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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4002-2022

Fecha
14 de septiembre de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4002-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR infundada la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que modificó el fallo dictado el 4 de febrero del mismo año, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad, al interior del proceso ordinario que promovió ÓSCAR LUIS LAURENTS OSPINO en su contra. SEGUNDO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue al respectivo expediente. Efectuado lo anterior Archívense. Costas como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4002-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

14 de septiembre de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL4002-2022

Radicación n.°93176

Acta 31

Valledupar (Cesar), catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Decide la Sala la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que modificó el fallo dictado el 4 de febrero del mismo año, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad, al interior del proceso ordinario que promovió ÓSCAR LUIS LAURENTS OSPINO en su contra.

I. ANTECEDENTES

La UGPP, con fundamento en las causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pretende:

1. Revocar de manera íntegra la sentencia proferida el 30 de abril de 2021, por el Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, que modificó el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá de 4 de febrero de 2021, en el trámite del proceso ordinario laboral con radicado No. 11001-3105-004-2019-00802-00, promovido por el señor OSCAR LUIS LAURENTS OSPINO, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP decisión que quedó ejecutoriada el 27 de mayo de 2021, la cual dispuso el pago de una pensión convencional de jubilación, sin el lleno de requisitos a favor del actor.

2. Declarar que al señor OSCAR LUIS LAURENTS OSPINO no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación convencional, tal como lo ordenó el fallo objeto de revisión, pues el actor no acreditó en vigencia de la Convención Colectiva de Trabajadores 1998-1999, la edad de 55 años de edad o en su defecto, antes del 31 de julio de 2010, data en la cual se estableció constitucionalmente como límite la aplicación de los derechos convencionales en materia pensional.

3. Ordenar que el señor OSCAR LUIS LAURENTS OSPINO, debe efectuar la devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de reconocimiento de la pensión de jubilación debidamente indexadas, al no haber lugar al pago de valor alguno en virtud de tal prestación.

Como fundamento fáctico de sus pedimentos indica que: ante un nuevo requerimiento, por acto administrativo 2153 de 8 de agosto de 2011, dicha entidad negó la pensión «habida cuenta que la competencia estaba a cargo del ISS» y, posteriormente, por Resolución RDP No. 38393 de 24 de septiembre de 2018, tampoco accedió a la prestación solicitada «como consecuencia que a la fecha de adquisición de los 55 años de edad el interesado no se encontraba laboralmente activo y dicha Convención se encontraba dirigida a TRABAJADORES y no a ex trabajadores».

Precisa que, mediante auto ADP 8803 de 23 de noviembre de 2018, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social aclaró que no se encontraba ninguna petición por resolver y, por oficio ADP 8238 de 18 de diciembre de 2019, «dejó claro que la solicitud elevada (…) se encuentra resuelta con la Resolución RDP No. 38393 de 24 de septiembre de 2018, dado que no se aportaron nuevos elementos de juicio diferentes, se presenta la firmeza del acto administrativo y se ordena el archivo de la solicitud[sic]».

En virtud de lo anterior, Laurents Ospino inició proceso judicial y, en primera instancia, por fallo de 4 de febrero de 2021, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá condenó a la entidad al reconocimiento de la prestación en cuantía de $1.312.267, en 13 mesadas al año «aclarando que en el evento en que Colpensiones reconozca o haya reconocido pensión de vejes (sic), la entidad demandada solo deberá reconocer el mayor valor que existe entre la pensión de vejes (sic) y la pensión convencional reconocida en esta sentencia». Asimismo, declaró la prescripción de los derechos generados con anterioridad al 13 de febrero de 2016 y condenó en costas.

A juicio del juez de primer grado, el allí demandante,

[…] acreditó más de 20 años de servicios a la Caja Agraria y que los 55 años los cumplió el 23 de noviembre de 2010, de manera que el derecho pensional del aquí demandado se encontraba bajo una expectativa legítima y por ende era beneficiario de dicha pensión, (…) por consiguiente, la edad no era requisito de causación del derecho, sino de exigibilidad.

Dicha decisión, fue apelada por la pasiva y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, el 30 de abril de 2021, resolvió:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia apelada y consultada, para en su lugar establecer como valor de mesada pensional para el año 2010 a favor de (…) la suma de $1.404.350, concretándose el retroactivo adeudado al actor con 14 mesadas al año, del 16 de septiembre del 2016 al 31 de marzo del 2021, en suma, de $123.007.254,03, el cual se seguirá causando hasta la fecha de inclusión en nómina, de acuerdo a lo anteriormente considerado.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO del fallo de primer grado, para en su lugar DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 16 de septiembre de 2016, conforme a lo expuesto.

TERCERO: ADICIONAR el fallo de primera instancia, en cuanto a que se dispone AUTORIZAR a la UGPP a realizar los correspondientes descuentos por concepto de aportes a seguridad social en SALUD, del retroactivo adeudado al demandante.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Juez 4° Laboral del Circuito de Bogotá, de acuerdo a las consideraciones expuestas.

Expuso que el juez de segundo grado,

[…] destacó que conforme a las pruebas obrantes en el expediente prestacional, se logró demostrar que el señor OSCAR LUIS LAURENTS OSPINO consolidó su derecho pensional a partir de los cincuenta y cinco (55) años de edad; además, que las 14 mesadas se debía a que la pensión fue causada y reconocida con posterioridad a la entrada de vigencia del artículo 5 del Acuerdo 029 de 1985 y, que su naturaleza compartible con la que eventualmente llegase a ser reconocida por el sistema general de pensiones.

Recalca que la anterior determinación, «desconoció de manera evidente la voluntad de las partes, y por ende fue una decisión con una clara violación al debido proceso» y que «la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, como quiera que se ordenó (…) una pensión jubilación convencional a la cual no tiene derecho por no acreditar los requisitos de tiempos de servicios y edad en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005».

Por lo expuesto, indica que se configuraban las causales a) y b) previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues el pronunciamiento referido «ordenó el reconocimiento de una pensión de jubilación convencional, sin el lleno de los requisitos», lo cual representaba un detrimento al erario.

Respecto del reconocimiento pensional, refiere que la negativa se debió a que de la lectura del artículo 41 «de la Convención Colectiva de Trabajadores 1998 – 1999, era clara la voluntad de las partes al establecer una pensión de jubilación al cumplir 20 años al servicio de la empresa y llegar a la edad de 50 o 55 años, lo que deviene en la necesidad de acreditar dos elementos de causación concomitantes, para el disfrute de la pensión convencional», luego, restringir su entendimiento al cumplimiento de uno solo de ellos, resultaba un desatino del colegiado (negrilla y subrayado del original); lo que escasamente soportó en lo expresado en el parágrafo 1° del artículo convencional, sin entrar a verificar realmente los requisitos establecidos en la misma.

Adicional a ello, dice que la sala sentenciadora tampoco efectúo un estudio pormenorizado de la vigencia de la convención, el cual debía ser realizado a la luz de su tenor literal y de las reformas constitucionales de aplicación a las mismas, particularmente el Acto Legislativo 01 de 2005, que dispuso que «los derechos pensionales contenidos en convenciones colectivas perderían su vigencia en todo caso a partir del 31 de julio de 2010, es decir, que la aplicación de las convenciones, no podrían superar dicha fecha».

Pone de presente que, en el caso concreto, el señor Laurents Ospino laboró al servicio de la Caja Agraria por más de 20 años y que llegó a la edad de jubilación, esto es 55 años, con posterioridad a su desvinculación de la entidad y, luego del 31 de julio de 2010; no obstante, el fallador encontró que el arribo a la edad sólo era una condición de exigibilidad de la prestación, lo que considera desacertado, por cuanto la causación del derecho ocurría con el cumplimiento de la edad y el tiempo de servicio a la extinta entidad pública y, claro está, en vigencia de la convención colectiva.

Con fundamento en ello acota que, el hoy demandado cumplió la edad exigida en el artículo 41 convencional con posterioridad a su retiro de la entidad, el 23 de noviembre de 2010, cuando además, de no estar vigente el acuerdo colectivo, tal data era posterior a la fecha límite de aplicación de los derechos convencionales de la adenda constitucional antes referida; resalta entonces que «[t]al argumentación, no hizo parte de la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de la realidad fáctica y jurídica que mostraban las pruebas en el caso concreto».

En suma, señala que no era válida la conclusión del colegiado «pues la edad fue incorporada en el texto convencional como un requisito de causación de la prestación», por lo tanto, no procedía el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional reclamada por el señor Óscar Luis Laurents Ospino, al no cumplir con los requisitos previstos para ello, con anterioridad al 31 de julio de 2010.

En su sentir, están acreditadas las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por cuanto la decisión judicial fue adoptada con grave violación del debido proceso, al desconocer la voluntad de las partes intervinientes y la forma en que se debía reconocer una pensión convencional a la luz del documento colectivo, el que claramente contempló que debían acreditarse los requisitos de edad y tiempo de servicios mientras estuviera vigente o, máximo, hasta el límite constitucional del 31 de julio de 2010.

Estima que también se encuentra demostrada la causal b) de la misma norma citada, en punto a que la cuantía de la mesada reconocida al señor Óscar Luis Laurents Ospino excede lo previsto en la ley, «al beneficiarse de un pago al cual no tiene derecho, decisión que resulta ser ilegal de conformidad a la orden objeto de revisión, dinero que no le corresponde y que se constituye en un pago[sic] de lo no debido». Sustenta su argumento en el artículo 2313 del CC y las sentencias CC T-1117-2003, CC T-1223-2003.

Adiciona que el reconocimiento de una mesada a la cual no se tiene derecho – pago de lo no debido- afecta de manera significativa los principios de eficiencia, progresividad y equidad que rigen el sistema de Seguridad Social.

Insiste en la pertinencia de la devolución de las sumas de dinero pagadas, conforme a lo ordenado en la sentencia CC C-258-2013, por cuanto el reconocimiento pensional sin fundamento legal constituye una forma de abuso del derecho y, de allí que considere que:

[…] la providencia objeto de revisión no puede mantenerse incólume, como quiera que contradice los precedentes legales y jurisprudenciales que regulan el régimen especial prestacional, razón por la cual, se solicita a la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, declarar procedente la acción de revisión instaurada, y revoque la sentencia proferida el 30 de abril de 2021, por el Tribunal Superior Distrito Judicial, Sala Laboral que modificó el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, de 4 de febrero de 2021, dentro del proceso ordinario laboral con radicado con el No. 2019-0802.

La revisión fue admitida por esta Sala de la Corte, mediante providencia del 24 de mayo de 2022, y notificada al señor Óscar Luis Laurents Ospino el 28 de junio siguiente, en los términos del artículo 8° de la Ley 2213 de 2022, sin que se hubiese extendido contestación.

II. CONSIDERACIONES

Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin el respeto al debido proceso, el legislador consagró la acción extraordinaria de revisión; este aspecto ha sido insistentemente advertido por esta Corporación, entre otras en la Sentencia CSJ SL5119-2020, que reiteró la Sentencia CSJ SL2148-2017, en la cual se estableció:

La Sala ha insistido, no obstante, en la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión y, por dicha vía, ha establecido que por ese conducto no es dable volver a discutir indefinidamente los extremos de un proceso resuelto a través de una decisión ejecutoriada, o suplir los medios de impugnación previstos por el legislador en cada procedimiento, sino que su finalidad concreta es la de evitar la expoliación de los recursos públicos, a partir de unas precisas causales que deben ser invocadas dentro de un marco serio y responsable.

Por lo mismo, la Corte ha dicho que,

[…] la utilización de estas causales por los legitimados para ello debe ejercitarse dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación dentro del cual se armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera que este recurso extraordinario no se distorsione e hipertrofie en casos que no lo ameriten realmente, distrayendo a la Administración de Justicia de su trascendental función, sino que el uso del mismo se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a mayores inferencias conceptuales las dos nuevas causales… (CSJ SL, 15 abr. 2005, rad. 25761, reiterada en CSJ SL, 21 en. 2006, rad. 28263; CSJ SL, 22 abr. 2008, rad. 30517; CSJ SL, 16 feb. 2010, rad. 31802; y CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157, entre otras).

También ha sostenido la Corte que es al juez del trabajo al que le compete ponderar razonablemente la gravedad de los vicios, omisiones o extralimitaciones contenidas en las sentencias, transacciones o conciliaciones cuestionadas, así como su apego a las causales establecidas legalmente para la revisión. En tal medida, ha señalado que:

Esa medida, extraordinaria, reviste un gran impacto jurídico y, sin lugar a dudas, su génesis no es otra que la de incorporar un principio moralizante a la actividad de reconocimiento pensional, en tanto los limitados recursos del erario, imponen una labor mucho más exigente que con otro tipo de asuntos que se ponen en conocimiento del juez.

Es por eso que, excepcionalmente, los otros principios que entran en colisión con tan particular medida, como la cosa juzgada y la seguridad jurídica, deben ceder para, en su lugar, concretar unas aspiraciones sociales, que están estrechamente relacionadas con los recursos que de manera irregular terminan satisfaciendo pretensiones particulares, específicamente cuando existe palmaria evidencia de que ello ocurre.

Esa búsqueda de la armonía que insta la Ley, obliga a que sea el juzgador el que pondere, si lo pedido en el recurso de revisión es de veras trascendental, es decir, que en verdad exista un exceso en la sentencia, evidente, grosero, que no una mera discrepancia en torno a la aplicación de una norma, o un extemporáneo y fútil pedimento, y que además, delimite las eventuales situaciones que puedan llevar a eximir a las entidades públicas que hayan tenido espacios procesales idóneos para plantear esas discusiones, y que no los hubiesen utilizado, pero sin soslayar responsabilidades individuales, siendo que lo que se debate, esto es, los principios a los que atrás se hizo referencia no son de poca monta.

Todo ello hay que entenderlo según la exposición de motivos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que circunscribió esa revisión para “afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación”, y es entonces en esa perspectiva que procede el recurso, cuando aquellas omisiones en la defensa existan, pues otra lectura entrañaría una vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. (CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 48410, reiterada en CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157 y CSJ SL7107-2015).

Conforme a la línea expuesta, uno de los propósitos del legislador para la revisión creada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como mecanismo excepcional, fue cubrir omisiones en la defensa judicial para evitar perjuicios sobre el erario, de allí que, como se señaló, constituya una excepción al principio de cosa juzgada, todo a efecto de evitar el llamado abuso del derecho y a la vez proteger el bien común (CSJ SL2599-2021; CSJ SL351-2018); por ello para su procedencia no se requiere de la existencia de una sentencia penal (CSJ SL12910-2017).

Con respecto a la legitimación de la accionante, baste acudir a lo dispuesto en el Decreto 169 de 2008 «por el cual se establecen las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, y se armoniza el procedimiento de liquidación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social», que a la letra consigna en su artículo 1.° numeral 3.°:

Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:

3. La UGPP podrá adelantar las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Asimismo, el numeral 6º del artículo 6.° del Decreto 575 de 2013 reafirma como una función propia de la Unidad «[a]delantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen»; no está de más en este punto, rememorar la sentencia CC SU427-2016 que, en lo atinente a la legitimación para la solicitud de revisión, señaló:

[…]

7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero..

Como se recuerda, la entidad demandante en revisión se duele del entendimiento que el juez colegiado extendió al artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Caja de Crédito Minero y Agrario, al considerar que la edad es requisito de exigibilidad y no de causación del derecho pensional, por lo que no procedía el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional cuando este requisito se acredita con posterioridad al retiro de la entidad y después del límite temporal establecido en el Acto Legislativo 1 de 2005.

Aquí y ahora, acudiendo a la facultad interpretativa de esta Corporación, se entiende que, si bien la revisión se dirige en contra de la sentencia del Tribunal, dado que cuestiona la existencia del derecho que por medio de ella es refrendado, también comprende la sentencia del a quo, la que concedió la prestación económica en un primer momento.

Claros en lo anterior, y para dar respuesta al problema jurídico, es necesario precisar que la Sala ya tuvo la oportunidad de resolver los cuestionamientos planteados por la hoy solicitante. En efecto, al definir un asunto de similares contornos, en pronunciamiento CSJ SL526-2018, reiterado, entre otras, en las sentencias CSJ SL4550-2018, SL1098-2019 y, recientemente, en sede de revisión, en la CSJ SL2507-2022, se analizó el artículo 41 de la convención colectiva de trabajo, en la búsqueda de establecer cuáles son los requisitos necesarios para acceder a la pensión allí estatuida, decisión que, por su importancia, será transcrita en extenso, así:

Igualmente, destacar que no es materia de discusión que el artículo 41 de la citada convención colectiva de trabajo previó la pensión de jubilación en los términos que se transcriben a continuación --y en su totalidad--, para mayor comprensión:

“ARTÍCULO 41o. PENSIÓN DE JUBILACIÓN. REQUISITOS. “A partir del dieciséis de enero de 1992, los trabajadores de la Caja Agraria, cuando cumplan veinte (20) años de servicio a la Caja, continuos o discontinuos, y lleguen a la edad de cincuenta (50) años las mujeres y cincuenta y cinco (55) años los varones, tendrán derecho a que la Caja les pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios.

“Con todo, quienes el dieciséis (16) de marzo de 1992 tuvieren dieciocho (18) o más años de servicio a la Caja, continuos o discontinuos, tendrán derecho a la pensión cuando cumplan cuarenta y siete (4 7) años de edad y veinte (20) años de servicio. Quienes hayan cumplido los requisitos anteriores para el ejercicio o disfrute de la pensión de jubilación deberán solicitar el reconocimiento de la respectiva prestación dentro de un término no superior a un (1) año contado a partir de la fecha de la firma de la presente Convención. Para quienes no hayan adquirido este derecho y cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicio, igualmente deberán solicitar el reconocimiento de la respectiva prestación dentro de un término no superior a un (l) año contado a partir de la fecha en que cumplan los requisitos.

“Si el trabajador no hace la expresa solicitud aquí prevista dentro de los términos señalados la pensión se regirá de la siguiente manera:

“a) Para las personas con cuarenta y siete (47) años de edad y veinte (20) años de servicio su pensión se regirá por las normas convencionales, es decir, a la edad de cincuenta (50) años las mujeres y cincuenta y cinco (55) años los varones.

“b) Para los que se rijan por el régimen convencional, veinte (20) años de servicio, y cincuenta (50) años de edad las mujeres y cincuenta y cinco (55) años de edad los varones, su pensión se regirá por las normas legales vigentes.

“El pago de las pensiones de jubilación de carácter convencional que la Caja haya reconocido o reconozca en el futuro, continuará haciéndose directamente por la entidad al Beneficiario.

“Así mismo, la Caja se compromete a reconocer a los pensionados, de acuerdo con la Ley 4ª de 1966, los beneficios establecidos en dicha ley.

“PARÁGRAFO 1o. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad de 55 años si es hombre y de 50 si es mujer, tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad siempre que haya cumplido el requisito de veinte (20) años de servicios a la Institución.

“PARÁGRAFO 2o. El trabajador que el dieciséis (16) de marzo de 1992 haya cumplido 18 años o más de servicios continuos o discontinuos, que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad de los 47 años, tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de veinte (20) años de servicios a la Institución.

“PARÁGRAFO 3o. La pensión se liquidará así:

“Primer Factor Fijo. Ultimo sueldo básico mensual más primas de antigüedad y o técnica si las estuviere devengando.

“Segundo Factor. Valores Variables. Salario en especie, auxilio de transporte, incentivo de localización, gastos de representación si los hubiere, primas semestrales, primas habituales o permanentes, horas extras, dominicales o feriados trabajados, viáticos devengados durante ciento ochenta (180) días o más y el valor de las sobreremuneración en el caso de que desempeñe cargos superiores provisionalmente, devengados durante el último año.

“Los valores anteriores se suman y dividen por doce (12), con lo cual se obtiene el segundo factor. De la suma de estos dos factores se tomará el 75% establecido”. (subrayas fuera del texto).

Por su lado, el Acto Legislativo 01 de 2005, a propósito de la vigencia de las reglas de carácter pensional que regían a la fecha de su vigencia, contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, dispuso lo siguiente:

“Artículo 1°. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:

"[…]

"Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010". (subrayas fuera del texto).

Pues bien, preliminarmente habrá que decir para resolver la controversia propuesta en el recurso es que para la Sala fluye indubitable que la redacción del artículo 41 convencional en estudio, particularmente en su Parágrafo 1º, desde su vista gramatical, sistemática y teleológica o finalística no tiene más que una lectura: 1) que se aplica a ex trabajadores de la disuelta y liquidada Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, esto es, a quienes a partir de la vigencia de la convención colectiva de trabajo de marras perdieron la condición de trabajadores activos; 2) que para la estructuración del derecho pensional se exige haberse prestado cuando menos veinte (20) años de servicio a la citada empresa; y 3) que el disfrute o goce de la prestación se producirse cuando se arriba por el ex trabajador a la edad de cincuenta (50) años, si se es mujer, y de cincuenta (55) años, si se es hombre.

Esto último habrá de resaltarse por constituir el meollo del asunto, ya que en criterio de la Corte, y tal cual lo alega el recurrente, la edad pensional no se acordó en la aludida disposición como una exigencia concurrente con la calidad de trabajador activo de la empresa, por ende, como un requisito para la estructuración del derecho sino apenas como una condición para su exigibilidad, goce o disfrute.

En efecto, la jurisprudencia vigente ha sostenido que es ineludible a la hora de establecerse los beneficiarios de las prebendas convencionales la existencia y vigencia de la relación laboral que a éstos legitima, de tal suerte que, de no acreditarse tales conceptos, no se abrirá paso el respectivo reclamo, tal discernimiento por desprenderse del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo que la convención colectiva de trabajo se celebra “para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia” y, obviamente, los contratos de trabajo durante la vigencia de la convención colectiva de trabajo son los que igualmente están vigentes, no los que no lo están o que nunca lo han estado. De esa suerte, cualquier beneficio convencional en favor de quien no está ligado por un contrato de trabajo con la empresa suscribiente de la correspondiente convención colectiva de trabajo debe estar expresamente previsto por los convencionistas, por constituir según lo visto una estipulación para otro, para un tercero, tal es el caso de las prebendas extendidas en favor de los hijos de los trabajadores, o de los ex trabajadores, o de los pensionados e, incluso, de terceros totalmente ajenos a las relaciones contractuales de la empresa pero por cuya actividad pueden verse afectados en alguno de sus intereses, verbi gracia, la comunidad circundante de la misma.

La vigencia de las relaciones contractuales de trabajo como objeto de la aplicación directa de las normas convencionales explica con facilidad que la edad pensional por ella prevista sea un requisito de estructuración de la prestación, por eso, al lado de otros presupuestos, como por ejemplo el tiempo de servicio, el cumplimiento de la edad pensional durante su vigencia termina siendo consecuencia necesaria de su naturaleza temporal.

No ocurre lo mismo, entiende la Corte, cuando la prestación pensional se extiende expresamente a ex trabajadores de la empresa, pues en tal caso, la edad establecida para el acceso a la pensión no está atada a una relación laboral o vínculo jurídico vigente, sino todo lo contrario, a una situación personal o individual, por tanto no puede ser vista como un requisito de estructuración o conformación del derecho, sino simplemente como una condición de su exigibilidad, goce o disfrute.

Ante tal situación lo que fuerza concluir es que los requisitos de la pensión así prevista se reducen a dos: la prestación de servicios durante un determinado tiempo, para este caso 20 años, y la desvinculación del trabajador por cuenta propia o por causa imputable a la empresa; y la edad indicada en la norma deviene en una condición personal o individual que lo que permite es la exigibilidad del derecho pensional.

Es totalmente entendible la anterior afirmación si se observa que el cumplimiento de la edad pensional en estos casos resulta totalmente indiferente a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, dado que para el momento en que el ex trabajador cumple la edad establecida en la norma pensional convencional se requerirá que la relación laboral haya perdido su vigencia.

Nótese a ese respecto que la disposición convencional parte del presupuesto de que el trabajador ya ha cumplido la materialidad laboral que le da causa a la prestación pensional: el tiempo de servicios, pero considera la circunstancia que impide al trabajador acceder a la pensión conforme a la regla general, la del cumplimiento de la edad pensional en vigencia de la relación laboral, por tanto, toma tal circunstancia como condición necesaria para el reconocimiento del derecho, esto es, que ya no exista vinculación laboral, o por causa imputable a la empresa o por iniciativa del propio trabajador, para de allí señalar que el acceso a la prestación se producirá cuando cumpla la edad de cincuenta (50) años, si es mujer, o cincuenta y cinco (55) si es hombre, lo que es tanto como decir que con el cumplimiento de las dos condiciones iniciales se tendrá el derecho, pero su goce o disfrute solo se producirá al cumplimiento de la última, la anotada edad.

Así, la edad considerada en la estipulación convencional fluye indiferente a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, por exigir ésta que tal ocurrencia se produzca cuando el ex trabajador ya no se encuentra amparado directamente por ella, resultando que, de una parte, éste hubiere perdido la condición de trabajador de la empresa; y de otra, que sea en un todo posible que ni siquiera la disposición convencional para ese nuevo momento mantenga vigencia en el marco de las relaciones contractuales de la misma empresa. De ese modo, en forma alguna puede concluirse que la dicha edad sea requisito de estructuración del derecho, sino apenas de su exigibilidad, de su goce o disfrute.

Entonces, siendo que los supuestos de hecho del derecho pensional aquí estudiado están limitados a la desvinculación del trabajador y la prestación del tiempo mínimo de servicio, pues la fecha del cumplimiento de la edad allí prevista es ajena a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, las únicas exigencias que lo estructuran o definen, que entiende la Corte deben producirse en el término de vigencia de ésta son las ya indicadas: desvinculación voluntaria o forzosa del servicio y tiempo del mismo. En tanto, la fecha del cumplimiento de la edad es de orden individual o particular, sin incidencia alguna en razón de la vigencia de la convención colectiva de trabajo, pues únicamente está atada a la situación particular del ex trabajador.

Pero también entiende la Corte, en segundo término, que el aludido Parágrafo 1º previó el derecho pensional a favor de quienes habiendo sido trabajadores de la entidad le prestaron un tiempo de servicio mínimo de servicio pero no arribaron a cierta edad en su vigencia, porque, precisamente, a quienes les exigió tal condición pensional se refirió paladinamente al inicio del marco de las disposiciones pensional, se recuerda, de donde no ha lugar a concluir cosa distinta a que, para los primeros, los que perdieron la calidad de trabajadores activos, la edad no se tuvo como un requisito de estructuración del derecho --pues no lo podían cumplir en ese tiempo--, sino apenas de su disfrute.

De desatenderse tal razonamiento resultaría inane la consideración también expresa del derecho pensional en favor de los trabajadores activos, a quienes sí se les exigió como presupuesto pensional el cumplimiento de una determinada edad, cincuenta (50) o cincuenta y cinco (55) años según su género, y por supuesto la vigencia de su relación laboral, aparte del requisito material del derecho: la prestación de servicios durante un término mínimo de veinte (20) años.

Y en tercer lugar, es la única conclusión a la que se puede arribar si se observa que la disposición en su conjunto quiso amparar con el beneficio pensional de jubilación a todos los servidores de la empresa sobre un mismo rasero, el que para la Corte es el más obvio: la prestación de servicios por un término mínimo pero apreciable, en los casos menos exigentes dieciocho (18) años y en los más veinte (20) años. Para el personal activo las exigencias adicionales de vinculación y edad, y para los que aquí se estudia, las de desvinculación y el máximo del servicio. Siendo ello así, advierte la Corte una redacción armónica del texto convencional tendiente a no dejar por fuera a quienes habiendo cumplido el tiempo de servicios exigido, se encontraren en determinada edad, solicitaren el reconocimiento del derecho en un hito temporal que allí también se estableció --enero y marzo de 1992 y un (1) año posterior a la vigencia de la convención colectiva o del cumplimiento de la edad estando vinculados--, o ya no estuvieren al servicio de la entidad, últimos para los cuales la edad dejó de ser un requisito de estructuración del derecho pensional.

Ahora bien, la concepción del derecho pensional de jubilación en términos como los analizados no resulta ara cada extraña a la normatividad del trabajo, menos a la legal, pues, a guisa de mero ejemplo, el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, se memora, estableció la pensión proporcional de jubilación por despido sin justa causa y aún por retiro voluntario, prestación respecto de la cual la jurisprudencia es pacífica en la consideración de que la edad no es más que un requisito de su exigibilidad, bastando para su estructuración un tiempo de servicios mínimo y la desvinculación forzosa o libre del trabajador.

Así contempló la invocada disposición la referida pensión proporcional de jubilación:

[…]

Más recientemente a la existencia de la normativa indicada, en sentencia SL-15605 de 13 de julio de 2016, radicación interna 46258, para tratar un tema parecido, razón lo siguiente la Corte:

“El Tribunal fundamentó su decisión en que la actora no tiene derecho a la pensión consagrada en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, por cuanto si bien fue despedida sin justa causa, laboró para el extinto IDEMA, por espacio de 20 años, 10 meses y 2 días, «suficiente para tener derecho a la pensión de jubilación legal o la de vejez otorgada por la entidad de seguridad social competente según el caso, reiterando que, aunque lo considerado por la jurisprudencia en relación con la pensión sanción y su objeto y naturaleza, lo es frente a la pensión contemplada en el artículo 8º de la ley 171 de 1961, por hermenéutica se aplica al sector oficial».

[…]

“Con lo anterior debe destacar la Sala que cualquier decisión que se haya proferido en sentido contrario, se entiende recogido con la nueva postura que ahora se adopta.

“De suerte que, como la actora fue despedida sin justa causa con más de 15 años de servicio, situación que no se discute, al igual que la condición de beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, resulta acreedora a la pensión prevista en el precepto convencional en precedencia”. (subrayas fuera de texto).

En síntesis, y a manera de colofón, cuando la disposición convencional previó la pensión de jubilación exigiendo un tiempo de servicios mínimo y la desvinculación del servidor de la entidad, sobre el supuesto de que a los que estaban vinculados similar derecho concibió, no queda duda alguna que la edad dejó de ser un requisito de estructuración del derecho para los primeros, pues a ello solo bastaba el cumplimiento de los anteriores en el término de su vigencia, para tenerse a ésta como un mero requisito de la exigibilidad, disfrute o goce del derecho pensional.

Desde esta óptica, para el 31 de julio de 2010, cuando según lo visto por fuerza del Parágrafo Transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 2005, perdieron vigencia de las reglas de carácter pensional que regían, contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, entre ellas las que aquí se tratan, el actor ya contaba con un derecho adquirido, pues había reunido los dos requisitos del derecho pensional discutido: el tiempo de servicios y la desvinculación laboral, por lo que apenas estaba pendiente de arribar a la edad requerida para su goce o disfrute, lo que sin discusión cumplió el 3 de octubre de ese mismo año de 2010.

De consiguiente, erró el Tribunal al considerar que la edad era un requisito convencional para la estructuración del derecho a la pensión de jubilación y que, por tanto, al no cumplirse antes del 31 de julio de 2010, perdió toda vigencia por virtud de la normativa del Acto Legislativo 01 de 2005.

De suerte que, trasladando los anteriores argumentos fácticos y jurídicos al asunto bajo escrutinio y al ser cristalino que el señor Laurents Ospino (i) laboró al servicio de la Caja Agraria durante el periodo comprendido entre el 10 de abril de 1978 y el 27 de junio de 1999, (ii) acreditó el requisito de tiempo de servicios y para la data de su desvinculación, dejó causado el derecho, y (iii) la edad simplemente es un elemento de exigibilidad, lo que en su caso ocurrió el 23 de noviembre de 2010, cuando arribó a los 55 años; el hoy accionado ya contaba con un derecho adquirido, por lo que, no se encuentra afectado por el Parágrafo Transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 2005 y, en ese contexto, habrá de declararse infundada la revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Finalmente, la Corte no puede dejar de lado que, como quedó citado, la utilización de la revisión debe ser ejercida por quien la provoca «dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación», pues el objetivo del mecanismo extraordinario se centra en conjurar la afectación del erario por las causales establecidas en el Artículo 20 de la Ley 797 de 2003; y es que, en reciente providencia CSJ SL3103-2022, la Sala fue clara en recordar a la misma entidad y por similar cuestionamiento, que si acude a esta vía extraordinaria tiene la carga de hacer un ejercicio demostrativo de cada una de las causales ya que tienen sus propias particularidades:

En suma, le compete al recurrente determinar de manera precisa y autónoma los hechos que rodean cada una de las causales (a. debido proceso y/o b. defectuosa liquidación), es decir, diferenciar los argumentos según la causal de revisión invocada, en otras palabras, hacer un ejercicio verdaderamente demostrativo, porque como se colige de lo dicho en párrafos anteriores, cada una tiene elementos que le son propios, en su estructura y desarrollo, por lo que le corresponde a quien incoa la petición compaginar su alegato con las pretensiones y los fines perseguidos.

Adicionalmente la sentencia en cita dejó sentados los presupuestos específicos exclusivos de la causal b) a saber:

Ahora, explicado el marco general y el contexto de que trata la revisión a que se refiere el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, importa tener presentes los presupuestos específicos y exclusivos del literal b), es decir, los requisitos sustanciales o estructurales sobre los cuales se edifica la causal y que son los siguientes: i) que se trate de un derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido mediante una providencia judicial; y iii) que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho (CE SS, 04 mar. 2021, rad. 11001-03-25-000-2016-00295-00(1713-16).

También resulta pertinente recordar que la Sala tiene establecido, en punto a la causal en comento, que se consideran como fuentes válidas para el otorgamiento de la prestación que se debate no solo la ley, sino además los convenios colectivos de trabajo (CSJ SL7185-2015), con lo cual el exceso en la cuantía debida puede presentarse indistintamente en prestaciones de origen legal o convencional, siempre y cuando se oriente a controvertir el monto del derecho reconocido conforme a la normatividad que le sea propia.

Por manera que, tal como lo sostiene la doctrina, esta senda de discusión en sede extraordinaria tiene como parámetro objetivo la tasación que haya hecho la ley, la convención o el pacto colectivo respecto del derecho reconocido, en contraste con lo que la sentencia impugnada prodigó, para así determinar si, en efecto, por virtud del pronunciamiento judicial se produjo el rebasamiento de ese límite legal o extralegal previamente definido.

[…]

En linea con lo discurrido, solo aquella decisión judicial en la que «exista un exceso en la sentencia, evidente, grosero», y no simplemente que no se comparta la línea de pensamiento del funcionario judicial que profiere la decisión e, inclusive de esta Corporación, pues ello desquicia el alcance de la revisión al tratar de crear una instancia adicional a procesos debidamente concluidos que por el contrario violentarían a todas luces la garantía del del artículo 29 constitucional por el impacto jurídico que trae de manera excepcional al principio de la cosa juzgada, que es lo que se evidencia en la presente revisión y que ya fue advertido por esta Sala a la entidad en un caso que discutía la misma interpretación jurídica de la cláusula bajo estudio, la que hoy se reitera CSJ SL2507-2022, así:

[…]

Por tales razones, los reclamos dirigidos a atacar la fundamentación argumentativa y razonabilidad de la sentencia, o a discutir el tema sustancial objeto de la controversia, o aspectos meramente procedimentales, resultan extraños a este instrumento.

En lo que tiene que ver, específicamente, con la causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cabe señalar que el debido proceso comprende una serie de garantías que permiten el acceso a la administración de justicia y la emisión de decisiones judiciales de manera oportuna y eficiente, asegurando, en todo caso, la materialización del principio de legalidad. De ahí el contenido del artículo 29 Superior, según el cual «nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio».

En síntesis, el tan anhelado debido proceso incorpora la garantía del juez natural, el respeto a un procedimiento previamente definido por el legislador y la oportunidad de la respuesta por parte del aparato jurisdiccional. Ello, en aras de garantizar una tutela judicial efectiva y, además, que cada actuación surtida al interior del proceso quede revestida de validez.

En consecuencia, y a riesgo de fatigar, la carga de la entidad habilitada para acudir a esta vía extraordinaria, es demostrar sin asomo de duda alguna afectación, la cual debe ser identificada y soportada jurídica y probatoriamente de manera clara, concreta y precisa y con las particularidades de cada causal, sin que deje lugar a dudas de la imposición injustificada en el erario; no debe olvidarse que estamos ante la excepción al principio de cosa juzgada y por ello la rigurosidad en la misma; de allí que quién acuda a esta vía debe abstenerse debe presentar solictudes de revisión infundadas.

En consecuencia, hay lugar a la imposición de costas a cargo de la recurrente UGPP como agencias en derecho se fija la suma de $9.400.000 m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR infundada la revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que modificó el fallo dictado el 4 de febrero del mismo año, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad, al interior del proceso ordinario que promovió ÓSCAR LUIS LAURENTS OSPINO en su contra.

SEGUNDO: En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión para que se agregue al respectivo expediente. Efectuado lo anterior Archívense.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y archívese.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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