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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4000-2022

Fecha
16 de noviembre de 2022
Magistrado ponente
Donald Jose Dix Ponnefz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4000-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 3 de marzo de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LUZ ANGELA USECHE DE PADILLA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES al que se vinculó a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA, en cuanto revocó la sentencia de primer grado. En sede de instancia, RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia dictada por el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, el 2 de diciembre de 2019, en el sentido de condenar al ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES., a pagar a LUZ ANGELA USECHE DE PADILLA la pensión de vejez por valor de $875.840,06 con 14 mesadas por año. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primer grado. Costas, como se indicó.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4000-2022

Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz

16 de noviembre de 2022

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

Magistrado ponente

SL4000-2022

Radicación n.° 88752

Acta 42

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

La Sala decide el recurso de casación interpuesto por LUZ ANGELA USECHE DE PADILLA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, el 3 de marzo de 2020, en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, al que se vinculó la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA.

ANTECEDENTES

Luz Ángela Useche Padilla llamó a juicio a Colpensiones, con el fin de que se declarara que es beneficiaria del régimen de transición y que es «nula» su afiliación al RAIS; en consecuencia, solicitó se le reconozca y pague la pensión de vejez desde el 30 de septiembre de 2009, fecha para la cual contaba 55 años y 1000 semanas cotizadas y se declarara que los aportes realizados con posterioridad, los hizo inducida por error de la entidad demandada; las mesadas retroactivas incluyendo las adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios o en subsidio la indexación y las costas.

Fundamentó sus peticiones, en que nació el 31 de agosto de 1951 y se encuentra afiliada a Colpensiones; que trabajó para el Instituto Colombiano de Cultura – Colcultura, desde el 23 de septiembre de 1981 hasta el 31 de marzo de 1992, tiempo en el cual su empleador cotizó a Cajanal; que a 1 de abril de 1994, cuando entró a regir la Ley 100 de 1993 contaba con 35 años y a la entrada en vigencia del Acto legislativo 01 de 2005, tenía más de 750 semanas cotizadas.

Informó que el 21 de octubre de 1999, se trasladó a la AFP Horizonte hoy Porvenir SA; que regresó al Régimen de Prima Media el 5 de octubre de 2007, con el fin de acceder a la pensión de vejez, al ser beneficiaria del régimen de transición; que el 7 de mayo de 2012 solicito la prestación a Colpensiones, que le fue negada mediante Resolución GNR 323909 del 29 de noviembre de 2013.

Señaló que en el anterior acto administrativo se le reconoció un total de 1002 semanas y se le indicó que no había conservado los beneficios del régimen de transición, pues al trasladarse al RAIS, no contaba con «750 semanas» a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que no podía acceder a la prestación deprecada y se le sugirió seguir cotizando para acceder a ella.

Manifestó que solicitó nuevamente la pensión de vejez el 20 de enero de 2017, la cual fue negada mediante la Resolución 36387 del 31 de enero de 2017; que esta vez se aceptó que conservó el régimen de transición, pero al hacer el estudio de los regímenes pensionales del Acuerdo 049 de 1990, Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988 y la Ley 797 de 2003, la entidad demandada llegó a la conclusión de que ninguno le era aplicable, al no cumplir los requisitos establecidos para ello; que frente a la anterior decisión no interpuso recurso alguno (f.º 4 a 24 cdno de instancias).

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, al contestar, se opuso a las pretensiones de la demanda. Aceptó los hechos, pero aclaró que, aunque en la resolución de 2017 se dijo que conservaba el régimen de transición, se aludió a otros argumentos para negar el derecho pensional; y que no le constaba el tiempo de servicios prestados al Instituto Colombiano de Cultura.

Argumentó que no es posible acceder al derecho prestacional pretendido, toda vez que no conservó los beneficios del régimen de transición a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, por no contar con las 750 semanas que se exigían para conservar dichas prerrogativas, ya que las había perdido al haberse traslado de régimen, sin contar con 15 años de servicios al 1 de abril de 1994, lo que no le permitía conservar la pluricitada transición.

Formuló las excepciones de fondo que denominó: «litis consorcio (sic) necesario»; prescripción; presunción de legalidad de los actos administrativos; inexistencia del derecho; inexistencia de causal de nulidad; «saneamiento de la nulidad alegada»; cobro de lo no debido; buena fe de Colpensiones; «no configuración del derecho al pago del IPC, ni de indexación o reajuste alguno; «no configuración del derecho al pago de intereses moratorios ni indemnización moratoria; no procedencia al pago de costas en instituciones administradoras de seguridad social del orden público»; carencia de causa para demandar y la innominada o genérica (f.º 60 a 72 cdno de instancias).

Mediante auto del 30 de mayo de 2018, el a quo ordenó integrar la litis con la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA.

La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA. Al contestar, se opuso a las pretensiones del libelo inicial. Propuso como excepciones de fondo, prescripción, falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe; prescripción de obligaciones laborales de tracto sucesivo; enriquecimiento sin causa y la innominada o genérica.

En cuanto a los hechos, admitió la edad de la demandante, la fecha de afiliación a esa entidad, el retorno a Colpensiones y que en principio era beneficiaria del régimen de transición por edad. De los demás, adujo que no eran ciertos o que no le constaban.

Manifestó que a Useche de Padilla no le asistía el derecho pensional pretendido, en tanto, perdió cualquier prerrogativa del RPM al haberse trasladado RAIS y no contar con 15 años de servicio a 1 de abril de 1994; que no procedía la nulidad o ineficacia del traslado, en atención a que la afiliación y el correspondiente traslado, se hicieron con los requisitos legales que se exigen para hacerlo (f.º 91 a 96 cdno de instancias).

En audiencia de fijación del litigio el apoderado de la parte actora desistió de la pretensión de nulidad de la afiliación, y en consecuencia la juez de primera instancia declaró terminado el proceso respecto de Porvenir SA. (f.° 148 CD cdno instancias).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá DC, mediante fallo del 2 de diciembre del 2019 (f.° 148 CD cdno instancias), dispuso:

Primero: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, a reconocer y pagar a la señora Luz Ángela Useche de Padilla, la pensión de vejez a partir del 1 de abril de 2017 en cuantía de $875.840,06, con una mesada adicional por año.

Segundo: Declarar no probada la excepción de prescripción.

Tercero: Condenar a Colpensiones a que cancele debidamente indexadas las sumas adeudadas.

Cuarto: Condenar en costas a la demandada (…).

Quinto: Autorizar a Colpensiones, descontar del retroactivo los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, al resolver la apelación de ambas partes mediante sentencia del 3 de marzo de 2020, revocó lo resuelto por el a quo, y en su lugar, absolvió a Colpensiones de las pretensiones incoadas en su contra.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal tuvo por demostrado que la demandante era beneficiaria del régimen de transición pese haberse trasladado al RAIS y luego haber retornado a Colpensiones, pues así lo reconoció esta entidad, por haberse presentado un caso de multivinculación, mediante resolución GNR 36387 del 31 de enero de 2017(f° 44 a 48), el cual conservó hasta el año 2014, al contar 766 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, al sumar los tiempos del servicio público y las semanas cotizadas a Colpensiones.

Indicó que el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 prevé que para acceder a la pensión, en el caso de las mujeres, se debe cumplir 55 años y tener 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimento de la edad o 1000 en cualquier tiempo, requisitos que no cumplía la demandante en tanto, cumplió la edad exigida el 31 de agosto de 2006 (f.° 52) y conforme a la historia laboral aportada por la entidad (f.° 78 a 80), acreditó un total de 500.3 semanas cotizadas a Colpensiones al 31 de diciembre de 2014 -fecha de expiración del régimen de transición- y en los 20 años anteriores al cumplimiento de edad pensional solo cotizó 326.87.

Expuso los argumentos por los cuales esa sala de decisión de forma mayoritaria, se apartaba de lo manifestado en la sentencia CC SU769 de 2014, que aceptaba la sumatoria de las semanas cotizadas al ISS con el tiempo servido al sector público e indicó que adoptar tal posición, significaría la creación de nuevas reglas pensionales, lo que estaba en contravía con lo adoctrinado por esta Corporación en la sentencia CSJ SL1701-2016 en la que ratificó y recordó lo señalado en la CSJ SL32135- 2009, que recalcó que la pensión de vejez regulada por el Acuerdo 049 de 1990 se construye de manera exclusiva con las cotizaciones efectuadas a Colpensiones.

Por ultimó realizó el estudio pensional pretendido, bajo los supuestos de la Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de 1993, y encontró que la demandante tampoco cumplió con los requisitos exigidos para tal fin, por lo que decidió revocar la sentencia de primer grado.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se confirme la del a quo en cuanto al reconocimiento y pago de la prestación económica y revoque la absolución de los intereses moratorios, para que en su lugar, se acceda a ellos o en subsidio a la indexación.

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales formula como cargo único principal y subsidiario, que fueron oportunamente replicados.

CARGO ÚNICO «PRINCIPAL»

Acusa la sentencia de,

VIOLACIÓN DIRECTA de la ley sustancial en la modalidad de INTERPRETACIÓN ERRÓNEA del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación directa de los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990 y los artículos 48 y 53 de la Carta Política.

Igualmente, la APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 13 y 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 9º de la Ley 797 del 2003 y los arts. 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo (Negrilla y subrayado del texto)

Precisa que el Tribunal se equivocó al argumentar que el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, exige que las cotizaciones deban ser exclusivas al ISS, es decir no admite las semanas o tiempos servidos al sector público para acceder a la pensión de vejez, sin que en ningún aparte de dicha normativa se establezca la exclusividad de aportes a esta administradora de pensiones.

Argumenta que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que regula el régimen de transición, no establece entre sus condiciones que el computo de semanas sea exclusivamente las cotizadas a Colpensiones, que por el contrario, lo que buscó la Ley 100 de 1993, fue crear un sistema integral de seguridad social que,

[...] permitiera acumular semanas o tiempos de trabajo laborados frente a distintos empleadores, públicos o privados, para que los trabajadores tuvieran posibilidades reales de cumplir con el número de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez, lo que antes se dificultaba de forma injusta por las limitaciones a la acumulación pues aunque las personas trabajaban durante un tiempo para una empresa privada o entidad pública si cambiaban de empleador éste tiempo no les servía para obtener su pensión de vejez.

Afirma que el anterior criterio fue unificado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-769 del 2014 y que además fue acogido por esta Corporación en las sentencias CSJ SL1947-2020 y SL1981-2020, de las cuales copió apartes e indicó:

Así las cosas, para la CSJ Sala Laboral es dable que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas.

CARGO ÚNICO «SUBSIDIARIO»

Manifiesta que el fallo de segunda instancia infringió,

[..] por VIOLACIÓN DIRECTA de la ley sustancial en la modalidad de INFRACCIÓN DIRECTA de los artículos 1, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política, lo cual, condujo a la INFRACCIÓN DIRECTA del artículo 7º de la Ley 71 de 1988.

Igualmente, la APLICACIÓN INDEBIDA de los artículos 18 y 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 9º de la Ley 797 del 2003 y los arts. 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo.

Indica que conforme a la sentencia CSJ SL10948-2014, es deber del Juez aplicar la norma idónea al caso planteado; que el Tribunal decidió verificar si le asistía el derecho a la demandante bajo los presupuestos de la Ley 71 de 1988 y encontró que no cumplía los requisitos allí contemplados para el reconocimiento de la pensión de jubilación «porque le faltan 4.7 semanas».

Señala que, ante la mínima diferencia en las semanas faltantes, se debe acceder al derecho pensional pretendido, en virtud a los principios constitucionales de irrenunciabilidad, universalidad y solidaridad, en que se sustenta el derecho de la seguridad social.

Sostiene que,

La Sala Laboral de la CSJ, en casos donde la persona cuenta con 750 semanas exactas a la entrada de la Ley 100 de 1993, considera que es beneficiario del régimen de transición consagrado en el art. 36 de dicho cuerpo normativo, esto es, cuenta con 15 años. Lo mismo acontece cuando la CSJ realiza la sumatoria de semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual refiere que el régimen de transición se prolongará hasta el 31 de diciembre de 1994 (sic) para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo.

De una aplicación lógica deductiva, si 15 años equivalen a 750 semanas cotizadas para efectos del beneficio de la transición, esas 750 semanas a las que refiere el Acto Legislativo 01 del 2005, equivalen entonces a 15 años de servicios. Más lógico no puede ser.

Así las cosas, se insiste en el ¿por qué, si 15 años equivalen a 750 semanas cotizadas, por qué 20 años equivalen a 1.028.57 semanas? No existe razón matemática ni lógica. (Negrilla del texto)

Argumenta que la Corte Constitucional y esta Corporación han admitido que 15 años de servicios equivalen a 750 semanas cotizadas, razón por la cual, con base en los principios de igualdad y equidad, 20 años de servicios equivaldrían a 1.000 semanas exactas, por lo que estima que la sumatoria realizada por el Colegiado infringe los derechos, garantías y principios constitucionales, toda vez, que no existe justificación alguna para que 15 años equivalgan a 750 semanas, pero 20 años equivalgan a 1.028. 57.

RÉPLICA

Colpensiones asegura que a la demandante no le asiste el derecho a la prestación pretendida, por no ser beneficiaria del régimen de transición, en tanto, al retornar al RPM del RAIS, no acreditaba los 15 años de servicios para conservar esta prerrogativa, tal como se expuso en la sentencia CC SU130 de 2013, por tanto no era posible acceder a ninguno de los cargos expuestos, pues al no ser beneficiaria del régimen de transición, no es procedente el estudio de la pensión bajo lo señalado en el «Decreto 758 de 1990» y la Ley 71 de 1988.

CONSIDERACIONES

El Tribunal arribó a la conclusión de que a la demandante no le asistía el derecho pensional pretendido, por cuanto aunque era beneficiaria del régimen de transición, no cumplía con la densidad de semanas requeridas para pensionarse bajo la égida del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que dicha disposición, no permitía la sumatoria de semanas cotizadas al ISS con los tiempos de servicio públicos y tampoco cumplía este requisito con las demás normas aplicables a la actora entre otras, la Ley 71 de 1988.

La recurrente considera que erró el Colegiado, al exigirle requisitos adicionales a los contemplados en el Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensión de vejez, al señalar que las semanas que se debían tener en cuenta para acceder al derecho, eran única y exclusivamente las cotizadas a Colpensiones, lo que va en contravía de la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional.

Le corresponde a esta Sala dilucidar si es viable tener en cuenta los aportes realizados por el tiempo servido al sector público, con los cotizados al ISS, para tener derecho a la prestación reclamada bajo los términos del Acuerdo 049 de 1990 o bajo los presupuestos de la Ley 71 de 1988.

Cumple memorar que esta Corporación había sostenido, entre otras, en las sentencias CSJ SL16104-2014, CSJ SL4457-2014 y CSJ SL770-2019, que para el reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa anualidad, en virtud del régimen de transición del art. 36 la Ley 100 de 1993, debían tenerse en cuenta las semanas cotizadas al ISS, mas no los aportes correspondientes a los tiempos de servicios en el sector público.

Empero, en las sentencias CSJ SL1947-2020 y CSJ SL1981-2020, se replanteó tal criterio jurisprudencial, en el sentido de que los tiempos laborados a entidades públicas «pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones», en atención a que el régimen de transición tuvo como finalidad esencial, «proteger las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a pensionarse, a fin que estuvieran cobijados por la legislación precedente, en los aspectos definidos por el legislador», posición que se acompasa con la providencia CC SU769-2014.

En efecto, en la providencia CSJ SL1981-2020, se adoctrinó:

En ese contexto, considera esta Corporación que, si bien en un preciso momento las razones que surgieron en favor de la postura que abogaba por la imposibilidad de acumular cotizaciones al ISS con tiempos laborados en el sector público no sufragados a esta entidad, eran relevantes y estaban fundamentas en raciocinios plausibles, en la actualidad, al ser contrastadas con otros argumentos han perdido peso, al punto de quedar totalmente eclipsadas.

Las razones en que se sustenta este cambio de pensamiento, son las siguientes:

[…]

(i) El sistema de seguridad social, inspirado en el principio de universalidad y el trabajo como referente de construcción de la pensión, reconoce validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados.

(ii) En tal dirección, el literal f) del artículo 13 refiere que para el reconocimiento de las pensiones del sistema se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el lapso laborado.

(iii) Los beneficiarios del régimen de transición, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo y monto de la pensión, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad, lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas laboradas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS, hoy Colpensiones.

(iv) Esta regla de cardinal importancia la resaltó el legislador en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al habilitar para los beneficiarios del régimen de transición, los tiempos públicos y privados, cotizados o no a entidades de previsión social o al ISS.

(v) Para darle viabilidad a esta posibilidad legal de integrar las semanas laboradas en el sector público sin cotización al ISS, la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios regulan extensamente todo un régimen financiación de las prestaciones a través de cuotas partes y títulos pensionales.

De acuerdo con los anteriores argumentos, la Corte Suprema de Justicia abandona su criterio mayoritario conforme al cual el Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud del régimen de transición, solo permite sumar cotizaciones realizadas exclusivamente al ISS y, en su reemplazo, postula que sí es posible para efectos de obtener la pensión por vejez prevista en ese reglamento, contabilizar las semanas laboradas en el sector público, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsión social. En consecuencia, todos los tiempos laborados, sin distinción al tipo de empleador o si fueron objeto de aportes a pensión o no, son válidos para efectos pensionales.

Corolario de lo expuesto y, ante la nueva postura, resulta viable la sumatoria de las cotizaciones realizadas al ISS con los tiempos servidos en el sector público.

Por lo anterior, se casará la sentencia impugnada, sin costas dada la prosperidad del recurso.

SENTENCIA DE INSTANCIA

La a quo con base en la sentencia CC SU769 de 2014 de la Corte Constitucional, concedió a la accionante la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 a partir del 1 de abril de 2017 en cuantía de $875.840,06, con una mesada adicional por año.

El apoderado de Colpensiones apeló la decisión y deprecó principalmente, que la reiterada y pacifica jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que no es posible la sumatoria de los tiempos laborados con el sector público y el sector privado bajo la egida del Acuerdo 049 de 1990.

En ese escenario la Sala revisará la decisión de la Juez de primera instancia en su integridad, con lo cual resolverá la apelación de Colpensiones y, en lo no cuestionado, el grado jurisdiccional de consulta a favor de la misma entidad. Y, como quiera que la inconformidad de la demandante frente a esta decisión consistió en forma concreta en que debía reconocerse los intereses moratorios y la mesada adicional de junio, se ocupará de ello al momento de discurrir sobre ese tópico.

Se hace necesario precisar que la accionante trabajó para el Instituto Colombiano de Cultura- Concultura desde el 23 de septiembre de 1981 hasta el 31 de marzo de 1992, tiempo para el cual realizó cotizaciones por los riesgos de invalidez, vejez y muerte a la Caja Nacional de Previsión social- Cajanal (f.° 33 a 35), de forma posterior aparecen cotizaciones a Colpensiones desde el 30 de agosto de 1994 hasta el 30 de abril de 2017 (f.° 26) y al mismo tiempo para Porvenir SA desde 1999 hasta el 2012 (f.°97 a 101).

Como se evidencia, aparecen cotizaciones simultáneas a ambos regímenes, sin embargo, mediante Resolución GNR 36387 de 2017 (f.° 44 a 48), Colpensiones, aclaró que en el presente caso, el comité de múltiple vinculación había declarado nula la afiliación a la administradora de fondos de pensiones del régimen de ahorro individual y en consecuencia, Luz Ángela Useche de Padilla era beneficiaria del régimen de transición, por lo que dicha condición no fue objeto de debate en el proceso.

Bastan las consideraciones expuestas en el recurso extraordinario, para concluir que en atención a la nueva postura de la Corporación, la demandante tiene derecho a la pensión regulada por el Acuerdo 049 de 1990 con la sumatoria de las cotizaciones del sector público y privado, el cual consolidó, puesto que cumplíó los requisitos para acceder a la prestación reclamada, ya que contaba con 55 años, el 31 de agosto de 2006 (f.° 52), y más de 1000 semanas al 30 de septiembre de 2009, como pasa a verse a continuación:

FECHAS

Nº DE

Nº DE

INICIO

FIN

DIAS

SEMANAS

23/09/1981

30/09/1981

7

1,00

1/10/1981

31/10/1981

30

4,29

1/11/1981

30/11/1981

30

4,29

1/12/1981

31/12/1981

30

4,29

1/01/1982

31/01/1982

30

4,29

1/02/1982

28/02/1982

30

4,29

1/03/1982

31/03/1982

30

4,29

1/04/1982

30/04/1982

30

4,29

1/05/1982

31/05/1982

30

4,29

1/06/1982

30/06/1982

30

4,29

1/07/1982

31/07/1982

30

4,29

1/08/1982

31/08/1982

30

4,29

1/09/1982

30/09/1982

30

4,29

1/10/1982

31/10/1982

30

4,29

1/11/1982

30/11/1982

30

4,29

1/12/1982

31/12/1982

30

4,29

1/01/1983

31/01/1983

30

4,29

1/02/1983

28/02/1983

30

4,29

1/03/1983

31/03/1983

30

4,29

1/04/1983

30/04/1983

30

4,29

1/05/1983

31/05/1983

30

4,29

1/06/1983

30/06/1983

30

4,29

1/07/1983

31/07/1983

30

4,29

1/08/1983

31/08/1983

30

4,29

1/09/1983

30/09/1983

30

4,29

1/10/1983

31/10/1983

30

4,29

1/11/1983

30/11/1983

30

4,29

1/12/1983

31/12/1983

30

4,29

1/01/1984

31/01/1984

30

4,29

1/02/1984

29/02/1984

30

4,29

1/03/1984

31/03/1984

30

4,29

1/04/1984

30/04/1984

30

4,29

1/05/1984

31/05/1984

30

4,29

1/06/1984

30/06/1984

30

4,29

1/07/1984

31/07/1984

30

4,29

1/08/1984

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1/09/1984

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30

4,29

1/10/1984

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30

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30

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30

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30

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30

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30

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30

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30

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30

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30

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30

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30

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30

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30

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30

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30

4,29

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31/01/1990

30

4,29

1/02/1990

28/02/1990

30

4,29

1/03/1990

31/03/1990

30

4,29

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30

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30

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30

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30

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30

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30

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30

4,29

1/01/1991

31/01/1991

30

4,29

1/02/1991

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30

4,29

1/03/1991

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30

4,29

1/04/1991

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30

4,29

1/05/1991

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30

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1/06/1991

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30

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1/07/1991

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30

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30

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1/11/1991

30/11/1991

30

4,29

1/12/1991

31/12/1991

30

4,29

30/08/1994

31/08/1994

2

0,29

1/09/1994

30/09/1994

30

4,29

1/10/1994

31/10/1994

31

4,43

1/11/1994

30/11/1994

30

4,29

1/12/1994

31/12/1994

3

0,43

1/01/1995

31/01/1995

3

0,43

1/02/1995

28/02/1995

30

4,29

1/03/1995

31/03/1995

30

4,29

1/04/1995

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30

4,29

1/05/1995

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30

4,29

1/06/1995

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30

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1/07/1995

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30

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1/08/1995

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30

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1/09/1995

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30

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1/10/1995

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30

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1/11/1995

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30

4,29

1/12/1995

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30

4,29

1/01/1996

31/01/1996

30

4,29

1/02/1996

29/02/1996

30

4,29

1/10/1999

31/10/1999

14

2,00

1/11/1999

30/11/1999

30

4,29

1/02/2000

29/02/2000

30

4,29

1/03/2000

31/03/2000

30

4,29

1/04/2000

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30

4,29

1/05/2000

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30

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1/06/2000

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30

4,29

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30

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1/10/2000

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30

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1/11/2000

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30

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1/12/2000

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30

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1/09/2002

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30

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1/10/2002

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1/11/2002

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1/12/2002

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30

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1/01/2003

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30

4,29

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1/03/2003

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1/04/2003

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30

4,29

1/05/2003

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1/06/2003

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30

4,29

1/07/2003

31/07/2003

30

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1/08/2003

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30

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1/09/2003

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30

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1/10/2003

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30

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1/11/2003

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30

4,29

1/12/2003

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30

4,29

1/01/2004

31/01/2004

30

4,29

1/02/2004

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30

4,29

1/03/2004

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30

4,29

1/04/2004

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30

4,29

1/05/2004

31/05/2004

30

4,29

1/06/2004

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30

4,29

1/07/2004

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30

4,29

1/08/2004

31/08/2004

30

4,29

1/09/2004

30/09/2004

30

4,29

1/10/2004

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30

4,29

1/11/2004

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30

4,29

1/12/2004

31/12/2004

30

4,29

1/01/2005

31/01/2005

30

4,29

1/02/2005

28/02/2005

30

4,29

1/03/2005

31/03/2005

30

4,29

1/04/2005

30/04/2005

30

4,29

1/05/2005

31/05/2005

30

4,29

1/06/2005

30/06/2005

30

4,29

1/07/2005

31/07/2005

30

4,29

1/08/2005

31/08/2005

30

4,29

1/09/2005

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30

4,29

1/10/2005

31/10/2005

30

4,29

1/11/2005

30/11/2005

30

4,29

1/12/2005

31/12/2005

30

4,29

1/01/2006

31/01/2006

30

4,29

1/02/2006

28/02/2006

30

4,29

1/03/2006

31/03/2006

30

4,29

1/04/2006

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30

4,29

1/05/2006

31/05/2006

30

4,29

1/06/2006

30/06/2006

30

4,29

1/07/2006

31/07/2006

30

4,29

1/08/2006

31/08/2006

30

4,29

1/09/2006

30/09/2006

30

4,29

1/10/2006

31/10/2006

30

4,29

1/11/2006

30/11/2006

30

4,29

1/12/2006

31/12/2006

30

4,29

1/01/2007

31/01/2007

30

4,29

1/02/2007

28/02/2007

30

4,29

1/03/2007

31/03/2007

30

4,29

1/04/2007

30/04/2007

30

4,29

1/06/2007

30/06/2007

30

4,29

1/07/2007

31/07/2007

30

4,29

1/08/2007

31/08/2007

30

4,29

1/09/2007

30/09/2007

30

4,29

1/10/2007

31/10/2007

30

4,29

1/11/2007

30/11/2007

30

4,29

1/12/2007

31/12/2007

30

4,29

1/01/2008

31/01/2008

30

4,29

1/02/2008

29/02/2008

30

4,29

1/03/2008

31/03/2008

30

4,29

1/04/2008

30/04/2008

30

4,29

1/05/2008

31/05/2008

30

4,29

1/06/2008

30/06/2008

30

4,29

1/07/2008

31/07/2008

30

4,29

1/08/2008

31/08/2008

30

4,29

1/09/2008

30/09/2008

30

4,29

1/10/2008

31/10/2008

30

4,29

1/11/2008

30/11/2008

30

4,29

1/12/2008

31/12/2008

30

4,29

1/01/2009

31/01/2009

30

4,29

1/02/2009

28/02/2009

30

4,29

1/03/2009

31/03/2009

30

4,29

1/04/2009

30/04/2009

30

4,29

1/05/2009

31/05/2009

30

4,29

1/06/2009

30/06/2009

30

4,29

1/07/2009

31/07/2009

30

4,29

1/08/2009

31/08/2009

30

4,29

1/09/2009

30/09/2009

30

4,29

TOTAL

3697

1011,43

En consecuencia, se confirmará la decisión de primer grado, en cuanto condenó al pago de la pensión de vejez a favor de la actora, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990.

La Juez de instancia fijó el 1 de abril de 2017 como fecha de disfrute de la pensión, que corresponde al momento en que se produjo el retiro del sistema en cuantía de $875.840,06 y dado que la demandante no apeló sobre ninguno de estos puntos, la Sala no se detendrá en aquellas situaciones que pudieran dar lugar a una inferencia más favorable a la pensionada.

Ahora bien, le asiste razón a la recurrente frente al reclamo de la mesada 14, y ello es así, en la medida en que la pensión es inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales y se causó en 2009, tal como se demostró en precedencia, por manera que no quedó afectada por la prohibición consignada en el parágrafo transitorio 6 del Acto Legislativo 01 de 2005.

Así las cosas, se impone modificar el numeral primero de la sentencia de primera instancia que absolvió por dicho concepto y por contera se deberá condenar a Colpensiones a dicho pago desde el año 2017, fecha en que se efectuó el reconocimiento pensional.

Frente a la excepción de prescripción se comparte la decisión de la juez de instancia de declararla no probada, dado que el derecho se hizo exigible a partir del 1 de abril de 2017, presentó reclamo por vía administrativa el 20 de enero de dicha anualidad y la demanda el 29 de junio del mismo año, en consecuencia, ninguna mesada se encontraba prescrita.

En lo que respecta a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los mismos no proceden, en cuanto el derecho que aquí se reconoció obedeció a un cambio jurisprudencial (CSJ SL2772-2021), de manera que es dable mantener la condena por indexación de los valores adeudados, dada la pérdida de poder adquisitivo del peso colombiano.

Las costas en las instancias, a cargo de la demandada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 3 de marzo de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LUZ ANGELA USECHE DE PADILLA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES al que se vinculó a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA, en cuanto revocó la sentencia de primer grado.

En sede de instancia, RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia dictada por el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, el 2 de diciembre de 2019, en el sentido de condenar al ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES., a pagar a LUZ ANGELA USECHE DE PADILLA la pensión de vejez por valor de $875.840,06 con 14 mesadas por año.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primer grado.

Costas, como se indicó.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

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