RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › 2018 › SL3993-2018

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3993-2018

Estabilidad laboral

Fecha
9 de agosto de 2018
Magistrado ponente
Jorge Luis Quiroz Alemán
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL3993-2018

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿El acta extraconvencional de estabilidad laboral impedía el despido sin justa causa y daba derecho al reintegro?

  2. ¿El cierre definitivo del centro de trabajo hacía imposible el reintegro?

Reglas

  1. La fuerza vinculante de un acuerdo extraconvencional depende de que las partes hayan expresado su voluntad de establecer obligaciones exigibles.

    «la validez y eficacia del acta extra convencional»
  2. La imposibilidad material de reintegro por cierre total del lugar de trabajo no elimina el derecho cuando el acuerdo colectivo garantiza la estabilidad y el despido contraviene esa garantía.

    «el cierre total del lugar donde prestaban el servicio los demandantes hace imposible el reintegro»
  3. La casación puede prosperar cuando el análisis de la prueba demuestra que el empleador desconoció una garantía convencional de estabilidad.

    «Las razones expuestas en sede de casación relacionadas con la validez y eficacia del acta extra convencional, son suficientes para ordenar el reintegro del accionante»

Decisión

Casar la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, revocar la decisión del juzgado y resolver las pretensiones conforme al reconocimiento de la garantía de estabilidad y el reintegro.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 22 de octubre de 2010, en el proceso que adelantó el señor JUAN JOSÉ BERMÚDEZ PALACIO, contra la EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA S.A. E.S.P., EADE S.A. E.S.P., en cuanto ordenó el reintegro. No se casa en lo demás. En sede de instancia, REVOCA la sentencia del Juzgado Quinto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, del 12 de diciembre de 2008. En su lugar, RESUELVE: PRIMERO.- CONDENAR al pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales dejados de percibir por el actor, desde la fecha de su desvinculación y hasta la existencia de la demandada, esto es, 25 de junio de 2007, debidamente indexados, así como los respectivos aportes al sistema de seguridad social, por el mismo lapso sin solución de continuidad hasta la liquidación de la de la Empresa Antioqueña de Energía EADE S.A. E.S.P. SEGUNDO.- ORDENAR la reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa, las cesantías e intereses a las cesantías que le fueron reconocidas al demandante por el tiempo transcurrido entre la finalización del vínculo y la liquidación de la empresa. De igual modo, se autoriza a la entidad para compensar lo pagado por estos conceptos. TERCERO.-Confirmar en lo restante el fallo de primera instancia. Costas como se indicó en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL3993-2018

Magistrado ponente: Jorge Luis Quiroz Alemán

9 de agosto de 2018

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

Magistrado ponente

SL3993-2018

Radicación n.° 50400

Acta 29

Bogotá, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA S.A E.S.P., contra la sentencia proferida el 22 de octubre de 2010, por la Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que adelanta en su contra JUAN JOSÉ BERMÚDEZ PALACIO.

ANTECEDENTES

Juan José Bermúdez Palacio llamó a juicio a la Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P., con el fin de que se declarara que debe ser reintegrado al cargo que desempañaba el 14 de enero de 2005, y como consecuencia de ello, condenar a la demandada, a título de indemnización todos los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales con sus aumentos, desde el día del despido hasta la fecha en que sea reintegrado en forma real y efectiva; que estas sumas sean indexadas; los aportes a la seguridad social, y las costas y agencias en derecho.

Para fundamentar sus pretensiones, dijo que prestó sus servicios a la Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P., a través de un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 12 de marzo de 2001 y el 14 de enero de 2005 sin solución de continuidad, día en que fue despedido sin justa causa, y que el último cargo desempeñado de Asistente Administrativo fue en la sede de Medellín.

Que pertenecía a la organización sindical y por tanto beneficiario de las convenciones colectivas y acuerdos suscritos entre el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, Seccional Antioquia y la empresa EADE S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos domiciliarios regida por la Ley 142 de 1994. Que para el momento de la desvinculación injusta, no le pagaron en forma oportuna la liquidación de prestaciones sociales.

Agregó que la empresa pactó con el sindicato, una cláusula de estabilidad laboral que se consignó en el acta extra convencional del 28 de octubre de 2003 y pese a ello, optó por despedirlo además de ser padre cabeza de familia. (Fls. 4 a 9)

La demandada Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P. en Liquidación, al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Con relación a los hechos, aceptó los extremos del contrato de trabajo, el cargo que desempeñó el demandante y la naturaleza jurídica de la accionada. De los demás dijo que no le constaban o que no eran ciertos. En su defensa, formuló las excepciones de prescripción, imposibilidad jurídica del reintegro, compensación, pago e inexistencia de la obligación. (Fls. 32 a 46)

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2008, absolvió a la demandada de todas las pretensiones (Fls.296 a 303).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación que presentó el demandante, la Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante la sentencia del 22 de octubre de 2010, revocó la de primera instancia y condenó a la accionada así:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y origen conocidos, traída en apelación, y en su lugar, ORDENAR a la EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA S.A. E.S.P. REINTEGRAR al señor JUAN JOSÉ BERMÚDEZ PALACIO identificado con la cédula de ciudadanía n.° 71.878.451 al mismo o mejor cargo al que venía desempeñando al momento de su despido -14 de enero de 2005-, a pagar los salarios y prestaciones legales y extralegales, con sus respectivos aumentos legales y convencionales, debidamente indexados, causados hasta el día que sea efectivamente reintegrado, y cancelar a las respectivas entidades dispuestas para ello los aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales.

SEGUNDO: DECLARAR para todos los efectos legales, que el contrato de trabajo suscrito entre JUAN JOSÉ BERMÚDEZ PALACIO identificado con la cédula de ciudadanía … y la EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA S.A. E.S.P., no existió solución de continuidad.

TERCERO: DECLARAR probada la excepción de COMPENSACIÓN formulada por la parte demandada, razón por la cual se AUTORIZA a la EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA S.A. E.S.P., descontar de la suma objetos de la presente condena, lo pagado a JUAN JOSÉ BERMÚDEZ PALACIO por concepto de indemnización convencional por despido injusto y el auxilio de cesantías.

CUARTO: COSTAS. En ambas instancias a cargo de la parte demandada. En ésta se fijan en …. (folios 394 a 410).

El Tribunal consideró que en el proceso se demostró la condición de afiliado del actor a la organización sindical SINTRAELECOL y la existencia del preacuerdo extra convencional, según los Fls. 162 a 201 del expediente.

Con relación a la validez de este convenio, mencionó que fue celebrado el 28 de octubre de 2003 y depositado ante el Ministerio de la Protección Social el 31 de diciembre del mismo año, como lo muestra el folio 161 del plenario. Transcribió lo pertinente a la “estabilidad laboral”, y dijo que esta Sala en la sentencia con radicación 32347 del 3 de julio de 2008 y en la no. 35707 del 10 de marzo de 2010, expresó que «no tiene el carácter de convención colectiva de trabajo, pero constituye un acuerdo de obligatorio cumplimiento para las partes, por haber consentido de manera libre y voluntaria en el mismo.»

Concluyó que ese acuerdo era «creador de derechos, pues constituye Ley para las partes, y en el que se plasmó la voluntad del empleador de respetar el derecho a la ESTABILIDAD LABORAL surge con absoluta claridad que ha debido ser respetado por este, so pena de hacerse acreedor de las consecuencias en él (sic) mismo previstas.»

Aseguró que el trabajador fue despedido unilateralmente sin que mediara justa causa y por ello, la demandada pagó la respectiva indemnización, cuando lo que procede es el reintegro, ya que la convención colectiva 2003 – 2007 con vigencia 2004 a 2007, suscrita entre la accionada y la organización sindical, «…no se derogó o modificó expresamente aquel acuerdo, por el contrario lo ratificaron al precisar que: En julio 27 de 2004 se discutió ampliamente el punto de estabilidad en el cual se presentaron propuestas de las partes y, de mutuo acuerdo, se decide retirarlo de la negociación, manteniendo lo legal y convencionalmente establecido a la fecha.

La empresa manifiesta que dentro de sus políticas y empresariales no está el abuso de la posibilidad de despido que la convención colectiva determina, y por el contrario plantea que los despidos que se realicen serán por justa causa y siguiendo el conducto regular, ahora si la necesidad empresarial aconseja terminar unilateralmente el contrato de trabajo sin justa causa, se velará por el respeto de lo convencional y legalmente establecido respetando los derechos de los trabajadores.»

Transcribió apartes de la sentencia con radicación n°. 36342 del 16 de marzo de 2010 (Fls. 394 a 410).

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte «Case totalmente el fallo impugnado, para que en su lugar, y una vez constituida en sede de instancia, CONFIRME TOTALMENTE, la sentencia proferida por el juzgado, para finalmente absolver a EADE S.A. E.S.P., de todas las súplicas formuladas por la demandante.»

Con tal propósito formula dos cargos por la vía indirecta, que oportunamente fueron replicados.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida «de los artículos 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable analógicamente por virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en relación con los artículos 467, 468, 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 7º y 8º del Decreto 2351 de 1965.

La violación de la norma procesal enunciada constituyó el medio para que se vulneraran las normas sustantivas referidas (violación de medio a fin).»

Le atribuye al Tribunal la comisión de los siguientes errores evidentes de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo, que la Empresa Antioqueña de Energía EADE S.A. E.S.P., se encontraba liquidada definitivamente desde el 25 de junio de 2007.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que era posible ordenar el reintegro del señor JUAN JOSÉ BERMÚDEZ PALACIO, a la Empresa Antioqueña de Energía EADE S.A. E.S.P.

3. No dar por demostrado, estándolo, que ante el estado de liquidación definitiva de EADE S.A. E.S.P. (desde el 25 de junio de 2007), no era posible ordenar el reintegro del demandante, por haberse presentado un hecho sobreviviente extintivo del derecho en litigio.

Tal error se cometió por no haber valorado, la siguiente prueba hábil documental:

Certificado especial proferido de la Cámara de Comercio de Medellín, donde se hace constar que, según no. 44 del 25 de junio de 2007, se declaró liquidada definitivamente la sociedad EADE SA ESP, desde el 25 de junio de 2007 (fl. 231 y 235).

En la demostración menciona que el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento laboral por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, «ordena al juez tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y allegado regularmente por la parte interesada antes de que el expediente entre a despacho para sentencia o que la ley permita considerarlo de oficio.»

Manifiesta que al proceso se aportó el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Medellín donde consta que según Acta no. 44 del 25 de junio de 2007, se declaró liquidada definitivamente la sociedad EADE S.A. E.S.P., desde el 25 de junio de 2007. Agrega que el documento, «contiene un hecho extintivo del derecho en litigio, pues no se discute que lo pretendido por el demandante era un reintegro al cargo que ejercía al momento de la terminación de su vínculo laboral, y por ello, ante el evidente estado de liquidación definitiva en que se encontraba la Empresa desde el 25 de junio de 2007, se hacía imposible material y jurídicamente el reintegro pretendido, por la potísima razón de que la empresa dejó de existir.»

Asegura que, esta Sala ha enseñado «que es una obligación del juez, y no una simple facultad, pronunciarse sobre hechos extintivos del derecho en controversia cuando han sido allegados al expediente antes de que el expediente entre a despacho para sentencia.» Replica apartes de las sentencias con radicación Nos. 14214 del 18 de septiembre de 2000 y 34619 del 25 de agosto de 2009.

VII. RÉPLICA

Manifiesta como consideración inicial, que la Corte ya ha definido la fuerza vinculante de la cláusula extra convencional celebrada entre la demandada y Sintraelecol, para ordenar el reintegro del actor.

Luego menciona que el cargo presenta «graves errores de técnica», porque se dedica a demostrar que el tribunal no aplicó el artículo 305 del CPC, pero selecciona el ataque por la vía indirecta, cuando lo correcto era dirigirlo por la vía directa.

Asegura que el tribunal en virtud del principio de la consonancia no incurrió en omisión, al no pronunciarse sobre la imposibilidad del reintegro del demandante, porque no fue un asunto planteado en el recurso de apelación. Agrega que «si el tribunal hubiese estado facultado para pronunciarse sobre supuesta (sic) causal de imposibilidad del reintegro, tampoco le asiste razón para negar por este aspecto el restablecimiento de la relación laboral, por cuanto la efectuada por la empresa según puede percibirse con el certificado de existencia y representación legal, que dicho sea de paso puede aportar al proceso por fuera de las oportunidades probatorias, se trata de una AUTOLIQUIDACIÓN ordenada por los socios, sin autorización del MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, más con el propósito de ocultar lo que realmente ocurrió en el proceso en virtud del cual EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, como verdadero dueño de EADE, la absorbió para asumir directamente y la prestación de los servicios que ésta venía manejando. Se produjo una sustitución patronal.» Reproduce fragmentos de las sentencias con radicación Nos. 33004 y 31061 de esta Sala.

VIII.CONSIDERACIONES

Previo a resolver los reparos que hace el recurrente a la providencia de segundo grado, debe mencionarse que no le asiste razón al opositor con relación a las falencias de técnica del primer cargo, pues en su criterio «se dedica a demostrar que el Tribunal no dio aplicación al artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, a pesar de lo cual selecciona para el ataque la vía indirecta, cuando lo correcto sería la infracción directa… », toda vez que en este caso se plantea la eficacia de una prueba -certificado especial de la Cámara de Comercio de Medellín-, reparo que puede plantearse por la vía indirecta, en tanto en este se encuentra contenida la prueba que da cuenta de la liquidación definitiva de la demandada. Sobre el punto, en sentencia CSJ SL del 2 ago. de 2011, rad. 39343, la Sala explicó que es admisible una acusación por la vía indirecta «cuando la validez, producción o eficacia de un determinado medio probatorio exige la confrontación de alguna pieza procesal o de una prueba»

En lo referente a los errores de hecho endilgados a la sentencia recurrida por la falta de apreciación del certificado de Cámara de Comercio expedido el 26 de octubre de 2007, que obra a fl. 231 a 235 con fecha de expedición 14 septiembre de 2007, en el que se lee que «Según Acta No.44 del 25 de junio de 2007, de Asamblea Extraordinaria de Accionistas registrada en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de 2007, en el libro 9º., bajo el No. 7658, se declaró LIQUIDADA la sociedad», advierte la Sala que la razón acompaña al recurrente, por cuanto era deber del tribunal apreciar este documento como un hecho sobreviniente y relevante, pues resulta indiscutible que su valoración influye de manera directa en la decisión del reintegro que impartió, porque la conclusión a la que se debió arribar a partir de la apreciación del citado documento, es que la demandada se liquidó definitivamente el 25 de junio de 2007, lo que jurídicamente hacía imposible ordenar la reinstalación del actor, esto es, cuando no existe físicamente la accionada, como en este caso. En un proceso contra la acá demandada, de idénticas características fácticas al presente, en el que el mismo tribunal dejó de apreciar dicho certificado, la Sala dijo:

La omisión del juez colegiado acabada de detectar por la Sala configura un desatino que afecta la orden de reintegro que dio, en razón a que, si hubiese tenido en cuenta que la empresa se encuentra liquidada desde el 25 de junio de 2007, no la habría dispuesto, en razón a que era imposible de cumplir.

Sobre el particular, es pertinente poner de presente lo que dijo esta corporación en otro proceso adelantado contra la misma demandada, CSJ SL 8155 de 2016:

Respecto a esta última certificación esta Sala de la Corte en anteriores procesos estimó que «no es suficiente para impedir la materialización de la reincorporación del actor al servicio de la demandada, pues no existe prueba de la culminación del aludido proceso de liquidación» (CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 40310; CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 42852; CSJ SL873-2013; CSJ SL874-2013; CSJ SL875-2013; CSJ SL11321-2014; CSJ SL10114-2015; CSJ SL2729-2015) y, en ese sentido, se ordenó el reintegro de varios demandantes a la empresa al considerarse que la certificación emitida por la Cámara de Comercio no era una prueba apta para demostrar el hecho de su liquidación definitiva.

Pues bien, examinado nuevamente el asunto, esta Sala estima oportuno cambiar su postura al respecto, para en su lugar señalar que los certificados de Cámara de Comercio aportados por la demandada, constituyen prueba idónea de la liquidación total de la entidad.

Sobre el punto, es imperioso recordar que una de las funciones legales del registro mercantil es la de dar publicidad a los actos y contratos inscritos, con el objeto de facilitar su conocimiento por parte de cualquier persona; servir de prueba de los mismos y brindar certeza en las transacciones mercantiles.

En Colombia, dicha función fue asignada a las Cámaras de Comercio, de conformidad con el num. 3º del art. 86 del C. de Co., que expresamente señala que le corresponde a éstas entidades «llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos». Vale decir, legalmente está en cabeza de estas instituciones la función de inscripción y certificación de los actos que, de acuerdo con el mismo Código, deban ser objeto de registro.

Ahora bien, con arreglo al num. 9º del art. 28 del C. de Co, debe ser registrado en las Cámaras el acto de liquidación de las sociedades, lo que significa que, una vez efectuado, le corresponde a estas entidades el deber subsiguiente de dar fe de la existencia de la situación.

Lo expuesto conduce a concluir que, por mandato legal, el certificado de Cámara de Comercio es la prueba idónea de la liquidación de las sociedades y, por ello, constituye una prueba auténtica y completa del hecho que expresa. Y como prueba válida y eficaz que es, tiene aptitud suficiente para consolidar el convencimiento de los jueces en lo que hace a la extinción definitiva de las sociedades y entidades obligadas a inscribir tal circunstancia.

En este asunto, como atrás se mencionó, se allegó certificado expedido el 19 de marzo de 2009 por la Cámara de Comercio de Medellín, en el que se deja constancia del hecho de la liquidación final y definitiva de la entidad, aspecto que no puede pasar por alto la Sala en orden a analizar la viabilidad del reintegro pedido en la demanda.

En efecto, para que sea factible la reinstalación de un empleado, es imprescindible que la entidad a la cual va a ser reincorporado exista físicamente, pues es un ilógico pretender la reubicación a una entidad que, sencillamente, ha desaparecido material y jurídicamente, como acá ocurre en virtud del certificado mercantil adosado al juicio y al cual la Sala le atribuye plena eficacia para demostrar la liquidación total de la EADE.

En el derecho de las obligaciones, el tema de la «imposibilidad sobrevenida» ha sido objeto de estudio por parte de la doctrina autorizada, en el sentido que en las hipótesis de imposibilidad sobrevenida y definitiva del débito primario (reintegro), procede «el equivalente pecuniario de este: perpetuatur obligatio en la aestimatio pecunia (art. 1731 c.c.)». Lo que significa que de no ser posible el cumplimiento de la obligación in natura, por ejemplo, por extinción de la entidad en la cual debía ser reintegrado un trabajador, procede la entrega de un subrogado pecuniario, que de una u otra forma satisfaga el derecho del trabajador.

El tema en cuestión no ha sido ajeno a la jurisprudencia de esta Corporación, como puede verse en la sentencia CSJ SL, 30 abr. 1998, rad. 10425:

«El Tribunal acierta cuando sostiene que el cierre total del lugar donde prestaban el servicio los demandantes hace imposible el reintegro, porque esa es una verdad axiomática. Más aún, para que una obligación exista es necesario que sea física y jurídicamente posible, de manera que una persona no puede obligarse por un acto o declaración de voluntad a cumplir lo imposible y de la misma manera el juez no puede gravar al demandado, con una decisión judicial suya, a que cumpla un hecho o un acto materialmente imposible. Cuando el hecho debido se torna imposible, la obligación original (de dar, hacer o no hacer) se resuelve en una de indemnizar perjuicios, de modo que lo jurídicamente procedente es la demanda judicial de los perjuicios».

Igualmente, en la sentencia CSJ SL, 06 jul. 2011, rad. 39352, la Sala razonó:

«De entrada observa esta Corporación que le asiste razón a la censura en este puntual aspecto, al afirmar que erró el ad quem al revocar la decisión de primera instancia, por cuanto la entidad demandada, al momento de proferirse la sentencia impugnada, no estaba en la posibilidad física y jurídica de reintegrar a la demandante, dado su estado de disolución y liquidación evidenciado en la documental que obra al folio 453 del cuaderno del Tribunal, así como tampoco lo está en la actualidad, ya que el 30 de septiembre de 2009 se extinguió del ámbito jurídico, como certeramente lo revela el certificado de la Cámara de Comercio, adosado al folio 35 del cuaderno de la Corte.

[…]Entonces, parafraseando lo que sentara la Corte en la sentencia citada, en este caso, el reintegro deprecado adquiere la connotación de imposible de efectuarse, puesto que, como puede advertirse en el Certificado de Existencia y Representación Legal adosado al folio 453 del cuaderno del Tribunal, mediante Decreto 2525 de 2 de julio de 2005 se declaró la disolución y el estado de liquidación del banco demandado. De ahí que sea necesario afirmar que tratándose de un hecho sobreviniente luego de haberse presentado la demanda, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por la integración autorizada en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, es viable tener en cuenta dicho documento».

Por consiguiente, en sede de instancia, la Corte, ante el hecho indiscutible de la extinción total de la entidad accionada, debe acoger otras soluciones jurídicas que compensen en forma adecuada y proporcional los derechos que le fueron vulnerados al demandante.

Esto es así debido a que, la ocurrencia de un hecho externo al trabajador, como lo es la extinción de la entidad empleadora por la culminación del proceso liquidatorio, no debe conducir a la absolución o a que el juez decline su deber de administrar justicia. Por el contrario, frente a situaciones como estas, lo razonable es adoptar decisiones compensatorias de los derechos constitucionales y legales de los trabajadores, a través de sentencias viables, completas y de posible ejecución.

Por ello y en aras de garantizar la materialidad del derecho a la justicia efectiva, la Sala, en reemplazo del aludido reintegro y a título compensatorio, considera procedente disponer el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación del demandante hasta la fecha de culminación de la liquidación de la entidad, debidamente indexados, así como los respectivos aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, por el mismo lapso.

Tal solución se acompasa con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, donde, ante la imposibilidad del reintegro por finalización del proceso liquidatorio, ha considerado procedente «el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por el trabajador (…) desde la fecha en que éste fue retirado del servicio, hasta la fecha en que culmine la liquidación de la entidad demandada» (CC T- 360/2007), en tanto «el trabajador perjudicado con la liquidación de una entidad pública o privada, sólo tiene la opción indemnizatoria, pero no le es dado solicitar un reintegro imposible» (CC T-550/00).

Se reitera que, en este particular caso existe prueba concreta de la liquidación final de la entidad, es decir, de su extinción total. Sin embargo, debe aclarar la Sala que diferentes consecuencias se generarían cuando la sociedad se encuentra en trámite de proceso liquidatorio, ya que, en estos casos, la entidad subsiste, solo que su capacidad jurídica se contrae a la realización de los actos necesarios para la culminación de aquel. Por esto, es razonable el reintegro de un trabajador a una sociedad en liquidación, eso sí, hasta que esta concluya definitivamente. (SL4566-2017 radicación n.° 46620 del 29 de marzo de 2017).

De conformidad con lo expuesto, el tribunal para su decisión debió tener en cuenta el hecho de la liquidación de la empresa demandada, omisión que efectivamente constituye un yerro fáctico. En consecuencia, el cargo es fundado.

IX. SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia del tribunal por la vía indirecta, por “aplicación indebida de los artículos 467, 468 y 476 del Código Sustantivo de Trabajo, en relación con el artículo 1098 del Código Civil, lo que condujo a dejar de aplicar el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.”

Afirma que el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

No dar por demostrado, estándolo, que para el momento de la terminación del contrato de trabajo del demandante (14 de enero de 2005) eran las cláusulas de la convención colectiva, -y no las del preacuerdo extra convencional-, las que debían aplicarse al asunto, pues el acta de preacuerdo fue firmada el 28 de octubre de 2003, y la nueva convención colectiva que regía los contratos de trabajo fue suscrita el 28 de julio de 2004.

Dar por demostrado, sin estarlo, que el preacuerdo extra convencional, en el aparte denominado “estabilidad Laboral”, y no la cláusula 17 de la Convención Colectiva de Trabajo que regía el contrato de trabajo del demandante, el precepto realmente aplicable en el caso particular.

No dar por demostrado, estándolo debidamente, que conforme al contenido de la convención colectiva de trabajo vigente para el 26 de agosto de 2005, la Empresa estaba facultada para despedir a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido por el Decreto 2351 de 1965.

No dar por demostrado, estándolo, que conforme a la cláusula 3ª de la convención colectiva de trabajo 2004-2007, solo mantuvieron su vigencia “Las cláusula (sic) y artículos de convenciones y laudos anteriores, así como los de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que puso fin al recurso de homologación del 2 de septiembre de 1983, no sustituidos ni modificados en la presente convención…”, y en consecuencia, no haber concluido que el preacuerdo extra convencional no tenía vigencia para el 26 de agosto de 2005, al ser excluido por las partes como norma vigente para tal data.

Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor JUAN JOSÉ BERMÚDEZ PALACIO, podía ser reintegrado al cargo que ocupaba el día de su despido.

No dar por demostrado, estándolo, que la Empresa Antioqueña de Energía EADE S.A. ESP, se encontraba liquidada definitivamente desde el 25 de junio de 2007, y que por tal razón, no era posible ordenar el reintegro de la demandante, (sic)- al no existir ni material ni jurídicamente la Empresa.

Menciona que estos yerros los cometió el tribunal por haber valorado de manera errada las siguientes pruebas:

Acta de preacuerdo extra convencional firmada el 28 de octubre de 2003, por EADE SA ESP y SINTRAELECOL (fl 162 a 164).

Convención Colectiva de trabajo 2003-2007, suscrita el 28 de julio de 2004 por EADE S.A. ESP y SINTRAELECOL (fls 165 a 201).

Liquidación definitiva de prestaciones sociales, contentiva de la liquidación de la indemnización convencional por despido (fls. 23 y 24, 54 y 55). Valga precisar que si bien tal documento no fue mencionado expresamente por el tribunal, no es menos cierto que –obviamente- fue valorado, al haber sido materia de declaratoria de compensación tal indemnización convencional por despido tanto en la parte motiva como en la resolutiva de la providencia que se ataca.

Y por haber dejado de valorar el certificado especial proferido por la Cámara de Comercio de Medellín, en donde se hace constar que según Acta no. 44 del 25 de junio de 2007, se declaró liquidada definitivamente la sociedad EADE S.A. ESP, desde el 25 de junio de 2007(fls.231 y 235).

En la demostración, dice que el tribunal decidió según lo expuesto por esta Sala, en cuanto que «el preacuerdo extra convencional había creado derechos y que “no derogó o modificó expresamente aquel acuerdo” por la convención colectiva 2003-2007, toda vez que en aquel (preacuerdo) no se determinó “una vigencia temporal” de extinción del derecho al reintegro.»

Afirma que la demandada y Sintraelecol suscribieron el 28 de octubre de 2003 el acta de preacuerdo extra convencional, «en la que tratando el tema de la “Estabilidad Laboral” se dijo:

“EADE S.A. ESP. Garantiza la estabilidad en el empleo de sus trabajadores y en consecuencia no podrá dar por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo sino tan solo por alguna de las justas causas debidamente comprobadas y establecidas en el artículo 7 del Decreto Ley 2351 de 1965, con previo cumplimiento de lo contemplado en el artículo 1º del mismo Decreto y respetando el debido proceso. No producirá efecto alguno la terminación unilateral de un contrato de trabajo que se efectúe pretermitiendo lo estipulado anteriormente y en consecuencia, el trabajador mediante sentencia judicial, tiene derecho al restablecimiento del contrato mediante el reintegro en las mismas condiciones de empleo que gozaba anteriormente, sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir, o la indemnización prevista en esta convención, a opción del trabajador.

Cuando EADE S.A. ESO. de por terminado un contrato de manera unilateral sin justa causa, deberá reconocer y pagar al trabajador afectado una indemnización en los términos que se encuentra pactada en la convención colectiva de trabajo vigente.»

Agrega que «la ulterior argumentación del cargo permite vislumbrar que se estuvo en presencia de un acta extra convencional (por fuera de la convención) materializado en un preacuerdo (antesala de un eventual hipotético acuerdo a ser regulado definitivamente en la convención), en el que se consagraron derechos temporales (reintegro) que no estaban contenidos en la convención colectiva vigente para el momento de la suscripción de tal preacuerdo (28 de octubre de 2003), pero que se esperaba que lo estuvieran en la nueva convención que se suscribiría, lo que no sucedió.»

Manifiesta que la empresa y el sindicato denunciaron de manera total la convención colectiva, y suscribieron el 28 de julio de 2004 una nueva, la que según el artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo, «determinaría “las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”, la cual se pactó por la vigencia del 1º de agosto de 2004 al 31 de diciembre de 2007 (fls. 165 a 201), y que por lo mismo, se encontraba vigente para el momento de la terminación del contrato de trabajo ocurrida el 26 de agosto de 2005. Copió lo dispuesto en el artículo 17 de esta convención colectiva sobre la estabilidad laboral, para concluir que «los despidos podrían realizarse con base en lo señalado en el Decreto 2351 de 1965, el cual si bien es cierto en su artículo 7º incluye las justas causas para la finalización unilateral del vínculo laboral por parte del empleador y trabajador, no es menos cierto que el artículo 8º del mismo Decreto señala igualmente las consecuencias de la terminación del vínculo sin justa causa comprobada al llevar envuelta la condición resolutoria, debiendo pagar el empleador una indemnización…», suma que le pagó al actor como lo acredita la liquidación de prestaciones sociales que obra a fls. 23, 24, 54 y 55 del expediente.

Afirma que si se pudiera entender que en esta convención se incluía el preacuerdo extra convencional, la misma en el artículo 3º, dispuso «Las cláusulas y artículos de convenciones y laudos anteriores, así como los de la sentencia de la Corte Suprema de justicia que puso fin al recurso de homologación del 2 de septiembre de 1983, no sustituidos ni modificados en la presente convención.» De lo anterior, concluye que el citado preacuerdo fue derogado por mutuo acuerdo entre las partes. Transcribió apartes de una sentencia al parecer de esta Sala, pues no indica el número de radicación, y de la n°. 6947 del 18 de noviembre de 1994, de la Sección Segunda de esta Sala de Casación.

Reitera que si el tribunal incurrió en error al no valorar el certificado de Cámara de Comercio de Medellín, donde consta el Acta no. 44 del 25 de junio de 2007, que declaró liquidada definitivamente la demandada desde el 25 de junio de 2007, lo que constituye un hecho extintivo del derecho en litigio y por ello ante la liquidación definitiva de la empresa, era imposible material y jurídicamente ordenar el reintegro del actor.

Que si bien existen antecedentes en las sentencias de esta Corte con radicación Nos. 32347, 35707 y 36342, en estas no fue materia de discusión la liquidación de la empresa desde junio de 2007.

X. RÉPLICA

Reitera que la censura se equivocó con la vía escogida porque como la sentencia del tribunal se fundó en la «doctrina de la sala laboral de la sala laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por tal razón el ataque a través de la vía indirecta se encuentra mal perfilado toda vez que se tiene por sabido que cuando la decisión atacada se finca en la jurisprudencia, el concepto de violación apropiado es la interpretación errónea que cabe únicamente por la vía directa.»

Insiste en que el tema de la validez y fuerza vinculante de las actas extralegales, es un asunto ya resuelto por la Corte y cita las sentencias con radicación Nos. 6169 de 1982 y 32347 de 2008.

X. CONSIDERACIONES

Para resolver el reparo que formula el recurrente, conviene reiterar sin más miramientos lo que esta Corporación ha expresado en cuanto a que el acta de acuerdo extra convencional no fue suplida por la Convención Colectiva de Trabajo 2003–2007. En la sentencia SL20195-2017, radicación 4568 del 29 de noviembre de 2017, en la que rememoró la providencia con radicación n°. SL14443-2014, 3 dic. rad. 45239, se dijo lo siguiente:

En efecto el tema objeto de controversia, que es la vigencia del acuerdo extra convencional que consagra la ineficacia de la extinción unilateral sin respaldo en alguna de las justas causas establecidas en el artículo 7 del Decreto Ley 2351 de 1965, ha sido dilucidado en múltiples oportunidades por esta Sala de la Corte, entre otras en la sentencia SL873-2013, que a su vez rememoró las sentencias CSJ SL, 14 nov. 2012, rad. 42830 y CSJ SL, 2 mar. 2010, rad. 36133 en las que sobre el particular dijo:

El soporte esencial del Tribunal para confirmar la sentencia que profirió el juez de primer grado, consistió en que el preacuerdo extra convencional, de 28 de octubre de 2003, fue sustituido por la convención colectiva de trabajo suscrita el 28 de julio de 2004, la cual se encontraba vigente al momento del despido de la trabajadora y preveía la terminación del contrato de trabajo, previo el pago de la indemnización de que trata el Decreto 2351 de 1965.

Así mismo, consideró el ad quem, que de la redacción de la cláusula convencional no emergía duda de “que la empresa podía hacer uso del Decreto 2351 de 1965, sin distingos de que la terminación del contrato de trabajo se hiciera con justa causa o sin ella, evento este en el cual procedería el pago de la indemnización de perjuicios por despido injusto conforme a la tabla aprobada y contemplada en el artículo 17 convencional”.

No obstante lo dicho por el Tribunal, esta Sala, respecto del acuerdo extra convencional, en un caso similar, en el que se discutió sobre su validez y naturaleza, radicado 32347, de 3 de julio de 2008, consideró que:

(…) el mismo carácter de “extra convencional” con el que se tituló el acta, evidencia una vez más que las partes no le dieron calidad de convención colectiva a la misma, sino que simplemente acordaron una serie de puntos relacionados con el manejo de algunas situaciones laborales de las cuales surgen obligaciones para la empleadora, entre las que cabe destacar el relativo a la estabilidad laboral con un mandato imperativo para ella en cuanto acordó que no “podrá dar por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo sino tan solo por alguna de las justas causas debidamente comprobadas y establecidas en el artículo 7° del Decreto Ley 2351 de 1965, con previo cumplimiento de lo contemplado en el artículo 7° del mismo Decreto y respetando el debido proceso”, agregándole a renglón seguido la consecuencia para su inobservancia: La ineficacia de la terminación unilateral del contrato de trabajo y la acción judicial del trabajador para solicitar su reintegro en las mismas condiciones de empleo o el pago de la indemnización prevista en la convención colectiva de trabajo vigente.

Nada se opone a que en el Derecho del Trabajo los trabajadores, bien sean por si mismos o representados por la organización sindical a la cual pertenecen, celebren acuerdos con los empleadores tendientes a regular diversas situaciones laborales y menos aún, tampoco puede haber oposición o ilicitud en cuanto con ellos se superen los mínimos derechos legales o inclusive convencionales. Si el simple acto unilateral de un empleador puede crear derechos para los trabajadores en tanto superen los mínimos legalmente establecidos, con mucha mayor razón ello puede aplicarse a los convenios directos que celebren con sus servidores.

Un acuerdo, como el que ahora ocupa la atención de la Sala, se convierte en ley para los contratantes sin desconocer el clásico principio que lo informa y según el cual debe ejecutarse de buena fe. Así se desprende claramente de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, que entre otros regulan el efecto de las obligaciones válidamente celebradas y de cuyas fuentes o nacimientos, señaladas en el artículo 1494 ibídem, vale la pena destacar el concurso real de voluntades de dos o más personas o el hecho voluntario de la persona que se obliga.

En las condiciones esbozadas, es natural colegir que un acuerdo en ese sentido, no tiene la necesidad de ser depositado para que surta los efectos queridos por las partes. Como regla general, en el derecho del trabajo los únicos acuerdos que deben ser depositados son los que emanan de un conflicto colectivo de trabajo cuya solución es dada por las mismas partes, pues así lo exige el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, condición que aquí no se puede predicar del convenio celebrado por la empresa y el sindicato, quienes simplemente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, el cual no repugna en las relaciones obrero patronales, siempre y cuando no se desconozcan los derechos mínimos de los trabajadores, quisieron regular algunas condiciones de trabajo, las cuales no quedaron condicionadas en forma alguna ni se exigió del pacto mismo que fuera depositado a la usanza de las convenciones colectivas de trabajo.

En el segundo cargo, la acusación toma en cuenta la manifestación del Tribunal en el sentido que el denominado preacuerdo debe tenerse en cuenta en la convención colectiva próxima a celebrarse. De ahí alega que como consecuencia, las obligaciones adquiridas por la empresa eran de las llamadas convencionales suspensivas.

Al respecto, la Sala advierte que en el texto de la citada acta extra convencional, no hay expresión alguna que permita colegir que los puntos acordados se debían tener en cuenta para una próxima convención colectiva a celebrarse (…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Si bien en este particular asunto, el argumento del Tribunal se dirigió a señalar que el acuerdo extra convencional fue suplido por la convención colectiva que empezó a regir el 1° de agosto de 2004, lo cierto es que en el texto de la referida acta dicho aspecto no aparece regulado, tal como se lee:

“ESTABILIDAD LABORAL

“EADE S.A. ESP garantiza la estabilidad en el empleo de sus trabajadores y en consecuencia no podrá dar por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo sino tan sólo por alguna de las justas causas debidamente comprobadas y establecidas en el artículo 7 del Decreto Ley 2351 de 1965, con previo cumplimiento de lo contemplado en el artículo 1° del mismo Decreto y respetando el debido proceso. No producirá efecto alguno la terminación unilateral de un contrato de trabajo que se efectúe pretermitiendo lo estipulado anteriormente y en consecuencia el trabajador, mediante sentencia judicial, tiene derecho al restablecimiento del contrato mediante el reintegro en las mismas condiciones de empleo que gozaba anteriormente sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir, o la indemnización prevista en esta convención a opción del trabajador.

“Cuando la EADE S.A. ESP, de por terminado un contrato de trabajo de manera unilateral sin justa causa, deberá reconocer y pagar al trabajador afectado una indemnización en los términos en que se encuentre pactada en la convención colectiva de trabajo vigente.”

Además, el artículo 17 de la Convención Colectiva, nada contempló respecto del punto, según su texto:

“ESTABILIDAD LABORAL. La empresa garantiza la estabilidad de sus trabajadores y sólo hará despidos con base en lo dispuesto por el Decreto 2351 de 1965 (…)

“NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2004-2007: En julio 27 de 2004 se discutió ampliamente el punto de estabilidad en el cual se presentaron propuestas de las partes y, de mutuo acuerdo, se decide retirarlo de la negociación, manteniendo lo legal y convencionalmente establecido a la fecha.

“La empresa manifiesta que dentro de sus políticas empresariales no está el abuso de la posibilidad de despido que la convención determina, y por el contrario plantea que los despidos que se realicen serán por justa causa y siguiendo el conducto regular, ahora si la necesidad empresarial aconseja terminar unilateralmente el contrato de trabajo sin justa causa, velará por el respeto de lo convencional y legalmente establecido respetando los derechos de los trabajadores”.

Así las cosas, es claro que el ad quem se equivocó al considerar que el acta que contenía el acuerdo extra convencional fue suplida por la convención colectiva, cuando, como atrás se dijo, en ningún aparte de este texto se reguló tal aspecto y, por el contrario, sólo se retiró lo discutido el 27 de julio de 2004 y se mantuvo “lo legal y convencionalmente establecido a la fecha”.

En tal sentido, no podía el Tribunal restarle fuerza al acuerdo que, sobre estabilidad, habían concertado los trabajadores y la empresa y el cual, tal como se vio, no fue modificado por la convención colectiva.

Es claro que, pese a lo dicho por el replicante, no es posible admitir que en dicho acuerdo se permitiera a la empresa motu proprio terminar el contrato de trabajo sin justa causa, pues precisamente, en el se consignó que era el trabajador quien, ante el despido, optara por reclamar judicialmente el reintegro o la indemnización; hacer una intelección diferente implicaría desconocer el pacto que garantizaba a los trabajadores una estabilidad reforzada.

Es decir, que el Tribunal cometió varios yerros a saber: considerar que el acuerdo extra convencional había sido suplido por la suscripción de la convención colectiva, y que por tal motivo la empresa estaba facultada para despedir a la trabajadora, previa indemnización, equivocación que se presentó al desconocer que el acta suscrita el 28 de octubre de 2003 no contempló una fecha determinada de extinción de la prerrogativa o derecho del reintegro, ni en el nuevo texto convencional que aludió a la garantía de la estabilidad se dejó sin efecto ese especificó derecho.

Conforme con lo expuesto se advierte que la acusación demostró que el sentenciador de segundo grado se equivocó al concluir la improcedencia del reintegro en este caso.

…

Nótese, además, que un acuerdo como el que suscita diferencias entre las partes, por virtud de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, se convierte en ley para estos, por haber mediado la voluntad para generar los derechos y obligaciones en cabeza de una y otra.

En consecuencia, el cargo es infundado.

XI. SENTENCIA DE INSTANCIA

Las razones expuestas en sede de casación relacionadas con la validez y eficacia del acta extra convencional, son suficientes para ordenar el reintegro del accionante, como quiera que fue despedido sin justa causa pero no en los términos que ordenó el fallador de segundo grado, pues como se concluyó, la reubicación se hace imposible por la liquidación de la empresa, y lo que procede entonces es a título compensatorio el pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación del demandante hasta la data de la culminación de la liquidación de la entidad, debidamente indexados, así como los respectivos aportes al sistema de seguridad social, por el mismo lapso, como si la relación laboral hubiese continuado hasta cuando dejó de existir la accionada.

Adicionalmente, como se encuentra demostrado que al trabajador la accionada le pagó la indemnización por despido injusto, así como las cesantías e intereses a las cesantías, de acuerdo con la prueba documental que obra a folios 23 y 24, se ordenará la reliquidación de estos conceptos, tomando en consideración el tiempo transcurrido desde la fecha en que el actor fue retirado del servicio hasta la liquidación de la demandada. De igual modo, se autorizará a la entidad para compensar lo pagado por estos conceptos.

Resulta conveniente recabar en lo expuesto por esta Corporación en la sentencia antes referida con radicación n°. 46620, en cuanto a que en razón a que el reintegro no es procedente, «por haber sido liquidada la empresa, los pagos salariales, prestacionales y de aportes a la seguridad social concedidos en su lugar, no son incompatibles con la indemnización por despido, ni con el pago de las cesantías, pues aquellos reconocimientos no hace más que hacer la ficción de que el contrato continuó hasta la liquidación de la entidad empleadora y el retiro sigue siendo por decisión unilateral del empleador sin justa causa.»

De acuerdo con los argumentos expuestos procede declarar probada la excepción formulada por la accionada-imposibildad jurídica del reintegro- y por la prosperidad de la misma, se releva la Sala del estudio de los demás medios exceptivos.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada, para en su lugar proceder de conformidad a lo aquí resuelto.

Las costas en ambas instancias serán a cargo de la demandada. En casación no se causan dada la prosperidad del primer ataque.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Cuarta Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 22 de octubre de 2010, en el proceso que adelantó el señor JUAN JOSÉ BERMÚDEZ PALACIO, contra la EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGÍA S.A. E.S.P., EADE S.A. E.S.P., en cuanto ordenó el reintegro. No se casa en lo demás.

En sede de instancia, REVOCA la sentencia del Juzgado Quinto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, del 12 de diciembre de 2008. En su lugar, RESUELVE:

PRIMERO.- CONDENAR al pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales dejados de percibir por el actor, desde la fecha de su desvinculación y hasta la existencia de la demandada, esto es, 25 de junio de 2007, debidamente indexados, así como los respectivos aportes al sistema de seguridad social, por el mismo lapso sin solución de continuidad hasta la liquidación de la de la Empresa Antioqueña de Energía EADE S.A. E.S.P.

SEGUNDO.- ORDENAR la reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa, las cesantías e intereses a las cesantías que le fueron reconocidas al demandante por el tiempo transcurrido entre la finalización del vínculo y la liquidación de la empresa. De igual modo, se

autoriza a la entidad para compensar lo pagado por estos conceptos.

TERCERO.-Confirmar en lo restante el fallo de primera instancia.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

FERNANDO CASTILLO CADENA

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

Demandante: Juan José Bermúdez Palacio

Demandado: Empresa Antioqueña de Energía EADE S.A. ESP.

Radicación: 50400

Magistrado Ponente: Jorge Luis Quiroz Alemán

Pese a que en la respectiva sesión, anuncié aclaración de voto, al leer el texto definitivo de la providencia, estimo que ello no es necesario.

Fecha ut supra.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL3993-2018 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.