Ficha de la providencia
Sentencia SL4049-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4049-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4049-2022
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
27 de septiembre de 2022
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL4049-2022
Radicación n.°92461
Acta 33
Pasto (Nariño), veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP- contra la sentencia proferida por la Sala Séptima Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 24 de octubre de 2019, en el proceso que instauró ÉDGAR SALAZAR PERDOMO en contra de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO y la recurrente.
I. ANTECEDENTES
Édgar Salazar Perdomo llamó a juicio a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP-, con el fin de que previas las declaraciones de rigor, la Unidad en comento fuera condenada a reconocer y ordenar el pago de la pensión de jubilación convencional vitalicia debidamente indexada; mesadas pensionales – diferencias pensionales por compartibilidad- desde la fecha de exigibilidad de la pensión debidamente indexadas aplicando el I.P.C. certificado por el DANE; así como las mesadas que se llegaren a causar entre la fecha de la presentación de la demanda y las sentencias que se generen conforme al artículo 25 A de la Ley 712 de 2001; las costas del proceso y lo que resultare de las facultades ultra y extra petita.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: nació el «10 de noviembre de 1957»; cumplió sus 55 años el mismo mes y día del año 2012; laboró para la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, como Subdirector III, Grado 07, en la ciudad de Pitalito «a partir del 10 de noviembre de 1977» hasta el «28 de junio de 1999», fecha en la que fue retirado como consecuencia de la liquidación de la entidad, no obstante, como consecuencia del reintegro provocado por su accionar ante la justicia ordinaria laboral, la vinculación se extendió hasta el 15 de julio de 2002; para la data de terminación de su contrato (1999), ya había completado más de 20 años de servicios como trabajador oficial, con un salario devengado durante el último año de $1.562.517; para «el 27 de febrero de 2018» tenía acreditada la edad de 55, por lo que con sustento en la Convención Colectiva de Trabajadores (1998 - 1999) solicitó a la Unidad Administrativa, el reconocimiento de la pensión convencional, la cual, mediante la Resolución n.° RDP 020550 de 05 de junio de 2018 fue negada; de igual manera, requirió de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la que por medio de la Resolución GNR 199388 del 2 agosto de 2013, se le otorgó a partir del 10 de noviembre de 2012, en cuantía de $1.032.412 y de $1.057.603 para el 2013.
Adicionó que, con base en el último salario devengado «es decir, del periodo 08-2001 a 07-2002, (…) al liquidarse la primera mesada pensional a la fecha de exigibilidad (noviembre de 2012), esta asciende a la suma de $1.917.004, de acuerdo con la siguiente liquidación: I.B.L.= $1.562.517 x 109,57/66.729 x 75%= $1.917.004. 66,729 [sic], que agotó la vía gubernativa y cumplió los requisitos de procedibilidad de la Ley 712 de 2001.
La UGPP., al dar respuesta, se opuso al éxito de las pretensiones; en cuanto los hechos, aceptó los relativos al vínculo laboral del accionante con la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero; la negativa pensional; manifestó que no le constaba lo referido a la demanda de reintegro ni que la entidad hubiere sido condenada pues no existe soporte que lo probara y, finalmente, de los restantes indicó que no le constaban o eran simples apreciaciones del demandante. En su defensa, propuso como excepciones de fondo, las de inexistencia de la obligación y prescripción.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 24 de octubre de 2018, absolvió a la encartada de todas las pretensiones incoadas en su contra. Costas a la parte vencida.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al desatar el recurso de apelación formulado por el actor, la Sala Séptima Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., mediante fallo proferido el 24 de octubre de 2019, dispuso:
PRIMERO.- REVOCAR, la sentencia impugnada de fecha 24 de octubre de 2018, proferida por el Juez 13 Laboral del Circuito de Bogotá; en consecuencia, CONDÉNESE a la demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP-, a reconocer y pagar al demandante, EDGAR SALAZAR PERDOMO, la pensión de jubilación convencional, a partir del 10 de noviembre de 2012, en cuantía mensual de $2'451.321, junto con los aumentos legales a que haya lugar, 14 mesadas al año, la que será compartible, con la pensión de vejez reconocida por COLPENSIONES, tal como se expuso en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP-, a pagar a favor del demandante EDGAR SALAZAR PERDOMO, a partir del 10 de noviembre de 2012, el mayor valor existente entre el monto de la pensión de jubilación convencional y el monto de la pensión de vejez reconocida por COLPENSIONES, 14 mesadas al año, causadas y no pagadas, a partir del 10 de noviembre de 2012, sumas estas que deberán pagarse debidamente indexadas, tal como se expuso en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO.- Declárese no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, tal como se expuso en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO.- CONDÉNESE a la demandada, en costas de primera instancia.
QUINTO.- Sin COSTAS en esta instancia.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez de la alzada definió como problema jurídico:
Establecer si el demandante tiene el derecho a que se le reconozca y pague la pensión de jubilación convencional consagrada en el parágrafo primero del artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años 1998 1999, suscrita entre Sintracreditario y la extinta Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero; y sí dicha pensión es o no compatible con la pensión de vejez que le reconoció el Instituto de los Seguros Sociales hoy Colpensiones, a partir del 10 de noviembre de 2012 […].
Indicó que el marco jurídico que regulaba la materia era el artículo 1° del Decreto 2127 de 1945, el artículo 467 del C.S.T. y, en consecuencia, el propio instrumento convencional como ley para las partes, el Acto Legislativo 01 de 2005, el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990 y los artículos 488 C.S.T. y 151 C.P.T.S.S.
Del análisis de la prueba documental aportada evidenció que el promotor estuvo vinculado laboralmente a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero desde «el 10 de noviembre de 1977 al 27 de junio de 1999»; cumplió 55 años, el 10 de noviembre de 2012; la extinta Caja suscribió Convención Colectiva con la organización sindical Sintracreditario; el actor devengó como último salario la suma de $1.562.517; el 27 de febrero de 2012 elevó solicitud de pensión convencional, que le fue negada por el Fondo de Pasivo social de Ferrocarriles de Colombia Según resolución RDP020550 del 5 de junio de 2018»; Colpensiones le reconoció pensión de vejez con fundamento en la Ley 33 de 1985, a partir del 10 de noviembre de 2012, fecha en la que llegó a la edad arriba referida, en cuantía de $1.032.412.
Con base en el marco normativo y el contexto fáctico acreditado, el colegiado, sin desconocer que la convención objeto de análisis perdió vigencia a partir del 31 de julio de 2010, por efectos del Acto Legislativo 01 de 2005, consideró que al accionante sí le asistía el derecho a la pensión de jubilación convencional consagrada en el parágrafo primero del artículo 41 del acuerdo colectivo 1998-1999, como quiera que este cumplió con los 20 años de servicio el «28 de junio de 1999», estando vigente este último, por cuanto laboró para la misma en el período comprendido «del 10 de noviembre de 1977 hasta el 27 de junio de 1999»; lo que le permitía concluir que se causó el derecho con anterioridad a la entrada en vigencia de la adenda constitucional referida.
Para arribar a esa decisión, se soportó en que del texto del parágrafo del artículo 41 del instrumento colectivo, emergía con suficiente claridad que la edad de 55 años era tan solo una condición para la exigibilidad y disfrute, no así para su causación y configuración, como en casos análogos lo había asentado esta Sala -refirió la sentencia CSJ SL526-2018. Insistió en que bastaba con que el trabajador contara con 20 años continuos o discontinuos de servicio en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, para que se causara el derecho sin que la norma exigiera de manera expresa el cumplimiento de la edad en vigencia de la convención o, del contrato de trabajo.
Como el actor llegó a los 55 años el 10 de noviembre del 2012, esta es la data a partir de la cual surgió la exigibilidad de la prestación pensional convencional la cual tenía la vocación de compartibilidad de acuerdo con el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, con lo que quedó a cargo de la accionada U.G.P.P., el pago del mayor valor, si existiere, entre una y otra pensión.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente, que la Corte:
[…] de manera principal, que la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, CASE TOTALMENTE la sentencia impugnada, en cuanto condenó a la UGPP al reconocimiento y pago de una pensión restringida de jubilación convencional conforme con la cláusula 41 de la Convención suscrita entre la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO y el SINDICATO NACIONAL DE LA CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO -SINTRACREDITARIO-. Para que luego en sede de instancia, absuelva de todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte demandante. Decidiendo sobre costas lo que corresponda en derecho.
De manera subsidiaria, pretende el recurso que la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada, en cuanto condenó al reconocimiento y pago de una pensión jubilación convencional conforme con lo dispuesto en la Convención suscrita entre la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO y el SINDICATO NACIONAL DE LA CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO 1998- 1999, pagadera por la UGPP en favor del señor EDGAR SALAZAR PERDOMO, puntualmente en lo concerniente al reconocimiento del derecho en 14 mesadas pensionales. Y una vez constituida en sede de instancia y de manera seguida proceda a; ordenar el reconocimiento de la prestación económica en 13 mesadas. Decidiendo sobre costas lo que corresponda en derecho
Para tal propósito, formula dos cargos que fueron replicados.
VI. PRIMER CARGO
Acusa la sentencia impugnada de violar la ley sustancial por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de:
[…] artículos: 5° del Decreto 3135 de 19681º, 2º, 3º, 6º y 7º del Decreto 1848 de 1969; 1º, 3º, 5º y 44 del Decreto 1045 de 1978; así como los artículos 467, 468, 470, 478 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 27 y 28 del Código Civil; artículo 1° del Decreto 2127 de 1945; artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990, confirmado en el Decreto 790 de 1990; del inciso 3° y del parágrafo 2°, y de los parágrafos transitorios 2° y 3° del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005, y los artículos 25, 53, 228 y 230 de la Carta Política, en concordancia con el quebrantamiento como normas procesales de medio, de los artículos 164, 165, 167 y 176 del Código General del proceso y los artículos 61 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Como errores evidentes de hecho, enlista:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, suscrita entre los Trabajadores de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO y el SINDICATO NACIONAL DE LA CAJA DE CRÉDITO AGRARIO[,] INDUSTRIAL Y MINERO ostenta una vigencia más allá del 31 de julio de 2010, y que los requisitos para efectos de la pensión de jubilación tales como: edad y tiempo de servicios, se pueden cumplir en cualquier momento, sin que se exija que tales deben ser causados en vigencia de la referida convención colectiva, o por lo menos, antes del 31 de julio de 2010, fecha establecida como límite para la vigencia de las Convenciones Colectivas conforme lo dispuso el Acto Legislativo 01 de 2005.
2. No dar por demostrado, estándolo, que los requisitos de causación de la pensión de jubilación establecida en la cláusula 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, suscrita entre la Caja de Crédito Agrario[,] Industrial y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja Agraria - SINTRACREDITARIO, eran demostrar 20 años de servicios continuos o discontinuos a la Caja y 55 años de edad para el caso de las hombres, ambos en vigencia de la referida convención colectiva o antes del 31 de julio de 2010, fecha establecida como límite para la vigencia de las Convenciones Colectivas en Colombia fijada en el Acto Legislativo 01 de 2005.
3. No dar por demostrado, estándolo, que el señor EDGAR SALAZAR PERDOMO, no le asiste el derecho al reconocimiento de una pensión restringida de jubilación convencional pagadera por parte de la UGPP prevista el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, suscrita entre los Trabajadores de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO[,] INDUSTRIAL Y MINERO y el SINDICATO NACIONAL DE LA CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, al no haber cumplido los 55 años de edad, en vigencia de convención colectiva o antes del 31 de julio de 2010.
4. Dar por demostrado, no estándolo, que el señor EDGAR SALAZAR PERDOMO le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión restringida de jubilación por parte de la UGPP, conforme con las previsiones del artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, suscrita entre los Trabajadores de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO[,] INDUSTRIAL Y MINERO y el SINDICATO NACIONAL DE LA CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, a partir del 10 de noviembre de 2012, momento en que acreditó los 55 años de edad, pese a que este requisito fue causado de manera posterior a la vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo e incluso después del 31 de julio de 2010, fecha establecida como límite para la vigencia de las Convenciones Colectivas en Colombia fijada en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Como pruebas y piezas procesales erróneamente valoradas, denuncia:
1. Libelo de demanda (folios 2 a 17 Cuaderno del Juzgado).
2. Libelo de respuesta a la demanda (folios 84 a 89 Cuaderno del Juzgado).
3. Documento contentivo de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre los Trabajadores de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO [,] INDUSTRIAL Y MINERO y el SINDICATO NACIONAL DE LA CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO 1998-1999 (folios 42 a 76 C. del juzgado).
4. Copia del registro civil de nacimiento del señor EDGAR SALAZAR PERDOMO (folio 19 Cuaderno del Juzgado).
En su demostración, se duele de que la sala sentenciadora no evidencie la inexistencia de la obligación en cabeza de la demandada, por cuanto el señor Edgar Salazar Perdomo no cumple con lo establecido en el artículo 41. Parágrafo 1. de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y el Sindicato Nacional de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero 1998-1999, pues en vigencia de la misma no acredita el requisito de los 55 años ya que a esta edad llega en el 2012, cuando la convención colectiva no cobijaba dicho año y por virtud del Acto Legislativo 01 de 2005, perdían toda vigencia todas las estipulaciones por fuera de la ley, sin que fuera posible extender el instrumento convencional hasta dicho año.
En el sentir del recurrente el colegiado desconoce la «voluntad de las partes en la fijación de las condiciones bajo las cuales se desarrollaban las relaciones de trabajo, haciendo decir a una cláusula lo que no expresa y cuyo contenido literal no permite otro aserto que la procedencia del beneficio de la pensión de jubilación»; y no hizo un adecuado estudio de la vigencia de la convención colectiva y cita el artículo 48 de la constitución reformado por la adenda constitucional para indicar que el límite era el 31 de julio de 2010.
Afirma que es pacífico que el señor Edgar Salazar Perdomo laboró al servicio de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero por más de 21 años, de igual modo que la edad de jubilación establecida (55 años), la cumplió con posterioridad a su desvinculación de la entidad y después del 31 de julio de 2010; no obstante, cuestiona que el fallador de la alzada encontrara que tal requisito sólo era de exigibilidad de la prestación y no de causación del derecho, lo que en sus voces no corresponde a la realidad, puesto que debían concurrir todos los requisitos y, en todo caso en vigencia de la Convención Colectiva por lo que encuentra «que no se apreció adecuadamente la edad del actor que está demostrada con su registro civil nacimiento».
Adiciona, que, desde la demanda, la cual fue mal apreciada se expresó que cumplía con la edad cuando la realidad es otra, dado que este requisito lo acredita cuando no se encontraba en vigencia el instrumento convencional y más allá del límite temporal de la adenda constitucional, último aspecto que «no hizo parte de la decisión de segunda instancia, apartándose el Tribunal de la realidad fáctica y jurídica que mostraban las pruebas en el caso concreto.
Precisa «que lo que se cuestiona mediante el ejercicio del presente recurso extraordinario es la interpretación dada por el Tribunal a la cláusula de la Convención Colectiva de Trabajo, y la omisión de verificación del cumplimiento de los requisitos que debían acreditarse en vigencia de la convención colectiva o antes del 31 de julio de 2010» y expone en extenso su interpretación de la norma convencional y la adenda constitucional, para con ello decir que se acredita el error evidente, ostensible y manifiesto por la exégesis que hizo del texto extralegal que desconoce su sentido natural y vigencia de la aplicación de los derechos que estaban allí contemplados.
Por las razones esbozadas estima que el accionante no tiene derecho a la pensión al no acreditar los requisitos de causación de la prestación antes del 31 de julio de 2010.
VII. RÉPLICA DEL DEMANDANTE
Indica el opositor que, el ataque fulminado no se estructura, toda vez que el Tribunal concentra su análisis en lo normado en el artículo 41 y parágrafo 1 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, frente a los requisitos para causar la pensión de jubilación convencional. Elementos estructurales, acreditados por el extrabajador en la misma fecha de su retiro, ya que de la lectura de tal preceptiva, no se establece la edad como requisito de causación y configuración, sino de exigibilidad, sin ser relevante lo dispuesto en el Parágrafo 3° del Acto Legislativo 01 de 2005, porque para esa fecha el derecho ya se encontraba causado, lo que lo convertía en adquirido antes de la vigencia de la norma constitucional; adicionalmente, para la decisión se acude a una providencia de esta Corporación.
VIII. CONSIDERACIONES
Se recuerda que el Colegiado para llegar a la decisión condenatoria analizó la cláusula convencional de cuya lectura desprendió que la edad no era un requisito de causación sino de exigibilidad y, en consecuencia, encontró que el señor Salazar Perdomo al momento de retiro de la extinta Caja contaba con más de 21 años de servicios, por lo que adquirió el derecho a la prestación económica solicitada al arribar a los 55 años, lo que aconteció en el año 2012.
Se duele la entidad del entendimiento que el juez colegiado dio al artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, al considerar que la edad es requisito de exigibilidad y no de causación del derecho pensional; por lo que no procedía el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional cuando este elemento lo cumple con posterioridad al retiro de la entidad y después del límite temporal establecido en el Acto Legislativo 1 de 2005.
Para dar respuesta, es necesario precisar que la Sala ya tuvo la oportunidad de resolver los cuestionamientos planteados por la hoy solicitante. En efecto, al definir un asunto de similares contornos, en pronunciamiento CSJ SL526-2018, reiterado, entre otras, en las sentencias CSJ SL4550-2018, se analizó el artículo 41 de la convención colectiva de trabajo, en la búsqueda de establecer cuáles son los requisitos necesarios para acceder a la pensión allí estatuida, decisión que, por su importancia, será transcrita en extenso, así:
Igualmente, destacar que no es materia de discusión que el artículo 41 de la citada convención colectiva de trabajo previó la pensión de jubilación en los términos que se transcriben a continuación --y en su totalidad--, para mayor comprensión:
“ARTÍCULO 41o. PENSIÓN DE JUBILACIÓN. REQUISITOS. “A partir del dieciséis de enero de 1992, los trabajadores de la Caja Agraria, cuando cumplan veinte (20) años de servicio a la Caja, continuos o discontinuos, y lleguen a la edad de cincuenta (50) años las mujeres y cincuenta y cinco (55) años los varones, tendrán derecho a que la Caja les pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios.
“Con todo, quienes el dieciséis (16) de marzo de 1992 tuvieren dieciocho (18) o más años de servicio a la Caja, continuos o discontinuos, tendrán derecho a la pensión cuando cumplan cuarenta y siete (4 7) años de edad y veinte (20) años de servicio. Quienes hayan cumplido los requisitos anteriores para el ejercicio o disfrute de la pensión de jubilación deberán solicitar el reconocimiento de la respectiva prestación dentro de un término no superior a un (1) año contado a partir de la fecha de la firma de la presente Convención. Para quienes no hayan adquirido este derecho y cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicio, igualmente deberán solicitar el reconocimiento de la respectiva prestación dentro de un término no superior a un (l) año contado a partir de la fecha en que cumplan los requisitos.
“Si el trabajador no hace la expresa solicitud aquí prevista dentro de los términos señalados la pensión se regirá de la siguiente manera:
“a) Para las personas con cuarenta y siete (47) años de edad y veinte (20) años de servicio su pensión se regirá por las normas convencionales, es decir, a la edad de cincuenta (50) años las mujeres y cincuenta y cinco (55) años los varones.
“b) Para los que se rijan por el régimen convencional, veinte (20) años de servicio, y cincuenta (50) años de edad las mujeres y cincuenta y cinco (55) años de edad los varones, su pensión se regirá por las normas legales vigentes.
“El pago de las pensiones de jubilación de carácter convencional que la Caja haya reconocido o reconozca en el futuro, continuará haciéndose directamente por la entidad al Beneficiario.
“Así mismo, la Caja se compromete a reconocer a los pensionados, de acuerdo con la Ley 4ª de 1966, los beneficios establecidos en dicha ley.
“PARÁGRAFO 1o. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad de 55 años si es hombre y de 50 si es mujer, tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad siempre que haya cumplido el requisito de veinte (20) años de servicios a la Institución.
“PARÁGRAFO 2o. El trabajador que el dieciséis (16) de marzo de 1992 haya cumplido 18 años o más de servicios continuos o discontinuos, que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad de los 47 años, tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de veinte (20) años de servicios a la Institución.
“PARÁGRAFO 3o. La pensión se liquidará así:
“Primer Factor Fijo. Ultimo sueldo básico mensual más primas de antigüedad y o técnica si las estuviere devengando.
“Segundo Factor. Valores Variables. Salario en especie, auxilio de transporte, incentivo de localización, gastos de representación si los hubiere, primas semestrales, primas habituales o permanentes, horas extras, dominicales o feriados trabajados, viáticos devengados durante ciento ochenta (180) días o más y el valor de las sobre remuneración en el caso de que desempeñe cargos superiores provisionalmente, devengados durante el último año.
“Los valores anteriores se suman y dividen por doce (12), con lo cual se obtiene el segundo factor. De la suma de estos dos factores se tomará el 75% establecido”. (subrayas fuera del texto).
Por su lado, el Acto Legislativo 01 de 2005, a propósito de la vigencia de las reglas de carácter pensional que regían a la fecha de su vigencia, contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, dispuso lo siguiente:
“Artículo 1°. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:
"[…]
"Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010". (subrayas fuera del texto).
Pues bien, preliminarmente habrá que decir para resolver la controversia propuesta en el recurso es que para la Sala fluye indubitable que la redacción del artículo 41 convencional en estudio, particularmente en su Parágrafo 1º, desde su vista gramatical, sistemática y teleológica o finalística no tiene más que una lectura: 1) que se aplica a ex trabajadores de la disuelta y liquidada Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, esto es, a quienes a partir de la vigencia de la convención colectiva de trabajo de marras perdieron la condición de trabajadores activos; 2) que para la estructuración del derecho pensional se exige haberse prestado cuando menos veinte (20) años de servicio a la citada empresa; y 3) que el disfrute o goce de la prestación se producirse cuando se arriba por el ex trabajador a la edad de cincuenta (50) años, si se es mujer, y de cincuenta (55) años, si se es hombre.
Esto último habrá de resaltarse por constituir el meollo del asunto, ya que en criterio de la Corte, y tal cual lo alega el recurrente, la edad pensional no se acordó en la aludida disposición como una exigencia concurrente con la calidad de trabajador activo de la empresa, por ende, como un requisito para la estructuración del derecho sino apenas como una condición para su exigibilidad, goce o disfrute.
En efecto, la jurisprudencia vigente ha sostenido que es ineludible a la hora de establecerse los beneficiarios de las prebendas convencionales la existencia y vigencia de la relación laboral que a éstos legitima, de tal suerte que, de no acreditarse tales conceptos, no se abrirá paso el respectivo reclamo, tal discernimiento por desprenderse del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo que la convención colectiva de trabajo se celebra “para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia” y, obviamente, los contratos de trabajo durante la vigencia de la convención colectiva de trabajo son los que igualmente están vigentes, no los que no lo están o que nunca lo han estado. De esa suerte, cualquier beneficio convencional en favor de quien no está ligado por un contrato de trabajo con la empresa suscribiente de la correspondiente convención colectiva de trabajo debe estar expresamente previsto por los convencionistas, por constituir según lo visto una estipulación para otro, para un tercero, tal es el caso de las prebendas extendidas en favor de los hijos de los trabajadores, o de los ex trabajadores, o de los pensionados e, incluso, de terceros totalmente ajenos a las relaciones contractuales de la empresa pero por cuya actividad pueden verse afectados en alguno de sus intereses, verbi gracia, la comunidad circundante de la misma.
La vigencia de las relaciones contractuales de trabajo como objeto de la aplicación directa de las normas convencionales explica con facilidad que la edad pensional por ella prevista sea un requisito de estructuración de la prestación, por eso, al lado de otros presupuestos, como por ejemplo el tiempo de servicio, el cumplimiento de la edad pensional durante su vigencia termina siendo consecuencia necesaria de su naturaleza temporal.
No ocurre lo mismo, entiende la Corte, cuando la prestación pensional se extiende expresamente a ex trabajadores de la empresa, pues en tal caso, la edad establecida para el acceso a la pensión no está atada a una relación laboral o vínculo jurídico vigente, sino todo lo contrario, a una situación personal o individual, por tanto no puede ser vista como un requisito de estructuración o conformación del derecho, sino simplemente como una condición de su exigibilidad, goce o disfrute.
Ante tal situación lo que fuerza concluir es que los requisitos de la pensión así prevista se reducen a dos: la prestación de servicios durante un determinado tiempo, para este caso 20 años, y la desvinculación del trabajador por cuenta propia o por causa imputable a la empresa; y la edad indicada en la norma deviene en una condición personal o individual que lo que permite es la exigibilidad del derecho pensional.
Es totalmente entendible la anterior afirmación si se observa que el cumplimiento de la edad pensional en estos casos resulta totalmente indiferente a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, dado que para el momento en que el ex trabajador cumple la edad establecida en la norma pensional convencional se requerirá que la relación laboral haya perdido su vigencia.
Nótese a ese respecto que la disposición convencional parte del presupuesto de que el trabajador ya ha cumplido la materialidad laboral que le da causa a la prestación pensional: el tiempo de servicios, pero considera la circunstancia que impide al trabajador acceder a la pensión conforme a la regla general, la del cumplimiento de la edad pensional en vigencia de la relación laboral, por tanto, toma tal circunstancia como condición necesaria para el reconocimiento del derecho, esto es, que ya no exista vinculación laboral, o por causa imputable a la empresa o por iniciativa del propio trabajador, para de allí señalar que el acceso a la prestación se producirá cuando cumpla la edad de cincuenta (50) años, si es mujer, o cincuenta y cinco (55) si es hombre, lo que es tanto como decir que con el cumplimiento de las dos condiciones iniciales se tendrá el derecho, pero su goce o disfrute solo se producirá al cumplimiento de la última, la anotada edad.
Así, la edad considerada en la estipulación convencional fluye indiferente a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, por exigir ésta que tal ocurrencia se produzca cuando el ex trabajador ya no se encuentra amparado directamente por ella, resultando que, de una parte, éste hubiere perdido la condición de trabajador de la empresa; y de otra, que sea en un todo posible que ni siquiera la disposición convencional para ese nuevo momento mantenga vigencia en el marco de las relaciones contractuales de la misma empresa. De ese modo, en forma alguna puede concluirse que la dicha edad sea requisito de estructuración del derecho, sino apenas de su exigibilidad, de su goce o disfrute.
Entonces, siendo que los supuestos de hecho del derecho pensional aquí estudiado están limitados a la desvinculación del trabajador y la prestación del tiempo mínimo de servicio, pues la fecha del cumplimiento de la edad allí prevista es ajena a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, las únicas exigencias que lo estructuran o definen, que entiende la Corte deben producirse en el término de vigencia de ésta son las ya indicadas: desvinculación voluntaria o forzosa del servicio y tiempo del mismo. En tanto, la fecha del cumplimiento de la edad es de orden individual o particular, sin incidencia alguna en razón de la vigencia de la convención colectiva de trabajo, pues únicamente está atada a la situación particular del ex trabajador.
Pero también entiende la Corte, en segundo término, que el aludido Parágrafo 1º previó el derecho pensional a favor de quienes habiendo sido trabajadores de la entidad le prestaron un tiempo de servicio mínimo de servicio pero no arribaron a cierta edad en su vigencia, porque, precisamente, a quienes les exigió tal condición pensional se refirió paladinamente al inicio del marco de las disposiciones pensional, se recuerda, de donde no ha lugar a concluir cosa distinta a que, para los primeros, los que perdieron la calidad de trabajadores activos, la edad no se tuvo como un requisito de estructuración del derecho --pues no lo podían cumplir en ese tiempo--, sino apenas de su disfrute.
De desatenderse tal razonamiento resultaría inane la consideración también expresa del derecho pensional en favor de los trabajadores activos, a quienes sí se les exigió como presupuesto pensional el cumplimiento de una determinada edad, cincuenta (50) o cincuenta y cinco (55) años según su género, y por supuesto la vigencia de su relación laboral, aparte del requisito material del derecho: la prestación de servicios durante un término mínimo de veinte (20) años.
Y en tercer lugar, es la única conclusión a la que se puede arribar si se observa que la disposición en su conjunto quiso amparar con el beneficio pensional de jubilación a todos los servidores de la empresa sobre un mismo rasero, el que para la Corte es el más obvio: la prestación de servicios por un término mínimo pero apreciable, en los casos menos exigentes dieciocho (18) años y en los más veinte (20) años. Para el personal activo las exigencias adicionales de vinculación y edad, y para los que aquí se estudia, las de desvinculación y el máximo del servicio. Siendo ello así, advierte la Corte una redacción armónica del texto convencional tendiente a no dejar por fuera a quienes habiendo cumplido el tiempo de servicios exigido, se encontraren en determinada edad, solicitaren el reconocimiento del derecho en un hito temporal que allí también se estableció --enero y marzo de 1992 y un (1) año posterior a la vigencia de la convención colectiva o del cumplimiento de la edad estando vinculados--, o ya no estuvieren al servicio de la entidad, últimos para los cuales la edad dejó de ser un requisito de estructuración del derecho pensional.
Ahora bien, la concepción del derecho pensional de jubilación en términos como los analizados no resulta ara cada extraña a la normatividad del trabajo, menos a la legal, pues, a guisa de mero ejemplo, el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, se memora, estableció la pensión proporcional de jubilación por despido sin justa causa y aún por retiro voluntario, prestación respecto de la cual la jurisprudencia es pacífica en la consideración de que la edad no es más que un requisito de su exigibilidad, bastando para su estructuración un tiempo de servicios mínimo y la desvinculación forzosa o libre del trabajador.
Así contempló la invocada disposición la referida pensión proporcional de jubilación:
[…]
Más recientemente a la existencia de la normativa indicada, en sentencia SL-15605 de 13 de julio de 2016, radicación interna 46258, para tratar un tema parecido, razón lo siguiente la Corte:
“El Tribunal fundamentó su decisión en que la actora no tiene derecho a la pensión consagrada en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, por cuanto si bien fue despedida sin justa causa, laboró para el extinto IDEMA, por espacio de 20 años, 10 meses y 2 días, «suficiente para tener derecho a la pensión de jubilación legal o la de vejez otorgada por la entidad de seguridad social competente según el caso, reiterando que, aunque lo considerado por la jurisprudencia en relación con la pensión sanción y su objeto y naturaleza, lo es frente a la pensión contemplada en el artículo 8º de la ley 171 de 1961, por hermenéutica se aplica al sector oficial».
[…]
“Con lo anterior debe destacar la Sala que cualquier decisión que se haya proferido en sentido contrario, se entiende recogido con la nueva postura que ahora se adopta.
“De suerte que, como la actora fue despedida sin justa causa con más de 15 años de servicio, situación que no se discute, al igual que la condición de beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, resulta acreedora a la pensión prevista en el precepto convencional en precedencia”. (subrayas fuera de texto).
En síntesis, y a manera de colofón, cuando la disposición convencional previó la pensión de jubilación exigiendo un tiempo de servicios mínimo y la desvinculación del servidor de la entidad, sobre el supuesto de que a los que estaban vinculados similar derecho concibió, no queda duda alguna que la edad dejó de ser un requisito de estructuración del derecho para los primeros, pues a ello solo bastaba el cumplimiento de los anteriores en el término de su vigencia, para tenerse a ésta como un mero requisito de la exigibilidad, disfrute o goce del derecho pensional.
Desde esta óptica, para el 31 de julio de 2010, cuando según lo visto por fuerza del Parágrafo Transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 2005, perdieron vigencia de las reglas de carácter pensional que regían, contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, entre ellas las que aquí se tratan, el actor ya contaba con un derecho adquirido, pues había reunido los dos requisitos del derecho pensional discutido: el tiempo de servicios y la desvinculación laboral, por lo que apenas estaba pendiente de arribar a la edad requerida para su goce o disfrute, lo que sin discusión cumplió el 3 de octubre de ese mismo año de 2010.
De consiguiente, erró el Tribunal al considerar que la edad era un requisito convencional para la estructuración del derecho a la pensión de jubilación y que, por tanto, al no cumplirse antes del 31 de julio de 2010, perdió toda vigencia por virtud de la normativa del Acto Legislativo 01 de 2005.
De suerte que, trasladando los anteriores argumentos fácticos y jurídicos al asunto bajo escrutinio y al ser cristalino que el señor Edgar Salazar Perdomo (i) laboró al servicio de la Caja Agraria durante el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 1977 al 27 de junio de 1999, (ii) acreditó el requisito de tiempo de servicios, más de 21 años, y para la data de su desvinculación, dejó causado el derecho, y (iii) la edad simplemente es un elemento de exigibilidad, lo que en su caso ocurrió el 10 de noviembre de 2012, cuando arribó a los 55 años; de manera que, el hoy accionado ya contaba con un derecho adquirido, por lo que, no se encuentra afectado por el Parágrafo Transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 2005.
Así las cosas, el fallador de segundo grado no cometió los errores de los que se le acusa y, por ende, no prospera el embate.
IX. SEGUNDO CARGO
Ataca el fallo confutado, de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida «del artículo 142 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la violación de medio del inciso 8º y parágrafo transitorio 6º del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005».
Indica la censura que, de no salir avante el alcance principal del primer cargo, que cuestiona el derecho pensional del demandante, solicita en el segundo ataque subsidiario se revise el otorgamiento de la mesada adicional de junio o 14 impuesta por el colegiado con aplicación implícita del artículo 142 de la Ley 100 de 1993, «siendo que la misma no podía desatar en el caso sometido a su estudio».
En esencia, fundamenta su ataque en que la norma acusada fue eliminada en el inciso 8º del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005 por lo que erró el Tribunal, puesto que el constituyente derivado determinó que los pensionados, a partir de la vigencia del acto legislativo, sólo tendrían derecho a trece mesadas.
Adiciona a su argumento que, la propia adenda constitucional puntualiza el significado de causar la pensión, «en el sentido de que esto opera cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, que corresponden para la pensión convencional de jubilación, la edad y el tiempo de servicio. Así preceptúa el inciso 3º del Acto Legislativo 01 de 2005». Con fundamento en ello, en su entender, para el reconocimiento de la mesada catorce o adicional de julio de la pensión convencional de jubilación,
[…] debe verificarse el cumplimiento de todos los elementos constitutivos en el acto legislativo de causación del derecho para su concesión, esto teniendo en cuenta que la mesada adicional referida no estaba consagrada en la norma convencional de dicha prestación, y no existía tal prerrogativa ni para el momento del retiro del servicio del ex trabajador de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO ni para el momento de hacerse exigible el derecho con el cumplimiento de la edad.
Destaca que:
[…] erradamente el Tribunal concluyó que la causación del derecho a la pensión convencional, con el cumplimiento de la edad, el tiempo de servicio requerido y la terminación del contrato de trabajo, como condiciones para el otorgamiento de la prestación, era suficiente para el reconocimiento de la mesada adicional de junio o catorce, pese a que precisamente el acto legislativo definió los criterios bajo los cuales se entiende que se adquirió el derecho a la pensión y por tanto inmodificable con las previsiones de la reforma constitucional.
Finalmente, y tras exponer la excepción que trae la reforma constitucional del 2005 frente a la mesada adicional señala que, en el caso concreto, el accionante consolidó su derecho el 10 de noviembre de 2012, esto es, en fecha posterior al límite de reconocimiento de esa mesada dado por el A.L. 01 de 2005, 31 de julio de 2011, razón por la cual no había derecho a dicha mesada.
X. RÉPLICA DEL DEMANDANTE
Sostiene que el ataque fulminado no se estructura, toda vez que el colegiado concentra su análisis en lo normado en la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 y, que de acuerdo con los requisitos establecidos en el Artículo 41 y parágrafo, éstos se encontraban acreditados por el accionante en la misma fecha de su retiro, lo cual es anterior a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y, por lo tanto, no se estaba afectado por este cambio. Así existía un derecho para el otorgamiento del derecho a la pensión convencional con 14 mesadas, lo que además soporta con jurisprudencia de esta Corte.
XI. CONSIDERACIONES
Aun cuando los argumentos expuestos resultan valederos para despachar de manera desfavorable el cargo que sostiene la improcedencia de la mesada catorce por haberse causado con posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, que la suprimió desde su vigencia para las pensiones superiores a tres veces salarios mínimos legales mensuales vigentes y a partir del 31 de julio de 2011 para las restantes; en todo caso, es oportuno reiterar el criterio de la Sala sobre este punto, consignado en la sentencia CSJ SL3132-2020 en donde se expresó:
De ahí que, la inconformidad del demandante radica en la negativa al reconocimiento de ese beneficio, pues en su criterio, esa prerrogativa se eliminó para quienes se pensionaran con posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y su derecho fue adquirido en 1992.
En efecto, el inciso 8° del artículo 1º del Acto Legislativo estatuye que «las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento».
Así las cosas y conforme a lo ya expuesto, es claro que el Tribunal sí incurrió en ese dislate, pues la causación de la prestación se verificó en 1992 cuando se cumplieron los requisitos establecidos en la norma, valga repetir, el retiro voluntario y más de 15 años de servicios a la Caja de Crédito y Agrario, Industrial y Minero, siendo la edad solo un requisito de exigibilidad, por ello su derecho a la mesada catorce.
Entonces, la estructuración del derecho se verificó con anterioridad al acto legislativo, lo que constituye un derecho adquirido en cabeza del pensionado.
Así las cosas, la Sala encuentra demostrado el error endilgado al Tribunal pues, se reitera, resulta claro que Diego Loaiza Atehortúa causó su derecho en 1992 cuando cumplió los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico, faltándole solo el cumplimiento de la edad para su exigibilidad; siendo ello, con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005.
Frente al tema, esta Sala se pronunció de igual manera, en la sentencia CSJ SL2054-2019, en la que manifestó:
1.- De la mesada catorce
Las mesadas adicionales de diciembre y junio, fueron creadas en dos momentos distintos: la primera a través del artículo 5.º de la Ley 4.ª de 1976 recogido en el artículo 50 de la Ley 100 de 1993, y la segunda –que se discute– a través del artículo 142 de la misma norma sustancial la cual prevé:
Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, del sector público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1º) de enero de 1988, tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.
Los pensionados por vejez del orden nacional, beneficiarios de los reajustes ordenados en el Decreto 2108 de 1992, recibirán el reconocimiento y pago de los treinta días de la mesada adicional sólo a partir de junio de 1996.
PARAGRAFO (sic). -Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión sin que exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal mensual.
Como se observa, inicialmente el legislador restringió el alcance de la mesada de junio –la catorce– a quienes causaran la pensión antes del 1.º de enero de 1988, pero tal límite fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-409-1994, al considerar que esa exclusión quebrantó la prohibición supralegal de crear situaciones discriminatorias al interior de los mismos grupos de jubilados «otorgando privilegios para unos en detrimento de los otros, al restringir el ejercicio del derecho a la misma mesada adicional sin justificación alguna, para aquellos pensionados jubilados con posterioridad al 1o. de Enero de 1988». Por tanto, la mesada adicional de junio que se instituyó para beneficiar a un grupo selecto, se extendió a todos los pensionados sin excepción.
Posteriormente, a raíz de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, aquella fue suprimida para quienes se pensionarán a partir de su entrada en vigencia (29 de julio de 2005), salvo para aquellas personas que percibieran una mesada igual o inferior a tres veces el salario mínimo legal, y cuyo derecho se causara antes del 31 de julio de 2011, es decir, después de esta fecha la mesada adicional analizada dejó de existir.
Del anterior recuento se concluye que: (i) en virtud de la sentencia CC C-409-1994, la mesada adicional de junio de que trata el artículo 142 de la Ley 100 de 1993 se aplica a todos los pensionados sin excepción; (ii) a partir de la vigencia del Acto legislativo 01 de 2005 (29 de julio de 2005), dicha prerrogativa fue derogada, salvo para quienes recibieran pensiones iguales o inferiores a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes y (iii) tal beneficio se extinguió definitivamente a partir del 31 de julio de 2011 por virtud de la citada norma supralegal, es decir, las pensiones causadas con posterioridad a tal fecha no pueden ser reconocidas en 14 mesadas al año.
De lo anotado, es suficiente con señalar que como quiera que la pensión convencional otorgada al actor se causó con anterioridad a la entrada en vigor del Acto Legislativo 1 de 2005, no se vio afectada por dicha reforma constitucional, concretamente con relación a la mesada pensional adicional referida.
Aunado a lo anterior, la censura parte de su propio entendimiento de que la consolidación del derecho también encuentra venero en el acto legislativo y, por ende, la edad es un requisito de causación, por lo que, si no contaba con ésta última no había derecho, ello por cuanto los 55 años fueron posteriores al límite en el establecido; lo cual resulta una lectura parcial, pues seguido del aparte citado por la censura, se profesa el respeto por los derechos adquiridos, la norma señala en ese aspecto:
ARTÍCULO 1º Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:
"El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas".
“[…]”
"Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones".
En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos.
[…]
Si bien es claro en señalar que «será necesario cumplir» con los elementos en ella definidos en los cuales están, la edad, el tiempo de servicio o semanas, el capital necesario o, cualquier otro condicionamiento que establezca la ley, a renglón seguido, en respeto de la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento, de manera diáfana plasma el respeto a los derechos adquiridos, por ende, contrario a lo propuesto por el recurrente, la adenda no altera de manera retroactiva los aspectos requeridos en las normas primigenias para su consolidación, por lo que, el entendimiento planteado haría nugatorio tal postulado y a situaciones definidas bajo una preceptiva anterior a la adenda constitucional puesto que les estaría exigiendo requisitos no existentes para su momento.
Por ello, y a riesgo de fatigar, el presente caso se rige por lo establecido en el instrumento convencional y, como está sentado, el accionante consolidó las exigencias en el mismo momento de su retiro de la extinta Caja, es decir, en 1.999, cuando concreta en su cabeza el derecho a la pensión de jubilación sin que la edad constituyera un requisito adicional, pues con ella solo se materializa el momento a partir del cual se hace exigible su pago e iniciar el disfrute de un derecho del cual ya era acreedor.
Así, tampoco le asiste razón en el ataque propuesto como subsidiario y, siendo coherentes con lo discurrido, el cargo no sale victorioso.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de nueve millones cuatrocientos mil pesos ($9.400.000.oo) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
XII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, por la Sala Séptima Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que ÉDGAR SALAZAR PERDOMO promovió contra la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.
Costas como se indicó.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
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