Ficha de la providencia
Sentencia SL3910-2018
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL3910-2018
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL3910-2018
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
12 de septiembre de 2018
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL3910-2018
Radicación n.° 80532
Acta 34
Bogotá D. C, doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
La Corte decide el recurso de anulación interpuesto por la apoderada del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA contra el Laudo Arbitral del 5 de marzo de 2018, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS –SINPROESP- y la recurrente.
I. ANTECEDENTES
El Ministerio del Trabajo, mediante resolución número 5225 del 11 de diciembre de 2017, convocó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio para que dirimiera el conflicto colectivo suscitado entre el ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. y el SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS –SINPROESP-, el que funcionó debidamente.
II. EL LAUDO ARBITRAL
El respectivo laudo arbitral fue emitido el 5 de marzo de 2018.
El tribunal de arbitramento sostuvo que asumía «la competencia para resolver el Conflicto Colectivo de Trabajo entre ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P y El SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS "SINPROESP", de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 452 y siguientes del Código Sustantivo de Trabajo, de igual forma no se observa que el pliego de peticiones haya sido retirado y que se surtió en debida forma el trámite de la etapa de arreglo directo, sin que las partes hubiesen llegado a un acuerdo sobre ninguno de los puntos del pliego de peticiones. Por tanto el Tribunal determinó ser objeto de decisión todos los puntos del pliego de peticiones presentado por los trabajadores, teniendo en cuenta que sobre ellos no hubo ningún acuerdo en la etapa de arreglo directo».
En lo que estrictamente interesa al recurso de anulación, las cláusulas impugnadas serán transcritas al estudiar la inconformidad planteada por la apoderada del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
III. RECURSO DE ANULACIÓN
Aclaración previa
Menester resulta precisar que bien la recurrente no discrimina o particulariza los argumentos frente a cada uno de los items atacados, lo cierto es que de la lectura y análisis del recurso en su integridad es dable deducir e inferir si el Tribunal de arbitramento violó la ley o la constitución política, específicamente en los puntos controvertidos.
Sustentación
El recurso textualmente reza:
Consideramos que en la resolución del conflicto entre EL ACUEDUCTO METROPOLINATO DE BUCARAMANGA y el SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS "SINPROESP"" el Tribunal de Arbitramento otorgó beneficios superando su competencia tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de manera reiterativa
1 ARTICULOS CON IMPACTO NORMATIVO
ARTICULO PRIMERO: ESTABILIDAD LABORAL
1.2 RESTRUCTURACION, TECNIFICACION. SUPRESION DE AREAS O PUESTOS DE TRABAJO O LIQUIDACION
1.3 SUSTITUCION PATRONAL
1.4 CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
1.5 EXTENSION DEL LAUDO
SUSTENTACION DEL RECURSO
No le es dable al tribunal limitar al empleador respecto de la contratación y terminación de los contratos de los empleados. De esa manera lo reconoce el tribunal dentro de su argumentación, sin embargo, excede su competencia al incluir una cláusula de estabilidad, excediendo de esa manera su competencia.
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga como empresa debe cumplir la normatividad y procedimientos legales existentes sin que se haga necesario que los árbitros incluyan dichas determinaciones en un laudo arbitral.
El tribunal no es competente para limitar, recomendarlo o guiar al empleador respecto de cómo actuar en procesos de RESTRUCTURACION, TECNIFICACION, SUPRESION DE AREAS O PUESTOS DE TRABAJO O LIQUIDACION. Si en una convención existente con anterioridad al interior de la entidad, las partes de mutuo acuerdo han delimitado o establecido reglas de juego al respecto, el Tribunal no es competente para tomar esas cláusulas como referentes para incluir en un laudo, ya que no es de su competencia.
No se pueden escudar en el principio de equidad para otorgar a la organización sindical cláusulas que exceden lo permitido para este tipo de instancias.
Los acuerdos entre el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y otros sindicatos son respetables por consagrar la intención de las partes. No obstante, si la organización sindical no ha participado en dichos acuerdo como es el caso de SINPROESP no es posible que el Tribunal extienda o incluya cláusulas de tipo normativo en las que no son competentes como ente para resolver.
El tribunal es competente para temas económicos y de tipo sindical.
COMPETENCIA DE LA CORTE
Respecto de la competencia de la Corte Suprema de Justicia respecto del Recurso de Anulación la Jurisprudencia ha establecido que la misma Se limita a: i) Invalidar una determinada decisión cuando exhiba un motivo de anulación; (ii) declararla exequible en caso contrario, iii) Devolver el expediente a los árbitros cuando hayan omitido pronunciarse al respecto y, iv) Excepcionalmente, modular los efectos de las decisiones cuando haya un pronunciamiento afirmativo de los árbitros que amerite ser saneado para preservar su vigencia.
"El art. 143 del CP. T. y S.S. prevé: (...)
A partir de una lectura de esa disposición pueden derivarse tres (3) actuaciones que le corresponde adelantar a esta Sala de la Corte al momento de resolver un recurso de anulación: (I) declarar exequible el laudo, confiriéndole fuerza de sentencia o. lo que es lo mismo. NO anularlo: (II) anularlo cuando aparezca fundado un motivo de invalidez; (III) devolver el expediente al Tribunal cuando los árbitros hayan omitido decidir sobre algunos puntos para los cuales fueron convocados. De la mano con esas tres posibilidades de orden legal en las que puede desembocar el resultado el recurso, y de forma muy excepcional, la jurisprudencia de esta Corporación, en aras preservar la voluntad de los árbitros y. en esa medida, salvaguardar el arbitraje como uno de los medios eficaces y óptimos para la solución de los conflictos colectivos, ha aceptado la viabilidad de introducir (IV) "[...] precisos elementos que modifiquen el significado, alcance, o entidad de una cláusula, para despojarlas de los rasgos jurídicos o económicos que la hacen ilegal o inequitativa" (CSJ SL. 15 may. 2007. rad. 31381). Con ello, se busca conservar el contenido esencial de algunas cláusulas, mediante la precisión, modificación o aclaración de algunas notas o frases que, de no existir, hacen que la disposición sea perfectamente rescatable. Evidentemente, para que ello sea así. debe existir un pronunciamiento positivo de los árbitros respecto a algún punto del pliego de peticiones, que. en aras de su asepsia, la Corte pueda entrar a condicionar o modular para despojarlo de los elementos que lo hacen abiertamente inequitativo o ilegal. De esta forma, el abanico de decisiones que puede adoptar la Corte al resolver el recurso de anulación es un tanto restringido, pues se contrae a esas tres posibilidades (anula, no anula o devuelve) y a una cuarta muy excepcional (condiciona o modula). Por las mismas razones, no podría entrar a anular una cláusula y a continuación, dictar una decisión de reemplazo, dado que su competencia, por disposición legal, se agota en la anulación."
La Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral tiene competencia para anular en laudo cuando aparezca fundado un motivo de invalidez.
Al respecto, el Código Sustantivo del Trabajo (art. 458), el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (art. 143) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia han determinado los motivos y/o causales por las que procede la Anulación:
(...) (I) Anulación del laudo arbitral: Legalmente los motivos de anulación se condensan en los arts. 143 del CP. T. y S.S. y 458 del C.S.T., que establecen que hay lugar a la anulación del laudo arbitral: (a) cuando el tribunal de arbitramento «hubiere extralimitado el objeto para el cual fue convocado» o. puesto en otros términos, cuando la decisión no se circunscriba a los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo: y (b) cuando afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes.
A partir de una construcción jurídica elaborada con apego al principio jurídico de la equidad, como valor fundamental en el derecho del trabajo, la jurisprudencia de esta Sala ha consensuado en la posibilidad excepcional de anular algunas normas dispuestas en los laudos arbitrales, cuando (c) se exhiban manifiestamente inequitativas; con lo cual se abre el espectro de los motivos de anulación y se incluye una tercera de carácter excepcional. (Subraya y original fuera del original).
Devolución del expediente al Tribunal de Arbitramento: De acuerdo con la regla prevista en el apartado segundo del art. 143 del CP. T. y S.S.. si la Sala «hallare que no se decidieron en el decreto de convocatoria, devolverá el expediente a los árbitros. con el fin de que se pronuncien sobre ellas». En este orden, es enteramente plausible que, ante decisiones inhibitorias, el recurrente persiga a través del recurso, no la anulación del laudo sino su devolución al tribunal para que éste decida un tema de su competencia.
Modulación o condicionamiento del laudo arbitral: Dado que la intención de quien recurre en estos eventos es la de conservar la esencia de la decisión de ios árbitros y obtener la eliminación o supresión de aquellos elementos o rastros de ilegalidad o inequidad vertidos en la cláusula, los motivos que deben argüirse son los mismos previstos para la anulación del laudo, pero con un enfoque distinto, es decir, orientado no a obtener la anulación total de las disposiciones sino a salvaguardar su contenido primordial mediante la modificación o supresión de aquellos aspectos accesorios que entren en contradicción con el orden jurídico y mínimos estándares de equidad (..,)".
Invocamos la causal excepcional establecida por la jurisprudencia de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia que "(…) (i) Anulación del laudo arbitral: Legalmente los motivos de anulación se condensan en los arts. 143 del C.P.T. y S.S. y 458 del C.S.T., que establecen que hay lugar a la anulación del laudo arbitral: (a) cuando el tribunal de arbitramento «hubiere extralimitado el objeto para el cual fue convocado» o, puesto en otros términos, cuando la decisión no se circunscriba a los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo; y (b) cuando afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes.
Hemos demostrado plenamente como el Tribunal se extralimito en su competencia a incluir cláusulas normativas pactadas con otras organizaciones sindicales escudados en el principio de equidad.
FUNDAMENTO JURIDICO Y JURISPRUDENCIAL
Recurso de anulación, con radicado No. 77220; Acta 30 Bogotá, D. C, veintitrés (23) de agosto de dos mil diecisiete (2017), (M.P. Gerardo Botero Zuluaga)
"Por conflictos económicos o de intereses se ha entendido que son los que surgen por intereses contrapuestos de la relación capital - trabajo, con la finalidad de crear nuevas condiciones laborales, satisfacer o modificar las existentes y que tienen incidencia en el patrimonio de los intervinientes, mientras que el jurídico o Radicación n. ° 77220 5 de derecho versa sobre una discrepancia ante el incumplimiento legal o frente a la interpretación de una norma que debe ser aplicada a un evento concreto, de allí que este último se encuentre reservado, exclusivamente, a la autoridad competente para que lo dirima.
Así mismo se ha enfatizado, que el conflicto económico bien puede ser individual o colectivo, siendo relevante para la negociación este último, en la medida en que busca resolver aspectos relacionados con intereses profesionales o de grupo, mientras que los otros aspiran a regular o definir derechos puntuales e individuales, aunque en este puedan converger distintos sujetos y es lo que se ha denominado poi la doctrina como conflictos plurales (Ver Recomendación 130 OIT).
Estas son distinciones que. por demás, se encuentran incorporadas en el Decreto Legislativo 2158 de 1948 del Código Procesal del Trabajo, convertido en legislación permanente por el Decreto Legislativo 4133 del mismo año. y en las que se prohijaron las de la Organización Internacional del Trabajo, otorgándole por tanto a los jueces laborales el conocimiento, únicamente, de los conflictos jurídicos (artículo 3 CPTSS).
De forma que. al marco de la negociación estarán adscritas las peticiones relacionadas con el conflicto económico colectivo y en el evento en el que a través de los mecanismos de autocomposición no sea posible definir total o parcialmente las diferencias de las partes, se ha previsto. Radicación n. ° 77220 6 en el ordenamiento jurídico colombiano, la definición a través del Tribunal de Arbitramento -voluntario u obligatorio, según la fase en la que aquella se encuentre-, el cual se erige para asegurar, de un lado, que el desacuerdo no se prolongue de manera indefinida, y persigue que se consoliden relaciones laborales armónicas, y de otro, por parte del Estado -cuando es obligatorio-, el deber de garantizar la paz social y con ella el normal desarrollo de las actividades económicas.
Por las características propias del conflicto económico, que es el llamado a definir, es que tal Tribunal tiene una particularidad: que su decisión se dicta en equidad, en la medida en que se aspira a generar un equilibrio en la asignación de cargas y de beneficios, atendiendo las circunstancias del caso concreto, en la que por tanto se ponderen los intereses contrapuestos, circunscrita a un deber de responsabilidad que recae en los árbitros, cual es el de posibilitar la ejecutabilidad de su decisión; por ello es que se impone que las cláusulas sean equitativas, no acudiendo a las disquisiciones legales para su soporte y en tal sentido este excepcional recurso solo es viable cuando la decisión sea abiertamente inequitativa o haya trasgredido la competencia que a aquellos se les asignó.
Ahora bien, lo que cuestiona el Sindicato es la declaratoria de incompetencia del Tribunal de Arbitramento, en punto a la cláusula del pliego de peticiones en la que se reclamó la indemnización de perjuicios, originada en la «expropiación de cerca de doce Radicación n. ° 77220 7 toneladas hurtadas a la organización sindical en cabeza de la señora Almacenista Municipal para el periodo 2013-2014» y acude a este recurso para que la Sala lo devuelva y disponga su definición.
No obstante, en contravia a tal solicitud, para la Corte no es viable, pues es evidente que tal articulado no podía ser objeto de definición a través del laudo arbitral, de allí que esa declaratoria de incompetencia, que debe entenderse como una decisión inhibitoria en punto a la cláusula debatida, no fuese equivocada, pues atendió que el contenido de la misma entrañaba una discusión propia de un conflicto jurídico que no económico, en la medida en que el mismo advertía en principio la titularidad de los bienes en cabeza del Sindicato y la afirmación de una apropiación ilegal por parte del municipio, que estimaron, de forma unánime, los árbitros. debía ser dilucidada a través de los mecanismos legales previstos para el efecto, menos por cuanto, como se explicó, aquellos solo están circunscritos a las reclamaciones que tengan por objeto dirimir el debate en punto a temas económicos."
SOLICITUD
Con base en lo expuesto solicitamos a la Sala de Casación Laboral bajo el supuesto "(...) (i) Anulación del laudo arbitral: Legalmente los motivos de anulación se condensan en los arts. 143 del C.P.T. y S.S. y 458 del C.S.T., gue establecen gue hay lugar a la anulación del laudo arbitral: (a) cuando el tribunal de arbitramento «hubiere extralimitado el objeto para el cual fue convocado» o, puesto en otros términos, cuando la decisión no se circunscriba a los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo; y (b) cuando afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes.
Los Honorables Magistrados que integran la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, declaren la ANULACIÓN de la totalidad de los siguientes artículos del laudo:
ARTICULO PRIMERO: ESTABILIDAD LABORAL
1.2 RESTRUCTURACION, TECNIFICACION, SUPRESION DE AREAS O PUESTOS DE TRABAJO OLIQUIDACION
1.3 SUSTITUCION PATRONAL
1.4 CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
1.5 EXTENSION DEL LAUDO
La impugnante busca la anulación de los siguientes puntos:
ESTABILIDAD LABORAL
Pliego de peticiones
« PRIMERA PETICION 1. ESTABILIDAD LABORAL
A partir de la vigencia de la presente convención colectiva de trabajo, la Empresa garantizara la estabilidad a los trabajadores PROFESIONALES a su servicio vinculados mediante contrato de trabajo (sic) término indefinido y para aquellos vinculados mediante contrato realidad, en consecuencia sólo podrá dar por terminado sus contratos de trabajo con justa causa previamente comprobada y surtiendo el procedimiento que para tal fin se regula en la presente convención colectiva de trabajo No producirá ningún efecto la terminación del contrato de trabajo que contravenga lo dispuesto en la presente clausula y en consecuencia el trabajador podrá pedir el reintegro por la via (sic) ordinaria laboral a un cargo de igual o superior categoría y remuneración salarial, el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales. El afectado contara con el término señalado en el articulo (sic) 488 del C.S.T. para demandar el reintegro».
Laudo arbitral
MOTIVACION:
Este tribunal no puede limitar al empleador con lo que respecta a la contratación en lo referente a sus formas y tampoco a lo que respecta a la terminación de los contratos, ni mucho menos amparar como se deja ver en la solicitud a trabajadores que tengan otro tipo de contrato diferente al laboral; conforme a la ley y la jurisprudencia de la sala laboral de la CSJ concede la petición en el único sentido de que la empresa debe respetar el debido proceso y garantizar al trabajador el ser escuchado antes de tomar una decisión respecto de la comisión de una falta que pueda dar como consecuencia la terminación del contrato de trabajo
SE RESUELVE ASI:
PETICIÓN 1: ESTABILIDAD LABORAL
"La empresa podrá terminar los contratos de trabajos conforme a las causales determinadas en la ley respetando los procedimientos legales y convencionales establecidos".
Argumentos de la sociedad recurrente
1º) No le es dable al tribunal limitar al empleador respecto de la contratación y terminación de los contratos de los empleados. De esa manera lo reconoce el tribunal dentro de su argumentación, sin embargo, excede su competencia al incluir una cláusula de estabilidad, excediendo de esa manera su competencia.
2º) El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga debe cumplir la normatividad y procedimientos legales existentes sin que se haga necesario que los árbitros incluyan dichas determinaciones en un laudo arbitral.
IV. CONSIDERACIONES
No encuentra la Corte que lo dispuesto en relación a la terminación del contrato de trabajo limite y choque con la facultad que tiene el empleador de despedir invocando o no las causales instituidas en la ley, desde luego, asumiendo los efectos y responsabilidades de su proceder consagrados en las normas laborales que gobiernan la materia, pues lo que expresa la norma arbitral y su motivación es que «conforme a la ley y la jurisprudencia de la sala laboral de la CSJ concede la petición en el único sentido de que la empresa debe respetar el debido proceso y garantizar al trabajador el ser escuchado antes de tomar una decisión respecto de la comisión de una falta que pueda dar como consecuencia la terminación del contrato de trabajo».
Entonces, lo que se observa es que el cuerpo arbitral en aras de garantizar el debido proceso y defensa del trabajador dispuso que antes de dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa deba ser escuchado y tenga la oportunidad de presentar sus descargos para que sea la misma empresa la que adopte la decisión pertinente, y ello, en sentir de la Corte, no afecta la esencia jurídica de la terminación unilateral del contrato individual del trabajo y la posibilidad del empleador de adoptar medidas administrativas, y mucho menos lesiona los derechos o facultades del empleador tales como aquellos que emanan de su calidad de subordinante, de propietario y director de la empresa y establecimiento.
Por lo discurrido, no hay méritos para anular la disposición bajo estudio.
2) REESTRUCTURACIÓN, TECNIFICACION, SUPRESION DE AREAS O PUESTOS DE TRABAJO, O LIQUIDACIÓN – SUSTITUCIÓN PATRONAL
Pliego de peticiones
SEGUNDA PETICIÓN
Cuando el ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E S P por cualquier razón disponga adelantar proceso de Reestructuración, Tecnificación. supresión de áreas y/ó (sic) puestos de trabajo, ó (sic) la liquidación de la Empresa, no podrá dar por terminados los contratos de trabajo alegando una justa causa o una causa legal. Bajo esta circunstancia los trabajadores profesionales vinculados con contratos a término indefinido serán reubicados en un puesto de trabajo en la misma empresa y si es necesario recibirán la capacitación necesaria, conservando los beneficios prestacionales. salariales y convencionales
Laudo arbitral
MOTIVACION:
El punto se ha concedido de la misma manera que se encuentra regulado en la actual convención colectiva entre el AMB y SIMTRAEMDES con el fin de no generar detrimento alguno en los peticionarios. No se concede respecto a la liquidación de la empresa estabilidad alguna ya que carecería de toda lógica garantizar estabilidad laboral cuando la empresa ha dejado de existir. Así mismo la ley establece un procedimiento en los casos de liquidación o clausura definitiva de la empresa o en el caso del despido colectivo.
SE RESUELVE ASI:
PETICIÓN 2: RESTRUCTURACION, TECNIFICACION, SUPRESION DE AREAS O PUESTOS DE TRABAJO O LIQUIDACION
"Cuando la Empresa sea objeto de un proceso de tecnificación o reestructuración que implique la supresión de uno o varios cargos, el personal que a la fecha los desempeñé, vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido, no le será terminado su contrato de trabajo y recibirá la capacitación, en caso de ser necesaria para su reubicación en otros frentes de trabajo, conservando sus beneficios prestacionales y convencionales".
Pliego de peticiones
TERCERA PETICION
SUSTITUCION PATRONAL
En el evento de que la empresa del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E S.P., por cualquier razón cambie de propietario, sea escindida, se fusione, sea Absorbida por otra empresa, se entregue en administración o cambie de razón social, los contratos de trabajo suscritos con los trabajadores profesionales afiliados a 'SINPROESP", permanecerán vigentes, sin ninguna modificación y los derechos convencionales, prestacionales y salariales seguirán siendo reconocidos por el nuevo empleador, sin que se presente solución de continuidad en el vínculo laboral.
Laudo arbitral
MOTIVACION:
Este tribunal decide Aprobar por Unanimidad esta petición con el texto propuesto en el pliego en estudio.
Por lo tanto este punto es decidido de manera unánime por los árbitros. SE RESUELVE ASI:
PETICION3: SUSTITUCION PA TRONAL
"En el evento de que la EMPRESA DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A ESP, por cualquier razón cambie de propietario, sea escindida, se fusione, sea absorbida por otra Empresa, se entregue en administración o cambie de razón social los contratos de trabajo suscritos con los trabajadores profesionales afiliados a "SINPROESP", permanecerán vigentes sin ninguna modificación y los derechos convencionales, prestacionales y salariales seguirán siendo reconocidos por el nuevo empleador, sin que se presente solución de continuidad en el vínculo laboral"
-Argumentos de la sociedad recurrente
1º) No le es dable al tribunal limitar al empleador respecto de la contratación y terminación de los contratos de los empleados. De esa manera lo reconoce el tribunal dentro de su argumentación, sin embargo, excede su competencia al incluir una cláusula de estabilidad, excediendo de esa manera su competencia.
2º) Los árbitros no son competentes para limitar, recomendar o guiar al empleador respecto de cómo actuar en procesos de restructuración, tecnificación, supresión de áreas o puestos de trabajo o liquidación. Si en una convención existente con anterioridad al interior de la entidad, las partes de mutuo acuerdo han delimitado o establecido reglas de juego al respecto, el tribunal no es competente para tomar esas cláusulas como referentes para incluir en un laudo, ya que no es de su competencia.
3º) «hay lugar a la anulación del laudo arbitral (…) (b) cuando afecte derechos o facultades de las partes reconocidas en la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes». (folio 198).
Para la Corte, los argumentos expuestos sirven para controvertir la cláusula que hace referencia a la sustitución patronal, tal como se explicará al resolver la norma pertinente.
V. CONSIDERACIONES
Sin duda, los temas concernientes a la supresión de cargos, adecuación de la planta de personal, traslados, permanencia en el empleo de los trabajadores, son aspectos que corresponden a facultades propias del empleador, que se enmarcan dentro del derecho a la libre empresa, que apareja la potestad de dirección, organización, conducción y manejo empresarial. Definitivamente, no corresponden a facultades de los árbitros (sentencia de anulación CSJ SL, del 27 de oct. 2009, rad. 41497- reiterada en providencia CSJ SL13304-2016).
De suerte que dichos preceptos arbitrales se convierten en realidad en una camisa de fuerza para el empleador, pues lejos de volver dinámica su actividad, la convierte en estática, con consecuencias perturbadoras para el buen desarrollo de su objeto social que implica traumatismos de orden administrativo. Ello por cuanto debe suponerse, por ejemplo, que la supresión de cargos tienen como finalidad la de procurar el mejoramiento del servicio, en este caso, público y, por ende, la norma así plasmada hace primar el interés particular de los trabajadores sobre el interés general, lo cual es contrario a la Constitución.
También debe advertirse que las normas arbitrales bajo estudio escapan la competencia de los árbitros, pues desconocen el poder subordinante del empleador, en virtud del cual es a éste a quien compete el direccionamiento y administración de su empresa y el uso del ius variandi, con los límites que respecto de éstos aspectos marcan la constitución y ley.
De otra parte, si el tribunal de arbitramento no tiene competencia por ejemplo, para temas relacionados con supresión porque está asignada a la Constitución y la ley, tampoco la tiene para establecer los efectos de la sustitución patronal, como lo podría ser precisamente a través de una reestructuración en los términos consagrados en la norma arbitral que antecede y, que como se dijo, será anulada. Recuérdese que la recurrente presta un servicio público, lo que significa que, está sujeta en estricto rigor, dado su objeto social, a específicas reglas de estirpe constitucional y legal que, desde luego, los árbitros no pueden desconocer.
Cumple recordar que igualmente esta Corte ha enseñado, con persistencia, que los arbitradores tampoco tienen competencia para pronunciarse en lo que respecta a los efectos de la sustitución de empleadores es un asunto de estipe jurídico, como sería, por ejemplo los efectos de una reestructuración de la norma anterior, ya que la dicha figura tiene una regulación legal tanto en el sector público como en el privado y ella procura respetar los derechos de los trabajadores, pues sus implicaciones son precisamente disminuir los fenómenos que les sean nocivos con ocasión del cambio del empleador, de manera que la nueva situación no sea perjudicial para el normal funcionamiento de las relaciones entre asalariados y empleadores.
Al punto, la Sala en sentencia CSL SL, del 4 de sep. 2007, rad. 32093, también expresó:
A juicio de la Corte, por ser la figura jurídica de la sustitución patronal un aspecto de estricta regulación legal, no le es dable al Tribunal de arbitramento proveer sobre el tema planteado, para alterar su contenido y alcance, pues el mismo ordenamiento jurídico existente es el que establece los requisitos para que se configure ese fenómeno y el marco de las responsabilidades del antiguo y el nuevo empleador.
Adicionalmente, como el contenido del artículo del pliego, envuelve un asunto rigurosamente jurídico, en la medida en que prevé las consecuencias que tal situación genera, los árbitros no tenían competencia para discurrir sobre dicho tema.
Como resulta claro, y dados los precedentes señalados, existen suficientes razones para anular las normas bajo examen.
3). CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Pliego de peticiones
DÉCIMA TERCERA PETICION
13
A partir de la vigencia de la presente convención colectiva de trabajo La Empresa se compromete a adelantar campañas de reforestación en los predios que hagan parte de las cuencas altas de captación del recurso hidrico (sic), destinando como mínimo del 2% de las utilidades de cada año.
En la misma dirección la Empresa destinara los recursos necesarios para la compra de predios destinados a la conservación y garantía del recurso hídrico (sic) en las cuencas Lo anterior implica como consecuencia la prohibición de vender cualquier predio que tenga como destino la conservación de los recursos hidricos (sic), en el área de influencia directa de las cuencas abastecedoras
Laudo arbitral
MOTIVACION:
Este Tribunal considera que no es de su competencia imponer a la Empresa obligaciones que comprometan las utilidades, no obstante no se puede desconocer la legislación y normatividad vigente en lo atinente a la protección y mejora del medio ambiente y la protección a los recursos Hídricos, en consecuencia, y a la luz del decreto 0953 del 11 de Mayo de 2013, la Empresa Acueducto Metropolitano de Bucaramanga gestionará ante el ente territorial para que se cumpla lo establecido en el mencionado Decreto 0953 de 2013 en lo referente a los recursos hídricos.
Por lo anterior este Tribunal por Unanimidad decide aprobar el siguiente texto:
SE RESUELVE ASI:
PETICION No 13: CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
"A partir de la vigencia del presente Laudo Arbitral, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga gestionara y propicionará ante la autoridad territorial competente todas las acciones tendientes a la protección y mejoramiento del recurso hídrico dentro de los parámetros establecidos por el decreto.
RESUELVE (…)
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
A partir de la vigencia del presente Laudo Arbitral, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga gestionara y propiciara ante la autoridad territorial competente todas las acciones tendientes a la protección y mejoramiento del recurso hídrico dentro de los parámetros establecidos por el decreto 0953 del 17 de Mayo de 2013.
Argumentos de la sociedad recurrente
La Corte entiende que el planteamiento de la impugnante se contrae en que «El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga debe cumplir la normatividad y procedimientos legales existentes sin que se haga necesario que los árbitros incluyan dichas determinaciones en un laudo arbitral».
VII. CONSIDERACIONES
Lo concerniente a conservación de los recursos hídricos está regulado en Ley 99 de 1993, modificada por la 1450 de 2011, reglamentada por el Decreto 0953 de 2013, luego es un asunto estatuido en la ley, que debe cumplir la sociedad recurrente pues es de su naturaleza intrínseca su observancia y obligatoriedad y, adicional, el tribunal también carece de competencia al atribuirle obligaciones que deba satisfacer el empleador frente a terceros, por no ser directamente sus trabajadores, pues una decisión así extralimita el propósito del laudo, cual es, definir las condiciones que gobernarán los contratos de trabajo.
De suerte que habrá de anularse dicha disposición.
4). EXTENSIÓN DEL LAUDO
-Pliego de peticiones
PETICION 15: EXTENSION DE LA CONVENCION
"Esta Convención es aplicable únicamente a los trabajadores PROFESIONALES de la Empresa ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SA E.S.P, afiliados a "SINPROESP" y que estén vinculados mediante contrato realidad y que se afilien a la organización sindical.
• Laudo arbitral
MOTIVACION:
Siendo el sindicato peticionario restrictivo en su afiliación el tribunal reconoce tal situación y en ese orden de ideas decide conceder la petición en el sentido de que los trabajadores que hayan sido vinculados mediante contrato de trabajo sean afectados por ella, pero no puede acceder a que trabajadores que eventualmente sean afiliados al sindicato mediante otras formas de contratación sean beneficiarios del presente laudo arbitral, ya que el tribunal no es competente para eventualmente declarar derechos cuando existan dudas acerca de la contratación laboral o no de los trabajadores.
SE RESUELVE ASI:
PETICION 15: EXTENSION DEL LAUDO
"Este Laudo Arbitral es aplicable a los trabajadores profesionales de la empresa vinculados mediante cualquiera de las formas de contratación en cuanto a la duración del mismo y que estén afiliados o se afilien a la Organización Sindical "SINPROESP" y que hayan escogido a este Laudo Arbitral como su norma de aplicación colectiva".
-Argumentos de la sociedad recurrente
En sentir de la Sala el descontento de la impugnante lo explica: (i) «no se pueden escudar en el principio de equidad para otorgar a la organización sindical cláusulas que exceden lo permitido para este tipo de instancias»; y (ii) en que los acuerdos «entre el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y otros sindicatos son respetables por consagrar la intención de las partes. No obstante, si la organización sindical no ha participado en dichos acuerdo como es el caso de SINPROESP no es posible que el Tribunal extienda o incluya cláusulas de tipo normativo en las que no son competentes como ente para resolver».
VIII. CONSIDERACIONES
Como se recuerda el tribunal de arbitramento motivó su decisión en que siendo «el sindicato peticionario restrictivo en su afiliación el tribunal reconoce tal situación y en ese orden de ideas decide conceder la petición en el sentido de que los trabajadores que hayan sido vinculados mediante contrato de trabajo sean afectados por ella, pero no puede acceder a que trabajadores que eventualmente sean afiliados al sindicato mediante otras formas de contratación sean beneficiarios del presente laudo arbitral, ya que el tribunal no es competente para eventualmente declarar derechos cuando existan dudas acerca de la contratación laboral o no de los trabajadores».
Y resolvió que «Este Laudo Arbitral es aplicable a los trabajadores profesionales de la empresa vinculados mediante cualquiera de las formas de contratación en cuanto a la duración del mismo y que estén afiliados o se afilien a la Organización Sindical "SINPROESP" y que hayan escogido a este Laudo Arbitral como su norma de aplicación colectiva».
En el horizonte trazado, se observa que los árbitros estimaron que el laudo arbitral se aplicará a los trabajadores afiliados y a los que se llegaren a afiliar a la organización denominada «SINPROESP», es decir, que no extendió sus beneficios a servidores diferentes a los miembros de dicho sindicato, ni tampoco determinó que este sindicato se beneficie de convención no suscrita por él, como parece entenderlo la impugnante.
No sobra memorar lo adoctrinado por esta Corporación en providencia de anulación SL11654-2015, en la que explicó:
Advierte la Sala que, en cuanto al campo de aplicación del laudo, el tribunal accedió en parte a la petición del sindicato que fue formulada en los términos de que los beneficios reconocidos en la decisión arbitral se aplicarían «…a todos los trabajadores (as) sindicalizados activos al servicio de la empresa…», puesto que, en el laudo, finalmente se dispuso que este se aplicará «…a todos los trabajadores activos al servicio de la empresa (as) (sic) afiliados al sindicato peticionario o que estén en las condiciones legales que lo hagan extensivo a otros trabajadores, conforme a los artículos 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo…».
En síntesis, la inconformidad del recurrente sobre este punto se contrae a la falta de competencia del tribunal por dos razones: i) la cláusula sobre el campo de aplicación tiene una naturaleza normativa; y ii) las partes tenían acordado, en la convención anterior, que los beneficios de la convención únicamente se aplicaban a los trabajadores que ingresaron antes del 1º de enero de 2001.
Sobre el campo de aplicación de los beneficios convencionales, esta Corte, en la sentencia 36147 de fecha 17 de octubre de 2008, enseñó lo siguiente:
…la Corte recuerda que, sin duda, la convención colectiva de trabajo constituye una de las manifestaciones más robustas del derecho y de la libertad de negociación colectiva, garantizada, fomentada, estimulada y promovida por la Constitución y la ley como verdadera fuente de paz laboral.
Su misión primordial, es el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los asalariados, mediante la consecución de beneficios que rebasan los consagrados legalmente a su favor. Así lo ha reconocido la jurisprudencia del trabajo, cuando dijo:
“La convención colectiva de trabajo es considerada como la institución central del derecho colectivo del trabajo y el mayor logro de los esfuerzos y luchas del sindicalismo por situarse en la contratación laboral frente al patrono en un plano de igualdad para la regulación de las condiciones de trabajo. Su finalidad inmediata es el mejoramiento del nivel de existencia de los trabajadores, obteniendo para éstos prerrogativas económicas y sociales superiores a las que consagra la ley. Esta es una filosofía jurídica y social aceptada por el Estado moderno como necesidad primordial en el mantenimiento de las instituciones propias de la democracia que permite hacer todo aquello que la ley no prohíbe” (Sentencia de 29 de octubre de 1982).
Ha explicado la Sala que el Código Sustantivo del Trabajo ha dedicado tres de sus textos -los artículos 470, 471 y 472- para regular el ámbito de aplicación de la convención colectiva de trabajo. Con arreglo al primero (subrogado por el artículo 37 del Decreto 2351 de 1965), ésta beneficia solamente a los miembros del sindicato que la haya celebrado y a quienes adhieran a ella o ingresen posteriormente al sindicato, cuando el número de afiliados a éste no exceda de la tercera parte de la totalidad de los trabajadores de la empresa. (Negrilla de la Sala)
A voces del segundo (subrogado por el artículo 38 del Decreto 2351 de 1965), el acuerdo colectivo se aplica a todos los trabajadores de la empresa, sean o no sindicalizados, en la hipótesis en que el sindicato que lo haya celebrado agrupe a más de la tercera parte del total de trabajadores de aquélla; aplicación que también se da cuando el número de afiliados al sindicato llegare a exceder del límite señalado, después de la firma de la convención.
Conforme al último, el Gobierno puede disponer la extensión de la convención colectiva de trabajo a otras empresas distintas de las que fueron partes, siempre que se reúnan las condiciones ahí prescritas.
Ese campo forzoso de aplicación de la convención colectiva de trabajo fijado por el legislador constituye un mínimo, que, como tal, puede ser superado a través de su extensión a trabajadores no comprendidos en aquél, en razón de admitirlo así libre y voluntariamente el empleador. Esa ha sido la doctrina de esta Sala de la Corte vertida, entre otras, en la sentencia de 28 de noviembre de 1994 (Rad. 6962), en la que se asentó: (Negrilla de la Sala)
“La ley fija el campo de aplicación forzoso de un acuerdo colectivo. En principio solamente es aplicable a los propios contratantes, a los afiliados al sindicato que lo celebró, a los adherentes al convenio y a quienes con posterioridad a su firma se afilien a aquél; pero también ordena su extensión a todos los trabajadores de la empresa cuando el sindicato pactante agrupe a más de la tercera parte de su personal y en el evento de que un acto gubernamental así lo disponga, previo cumplimiento de los presupuestos indicados en el artículo 472 del Código Sustantivo del Trabajo. Excepcionalmente, por razones especiales, la jurisprudencia ha admitido la exclusión del ámbito de aplicación, por convenio entre las partes, de ciertos trabajadores, generalmente directivos de la empresa, dado su carácter de representantes del empleador, o incluso sin necesidad de acuerdo expreso, en tratándose de representantes legales o negociadores de la parte patronal.
“Pero la regulación de eventos en que la aplicación convencional es imperiosa por mandato legal, no impide en manera alguna que el empleador contraiga el compromiso de aplicar los beneficios que de ella se deriven a trabajadores que no están incluidos en el campo de aplicación estatuido por la ley, salvo que ésta expresamente lo prohíba por razones superiores, como ocurre por ejemplo con el personal directivo de ciertas entidades públicas (arts. 9° de la L. 4ª/92 y 3° de la L. 60/90).
“Es que los preceptos legales sobre extensión de la convención a terceros constituye el mínimo de derechos que puede ser mejorado por la obligación que contrae el empleador de manera libérrima siempre que con ello no quebrante disposiciones de orden público o no desquicie los principios que informan la contratación colectiva y su derrotero”.
De lo anterior se extrae que, tratándose de un sindicato minoritario, el campo de aplicación del acuerdo que este logre comprenderá, por regla general, a todos los trabajadores vinculados a dicha organización, extensión mínima establecida por la ley, la cual puede ser ampliada únicamente por mutuo acuerdo de las partes negociadoras. A contrario sensu, por tratarse de un campo de aplicación mínimo en virtud de la ley, las partes no pueden por consenso reducirlo.
Así pues, no incurrió en falta de competencia el tribunal al disponer que el laudo arbitral se aplicará a todos los trabajadores afiliados a la organización sindical parte de la negociación colectiva, dado que él no hizo otra cosa distinta que ceñirse al mínimo legal comentado.
En conclusión, conforme a lo establecido en el artículo 458 del CST y lo asentado por la jurisprudencia de vieja data, verbigracia en la citada por el recurrente, CSJ SL 22 de jul. de 1990, No. 3999, el tribunal de arbitramento del sublite sí era competente para delimitar el campo de aplicación conforme al mínimo establecido en la ley, a más de que tal aspecto fue materia de negociación no saldada; se reitera una vez más que la autoridad jurisdiccional de los árbitros definida por el legislador en el precitado artículo 458 está enmarcada dentro de los puntos del pliego respecto de los cuales no se haya producido acuerdo en la etapa de arreglo directo y «…su fallo no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes.»
Por tanto, no se anulará dicho punto.
En esta perspectiva, se rechaza la solicitud de anulación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO.- ANULAR del Laudo Arbitral del 5 de marzo de 2018, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA y SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS –SINPROES- lo siguiente:
ARTÍCULO SEGUNDO: RESTRUCTURACIÓN, TECNIFICACIÓN, SUPRESIÓN DE ÁREAS O PUESTOS DE TRABAJO O LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO TERCERO: SUSTITUCIÓN PATRONAL
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.
Segundo. NO ANULAR lo demás del Laudo Arbitral del 5 de marzo de 2018, proferido por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo surgido entre el ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA y el SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS –SINPROESP-
Cópiese, notifíquese y envíese el expediente al Ministerio del Trabajo para lo de su cargo.
FERNANDO CASTILLO CADENA
Presidente de Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
Recurrente: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.
Opositor: Sindicato de Trabajadores Profesionales de Empresas de Servicios Públicos (SINPROESP)
Radicación: 80532
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Como tuve la oportunidad de manifestarlo en la Sala, me aparto de la decisión mayoritaria de anular el artículo 3.º del Laudo Arbitral, por las razones que expongo a continuación.
La cláusula en mención consagra:
PETICION (SIC) 3: SUSTITUCION (SIC) PATRONAL
"En el evento de que la EMPRESA DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A ESP, por cualquier razón cambie de propietario, sea escindida, se fusione, sea absorbida por otra Empresa, se entregue en administración o cambie de razón social los contratos de trabajo suscritos con los trabajadores profesionales afiliados a "SINPROESP", permanecerán vigentes sin ninguna modificación y los derechos convencionales, prestacionales y salariales seguirán siendo reconocidos por el nuevo empleador, sin que se presente solución de continuidad en el vínculo laboral".
Frente a la anterior disposición, en la providencia se determina que el Tribunal de arbitramento no tenía competencia para pronunciarse sobre los efectos de la sustitución de empleadores, por ser un asunto que está regulado legalmente tanto en el sector público como en el privado.
Al respecto, considero que no era necesario dejar sin efecto esa norma colectiva, toda vez que la determinación de los árbitros se dirigió a reproducir lo que dispone la ley sobre la sustitución patronal. Así pues, aunque tal disposición se torna redundante, en realidad no produce ningún efecto económico práctico; luego su anulación tampoco tendría consecuencia alguna.
Y es que así lo ha señalado reiteradamente esta Sala, en casos en los que si bien no se discute el mismo beneficio, se estudió la posibilidad que tiene el Tribunal de plasmar en el laudo, entre otros, principios fundamentales del derecho del trabajo, como en las sentencias CSJ SL2283-2014, CSJ SL3430-2018, CSJ SL3325-2018, CSJ SL4748-2018.
En consecuencia, considero que no es anulable una cláusula en la que los árbitros incorporen expresamente beneficios o derechos ya existentes en la ley o en la Constitución, dado que hacerlo resultaría inane.
En los anteriores términos salvo parcialmente el voto.
Fecha ut supra.
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada
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