejez y solo es un componente de la segunda, cuya calificación se determina según los términos del parágrafo 4.º del artículo 9.º de la Ley 797 de 2003 y puede alcanzar hasta el 50% en la calificación total de la invalidez, aunque para causar la pensión especial solo se requiere, en estricto rigor, el 25% de esa calificación general, puesto que es el 50% de la deficiencia calificada en el dictamen de invalidez.
Además, si bien la valoración de la pérdida de capacidad laboral tiene en cuenta los componentes funcionales biológico, psíquico y social del ser humano, esto no quiere decir que, en efecto, la deficiencia sea determinante para establecer el grado de invalidez de una persona, por lo que al ser conceptos disímiles, no puede afirmarse de forma contundente y absoluta que se trata de un «mismo evento».
En este contexto, tampoco comparto la interpretación literal que la mayoría realiza respecto al parágrafo 2.º del artículo 10 de la Ley 776 de 2002 con el propósito de resaltar que no puede ocurrir un cobro simultáneo de pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional «originados en el mismo evento».
Además, y este argumento es de gran relevancia, estas pensiones tienen diversas fuentes de financiamiento, pues la de origen laboral está soportada en cotizaciones independientes y dirigidas a las aseguradoras de riesgos laborales, mientras que la especial de vejez está respaldada en los aportes sufragados ante las administradoras de los dos regímenes pensionales -prima media y ahorro individual con solidaridad. Nótese que, justamente en razón a esto, la única incompatibilidad que puede predicarse es entre una pensión de invalidez de origen común y una de vejez o especial de vejez, tal y como expresamente lo estipula el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y lo venía adoctrinando la Sala en su jurisprudencia -CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 34820.
Por lo expuesto, plantear una incompatibilidad entre una pensión de invalidez laboral y una especial de deficiencia que pretende proteger el riesgo de vejez, sencillamente carece de sentido y justificación jurídica.
De modo que la Sala debió disponer el reconocimiento y pago de la pensión anticipada de vejez deprecada por el actor en aplicación de las normas propias del sistema general de pensiones y no aquellas que desarrollan el subsistema de riesgos laborales, pues estas solo cubren las contingencias de invalidez y muerte originadas con ocasión del trabajo.
Por último, considero oportuno agregar que la interpretación de la Sala pone en riesgo la incorporación real y efectiva de las personas con un grado de invalidez superior al 50% en el mercado laboral, así como su derecho a la seguridad social, en la medida que sería inútil para una persona beneficiaria de una pensión por invalidez de origen laboral continuar laborando y efectuar cotizaciones para una pensión de vejez en el sistema general de pensiones, pues según la tesis defendida por la mayoría de la Sala no tendría derecho a ella; cuando en realidad ello si es posible y nada obsta para que, sin importar el estado de invalidez, acceda a un puesto de trabajo y cotice como cualquier trabajador para obtener posteriormente la pensión de vejez.
Y nótese que ello obligaría a los ciudadanos que estén en dicha situación a escoger entre la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, según el régimen elegido, pese a que conservan capacidad laboral para continuar contribuyendo al subsistema de pensiones, cuyo financiamiento es independiente al de riesgos laborales.
Dejo así planteado las razones de mi salvamento de voto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado
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