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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3958-2022

Fecha
16 de noviembre de 2022
Magistrado ponente
Donald Jose Dix Ponnefz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3958-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 22 de septiembre de 2020, dentro del proceso ordinario que instauró LUZ MARINA BEDOYA RAVE contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. Costas como se indicó.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3958-2022

Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz

16 de noviembre de 2022

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

Magistrado ponente

SL3958-2022

Radicación n.°90460

Acta 42

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por LUZ MARINA BEDOYA RAVE, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 22 de septiembre de 2020, dentro del proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

Luz Marina Bedoya Rave solicitó se condenara a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge y dependiente económica de Joaquín Emilio Cadavid Valencia, con el retroactivo causado desde el 19 de febrero de 1994, los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación, lo ultra y extra petita y las costas del proceso.

En respaldo de sus pretensiones, narró que contrajo matrimonio con Joaquín Emilio Cadavid Valencia, con quien convivió desde el 26 de diciembre de 1992; que su pareja murió el 19 de febrero de 1994, a la edad de 25 años; que durante el término de convivencia no procrearon hijos, y el fallecido era quien velaba por su subsistencia; que solicitó al ISS la pensión de sobrevivientes el 18 de mayo de 1994, que fue negada a través de la resolución 007599 de esa anualidad y, en su defecto, se le concedió la indemnización sustitutiva en la suma de $1.184.400, con el argumento de que solo se cotizaron 111 semanas, dentro de los 6 años anteriores a la muerte.

Afirmó que el 27 de marzo de 2018, solicitó nuevamente la prestación, oportunidad en la que allegó certificados y formularios del Ministerio de Defensa, que hacían constar que Cadavid Valencia prestó el servicio militar en el periodo comprendido entre el 3 de marzo de 1987 y el 17 de febrero de 1989; que no obstante, la demandada volvió a negar el derecho, para lo cual adujo que no era posible sumar tiempos de servicio público con cotizaciones (fs.°2 a 7).

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó las solicitudes elevadas por la demandante y las respuestas que negaron la pensión pretendida. De los demás, informó que no le constaban o que no eran ciertos.

Planteó las excepciones de inexistencia del reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de manera retroactiva, de los intereses moratorios e indexación, compensación, «DESCUENTOS DEL RETROACTIVO POR SALUD», prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y la «GENERICA» (fs.°23 a 28).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo de 18 de junio de 2019 (f.°cd 48), resolvió:

Primero: Declarar probada la excepción de compensación indexada respecto de los dineros reconocidos a la demandante a título de indemnización sustitutiva de la prestación de sobrevivencia. Y parcialmente se declara próspera la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 25 de julio del año 2015, según lo expuesto con anterioridad.

Segundo: Declarar que Luz Marina Bedoya Rave […], cumple con los requisitos exigidos en el artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para ser declarada beneficiaria en calidad de cónyuge supérstite de la prestación económica de sobrevivencia que dejó causada el señor Joaquín Emilio Cadavid Valencia, quien en vida se identificaba […], según los argumentos expresados en esta audiencia.

Tercero: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a reconocer y pagar a la señora Luz Marina Bedoya Rave […], la suma de $39.053.346 por concepto de retroactivo pensional causado entre el 25 de julio de 2015 y el 31 de mayo del año 2019, a razón de 14 mesadas al año y en cuantía del salario mínimo legal vigente de cada año, sobre lo cual operan los descuentos en salud.

Cuarto: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a reconocer y pagar a la señora Luz Marina Bedoya Rave […], a continuar reconociendo y pagando a partir del 1 de junio de 2019 la pensión de sobrevivencia aquí ordenada, en razón del salario mínimo mensual legal vigente y por 14 mesadas, sin perjuicio de los incrementos que por ley tenga la misma y los descuentos en salud que correspondan, mientras que persistan las causas que le dieron origen, según lo expresado en el desarrollo de esta providencia.

Quinto: Autorizar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a descontar a la señora Luz Marina Bedoya Rave […], el valor de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud sobre el retroactivo otorgado.

Sexto: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a reconocer y pagar en beneficio de la demandada los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir de la ejecutoria de esta decisión y en lo futuro, hasta que se realice el pago de las condenas, según lo explicado en la parte motiva de esta sentencia.

Séptimo: Condenar en costas en esta instancia a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones […]

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer del recurso de la apelación de Colpensiones y en grado de consulta a favor de esa entidad, en sentencia de 22 de septiembre de 2020, revocó la del a quo y en su lugar absolvió de las pretensiones. No condenó en costas en esta instancia, las de primer grado las impuso a la parte vencida.

Con las pruebas obrantes en el expediente, precisó que Joaquín Emilio Cadavid Valencia falleció el 19 de febrero de 1994, en vigencia del Decreto 758 de 1990 (f.°8); que prestó servicio militar obligatorio entre el 3 de julio de 1987 y el 17 de febrero de 1989 (85,14 semanas, folio 38); que realizó aportes al ISS hoy Colpensiones por 117,71 semanas, entre el 24 de julio de 1991 y el 21 de febrero de 1994 (f.°41); que la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, que le fue negada mediante la resolución 007599 de 1994 y que se le concedió la indemnización sustitutiva en la suma de $1.184.000 «con base en 111 semanas cotizadas» (f.°15); que el 27 de marzo de 2018, reiteró la solicitud, esta vez para que se tuviera en cuenta el tiempo de servicio militar que prestó el causante, lo que también fue negado, al descartarse los tiempos de servicio prestados al Ministerio de Defensa (fs.°13 y 14).

Recordó que el juez de primer grado partió de la posibilidad de sumar tiempos públicos «sin cotizaciones al ISS y los aportados a esta caja para efectos de la aplicación del Decreto 758 de 1990, esto con fundamento en las razones expuestas por la Corte Constitucional en las sentencias SU-769 de 2014 y SU-057 de 2018».

Señaló que los tiempos públicos que se pretende se convaliden como semanas cotizadas al ISS, fueron prestados entre el 3 de julio de 1987 y el 17 de febrero de 1989 al Ministerio de Defensa, sin que el causante estuviera llamado a ser afiliado al ISS, «dado que en el Decreto 758 de 1990, no estaba prevista la afiliación de estos servidores al régimen de los seguros sociales obligatorios».

Indicó que al fallecer Joaquín Emilio Cadavid Valencia en vigencia del Decreto 758 de 1990, para dejar causada la pensión de sobrevivientes debió cotizar,

[…] para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.", (para este caso la muerte), requisito que no cumple en la medida que en toda su vida laboral apenas cotizó 117,71 semanas (fl.41), sin que pueda sumarse en este caso el tiempo público al servicio del Ministerio de Defensa a la luz de las sentencias SU-769 de 2014 y SU-057 de 2018, por cuanto como se dijo esta posibilidad solo está prevista para pensiones de vejez en atención a la forma en que se suman las semanas a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Agregó que la pensión de vejez y las generadas con ocasión de la muerte o invalidez, operan «bajo lógicas financieras diferentes», dado que la primera se apoya en las cotizaciones efectuadas durante toda la vida laboral del afiliado y se paga desde una fecha determinada, mientras que las segundas protegen

[…] contingencias de carácter inmediato, automático, cuyo pago no surge de la capitalización de unos dineros, sino del amparo de un riesgo por lo que para ello se exigen periodos de tiempo menores previos al acaecimiento de este, por lo que obligar a la administradora al amparo de un riesgo para el cual no se efectuaron las cotizaciones, implicaría el aseguramiento de un concepto que no estaba cubierto.

Apoyó su decisión en las sentencias CSJ SL, 23 jul. 2014, rad. 43099 y CSJ SL, 15 mar. 2017, rad. 44796, reiteradas en el fallo CSJ SL4033-2019, donde se enseñó que no es posible la aplicación de los reglamentos del ISS con sumatoria de tiempos públicos sin cotizaciones y aportes realizados a esa entidad, pero este caso era diferente.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que se case la sentencia recurrida que, «y que una vez casada el despacho se pronuncie sobre la sentencia de primera instancia».

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que mereció réplica.

CARGO ÚNICO

Ataca la sentencia por la vía directa, por interpretación errónea del art. 53 de la CN, en relación con los arts. «6, 25, 26, y 27 del Decreto 758 de 1990 (Acuerdo 049 de 1990 del ISS), artículos 2, 3, 11, 13, 46, 47, 48, 76, 272, 288 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 19 y 21 de C.S.L».

Dejó por fuera de controversia el fallecimiento de Joaquín Emilio Cadavid Valencia, el número de semanas que cotizó al ISS, la prestación del servicio militar y vinculación al Ejército Nacional; las reclamaciones presentadas a la llamada a juicio, y los actos administrativos que negaron el derecho pensional y la calidad de cónyuge.

Asevera que la decisión del ad quem es equivocada, por cuanto para acceder a la pensión de sobrevivientes señalada en los arts. 25 y 6 del Decreto 758 de 1990 (sic), «que es el regimen (sic) aplicable a la parte accionante», se debió aplicar el principio de la condición más beneficiosa instituido en el art. 53 de la CN.

Asevera que no hay norma que prohíba la acumulación de semanas, como acontece en el presente caso; que pese a que el colegiado acudió a la sentencia CC SU-769-2014, erró al concluir que la mencionada sumatoria solo procede para la pensión de vejez, pues lo que «autorizo (sic) la corte constitucional, en su interpretacion (sic) es la suma o acumulación (sic) de semanas de manera indistinta».

Estima que las razones del Tribunal se alejan de lo señalado en el art. 53 superior, por ser claro que lo que enseña la Corte Constitucional es que la sumatoria alegada aplica tanto para la pensión de vejez como a las reconocidas por invalidez y sobrevivientes. Dice que el contenido de los arts. «25 y 6 del decreto precitado», es enunciativo y no limita la posibilidad de acumulación de cotizaciones; que el art. 12, es genérico cuando se refiere a semanas y cotizaciones, y no las exige de manera exclusiva que sean efectuada a la accionada.

A continuación, expresa lo siguiente:

El aspecto de la logica (sic) financiera diferente, para las pensiones de vejez e invalidez, no se comparte, ni sustenta la imposibilidad de la sumatoria de tiempos publicos (sic) y privados para ajustar la densidad de semanas para la pension (sic) se (sic) sobrevivientes del decreto 758 de 1990, pues como es sabido el ISS hoy COLPENSIONES funciona bajo una logica (sic) financiera de bolsa comun(sic), de la cual, de todos los aportes de los cotizantes, se toman los recursos para el pago de los pensionados.

En el punto, que indica el tribunal dando da (sic) entender que las cotizaciones se debieron efectuar antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, no es de recibo, pues el bono pensional del ministerio de defensa se dio en su momento y contemplan tiempos anteriores a la Ley 100 de 1993, que el estado omitio (sic) en cotizar y que no puede ser una carga que grave a los posibles beneficiarios de una prestacion (sic) pensional.

Explica en qué consiste la condición más beneficiosa prevista en el art. 53 superior, y afirma que la acumulación solicitada no trasgrede ningún principio ni siquiera la estabilidad financiera, ya que el tiempo público se paga con los bonos pensionales. Que ante las dudas surgidas y las «posiciones que no son pasificas (sic), e interpretaciones incluso antagónicas (sic)», debió acudirse a los arts. 19 y 21 del CPTSS. Se apoya en las sentencias CSJ SL412-2021 y también reproduce varios segmentos de las providencias SU-769-2014 y varios fallos proferidos por la Corte Constitucional en sede de tutela.

RÉPLICA

Colpensiones asevera que el cargo no tiene vocación de prosperar, por cuanto lo expuesto por la censura implicaría que, al no regirse las pensiones de sobrevivientes por la transición, sino por otra figura jurídica, es imposible «hablar de la permisibilidad de ACUMULACION DE TIEMPOS»; que no puede perderse de vista que el nuevo criterio de esta Corporación, solo va enfocado al reconocimiento de la pensión de vejez, de lo que es dable entender que no es extensiva a las pensiones de sobrevivencia e invalidez; que no está permitido trasladarle beneficios a la actora.

CONSIDERACIONES

De entrada, debe afirmarse que el planteamiento que propone la recurrente a esta Sala de la Corte no es admisible, por las siguientes razones:

Sabido es que al estudiarse la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la norma que se debe aplicar es la que se encuentre vigente a la fecha en que ocurre la muerte del asegurado. En el sub examine, el fallecimiento de Joaquín Emilio Cadavid Valencia acaeció el 19 de febrero de 1994 (f.°8).

Lo anterior conlleva que la pensión de sobrevivientes pretendida se rija por los arts. 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, que es el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, que emitió el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, y que fue aprobado por el art. 1 del Decreto 758 de la misma anualidad.

Conforme a lo anterior, el régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, no tiene aplicación por cuanto al 1 de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia ese canon normativo, ya había pasado más de un mes y medio del óbito del afiliado.

En cuanto a que, si el Acuerdo 049 de 1990 contempla el cómputo de tiempos de servicios públicos no cotizados al ISS o aportes a cajas o fondos de previsión social, para efectos de alcanzar la densidad mínima de cotizaciones requerida para la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes, conviene traer a colación la sentencia CSJ SL3642-2021, donde la Corte explicó:

De conformidad con el tenor de las normas aplicables al asunto en controversia, no es posible inferir, como lo hace la censura, que de ellas se derive la procedencia del cómputo de tiempos de servicio en el sector público no cotizados al Instituto de Seguros Sociales, para acreditar las semanas allí exigidas.

Lo anterior, por cuanto se estableció en el citado Acuerdo, en lo pertinente, como requisito para la causación de la pensión de sobrevivientes, haber «reunido el número y densidad de cotizaciones» y «Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas … o trescientas (300) semanas», según sea el caso, de donde se concluye que sí constituye una exigencia haber efectuado tales cotizaciones al ISS, y que no se contempla en modo alguno el cómputo de tiempos de servicios o aportes a otras cajas o fondos de previsión social, para ajustar la densidad mínima de cotizaciones requerida para la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes, otrora a cargo del Instituto de Seguros Sociales.

En este punto, necesario resulta advertir, respecto al campo de aplicación del Acuerdo 049 de 1990, que, conforme a su artículo 1°, estarían sujetos al seguro social obligatorio contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional, los afiliados obligatorios y facultativos relacionados en la citada norma, afiliación que conllevaba el pago de las cotizaciones que, a posteriori, darían lugar al reconocimiento de las prestaciones previstas en los reglamentos del Instituto, lo que, por contera, excluye a aquellas personas que no se encuentren afiliadas a la entidad y que no hayan efectuado los respectivos pagos de aportes para los riesgos de IVM, y, en el mismo sentido, permite concluir que solo mediando el pago de tales cotizaciones se puede acceder a las respectivas prestaciones.

Lo anterior se infiere también de lo establecido en el art. 13 del Decreto 1650 de 1977, conforme al cual, para tener derecho a exigir las prestaciones por los riesgos de invalidez, vejez y muerte, esto es, las que cubrían los seguros sociales obligatorios, era requisito indispensable estar afiliado al régimen; del 14 ídem, que previó que la afiliación constituía la fuente de los derechos y obligaciones que se derivan del régimen de los seguros sociales obligatorios; y de los conceptos de afiliado y asegurado contenidos en los art. 8° y 11 del Decreto 3063 de 1989, como quien, en su orden, está inscrito y cotiza al régimen de los seguros sociales obligatorios, es sujeto de los derechos y obligaciones que de él se derivan y se encuentra amparado contra las contingencias por haber cumplido los requisitos establecidos en los reglamentos de la entidad.

Acorde con lo expuesto, no es posible dar a las normas en comento la interpretación propuesta por la recurrente, ni aun en aplicación del principio de favorabilidad previsto en los art. 53 de la CN y 21 del CST, puesto que no existe duda real y objetiva respecto a la norma a aplicar en el caso concreto, ni conflicto entre normas vigentes, ni otras plausibles interpretaciones de la disposición que rige este asunto, cuyo correcto y unívoco entendimiento permite establecer que las semanas requeridas para la causación de la pensión de sobrevivientes deben ser sufragadas al ISS en calidad de afiliado a los seguros de invalidez, vejez y muerte, sin que resulte procedente el cómputo, para tales efectos, de tiempos de servicio que no hayan sido cotizados a la entidad, puesto que solo fue prevista esa posibilidad con la expedición de la Ley 100 de 1993, que, para la fecha de la muerte, cuando se causaría el derecho, no había sido expedida aún.

Esta corporación se ha pronunciado reiteradamente, sobre la correcta intelección de las disposiciones acusadas, entre otras, en la sentencia CSJ SL10685-2017, en la que, con relación a los requisitos de la pensión de sobrevivientes prevista en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, con argumentos que conservan vigor, en tratándose de aplicación directa del mismo, esto es, por hechos acaecidos antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, se precisó:

Al respecto, es suficiente decir que ninguna razón le asiste a la recurrente en su planteamiento, pues esta Corporación en múltiples oportunidades ha enseñado que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no permite acumular tiempos servidos en el sector público con semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, para efectos de reconocer las prestaciones allí estatuidas.

Con el anterior pronunciamiento que acá se reitera, es claro que lo pretendido por la censura no tiene asidero.

Ahora bien, cierto es que en tratándose de la pensión de sobrevivientes en sentencia CSJ SL5147-2020, se determinó la posibilidad de acumular tiempos públicos servidos sin cotizaciones al ISS, con el fin de acreditar las exigencias previstas en los arts. 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990; no obstante, ello se adoctrinó siempre y cuando se hiciera en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, puesto que las pensiones causadas por esa vía no son ajenas a la nueva legislación, dado que el riesgo se verificó en vigencia de la Ley 100 de 1993 (original o modificada) y, por tanto, la prestación debe ser considerada perteneciente al régimen solidario de prima media con prestación definida y de aquellas de que trata la ley de seguridad social, teoría que en el presente caso no tiene cabida, debido a que la muerte del afiliado se produjo antes de la entrada en vigor de la citada ley de seguridad social, de modo que se trata de la aplicación directa del mencionado Acuerdo del ISS.

Al efecto, en fallo CSJ SL5147-2020, la Corte adoctrinó:

Ahora, la Sala estima oportuno abordar el tema desde una nueva perspectiva y modificar tal línea jurisprudencial, a fin de permitir la acumulación de los tiempos públicos servidos sin cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales con los aportes sufragados a esa entidad, con la finalidad de acreditar las exigencias de aportes previstas en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, tanto para la pensión de sobrevivientes como la de invalidez, cuando se invoque su aplicación en virtud del principio constitucional de la condición más beneficiosa.

[…]

Nótese, además, que, cuando se trata de condición más beneficiosa, la alusión a la normativa inmediatamente precedente es para efectos únicamente de conservar las expectativas legítimas y garantizar la cobertura de prerrogativas inherentes a los derechos fundamentales de la seguridad social a quienes tenían cumplido el número mínimo de semanas en esa disposición. Los demás requisitos y condiciones se regulan por las normas vigentes cuando se estructuran los riesgos protegidos, por ejemplo, las condiciones de convivencia, el monto de las prestaciones o las circunstancias para la estructuración de la invalidez.

En este punto es oportuno señalar que la parte pertinente de los preceptos acusados relativa a la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS con los aportes efectivamente sufragados a esa entidad, a efectos de acceder a la prestación de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, son desarrollo del literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

En esa medida, guarda coherencia con los aspectos mencionados, el entender que para efectos de definir el requisito mínimo de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, en el caso de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se puede acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y concretamente al artículo 13 literal f), que establece:

[…]

Así las cosas, se insiste en que, si bien esta Corporación cambió la orientación jurisprudencial que negaba la posibilidad de adicionar tiempos de servicios públicos no cotizados al ISS, con las semanas efectivamente sufragadas a esa entidad, para obtener la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, para en su lugar aceptarla, ello solo es posible en virtud del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, como ya se dijo en párrafos anteriores.

Cumple aclarar que, no obstante, esta Corte en sentencia CSJ SL11188-2016 admitió la posibilidad de contabilizar el tiempo de servicio militar obligatorio para causar la pensión de sobrevivientes, como lo afirma la censura, también lo es que tal doctrina solamente cobijó la prestación prevista en la Ley 100 de 1993, que no la consagrada en los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990. Así quedó anotado en esa providencia:

Con la intención de estimular e incentivar el cumplimiento del deber ciudadano de prestar el servicio militar obligatorio, la L. 48/1993 estableció una serie de beneficios y privilegios en favor de los jóvenes que prestaran este servicio. Dentro de estas ventajas, se dispuso en el literal a) del art. 40 de esta ley que el tiempo de servicio militar obligatorio sería computado para efectos de la «pensión de jubilación de vejez».

La anterior previsión no genera mayores discusiones en la jurisprudencia del trabajo, en tratándose de pensiones de jubilación o de vejez, al punto que esta Corporación ha aceptado que el tiempo del servicio militar obligatorio debe tenerse en cuenta para las pensiones de jubilación de las leyes 33/1985 y 71/1998. De igual modo, su convalidación ha sido admitida para la pensión de vejez de la L. 100/1993, en el entendido que el sistema integral de seguridad social posibilita «que ese tiempo sea computado en cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley 100, siendo de cargo de la entidad pública respectiva o de la Nación según el caso, el traslado de los recursos necesarios para convalidar esos tiempos frente a la seguridad social de conformidad con la ley, es decir, mediante la expedición de un bono o título pensional» (CSJ SL, 19 oct. 2011, rad. 41672; CSJ SL, 21 mar. 2012, rad. 42849)

Sin embargo, habida cuenta que la redacción de la norma en cita, prima facie, limita su ámbito de actuación a la «pensión de jubilación de vejez», surge la duda respecto a si el tiempo de servicio militar obligatorio es computable para otros efectos pensionales distintos de la jubilación o vejez, por ejemplo, para prestaciones de sobrevivencia, como acontece en este asunto.

En aras de dilucidar este problema, es oportuno recordar, en primer lugar, que la L. 48/1993 fue concebida con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema integral de seguridad social. Por esta razón, su análisis interpretativo debe realizarse con sujeción a los objetivos, principios y contenidos de la L. 100/1993, en la cual se inserta y articula, para ser parte de un conjunto normativo de protección social, basado en unos principios de relevancia especial.

Particularmente, son dos principios los que entran en juego al momento del análisis del art. 40 de la L. 48/1993, a saber: el principio de universalidad y el de integralidad; el primero de orden constitucional y legal, y el segundo de desarrollo legal. Así, de acuerdo con el art. 2º de la L. 100/1993, el sistema de seguridad social es universal en la medida que dispensa una protección, por igual, a todas las personas, y es integral, en tanto cobija todas las contingencias que afectan la salud, condiciones de vida y capacidad económica de los habitantes.

En concreción del principio de universalidad del sistema general de pensiones, el literal f) del art. 13 de la L. 100/1993 consagró la posibilidad de sumar y darle valor a todas «las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio». Conforme a esto, las fronteras impuestas por los anteriores regímenes pensionales, que coexistían dispersamente y condicionaban la validez de los tiempos laborados a situaciones tales como que hubieran sido objeto de aportes, laborados en determinados sectores o entidades, cotizados a específicos entes previsionales, entre otros, son eliminadas, para, en su lugar, tomar como referente de construcción de la pensión la prestación del servicio en cuanto tal.

De ahí que, al suprimir estas barreras, que obstaculizaban la adquisición del derecho pensional, la L. 100/1993 se erija en un estatuto normativo inclusivo, anti clasista y unificador de regímenes pensionales, como se expresa en su art. 6º, al prescribir que «el Sistema de Seguridad Social Integral está instituido para unificar la normatividad».

Por consiguiente, frente a esta clara pretensión de universalidad, integración e inclusión, donde todos los tiempos de servicio suman para «el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes» (art. 13 L. 100/1993), en la actualidad la limitación impuesta en el art. 40 de la L. 40/1993, carece de una justificación objetiva y valorativa que la respalde.

[…]

Adicionalmente, no puede pasarse por alto que en el marco de las prestaciones fundamentales del sistema de seguridad social, las interpretaciones normativas que realicen las instituciones y los jueces, deben atender, primordialmente, a dos principios: (i) pro homine, en cuya virtud el intérprete debe acoger el sentido más extensivo de un texto normativo, cuando se trata de la realización y efectivización de derechos fundamentales; y (ii) de integralidad, que presupuesta que la seguridad social brinda «cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población» (art. 2º L. 100/1993).

Lo anterior quiere decir que las lagunas axiológicas que susciten los textos normativos, cuandoquiera que éstos se enfrenten a problemas de incompatibilidad entre su contenido y determinados valores o principios de un sistema, como ocurrente en este asunto, donde se presenta una divergencia entre el art. 40 de la L. 48/1993 y los principios fundantes del sistema general de seguridad social, deben resolverse a través de un ejercicio hermenéutico amplio o extensivo.

Desde este punto de vista, a juicio de la Sala, la mejor solución interpretativa es aquella según la cual el art. 40 de la L. 48/1993, no solo cobija las pensiones de jubilación o vejez, sino también las de sobrevivencia e invalidez, en el entendido que la protección en pensiones que ofrece la L. 100/1993 abarca tres ámbitos: vejez, invalidez y muerte; de manera que, no es apropiado limitar la norma a solo uno, como si el ser humano pudiera fraccionarse en su integridad. (Subrayas fuera del texto original).

[…]

De lo expuesto se concluye, que no resultaba posible en este caso, desconocer las normas vigentes y aplicables a la fecha del deceso del afiliado –19 de febrero de 1994– que fijaron las reglas de causación y exigibilidad de la pensión de sobrevivientes y proceder a sumar el tiempo del servicio militar obligatorio prestado por el causante, con las semanas que efectivamente pagó al ISS hoy Colpensiones, a fin de completar las exigidas en los arts. 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 pues, a esa data no se había expedido esa normativa, ni se encontraba vigente la Ley 48 del 3 de marzo de 1993, que solo entró a regir con su publicación en el Diario Oficial el 4 de ese mismo mes y año, siendo totalmente improcedente lo pretendido por la censura, por ser contrario al principio de vigencia general inmediata, amén de que tampoco había lugar a su aplicación retroactiva por tratarse de una situación no regulada expresamente en ella.

Por lo demás, es del caso memorar que cuando se trata de aplicar de forma directa el Acuerdo 049 de 1990, no hay lugar a la acumulación de tiempos públicos no cotizados al ISS, con los aportes sufragados a esa entidad para obtener la pensión deprecada.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la impugnante y a favor de la administradora demandada, por cuanto presentó réplica. Se fijan como agencias en derecho, la suma de $4.700.000, que se liquidarán en el juzgado, en la forma y términos previstos en el art. 366-6 del CGP.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 22 de septiembre de 2020, dentro del proceso ordinario que instauró LUZ MARINA BEDOYA RAVE contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Costas como se indicó.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Salva voto

SALVAMENTO DE VOTO

Magistrado Ponente: Donald Dix Ponnefz

Rad. 90460

De: Luz Marina Bedoya Rave vs. Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones

Respetuoso de las decisiones mayoritarias, debo manifestar mi disenso con la decisión adoptada en el presente caso, pues estoy convencido que el proveído recurrido ha debido ser casado. Si bien, para decidir la procedencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, que en el caso particular se gobierna por el Acuerdo 049 de 1990, el Tribunal se fundó en doctrina de esta Corte sobre la imposibilidad de sumar tiempos de servicio público con semanas de cotización, ante el surgimiento de nuevas posturas jurisprudenciales en torno a dicha temática, considero que la acusación por vía directa, estaba llamada a prosperar.

Los restantes integrantes de la Sala, estimaron que la sentencia CSJ SL5147-2020, que consideró viable adicionar cotizaciones sufragadas al ISS con tiempos públicos laborados con o sin cotizaciones a entidades de previsión social, para el acceso a las prestaciones de invalidez y sobrevivientes del mencionado reglamento, «solo era viable (…) en los eventos en que se acudiera a dicha disposición en aplicación del principio de condición más beneficiosa». Disiento de tal postura, pues estimo poco razonable que un derecho sea concedido en virtud de la aplicación ultraactiva de una norma jurídica, pero no en virtud de su aplicación retrospectiva.

No puede pasarse por alto que en la adopción del nuevo criterio, tuvo un valor preponderante la prestación del servicio como referente primordial en la construcción de la pensión. Así lo precisó el fallo precitado al indicar:

Ese criterio de regulación inclusivo obedece al reconocimiento de la circunstancia relativa a que, durante su trayectoria profesional, los afiliados tienen movilidad en los sectores público y privado en razón a las contingencias del mercado laboral. Por tanto, el Estado en esas condiciones debe garantizar el acceso a las diversas prestaciones económicas, pues, en últimas, lo que se protege es el trabajo humano como soporte de los derechos fundamentales e irrenunciables de la seguridad social.

[…]

Esta interpretación es la que más se ajusta al ordenamiento jurídico y a las finalidades propias del derecho a la seguridad social, en tanto garantía fundamental e irrenunciable de conformidad con los postulados de la Carta Política de 1991, a fin de no dejar en situación de desprotección a los afiliados o sus beneficiarios cuando se hayan prestado servicios en el sector público y privado.

Los elementos mencionados merecen destacarse en casos como el estudiado, toda vez que conforme a los hechos indiscutidos, el Acuerdo 049 de 1990 regula el derecho pensional debatido, por ser la norma vigente para la fecha de la muerte del afiliado, 26 de diciembre de 1992, que no por vía de condición más beneficiosa, pues los principios de integralidad y universalidad que inspiraron la nueva vertiente jurisprudencial procuran la garantía progresiva de la seguridad social.

Dicho objetivo deviene frustráneo en casos como el presente, en tanto se concreta solo en favor de quienes logran el acceso a la norma por virtud de la condición más beneficiosa, pero no de aquellos que se regulan por ella conforme al principio de aplicación inmediata de la ley laboral. Ello, comporta una discriminación injustificada, lesiva de garantías superiores, en tanto impide el goce efectivo del derecho a la pensión.

Fecha ut supra,

JORGE PRADA SANCHEZ

Magistrado

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