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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL397-2020

Fecha
11 de febrero de 2020
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL397-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LORENZO PLAZAS OSSA contra la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA, INDEGA SA. Costas, como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL397-2020

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

11 de febrero de 2020

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL397-2020

Radicación n.º 68930

Acta 004

Bogotá, DC, once (11) de febrero de dos mil veinte (2020).

Decide la sala el recurso de casación interpuesto por LORENZO PLAZAS OSSA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 13 de febrero de 2014, en el proceso que instauró contra la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA, INDEGA SA.

ANTECEDENTES

Lorenzo Plazas Ossa llamó a juicio a Indega SA, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, durante el cual estuvo cubierto por las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos e Indega SA, vigentes desde el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2010 y del 1 de marzo de ese año hasta el 18 de octubre de 2011; que entre el 1 de enero de 2009 y el 18 de octubre de 2011 no le fueron liquidadas las primas extralegales de navidad, antigüedad, vacaciones, y semana santa, de conformidad con el ingreso base de cotización con el que se realizaron los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ni se tomó esa base para liquidarle las prestaciones legales de prima de servicios, auxilio de cesantía, sus intereses y las vacaciones, así como también, que no se trasladó al régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990.

Como consecuencia de lo anterior, reclamó el pago de los valores insolutos por la diferencia a su favor de cada uno de los ítems relacionados, junto con la indemnización moratoria, o, en subsidio de esta, la indexación y las costas del proceso. Posteriormente, al reformar la demanda, incluyó la pretensión consistente en el pago del reajuste de los aportes a la seguridad social.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó sus servicios para la Embotelladora de Santander SA, hoy Indega SA, a partir del 15 de enero de 1979, mediante contrato de trabajo a término indefinido, hasta el 18 de octubre de 2011, sin interrupciones; que, de conformidad con la convención colectiva de trabajo suscrita entre el sindicato que operaba en la empresa y esta última, tenía derecho a las primas extralegales de navidad, de antigüedad, de vacaciones y de semana santa; que durante la vigencia del vínculo y a la terminación del mismo, la demandada no le pagó los valores correctos «[…] por liquidación de acreencias laborales tanto de índole legal como extralegal, en el entendido que tales conceptos no se liquidaron por su salario real, el cual corresponde a su Ingreso Base de Cotización al Sistema de Seguridad Social Integral».

Narró que, según el artículo 56 convencional, durante la vinculación laboral, dichas primas extralegales debían pagarse «[…] tomando como base el promedio de los últimos seis (6) meses de servicio, o proporcional (sic) tiempo laborado si éste es menor» (el resaltado aparece en el original), y además se tendrían en cuenta los viáticos, los gastos de viaje en carretera, el subsidio para alimentación, las horas extras, los recargos por trabajo nocturno, los dominicales y festivos, el subsidio de transporte, la prima de producción y la bonificación por alza de bebidas.

Explicó que en el artículo 57 ibídem se determinó que para liquidar las cesantías, las vacaciones y las primas de servicio se tendrían en cuenta como factores salariales los ya mencionados, así como también las primas extralegales enunciadas al inicio de los hechos, más la de producción; que la accionada le pagó de forma deficitaria cada una de las prestaciones sociales cuyas diferencias especificó, durante los años 2009 a 2011; que no se acogió al régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990, pero que le pagaron unos anticipos de esa prestación; que el auxilio de cesantía y los intereses sobre el mismo le fueron liquidados en cuantía incompleta al finalizar el vínculo laboral; que solicitó esas diferencias a la empresa el 6 de diciembre de 2012.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones, salvo a la relativa a la declaratoria de existencia del nexo contractual subordinante y a la fijación de sus extremos temporales. En cuanto a los hechos, dio por cierta la existencia del contrato de trabajo, así como sus extremos temporales, los cargos que ocupó el demandante, y dijo que eran ciertas las relaciones de bases de cotización que anotó el demandante, pero advirtió que estas no se podían asimilar al salario básico devengado; también aceptó la existencia de las reglas convencionales invocadas en la demanda inicial, pero estimó inviable entenderlas para efectuar liquidaciones como las que propuso el trabajador. Negó todos los demás hechos.

En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, pago, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa, prescripción, compensación, buena fe y abuso del derecho.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del 11 de octubre de 2013, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que entre LORENZO PLAZAS OSSA y la demandada INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA existió un contrato de trabajo a término indefinido por el periodo comprendido entre el 15 de enero 1979 y el 18 de octubre del 2011, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA a cancelar al demandante la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTRES PESOS MCTE ($1.425.423), por la diferencia por el concepto de PRIMA DE SERVICIOS, conforme a lo expuesto a (sic) la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR a la demandada INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA a cancelar al demandante la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($4.519.681), por la diferencia por el concepto de VACACIONES, conforme a lo expuesto a (sic) la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la demandada INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA a cancelar al demandante la suma de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA UN PESOS CON TRECE CENTAVOS ($14.340.061,13), por la diferencia por el concepto de PRIMA EXTRALEGAL DE NAVIDAD, conforme a lo expuesto a (sic) la parte motiva.

QUINTO: CONDENAR a la demandada INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA a cancelar al demandante la suma de CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($14.188.063.97), por la diferencia por el concepto de PRIMA EXTRALEGAL DE VACACIONES, conforme a lo expuesto a (sic) la parte motiva.

SEXTO: CONDENAR a la demandada INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA a cancelar al demandante la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($10.392.506,75), por la diferencia por el concepto de PRIMA EXTRALEGAL DE ANTIGUEDAD, conforme a lo expuesto a (sic) la parte motiva.

SEPTIMO (sic): CONDENAR a la demandada INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA a cancelar al demandante la suma de CINCO MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON TRES CENTAVOS ($5.009.783,3), por la diferencia por el concepto de PRIMA EXTRALEGAL DE SEMANA SANTA, conforme a lo expuesto a (sic) la parte motiva.

OCTAVO: CONDENAR a la demandada INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA a cancelar al demandante la suma de CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES (sic) PESOS CON TREINTA Y TRES (sic) CENTAVOS ($105.807.353.33), por concepto de la indemnización moratoria por el no pago oportuno de la prestación social de prima de servicio, conforme a lo expuesto a (sic) la parte motiva.

NOVENO: CONDENAR a la demandada INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA a pagar dentro de los treinta días (30) siguientes a la sentencia, la diferencia sobre los aportes al sistema general en pensiones a la administradora del sistema general de pensiones a la que se encuentre afiliado el demandante por las sumas y los meses señalados de la forma expuesta y en términos indicados en la motivación de éste fallo.

DECIMO: ABSOLVER a la demandada INDUSTRIA NACIONAL DE GASESOSAS SA, de los demás cargos formulados en su contra.

DECIMO PRIMERO: CONDENAR en costas a la demandada.

DECIMO SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 de la ley 1395 del 2010, norma que modificó el artículo 392 del CPC se fijan como agencias en derecho a favor del demandante y a cargo de la demandada, la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($ 10.000.000.00).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad llamada a juicio, mediante fallo del 13 de febrero de 2014, revocó la sentencia del a quo y, en su lugar, absolvió a la parte pasiva de todas pretensiones, e impuso costas de ambas instancias al demandante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró como fundamento de su decisión, lo siguiente:

Pues bien, dentro de los límites propuestos por el recurso de apelación, y por tratarse de este asunto el debate de un derecho reglado por la convención colectiva de trabajo, se obliga la sala, en primer lugar, a analizar si la fuente formal del derecho pretendido por el accionante está debidamente acreditada en el proceso y en tal evento, verificar si el juez de primera instancia erró al dar por probado lo establecido en el artículo 469 del CST en el proceso, es decir, porque hubiera advertido lo que no está en el proceso, y en tercer lugar, si la regla sobre salarios contenidas en la convención colectiva allegada al proceso fueron o no aplicadas correctamente a la liquidación de las prestaciones legales y extralegales del señor Lorenzo Plaza Sossa, entre el primero de julio del 2009 y el 18 de octubre de 2011, teniendo en cuenta, como dice la recurso de apelación, si existe una realidad equilibrada entre lo que la parte activa ganaba y lo que se le está liquidando en derecho.

El problema jurídico, entonces, que concita la atención de la sala, se radica en esos tres puntos, para finalmente concluir si hay lugar a reconocer y pagar la liquidación de las prestaciones legales y extralegales conforme lo establecen los artículos 56 y 57 de la convención colectiva suscrita entre la demandada y sinaltrainal y por ese sendero, establecer si hay lugar a las diferencias que suplica la demanda.

La tesis que sostendrá la sala será la de que, por tratarse en este asunto de un debate de un derecho reglado por una convención colectiva de trabajo, y puesto que […] como esta no fue acreditada debidamente al proceso, conforme lo establece el artículo 469 del CST, el juez de primera instancia erró al dar por probada la existencia de la convención colectiva de trabajo, fuente de los derechos reclamados, entendiendo que esta fue allegada en forma idónea al proceso, bajo las previsiones del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando ello no se advierte de la documental allegada al proceso.

Son asuntos fácticos que están ajenos a la contradicción en este estadio del proceso, el hecho de que el demandante laboró al servicio a la Industria Nacional de Gaseosas desde el 15 de enero de 1979 al 18 de octubre de 2011, conforme obra a folio 255, 256; los cargos realizados por el demandante, como auxiliar de canje, canje liquidador, que mediante oficio del 18 de octubre 2011 el trabajador Lorenzo Plaza Sossa informa a la parte demandada que mediante Resolución 103591, expedida por el Departamento de Pensiones de Santander, había ingresado a la nómina de pensionados del Seguro Social, por tal motivo, solicitó el retiro de la empresa, a partir del 18 de octubre de 2011, conforme obra a folio 316 y que mediante oficio del 18 de octubre de 2011, la Industria Nacional de Gaseosas demandada, le respondió al señor demandante que mediante Resolución […] del 14 de julio de 2011, le otorgaban su pensión de vejez, a partir del primero de junio del 2011 y por tanto, el retiro se haría a partir del 18 de octubre de 2011 y que el 6 de diciembre de 2012, conforme obra a folio 227, agotó el demandante la reclamación administrativa, al solicitar el pago de las diferencias que reclama en este proceso.

Pues bien, en el desarrollo de la litis debemos de establecer que el artículo 469 del CST establece los requisitos indispensables para que una convención colectiva de trabajo se (sic) pueda ser analizada dentro del proceso, esto es, que sea por escrito, que se extienda en tantos ejemplares cuantas son las partes, y uno adicional que deberá depositarse necesariamente en el Departamento Nacional del Trabajo, en este caso, el Ministerio del Trabajo, a más tardar dentro de los quince días siguientes al de su firma, advirtiendo que sin el cumplimiento de todos estos requisitos, la convención no produce ningún efecto; ahora bien, la convención colectiva de trabajo de la que el trabajador pretende derivar efecto jurídico en las estipulaciones consignadas en los artículos 56 y 57, se radica en el acuerdo suscrito entre la empresa demandada y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de los Alimentos Sinaltrainal, el 19 de enero del 2011, conforme obra a folio 221 del expediente, con vigencia del 29 de febrero del 2000 […] de 2009, perdón, […] con vigencia del 29 de febrero 2012, […] fue suscrita el 19 de enero del 2011 por quienes intervinieron en su discusión, y con vigencia de dos años contados a partir del primero de marzo del 2010, hasta el 29 de febrero de 2012; en este sentido esta convención colectiva de trabajo no se allegó con el depósito que corresponde conforme a las previsiones del artículo 469 del CST. Es cierto que […] la demandada y el mismo sindicato Sinaltrainal suscribieron un nuevo acuerdo –aquí estuvo precisamente la confusión de la parte demandante– es cierto que el sindicato [Sinaltrainal] y la empresa demandada suscribieron un nuevo acuerdo […] el cual dispusieron integrarlo a la convención suscrita el 19 de enero de 2011 y que se integró efectivamente a esa convención del 19 de enero del 2011, […] y este acuerdo adicional cursó depósito, efectivamente, el 15 de febrero de 2011 […] exactamente, pero aquí, en el depósito que realizó […] de esta convención […] no operó […] el depósito de la convención de donde el trabajador quiere deducir sus derechos. En efecto, […] el acuerdo suscrito por la empresa y Sinaltrainal, que se integró al cuerpo convencional anterior, que dice aquí, en el documento dice que fue depositado el 21 de enero del 2011, y no hay prueba de ese depósito, de ninguna manera. Lo que debemos de resaltar es que el depósito del acuerdo que se integró a la convención sí se produjo el 15 de febrero de 2011, pero la convención que se suscribió el 19 de enero de 2011, si fue […] depositada, no aparece aquí en el proceso, no figura el depósito de la convención colectiva, más aún, en el acuerdo que se integra al cuerpo colectivo dice que esa convención surtió su depósito el 21 enero de 2011, y no hay prueba de ello.

[…] En ese sentido lo que debe precisar la sala es lo siguiente: el depósito que se produjo respecto del acuerdo […] colectivo que se integró a la convención no produce efecto sino respecto de ese acuerdo adicional, no respecto de la convención colectiva, que según dice el mismo acuerdo adicional, fue realizada, el depósito fue realizado el 21 de enero de 2011 y en el mismo no aparece, y ese depósito no aparece en el proceso, es decir, que la convención colectiva de trabajo firmada 19 de enero de 2011 debió de surtir el depósito de ley los quince días siguientes a su suscripción; aquí en el documento siguiente dice que se produjo el 21 enero de 2011 y se insiste, no figura ningún depósito de esa convención en esa fecha ni en ninguna otra.

En ese sentido, a riesgo de cansar, el certificado de depósito de la convención de la que el trabajador deduce sus derechos, no se allegó al proceso conforme con los lineamientos de ley, por tratarse esta convención de una norma especial, que debía reunir los requisitos propios del artículo 469 del CST para que trascendiera con eficacia jurídica al estudio de este proceso.

La omisión de la aducción de la prueba en los términos de ley no produce ningún efecto jurídico, pues la fuente formal del derecho que se persigue en la demanda no cumple con el requisito de depósito de la convención. Ahora bien, es cierto que el 12 de febrero de 2011 se realizó un acta de acuerdo entre la empresa industrial de gaseosas y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, Sinaltrainal, que se integró al cuerpo convencional depositado en el Ministerio de la Protección Social el 21 de enero del 2011, […] acuerdo adicional este, que fue depositado debidamente el 15 de febrero 2011, sin embargo, como se dijo y se reitera, este depósito no sustituye, ni reemplaza, ni suple el que debió de realizarse respecto en la convención suscrita el 19 de enero del 2011, no obstante que el último se dirija a integrarse […] a la convención suscrita en antelada fecha; si tal prueba no se allega el proceso de manera completa, no puede el juez dar por demostrado (sic) en juicio la existencia de la convención colectiva de trabajo, menos aún reconocer derechos derivados de la misma, en beneficio de la parte que la invoca a su favor.

En tal escenario jurídico debemos de concluir, descendiendo al caso en estudio, que al proceso no sé aportó, con el lleno de los requisitos de ley, la convención colectiva de trabajo de la cual deriva sus derechos el trabajador, conforme lo desarrolla la jurisprudencia en los términos explicados por el órgano de cierre de la justicia laboral, lo que impide el análisis de la fuente formal de derecho de la que el actor pretende derivar sus efectos jurídicos, en relación con […]. En estos términos […] se ha pronunciado también esta sala de decisión en el proceso de Bernardo Villabona Barajas contra la Electrificadora de Santander, un poco en circunstancias similares, no idénticas, para desconocer la aducción, el efecto jurídico que se pretendió con la convención colectiva de trabajo que no sea adujo con el depósito que correspondía; sobre el particular seguimos las directrices jurisprudenciales, entre otras, la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboral de agosto 10 de 2010, al radicado 36312, con ponencia del magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza.

Con las anteriores reflexiones, la sala agota su competencia funcional en lo que corresponde con el recurso apelación de la parte demandada, en el entendido de que la prosperidad del reproche relativo a la imposibilidad de analizar la convención colectiva de trabajo que se trajo al proceso, por no cumplir con los requisitos de ley, y en consecuencia, sin efectos jurídicos, como fuente formal del derecho debatido, impide el análisis de los desafueros denunciados por el apelante, del recurso que determinó la competencia de esta colegiatura para conocer del proceso. En consecuencia con (sic) lo expuesto, […] los cargos planteados […] prosperan, pero en el entendido de que no fue posible analizar la fuente formal del derecho en el cual el demandante procura sus aspiraciones […].

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado.

Con tal propósito formuló cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de oposición y que serán resueltos en conjunto, dado que comparten, en esencia, el mismo elenco jurídico acusado y se orientan a un único objetivo.

CARGO PRIMERO

Acusó la sentencia impugnada por la vía directa, «[…] debido a la inobservancia del artículo 66 A del C. P. T. y de la S.S.» en concordancia con los artículos 305 y 357 del CPC, como violación medio, lo que condujo a la trasgresión de los artículos 467, 468 y 469 del CST y el debido proceso contemplado en el artículo 29 de la CN, así como el artículo 53 ibídem.

En apoyo de la acusación dijo que el tribunal no aplicó el «[…] principio de consonancia y congruencia» contenido en las disposiciones procesales señaladas, violación que tuvo como consecuencia directa, la transgresión de la ley sustantiva señalada. Sobre ese punto consideró:

El desfase en que incurrió el juez de segunda instancia gravita en que al desatar el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, se pronuncia sobre aspectos que no fueron controvertidos por la pasiva al momento de contestar la demanda y menos aún en la sustentación del recurso de apelación. Es decir trasgrede de manera contundente el principio de consonancia consagrado en el artículo 66-A del estatuto procesal laboral […].

Especificó que el juez ad quem analizó aspectos que no fueron propuestos por la entidad demandada en la contestación de la demanda, ni en el recurso de apelación, concretamente en cuanto a la validez de la convención colectiva de trabajo y, específicamente, respecto de la prueba del depósito de la misma.

Para el recurrente, en el recurso de apelación formulado por la parte pasiva, solo se opuso a la sentencia de primera instancia en tres puntos concretos a saber: i) lo que denominó un error de hecho por parte del a quo al analizar la prueba relacionada con la convención colectiva, de la cual criticó que la reliquidación de las primas legales y extralegales no ofrecía una realidad equilibrada entre los valores reclamados y lo verdaderamente devengado por el demandante; ii) que al no haber lugar a la reliquidación, tampoco lo habría a la condena de indemnización moratoria, pues, según la pasiva, «[…] siempre se pagó ese emolumento y se actuó de buena fe» y, iii) que la demandada argumentó en el recurso de apelación lo contradictorio que resultaba solicitar la reliquidación de los aportes a la seguridad social en pensiones, cuando sobre esos mismos valores es que se pretendía la reliquidación de las primas legales y extralegales.

Encontró, entonces, que en ningún momento la demandada hizo pronunciamiento frente a la validez, y menos aún en relación con el depósito de la convención colectiva, a lo que agregó que en la contestación de la demanda quedó aceptado que el actor estaba cobijado por dicha norma, y que le eran aplicables los artículos 56 y 57 de esa convención, puntualmente en lo que hace referencia al reconocimiento de las primas extralegales, mientras que el tribunal se pronunció sobre un aspecto diferente a los argumentados por la empresa, con lo que incurrió en el error de establecer como problema jurídico un tema que no fue controvertido por la parte demandada.

Más adelante señaló:

De manera precisa la trasgresión a la norma se edifica en que el fallador de segunda instancia, al resolver el recurso de apelación presentado por el ente demandado, hace pronunciamiento sobre aspectos nuevos que no fueron planteados en la demanda inicial, ni mucho menos fueron controvertidos en la contestación de la misma. Este hecho nuevo corresponde a una hipotética falta de validez de la Convención Colectiva, cuando en realidad la misma está revestida de legalidad y prueba de ello es que cuenta con el depósito que exige la norma (ver folio 56 de la Convención Colectiva).

[…]

Con la aplicación indebida de los artículos 66 A del C.P.L. y S.S. el Ad quem desconoció totalmente lo dispuesto en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, en el entendido que al revocar la decisión de primera instancia, soportándose para ello en una presunta carencia de la constancia del depósito de la Convención Colectiva de Trabajo que, repito, no fue ventilada dentro del proceso, inexorablemente se desconoce el derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales legales y extralegales de mi poderdante y se está vulnerando de forma ostensible la ley sustancial, con graves perjuicios para el señor PLAZAS OSSA.

CARGO SEGUNDO

Por la vía indirecta, atribuyó a la sentencia impugnada la inobservancia del artículo 66A del CPTSS, en concordancia con los artículos 305 y 357 del CPC, como violación medio, que condujo a la trasgresión de la ley sustancial contemplada en los artículos 467, 468 y 469 del CST y del debido proceso, contemplado en el artículo 29 CN y el artículo 53 ibídem.

Dijo que el tribunal no dio por demostrado, estándolo, que la convención colectiva de trabajo fue aportada en copia auténtica y que el cuerpo de la misma contenía la constancia de depósito del 14 de septiembre de 2004, certificación que pasó por alto.

Las argumentaciones para sustentar el cargo son idénticas a las del primer ataque.

CARGO TERCERO

Acusó la sentencia, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 467, 468 y 469 del CST, en concordancia con el 53 de la CN.

Sustentó este embate en que, si bien el tribunal determinó que las normas a aplicar al caso objeto de estudio, referentes al reconocimiento de emolumentos establecidos mediante acuerdo convencional, eran los artículos 468 y 469 del CST, no obstante, aplicó inadecuadamente el segundo de ellos, al dejar sentado que no se contó con el requisito del depósito de la convención colectiva.

En lo que atañe al caso en concreto, afirmó que el artículo 469 dispone que, para que la convención colectiva de trabajo tenga validez, debe ser depositada ante la autoridad competente en un plazo máximo de quince días contados desde el momento en que se suscribe y que, en el escrito de la convención colectiva, rubricada el día 8 de septiembre de 2004, que se allegó en copia auténtica, se puede observar que el Ministerio del Trabajo, mediante sello que aparece en el folio 56, certificó que dicho escrito convencional era fiel copia tomada del original que reposa en el archivo sindical y cuya fecha de depósito correspondía al 14 de septiembre de 2004, por lo que el yerro palmario se edificó cuando el fallador, sin ningún fundamento o sustento de índole legal o jurisprudencial, adujo que no se allegó la constancia de depósito, cuando en el mismo cuerpo del escrito convencional se está certificando que dicho depósito se realizó como establece la norma. Concluyó que, si lo que se exige es la constancia del debido depósito, sin que la norma defina en qué forma se debe allegar, dicha constancia quedó demostrada con el sello que plasmó el ministerio al expedir las copias auténticas.

Finalmente, extrajo que, en virtud de lo expuesto, que sustentó en jurisprudencia de esta corte, el tribunal le dio a la norma un alcance que no tiene, imprimiéndole un requisito adicional que esta no contempla y haciéndole producir un efecto contrario a derecho, ya que la prueba allegada era la idónea y con todos los requisitos que la ley impone.

CARGO CUARTO

Formulado por la vía indirecta, señala el mismo submotivo e idénticas normas transgredidas, conforme quedaron expuestas en el cargo anterior.

Como errores de hecho cometidos por el juez de apelaciones expuso:

1. No dar por demostrado, estándolo, que dentro del expediente, en el mismo escrito de la Convención Colectiva, obra constancia de depósito de dicha convención.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la Convención Colectiva de Trabajo carece de validez por carecer del requisito legal del depósito.

Los anteriores errores de hecho los atribuyó a la apreciación equivocada de las siguientes pruebas:

a. Convención Colectiva de Trabajo, en la que a folio 56 de dicho escrito aparece sello colocado por Ministerio del Trabajo donde se certifica que la convención fue depositada el día 14 de septiembre de 2004.

b. Contestación del demandado INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A, donde se demuestra que en ningún momento se pronunció cuestionando la validez de la Convención Colectiva y menos aún frente al requisito legal del depósito. (Folios 293 al 310 cuaderno principal).

El error que atribuyó al fallador de segunda instancia, al realizar el análisis de las pruebas aportadas al proceso, lo hizo consistir en que este dio por descontado que no se había acompañado la certificación o constancia del depósito de la convención colectiva en un escrito aparte, cuando la realidad era que el tribunal pasó por desapercibida la atestación que obra a folio 56 del escrito convencional, que fue plasmada por el Ministerio del Trabajo cuando expidió las copias auténticas adosadas al expediente, con lo cual se vieron vulnerados los derechos que reclamaba el recurrente con fundamento en que era beneficiario de ese convenio colectivo.

RÉPLICA

En cuanto al cargo primero explicó que, como el tribunal encontró que la base de las pretensiones era la convención colectiva de trabajo, debía estudiar si dicha norma tenía validez jurídica y si se cumplieron los requisitos formales de ley para tal efecto, pues de no ser así, se pierde el soporte de aquellos pedimentos, de manera que no existió incongruencia entre las pretensiones demandatorias, el sustento del recurso de apelación y el pronunciamiento del ad quem.

En cuanto al cargo segundo, criticó la falta de errores evidentes de hecho endilgados al sentenciador de segundo grado, así como la ausencia de puntualidad en cuanto a cuáles fueron las pruebas erróneamente apreciadas o no valoradas por el tribunal.

El cargo tercero le mereció reparo en la medida que su demostración no fue concordante con la proposición del mismo a través de la modalidad de la aplicación indebida de normas, ya que la explicación que intentó el casacionista sobre el sentido del artículo 469 del CST, corresponde a la variante de interpretación errónea, y no a la que adujo el recurrente.

El último cargo lo halló mal elaborado, porque «[…] ha debido formularse por error de derecho y no por error de hecho», conforme al artículo 87 del CPTSS, dado que el tribunal consideró que no se encontraba acreditada la validez de la convención colectiva de trabajo suscrita por las partes el 19 de enero de 2011, en tanto que el documento aportado no tenía constancia de depósito en el ministerio del ramo, luego, «[…] se estaba incurriendo en un error de derecho según lo planteado por el demandante, cuando se estaba dando por establecido un hecho con un medio no autorizado por la Ley», fuera de que el tribunal nunca se refirió a la convención colectiva de trabajo celebrada en 2004, sino a la de la data indicada líneas atrás, la de 2011, de la cual no se aportó el depósito echado de menos.

CONSIDERACIONES

Dado que los dos primeros cargos fueron estructurados en la variante conocida como «violación medio», es preciso recordar que esta sala, en la sentencia CSJ SL1948-2019 manifestó que la inobservancia del principio de consonancia, que es la base de ambos ataques, supone la trasgresión de normas procesales, lo que necesariamente debe dar paso a la ulterior vulneración de un derecho sustancial, fenómeno que constituye una tercera modalidad de desmedro de la ley sustancial, la violación medio o puente, que ocurre cuando el sentenciador aplica, o deja de hacerlo, o interpreta con error, un precepto de naturaleza procesal, lo que trae como consecuencia la infracción de normas sustanciales (CSJ SL9512-2017).

Siguiendo ese esquema, en los cargos indicados, el acusador cuestionó la inobservancia –que debe entenderse como la infracción directa– de los artículos 66A del CPTSS, 305 y 357 del CPC, aunque en su desarrollo se ocupa solo de los dos primeros, para acusar al tribunal de desatar la apelación de la parte pasiva, pronunciándose sobre un aspecto que no fue controvertido en la sustentación de ese recurso, en concreto, «[…] la validez de la Convención Colectiva y específicamente a (sic) la prueba del depósito de la misma», pues, desde la contestación de la demanda inaugural, la parte pasiva aceptó que el ahora recurrente estaba cobijado por la norma convencional, a lo que agregó que el acuerdo colectivo estaba revestido de validez porque fue depositado dentro del término establecido en la ley; seguidamente explicó que la violación de las normas procesales a las que hizo alusión, desató el desconocimiento del artículo 469 del CST, con lo que pretermitió su derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales legales y extralegales. Nada dijo sobre la forma en que se habría incurrido en la violación de los artículos 467 y 468 ibídem.

En el segundo cargo agregó que tales transgresiones dieron pie a que el juzgador de apelaciones no observara que a folio 56 del texto convencional aparece una constancia de depósito fechada el 14 de septiembre de 2004, con lo que dio por demostrado, sin estarlo, que la convención carecía de ese requisito.

Formalmente esos cargos cumplen con las previsiones jurisprudenciales que esta corte ha sentado respecto de la violación medio, incluso, en punto de la posibilidad de enderezar la acusación tanto por la vía directa, como por la indirecta (CSJ SL 40624, 15 feb. 2011), de suerte que no le asiste la razón al opositor, en punto de sus críticas al segundo cargo, pues leído en contexto, se aprecian los errores endilgados al tribunal, así como el señalamiento de la convención colectiva en condición de elemento probatorio no valorado por el sentenciador de la alzada.

A pesar de que no se observan falencias formales, también es necesario decir que la corporación ha indicado, reiteradamente, que, en observancia del artículo 469 del CST, cuando la convención colectiva de trabajo es invocada como fuente de derechos, los requisitos de validez de la misma constituyen un punto que el tribunal tiene el deber de analizar, lo que excluye la supuesta transgresión al principio de consonancia. Así se dijo en la sentencia CSJ SL378-2018, cuyos lineamientos fueron iterados en las providencias CSJ SL5025-2019 y CSJ SL3587-2019; en lo pertinente, el primero de esos pronunciamientos es del siguiente tenor:

Ahora bien, en esencia, la censura alega en el cargo que el sentenciador de segundo grado se equivocó en su decisión, porque, i) sostuvo que el texto convencional allegado al proceso, contentivo del derecho a la pensión de jubilación reclamada, no contaba con la nota de depósito ante el Ministerio de la Protección Social para predicar su validez procesal, y en ese sentido, la copia aportada carecía de las formalidades contempladas en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo; y ii) ignoró que al sustentar la apelación, la empresa convocada a juicio nada reprochó al fallo de primer grado relativo precisamente a la validez o no de la convención por falta de la nota de depósito.

En cuanto al segundo de los argumentos, debe advertirse que el Tribunal no ignoró que la empresa demandada no planteó como motivo de inconformidad la circunstancia de la falta de depósito, pues así lo manifestó en la sentencia, solo que estimó que por ser la convención colectiva la fuente del derecho que estaba en disputa, sí era necesario estudiar los requisitos de la misma.

Y sobre el particular, profusamente esta Sala ha analizado el contenido del artículo 35 de la Ley 712 de 2001, y ha considerado que se trata del establecimiento de un límite a la competencia del juzgador de segundo grado para resolver el recurso de apelación, de suerte que este solo puede ocuparse de proveer sobre los puntos materia de inconformidad propuestas por el recurrente, pues de lo contrario, incurriría en un claro desconocimiento del debido proceso y en una directa vulneración de aquél precepto instrumental.

Sin embargo, también ha asentado la Corte que en cuanto a la aplicación de las normas jurídicas que consagran los derechos sustanciales en disputa, el ad quem no está sometido a restricción alguna, en la medida en que es al juzgador a quien le corresponde encontrar y aplicar el derecho en el caso concreto (CSJ SL2939-2016).

En la sentencia recurrida, previo a resolver las inconformidades expuestas en el escrito de alzada, el Tribunal procedió a examinar el expediente en busca de la convención colectiva de trabajo invocada como soporte de la pretensión de reconocimiento de la pensión de jubilación. Es decir, antes que incursionar en el análisis de fondo de los cuestionamientos efectuados por el demandante a la decisión del a quo, el ad quem procedió a indagar sobre la fuente del derecho debatido; en este caso, uno estipulado en un convenio colectivo de trabajo, y en vista de que no encontró incorporada al expediente la constancia de depósito de dicho acuerdo, procedió a revocar la sentencia estimatoria proferida por el sentenciador de primer grado.

Si bien esta Corporación ha reiterado que en casación la convención colectiva solo es una prueba, por manera que no procede la inclusión de sus contenidos normativos en la proposición jurídica, también ha destacado su importancia como fuente generadora de derechos y obligaciones para las partes que quedan cobijadas por sus preceptos. En ese sentido, en la misma forma en que una vez delineado el contexto fáctico del caso, el fallador procede a buscar el precepto legal llamado a producir efectos, cuando de un derecho convencional se trata, ese mismo operador judicial debe buscar la fuente generadora de ese derecho en aras de examinar si se dan los supuestos fácticos que impongan la aplicación del texto convencional, que es ley para las partes.

Así las cosas, ante la ausencia de prueba de la nota de depósito del acuerdo convencional, es claro que el colegiado de segunda instancia no podía partir de la existencia de la norma sustancial -por su contenido-, sino que, contrario a lo planteado por la censura, hizo bien en indagar por la existencia del derecho a cuyo reconocimiento aspiró el promotor del litigio, entre otras razones, porque requería conocer los supuestos fácticos en perspectiva de definir si reconocía o negaba el derecho deprecado, en tanto, frente a la oposición de la demandada a las pretensiones de la demanda, se alegó la inaplicabilidad para el actor de la cláusula convencional sobre la cual soportó su pretensión pensional. Bien puede decirse, entonces, que el juzgador tiene el deber de verificar si se cumplen o no los requisitos del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual: «La convención colectiva de trabajo debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente en el departamento nacional de trabajo, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto».

De antaño, la jurisprudencia de la Sala ha entendido la exigencia consagrada en la norma legal no solo como una formalidad, sino además, como un requisito asociado estrechamente a la existencia misma del convenio colectivo de trabajo, no tanto por blindar con mayores garantías los derechos de los trabajadores beneficiarios de la convención, como sí por la necesidad de revestir de certeza ante las partes y frente a terceros la existencia del acto y la correlativa generación de efectos del mismo.

Al respecto, vale la pena rememorar lo dicho por esta Sala, en sentencia CSJ SL8718-2014:

En cuanto a la aplicación que reclama la acusación, en este caso de los postulados constitucionales de prevalencia del derecho sustantivo y de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, debe decirse que no es válido invocar estos principios para suplir la falta de una exigencia prevista por la ley como condición imprescindible del acto solemne para que se constituya en un acto jurídico válido, dotado de poder vinculante, pues la razón de ser de este medio de prueba es precisamente dar certeza a las partes y a terceros sobre la existencia del acto, y su consecuente generación de efectos, precisamente con el propósito de garantizar sus derechos, de manera que la ausencia de una exigencia requerida para la validez de un acto no puede identificarse como un problema de conflicto de normas, de interpretación de las mismas o simplemente de una formalidad superflua, pues se trata de un asunto de derecho probatorio.

Y mediante providencia del 16 de mayo de 2001, radicación 15120, fue enfática la Corte al señalar:

[…] al ser la convención colectiva de trabajo un acto solemne, la prueba de su existencia está atada a la demostración de que se cumplieron los requisitos legalmente exigidos para que se constituya en un acto jurídico válido, dotado de poder vinculante, razón por la cual, si se le aduce en el litigio del trabajo como fuente de derechos, su acreditación no puede hacerse sino allegando […], así como el del acto que entrega noticia de su depósito oportuno ante la autoridad administrativa del trabajo”.

En conclusión, el que no aparezca la nota de depósito oportuno del acuerdo colectivo ante el Ministerio del Trabajo, pues el demandante se limitó a allegar un folleto del texto convencional (folios 16 a 17), circunstancia que no discute el recurso, impide verificar si el depósito fue hecho o si lo fue de manera oportuna, esto es, “a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma”, para acreditar así la existencia y validez del mismo, aspectos jurídicos que debían ser analizados por el Tribunal, lo que excluye la supuesta transgresión al principio de consonancia.

En aplicación de ese criterio, para dejar sentado que el ad quem no cometió la violación del principio de consonancia, debe decirse que, en el caso bajo estudio ocurrió que el tribunal revocó la decisión condenatoria de primer grado con estribo en el artículo 469 del CST, al tiempo que acudió a la revisión del texto convencional invocado por el recurrente –recuérdese que desde la subsanación de la demanda inicial se dijo que las reliquidaciones de primas legales y extralegales reclamadas correspondían al período que corrió entre el 1 de enero de 2009 y el 18 de octubre de 2011– esto es, observó los textos convencionales correspondientes a esa época, encontrando que carecían de nota de depósito ante la autoridad gubernativa competente, según lo expuesto en palabras de esa colegiatura:

[…] ahora bien, la convención colectiva de trabajo de la que el trabajador pretende derivar efecto jurídico en las estipulaciones consignadas en los artículos 56 y 57, se radica en el acuerdo suscrito entre la empresa demandada y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de los Alimentos Sinaltrainal, el 19 de enero del 2011, conforme obra a folio 221 del expediente, […] fue suscrita el 19 de enero del 2011 por quienes intervinieron en su discusión, y con vigencia de dos años contados a partir del primero de marzo del 2010, hasta el 29 de febrero de 2012; en este sentido esta convención colectiva de trabajo no se allegó con el depósito que corresponde conforme a las previsiones del artículo 469 del CST. Es cierto que […] la demandada y el mismo sindicato Sinaltrainal suscribieron un nuevo acuerdo –aquí estuvo precisamente la confusión de la parte demandante– […] el cual dispusieron integrarlo a la convención suscrita el 19 de enero de 2011 y que se integró efectivamente a esa convención del 19 de enero del 2011, […] y este acuerdo adicional cursó depósito, efectivamente, el 15 de febrero de 2011 […] exactamente, pero aquí, en el depósito que realizó […] de esta convención […] no operó […] el depósito de la convención de donde el trabajador quiere deducir sus derechos. En efecto, […] el acuerdo suscrito por la empresa y Sinaltrainal, que se integró al cuerpo convencional anterior, que dice aquí, en el documento dice que fue depositado el 21 de enero del 2011, y no hay prueba de ese depósito, de ninguna manera. Lo que debemos de resaltar es que el depósito del acuerdo que se integró a la convención sí se produjo el 15 de febrero de 2011, pero la convención que se suscribió el 19 de enero de 2011, si fue […] depositada, no aparece aquí en el proceso, no figura el depósito de la convención colectiva, más aún, en el acuerdo que se integra al cuerpo colectivo dice que esa convención surtió su depósito el 21 enero de 2011, y no hay prueba de ello.

Tal como se observa, el tribunal no encontró la atestación administrativa del depósito de la convención colectiva de trabajo aducida desde el principio por el actor, conclusión fáctica que esta sala no encuentra errada, pues, en efecto, la convención colectiva vigente entre el 1 de marzo de 2010 y el 29 de febrero de 2012 (f.º 221), rubricada el 19 de enero de 2011, cuya copia simple parcial se glosó a folios 167 a 224, no contiene prueba alguna de su oportuna consignación ante la Oficina del Trabajo, de manera que, conforme al mandato del artículo 469 del CST, no puede producir efecto alguno, que fue lo que, acertadamente, se dedujo en el fallo confutado.

Es pertinente establecer que, si bien las hojas que contienen el capítulo convencional a cuya aplicación aspiraba el impugnante, exhiben todas un sello que señala la fecha «21 ENE. 2011» y otro que reza «DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES», con esas marcas no era posible que el tribunal diera por cumplido el depósito exigido en el ya mencionado mandato legal, pues esos sellos no dan certeza del cumplimiento de ese requisito, de manera que la decisión atacada no puede ser derruida por los motivos estudiados.

Fuera de lo anterior, el tribunal también percibió que en el texto del acta de acuerdo convencional, suscrita el 12 de febrero de 2011, se hizo alusión a una convención colectiva de trabajo depositada «EL DIA (SIC) 21 DE ENERO DE 2011», pero esta es una manifestación que carece de corroboración por parte de la oficina en la que se haya llevado a cabo ese registro de ley, de suerte que, a pesar de que el acta convencional de folios 226 a 235, sí fue depositada, conforme a la copia del sello que se observa en el último pliego indicado, ello no suple la falencia encontrada por el tribunal respecto del cuerpo convencional principal, con lo que la corte solo puede concluir que los quebrantos enrostrados a ese juez colegiado no quedaron debidamente sustentados y por lo tanto, no están llamados a prosperar.

De otra parte, en punto de los razonamientos vertidos en los cargos tercero y cuarto –de los cuales el que fue formulado por la vía directa introdujo una mezcla de argumentos jurídicos y fácticos, combinación que bastante ha dicho la corte que no es admisible en el recurso extraordinario de casación (CSJ SL2962-2019)–, debe anunciarse que, dada la similitud de ambos, la falencia anotada se da por superada, en la medida que los dos embates comparten su base normativa, y por ende, se estudiarán en forma conjunta, bajo el entendido que es viable desarrollar el análisis de lo planteado por la senda fáctica.

En razón de lo expuesto es necesario indicar que acierta la oposición al enrostrarle al ataque una falencia técnica, por cuanto lo debatido radica en el cumplimiento de una solemnidad dispuesta en el artículo 469 del CST para la validez del contrato convencional, acusación que, por su naturaleza, debe ser enarbolada por la senda indirecta –lo que se cumplió– pero, en todo caso, por error de derecho, según es posible deducirlo del ordinal 1º del artículo 87 del CPTSS, mientras que lo que pregonó el censor fue la comisión de errores de hecho.

En efecto, así lo ha expuesto la corte en la sentencia CSJ SL15448-2017, que itera el criterio en mención:

Al tenor de lo visto, mal interpreta la recurrente la jurisprudencia de la Corte a la que alude, pues una cosa es la discusión en torno a la forma como debe aportarse a un juicio laboral el documento contentivo de una convención colectiva laboral, esto es, si autenticado o no, asunto que ciertamente es de puro derecho, por ende, argumentable por la vía directa del ataque en casación, y otra la controversia respecto del cumplimiento de la solemnidad de depósito oportuno de la convención colectiva de trabajo, que es un requisito necesario para que esta produzca efectos, conforme lo regula el artículo 469 del CST, tópico que el ordenamiento adjetivo, en la norma arriba citada, ordena se cuestione en casación, por la vía de los hechos, pero alegando error de derecho, según también lo ha dicho la jurisprudencia. (El resaltado es intencional).

En torno a la diferenciación conceptual que debe hacerse al controvertir sobre la aducción de la convención colectiva de trabajo al proceso, ora a través de documento en copia simple, o por vía de uno autenticado, y la incorporación de ese mismo instrumento con nota de depósito, la Corporación dijo lo siguiente en la sentencia CSJ SL, 10 ag. 2010, rad. 36312 donde sentó específicamente:

No obstante, importa aclarar que esta Sala de la Corte ha explicado que el hecho de que una convención colectiva sea auténtica no significa que no deba haber sido depositada para tener eficacia jurídica, toda vez que ese depósito es un requisito esencial para que produzca efectos, conforme lo establece el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, cuestión que es diferente de su autenticidad como documento.

Por esa razón, encuentra la Sala oportuno anotar, en relación con la inconformidad planteada por la censura, originada en el hecho de que se le negara valor probatorio a las copias de la convención aportada al proceso, que en la decisión acusada la razón del Tribunal para restarle validez al documento no obedeció a su carácter de copia informal, sino propiamente a la circunstancia de que no presentara la constancia de su depósito oportuno, lo que es distinto.

Es cierto que, conforme al artículo 54 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se debe tener por auténtica la reproducción simple de la convención colectiva de trabajo y de la constancia o certificación que haga parte de ese documento o se le anexe, pero necesariamente debe aparecer tal certificación, en la que conste el depósito, dado que la norma comentada no suprimió su exigencia para darle validez y eficacia al respectivo convenio regulador de las condiciones de trabajo, de manera que, por esa razón, la circunstancia de que una convención colectiva de trabajo pueda aportarse al proceso en copia simple y que pueda ser valorada, no permite concluir que pueda dispensarse la prueba de su depósito oportuno.

A su vez, la sentencia CSJ SL 34321, 28 jul. 2009, ya había señalado sobre el mismo tema:

En todo caso, la inferencia del ad quem, relacionada con la falta de valor probatorio de la convención colectiva de trabajo de folios 3 a 30 del expediente, por no aparecer demostrada la certificación que diera fe del depósito oportuno, debió confrontarse por la vía indirecta, a través de error de derecho, de conformidad con lo previsto en los artículos 469 del CST, y 60-1 del Decreto 528 de 1964, que modificó el 87 del CPT y SS.

Sobre el concepto de error de derecho, la sentencia CSJ SL4760-2019 precisó:

[…] se presenta cuando se da por acreditado un hecho con un elemento probatorio cualquiera, cuando la ley exige para su comprobación una prueba solemne, o cuando no se ha apreciado una prueba de esa naturaleza, siendo condición para la validez sustancial del acto que contiene (CSJ SL4350-2018).

Así entonces, como la acusación se desarrolló en torno a la violación del artículo 469 del CST –de los demás artículos propuestos no se explicó cómo fueron vulnerados– la formulación del cargo ha debido hacerse señalando errores de derecho, pero como solo se expusieron eventuales dislates fácticos, no hay lugar a dar crédito al embate.

Con todo, no puede pasarse por alto, que el primer error de hecho planteado en el último cargo, según el cual el tribunal no dio por demostrado, estándolo, que dentro del expediente aparece la constancia de depósito de la convención colectiva de trabajo, se acusó con fundamento en que el colegiado apreció equivocadamente, tanto el sello visible a folio 56 del texto convencional, como la contestación de la demanda, circunstancias que no ocurrieron, porque el tribunal ni siquiera hizo referencia a tales elementos, lo que descarta que haya evaluado atropelladamente aquello que no le mereció ninguna observación. De esa manera el error endilgado no quedó soportado en un análisis valedero. De todos modos, es necesario acotar que el folio 56 corresponde a una convención colectiva de trabajo vigente para el año 2004, que bien pudo haber sido debidamente depositada, y ese acto cabalmente atestado en el expediente, pero que no corresponde a la época respecto de la cual se elevaron las pretensiones iniciales, a lo que se suma que el actor nunca enunció tal convención del año 2004 en el escrito de la demanda primigenia, como fuente de los derechos pretendidos.

El segundo error, consistente en que el fallo acusado dio por probado que la convención colectiva de trabajo carecía de validez por ausencia del requisito legal de depósito, tampoco pudo haberse cometido a partir de una valoración indebida de los mismos elementos probatorios, pues, ya se dijo, el tribunal no los apreció, por no ser necesarios para el desarrollo de los argumentos que constituyeron los pilares de su decisión revocatoria, razón por la cual, esta debe mantenerse incólume.

Las costas del recurso extraordinario quedan a cargo de la parte recurrente, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones doscientos cuarenta mil pesos ($4.240.000), que se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia realice, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LORENZO PLAZAS OSSA contra la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA, INDEGA SA.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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