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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3869-2021

Fecha
25 de agosto de 2021
Magistrado ponente
Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3869-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira profirió el 4 de octubre de 2011, en el proceso ordinario laboral que JAVIER LOAIZA PULGARÍN adelanta contra POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Costas como quedó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3869-2021

Magistrado ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo

25 de agosto de 2021

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada ponente

SL3869-2021

Radicación n.° 55978

Acta 32

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Decide la Sala el recurso de casación que formuló POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira profirió el 4 de octubre de 2011, en el proceso que JAVIER LOAIZA PULGARÍN adelanta en su contra.

ANTECEDENTES

Javier Loaiza Pulgarín demandó al Instituto de Seguros Sociales ARP, hoy Positiva Compañía de Seguros S.A., a fin de que se restablezca el pago de su pensión de invalidez de origen profesional a partir del 1.º de noviembre de 2002, fecha en que la entidad accionada suspendió su pago. En consecuencia, requirió la satisfacción de las mesadas retroactivas con los reajustes de ley, los intereses moratorios y la indexación.

Relató que mediante Resolución n.° 9413 de 1975, el Instituto de Seguros Sociales le concedió una pensión de invalidez de origen profesional; en Resolución n.° 003580 de 2002, le otorgó una prestación de vejez a partir del 31 de enero de 2001 y desde del 1.° de noviembre de 2002, la ARL convocada a juicio suspendió el pago de la pensión de invalidez, sin proferir acto administrativo alguno. Afirmó que tiene derecho a la pensión de invalidez porque subsisten las causas que le dieron origen.

Positiva Compañía de Seguros S.A. se opuso al éxito de las pretensiones de la demanda. Admitió el reconocimiento de las prestaciones de invalidez y de vejez y que suspendió el pago de la primera debido a que, conforme al artículo 13, literal j) de la Ley 100 de 1993, ningún afiliado puede percibirlas simultáneamente. Argumentó que ambas pensiones protegen un riesgo común: la pérdida de la capacidad laboral (PCL) o «el no poder trabajar» derivado de la vejez o de la invalidez, motivo por el cual son incompatibles.

Formuló las excepciones de falta de causa jurídica e incompatibilidad de las pensiones de invalidez de origen profesional y de vejez; enriquecimiento sin justa causa; buena fe y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 24 de marzo de 2011, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira declaró que Javier Loaiza Pulgarín tiene derecho a continuar disfrutando de la pensión de invalidez de origen profesional porque es compatible con la de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales; declaró la prescripción de las mesadas anteriores al 19 de octubre de 2004 y, en consecuencia, ordenó al Instituto de Seguros Sociales ARL, a pagar las mesadas adeudadas y adicionales desde la citada fecha, junto con los reajustes de ley. Así mismo, lo condenó a los intereses moratorios y lo absolvió de la indexación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

A través de sentencia de 4 de octubre de 2011, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira confirmó la del juzgado.

Para llegar a esa decisión, el juez de segundo nivel citó la sentencia CSJ SL, 1.° dic. 2009, rad. 33558, en la cual esta Sala de la Corte cambió su criterio para afirmar que las pensiones de invalidez de origen profesional y de vejez son compatibles, dado que tienen una causa, fuente de financiación y reglamentación distinta.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario de casación lo formuló la parte accionada, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case el fallo impugnado; en sede de instancia, revoque el del juzgado y la absuelva de las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito, formula dos cargos que fueron objeto de réplica.

CARGOS PRIMERO Y SEGUNDO

Por la vía directa y bajo el concepto de infracción directa, en ambos cargos, le atribuye a la sentencia del Tribunal la transgresión de los artículos 1.º, 2.º, 6.º a 9.º, 13, literal j) de la Ley 100 de 1993 y 49 del Acuerdo 049 de 1990. En el primer cargo, asevera que dicha infracción condujo a la aplicación indebida de los artículos 20 a 27 del Acuerdo 155 de 1963 y 141 de la Ley 100 de 1993 y, en el segundo, a la interpretación errónea del artículo 13, literal j) de la Ley 100 de 1993.

En ambas acusaciones plantea los mismos argumentos, a saber:

El sistema de seguridad social integral está gobernado por los principios de unidad, solidaridad y universalidad (art. 2 L. 100/1993), de tal modo que para que «pueda sobrevivir» no es posible que una persona perciba dos pensiones.

La pensión de invalidez de origen profesional y de vejez cubren el mismo riesgo: la protección del trabajador que sufre una disminución de su capacidad laboral por un accidente o por el paso inexorable de los años, en respaldo de lo cual cita la sentencia CSL SL, 25 jun. 2007, rad. 29350. Adicionalmente, quien es declarado inválido como consecuencia de una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, «precisamente por dicha situación no debe continuar laborando».

RÉPLICA

El opositor señala que el Tribunal no desconoció las normativas invocadas, pues aplicó aquellas que en verdad gobiernan el caso. Por otro lado, y con apoyo en la jurisprudencia de esta Corporación, sostiene que las pensiones de invalidez de riesgos profesionales y de vejez tienen una naturaleza distinta, cubren riesgos diferentes y se financian con aportes disímiles. Además, la incompatibilidad a la que alude el artículo 13, literal j) de la Ley 100 de 1993 tiene cabida cuando se trata de prestaciones del sistema general de pensiones, más no cuando una prestación es de dicho sistema y otra pertenece al de riesgos laborales.

CONSIDERACIONES

Le corresponde a la Corte dilucidar si la pensión de invalidez de origen profesional que le fue reconocida al demandante en 1975, es compatible con la pensión de vejez que le reconoció el ISS a partir del año 2001.

Desde la sentencia CSJ SL, 1.º dic. 2009, rad. 33558, reiterada en CSJ SL153-2014, CSJ SL9282-2014, CSJ SL10250-2014, CSJ SL17433-2014, CSJ SL17447-2014, CSJ SL 2096-2015, CSJ SL12155 de 2015, CSJ SL18072-2016, CSJ SL1764-2018, CSJ SL1244-2019, entre otras, esta Sala es del criterio que las pensiones de invalidez de origen laboral y de jubilación o vejez son compatibles, puesto que cubren riesgos distintos, tienen fuentes de financiación autónomas y una reglamentación distinta.

En esta oportunidad, la Corte sostiene ese mismo pensamiento. Más allá de si las pensiones tienen o no una regulación especializada, pues a la larga las diferentes pensiones del sistema de seguridad social tienen su propia estructura normativa, considera la Sala que el hecho de que las pensiones cubran riesgos o contingencias distintas y tengan una fuente de recaudo y de financiación autónoma, son factores relevantes a la hora de determinar la compatibilidad pensional.

En el caso de las pensiones de invalidez de origen laboral y de vejez es claro que tienen fuentes de financiación independientes, también es diáfano que protegen contingencias bien distintas.

En efecto, la pensión de invalidez de origen laboral cubre el riesgo derivado del trabajo, cuando una persona en razón de las condiciones o el ambiente en el que labora o por circunstancias relacionadas con este, sufre una enfermedad o enfrenta un accidente de trabajo que afecta su desempeño en determinado oficio. Por tanto, es una cobertura propia del trabajo, para cuyo aseguramiento los empleadores, mediante la afiliación y el pago de una prima o cotización, trasladan el riesgo al sistema, a fin de que este otorgue las prestaciones asistenciales y económicas previstas en la legislación.

La pensión de vejez es el reconocimiento que el sistema previsional hace a una persona que prestó su fuerza laboral durante muchos años y que tiene como finalidad garantizar la seguridad económica del trabajador, sustituyendo sus ingresos laborales por una prestación a cargo del sistema. La Corte Constitucional la ha definido como «un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo, por lo que el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años es debido al trabajador» (C-546-1992).

Como se puede observar, se trata de contingencias muy diferentes. Ahora bien, para establecer si determinadas prestaciones protegen o no riesgos distintos, es inapropiado acudir a patrones abstractos y etéreos como el hecho de ser titular de un beneficio o asistencia del sistema de seguridad social o estar amparado previamente frente a una situación de precariedad o inseguridad económica. Si así fuera, serían incompatibles las pensiones de sobrevivientes y la de vejez que logren construir con su trabajo las parejas de los afiliados o pensionados fallecidos.

Así mismo, estas aproximaciones tan genéricas desatienden que el sistema de seguridad social está estructurado por segmentos que brindan coberturas a diferentes necesidades y ciclos en la vida del ser humano (p.e. en el trabajo o como persona en inactividad laboral, en el bienestar, la salud, la familia), y pasan por alto que las pensiones son un derecho social construido con el esfuerzo y el trabajo de las personas para protegerse a sí mismas y a sus familias, de manera que no pueden concebirse como dádivas, asistencias o auxilios del Estado.

Tampoco es plausible acudir a criterios como la pérdida o disminución de la capacidad laboral, para afirmar que tanto la vejez como la invalidez implican un deterioro de las capacidades productivas y, por tanto, las pensiones otorgadas recaen sobre el mismo riesgo. Tal abordaje cae en el prejuicio según el cual los afiliados en edad pensional perdieron su capacidad laboral o son inválidos, lo cual reproduce prácticas discriminatorias hacia las personas mayores y banaliza los importantes aportes que hacen al mundo laboral y al crecimiento económico con base en su experiencia, madurez y conocimiento acumulado por largos años de vida.

Por tanto, es desafortunado el argumento de la entidad de seguridad social recurrente, cuando afirma que tanto la pensión de vejez como la de invalidez cubren el mismo riesgo: la imposibilidad de trabajar.

En cuanto a que el artículo 13, literal j) de la Ley 100 de 1993 prohíbe devengar simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez, precisa la Sala que dicha regla tiene aplicabilidad en el marco del sistema general de pensiones. Nótese que el artículo que incorpora ese enunciado define las características del sistema general de pensiones, de manera que lo que allí se prohíbe es que una persona devengue al mismo tiempo una pensión de invalidez de origen común y una de vejez, lo que en modo alguno significa que una persona inválida no puede trabajar, como lo afirma Positiva S.A. en su recurso. Nada impide que un pensionado por invalidez de origen común se reincorpore al mundo laboral y realice aportes con la pretensión de reemplazar su prestación por una de vejez que le brinde mejor bienestar y más calidad de vida.

Por otro lado, no es razonable entender que la regla del artículo 13, literal j) de la Ley 100 de 1993 es omnicomprensiva de las pensiones de invalidez de origen común y laboral, puesto que, a diferencia de la primera, la segunda cuenta con una fuente de financiación autónoma, derivada de un esquema típico de seguros, en el cual el tomador -empleador- paga una prima o cotización a una aseguradora -ARL hoy ARP-, la cual debe responder por las prestaciones asistenciales y económicas en caso de verificarse un siniestro -accidente o enfermedad laboral-. Lo anterior descarta cualquier afectación a la sostenibilidad financiera del sistema.

Ni siquiera al amparo de normas más recientes del sistema general de riesgos laborales, tales como las leyes 776 de 2002 o la 1562 de 2012, es factible predicar tal incompatibilidad. En efecto, el parágrafo 2.º del artículo 10.° de la Ley 776 de 2002, habilita la compatibilidad de pensiones del régimen común y profesional, salvo que tengan origen «en el mismo evento». Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando un afiliado pretende reutilizar una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% acaecida durante un accidente de trabajo para obtener una pensión de invalidez laboral y otra de origen común. Nótese que en el ejemplo un mismo evento se estaría usando para extraer dos pensiones a cargo del sistema previsional.

A su vez, el numeral 3.° del artículo 2.° de la Ley 1562 de 2012, ordena la afiliación obligatoria al sistema de riesgos laborales de «los jubilados o pensionados, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos», precepto que además de reconocer las capacidades productivas de las personas mayores, obliga a protegerlas frente a los riesgos del trabajo que puedan afectarlas o anularlas.

Asimismo, un pensionado por invalidez de origen laboral puede reincorporarse al mundo laboral para explotar sus destrezas, habilidades y conocimientos en oficios y actividades técnicas, profesionales o artísticas. De hecho, personas declaradas inválidas lo hacen exitosamente. Por ello, no debería existir objeción en que los pensionados puedan, a pesar de su invalidez, seguir cotizando al sistema general de pensiones para construir una pensión de vejez, producto de las actividades y oficios en los cuales construyeron su identidad y reafirmaron sus capacidades individuales y laborales en beneficio de la comunidad y la economía.

En este orden de ideas, el artículo 15 de la Ley 776 de 2002, según el cual cuando un afiliado se invalide como consecuencia de un infortunio laboral, «además de la pensión de invalidez… se [le] entregará» la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva, debe interpretarse como una opción de los pensionados y no como una imposición. Entre otras cosas, porque de entenderse como una imposición, ello supondría una violación al derecho al trabajo y a la seguridad social inclusiva de estas personas, la mayoría de las cuales tienen discapacidades y por ello tienen garantizados sus derechos en instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adicionalmente, porque la propia Ley 776 de 2002 en su artículo 10.°, parágrafo 2.°, admite la compatibilidad de pensiones de los sistemas común y profesional originadas en un evento distinto, de manera que no tendría sentido que luego en su artículo 15 prohibiera esa acumulación prestacional.

Por las anteriores razones, considera la Corte que la decisión del Tribunal fue acertada, pues las pensiones de vejez e invalidez de origen laboral son perfectamente compatibles. En consecuencia, los cargos son infundados.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de ocho millones ochocientos mil pesos ($8.800.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo preceptuado en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira profirió el 4 de octubre de 2011, en el proceso ordinario laboral que JAVIER LOAIZA PULGARÍN adelanta contra POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Costas como quedó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Salvo Voto

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada Ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n.° 55978

REFERENCIA: A.R.P. INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES vs. JAVIER LOAIZA PULGARÍN.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corporación, en esta oportunidad me permito salvar el voto frente a la postura mayoritaria, a la luz de los siguientes argumentos que fueron puestos a consideración de la sala cuando presenté el proyecto, que a la postre fue derrotado:

Desde la expedición de la Ley 90 de 1946, las prestaciones a cargo del Seguro Social se sujetan a los principios de universalidad y unidad; el primero dirigido a la cobertura y protección de todos los ciudadanos y frente a todos los riesgos y contingencias; el segundo, a la planificación idónea que procure todas las medidas de coordinación y sistematización en pro del sistema.

En ese sentido, la sección cuarta de tal disposición reglamentaba lo concerniente a accidentes y enfermedades profesionales, y en su artículo 52 señalaba que si al expirar el periodo de incapacidad temporal, se mantiene una inferior al 5% tendrá derecho a una indemnización variable según el grado de incapacidad; luego, el precepto 53 indicaba que si la incapacidad es permanente total, el asegurado tenía derecho a una renta vitalicia mensual, en proporción a su salario; si era parcial y excedía el porcentaje fijado en los reglamentos del ISS, la renta era equivalente a las dos terceras partes de la cantidad en que hubiera quedado reducido el salario de base, pero si aquella era menor al porcentaje mencionado, se reconocía una indemnización consistente en el pago de un capital de tres veces la anualidad de la renta eventual.

La materialización de dichos principios y, por ende, la efectividad del sistema de seguridad social, se evidencia, entre otros, en la figura jurídica de incompatibilidad de las prestaciones establecida en el artículo 128 de la Constitución Política y desarrollada por la jurisprudencia, para lo cual debe tenerse claro que se debe estar en presencia de prestaciones cuya fuente de financiación sea la misma y tengan igual naturaleza y finalidad.

Situación que se presentaba en el caso decidido, como se pasa a explicar:

A la fecha del reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional al actor, se encontraba vigente el Acuerdo 155 de 1963 aprobado por el Decreto 3170 de 1964, por medio del cual se estableció el reglamento general del seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que instituyó el derecho al pago de prestaciones de acuerdo con la incapacidad permanente parcial, permanente total, absoluta y gran invalidez (arts. 15 a 17). En el caso de la incapacidad permanente parcial o total, la pensión se otorgaba con carácter transitorio por un periodo inicial de dos años, con la posibilidad de adquirir carácter definitivo si subsiste la incapacidad, sin perjuicio de la revisión cuando la entidad lo considerara necesario, las cuales se tornarán vitalicias al momento de arribar a la edad mínima para el derecho a la pensión de vejez.

La pensión por incapacidad permanente parcial, fue creada para cubrir proporcionalmente el daño en la salud que sufre el trabajador por causa de la labor desempeñada, derivado del accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, la cual se calculaba de acuerdo con el salario del trabajador, aplicando una tabla prefijada en la ley según la capacidad perdida y su naturaleza era netamente indemnizatoria frente a la pérdida permanente parcial de la salud del trabajador; no obstante, hay que resaltar que dicha pérdida no era de tal magnitud que pudiera ser considerada una «gran invalidez», que efectivamente sí representaba la invalidez en el trabajador. Es por esta razón que el propio inciso tercero del artículo 23 del Acuerdo 155 de 1963 determinó que «Las pensiones serán vitalicias a partir de la edad mínima que para el derecho a pensión de vejez fija el Reglamento General del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte».

Por otra parte, la pensión de vejez, está creada para facilitarle un modus vivendi de carácter económico a quienes ya no están en condiciones de proporcionárselo, por el desgaste físico del cuerpo por el paso normal del tiempo, precisamente esta es la contingencia amparada a través de la pensión de vejez y no es otra la razón por la cual se contempla la etapa de retiro laboral, en la cual el trabajador acceda a la misma.

De manera que, al llegar a la edad para obtener la pensión de vejez, la prestación indemnizatoria por incapacidad permanente parcial se torna vitalicia, ello es así por cuanto a partir de ese momento se manifiestan de manera definitiva los efectos de la merma de la capacidad laboral por la invalidez o el avance de la edad biológica que, en ambos casos, representa una pérdida de capacidad laboral que ampara el sistema.

Eso es tan así que, precisamente la circunstancia descrita, en data posterior, se materializó en el artículo 56 del Decreto 3063 de 1989, que aprobó el Acuerdo 044 del mismo año, que regulaba el asunto de los exonerados parciales, dentro de los cuales se exceptuaba a los pensionados por incapacidad permanente parcial, cuando continuaran laborando, en cuyo caso podían seguir aportando para todos los seguros y quedaban protegidos contra todas las contingencias. Esto significa que los mismos podían seguir cotizando hasta completar los requisitos previstos para la pensión de vejez, lo que no se permitió a los pensionados por invalidez total o gran invalidez.

En ese horizonte, sin ninguna duda puede afirmarse que, tanto la prestación indemnizatoria por incapacidad permanente parcial y la pensión de vejez, tienen la misma naturaleza y están configuradas para amparar el mismo riesgo, esto es, solventar a quien ya no se encuentre en la capacidad de laborar, por ello y de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo 155 de 1963, se exhibe patente una estrecha relación entre estas dos prestaciones en la medida en que dada la naturaleza temporal en la asignación de la incapacidad, de llegar el trabajador a la edad de acceso a la retribución por vejez la otra se torna vitalicia o, dicho de otro modo, al arribar a la edad que el sistema ha considerado como límite de la edad productiva el beneficiario de la indemnización referida pasa a recibir la pensión de vejez vitalicia, por lo que no es dable pregonar la compatibilidad pensional con anterioridad a la Ley 100 de 1993, como lo sostiene la posición mayoritaria.

Lo anterior está acorde con la línea de pensamiento imperante en esta Corte en cuanto a que a la luz de los principios de unidad y universalidad adoptados por nuestro régimen de seguridad social desde 1946, se exigen la articulación de políticas, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social y garantizar la protección de todas las personas en las diferentes etapas de la vida y en orden a asegurarles la subsistencia.

Por otra parte, del artículo 37 del Reglamento de 1963 no se derivaba la compatibilidad de las prestaciones de invalidez y la de vejez, lo que allí se regula es lo concerniente a que el pago de las pensiones de invalidez comenzaba a partir de la fecha en que se declarara la invalidez y si se estaba percibiendo el subsidio por incapacidad temporal, esta solamente se remuneraba desde que cese el pago de dicho subsidio.

De otro lado, el canon 35 de igual fuente normativa, refería que el beneficiario que gozaba de pensión por incapacidad permanente parcial tenía derecho a la pensión de sobrevivientes, sobre el monto que gozaba al momento del fallecimiento, pero que si dicho valor no alcanzaba el valor mínimo previsto en el artículo 34, se tenía derecho a una indemnización salvo que también se transmitiera el derecho a la pensión de sobrevivientes en el seguro de invalidez vejez y muerte, en cuyo caso se acumulaban los dos conceptos.

Por lo que, en el caso en estudio era palmaria la incompatibilidad de la prestación que por incapacidad permanente parcial reconocida al actor con anterioridad a la Ley 100 de 1993 y aquella que fue reconocida por el riesgo de vejez.

Fecha ut supra,

FERNANDO CASTILLO CADENA

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