Ficha de la providencia
Sentencia SL4048-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4048-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4048-2022
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
2 de noviembre de 2022
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL4048-2022
Radicación n.° 94885
Acta 37
Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
La Sala decide el recurso de apelación que la ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL interpuso contra la sentencia de fecha 23 de mayo de 2022 proferida por la SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO, en el proceso especial de calificación de la huelga o paro colectivo contra el SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD Y ENTES TERRITORIALES DESCENTRALIZADOS DE SUCRE SUNTSESAS al que se vinculó al SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES Y OFICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SALUD SINTRAGESA mediante la cual denegaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
En cumplimiento del trámite especial consagrado en la Ley 1210 de 2008, la ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL demandó a los trabajadores miembros del SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD Y ENTES TERRITORIALES DESCENTRALIZADOS DE SUCRE SUNTSESAS para que se declarara la ilegalidad del cese de actividades que vienen realizando desde el 19 de abril de 2022 invocando las causales descritas en los literales a), c), e) y f) del artículo 450 del CST; a fin de que se les previniera para que se abstuvieran de realizar ceses de actividades en el servicio de salud por su carácter esencial y se les condenara en costas.
En respaldo de sus pretensiones adujo que suscribió sendos contratos sindicales de prestación de servicios de salud años 2021 y 2022 con SINTRAGESA cuyo objeto es la prestación de servicios en procesos de mediana complejidad en el campo de la medicina general, a todos los usuarios del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. En cumplimiento de tales contratos, la contratista vinculó a una serie de afiliados y trabajadores; algunos miembros de SINTRAGESA que desempeñan sus funciones en las áreas asistenciales del hospital, en Asamblea general de 26 de noviembre de 2021 constituyeron una organización que denominaron SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD Y ENTES TERRITORIALES DESCENTRALIZADOS DE SUCRE SUNTSESAS, cuya creación le fue notificada a la ESE, el 6 de diciembre del mismo año.
El 18 de abril de 2022, el SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD Y ENTES TERRITORIALES DESCENTRALIZADOS DE SUCRE SUNTSESAS notificó al hospital y a SINTRAGESA el cese de actividades señalando los motivos de la determinación, pero sin agotar la etapa de arreglo directo ni la presentación de un pliego formal de peticiones, el cual inició al día siguiente, generándose la interrupción del servicio en el área asistencial, en especial en la de urgencias, como lo constata el subdirector científico del hospital. La ocupación cayó del 87% al 25% debido a la ausencia de los empleados y al bloqueo de la entrada del servicio de urgencias, por parte de los trabajadores del sindicato SUNTSESAS que participaban en el cese de actividades; que el 28 de abril del año 2021 a las 8 p.m. los miembros de esta última organización sindical celebraron una misa a la entrada del servicio de urgencias y decidieron no atender a un paciente que requirió su atención, ante lo cual debió ser trasladado a otro centro asistencial de salud, con lo que se evidencia que se puso en peligro la vida y salud de los usuarios, pues no solo se interrumpió el mencionado servicio prioritario sino todos los asistenciales de segundo nivel.
Añadió que todos los afiliados a SINTRAGESA se encuentran laborando, pero los afiliados a SUNTSESAS se mantienen en paro a pesar de que se han propiciado espacios de diálogo desde el 25 de abril del presente año y, finalmente, que el 29 de abril de 2022 solicitaron a la coordinadora del grupo de la dirección territorial Sucre del Ministerio del Trabajo la visita al lugar en donde se desarrolla el cese ilegal pero que no obtuvieron respuesta alguna.
Del asunto conoció en primera instancia la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, el cual ordenó la notificación correspondiente a las partes y citó a la audiencia de que trata el artículo 129 A del CPTSS, adicionado por el 4.° de la Ley 1210 de 2008.
II. AUDIENCIA DE TRÁMITE
Se llevó a cabo el 23 de mayo de 2022; en ella se adelantaron las siguientes actuaciones:
1. Contestación de la demanda
La organización sindical SUNTSESAS se opuso a las pretensiones con fundamento en que el derecho a la huelga constituye el ejercicio legítimo del derecho de asociación reconocido legalmente y en los instrumentos internacionales; añadió que no se puso en riesgo ningún paciente con el cese que fue interrumpido y escalonado; el cual se motivó en el incumplimiento grave de los deberes del empleador y no por la presentación de un pliego de peticiones, y que se limitó a actividades pacíficas esencialmente. En cuanto a los hechos, admitió la suscripción de contratos por parte del hospital y SINTRAGESA, de los demás dijo que no eran ciertos o no correspondían a supuestos fácticos.
Como excepciones propuso las de falta de legitimación en la causa por activa del Hospital de Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal e inexistencia de los presupuestos de la huelga ilegal.
La demandada SINTRAGESA se opuso a las pretensiones de la demanda, adujo que los que promovieron el cese son afiliados del sindicato SUNTSESAS con motivo del incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones; en cuanto a los hechos admitió el contrato sindical de prestación de servicios, que SINTRAGESA vinculó a los trabajadores sindicalizados que prestan sus servicios al Hospital de Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal, de otros dijo que no son ciertos o lo son parcialmente o no le constan.
2. Decisión de excepciones previas.
Se declaró no probada la excepción de falta de requisitos formales de la demanda.
3. Saneamiento
También se adelantó el saneamiento del proceso.
4. Fijación del litigio.
Se fijó el litigio, especificando que no había discusión entre las partes en que el cese de actividades promovido por SUNTSESAS inició el 19 de abril de 2022, los demás hechos quedaron sometidos al debate probatorio.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 23 de mayo de 2022, el Tribunal declaró probada la excepción de falta de legitimación por activa y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda e impuso costas a la demandante.
Como fundamento de su decisión el colegiado recordó que debía resolver si el cese de actividades que promovieron los trabajadores de SUNTSESAS en las instalaciones del hospital demandante era ilegal a la luz de los literales a), c), d) e) y f) del artículo 450 del CST, previa determinación del presupuesto procesal de la legitimación en la causa por activa, excepción que fue planteada por el sindicato demandado.
Luego señaló que el numeral 3 del artículo 129 A del CPTSS establece que la demanda especial de calificación de la suspensión o paro colectivo puede ser presentada por una de las partes o por el Ministerio de la Protección Social, es decir, empleadores y trabajadores y la agencia ministerial. Se remitió a la decisión de esta sala del 12 de septiembre de 2012, rad. 55498 a la cual dio lectura.
En el caso concreto observó que no existió un vínculo jurídico entre el hospital y el sindicato SUNTSESAS, pues la propia demandante en los hechos de la demanda, confesó que entre ella y SINTRAGESA se suscribieron dos contratos sindicales para la prestación de servicios de salud, que esta última afilió a unos trabajadores a través de los cuales materializaría el objeto contractual, estos últimos fundaron una nueva organización sindical que denominaron SUNTSESAS, quienes finalmente adelantaron un cese de actividades en las instalaciones de la institución estatal accionante.
Corroboró lo anterior con los contratos sociales de prestación de servicios de salud suscritos entre la ESE y SINTRAGESA que obran como anexos del escrito inaugural, así como la respuesta emitida del Ministerio del Trabajo al Hospital del 22 de abril de 2022, con ocasión a la solicitud de constatación del cese de actividades, en la que le advirtió que como la suspensión colectiva se viene haciendo por trabajadores que no son parte del ente hospitalario sino de un tercero (SINTRAGESA), no están legitimados para requerir su intervención en los términos de numeral 3, inc. 2 del artículo 129 A y artículo 351 de las legislaciones adjetiva y sustantiva laboral respectivamente, como lo apreció a folios 29 y siguientes del anexo 6 de la demanda.
Posteriormente, se remitió al testimonio de José Barreto, del cual extractó que dentro de los huelguistas no estaba ningún vinculado directamente a la ESE; declaración a la cual dio credibilidad, pues pese a la tacha propuesta a la luz de la sana crítica, no se debía desestimar.
Igual mérito adjudicó a la manifestación del señor Alberto Tulio Hernández, médico general de la ESE, quien dio fe de que la remuneración que reciben por los servicios prestados al hospital proviene de SINTRAGESA. Con lo cual encontró claro que entre el hospital y los trabajadores que adelantan el cese de actividades no existe una relación inmediata como un contrato de trabajo, sino una mediata, por prestar servicios en las instalaciones de este último en desarrollo del contrato sindical con SINTRAGESA con la que sí tiene un nexo convencional.
Se remitió a la sentencia CSJ SL1174-2021 que a su vez reiteró la CSJ SL3086-2021 acerca de las características del contrato sindical, luego de lo cual señaló que de la directriz jurisprudencial surge evidente que el Hospital demandante no tiene contrato de trabajo con los empleados que adelantan el cese de actividades en sus instalaciones, respecto a quienes no se les puede exigir el cumplimiento de obligaciones emanadas del contrato sindical puesto que estas únicamente le son exigibles a SINTRAGESA; dicho de otro modo, que en la relación triangular la entidad pública tiene la calidad de beneficiaria del servicio que le presta SINTRAGESA como contratista y los trabajadores afiliados a este sindicato, a lo que se suma que mal podrían estos últimos adelantar una negociación colectiva con quien no tiene la calidad de empleador a la luz de los artículos 449 y siguientes.
En ese orden, si el hospital no tiene una relación patronal con los trabajadores en paro no es parte del conflicto y, por ende, no se encuentra legitimada en la causa por activa, tal como lo ha adoctrinado la Corte en las sentencias CSJ SL. 12 sept. 2012, rad. 55498, reiterada en la CSJ SL, 10 abr. 2013, rad. 59697, en las que, si bien se refiere a la figura del beneficiario de la obra, es extensible o aplicable al caso de marras.
Concluyó que la demandante no tiene legitimación para adelantar la presente acción pues no es la verdadera empleadora de los trabajadores afiliados a SINTRAGESA y si este último se hubiera considerado un simple intermediario que ocultó su calidad de tal a la luz del artículo 35 del CST, se hubiese configurado una indebida intermediación laboral que desvirtúa el contrato sindical, asunto sobre el que no milita prueba en el plenario ni este es el escenario para dilucidar tal situación.
Conforme a lo anterior declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, quedó relevada de definir la legalidad o ilegalidad de la huelga y se denegaron las pretensiones de la demanda, imponiendo costas al extremo activo.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en que el hospital es beneficiario de SINTRAGESA como contratista y el hecho de que no tenga un vínculo directo con los afiliados a SUNTSESAS es precisamente lo que motiva a solicitar la ilegalidad del cese de actividades, por cuanto este no debió ocurrir en la sede o instalaciones de la ESE, pero que sí se vio afectada con el bloqueo de la entrada a sus instalaciones, con mayor razón si se tiene en cuenta que no le correspondía pagar las prestaciones a cargo del contratista.
Hizo referencia al músculo financiero al que se debió acudir como quiera que en el contrato sindical se pactó, una cláusula como garantía de no entorpecimiento de la prestación del servicio de salud a la que dio lectura, luego de lo cual adujo que era claro que quien debió realizar o incoar la acción era SINTRAGESA, pero como ellos no lo hicieron pues no se afectaron con el bloqueo que se presentó en las vías de ingreso a la sede de la ESE, fue por lo que se vieron obligados a demandar.
Añadió que si bien el Ministerio del Trabajo les indicó que quien debía solicitar la visita era SINTRAGESA, y que en el proceso no fue posible escuchar al representante de esta última para que explicara la razón por la que no lo hicieron, debieron acudir directamente a esta acción, insiste, ante la inacción de la mencionada organización sindical.
Finalmente, adujo que si bien es cierto de las consideraciones del Tribunal se entiende que los trabajadores de esta última no podían realizar actividades que bloquearan la prestación del servicio por el hospital, era el contratista el llamado a resolver las reclamaciones de sus trabajadores y no perjudicar a la ESE, por lo que solicita que la Corte revise estos argumentos y revoque la decisión.
V. CONSIDERACIONES
Del itinerario procesal, emerge con facilidad que el problema a elucidar por parte de la Corte estriba en determinar si el Hospital, promotor de este proceso especial, goza de legitimación por activa para demandar a las organizaciones sindicales llamadas a juicio, en aras de que se declare la ilegalidad de suspensión o paro colectivo de trabajo, estatuida en la Ley 1210 de 2008.
Desde el pórtico hay que decir que la decisión del juzgador de primer grado se exhibe atinada y, por ende, no se revocará.
Pues bien, para resolver el tema en cuestión conviene hacer previamente algunas precisiones conceptuales:
1.- Sobre la figura del contrato sindical
Esta Corte, en reciente decisión CSJ SL3086-2021, que hoy se reitera, explicó, con profusión, que el contrato sindical es una especie de negocio jurídico reconocido en el interior de nuestro ordenamiento jurídico que, según las voces del artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en el «[…] que celebren uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados […]».
En la misma providencia se dijo que este tipo de contrato, según lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional y ordinaria, hace parte del derecho colectivo del trabajo y pertenece a una gama amplia de institutos y garantías puestos al alcance de las organizaciones sindicales para que desarrollen sus actividades, se agencien recursos económicos, promuevan sus intereses y materialicen sus objetivos, de manera adecuada y efectiva. Como lo ha entendido la Corte Constitucional, además, promueve fines constitucionalmente amparados, como que los trabajadores accedan a la propiedad y la gestión de las empresas, que las organizaciones sindicales sean más dinámicas y participativas y que se promueva el trabajo colectivo. (CC T-457-2011 y CC T-303-2011).
De otro lado, asentó la Sala que, por su naturaleza, según lo dispuesto en el artículo 483 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato sindical constituye una especie de vínculo sui generis, diferente del contrato de trabajo subordinado, pues supone una forma de trabajo organizado, cooperativo y autogestionado, en el que los trabajadores, situados en un plano de igualdad, ponen al servicio de un empleador su capacidad de trabajo, para la realización de ciertas obras o la prestación de ciertos servicios, a través de la representación de su organización sindical, que responde tanto por las obligaciones ante la empresa como por las obligaciones ante los trabajadores afiliados.
Agregó que de acuerdo con los mismos artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo del Trabajo, en conjunto con la reglamentación del Decreto 1429 de 2010, el contrato sindical es un convenio reglado, solemne, nominado y principal, que debe cumplir con requisitos relativos a la identificación y organización de la obra o servicio contratado, el valor pactado, la selección de los trabajadores partícipes, la afiliación a la seguridad social y la protección en salud ocupacional, entre otras.
Y, en términos de la Corte Constitucional:
[…] el contrato sindical se caracteriza por ser solemne, nominado y principal, realizado en ejercicio de la libertad sindical, que goza de autonomía administrativa e independencia financiera por parte del sindicato. Adicionalmente, en virtud de él, (i) el sindicato contratista responde porque sus afiliados presenten los servicios o ejecuten la obra contratada; (ii) el representante legal de la organización sindical como encargado de suscribir el contrato sindical, ejerce la representación de los afiliados que participan en el mismo; (iii) el sindicato se asimila, sin serlo como quedó dicho, a un empleador sin ánimo de lucro por expresa disposición de la ley laboral y, (iii) en caso de disolución del sindicato de trabajadores que haya sido parte de un contrato sindical, los trabajadores quedan facultados para continuar prestando sus servicios mientras dure la vigencia del contrato y en las condiciones inicialmente estipuladas. (CC T-457-2011).
Así, la Sala explicó que en los anteriores términos el contrato sindical no solo existe en el interior de nuestro ordenamiento jurídico, sino que goza de plena validez y legitimidad, aparte de que, como ya se dijo, atiende fines constitucionalmente legítimos, encaminados a reforzar la defensa de los intereses de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales.
2º) Relaciones jurídicas que dimanan de los contratos sindicales
A la luz de las elocuentes voces del Decreto 1429 de 2010, podemos decir que existen las siguientes relaciones jurídicas: una de naturaleza colectiva laboral que se da entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos de empleadores y, otra, la que se presenta entre la organización sindical y los que se afilian al sindicato para prestar sus servicios o realizar las obras encomendadas a través de dicho contrato, quienes se denominan afiliados partícipes, sin que entre estos últimos- sindicato y afiliados- exista un contrato de estirpe laboral.
Aquí bien vale la pena traer a colación la sentencia CC T-4572-2011, citada por esta Sala en la providencia CSJ SL3086-2021:
Cabría entonces una pregunta: ¿Los afiliados partícipes que están bajo la modalidad del contrato sindical tienen un contrato de trabajo con la organización sindical? La respuesta es no, porque no existe el elemento esencial de la subordinación propio del contrato de trabajo. El afiliado partícipe durante la ejecución del contrato sindical compone el sindicato y se encuentra en un plano de igualdad con este frente a la distribución de los ingresos provenientes del contrato, al punto que recibe compensaciones y son sujetos de ciertas deducciones, las cuales para todos sus efectos se asimilan al concepto de salario, de acuerdo con lo definido en la asamblea de afiliados, en el reglamento y en el contrato sindical. Quiero ello decir que entre el sindicato y los afiliados partícipes no existe como tal una relación empleador-trabajador, pues si se viera desde la óptica contraria comprometería gravemente el derecho de sindicalización en Colombia (artículo 39 Superior), toda vez que quienes se agrupan para defender sus intereses laborales en contra del empleador, resultaría a su vez detentando la figura de patrono a través de la persona jurídica que constituye el sindicato, situación que resulta ser un contrasentido.
También la Sala, en dicha sentencia CSJ SL 3086-2021, memoró que el Consejo de Estado ha resaltado la especial naturaleza del contrato sindical, su no configuración de vínculos laborales subordinados, en sentido estricto, y las diferentes formas de relación que se dan entre trabajadores, sindicato y empresa. Ha asentado esa Corporación que «[…] el sindicato cumple una función doble en el escenario del contrato sindical, a saber: (i) fungir como representante de los intereses de sus afiliados ante la parte contratante y (ii) ser el responsable de los honorarios y demás prestaciones que se deben pagar a favor de quienes ejecuten el acuerdo». Asimismo, por la esencia de este contrato, «[…] se desprende la no configuración de una relación laboral entre las personas que lo ejecutan y el contratante, de manera tal que las obligaciones referentes a la seguridad social derivadas de éste, corren por parte del sindicato». (sentencia del 11 de mayo de 2020, Sección Segunda, Subsección B, rad. 11001-03-24-000-2016-00549-00).
Con arreglo a lo explicado brota de manera espontánea una primera conclusión: por la naturaleza misma de las actividades convenidas en el marco de un contrato sindical y la forma en que las maneja una organización autogestionaria, por regla general, se descarta que en su ejecución se desarrollen relaciones laborales subordinadas entre los afiliados y el beneficiario del servicio (CSJ SL4332-2021).
Dicho en otras palabras, pero conservando la misma idea argumentativa: si bien para todos los efectos legales, el representante legal de la organización sindical que suscriba el contrato sindical ejercerá la representación de los afiliados que participan en el contrato sindical, también lo es que no existe nexo alguno de estos con la beneficiaria del servicio, pues el vínculo contractual se establece únicamente entre la entidad empresarial y el sindicato, sin consideración a las personas que en calidad de afiliados partícipes formen parte de este.
3º) Legitimación en la causa por activa
Bien se sabe que uno de los elementos de la pretensión, es la denominada ‘legitimación en causa’ (legitimatio ad causam) que, según tiene enseñado esta Corporación, hace relación a la titularidad de la situación jurídica material discutida en un juicio y, por ello, es apreciada como uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la misma, es decir, «como condición de la acción judicial, de ahí que se le haya considerado como cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, pues alude a la materia debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste».
Bueno es memorar, a propósito, la providencia CSJ SC1182-2016, en donde la Corte enseñó que:
Tal atributo, en términos generales, se predica de las personas que «se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio», en virtud de lo cual se exige «para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso».
Aunque la garantía de acceso a la administración de justicia -ha dicho esta Sala- constituye un principio de orden constitucional, solamente «el titular de derechos o quien puede llegar a serlo, está facultado para ponerla en funcionamiento, frente al obligado a respetarlos o mantenerlos indemnes», de tal modo que si alguna de las partes carece de esa condición «se presentaría una restricción para actuar o comparecer, sin que se trate de un aspecto procesal susceptible de subsanación, sino que, por su trascendencia, tiene una connotación sustancial que impide abordar el fondo de la contienda» (CSJ SC 4468, 9 Abr. 2014, Rad. 2008-00069-01) y, por lo tanto, se erige en «motivo para decidirla adversamente» (CSJ SC, 14 Ago. 1995, Rad. 4628).
Acoger la pretensión en la sentencia depende de, entre otros requisitos, que «se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda, y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado (…). Si el demandante no es titular del derecho que reclama o el demandado no es persona obligada, el fallo ha de ser adverso a la pretensión de aquél, como acontece cuando reivindica quien no es el dueño o cuando éste demanda a quien no es poseedor» (CSJ SC, 14 Ago. 1995, Rad. 4628, reiterado en CSJ SC, 26 Jul. 2013, Rad. 2004-00263-01).
4º) Caso concreto
4.1 Partes en los contratos sindicales y objeto de estos
De la prueba documental aportada al plenario, se avista, a las claras, que los contratos sindicales de prestación de servicios de salud fueron celebrados por el HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL E.S.E. y el SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES Y OFICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SALUD – SINTRAGESA. Valga decir, que no es dable pasar inadvertido que en la celebración de dichos contratos sindicales no intervino, para nada, el SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD Y ENTES TERRITORIALES DESCENTRALIZADOS DE SUCRE -SUNTSESAS-.
También repárese en que tuvieron como objeto, entre otros: (i) «adelantar la PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL AREA DE LA ANESTESIOLOGIA A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL E.S.E.»; (ii) «adelantar la PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL AREA DE LA GINECOLOGIA, CIRUGIA PEDIATRICA, CIRUGIA GENERAL Y ORTOPEDIA A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL E.S.E.», y (iii) «adelantar la PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL AREA DE LA MEDICINA INTERNA Y PEDIATRIA A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL E.S.E.».
Llegados a este punto del sendero brotan dos preguntas: (i) ¿quién promovió el cese de actividades? y (ii) ¿la ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL, en calidad de beneficiaria de los servicios del SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES Y OFICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SALUD – SINTRAGESA-, está legitimada para promover una acción en busca de la calificación de un cese de actividades que presuntamente realizaron quienes no fueron sus trabajadores subordinados?.
Antes de dar respuesta a los interrogantes en precedencia una cosa bien clarificadora es notar que los afiliados partícipes del SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES Y OFICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SALUD – SINTRAGESA-, crearon una organización sindical que denominaron SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD Y ENTES TERRITORIALES DESCENTRALIZADOS DE SUCRE -SUNTSESAS-
1º) ¿Quién promovió el cese de actividades?
Está probado por el juez de primer grado y no es materia de controversia por las partes en esta instancia que, por parte del Ministerio del Trabajo se informa al Hospital convocante que, con ocasión «de la solicitud de constatación del cese de actividades, […] el Ministerio de Trabajo le advierte que como la suspensión en la pretensión[sic]- del servicio de salud se viene haciendo por trabajadores que no son del ente hospitalario sino de un tercero, SINTRAGESA, no están legitimados para su intervención […]».
2º) ¿La ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL, en calidad de beneficiaria de los servicios del SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES Y OFICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SALUD – SINTRAGESA-, está legitimada para promover una acción en busca de la calificación de un cese de actividades que presuntamente realizaron quienes no fueron sus trabajadores subordinados?
De un tiempo para acá, es doctrina de esta Corte que cuando el empleador pone en movimiento el órgano jurisdiccional del Estado, en aras de que se califique una huelga como ilegal, es porque estima que sus trabajadores han incumplido con una de sus obligaciones inherente al contrato laboral, cual es, la de prestar el servicio pactado.
Ello sin desconocer que la Sala, en sentencia CSJ SL1947-2021, adujo:
Todo esto da cuenta de porqué la declaratoria de ilegalidad de la huelga no puede producir consecuencias automáticas. Esto es, la declaratoria judicial de ilegalidad no puede trasvasarse sin más al ámbito individual; no puede generalizarse para reprimir a los trabajadores injustamente. La revisión judicial de la legalidad de la huelga tiene sus propios cauces, causales y su objeto es constatar la conformidad de un acto colectivo de conflicto con la legislación nacional para que el empresario pueda recuperar su producción; otra cosa bien distinta ocurre en las relaciones individuales de trabajo, en las que deben constatarse situaciones individuales y específicas. Por este motivo, es perfectamente posible que en una huelga legal se produzcan despidos de trabajadores que incurrieron en extralimitaciones en su ejercicio.
En este punto, conviene recordar que en reciente sentencia CSJ SL720-2021, la Sala afirmó que «la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores, atribuidos a ellos individualmente, ya que son los que deciden interrumpir o no su trabajo, secundar o no un cese», aunque su ejercicio es colectivo. Esto significa que a partir de un fallo que revisa una acción colectiva, en abstracto, no pueden derivarse consecuencias o sanciones automáticas para los huelguistas. La reflexión sobre cada situación individual es indispensable en clave de constatar si hubo excesos o extralimitaciones en su ejercicio, pues, se repite, cada trabajador es dueño de la forma en que exterioriza su actividad.
De suerte que, como ya se anotó, por la naturaleza misma de las actividades convenidas en el marco de un contrato sindical y la forma en que las maneja una organización autogestionaria, por regla general se descarta que en su ejecución se desarrollen relaciones laborales subordinadas entre los afiliados partícipes y el beneficiario del servicio.
Por consiguiente, no es aceptable la tesis de que el beneficiario de un servicio, en los contratos sindicales, esté legitimado para que, mediante su solicitud, un juez de la República califique el comportamiento o conducta de quienes no fueron sus trabajadores directos, con quienes, como ya se dijo, no existe un vínculo de naturaleza laboral, o al menos eso no es materia de debate en el asunto bajo escrutinio, además, no podía serlo dado el actual proceso especial en que se lleva a cabo la calificación de la huelga. Pensar en forma diferente, sería tanto como permitir que el beneficiario abandone su posición de tal, para asumir o ubicarse en el plano de verdadero empleador de esos trabajadores (parte), calidad que, a no dudarlo, la ley no le reconoce.
Conviene memorar que, en el contrato sindical, la organización sindical responde por la cumplida prestación del servicio o la cabal realización de la obra, convenidos frente a la persona que los encargó, pues
En el contrato sindical solo le interesa a quien pidió la prestación del servicio o la ejecución de la obra que estos se realicen conforme a lo pactado y les es indiferente que sean unas u otras las personas que en concreto laboren para el cumplimiento de lo contratado. Solo responde frente al sindicato por el pago cabal del precio estipulado como contraprestación.
Es entonces muy claro que cuando se intenta aplicar el régimen del contrato individual de trabajo a unos servicios que han estado regidos por un contrato sindical, la aplicación resulta indebida y se infringen tanto las normas que regulan el primero como las que reglamentan el segundo, estas últimas por falta de aplicación siendo aplicables. (CSJ SL, 25 jul. 1981, rad. 7707).
Ahora bien, no desconoce la Sala que puede ocurrir que la organización sindical incumpla el objeto del contrato, que en este evento es la prestación de un servicio de salud, precisamente por el cese de actividades de sus afiliados partícipes. Pero en tal hipótesis, aflora cristalino que la ley le da al acreedor la posibilidad de echar mano de los “efectos de las obligaciones”, es decir, le otorga el derecho a exigir el cumplimiento de las mismas, pero no a través de este proceso especial cuyo fin es diferente, pues conforme a la línea de pensamiento de esta Corporación, la concepción legislativa que inspiró la Ley 1210 de 2008 en cuanto a que la demanda en esta clase de acción podrá ser “presentada por una de las partes o por el Ministerio de la Protección Social” fue restringida y limitada. Es patente que, cuando la norma hace relación a las partes, se refiere precisamente a los interlocutores sociales de un conflicto colectivo de trabajo, cuales son el empleador y sus trabajadores, sindicalizados o no, id est, propiamente a los gestores del contrato laboral. De manera que si el legislador hubiera querido que estuviesen legitimadas para ello otras personas naturales o jurídicas (terceros) –como lo serían los beneficiarios de un servicio (contrato sindical), así lo hubiera plasmado claramente. Cuando el legislador lo quiere lo dice, cuando no guarda mutismo (sentencia CSJ SL, 12 sep. 2012, rad. 55498).
Así que, al compás de la norma que viene analizándose, el numeral 6º del artículo 4º, al referirse a las prevenciones de las partes, expresa que «La providencia en que se declare la legalidad o la ilegalidad de una suspensión o paro colectivo de trabajo deberá contener, además, las prevenciones del caso para las partes en conflicto y se hará conocer al Ministerio de la Protección Social». Y, se reitera, las partes en conflicto no pueden ser otras que el empleador y los trabajadores vinculados laboralmente por él.
Visto lo precedente, florece que en ningún desacierto incurrió el juzgador de primera instancia al declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de la ESE HOPITAL REGIONAL II NIVEL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL, por lo que no sale airoso el recurso apelación.
Las costas de esta instancia estarán a cargo de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($4.700.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Confirmar la sentencia apelada.
SEGUNDO: Costas como se indicó en la parte motiva.
TERCERO: Ordenar que por la Secretaría de la Sala se comunique la presente decisión al Ministerio del Trabajo.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
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