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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3774-2019

Fecha
13 de agosto de 2019
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3774-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el diez (10) de septiembre de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JESÚS SEGUNDO CASTAÑEDA MONTOYA en contra de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A., ECOPETROL S.A.; en cuanto confirmó la condena impuesta a la pasiva por la sanción prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. No la casa en lo demás. Sin costas en el recurso extraordinario. En sede de instancia, la Sala resuelve REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta el 15 de marzo de 2012 en cuanto condenó a la sociedad demandada a reconocer la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y en su lugar se dispone ABSOLVER a la sociedad demandada de la citada pretensión. Costas en las instancias como quedó dicho en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3774-2019

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

13 de agosto de 2019

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL3774-2019

Radicación n.° 68478

Acta 27

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A., ECOPETROL S.A., contra la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2013 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso que instauró JESÚS SEGUNDO CASTAÑEDA MONTOYA en su contra.

ANTECEDENTES

En lo que interesa al recurso de casación, Jesús Segundo Castañeda Montoya demandó a la Empresa Colombiana de Petróleos S.A., en adelante Ecopetrol S.A., con el fin de que se le condenara a reconocer el pago de las acreencias laborales con sus respectivas incidencias salariales correspondiente al valor de la alimentación suministrada, el plan educacional, la pérdida de capacidad laboral por enfermedades de origen profesional, la bonificación, los viáticos y el estímulo del ahorro, suministrados durante la vigencia de la relación laboral; la liquidación de la pensión con base en el salario real devengado y el pago de la mesada catorce como derecho adquirido.

Como consecuencia de ello, requirió el pago de la pensión de jubilación con los beneficios contemplados en el Acuerdo 01 de 1977, el reajuste de las prestaciones sociales y de aquella teniendo en cuenta la diferencia salarial que generaron las incidencias anteriormente mencionadas y la indemnización moratoria por el no pago de los salarios y prestaciones sociales debidos a la terminación de la relación laboral, con la correspondiente indexación y los intereses moratorios.

Al respaldar sus pretensiones señaló que laboró para la empresa Ecopetrol S.A. «por más de 20 años», a través de un contrato de trabajo a término indefinido que terminó por el reconocimiento de la pensión de jubilación que le otorgó la empresa. No precisó los extremos temporales de la relación. A su vez afirmó que el empleador le suministró la alimentación, el plan de educacional y la bonificación o bono variable durante la vigencia de la relación y que nunca le pagó la incidencia salarial de dichos suministros.

Aseguró que durante la vigencia de la relación laboral adquirió el derecho a la mesada catorce «[…] por tener más de 750 semanas, al momento de entrar en vigencia el acto legislativo No. 01 de 2005, según el parágrafo transitorio del mismo», en tanto la ley laboral no es retroactiva.

Declaró que no se le reconoció el pago del incremento salarial bajo la figura del «estímulo al ahorro» ya que solo era efectuado para el personal directivo pero que tenía derecho al mismo, bajo la consigna de «a trabajo igual, salario igual». Manifestó que durante la vigencia de la relación laboral adquirió una serie de enfermedades profesionales tales como «HERNIAS DISCALES […], MANGUITO ROTADOR-BURTITIS (sic) BILATERAL, EPICONDILITIS BILATERAL, SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPO BILATERAL, CONTRACTURA SERVICAL (sic) DORSAL, ARTROSIS INCIPIENTE BILATERAL EN LAS RODILLAS, PINZAMIENTO MEDIAL BILATERAL EN RODILLAS, CIFOCIS (sic)» de los que la empresa tenía conocimiento pero nunca pagó el valor correspondiente a la pérdida de la capacidad laboral.

Aseguró que la pensión de jubilación no fue reconocida teniendo en cuenta el salario promedio establecido según los salarios reales «directos y en especie», ni la reajustó con base en la incidencia salarial de los emolumentos citados con anterioridad.

Al dar respuesta a la demanda, Ecopetrol S.A. se opuso a todas las pretensiones. Aceptó la existencia de la relación laboral entre el 16 de abril de 1979 y el 28 de noviembre de 2009, que finalizó por el reconocimiento de una pensión de jubilación al actor. Alegó que no se encontraba en mora de pagar los salarios, las prestaciones legales y extralegales a Jesús Segundo Castañeda, teniendo en cuenta que los canceló oportuna y diligentemente durante la relación laboral y posteriormente en calidad de pensionado, de acuerdo con «[…] todos y cada uno de los factores salariales por Ley, en el contrato de trabajo y en la Convención Colectiva de Trabajo y el acuerdo 01 de 1977».

Adujo que el auxilio de alimentación era un beneficio otorgado por mera liberalidad a los empleados convencionales y directivos que no tenía connotación salarial ni de prestación social. Señaló que era un beneficio periódico y su fundamento correspondía a una ayuda ya fuera en dinero o en especie, que no estaba relacionado directamente con la labor desarrollada por el trabajador y por ello no tenía impactao laboral, para lo que recordó jurisprudencia de esta Corporación en la que se estableció su no incidencia salarial. Adicionalmente certificó y alegó que el demandante no recibió tal beneficio de alimentación durante la relación laboral, según documento expedido por el Grupo de Gestión de Beneficios de Ecopetrol S.A.

Estableció en cuanto al beneficio del plan educacional que,

[…] constituye una prerrogativa extralegal que, si bien se causa en el marco de la relación de trabajo, sólo se genera en la medida en que se cumplan los parámetros y requisitos establecidos para ellos […] siendo evidente por tanto que su finalidad no es la de retribuir o remunerar al servicio del trabajador, por lo que bajo ningún punto de vista puede afirmarse que tiene incidencia salarial.

Agregó que, sin perjuicio de ello, la empresa no le otorgó tal beneficio según documento expedido por el Grupo de Gestión de Beneficios de Ecopetrol S.A.

Con respecto a los pagos relacionados por la pérdida de capacidad laboral, alegó y certificó que no se encontraba en mora, allegando los documentos que daban cuenta del diagnóstico de la pérdida de capacidad laboral del demandante, así como los comprobantes de pago por concepto indemnizatorio.

Afirmó que no tenía derecho a la suma correspondiente al estímulo al ahorro, la cual se otorgaba por mera liberalidad conforme a lo establecido en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y lo dispuesto por la Junta Directiva, al tiempo que recordó que la ley expresamente autorizaba a dicho órgano diseñar las políticas que determinaran la forma cémo se reconocerían este tipo de pagos; y que en todo caso no tuvo incidencia salarial porque correspondía a aquellos pagos que no constituían salario.

Adicionalmente aclaró, la naturaleza de dicho beneficio extralegal; en el sentido que,

[…] nace en virtud de la identificación de grupos poblacionales, en el cual se tuvieron en cuenta las distintas situaciones de antigüedad, cesantías y jubilación que impactaban de diferente manera la paga de cada una de los trabajadores, por lo cual se hizo necesario agruparlos en forma homogénea y así aplicar la política de manera tal que permitiera un esquema de compensación equitativo, con pleno acatamiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda.

Recalcó que no había lugar a la reliquidación de las pretensiones ni las mesadas pensionales reconocidas, tal como se demostraba con los respectivos recibos de pago que se aportaron como prueba documental.

En su defensa formuló las excepciones de prescripción, pago, compensación, buena fe e inexistencia de la obligación reclamada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante sentencia del 15 de marzo de 2012, condenó a Ecopetrol S.A. a reconocer y pagar la incidencia salarial por concepto de plan educacional y alimentación, al igual que al pago de lo reconocido «[…] a los demás trabajadores directivos por concepto de estímulo al ahorro, junto con la correspondiente incidencia salarial» y a la reliquidación de las prestaciones sociales, los «[…] demás beneficios a que tiene derecho (Acuerdo 01 de 1977)» y de la pensión de jubilación.

Condenó además al pago de una indemnización moratoria con fundamento en los beneficios establecidos en el Acuerdo 01 de 1977 y en el reconocimiento de las incidencias salariales tales como el beneficio de alimentación, plan educacional y estímulo al ahorro. A su vez, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción y la absolvió de las demás pretensiones que fueron tenidas en su contra.

Lo anterior, con fundamento en los beneficios establecidos en el Acuerdo 01 de 1977. Así mismo, consideró una práctica discriminatoria y violatoria al derecho a la igualdad, el reconocimiento de incidencia salarial del beneficio de estímulo al ahorro exclusivamente para los trabajadores que tenían cargos directivos frente a los demás trabajadores, en el pago de sus respectivas prestaciones sociales y pensiones de jubilación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de ambas partes, conoció del asunto la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta, que mediante providencia del 10 de septiembre de 2013, que revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y en su lugar absolvió a Ecopetrol S.A. del reconocimiento y pago de las incidencias salariales por el bono de alimentación y plan educacional y la confirmó en todo lo demás.

Comenzó indicando el ad quem que,

[…] el motivo de apelación por cada una de las partes se centra en el pago a cargo de la demandada de: la pérdida de la capacidad laboral de actor, y la conformidad a las condenas impuestas a la demandada Ecopetrol S.A. en la providencia impugnada respecto de las incidencias salariales respecto a la educación, plan de alimentación, estímulo al ahorro, la mesada 14, reajuste de la pensión y la indemnización moratoria.

Estableció que el no pago del estímulo al ahorro al demandante por parte de la empleadora, a diferencia de otros trabajadores, constituía una práctica discriminatoria en relación con el empleo,

[…] en cuanto a la incidencia salarial del estímulo al ahorro y por causa a la vulneración al derecho fundamental a la igualdad, no se aplicó para los servidores antigüos al momento de liquidar las prestaciones sociales ni la pensión jubilación, suma que si (sic) es un factor en el caso de los trabajadores nuevos. Respecto de lo anterior es preciso resaltar que les ofreció mejores garantías a los trabajadores que no se hallan cobijados por el régimen anterior a lo establecido por la Ley 50 de 1990 y sobre los que no debe asumir directamente el pago de la pensión, se incurre en prácticas discriminatorias en relación con el empleo.

Además lo consideró como una grave violación de los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo; que, aquellos factores discriminatorios incidían en las prestaciones sociales y en el derecho de pensión de los trabajadores que no les pagaban dicho concepto. Estableció así mismo que afecta, «[…] a la movilidad del salario, a la igualdad y a la vida digna, derechos fundamentales constitucionales e internacionalmente reconocidos por los tratados y convenciones, razón por la que por mayor rigor es de obligatorio cumplimiento la aplicación de normas que pretendan por su protección».

En consecuencia, determinó que no era permitido que la empleadora dispusiera libremente de su patrimonio y desconociera los principios y valores constitucionales, pues aquellos factores discriminatorios vulneraban los derechos mínimos del trabajador y que, mientras los factores objetivos de diferenciación entre trabajadores no se encontraran plenamente justificados, los beneficios otorgados debían ser iguales, so pena de incurrir en vulneración del derecho a la igualdad.

Adicionalmente mencionó que no se allegó prueba idónea para demostrar que Ecopetrol S.A. reconoció lo pretendido, «[…] en consecuencia debe absolverse de forma negativa para la parte demandada, no quedando otro término que confirmar lo resuelto por el juez a quo, con respecto a aplicar la incidencia salarial del estímulo al ahorro».

Consideró respecto del plan educacional que según el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por la Ley 50 de 1990 en su artículo 15, este pago no constituía salario pues fue otorgado al demandante de manera ocasional y por mera liberalidad. De la misma manera, acentuó que no existía prueba documental en la que se observara que fue pactado como salario, por lo que consideró revocar parcialmente el fallo de primera instancia para en su lugar absolver a la demandada del pago de dicho concepto.

Estableció respecto de la incidencia salarial del auxilio de alimentación que el artículo 316 de Código Sustantivo del Trabajo reconocía que las empresas de petróleos debían suministrar a sus trabajadores en los lugares de exploración y explotación, alimentación sana y suficiente o el salario necesario para obtenerla de acuerdo con su precio en cada región; que, este o su valor harían parte del salario. Al mismo tiempo, sentó que si bien es cierto que el actor laboraba en el lugar donde se realizaban tales actividades, «[…] las funciones de su cargo eran de oficina, es decir no cumplían con funciones propias de la exploración y explotación del petróleo», por lo que no se causaba el emolumento a su favor.

En lo tocante a la indemnización moratoria señaló que el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no es aplicable de forma automática ni de manera inexorable; que en cada caso en concreto deben analizarse las circunstancias que llevaron al no pago por parte del empleador de los salarios y las prestaciones debidas. Con todo, insistió en que no existieron por parte del empleador razones serias y atendibles para no cancelar al trabajador los montos debidos a la terminación de la relación laboral por lo que se constituyó en una conducta de mala fe de su parte al efectuar una liquidación de las prestaciones con un salario inferior al que debió haber devengado, de modo que «[…] se deriva de lo anterior que dichas conductas son razones más que suficientes para imponer la condena de indemnización moratoria».

En cuanto a lo alegado por el demandante del pago de la pérdida de capacidad laboral, el Tribunal trajo a colación la providencia de la Corte Constitucional, CC T–518 de 2001, para señalar que,

[…] en el sistema de seguridad social en Colombia se incluye un conjunto de previsiones orientadas a regular la situación de las personas que deben enfrentar una pérdida de la capacidad laboral en distintos niveles. En ese contexto, la calificación de la pérdida de capacidad laboral, a través de los procedimientos previstos en la ley, es determinante para establecer las prestaciones a los que puede acceder una persona en los eventos de incapacidad permanente o parcial o de invalidez y que comprenden prestaciones asistenciales como son los servicios médicos, quirúrgicos, terapéuticos […] Además, atendiendo los dos orígenes de la perdida de la capacidad laboral, se ha previsto los regímenes correspondientes para hacer frente a la situación de invalidez: el que se aplica a los eventos de origen común y el que se aplica a eventos de origen profesional.

De lo anterior el Tribunal tuvo en cuenta que el demandante no había sido calificado ni valorado su la capacidad laboral; que aquella no era la instancia para practicar pruebas, habida cuenta que son etapas propias de la primera instancia y que no era procedente lo solicitado por el apelante como tampoco era posible imponer una condena cuando a la fecha no se había calificado en forma definitiva la pérdida de capacidad del actor.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la sociedad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la empresa recurrente que la Corte case la sentencia proferida por el Tribunal en cuanto confirmó las condenas que el juzgado le impuso a la misma, para que en sede de instancia, revoque estas y en su lugar la absuelva de todas las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formuló tres cargos, por las vías directa e indirecta, los cuales tras haber sido replicados, el primero y el segundo pasan a ser estudiados de forma conjunta por la Sala dado que comparten finalidad y presentan argumentación complementaria.

PRIMER CARGO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial mediante la vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 61 y 14 de Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,

[…] porque la transgresión apuntada fue la consecuencia de la aplicación indebida directa de las normas contenidas en los artículos 10 del CST y 13 de la CO, 57-4, 127, 128 y 129 del CST (subrogados por los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 50 de 1990), 306, 249, 259, 260, 467 y 470 (subrogado por los artículo 37 del Decreto 2351 de 1965) del Código Sustantivo del Trabajo, 65 del CST (modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002), 14 del Decreto 2351 de 1965, 1 de la Ley 52 de 1975, 1 A del Decreto 1209 de 1994 (9 y 25 del estatuto), 29 de Decreto 062 de 1970, 1 del Decreto 2027 de 1951 y 279 de la Ley 100 de 1993, así como los preceptos 8 de la Ley 153 de 1887, 15, 1494, 2469, 2473, 2745 y 2488 del CC, todo en relación con los artículos 13 y 53 de la CP y 143 del CST.

Inició la demostración del cargo indicando que el Tribunal, sin hacer mención de las pruebas del proceso, asumió en la parte motiva de su decisión que la sociedad demandada violó una norma extralegal generadora del derecho al estímulo al ahorro, «Cuando el Tribunal manejó el primer punto, aquél donde asegura que Ecopetrol transgredió el principio de igualdad, asumió como hecho probado, que existe una fuente contractual que obligaba a Ecopetrol a pagar el estímulo al ahorro».

Indicó que, de la misma manera, el ad quem asumió que a los llamados trabajadores nuevos se le reconoció el estímulo al ahorro como salario y con incidencia en las prestaciones sociales y pensión, mientras que a los llamados trabajadores antiguos no se les reconoció tales pagos, «[…] el Tribunal asumió que él estímulo que al ahorro se aplicó a unos trabajadores y a otros no; asumió sin prueba alguna bajo cuáles condiciones y a qué trabajadores».

Agregó que el Tribunal al confirmar la condena impuesta en primera instancia por el reajuste de la pensión de jubilación de conformidad con los dispuesto por el Acuerdo 01 de 1977,

[…] dio por sentada sin prueba alguna y sin la prueba del Acuerdo 01 de 1977 que Ecopetrol estaba obligada a reconocerle al demandante la pensión de jubilación sin la existencia del dicho Acuerdo y sin para mientes (sic) en que el demandante se pensionó de acuerdo con el sistema de la Convención Colectiva de Trabajo.

De lo anterior recalcó que violó por infracción directa el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, precepto que establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso; a su vez, el artículo 177 del mismo Código que dice que a las partes incumbe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen; y el artículo 61 del Código del Proceso del Trabajo y de la Seguridad Social, que obliga a fundar las decisiones judiciales en las pruebas del proceso.

Además del error jurídico anteriormente señalado, el recurrente alegó que, se dio otro error del mismo tipo respecto de la incidencia del estímulo al ahorro sobre las prestaciones sociales.

SEGUNDO CARGO

El recurrente mencionó que, «Este cargo también impugna argumentos puramente jurídicos de la decisión del Tribunal en materia de estímulo al ahorro».

Sin más, señaló que el Tribunal al calificar la situación como un tratamiento discriminatorio por parte del empleador, fue jurídicamente equivocado dado que lo hizo de una manera «a priori», sin cita de prueba alguna. Seguidamente indicó que, fue el legislador quien en materia de cesantías y pensiones estableció un trato diferente para los trabajadores con cierta antigüedad respecto de quienes no la tenían, también la diferencia entre el régimen tradicional y el régimen especial de la Ley 50 de 1990, en el artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990 y 249 del Código sustantivo del Trabajo.

Seguidamente soportó su argumento en cuanto a tal diferenciación en cuanto a las cesantías,

[…] si el empleador dentro de una política de ingresos equitativa, conviene con los trabajadores incrementar los ingresos, sin que el convenio implique siquiera la prestación de un servidor adicional, solo procederá equitativamente agrupando a los trabajadores con regímenes de cesantías diferente.

A su vez, citó jurisprudencia de la Corte Constitucional como la sentencia CC T-969 de 2010, en la que se sostuvo que no es discriminatoria prima facie la aplicación de regímenes salariales diferentes para los trabajadores de Ecopetrol S.A. y consideró legítimo un trato diferente entre los trabajadores nuevos y los prepensionados; y el estímulo al ahorro como un mecanismo para establecer determinada equidad entre unos y otros.

Adujo que de manera similar existen tratos diferenciados, al interior de la empresa, en materia de pensiones al existir cambios de regímenes y creando condiciones desiguales. Explicó que por ello se implemento una política de ingresos equitativa y se conformaron los grupos que aglutinan características legislativas similares en orden a que los ingresos de todos fuesen iguales.

RÉPLICA

Frente a la acusación del primer y segundo cargo señaló que el Tribunal no violó las normas relacionadas en aquellos al haber reconocido la incidencia salarial que tuvo el valor habitual pagado por concepto de estímulo al ahorro y condenar al reajuste de las prestaciones sociales y la pensión del demandante, pues «[…] de acuerdo con la jurisprudencia», dicho concepto constituye salario.

Indicó que la Corte Constitucional en la sentencia CC C-710 de 1996, al estudiar la legalidad del artículo 15 de la Ley 50 de 1990 que modificó el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, consideró que la definición que se establece de lo que es factor salarial, no refleja la realidad, la cual, prima sobre las formalidades. Y por tanto, el juez, una vez analizadas las circunstancias que rodean el caso puesto a su consideración, puede concluir que determinadas sumas de dinero que recibe el trabajador, a pesar de estar excluidas como factor salarial, lo son, en razón al carácter retributivo de la labor prestada.

En cuanto a la exclusión de pagos que retribuyan directamente el servicio prestado por el trabajador y que constituyan un ingreso habitual a su patrimonio, advirtió que resulta contraria a los artículos 13 de Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Política.

CONSIDERACIONES

Son varios los errores presentes en la demanda de casación que estudia la Corte y que insalvablemente comprometen la prosperidad de los cargos primero y segundo bajo estudio, no obstante la oposición se ocupó de controvertirlos de fondo.

En primer lugar, la Sala ha reiterado con antelación que, en tratándose de un recurso como el extraordinario de casación, es necesario que en su formulación se cumpla con la técnica que lo caracteriza. En efecto, en el memorial, a través del cual la censura impugnó la sentencia de segunda instancia, ignoró el mandato consagrado en el artículo 91 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual «[…] el recurrente deberá plantear sucintamente su demanda, sin extenderse en consideraciones jurídicas como en los alegatos de instancia»; ello, porque como lo señala la ley y tantas veces lo ha dicho la Corte, en sede de casación se confrontan la sentencia de segunda instancia y la ley, no las partes en litigio y sus argumentos (CSJ SL2517-2017).

El primer cargo, encauzado por la vía directa, está formulado bajo el supuesto de la violación en que incurrió el Tribunal de los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. La censura criticó que el Tribunal hubiera concluido, que se había violentado el derecho a la igualdad del trabajador tras haberse hallado fuera de duda que existía un trato diferencial en el impacto del beneficio del «Estímulo al Ahorro» respecto de los trabajadores frente a los que no aplicaba el régimen retroactivo de liquidación de cesantías, de aquellos que sí.

La sociedad recurrente atribuyó el error al Tribunal de llegar a sus conclusiones sin soporte probatorio, y de allí el ataque fundado sobre los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Sobre ello, advierte la Sala que no sólo el desarrollo del cargo llevaría a descender sobre lo probado, sino que, la acusación que recae sobre normas de carácter procedimental, no cumplió con la técnica propia del recurso, en la medida en que debió ventilarse como una violación medio demostrando cómo se vulneró una norma adjetiva que comprometió a su vez una sustancial.

Sabido es que los preceptos procesales únicamente se pueden acusar por violación medio y en relación de causalidad con los de carácter sustancial, ya que la infracción de la ley en realidad se produce inicialmente sobre aquellos a través de los cuales se llega a los preceptos sustanciales (CSJ SL, 7 diciembre 2010, radicado 39826). En estas condiciones, al no haberse propuesto como una violación medio según la técnica que caracteriza el recurso, se tiene que el ataque tampoco integra en estricto sentido, una proposición jurídica en legal forma respecto de aquel reproche.

En adición a lo dicho, la censura insiste en la demostración del cargo en el análisis de piezas probatorias existentes en el proceso o la ausencia de valoración de alguna otra, lo que, al igual que lo que sucede con el cargo segundo y con las consideraciones que siguen, resulta improcedente por la senda de ataque escogida.

En efecto, pese a que se entiende razonablemente que se trata de un ataque por la vía directa dado que al tenor de lo dicho por la propia sociedad censora «este cargo también impugna argumentos puramente jurídicos de la decisión del Tribunal en materia de estímulo al ahorro», la formulación del cargo resulta insuficiente en la medida en que incurre en iguales contrasentidos que convocan a la Sala a realizar una valoración probatoria. De otro lado, vale decir que el cargo, además, adolece de una ausencia absoluta de proposición jurídica y su demostración deviene en alegación de instancia, lo que resulta improcedente para activar la competencia de la Sala.

No puede perderse de vista que este recurso extraordinario no le permite a la Corte juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia impugnada con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto (CSJ AL1292-2017). La dialéctica de la casación, en síntesis, no reside en desplegar interpretaciones discordantes u opuestas de las del ad quem, sino en acreditar sus yerros (CSJ AL1932-2017; CSJ SL841-2013; CSJ SL, 28 agosto 2012, radicado 43009).

En los términos analizados, la sustentación tanto del cargo primero como del segundo, se asemeja más a un alegato propio de las instancias respectivas que a una argumentación adecuada y concisa, donde el censor cumpla con la obligación de demostrar de forma clara y coherente los eventuales yerros en que, a su juicio, incurrió el Tribunal al adoptar la decisión impugnada.

El recurrente efectivamente tradujo su acusación en una justificación de los motivos por los cuales su pedimento debería prosperar, olvidando que la sede casacional no es una tercera instancia y que los argumentos que se plantean en el escenario extraordinario de la casación están conducidos a confrontar la sentencia definitiva de las instancias, por lo que las alegaciones de parte son ajenas al trámite del recurso que se decide, como ya ha tenido oportunidad la Corte de mencionarlo con antelación en diversas oportunidades, entre otras, en las providencias CSJ SL, 28 agosto 2012, radicación 43009 y CSJ AL1932-2017.

Con todo, si fuere del caso entender que la entidad recurrente acusó como violentadas las normas que incluyó en la parte final de la demostración del cargo y que correspondieron al artículo 10º del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 13 y 43 de la Carta Política, en relación con los artículos 243 superior, 33, 98 a 106 y 279 de la Ley 100 de 1993 y 3º de la Ley 797 de 2003; 57, 65, 127 a 129, 249, 260, 306, 467 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º de la Ley 52 de 1975, 14º del Decreto 2365 de 1965, 1A del Decreto 1209 de 1994; 29 del Decreto 062 de 1970; 1º del Decreto 2027 de 1951 y 279 de la Ley 100 de 1993, así como los preceptos de la Ley 153 de 1887 y 15, 1494, 2469, 2473, 2745 y 2488 del Código Civil; la Corte no llegaría a otra conclusión sino a la improcedencia del estudio del cargo.

Efectivamente, la censura arremete por la vía directa en contra de la sentencia dictada por el Tribunal en un reproche que se concentró en atacar las conclusiones jurídicas del ad quem en torno a la presunta vulneración del principio de igualdad del demandante por la provisión de un régimen de beneficios para trabajadores antiguos que no le resultó aplicable, específicamente en lo concerniente al beneficio del «estímulo al ahorro», fundado en que al fallador de segundo grado le bastó con tener por sentado que el tratamiento de un grupo de trabajadores fue diferente de otro en el cual se hallaba el actor.

Así las cosas, la demostración y desarrollo del cargo planteado invitan a la Sala a descender a lo demostrado en el expediente, de forma que entraña una contradicción inadmisible para habilitar la competencia de esta Corporación. Se observa del cargo que la censura indebidamente genera una mixtura de aspectos fácticos y jurídicos, no obstante que, como la Corte tiene dicho de tiempo atrás, las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial son excluyentes, por razón de que la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos. De ahí que su tratamiento, desarrollo y análisis deba realizarse por separado (CSJ SL16290-2017, CSJ SL13779-2017, CSJ AL4320-2017, CSJ SL8952-2017 y CSJ SL9681-2017).

Debe recordarse que habiendo sido la vía directa la senda escogida por la censura para demostrar los errores que le atribuye al Tribunal en los cargos primero y segundo, se deduce que el casacionista está de acuerdo con las conclusiones fácticas del fallo atacado (CSJ SL14059-2017, CSJ SL13779-2017, CSJ SL13777-2017, CSJ SL13885-2017, CSJ SL13907-2017 y CSJ SL13856-2017), por lo que le está vedado incursionar en el reproche de las pruebas que debieron apreciarse o aquellas que debieron ser valoradas en forma distinta.

También resulta ajeno a la técnica de la vía directa que, aún si no se critica la valoración en concreto de una prueba específica, en la discusión jurídica planteada deba necesariamente descender la Sala a la verificación de lo que quedó demostrado en el plenario y el alcance de dicha probanza, es decir, cuando la censura acude en la demostración del cargo a conclusiones o argumentos de orden fáctico.

En el sub lite la sociedad recurrente reprueba las consideraciones jurídicas que sentó el ad quem, pero con base en la valoración de los medios de prueba, o al menos, con la necesidad imperiosa de volver sobre estos. Efectivamente, está inconforme con el hecho de que el Tribunal hubiera tenido por probada la ya citada discriminación, originada en la aplicación de un régimen de compensación diferente para varios trabajadores en función de su antigüedad o fecha de ingreso.

Luego, lo que debía derruir el casacionista si buscaba el éxito de su cargo, era la forma cómo el Tribunal llegó a la conclusión -a todas luces fáctica-, que correspondía a que a unos trabajadores, diferentes del actor, les aplicaba legítimamente lo que a aquel no; y a partir de allí, demostrar cómo equivocó su juicio el ad quem porque dejó de valorar una determinada prueba o valoró deficitariamente alguna otra. Incluso, si fuera del caso considerar como lo propone la censura, que no bastaba con demostrar la igualdad en la condición de trabajador para proveer una equiparación en el beneficio de ahorro, lo procedente era atacar por la vía de los hechos las conclusiones fácticas acompañadas de las conclusiones jurídicas que fueren del caso.

En el anterior orden de ideas, si la acusación por la senda jurídica implicaba aceptar las conclusiones fácticas a las que arribó el ad quem, ello implicaba en el caso bajo estudio que el recurrente estuvo de acuerdo, entre otras cosas, con que la empresa empleadora desplegó una estrategia de discriminación que afectó los intereses del mismo demandante. De igual forma, la vía de puro derecho tenía implícita la aceptación del juicio fáctico del Tribunal que halló probada esa actuación irregular de la compañía y la consecuente discriminación que fue reprochada judicialmente.

En este orden de ideas, ha de reiterarse que si lo que pretendía la empresa recurrente era acreditar el error en que incurrió el Tribunal al no haber precisado de ninguna prueba, lo que debió haber hecho fue promover una discusión de estirpe fáctica que llevara a la Corte a la certeza de que los documentos demostrativos de la relación laboral con el trabajador, acreditaban una realidad diferente de la concluida fácticamente por el ad quem.

Así las cosas, la discusión puramente jurídica sobre la discriminación presunta, resulta por sí misma insuficiente para quebrar la providencia en la forma como lo propone la censura. La necesidad de valorar las pruebas que dieron por sentada aquella desigualdad y lo que de allí se desprendiere, ya ameritaba la formulación del cargo por la vía indirecta.

Evidenciados así los errores en que incurrió la censura, finalmente, no sobra recordar que ya ha dicho esta Sala que, a pesar de la morigeración de los requisitos del recurso extraordinario de casación, existen mínimos requisitos formales exigibles para desatar el estudio pertinente (CSJ SL15377-2016), que no están presentes en la demanda formulada por el recurrente respecto de los cargos primero y segundo y que comprometen su prosperidad, como quedó dicho.

Las razones expuestas son suficientes para desestimar los cargos analizados.

TERCER CARGO

El recurrente denunció «[…] la sentencia del Tribunal por haber violado indirectamente, por aplicación indebida, la norma sustancial contenida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002)».

Aseguró que el Tribunal incurrió en error manifiesto de hecho cuando dijo que «[…] la empresa demandada no dio razones atendibles para justificar el pago incompleto de las prestaciones, beneficios y pensión», en tanto «[…] la empresa sí dio razones atendibles». Con ello, indicó que se produjo el error al apreciar erróneamente la contestación de la demanda, asegurando que […] el estímulo al ahorro […] no tiene carácter salarial y esa es una razón atendible»; y que,

[…] ese rubro no tenía incidencia salarial para la liquidación de prestaciones, por que el demandante no prestó un servicio personal para acceder a este estímulo, sino que hecho en consideración a una política de compensación de ingresos. De modo que Ecopetrol, con fundadas razones, negó el pago de la incidencia del estímulo sobre las prestaciones.

Afirmó entonces que no solo se demostró razones atendibles, sino que además se probó que las partes en pacto de no incidencia prestacional del estímulo al ahorro, se acogieron a la ley y concretamente al artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo.

RÉPLICA

La oposición sostuvo que, «[…] el ad quem no encontró circunstancias atendibles que demostrara (sic) una conducta de buena fe, que exonerara a Ecopetrol de la sanción moratoria, por el contrario, concluyó que la empresa liquidó las prestaciones sociales de la accionante con una salario inferior al que realmente correspondía».

CONSIDERACIONES

El cargo tercero que se formuló por la vía de los hechos, propuso como problema jurídico a la Sala el de establecer si se equivocó el ad quem al considerar que la actuación de la sociedad empleadora estuvo rodeada por mala fe, lo que produjo la consecuencia prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

En relación con las sanciones legales derivadas de los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, ya ha sido sentado por la Sala que las condenas por estas indemnizaciones, no son automáticas y para su aplicación, el juez debe analizar si la conducta del demandado permite comprobar que su actuación fue de buena fe y ajena a la intención de causar daño al trabajador (CSJ SL6621-2017; CSJ SL8216-2016; CSJ SL13050-2017; CSJ SL13050-2017; CSJ SL13442-2017 y CSJ STL10313-2017).

De la demostración del cargo y de la lectura de la providencia denunciada, resulta claro para la Sala que las razones por las cuales el Tribunal condenó al empleador por este pedimento, se fundaron en la asignación a este de una actitud que fue fraudulenta o dañina. Sin embargo, ciertamente el juicio que hizo el ad quem pasó por alto las particularidades de la empresa empleadora que no sólo desde los albores del juicio demostró tener un asidero legal y una interpretación razonable de aquel para amparar su actuar, lo que produjo que la condena impuesta careciera de un verdadero análisis fáctico relacionado con la mala fe que le atribuyó.

Equivocó, entonces, su raciocinio cuando, a pesar de lo instruido por esta Corporación previamente (CSJ SL21922-2017, CSJ SL662-2013, CSJ SL21682-2017, CSJ SL14152-2017 y SL10414-2016), en el sentido de que la buena o mala fe no dependen de la simple afirmación del demandado de creer estar actuando conforme a derecho, no prestó atención a la necesaria verificación de «[…] otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado; vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción» (CSJ SL9641-2014).

A este respecto bien vale recordar que no existe una suerte de presunción de la mala fe del empleador, lo que resultaría por completo contrario a los postulados del artículo 86 de la Constitución Política, así como tampoco se trata en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo de una «excepción» de carácter legal a aquella, como pareciera proponerlo el Tribunal.

Lo que subyace al juicio bien conduce a la decisión contraria a la adoptada por el Tribunal, comoquiera que la intelección del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo aplicada al sub lite le impidió ver que las condenas que le fueron impuestas a la sociedad demandada no estuvieron rodeadas de una artimaña deliberada para burlar, como se dijo, los derechos de los trabajadores. Bien se sabe que la decisión judicial que es adversa al empleador, como en este caso acontece, no supone per se atribuirle a aquel una estrategia previa para desconocer las garantías laborales que la ley lo llama a proteger. Luego, la conducta del empleador a lo largo del juicio y las posturas que esgrimió desde la contestación de la demanda –mal apreciada por el ad quem-, conduce, se reitera, a una conclusión diferente a la que aquel arribó y precisamente permite exonerarlo de aquella pretensión sin perjuicio de lo demás que le fue ordenado reconocer.

Sin costas en la sede extraordinaria comoquiera que prosperó uno de los ataques.

SENTENCIA DE INSTANCIA

Las mismas consideraciones que sirvieron de base para casar la sentencia impugnada en la forma como quedó dicho, son procedentes para fundar la decisión en instancia, lo que se traduce específicamente en absolver a la sociedad demandada de la pretensión elevada en su contra prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Sin costas en la instancia comoquiera que no se causaron.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el diez (10) de septiembre de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JESÚS SEGUNDO CASTAÑEDA MONTOYA en contra de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A., ECOPETROL S.A.; en cuanto confirmó la condena impuesta a la pasiva por la sanción prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. No la casa en lo demás.

Sin costas en el recurso extraordinario.

En sede de instancia, la Sala resuelve REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta el 15 de marzo de 2012 en cuanto condenó a la sociedad demandada a reconocer la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y en su lugar se dispone ABSOLVER a la sociedad demandada de la citada pretensión.

Costas en las instancias como quedó dicho en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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