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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3877-2020

Fecha
27 de octubre de 2020
Magistrado ponente
Dolly Amparo Caguasango Villota
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3877-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2014 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por EDELMIRA ARIAS CARRANZA contra LA NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, BOGOTÁ D.C. y la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. Trámite al que fue vinculado como litisconsorte necesario la FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS. Sin costas. En sede de instancia, y para mejor proveer, se dispone: Por Secretaría ofíciese a la Fundación Hospital San Juan de Dios y a la Beneficencia de Cundinamarca, ente territorial al que está adscrito la mencionada institución, para que en el término de quince (15) días, siguientes a la fecha de recibo, remitan al proceso la documentación en donde se acredite la fecha hasta la cual realmente prestó sus servicios y estuvo vinculada Edelmira Arias Carranza; el salario percibido en cada anualidad y los conceptos que le hayan cancelado por las diferentes acreencias laborales. Por secretaría se librarán los oficios correspondientes. Una vez recibida la respuesta sobre la documental solicitada, póngase en conocimiento de las demás partes, por el término de ley. Cumplido lo anterior, regrese el expediente al Despacho para proferir la sentencia de instancia que corresponda.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3877-2020

Magistrado ponente: Dolly Amparo Caguasango Villota

27 de octubre de 2020

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA

Magistrada ponente

SL3877-2020

Radicación n.° 71703

Acta 40

Estudiado, discutido y aprobado en Sala Virtual

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veinte (2020).

La Corte decide el recurso de casación interpuesto por EDELMIRA ARIAS CARRANZA contra la sentencia proferida la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de septiembre de 2014, en el proceso ordinario laboral que adelanta contra LA NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, BOGOTÁ D.C. y la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. Trámite al que fue vinculada la FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS en calidad de litisconsorte.

ANTECEDENTES

Edelmira Arias Carranza promovió demanda ordinaria laboral para que se declare que entre ella y la Fundación San Juan de Dios existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 20 de junio de 1990 hasta el 17 de mayo de 2011; que prestó sus servicios como «Ayudante de Servicios Generales»; en el Hospital San Juan de Dios sin ningún tipo de suspensión o interrupción, que se declare que debía percibir como remuneración una suma mensual de $467.156,66; que tiene derecho a las prestaciones sociales convencionales pactadas entre su empleador y «Sintrahosclisas» y que a partir del 14 de junio de 2005 se presentó una sustitución de empleadores entre la Fundación San Juan de Dios y la Beneficencia de Cundinamarca.

Con base en lo anterior, reclamó que se condene solidariamente a las demandadas al pago de los salarios causados y no cubiertos en la ejecución del contrato, las primas de navidad, semestral, de vacaciones y de antigüedad, los intereses a las cesantías; la indemnización moratoria, la sanción por retardo en el pago de los intereses a las cesantías, los incrementos salariales para los años 1999 a 2011, la pensión de jubilación convencional, la indexación, lo probado ultra o extra petita y las costas del proceso.

De manera subsidiaria solicitó que se condene a las entidades accionadas de forma solidaria al pago de los aportes al régimen de seguridad social de manera indexada.

Fundamentó sus peticiones en que la Fundación San Juan de Dios era una entidad de carácter privado con personería jurídica que tenía como actividad principal la prestación de servicios de salud. Que allí laboró desde el 20 de junio de 1990 al 17 de mayo de 2011, como «ayudante de servicios generales»; que es beneficiaria de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre la empleadora y la organización sindical Sintrahosclisas, en las cuales se pactaron prestaciones como la prima de antigüedad, de navidad, de vacaciones, de riesgos, subsidio familiar, compensación de vacaciones en dinero y auxilios de cesantía y transporte.

Explicó que la Fundación San Juan de Dios dejó de recibir pacientes el 21 de septiembre de 2001, sin embargo, ella continuó asistiendo a laborar hasta el 17 de mayo de 2011 cuando presentó renuncia motivada. Sostuvo que la Fundación no ha pagado los aportes a seguridad social en salud y pensiones. Indicó que el último salario mensual percibido fue de $467.156,66.

Relató que mediante sentencia del 8 de marzo de 2005 el Consejo de Estado declaró la nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998, decisión que dejó sin sustento jurídico a la Fundación San Juan de Dios, de lo que se «infiere» que la «Nación, el Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca responden de manera solidaria por las obligaciones»; además tal circunstancia conllevó la suscripción de un Acuerdo «Marco» en virtud del cual se decidió liquidar esta entidad, la cual fue ordenada mediante Decretos del 21 y 30 de junio de 2006 expedidos por el Gobernador de Cundinamarca. Agregó que desde 1979 el Ministerio de la Protección Social intervino financieramente los Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.

La Beneficencia de Cundinamarca, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones de la promotora; aceptó los hechos referidos a la nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998, el acuerdo de liquidación de esta entidad y la intervención del Ministerio de la Protección Social y aclaró que no se podía sostener que la declaratoria de nulidad de los decretos que crearon la Fundación San Juan de Dios y aprobaron sus estatutos, derive en responsabilidad para la Beneficencia en cuanto a las relaciones laborales que sostuvo la Fundación; también admitió la reclamación administrativa.

Consideró que el fallo proferido por la Corte Constitucional SU-484 de 2008 no contempló el fenómeno jurídico de la sustitución patronal ni impuso las consecuencias aducidas por la demandante, pues no estableció responsabilidad alguna en cabeza de la Beneficencia de Cundinamarca. Por ello formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y cobro de lo no debido.

El Departamento de Cundinamarca al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el carácter privado de la Fundación, su personería jurídica y su actividad principal, la nulidad decretada por el Consejo de Estado, el acuerdo «marco» para la liquidación de la Fundación y la intervención de la Nación – Ministerio de la Protección Social. De los demás afirmó que no le constaban o no eran ciertos.

En su defensa dijo que la Fundación fue una entidad de utilidad común de naturaleza privada, por lo que tenía la capacidad de contraer obligaciones y adquirir derechos. Asegura que el Departamento de Cundinamarca no es el llamado a responder por las supuestas deudas a la demandante. Propuso como excepciones las de falta de integración del litisconsorcio necesario, prescripción, falta de legitimación en la causa para ser demandada, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación.

Bogotá D.C. al contestar, refirió que no ha tenido ninguna vinculación laboral con la actora ni ha suscrito convenciones colectivas de las que pueda beneficiarse. Precisó que, de existir acreencias laborales insolutas a favor de la demandante, deben ser asumidas por la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Propuso como excepciones las de falta de jurisdicción, falta de competencia, falta legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción y buena fe.

La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicó que desconocía la presunta vinculación laboral de las personas que demandan derechos laborales en relación con la Fundación San Juan de Dios, en la medida que no ha tenido vínculo con este Ministerio. En cuanto a los hechos señaló no constarle ninguno de los relatados en el escrito inaugural.

Propuso las excepciones de inexistencia de relación entre la demandante y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, inexistencia de solidaridad, improcedencia de la aplicación de la convención colectiva de trabajo, falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción.

Mediante auto del 17 de julio de 2013 el Juzgado Décimo laboral del Circuito de Bogotá ordenó integrar a la Fundación San Juan de Dios como litisconsorcio necesario.

La Fundación San Juan de Dios al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó los relacionados con la fecha en la que la actora dejó de prestar servicios en el hospital San Juan de Dios, en su decir, «hasta septiembre de 2001». Respecto de los demás dijo no ser ciertos o no constarle.

En su defensa señaló que no existió contrato de trabajo con la demandante, toda vez que la decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad de los Decretos 290 de 1979, 1374 y 371 de 1988 estableció que las personas que prestaron sus servicios ante la extinta Fundación eran empleados públicos. Propuso como excepciones las de falta de causa, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, pago, buena fe y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia dictada el 8 de noviembre de 2013, declaró probadas las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido y absolvió a las accionadas de las pretensiones incoadas en la demanda inicial, por lo que condenó en costas a la parte demandante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación presentado por la parte actora, mediante sentencia dictada el 30 de septiembre de 2014, confirmó la decisión de primer grado y condenó en costas a la demandante.

El Tribunal indicó que se encontraban por fuera de controversia los siguientes supuestos: i) la existencia del vínculo que unió a la accionante con la extinta Fundación; ii) el extremo inicial de la relación y iii) el monto salarial.

Refirió la decisión adoptada por el Consejo de Estado, del 8 de marzo de 2005 que declaró la nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979, y 371 de 1998 relacionados con la creación y los estatutos de la Fundación San Juan de Dios e indicó que las personas que prestaron sus servicios a la referida Fundación resultaron vinculadas con la Beneficencia de Cundinamarca, establecimiento público del orden departamental, por lo que, bajo tal óptica analizaría la vinculación de la accionante.

Señaló que de acuerdo con los contratos que obran a folios 35 a 42 del expediente, está demostrado que la demandante cumplió labores de servicios generales y bajo las reglas de la Ley 10 de 1990, por lo que su condición era la de una trabajadora oficial.

Respecto al fenómeno de la prescripción, reseñó que el juez de primera instancia la declaró con fundamento en la sentencia CC SU-484 del 2008, donde se estableció que todas las relaciones laborales con la Fundación finalizaron el 29 de octubre de 2001 y, fue objeto de controversia por parte de la accionante en el recurso de alzada, bajo el argumento que continuó asistiendo al lugar del trabajo, sin embargo, no ejerció ningún tipo de función.

Citó la decisión proferida por la Corte Constitucional SU-484 del 2008- para precisar que fue dicha corporación quien dispuso que las relaciones entre el Hospital San Juan de Dios y sus trabajadores finalizaron el 29 de octubre de 2001. Decisión que tiene efectos erga omnes, por lo que, las afirmaciones de la actora atinentes a que continuó laborando en la entidad empleadora carecen de fundamento.

Aclaró que a partir de la mencionada fecha -29 de octubre de 2001- tendría que establecer los requisitos propios de un contrato de trabajo, entre los cuales se encuentra la subordinación como elemento principal, supuesto que no estaba demostrado en el proceso. Anotó que fue la misma convocante quien manifestó que a partir del 29 de octubre de 2001 ningún directivo le fijó funciones. Por lo anterior, encontró que no resultaba plausible determinar como extremo final del contrato de trabajo el año 2011.

Así, indicó que, si la relación laboral finalizó el 29 de octubre de 2001, el término trienal para interrumpir la prescripción iba hasta el 29 de octubre de 2004 sin probarse su interrupción. Advirtió que resultaba errada la apreciación de la actora respecto a que la demandada renunció al término prescriptivo, pues, si bien para el año 2007 obran resoluciones donde se reconocen algunas acreencias laborales de los periodos comprendidos entre noviembre de 1999 y noviembre de 2000, dicha actuación se realizó de manera posterior al vencimiento del término de los tres años para ejercer la acción y de acuerdo a lo señalado por la Sala de Casación Laboral, «no se puede entender la renuncia del término prescriptivo con relación a aquellos valores no reconocidos». Citó la sentencia CSJ SL 24 de nov. de 2009, rad. 36289.

Concluyó que el reconocimiento oficioso de los salarios comprendidos entre noviembre de 1999 y noviembre de 2000, no implica la renuncia de la prescripción con relación a los derechos allí reconocidos, conforme lo tiene dicho la Sala de Casación Laboral.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso fue interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

La recurrente pretende que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, condene a las entidades demandadas al pago de las pretensiones reclamadas en la demanda inicial.

Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, los cuales son objeto de réplica por La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de Cundinamarca y la Fundación San Juan de Dios. Se estudiarán conjuntamente los cargos primero y segundo por valerse de similares argumentos y perseguir el mismo fin; después en forma individual, el cargo tercero y finalmente, el cuarto y quinto de ser necesario.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia recurrida por la causal primera de casación laboral, de ser violatoria por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 66, 84 y 175 del C.C.A., 4 del CST, 26 de la Ley 10 de 1990, «violaciones medio que condujeron a la infracción directa» de los artículos 3, 5, 9, 13, 14, 16, 22, 23, 51, 55 61, 140, 353, 354, 356, 373, 374, 416, 467, 468, 470 del CST; infracción directa de los artículos 29, 53, 58 y 228 de la Constitución Política, la Ley 524 de 1999 que aprobó el Convenio 154 de la O.I.T. y el artículo 5 del Decreto 3130 de 1968.

En la demostración del cargo manifiesta que el Tribunal interpretó de manera errónea los artículos 66 y 84 del CCA, así como los efectos de la sentencia dictada por el Consejo de Estado, que declaró la nulidad de los decretos que crearon y reglamentaron la Fundación San Juan de Dios, al extenderlos de manera absoluta. Lo que condujo a interpretar erradamente el artículo 26 de la Ley 10 de 1990, y a aplicar de manera indebida el artículo 5 del Decreto 3130 de 1968, al entender que quienes prestaron sus servicios en la extinta Fundación fueron servidores públicos.

Asegura que el Hospital San Juan de Dios nunca tuvo personería jurídica, sino que perteneció a la Fundación San Juan de Dios, entidad que siempre tuvo la condición de ente de derecho privado. Agrega que todos los empleados de la extinta Fundación estaban vinculados por medio de contratos de trabajo, tan así que dentro de ella regía un sindicato de trabajadores «SINTRAHOSCLISAS», el cual firmó distintas convenciones colectivas de trabajo con ella, en las que se contemplaron diversas prestaciones extralegales y se mencionó el carácter privado del vínculo contractual de los trabajadores.

Cita en extenso la decisión de la Corte Constitucional T-020 de 2012, que precisó los efectos de la sentencia SU-484 de 2008 y refirió la respuesta dada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre los alcances de la sentencia SU-484 de 2008, donde se dijo que: «quienes estuvieron vinculados como empleados a los dos hospitales de la Fundación San Juan de Dios, tienen derecho a percibir todas aquellas indemnizaciones y prestaciones convencionales».

Afirma que las relaciones laborales de los trabajadores de la Fundación tienen una triple connotación, a saber: i) los que prestaron sus servicios siempre como empleados públicos; ii) los que siempre tuvieron una relación de carácter particular y; iii) los que estuvieron en los sucesivos tránsitos de cambio de naturaleza de la institución.

La recurrente arguye que, en el periodo de 1979 hasta el 14 de junio de 2005, la Fundación fue una entidad de carácter privado, por lo que no puede el juez de apelaciones retrotraer los efectos del fallo proferido por el Consejo de Estado a la fecha de la expedición de las normas anuladas. Sostiene que la interpretación dada por el ad quem a dicha providencia, se opone a la doctrina y a la jurisprudencia, que reza que «los efectos ex tunc de un fallo que anula un acto administrativo, no son absolutos como quiera que, si existen situaciones particulares definidas y que se refieren a derechos adquiridos y consolidados durante su vigencia deben ser objeto de amparo y protección».

Reitera que el fallo del Tribunal infringió la ley sustancial, pues se debe considerar que los actos desarrollados por la Fundación llamada a juicio están revestidos de la «presunción de legalidad» y consolidaron derechos, los cuales gozan de protección constitucional. Aduce que las pretensiones incoadas en la demanda inicial ya se habían consolidado en el tiempo, tales como las acreencias laborales y el reconocimiento de la pensión de jubilación, y que de acuerdo a lo establecido por el artículo 228 de la Constitución Política, debe prevalecer el derecho sustancial.

Anota que la decisión del Tribunal se contrapone a las decisiones expuestas por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, donde le han negado efectos retroactivos a las leyes expedidas por el legislativo, salvo en materia penal. Desconoce también el principio de confianza legítima en las relaciones laborales.

Hace una «síntesis histórica y legal sobre la calidad del vínculo de quienes laboran con entidades públicas» y agrega que, por ninguno de los dos factores, orgánico o funcional, la demandante podía ser considerada como «empleada pública». Aduce que, si bien se vinculó a través de una resolución y hubo posesión del cargo, ello no acredita que ostentara tal calidad, pues el carácter del vínculo se da por la naturaleza de la entidad.

Afirma que igualmente se violó el artículo 5 del Decreto 3130 de 1968 en la modalidad de infracción directa, el cual define las fundaciones o instituciones de utilidad común, que están sujetas a las reglas del derecho privado, como fue el caso de la Fundación San Juan de Dios, por lo que su personal no pudo ser clasificado como de servidores públicos.

RÉPLICA

La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, indica que el cargo contiene errores de técnica que impiden su prosperidad, pues la proposición jurídica propuesta no se ajusta a los submotivos del desarrollo del cargo, ya que hace una mixtura indebida de ellas. De igual manera, sostiene que, de superar los errores de técnica que adolece el cargo, no está llamado a prosperar, pues de acuerdo con la decisión del Consejo de Estado, la Fundación San Juan de Dios siempre tuvo un régimen público, por lo que la actora fue empleada pública.

El Departamento de Cundinamarca señala que el Tribunal no erró en su decisión, pues la accionante ostentó la calidad de empleada pública y fue la Corte Constitucional quien estableció la fecha límite en la que finalizaron las relaciones con la Fundación San Juan de Dios, esto es, el 29 de octubre de 2001.

La Fundación San Juan de Dios- hoy en Liquidación- indica que el cargo no está ajustado a la técnica de casación. Precisa que el censor se limita a hacer un recuento histórico de la Fundación San Juan de Dios, y no ataca de manera debida la sentencia controvertida. Finalmente, expone que la actora tenía la calidad de empleada pública, en razón a que prestaba sus servicios a un órgano de carácter departamental y que, por lo tanto, no hay lugar a reconocer las prestaciones convencionales.

CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia recurrida por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 14 numeral 3, 25 numeral 9, 32, 40, 51, y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 174, 175, 177, 187, 251, 252, 253, 254, 258, 262, 264, 268 y 277 del Código de Procedimiento Civil; y 3, 5, 14, 16, 22, 23, 29, 37 y 39 del Código Sustantivo del Trabajo.

Del confuso discurso elevado por la recurrente, la Sala extrae que le endilga al Tribunal la comisión de los siguientes errores de hecho:

[…] no tener como demostrada, estándolo, la existencia del contrato de trabajo de carácter particular, suscrito entre la demandante inicial y la FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS para el desempeño del cargo de ayudante de servicios generales.

Negar a la demandante inicial el nexo laboral de carácter privado con la FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS y por tanto desechar las pretensiones de la demanda de orden económico.

En la falta de apreciación de pruebas documentales obrantes dentro del plenario, ostensible, evidente se presentó en el fallo acusado al no inferir de aquellas la aplicación de normas convencionales dentro de las relaciones sostenidas entre la demandante inicial y su empleadora, que le serían ajenas o inaplicables de ser su condición la de una empleada pública.

Sostiene que tales yerros, derivaron de la falta de apreciación de las siguientes pruebas:

El escrito de los folios 26 a 30 del cuaderno No. 1, en donde mi mandante solicita el reconocimiento y pago de sus acreencias laborales de origen convencional.

Los contratos individuales de trabajo a término fijo, de los folios 35 a 41 vuelto del cuaderno No 1.

El contrato individual de trabajo a término indefinido, de los folios 42 y 42 vuelto del cuaderno No.1.

La certificación del folio 45 del cuaderno No. 1, en donde la jefe de recursos humanos del Hospital San Juan de Dios, para el 17 de enero de 2001, indicó que mi mandante presta sus servicios a la Institución desde el 20 de junio de 1990, en el cargo de Ayudante de Servicios Generales, vinculada mediante contrato de trabajo a término indefinido.

La certificación del folio 46 del cuaderno No. 1., en donde la jefe de recursos humanos del Hospital San Juan de Dios, para el 11 de agosto de 1990, indicó que mi mandante presta sus servicios a la Institución desde el 20 de junio de 1990, en el cargo de Ayudante de Servicios Generales, vinculada mediante contrato de trabajo a término indefinido.

La certificación del folio 48 del cuaderno No. 1, en donde la jefe de recursos humanos con el visto bueno del Director General del Hospital San Juan de Dios, para el 7 de noviembre de 2001, indicó que mi mandante presta sus servicios a la Institución desde el 20 de junio de 1990, en el cargo de Ayudante de Servicios Generales, vinculada mediante contrato de trabajo a término indefinido.

La comunicación del 17 de mayo de 2011, de los folios 51 y 52 del cuaderno No1, en donde mi mandante manifiesta a la liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, la terminación unilateral de su contrato de trabajo por justa causa imputable a la empleadora.

La relación de Resoluciones de intervención por parte del Ministerio de Salud a la Fundación San Juan de Dios, obrante a folios 134 a 135 vuelto del cuaderno No.1, y que permitieron que dicho Ministerio asumiera el manejo de los Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en su aspecto administrativa y técnico, no desvirtúa la naturaleza jurídica de la Fundación San Juan de Dios o la entidad intervenida, como pretendiera afirmarse y, explica que la designación del demandante inicial como Ayudante de Servicios Generales, se hiciese a través de resolución, ya que el señor interventor era un funcionario público y se manifestaba como Agente del Gobierno a través de resoluciones.

El comunicado de prensa de los folios 142 a 154 del cuaderno No. 1, con relación a la sentencia SU-484 del 15 de mayo de 2008 de la Corte Constitucional.

La sentencia del 13 de abril de 2007, de los folios 160 a 168 vuelto del cuaderno No. 1, en donde el juzgado 18 laboral de Bogotá condena a la Fundación San Juan de Dios al pago de acreencias laborales a favor de Nohora Cristina Madiedo, reconociendo el carácter privado de la relación laboral.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral del 19 de septiembre de 1985, siendo ponente la Dra. FANNY GONZALEZ FRANCO, resaltando el carácter privado de la Fundación San Juan de Dios y la condición de derecho privado entre esta y sus trabajadores, de los folios 182 a 193 vuelto del cuaderno No.1.

La sentencia del Juzgado 12 Laboral del Circuito de Bogotá, obrante a folios 262 a 268 del Cuaderno No.1, en donde se condena a la Fundación San Juan de Dios al pago de acreencias laborales a favor de Hugo Alberto Fajardo Rodríguez, reconociendo el carácter privado de la relación laboral.

En la demostración del cargo, transcribe parcialmente la decisión adoptada por el ad quem y afirma que le negó la calidad de trabajadora particular a la actora, y, por ende, su derecho a reclamar prestaciones económicas de carácter convencional, prohibidas legalmente a los empleados públicos. Sostiene que el error de hecho se evidencia en el desconocimiento de las pruebas referidas anteriormente, lo que condujo al Tribunal a decidir que la vinculación fue «la propia de las entidades públicas», cuando los medios probatorios acreditan la condición de empleada particular, por lo que se le aplicó de manera inadecuada el «régimen de la vinculación legal o reglamentaria de los empleados públicos».

Asegura que lo que existió entre las partes fue un verdadero contrato de trabajo de carácter privado porque en las funciones que desarrolló concurrieron los tres elementos esenciales de toda actividad laboral, esto es, un servicio personal, bajo la continua subordinación o dependencia de la Fundación; además, estuvo regulado por disposiciones de carácter convencional, situación que sería extraña si realmente hubiese estado vinculada como empleada pública, y en razón a que «la actividad de Ayudante de Servicios Generales, no encasilla dentro de aquellas funciones propias de una trabajadora oficial al que si se le aplicarían normas de carácter convencional».

Afirma que las pruebas denunciadas acreditan que la prestación personal del servicio se extendió más allá del 29 de octubre de 2001, por lo que erró al desconocer las prestaciones reclamadas con anterioridad a esa fecha. Aduce que los elementos probatorios referidos, dejados a un lado por el Tribunal acreditan: i) la real existencia del contrato de trabajo de carácter privado; ii) el carácter privado de la Fundación, desde 1979 hasta el 14 de junio de 2005 y; iii) el reconocimiento de las acreencias laborales de carácter convencional.

Reitera que los documentos discriminados al inicio del cargo no indican una relación de derecho público, además, agrega que la Fundación demandada no logró demostrar «la relación legal o reglamentaria» con la convocante, por lo que se debe adoptar una decisión conforme a las pruebas «ignoradas» por el juez de apelaciones.

Finalmente, expresa:

El error de hecho manifiesto en los autos, de parte del Tribunal, al no dar por demostrado, estándolo que EDELMIRA ARIAS CARRANZA, efectivamente se vinculó a la Fundación San Juan de Dios en el HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, a través de contrato de trabajo que tuvo una vigencia del 20 de junio de 1990 al 17 de mayo de 2011, que cumplió con un horario de trabajo establecido, devengó un salario, solicitó y obtuvo goce de vacaciones anuales, que estuvo bajo la subordinación de sus superiores inmediatos, que percibió acreencias reconocidas convencionalmente (prima de antigüedad, prima de vacaciones, etc.), derivó en un fallo confirmatorio de la sentencia de primer grado, al considerar que la actora fue empleada pública, es decir en la absolución de la parte demandada, error que de no haber existido habría desembocado en una sentencia revocatoria del juez a quo, en la que despacharían favorablemente las pretensiones de la demanda, al contar con la prueba idónea y suficiente para demostrar la condición de empleada particular de la demandante inicial.

RÉPLICA

La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifiesta que el cargo adolece de errores de técnica, pues el recurso de casación está instituido para remediar errores in judicando y no procesales. De igual manera reitera que los empleados que prestaron sus servicios a la Fundación San Juan de Dios ostentaron la calidad de empleados públicos, por lo que no le asiste el derecho al reconocimiento de las pretensiones reclamadas.

El Departamento de Cundinamarca manifiesta que la accionante prestaba sus servicios a favor de la Fundación San Juan de Dios en calidad de empleada pública. Agregó que no es cierto que la relación de la accionante se hubiera extendido hasta el «año 2002», pues el Hospital dejó de prestar sus servicios el 21 de septiembre de 2001.

La Fundación San Juan de Dios asegura que el cargo adolece de deficiencias técnicas que comprometen su prosperidad. Por lo anterior, solicitó que se desestimara.

CONSIDERACIONES

La Sala memora que el ad quem, para confirmar la decisión del juez de primera instancia, consideró que la Fundación San Juan de Dios pertenecía a la Beneficencia de Cundinamarca y nunca tuvo el carácter de institución privada; lo anterior lo derivó de la nulidad de los decretos ordenada por el Consejo de Estado. Asimismo, precisó que la actora ostentó la calidad de trabajadora oficial, pues prestó sus servicios como «ayudante de servicios generales», sin embargo, no reconoció los derechos reclamados en la demanda inicial por encontrar que, no demostró que después del 29 de octubre de 2001 hubiese tenido una relación de carácter laboral con la Fundación demandada y, por tanto, los derechos pretendidos estaban cobijados por el fenómeno de la prescripción.

Así, la censura cuestiona la interpretación que hizo el Tribunal de las normas denunciadas, pues desde 1979 hasta el año 2005 la Fundación accionada, fue una entidad de carácter privado, por lo que el juez de alzada no podía retrotraer los efectos de la decisión adoptada por el Consejo de Estado. En la segunda acusación, orientada por el sendero de los hechos, intenta derivar, con apego al material probatorio denunciado, la existencia de una relación de carácter particular.

De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que, si bien, los dos primeros cargos denunciados en la demanda de casación no son un modelo a seguir, y a pesar de orientarse por vías diferentes, se logra entender que persiguen el mismo fin, esto es, demostrar que la vinculación de la recurrente fue de carácter particular. Así las cosas, la Corte procederá a su análisis conjunto, abordando en primer lugar la naturaleza jurídica de la Fundación San Juan de Dios y luego, si de las pruebas se puede derivar la existencia un vínculo laboral de carácter particular.

No son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos señalados por el Tribunal y no controvertidos en casación: i) que la actora prestó sus servicios a favor de la Fundación San Juan de Dios y; ii) que desempeñó el cargo de -ayudante de servicios generales-.

Naturaleza de la Fundación San Juan de Dios

De acuerdo con la acción de nulidad interpuesta contra los Decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998, el Consejo de Estado declaró su nulidad mediante sentencia con número de radicación 11001-03-24-000-2001-00145-01 del 8 de marzo de 2005, decisión que quedó ejecutoriada el 14 de junio del mismo año. La providencia que declaró la citada nulidad generó que la Beneficencia de Cundinamarca recobrara la administración del Hospital San Juan de Dios. Significa que las entidades que conformaban la Fundación San Juan de Dios regresaron a la Beneficencia de Cundinamarca. El fallo indicó que los efectos serian ex tunc, es decir desde siempre, por lo que la naturaleza de los trabajadores de la citada Fundación fue siempre la de servidores públicos. En consecuencia, es claro que, a raíz de la sentencia del Consejo de Estado, la naturaleza jurídica del Hospital San Juan de Dios, es la de una institución de salud oficial del orden departamental.

De acuerdo con lo dicho no puede derivarse yerro por parte del colegiado respecto de la intelección que hizo de la naturaleza jurídica de la Fundación San Juan de Dios, pues, es claro que las personas que prestaron sus servicios en dicha entidad tenían la categoría de servidores públicos.

De la naturaleza del vínculo

En lo que respecta a este segundo aspecto, la Sala advierte que resultan desacertadas las afirmaciones expuestas por la impugnante en el desarrollo de los cargos. Lo primero, por afirmar que la relación laboral que tuvo con la Fundación San Juan de Dios fue de carácter particular, pues como quedó anotado, la mencionada Fundación ostentaba la calidad de institución de categoría pública y; segundo, por entender que el Tribunal encontró que la calidad con la que la actora prestó sus servicios en la Fundación fue como empleada pública, pues lo cierto es que de las pruebas obrantes en el plenario, concluyó que la promotora era una trabajadora oficial en razón al cargo desempeñado como ayudante de servicios generales.

Así las cosas, se advierte que los errores de hecho denunciados por la censura no tienen la virtualidad de quebrantar la decisión de segundo grado, por tres motivos:

El primero, porque la Fundación San Juan de Dios no ostentó la calidad de entidad de carácter privado, por lo que, ninguna relevancia tiene que la demandante se hubiera vinculado a través de un contrato de trabajo o que eventualmente se beneficiara de las prerrogativas contempladas en la convención colectiva, de cara a establecer la naturaleza particular de su vinculación, ya que las partes no pueden variar con su voluntad tal calidad que, se repite, ha sido determinada por la Constitución y la ley.

En ese orden, el planteamiento de la censura es equivocado pues las pruebas cuya inobservancia denunció lo único que eventualmente demostrarían sería el trato que le dio la empleadora a la promotora del litigio, no la naturaleza privada de la Fundación. Por ende, no es factible que con la voluntad de las partes pueda sustituirse la naturaleza del vínculo que está definida por la ley. Así lo ha entendido de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en las sentencias CSJ SL17173-2014 y CSJ SLSL7900-2014. En ésta última, así razonó:

Esta Sala de la Corte ha explicado que las normas que gobiernan el régimen laboral de los trabajadores al servicio del Estado son de orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento, de tal suerte que el régimen laboral a ellos aplicable es el que surja de la ley, atendiendo los criterios de clasificación en ella contenidos.

Por esa razón, ha explicado que no es dable pactar que a un trabajador se le aplique todo un régimen laboral previsto en la ley, para otro grupo de trabajadores, que no sea el que legalmente le corresponde.

También ha explicado que el vínculo de un servidor con la administración puede ser materia de modificaciones, pues la calidad de empleado público o de trabajador oficial no constituye un derecho adquirido.

Así se dijo en la sentencia del 25 de agosto de 2000, radicado 14146, en la que se trajo a colación el criterio expresado en decisiones anteriores:

[…]Aunque esos discernimientos jurisprudenciales fueron expuestos en relación con el cambio de la calidad de trabajador oficial a la de empleado público, el fundamento jurídico que los orienta también hace que sean aplicables cuando se varía la calidad de trabajador oficial a la de trabajador del sector particular, como aquí acontece.

Las anteriores consideraciones bastan para concluir que los cargos son infundados.

En consecuencia, la censura de manera errada quiere hacer ver con las pruebas denunciadas, que existió una relación laboral de carácter particular entre las partes, no obstante, se insiste, tales medios probatorios en manera alguna acreditarían el carácter privado de la Fundación.

El segundo, porque el Tribunal en ningún momento consideró que la recurrente fuera empleada pública, sino por el contrario, la catalogó como trabajadora oficial, conclusión que no resulta desacertada a la luz de las pruebas denunciadas por la recurrente, a saber: las certificaciones expedidas por la jefe de recursos humanos del Hospital San Juan de Dios, donde se indicó que la demandante prestaba sus servicios ante la extinta Fundación como «ayudante de servicios generales» (f°45 a 48).

En efecto, de acuerdo con el cargo desempeñado y la citada decisión del Consejo de Estado, la propiedad del Hospital San Juan de Dios radica en la Beneficencia de Cundinamarca, y, conforme con lo establecido por el artículo 1° del Decreto 00028 del 28 de febrero de 2005: «es un establecimiento público del orden departamental, adscrito a la Secretaría de Salud, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente», es decir, una entidad de carácter público, que pertenece al sub sector público de la salud, el cual está regulado por la Ley 10 de 1990, cuyo artículo 26 establece:

ARTICUL0 26. Clasificación de empleos. En la estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas, para la organización y prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser de libre nombramiento y remoción o de carrera. Son empleos de libre nombramiento y remoción:

[…]

PARAGRAF0. Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones. Los establecimientos públicos de cualquier nivel, precisarán en sus respectivos estatutos, qué actividades pueden ser desempeñadas mediante contrato de trabajo. (Subraya la Sala)

De acuerdo con los anteriores supuestos y la citada norma, la Sala advierte que la demandante al haber ejercido el cargo de «Ayudante de Servicios Generales», ostenta la calidad de trabajadora oficial, tal como bien lo dijo el juez de apelaciones.

Resulta oportuno recordar que los servidores públicos pueden ser de dos categorías, a saber, empleados públicos o trabajadores oficiales, denominación que es de reserva legal y no les corresponde a las partes determinarlo por un acuerdo de voluntades.

Y el tercero, porque en el fallo impugnado se indicó que no se accedería a las pretensiones reclamadas bajo dos argumentos principales: i) porque la relación laboral finalizó el 29 de octubre de 2001, tal y como lo dispuso la sentencia SU-484 de 2008, y después de esta data le correspondía demostrar los supuestos de la prestación personal del servicio, hechos que no se encontraron acreditados en el plenario y; ii) porque las acreencias reclamadas se encontraban cobijadas por el fenómeno de la prescripción, pues ya habían transcurrido más de tres años entre la finalización del vínculo laboral y la reclamación de las prestaciones. Y de acuerdo con lo anotado, es claro que la casacionista no se ocupó de atacar los verdaderos argumentos de la decisión impugnada.

Al respecto, la Sala ha considerado que «las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social» en la medida que continúan subsistiendo sus fundamentos, razón por la cual, «nada consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares, porque, en tal caso, así tenga razón en la crítica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias que dejó libres de ataque» (sentencia CSJ SL12298-2017, reiterada en CSJ SL2047-2018).

Lo anterior conlleva que se mantenga la decisión de segundo grado. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL13058-2015, reiterada en providencia CSJ SL12298-2017, se precisó lo siguiente:

[…]

La Sala reitera que la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exige el despliegue de un ejercicio dialéctico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, porque en caso contrario permanecerá incólume, soportada sobre los cimientos que resultaron útiles al Tribunal para resolver el caso sometido a su consideración.

Corresponde entonces al censor identificar los soportes del fallo que controvierte y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, si es que el fundamento de la decisión es mixto.

Los soportes fácticos de una decisión judicial, son aquellas inferencias o deducciones que el juez de alzada obtiene luego de analizar el contenido de los medios de prueba regular y oportunamente incorporados al expediente, que le permiten construir el escenario sobre el cual cobrarán vida las normas llamadas a gobernar los hechos acreditados; al paso que los jurídicos corresponden al alcance, aplicación o falta de aplicación de una o varias preceptivas llamadas a regular el aso sometido a su consideración, esto con total independencia de los aspectos de hecho que estructuran cada caso

Lo dicho en precedencia, es suficiente para concluir que los cargos no prosperan.

CARGO TERCERO

Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria por la vía indirecta, en la modalidad de falta de aplicación de los artículos 14 numeral 3, 25 numeral 9º, 40, 51 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 174, 175, 177, 187, 251, 252, 253, 254, 258, 262, 264, 268, 277 del Código de Procedimiento Civil; 3, 5, 14, 16, 22, 23, 29, 37, 39, y 140 del Código Sustantivo del Trabajo.

Como error de derecho destaca:

No tener como demostrada, estándolo, la existencia del contrato de trabajo de carácter particular, suscrito entre la demandante inicial y la Fundación San Juan de Dios para el desempeño del cargo de Ayudante de Servicios Generales

Enlista como pruebas no apreciadas, las siguientes pruebas:

El escrito de los folios 26 a 30 del cuaderno No1, en donde mi mandante solicita el reconocimiento y pago de sus acreencias laborales de origen convencional.

La certificación del folio 48 del cuaderno No. 1, en donde la jefe de recursos humanos con el visto bueno del Director General del Hospital San Juan de Dios, para el 7 de noviembre de 2001, indicó que mi mandante presta sus servicios a la Institución desde el 20 de junio de 1990, en el cargo de Ayudante de Servicios Generales, vinculada mediante contrato de trabajo a término indefinido.

La comunicación del 17 de mayo de 2011, de los folios 51 y 52 del cuaderno No1, en donde mi mandante manifiesta a la liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, la terminación unilateral de su contrato de trabajo por justa causa imputable a la empleadora.

La circular de octubre 16 de 2001, del folio5 del cuaderno del Tribunal, en donde el Director General del Hospital San Juan de Dios, se dirigió a todo el personal y le ordenó: “con el propósito de tener un registro de asistencia del personal al Hospital San Juan de Dios, en los diferentes turnos o jornadas de trabajo, solicito que cada empleado debe registrar su nombre completo, área a la cual pertenece, hora de ingreso y de egreso en los libros dispuestos para tal fin. Dicho registro se efectuará para la jornada de la mañana y tarde en la Oficina de Recursos Humanos, el personal de enfermería lo hará en esas mismas jornadas en la Oficina del Departamento de enfermería. El personal de las jornadas nocturnas se registrará en los listados que maneja la coordinación de enfermería. La anterior directriz es de aplicación inmediata”.

El oficio del folio 8 del cuaderno del Tribunal, en donde el Director Territorial de Cundinamarca del Ministerio de Protección Social, informa a Sintrahosclisas que revisados los archivos no se encontró solicitud de cierre, despidos colectivos o suspensión temporal de contratos de trabajo por parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.

La directriz No 001 de 2002 del folio 10 del cuaderno del Tribunal, en donde el director interventor de la Fundación San Juan de Dios, solicita al personal de trabajadores de Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, que tengan vacaciones causadas, que las disfruten a partir del 16 de diciembre de 2002.

El oficio de abril 4 de 2005 del director general de la Fundación San Juan de Dios, del folio 11 del cuaderno del Tribunal, en donde se informa al Procurador Delegado para asuntos Laborales, que las relaciones laborales han sido suspendidas ni terminadas por el Ministerio de Trabajo ni por la justicia ordinaria laboral, en forma general y/o colectiva.

El comunicado del 28 de diciembre de 2006, del folio 13 del cuaderno del Tribunal e el la propia liquidadora Dra Anna Karenina Gauna Palencia, expresa a los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, “que por ahora no los podía declarar insubsistentes”, es decir hasta dicha fecha ella consideraba que los contratos de trabajo estaban vigentes para el personal del Hospital San Juan de Dios.

En la demostración del cargo, la recurrente transcribe parcialmente las consideraciones del Tribunal en cuanto a la fecha de finalización del vínculo que ató la relación con la extinta Fundación y asegura que las afirmaciones hechas por el juez de apelaciones están huérfanas de prueba, pues no existe dentro del plenario un documento que acredite la finalización del vínculo, ya sea por justa causa o sin ella o por decisión judicial.

Anota que el ad quem tuvo como fecha de finalización de la relación laboral la establecida por la sentencia CC SU-484 del 2008; sin embargo, aclara que ella no fue parte de las acciones de tutela que fueron objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional que dieron origen a la mencionada decisión. Agrega que el Ministerio de la Protección Social en diferentes oportunidades ha manifestado que no autorizó a la Fundación San Juan de Dios para suspender los contratos de trabajo de sus empleados ni para realizar despidos colectivos.

Afirma que las pruebas denunciadas acreditan: i) que la prestación personal del servicio se extendió más allá del 29 de octubre de 2001, y ii) reclamó el pago de sus acreencias laborales de carácter convencional con posterioridad al 29 de octubre de 2001.

Para finalizar expresa:

El error de hecho manifiesto en los autos, de parte del Tribunal, al no dar por demostrado, estándolo, que la vigencia del contrato de trabajo celebrado entre la Fundación San Juan de Dios y mi prohijado se extendió más allá del 29 de octubre de 2001, condujo al honorable tribunal a negar el reconocimiento de las acreencias laborales solicitadas en el escrito de demanda inicial.

En efecto, del material probatorio documental en donde la demandante inicial solicita el pago de acreencias laborales de carácter convencional y demás derechos derivados del contrato de trabajo, más allá del 29 octubre de 2001, se desprende sin dubitación alguna el yerro del juez de segundo grado al limitar la vigencia del contrato de trabajo en la data más indicada.

RÉPLICA

La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público resalta errores de técnica en la demanda en tanto confunde y mezcla los diferentes submotivos de ataque en casación, pero más allá de tales falencias, asegura, no se pueden desconocer los efectos retroactivos de la sentencia de nulidad emitida por el Consejo de Estado el 8 de marzo de 2005, en armonía con los Decreto 3130 y 3135 ambos de 1968. De igual manera insiste en la calidad de empleada pública de la demandante.

El Departamento de Cundinamarca señala que esta Corte determinó que los empleados del Instituto Materno Infantil son empleados públicos. Aclara que no firmó ninguna convención colectiva y no fue empleador de la accionante.

La Fundación San Juan de Dios reitera la oposición propuesta en el cargo segundo.

CONSIDERACIONES

La Corte recuerda que el ad quem, para confirmar la decisión del juez de primera instancia, consideró que la Fundación San Juan de Dios pertenecía a la Beneficencia de Cundinamarca y nunca tuvo el carácter de institución privada; lo anterior lo derivó de la nulidad de los decretos ordenada por el Consejo de Estado. Asimismo, precisó que la actora ostentó la calidad de trabajadora oficial, pues prestó sus servicios como «ayudante de servicios generales», sin embargo, no reconoció los derechos reclamados en la demanda inicial por encontrar que estaban prescritos, toda vez que la relación finalizó el 29 de octubre de 2001 y no advirtió la existencia de una interrupción de la prescripción.

Ahora, lo que discute la demandante en el ataque, es que, estuvo vinculada mediante un contrato de trabajo de naturaleza particular, que se extendió más allá de 29 de octubre de 2001, por lo que asegura que le asiste derecho al reconocimiento de las prerrogativas convencionales más allá de la data mencionada.

Respecto a la naturaleza del vínculo ya se indicó en precedencia que, la demandante, según lo adujo el Tribunal, prestó sus servicios como trabajadora oficial en favor de la Fundación San Juan de Dios, circunstancia que no fue desvirtuada en las acusaciones anteriores. En lo que tiene que ver con la fecha de finalización del vínculo laboral, la recurrente denuncia la falta de valoración de diferentes documentos, a saber:

Certificación emitida por la «jefe de departamento de Recursos Humanos del Hospital San Juan de Dios» (fº 48)

Documento expedido por la jefe de recursos humanos de la Fundación San Juan de Dios, el 7 de noviembre de 2001, en el que hace constar que Edelmira Arias Carranza presta sus servicios a favor de dicha institución desde el 20 de junio de 1990 y «que actualmente desempeña el cargo de ayudante de servicios».

De acuerdo con lo allí consignado por el empleador, se tiene que por lo menos para cuando se expidió esa certificación el 7 de noviembre de 2001, la actora continuaba laborando para la Fundación accionada en el cargo de ayudante de servicios. En esa medida, resulta evidente el yerro fáctico por parte del juzgador de alzada al considerar que el vínculo contractual del accionante se finiquitó el 29 de octubre de 2001, pues con total independencia de lo resuelto en sentencia CC SU 484 de 2008, no podía pasar por alto ni desconocer lo acreditado a través de este medio probatorio que fue oportunamente allegado y que objetivamente da cuenta de la prestación personal del servicio con posterioridad a la calenda aludida en la citada providencia aunque se desconozca la fecha exacta en que terminó la actividad, probanza que tiene pleno valor probatorio a la luz del parágrafo del artículo 54 A del CPTSS.

En este orden, desde el punto de vista fáctico, se equivocó el juez de segundo nivel en la inferencia a la que arribó en cuanto a la fecha hasta la cual laboró la demandante, pues el documento antes analizado da cuenta de una prestación personal del servicio con posterioridad al 29 de octubre de 2001, lo cual conduce a sostener que incurrió en los yerros fácticos que le endilga la censura.

Esta Sala de la Corte resalta que de la citada prueba no se deriva discusión respecto al cargo desempeñado por la accionante, es decir, el de Ayudante de Servicios Generales, que como ya se anotó en los cargos analizados (primero y segundo) la cataloga como una trabajadora oficial.

No sobra aclarar que lo concluido en precedencia no implica una contradicción con lo sostenido por esta Sala en decisiones proferidas contra la misma fundación enjuiciada, en donde se reclaman idénticas pretensiones a las aquí solicitadas, como por ejemplo la sentencia CSJ SL1470-2019, donde se consideró que la relación legal y reglamentaria culminó el 29 de octubre de 2001, con fundamento en la sentencia CC SU 484 de 2008.

Si bien en la mencionada providencia se declaró que la fecha de culminación de las relaciones existentes con la Fundación demandada lo fue el -29 de octubre de 2001- dicho caso se trataba de una empleada pública (Bacterióloga), mientras que en el sub examine, concierne a una trabajadora oficial, lo que sin duda alguna reviste una situación fáctica totalmente diferente a la de aquel proceso.

Así igualmente razonó esta corporación en sentencia CSJ SL5401 de 2019, proferida en un proceso seguido contra las mismas entidades, en el cual también se estableció la calidad de trabajador oficial del actor al servicio de la Fundación San Juan de Dios, y en el que, al analizar una prueba con similar contenido, concluyó la posibilidad de tener por acreditada una vigencia de la vinculación más allá de la data fijada en la sentencia CC SU-484 de 2008. En esa oportunidad se indicó:

Pues bien, acorde con los argumentos expuestos y en los que funda su distanciamiento el promotor frente a la decisión de segundo grado, procede la Sala al análisis de los elementos de prueba denunciados.

1) La certificación del folio 4 expedida por la Jefe del Departamento de Personal del Hospital San Juan de Dios.

De dicho elemento probatorio se evidencia que en este la Jefe del Departamento de Personal del Hospital San Juan De Dios, el 18 de febrero de 2003, hace constar que el señor Juan de Jesús Ortiz García labora en esa institución desde el 7 de diciembre de 1987, y que «actualmente desempeña el cargo de CARPINTERO».

Conforme lo allí consignado por el empleador, se tiene que por lo menos para cuando se expidió esa certificación el 18 de febrero de 2003, el actor continuaba laborando para la Fundación accionada en el cargo de Carpintero; en esa medida, resulta evidente el yerro fáctico con la connotación de protuberante, ostensible y manifiesto del juzgador de alzada al considerar que el vínculo contractual del accionante se finiquitó el 29 de octubre de 2001, por así declararlo la Corte Constitucional en su sentencia SU 484 de 2008, pues con total independencia de lo resuelto en ese fallo, no podía pasar por alto ni desconocer lo acreditado a través de este medio probatorio que fue oportunamente allegado y que objetivamente da cuenta de la personal prestación del servicio con posterioridad a la calenda aludida en la citada providencia, probanza que tiene pleno valor probatorio a la luz del parágrafo del artículo 54 A del CPTSS.

En este orden, desde el punto de vista fáctico, se equivocó el juez de segundo nivel en la inferencia a la que arribó en cuanto a la fecha hasta la cual laboró el actor, lo cual conduce a sostener que incurrió en los yerros fácticos que le endilga el censor, lo que de contera, conlleva al quiebre de la sentencia.

Ahora bien, resulta pertinente precisar, que conforme a dicha certificación, no hay discusión alguna frente a que el señor Ortiz García se desempeñaba en el cargo de Carpintero en la enjuiciada, y en esa medida, es necesario entrar a establecer, si ostenta o no la calidad de trabajador oficial.

Para dilucidar tal aspecto, basta remitirse al fallo del Consejo de Estado con radicado n.° 11001-03-24-000-2001-00145-01 (IJ), del 8 de marzo de 2005, que examinó la legalidad de los decretos que adoptaron los estatutos de la Fundación Hospital San Juan de Dios y que estudió la naturaleza jurídica de la misma y su régimen de propiedad.

En dicho proveído, aquella Corporación explicó, que la propiedad del Hospital San Juan de Dios radica en la Beneficencia de Cundinamarca, la cual al tenor del artículo 1º del Decreto 00028 del 28 de febrero de 2005, «es un establecimiento público del orden departamental, adscrito a la Secretaría de Salud, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente».

Es decir, que en la línea de lo decidido por el Consejo de Estado en la aludida providencia, el hospital en el que ha prestado servicios el demandante está ubicado en el sub sector público de la salud, regulado por la ley 10 de 1990, cuyo artículo 26 en su parágrafo regla que en este «Son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales en las mismas instituciones», lo cual también se ha sostenido por esta Sala en las sentencias CSJ SL5170-2017 y CSJ SL4214-2108, entre otras.

Bajo este horizonte, resulta claro que al haber ejercido el promotor el cargo de Carpintero al servicio de la entidad demandada Fundación Hospital San Juan de Dios, sus actividades están destinadas al mantenimiento de la planta física hospitalaria, de esa entidad y, por ende, ostenta la calidad de trabajador oficial, acorde con lo previsto en el canon 26 de la Ley10 de 1990. CSJ SL5401-2019

No sobra aclarar, que lo concluido en precedencia, no implica una contradicción con lo que sostenido por esta Sala, en decisiones proferidas contra la misma fundación enjuiciada en donde se reclaman idénticas pretensiones a las aquí solicitadas, como por ejemplo la del rad. 69321 del 27 de nov. 2019, en lo atinente a que la fecha en que se considera culminó la relación legal y reglamentaria, puntualizándose que ello ocurrió el 29 de octubre de 2001, apoyándose en la sentencia SU 484/08, emitida por la Corte Constitucional, en la que se declaró que esa calenda debe tenerse como de terminación de las relaciones existentes entre los trabajadores y mencionada entidad.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que el caso en que se acogió esa calenda como de culminación de la vinculación laboral, se refería a situación relacionada con una empleada pública (Bacterióloga), mientras que en el sub examine, se trata de un trabajador oficial, lo que sin duda alguna es una situación fáctica totalmente diferente a la de aquel proceso. (Subraya la Sala)

Por lo expuesto, queda evidente el yerro fáctico del Tribunal al haber asegurado que la relación laboral terminó el 29 de octubre de 2001, cuando, según la constancia, se afirma haber superado esta data, aunque sin precisar la fecha final.

Derecho de petición 11 de mayo de 2001 (fº 26 a 30); comunicación del 17 de mayo de 2011 (fº 51 y 52)

El primero de los medios de prueba, corresponde a un derecho de petición presentado por la demandante ante la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá D.C., Gobernación de Cundinamarca y Beneficencia de Cundinamarca, en el cual solicita el pago de las acreencias salariales y la «interrupción del término de la prescripción». Requiere a las entidades mencionadas con el fin de que le sean canceladas las acreencias adeudadas de acuerdo con lo establecido por la convención colectiva pactada entre la Fundación San Juan de Dios y el sindicato de trabajadores de hospitales -Sintrahosclisas-, para los años de 1999 hasta el 2011, el pago de las cesantías, la pensión de jubilación y aportes al régimen de seguridad social.

La comunicación del 17 de mayo de 2011, corresponde a un documento suscrito por la misma demandante, donde indica a la liquidadora Anna Karenina Gauna que «es actualmente empleada de la Fundación San Juan de Dios», y que la mencionada fundación ha incumplido con el pago de factores salariales desde noviembre de 1999 hasta la fecha de solicitud de esta comunicación, es decir el 17 de mayo de 2011.

De acuerdo con la descripción realizada de los mencionados documentos, estos no tienen la virtualidad de demostrar que el vínculo que ató a las partes, Edelmira Arias Carranza y la Fundación San Juan de Dios se extendiera más allá del 29 de octubre de 2001, pues solo corresponde a una solicitud elevada por la misma demandante, sin ningún otro soporte que sus propias afirmaciones.

Circular octubre 16 de 2001; oficios del 19 de mayo de 2008 y del 4 de abril de 2005; y directriz No 1 de 2002 (fº 5 8 y 11 y 10 respectivamente del cuaderno del Tribunal)

La circular del 16 de octubre de 2001, corresponde a un documento emitido por el Hospital San Juan de Dios, firmado por Álvaro Casallas Gómez de quien se desconoce la calidad en que firmó la misiva, y en la que se señala «para todo el personal del Hospital», que las personas que asistan al Hospital San Juan de Dios deben registrarse.

En los oficios emitidos por la Procuraduría General de la Nación del 4 de abril de 2005 y por la Nación – Ministerio de la Protección Social, con número 25017927 del 19 de mayo de 2008, se señala que no reposa dentro de sus archivos «solicitudes de cierre de empresas, despidos colectivos y suspensión temporal» por parte del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil.

La circular obrante a folio 10 se encuentra dirigida a la jefatura de personal de la Fundación San Juan de Dios, con asunto «vacaciones causadas», y consiste en una instrucción para verificar si el personal tiene vacaciones causadas, con el fin de que entren a disfrutarlas a partir del 16 de diciembre de 2002.

El Tribunal no tuvo en cuenta estas pruebas, sin embargo, su falta de valoración no conduce a demostrar un yerro ostensible en la decisión adoptada por el colegiado, toda vez que no evidencian que la recurrente continuara prestando sus servicios al Hospital San Juan de Dios, pues estas misivas, son generales y de ellas no se desprende que fueran dirigidas de manera directa a ella.

En consecuencia, al evidenciarse el yerro fáctico en que incurrió el juez de segundo grado respecto de la primera de las pruebas denunciadas y ya analizadas, resulta suficiente para darle prosperidad al cargo, haciéndose innecesario el estudio de los siguientes ataques, dado que los asuntos que cuestionan en el cargo cuarto sobre la prescripción y su renuncia tácita, solo es posible definirlos una vez se establezca el extremo final de la relación de trabajo, en tanto que en el quinto cargo se controvierte la aplicación de las convenciones colectivas, asuntos que serán abordados en sede de instancia.

Sin costas en el recurso extraordinario, dada la prosperidad parcial de la acusación.

Para mejor proveer y proferir sentencia de instancia, por Secretaría ofíciese a la Fundación Hospital San Juan de Dios y la Beneficencia de Cundinamarca, ente territorial al que está adscrito la mencionada institución, para que en el término de quince (15) días, siguientes a la fecha de recibo, remitan al proceso la documentación en donde se acredite la fecha exacta hasta la cual la actora Edelmira Arias Carranza realmente prestó sus servicios y estuvo vinculada; el salario percibido en cada anualidad y los conceptos que le hayan cancelado por las diferentes acreencias laborales; lo anterior en atención a que conforme a las pruebas arrimadas al expediente, se acredita que esta continuó desarrollando sus actividades con posterioridad al 29 de octubre de 2001, calenda en que la Corte Constitucional declaró que habían terminado los contratos de trabajo con los servidores de esa entidad, sin que se tenga certeza de la fecha exacta hasta la cual laboró efectivamente.

Por secretaría se librarán los oficios correspondientes.

Una vez recibida la respuesta sobre la documental solicitada, póngase en conocimiento de las demás partes, por el término de ley.

Cumplido lo anterior, vuelva el proceso al despacho, para proferir la correspondiente sentencia de instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2014 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por EDELMIRA ARIAS CARRANZA contra LA NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, BOGOTÁ D.C. y la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA. Trámite al que fue vinculado como litisconsorte necesario la FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS.

Sin costas.

En sede de instancia, y para mejor proveer, se dispone:

Por Secretaría ofíciese a la Fundación Hospital San Juan de Dios y a la Beneficencia de Cundinamarca, ente territorial al que está adscrito la mencionada institución, para que en el término de quince (15) días, siguientes a la fecha de recibo, remitan al proceso la documentación en donde se acredite la fecha hasta la cual realmente prestó sus servicios y estuvo vinculada Edelmira Arias Carranza; el salario percibido en cada anualidad y los conceptos que le hayan cancelado por las diferentes acreencias laborales.

Por secretaría se librarán los oficios correspondientes.

Una vez recibida la respuesta sobre la documental solicitada, póngase en conocimiento de las demás partes, por el término de ley.

Cumplido lo anterior, regrese el expediente al Despacho para proferir la sentencia de instancia que corresponda.

Notifíquese, publíquese, cúmplase.

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN

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