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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3949-2022

Fecha
9 de noviembre de 2022
Magistrado ponente
Donald Jose Dix Ponnefz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3949-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso seguido por JAIRO ACUÑA OLMOS contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en cuanto revocó la decisión condenatoria de primer grado. En sede de instancia, RESUELVE: PRIMERO: ADICIONAR el numeral cuarto de la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 1 de agosto de 2019, en el sentido de ORDENAR a PROTECCIÓN S.A., trasladar a COLPENSIONES, además de todos los emolumentos que hubiere recibido con motivo de la vinculación de JAIRO ACUÑA OLMOS, como cotizaciones, sumas adicionales de la aseguradora, bonos pensionales, y los que conforman la cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos, los valores cobrados por el fondo privado a título de gastos de administración, comisiones, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, los cuales deberán ser indexados para corregir la pérdida del poder adquisitivo por fenómenos inflacionarios, durante todo el tiempo que el accionante permaneció en el RAIS, con cargo a sus propios recursos. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión del a quo. Costas, como se expuso en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3949-2022

Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz

9 de noviembre de 2022

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

Magistrado ponente

SL3949-2022

Radicación n.°90228

Acta 41

Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por JAIRO ACUÑA OLMOS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 26 de noviembre de 2019, en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Se reconoce personería al abogado Yesid Mauricio Vega Peña, para actuar en representación de Jairo Acuña Olmos, conforme al poder que obra en el expediente digital de la Corte.

Asimismo, se reconoce personería a la abogada Yolanda Herrera Murgueitio representante legal de SERVICIOS LEGALES LAWYERS LTDA, sociedad a quien Colpensiones otorgó poder general, según Escritura Pública n.° 3366 del 2 de septiembre de 2019, protocolizada en la Notaría Novena del Círculo de Bogotá D.C. Igualmente, la sustitución que la nombrada profesional otorgó al abogado Jeisson Ariel Sánchez Pava, en los términos allí señalados.

ANTECEDENTES

Jairo Acuña Olmos llamó a juicio a las administradoras de fondos de pensiones, para que se declarara la «nulidad de afiliación» efectuada a Protección S.A., en «agosto de 1994 (sic)», «por el incumplimiento de los deberes legales de información», los cuales generaron un error de hecho que vició su consentimiento; y, la activación de la afiliación en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM).

En ese orden, solicitó que se ordenara el regreso al RPM administrado por Colpensiones, junto con la totalidad del capital acumulado en la cuenta individual, incluidos los rendimientos y la actualización de la historia laboral; y, consecuencialmente, la pensión de vejez con base en la Ley 797 de 2003; lo ultra y extra petita; y, las costas procesales.

Fundamentó sus pedimentos, en que nació el 24 de junio de 1955, que cotizó a través de los siguientes empleadores:

FONDO

ENTIDAD

DESDE

HASTA

PÚBLICO

ENTIDAD PÚBLICA

1-jun-80

30-jun-83

ISS

CAJA COMP FAMIL ANDERCOP

16-may-84

1-ene-86

ISS

CLÍNICA MARLY S.A.

31-oct-85

22-oct-90

ISS

SOC CIRUGIA HOSP SAN JOSÉ

26-nov-87

1-oct-88

ISS

LAB ELECTRO ALTFA LTDA

18-ene-91

1-feb-93

ISS

LAB CARDIOLOGÍA INTEG

20-ene-93

31-jul-94

FONDO

CARDIOLOG LAB DE CARDIOLOGIA INTEG

1-ago-94

31-dic-94

FONDO

CARDIOLOG LAB DE CARDIOLOGIA INTEG

1-feb-95

31-oct-11

FONDO

ACUÑA OLMOS JAIRO

1-nov-03

31-dic-06

FONDO

ACUÑA OLMOS JAIRO

1-feb-07

30-nov-11

ISS

CARDIOLOG LTDA

1-nov-11

31-oct-13

ISS

JAIRO ACUÑA OLMOS

1-dic-11

31-oct-13

FONDO

ACUÑA OLMOS JAIRO

1-nov-13

31-mar-15

FONDO

CARDIOLOG LAB DE CARDIOLOGIA INTEG

1-nov-13

31-jul-16

ISS

ACUÑA OLMOS JAIRO

1-abr-15

31-jul-15

FONDO

ACUÑA OLMOS JAIRO

1-ago-15

31-jul-16

Narró que se afilió a Protección S.A., en «agosto de 1994 (sic)», data para la cual había cotizado 679 semanas; que el asesor comercial omitió suministrarle información sobre las implicaciones del traslado, tales como la naturaleza propia de cada régimen, desventajas del RAIS, distintos escenarios comparativos de pensión y beneficios de permanecer en el RPM, en atención a la densidad de aportes e incidencia del promedio salarial con el que los realizaba - $298.110-.

Indicó que contrató asesoría para determinar la conveniencia de permanecer en el RAIS, la cual arrojó como resultado que Protección S.A. «le había generado un conocimiento falso de la realidad», de manera que el 10 de marzo de 2017, requirió a dicha entidad y a Colpensiones la documentación relacionada con su afiliación y la declaratoria de nulidad de ese acto jurídico, a consecuencia de la omisión de información al momento de la afiliación a la AFP, en tanto «generó un vicio en el consentimiento»; y, que tal petición solo fue contestada por la AFP de manera adversa (fs.°3 a 32).

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió la edad del demandante, la época del traslado al RAIS, el salario promedio de cotización y, la falta de respuesta a la solicitud de nulidad. De los demás supuestos indicó que no eran ciertos o que no le constaban.

Manifestó que los pedimentos no estaban llamados a prosperar, por cuanto: i) no se reunieron las exigencias para retornar al RPM, según los Decretos 692 de 1994 y 3995 de 2008 y lo adoctrinado en las sentencias CC C789-2002 y CC SU062-2010, ya que el accionante no estaba amparado por el régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993; que debió solicitarlo «cuando le faltaban menos de 10 años para cumplir el requisito de la edad para adquirir su derecho a la pensión»; ii) el acto jurídico de afiliación al RAIS no adolecía de nulidad, ya que no soportaba vicios del consentimiento «error, fuerza y dolo», en los términos del art. 1508 del CC, puesto que el asegurado de manera voluntaria se afilió a la AFP; y, iii) en todo caso, fue saneada conforme lo prevé el art. 1754 del CC.

En su defensa, formuló las excepciones de fondo de: «inexistencia del derecho para regresar al régimen de prima media con prestación definida», «inexistencia del derecho al reconocimiento de la pensión pretendida», «prescripción», «caducidad», «inexistencia de causal de nulidad», «saneamiento de la nulidad alegada» y la «innominada o genérica» (fs.°107 a 115).

La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., al responder, se opuso a los pedimentos, pero que se atenía a lo ordenado en el juicio. De los hechos, aceptó la fecha en la que el demandante se afilió a la entidad; que le solicitó los documentos que contienen el traslado al RAIS y, que denegó la nulidad de afiliación. Señaló de los demás supuestos que no eran ciertos o que no le constaban.

Aseveró que el accionante no acreditó 15 años de servicios al 1 de abril de 1994, por lo que era inviable el retorno al RPM; que no tenía conocimiento de la gestión comercial e información que le brindó el asesor para efectos del traslado al RAIS, como quiera que ese acto jurídico aconteció hacía 24 años, aunado que en ese tiempo era «casi imposible realizar proyecciones de pensión, considerando que en ese momento no se cuenta con la información precisa de la historia laboral» que solo se constituyó a partir de la vinculación.

Resaltó que siempre ha estado dispuesta a brindar a sus afiliados, la información que requieran para definir el futuro pensional, de suerte que no era de recibo la inconformidad del actor, pues si no le suministró «asesoría profesional completa», fue porque no la solicitó. Elevó las excepciones de mérito de «inexistencia de nulidades por no configurarse un vicio en el consentimiento», «prescripción» y la «genérica» (fs.°132 a 138).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá D.C., a través del fallo de 1 de agosto de 2019 (f.° cd. 172), decidió:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción propuestas por las demandadas, en relación con la declaratoria de ineficacia de la afiliación del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepción de petición anticipada, en relación con el derecho pensional reclamado por el demandante a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

SEGUNDO: DECLARAR que la afiliación del señor JAIRO ACUÑA OLMOS […], al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS, administrado por PROTECCIÓN S.A., fue ineficaz y, por consiguiente, no produjo efectos jurídicos.

TERCERO: DECLARAR que el señor ACUÑA OLMOS se encuentra válidamente afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - hoy a cargo de COLPENSIONES, y que esta entidad tiene la obligación legal de validar la vinculación del demandante a ese régimen pensional, sin solución de continuidad, según las consideraciones expuestas.

CUARTO: ORDENAR a PROTECCIÓN S.A., a trasladar a COLPENSIONES, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la vinculación del demandante señor JAIRO ACUÑA OLMOS, como cotizaciones, sumas adicionales de la aseguradora, bonos pensionales, todos los valores que conformen la cuenta de ahorro individual del demandante, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

QUINTO: ORDENAR a COLPENSIONES, recibir el traslado de fondos a favor del demandante que efectúe PROTECCIÓN S.A., y a convalidarlos en la historia laboral del demandante, para efectos de la suma de semanas a que haya lugar en ese régimen pensional y frente a un eventual derecho pensional que le pudiese asistir al demandante.

SEXTO: ABSOLVER de las demás pretensiones incoadas en contra de las demandadas, según las razones expuestas.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a las demandadas COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. En firme la presente providencia, por secretaría, practíquese la liquidación de costas, incluyendo como agencias en derecho a cargo de cada una por valor de $800.000 M/Cte.

OCTAVO: ORDENAR la consulta de ésta sentencia a favor de COLPENSIONES, remítase el expediente a la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial, en las condiciones ya señaladas (Negrillas de la Sala).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., al desatar el recurso de apelación promovido por Colpensiones y el grado jurisdiccional de consulta a su favor, mediante sentencia del 26 de noviembre de 2019, revocó la decisión del a quo, e impuso costas solo en primera instancia a cargo del promotor del litigio (f.°cd. 187).

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado precisó que debía resolver si procedía la nulidad o ineficacia del traslado del RAIS y, en caso positivo, asignar los respectivos efectos jurídicos.

Analizó la jurisprudencia contenida en las sentencias CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL12136-2014, CSJ SL037-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1452-2019, CSJ SL1897-2019 y CSJ SL3852-2019, para ilustrar que esta Sala de Casación solo en «casos especialísimos» ha «activado» la inversión de la carga de la prueba, para «autorizar» el traslado de régimen pensional, con el razonamiento en que le correspondía a la AFP demostrar la «debida diligencia en el suministro de una información adecuada y coherente con la situación pensional del interesado o afiliado, pero en el momento de la afiliación».

Señaló que el anterior criterio, era aplicable a quienes habían cumplido los requisitos «para adquirir una pensión con régimen de transición o, se encontraban muy cerca de consolidar su derecho pensional con ese régimen»; que precisamente el traslado al RAIS había limitado o restringido la posibilidad de acceder al beneficio del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; de ahí que, «la demostración de la similitud fáctica es la que activa la inversión de la carga de la prueba».

Resaltó que de acuerdo a la jurisprudencia, invertir la carga de la prueba en cabeza de las administradoras de pensiones, no constituía una regla de carácter general que exhortaba a los operadores judiciales a aplicarla en todos los asuntos en los que se pretendía la nulidad o ineficacia de la afiliación al RAIS, puesto que solo operaba cuando el asegurado era beneficiario del régimen de transición, ya que, de no ser así, debía acreditarse que al momento de la «afiliación se incurrió en un vicio del consentimiento».

Indicó que el actor en la demanda inaugural (f.°3 a 32), adujo que la administradora de fondos privada no le informó las implicaciones de traslado de régimen, beneficios, desventajas, escenarios comparativos, etc., y, que por ello, contrató una asesoría particular que arrojó como resultado que «había sido engañado por la AFP»; pero que, tales argumentos no eran suficientes «para invalidar la afiliación a un fondo de pensiones como un acto negocio jurídico bilateral, consensual, conmutativo y aleatorio al no constituir ninguno de esos supuestos un vicio del consentimiento», según el art. 1502 del CC, ya que las particularidades y características que diferencian uno y otro régimen, desde los puntos de vista legal y financiero, no generan que el RAIS sea una opción pensional inválida o ilícita, máxime cuando tenía la garantía de pensión mínima (CSJ SL19447-2017 y CSJ SL4964-2018).

Expuso que el accionante al momento en que se trasladó al RAIS – 12 de julio de 1994- (fs.°35 y 157), no era beneficiario del régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993, como quiera que al 1 de abril de 1994, fecha en que entró en vigor el Sistema Integral de Seguridad Social, contaba 39 años de edad, en tanto nació el 24 de junio de 1955 (f.° 34), ni acreditó 15 años de servicios, pues solo había cotizado al ISS, 503.42 semanas (fs.° 55-56 y 120 a 122).

De esta manera, indicó que era necesario que el afiliado hubiere cumplido con los requisitos mínimos de edad y densidad de semanas de cotización para trasladarse de régimen, es decir, «no tenía una expectativa pensional siquiera cerca del régimen de prima media que abandonaba por su propia voluntad, y con el previo conocimiento y consentimiento debidamente informado».

Aclaró:

[…] en el análisis probatorio hay que tener en cuenta que, aunque para quienes no hacen parte del régimen de transición la información también debe ser clara, completa y suficiente, para la fecha del traslado del aquí demandante al RAIS como quedó visto, en este caso, no existía en cabeza de él un riesgo objetivo, consolidado y cuantificable que tuviera que ponérsele de presente, dada su circunstancia laboral y personal y, como consecuencia, la información suministrada a dicho interesado, no podía ser distinta a la consagrada en los artículos 29 y siguientes de la Ley 100 de 1993, norma que para la época de su traslado ya había sido promulgada.

Además, desde el punto de vista probatorio, hay que tener en cuenta que al igual que el demandante pudo satisfacer el término mínimo legal de permanencia en el régimen pensional para poder pasar al otro, en su inicial traslado del régimen de prima media al RAIS, también tuvo la posibilidad de trasladarse nuevamente en los términos dispuestos en la ley, con las limitantes establecidas para todos los afiliados pasados 3 años de su primer traslado, y luego de la entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, dentro del primer año de su vigencia y hasta antes de que le faltan menos de 10 años para arribar a la edad mínima pensional en su caso.

Luego de remitirse a las sentencias CC SU 354-2017 y CC C621-2015, que tratan sobre la obligatoriedad y alcance de la aplicación del precedente jurisprudencial, y las decisiones de tutela STP2082-2019, STP4431-2019 y STP11358-2019, a la ineficacia del traslado, concluyó que el cambio de régimen no causó una «lesión injustificada» al derecho pensional del actor, en tanto: i) se encontraba válidamente afiliado al Sistema Integral de Seguridad Social y, ii) el monto y disfrute de su eventual prestación quedaron supeditados, «por su libre y espontánea manifestación de voluntad a los requisitos que están previamente señalados en la Ley 100 de 1993», de acuerdo a la modalidad que optó en el régimen privado.

Definió que en este caso, la carga de la prueba radicaba en cabeza del afiliado, de conformidad con el art. 167 del CGP, que no satisfizo «con las vagas afirmaciones realizadas en su demanda»; además que la única probanza que reposaba en el plenario era el formulario de afiliación del que no se extraía «ninguna clase de presión y/o constreñimiento» de que fue inducido a suscribirlo, sino todo lo contrario, que su decisión de vinculación a la AFP fue de manera libre y voluntaria y, por ende, la entidad cumplió con el deber de información, en los términos del Decreto 692 de 1994.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que esta Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado.

Con tal propósito, formula tres cargos, por la causal primera de casación, que obtuvieron réplica por Colpensiones y que se estudiarán de manera conjunta, pues, aunque se dirigen por vías de ataque disímiles, tienen semejanza en la proposición jurídica, argumentación y finalidad que se persigue.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia impugnada, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1, 3, 4, 5, 11, 13, 33, 36, 64, 68, 96, 97, 114, 141, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; 11 del Decreto 692 de 1994; 97 y 98 del Decreto 663 de 1993; 2 de la ley 797 de 2003; 1 y 3 del Decreto 3800 de 2003; 3 del Decreto 1161 de 1994; 1502; 1508 a 1516 y 1603 del CC; 19 del CST; 12, 13 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año; Acto Legislativo 01 de 2005; 8 de la Ley 153 de 1987; 48 y 53 de la CN y 145 del CPTSS, en relación con los artículos 164 y 167 del CGP.

Presenta los siguientes errores de hecho:

Considerar sin ser verídico, que la inversión de la carga de la prueba procede solo en aquellos casos [en] que los demandantes habían cumplido los requisitos para adquirir una pensión con régimen de transición.

Considerar sin ser verídico, que la inversión de la carga de la prueba procede solo en aquellos casos [en] que los demandantes se encontraban muy cerca de consolidar su derecho pensional con régimen de transición.

Considerar sin ser verídico, que la inversión de la carga de la prueba procede solo en aquellos casos que con la decisión de traslados se cuarto limitó y restringió la posibilidad de acceder al régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley de 100 de 1993.

Considerar sin ser verídico, que la inversión de la carga de la prueba procede solo en aquellos casos [en] que se discute la perdida (sic) de la transición.

Considerar sin ser verídico, que para la resolución de esta litis en tanto el supuesto fáctico de las decisiones que ha emitido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema en esta materia, hasta hoy han correspondido siempre a afiliados que con el traslado perdieron los beneficios propios del régimen de transición que no es el caso de el (sic) demandante.

Considerar sin ser verídico, que si el afiliado demandante no es beneficiario de la transición normativa, deberá entonces, si pretende, la nulidad o ineficacia de la afiliación al RAIS, probar que se incurrió en un vicio al consentimiento.

Considerar sin corresponder a la evidencia, que en el asunto que estudia la sala no puede decirse que, con su decisión de traslado de régimen pensional, al aquí demandante se le causó una lesión injustificada en su derecho de acceso a la prestación pensional o se le haya impedido u obstaculizado su acceso al derecho.

Considerar sin ser verídico que para la fecha del traslado del aquí demandante al RAIS, cómo (sic) quedó visto, en este caso, no existía en cabeza de el (sic) un riesgo objetivo consolidado, cuantificable que tuviera que ponérsele de presente dada su circunstancia personal y laboral y como consecuencia la información suministrada a dicho interesado no podía ser distinta a la consagrada en los artículos 59 (sic) y siguientes de la ley 100 de 1993, normas que para la época de su traslado ya había (sic) sido promulgada (sic).

Considerar sin ser verídico, que la jurisprudencia que se ha expedido hasta hoy por la Corte Suprema de Justicia, sala de casación laboral respecto a la carga de la prueba en estos procesos si parte de la regla del deber de información a cargo de la AFP privadas (sic), pero a su vez, establece una subregla de aplicación solamente a los casos en los que el traslado del régimen de prima media al RAIS le ha causado al afiliado una lesión injustificada en su derecho de acceso a la prestación pensional por tener a su favor el interesado la expectativa de adquirir su derecho pensional en el régimen de prima media con fundamento en el régimen de transición de la del (sic) que era titular el interesado al momento del traslado y sin que las subreglas hasta hoy haya (sic) sido extendido (sic) o aplicada (sic) por la sala de casación laboral a casos en los que el afiliado no es titular de la Transición normativa del artículo 36 de la ley 100 de 1993 o por lo menos esta sala de decisión no conoce ese antecedente.

10.Considerar en contra de la evidencia, que el monto de el (sic) demandante de su eventual prestación pensional y su disfrute quedaron supeditados por su libre y espontánea manifestación de voluntad.

11.Considerar sin ser verídico, que corre a cargo de la parte actora si pretendía la ineficacia de la afiliación o la nulidad la obligación de probar los hechos afirmados en la demanda.

12.Considerar sin ser verídico, que el deber legal y procesal de el (sic) demandante era demostrar que la AFP privada lo hizo incurrir en un error, que ese error en que se le hizo incurrir por la A.F.P. privada, le generó, es un error de derecho y que ese error de hecho en que le hizo incurrir la AF.P. Privada le causa una lesión injustificada en su derecho de acceso a la prestación pensional.

13.Considerar sin corresponder a la evidencia, que a las documentales que obran en el expediente no evidencian ninguna clase de presión y constreñimiento que refleje que fue inducido a firmar el formulario [de] afiliación, sin previamente contar con su consentimiento y conocimiento previo, debidamente informado.

14.Considerar sin corresponder a la evidencia, que la AFP demandada demuestra que con el formulario de afiliación el demandante deja constancia que ella se vincula a la entidad de manera libre y voluntaria y sin presión alguna.

15.Considerar sin corresponder a la evidencia, que en su momento la A.F.P. Privada cumplió con el deber de información en los términos y para los fines previstos en el Decreto Ley 692 de 1994.

16.Considerar en contra de la evidencia, que el demandante fue asesorado, sobre todos los aspectos propios de los fondos pensionales, la forma de financiación de las pensiones y sobre los requisitos para acceder a las pensiones de este régimen.

17. Considerar sin corresponder a la evidencia, que no hay prueba de un vicio del consentimiento que induzca avalar el cambio de régimen.

18. Considerar sin corresponder a la evidencia, que el actor no contaba ni con la edad ni con las semanas necesarias para determinar que con dicha actuación se estaba vulnerando su derecho a la seguridad social en un régimen pensional que voluntariamente abandonaba, más aún cuando no tenía siquiera una expectativa cercana de pensionarse con requisitos consagrados en normas anteriores a la ley 100 1993.

19.Considerar sin corresponder a la evidencia, que la vinculación de El (sic) demandante estaba precedida de una asesoría suficiente.

20.Considerar en contra de la evidencia que el fondo privado PROTECCION, no indujo en error a el (sic) demandante al momento del traslado.

21.Considerar sin corresponder a la evidencia, que no era evidente que a el (sic) demandante le convenía más estar en uno u otro régimen pensional al momento del traslado.

22.No dar por demostrado, estándolo, que el traslado realizado por el demandante al régimen de ahorro individual no fue una decisión adoptada en forma libre y voluntaria.

23.No dar por demostrado, estándolo, que el demandante suscribió el formulario de afiliación por el error inducido y/o por el dolo con el que obró la administradora de pensiones, de modo que el consentimiento que prestó el señor JAIRO ACUÑA OLMOS en el momento de suscribir el traslado de régimen está viciado.

24.No dar por demostrado, estándolo, que el traslado que suscribió El señor JAIRO ACUÑA OLMOS, no fue libre, espontáneo y voluntario y en todo caso con conocimiento previo sobre los efectos que esa decisión provocaría en su prestación pensional, luego que si (sic) hubo una información engañosa que le fue suministrada al demandante.

25.No dar por demostrado estándolo que existen elementos de juicio que permiten establecer el vicio del consentimiento para declarar la ineficacia del traslado de el (sic) demandante del régimen de prima media al de ahorro individual.

26.No dar por demostrado estándolo que procede la nulidad del traslado de el (sic) demandante del régimen de prima media al de ahorro individual.

Acusa de apreciación «indebida» la demanda inaugural (fs.°1 a 32) y las contestaciones de Colpensiones (fs.° 107 a 115) y Protección S.A. (fs.° 132 a 138); el formulario de afiliación (f.°35); y el interrogatorio de parte del representante de Protección S.A. (f.° cd. 154).

Reproduce apartes del interrogatorio rendido por el representante legal de Protección S.A., para señalar que incurrió en las siguientes «confesiones»:

El único documento que se reviso (sic) en la fecha de traslado de El (sic) demandante fue la cedula (sic) de ciudadanía.

No reposa la elaboración de proyecciones o simulación pensional.

En el expediente administrativo lo único que reposa es un formulario de afiliación en el cual da cuenta que el señor demandante se afilió en el año 1994 a PROTECCION esto conforme a la contestación de la demanda.

No hay documental alguna adicional dentro de la base de datos de mi representada con respecto al proceso de afiliación de el (sic) demandante tan solo existe el formulario de afiliación como constancia del traslado.

Revisada la contestación y sus anexos y expediente administrativo se evidencia que es falaz lo manifestado por el representante legal de protección (sic) “Se encontraba la afiliación que acabo de mencionar, se encontraba una re asesoría que se le realizó al señor en el año 2010 si no estoy mal.”

Revisado el expediente no aparece ninguna simulación pensional.

No se le envió una comunicación personal a el (sic) señor JAIRO ACUÑA OLMOS antes de estar en la prohibición del articulo (sic) 13 de la ley 100 de 1993.

Expone que la AFP omitió analizar su situación en particular, razón por la que no le suministró ningún tipo de información como beneficios, inconvenientes y prerrogativas del régimen pensional al que emigraba incumpliendo sus deberes legales, pues tal obligación no solo cobija a aquellos beneficiarios del régimen de transición sino a todos los afiliados.

Aduce que el colegiado desacertó al «no haber valorado» el interrogatorio del representante legal de Protección que, de manera conjunta con la errónea apreciación de los «documentos arrimados al expediente», conllevó que estimara que con la simple firma del formulario de afiliación era suficiente para acreditar el consentimiento informado, «yerro ostensible que deja sin piso la decisión emanada». Cita la sentencia CSJ SL19447-2017.

Trae a colación las providencias CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL 1236-2014, CSJ SL4464-2018, CSJ SL037-2019, CSJ SL 1688-2019, CSJ SL1452-2019, CSJ SL 1897-2019 y CSJ SL3852-2019, que sirvieron de soporte al Tribunal, para indicar que «difieren sustancialmente del caso estudiado», pues versan sobre afiliados que con el traslado perdieron el régimen de transición.

Menciona que Protección S.A., en la contestación pretendió desmentir las afirmaciones indefinidas que se consignaron en el escrito de inicial, «en especial la respuesta a los hechos 6,5 al 6,15», que quedaron abolidos con lo confesado por el representante legal. Que desde el inicio de la litis se trasladó la carga de la prueba a la parte pasiva; de manera que, es evidente que de las probanzas aportadas no reposa «ningún tipo de documento» que dé cuenta que le brindaron la información que tenía que conocer, a fin de que su decisión de traslado «hubiese sido una potestad debidamente ejercida, una decisión por su propia cuenta y riesgo», y con ello considerarla libre de todo vicio del consentimiento.

Resalta que el Tribunal aplicó en «forma indirecta» e indebida la ley sustancial, al desconocer los principios de progresividad e irrenunciabilidad del derecho pensional, situación que además condujo a que se vulneraran los fines del Estado Social de Derecho y el art. 5 de la CN, que reconoce los derechos inalienables de las personas, sin discriminación alguna.

CARGO SEGUNDO

Denuncia la sentencia impugnada, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, transgresión que indujo a la aplicación indebida de los art. 1, 3, 11, 13, 33, 64, 68, 96 y 97 ibídem; 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; 2 de la Ley 797 de 2003; 1 y 3 del Decreto 3800 de 2003; 3 del Decreto 1161 de 1994; 1502, 1508 a 1516 del CC; 19 del CST; 8 de la Ley 153 de 1887; 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; 48 y 53 de la CN y 145 del CPTSS, en relación con los art. 164 y 167 del CGP.

Afirma que el operador judicial erró al indicar, que las enseñanzas jurisprudenciales eran aplicables a quienes acreditaban los requisitos del régimen de transición, o a que «tuviesen una condición especial o una expectativa legítima o un derecho consolidado o próximo a consolidarse» pues, los pronunciamientos de esta Corporación hacen referencia al deber que tienen las administradoras de pensiones de suministrar toda la información que requiere un afiliado del RPM, cuando se le invita a cambiarse al RAIS, con el propósito de que esa escogencia sea libre y voluntaria, conforme lo exige «los requisitos previstos en los incisos tercero y cuarto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993».

Dice que tampoco acertó el juez plural al señalar que esta Sala de Casación ha ordenado la «nulidad o ineficacia de traslado entre régimen pensionales» solo en casos especialísimos, en los que se ha invertido la carga de la prueba a las AFP, a fin de demostrar la «debida diligencia en el suministro de una información adecuada y coherente con la situación pensional del afiliado, pero no al momento de la afiliación al RAIS» y, cuando tienen un derecho adquirido o una expectativa legítima.

Sustenta lo anterior, en la sentencia CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, que adoctrinó que la carga de la prueba les corresponde a las administradoras de pensiones por virtud del deber de información y, la obligación que tienen de proporcionar los elementos relevantes para la toma de la decisión, aunado a que son quienes se encuentran en «mejor posibilidad o posición de probar los hechos que se han puesto a consideración», ya que cuentan con bases de datos y tecnología para recolectar la documentación.

CARGO TERCERO

Ataca la sentencia impugnada, por la vía directa en el submotivo de interpretación errónea del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, transgresión que condujo a la aplicación indebida de los arts. 1, 3, 11, 13, 33, 36, 64, 68, 96 y 97 de ibídem; 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; 2 de la Ley 797 de 2003; 1 y 3 del Decreto 3800 de 2003; 3 del Decreto 1161 de 1994; 1502, 1508 a 1516, 1604, 1610, 1740 del CC; 19 del CST; 8 de la Ley 153 de 1887; 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año; 48 y 53 de la CN y 145 del CPTSS, en relación con los artículos 164 y 167 del CGP.

Plantea que el juez plural se equivocó por el «uso indebido de las normas del Código Civil que se señalaron en la proposición jurídica», ya que la decisión de traslado de régimen debía efectuarse conforme a lo dispuesto en los arts. 13 y 271 de la Ley 100 de 1993, «es decir en forma libre y voluntaria, de modo que exige que la información ofrecida sea cierta, real, veraz y sin ningún tipo de sesgo, luego de incumplirse esa especial condición, la misma ley establece que el acto es ineficaz».

Insiste en que al momento del traslado, la entidad se sustrajo del cumplimiento de su deber de información y asesoría, lo que no se superaba con la simple suscripción del formulario pre-impreso de afiliación. Reitera los argumentos expuestos en los otros cargos, relativos a las implicaciones jurídicas que acarrean la omisión de las administradoras y, la inversión de la carga de la prueba.

RÉPLICA

Colpensiones manifiesta que el «supuesto engaño» debe ser analizado conforme a otros factores externos, tales como «la solicitud de información genérica, la actualización de datos electrónicos, asignación y cambio de claves en las plataformas del fondo privado, [y] el traslado de los fondos». (CSJ SL 413-2018); que el afiliado no es un sujeto pasivo ni puede considerarse como «indefenso», puesto que como cualquier otro consumidor financiero tiene el deber de informarse (CSJ SL1688-2019).

Añade que no es razonable ni válido imponer a las administradoras, obligaciones no previstas en la ley al momento del traslado y que hacerlo, atentaría contra los principios de confianza legítima, legalidad y debido proceso, y que la carga dinámica e inversión de la prueba exige la igualdad entre las partes, bajo los parámetros de buena fe y lealtad procesal, además de que por «regla general» a cada interviniente le corresponde probar el supuesto de hecho que exhibe, atendiendo las situaciones particulares del caso.

CONSIDERACIONES

En el sub examine, no son supuestos fácticos controvertidos los siguientes: i) que Jairo Acuña Olmos nació el 24 de junio de 1955 (f.°34); ii) que se afilió al ISS hoy Colpensiones el 16 de mayo de 1984 (f.°55); iii) que no reúne las exigencias del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y, iv) que el 12 de julio de 1994, suscribió formulario de traslado de régimen a Cesantías y Pensiones Colmena hoy Protección S.A. (f.°35 y 157).

En lo ateniente a la viabilidad de ineficacia del traslado de régimen pensional, esta Sala de Casación Laboral ha adoctrinado que la elección del régimen pensional debe ser libre, voluntaria y precedida de una orientación clara y veraz sobre las ventajas o desventajas del cambio de régimen. En la sentencia CSJ SL373-2021, se indicó:

En efecto, en sentencia CSJ SL1452-2019, reiterada entre otras, en CSJ SL1688-2019 y CSJ SL1689-2019, la Corte puntualizó que la obligación de dar información necesaria en los términos del numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, hace referencia «a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones. Por lo tanto, implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado».

En cuanto a la transparencia, la Corte especificó que dicha obligación consistente en el deber de dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, «los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios». Según esta Sala, «la transparencia impone la obligación de dar a conocer toda la verdad objetiva de los regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar sobre lo malo y parcializar lo neutro» (CSJ SL1452-2019).

Es de resaltar que si bien el ad quem analizó el fallo CSJ SL1452-2019, le dio un interpretación que no corresponde, pues allí se precisó que no es requisito que al momento del cambio de régimen, el afiliado cuente con un derecho adquirido o una expectativa legítima o que sea beneficiario del régimen de transición, para exigir la ineficacia del traslado, además de que la afirmación de omisión en el suministro de información, invierte la carga probatoria en cabeza de la AFP, en tanto «el trabajador no puede acreditar» que no la recibió y, por ende, «corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo».

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que lo relevante para que opere la ineficacia del traslado, es la falta de la debida información y asesoría sobre las consecuencias del cambio de régimen pensional (CSJ SL2611-2020).

Ahora, en cuanto al deber de asesoría de las administradoras de pensiones, esta Corte en la pluricitada sentencia CSJ SL1452-2019, hizo un recuento evolutivo en los siguientes términos:

Etapa acumulativa

Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información

Contenido mínimo y alcance del deber de información

Deber de información

Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993

Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003

Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal

Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales

Deber de información, asesoría y buen consejo

Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009

Decreto 2241 de 2010

Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle

Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.

Ley 1748 de 2014

Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015

Circular Externa n. 016 de 2016

Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

[…]

Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido.

Por ello, en el caso bajo examen le asiste razón a la recurrente, dado que el Tribunal, al concentrarse exclusivamente en la validez formal del formulario de afiliación, omitió indagar, según las normas vigentes a 1995, fecha del traslado, si la administradora dio efectivo cumplimiento al deber de brindar información suficiente, objetiva y clara sobre las consecuencias del traslado.

Por lo visto, tampoco es plausible el argumento del colegiado, en cuanto a que para la época del traslado del demandante al RAIS, no existía un «riesgo objetivo, consolidado y cuantificable», ya que la información que debía brindarse «no podía ser distinta a la consagrada en los artículos 29 y siguientes de la Ley 100 de 1993» pues, siempre han tenido la obligación de suministrar la información necesaria para que los asegurados puedan «adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional».

En otras palabras, la acreditación del «consentimiento informado», está en cabeza de las administradoras de pensiones (CSJ SL1688-2019); de ahí que, aunque el formulario de afiliación preimpreso (f.°35), contiene la aceptación expresa de Jairo Acuña Olmos de que se trasladaba a Colmena hoy Protección S.A., de forma libre y voluntaria, ello no podía generar la convicción de que se cumplió con el deber de información, como de forma desacertada lo estimó el juez de alzada (CSJ SL373-2021).

Por lo expuesto, se concluye que el ad quem no le otorgó la adecuada interpretación a la jurisprudencia de esta Corporación, al estimar: i) que la ineficacia del traslado solo operaba en los casos en que existía una «lesión injustificada», es decir, cuando afiliado cuente con un derecho adquirido o expectativa legítima o sea beneficiario del régimen de transición; ii) que únicamente se invierte la carga de la prueba en cabeza de la administradora, en los mencionados supuestos; y, iii) que con el formulario de afiliación se demostraba que la decisión del demandante de vincularse a la AFP fue de manera libre y voluntaria y, por ende, se entendía que la entidad «cumplió con el deber de información».

Lo anterior, resulta suficiente para concluir que el Tribunal se equivocó en su decisión, sin que sea necesario abordar los demás supuestos fácticos.

En consecuencia, prosperan los cargos y se casará la sentencia impugnada. Sin costas en el trámite extraordinario, dada su prosperidad.

SENTENCIA DE INSTANCIA

A fin de resolver el recurso de apelación formulado por Colpensiones y el grado jurisdiccional de consulta, se traen las consideraciones expuestas, en sede de casación y, se precisa que esta Corte, entre otras, en la sentencia CSJ SL3199-2021, adoctrinó que ante el cuestionamiento sobre la validez del traslado de régimen, el estudio en sede jurisdiccional «debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a sus consecuencias prácticas (art. 1746 CC)».

De manera que en el sub judice, procede la ineficacia del traslado que conlleva retrotraer todos los efectos jurídicos de la afiliación, es decir, como si nunca hubiere ocurrido, pues esa es la consecuencia jurídica a la transgresión del deber de información, como así lo coligió el juez unipersonal.

En ese orden, se adicionará el numeral cuarto de la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 1 de agosto de 2019, en el sentido de ordenar a Protección S.A., trasladar a Colpensiones, además de todos los emolumentos que hubiere recibido con motivo de la vinculación de Jairo Acuña Olmos, como cotizaciones, sumas adicionales de la aseguradora, bonos pensionales, y los que conforman la cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos, los valores cobrados por el fondo privado a título de gastos de administración, comisiones, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, los cuales deberán ser indexados para corregir la pérdida del poder adquisitivo por fenómenos inflacionarios, durante todo el tiempo que el accionante permaneció en el RAIS, con cargo a sus propios recursos (CSJ SL5680-2021 y CSJ SL755-2022).

Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Se confirmará en lo demás la decisión del a quo.

Sin costas en segunda instancia, en atención al grado jurisdiccional de consulta. Las de primera conforme las impuso el sentenciador de primer grado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso seguido por JAIRO ACUÑA OLMOS contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en cuanto revocó la decisión condenatoria de primer grado.

En sede de instancia, RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR el numeral cuarto de la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 1 de agosto de 2019, en el sentido de ORDENAR a PROTECCIÓN S.A., trasladar a COLPENSIONES, además de todos los emolumentos que hubiere recibido con motivo de la vinculación de JAIRO ACUÑA OLMOS, como cotizaciones, sumas adicionales de la aseguradora, bonos pensionales, y los que conforman la cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos, los valores cobrados por el fondo privado a título de gastos de administración, comisiones, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, los cuales deberán ser indexados para corregir la pérdida del poder adquisitivo por fenómenos inflacionarios, durante todo el tiempo que el accionante permaneció en el RAIS, con cargo a sus propios recursos.

Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la decisión del a quo.

Costas, como se expuso en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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