Al dar contestación a la demanda, la accionada se opuso a la prosperidad de todas las súplicas contenidas en el escrito generatriz de la contienda. En cuanto a los hechos, aceptó la suscripción del acuerdo conciliatorio. De los demás supuestos fácticos dijo que unos no le constaban y que otros no eran ciertos.
En su defensa sostuvo que celebró con el demandante, en su condición de representante legal de la empresa Juan José Cadavid Televisión E.U., un contrato comercial para el cubrimiento noticioso en el departamento de Antioquia, pero era el actor quien de forma autónoma decidía cómo, cuándo y dónde buscaba la noticia; que este contó con total autonomía técnica y administrativa; que la referida empresa unipersonal era quien determinaba el personal a contratar; que la conciliación laboral suscrita cumple con los requisitos de ley, sin que se presentaran vicios del consentimiento, aunado a que fue avalado por el Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá. Propuso como excepción previa la de cosa juzgada; y como de fondo las de inexistencia de la obligación, prescripción, falta de causa para pedir, buena fe, pago, cosa juzgada, compensación y la genérica.
En audiencia celebrada el 6 de febrero de 2009, el despacho de conocimiento determinó que la excepción de cosa juzgada sería resuelta en la sentencia que decidiera la instancia.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, profirió fallo el 10 de noviembre de 2011, en el que declaró: i) la nulidad absoluta del «acto conciliatorio laboral extraprocesal número 053, del 12 de abril de 2007 […] de conformidad con los artículos 1741 y 1742 del Código Civil»; ii) que entre las partes existió una relación de trabajo desde el 1º de febrero de 2000 hasta el 12 de abril de 2007, la cual finalizó sin justa causa por parte del empleador demandado; y iii) que el accionante percibió como remuneración mensual las siguientes sumas: $1.000.000 para el año 2000; $1.087.500 en el año 2001; $1.170.694 para el 2002; $1.252.525 en el 2003; $1.333.814 para el 2004; $1.407.174 en el 2005; $1.475.422 para el 2006 y $1.541.521 en el año 2007.
Como consecuencia de lo anterior, condenó a la sociedad accionada a cancelar los siguientes conceptos y sumas de dinero: cesantía $9.062.020; intereses sobre la cesantía $1.040.148; primas de servicios $9.062.020; vacaciones $4.746.401; indemnización por despido sin justa causa $14.916.855; sanción establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 $793.233.854; e indemnización moratoria por la no cancelación oportuna de las prestaciones sociales $35.510.344. Así mismo, le impuso a la accionada la obligación de cancelar al fondo de pensiones al cual se encuentra afiliado el actor, las cotizaciones «por concepto de pensión de vejez, en los porcentajes establecidos en la normatividad vigente […] cancelando los intereses generados a que hubiere lugar, para lo cual deberá proceder a requerir a la respectiva sociedad administradora de fondo de pensiones».
Declaró probada la excepción de compensación, por lo que autorizó a la demandada a descontar de las condenas la suma de $8.900.000 que le fue cancelada al actor; ordenó compulsar copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca a fin que se investiguen las actuaciones del Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá por haber celebrado la conciliación extraproceso; y, por último, le impuso costas a la accionada en la suma de $86.832.440.
Para arribar a la anterior determinación, el a quo se refirió a los elementos del contrato de trabajo y pasó a transcribir algunas cláusulas del contrato de prestación de servicios suscrito por las partes, referentes al objeto, precio y duración. A partir de lo allí estipulado, afirmó que en este asunto se reunían las condiciones para declarar la existencia de una relación de trabajo.
Aseveró que de la prueba practicada era claro que el accionante prestó sus servicios para la sociedad demandada del 1º de febrero de 2000 al 12 de abril de 2007, como coordinador de producción de noticias. En dicho sentido, resaltó que las labores las cumplió en representación de Caracol Televisión S.A., «puesto que ni la oficina, ni los equipos de producción y de envío de señales de video, ni las cámaras, ni los vehículos, eran de propiedad del señor Juan José Cadavid Aguirre o de la Empresa Unipersonal, sino que eran propiedad de Caracol Televisión S.A., o pagados por esta misma sociedad; sólo que toda la gestión se hacía a través del señor Juan José Aguirre(sic) y/o de la Empresa Unipersonal».
Se remitió a lo manifestado por el testigo Jorge Eliecer Gutiérrez Gordillo, y resaltó que era claro que la creación de la persona jurídica tuvo el exclusivo propósito de cumplir con un requerimiento de la demandada, para así poder continuar con la prestación del servicio.
Por otra parte, resaltó que el actor prestó sus servicios de forma personal y directa, pues de ello dio cuenta la deponente Claudia Regina Garro Cossio, aunado a que no era cierto que la empresa unipersonal tuviera autonomía administrativa, técnica y financiera, pues todo era cubierto por Caracol Televisión S.A. mediante transferencias que realizaba los primeros cinco días de cada mes, empresa que también determinaba cuáles eran los hechos noticiosos que debían ser cubiertos por el actor.
En cuanto al salario percibido, dijo que pese a que en el contrato de prestación de servicios profesionales se estipuló que para el año 2000 ascendía a la suma de $12.000.000 mensuales, lo cierto era que ese valor cubría las gastos de operación relacionados con el equipo técnico y humano necesario para la producción de noticias, sin embargo, consideró que debía tomarse $1.000.000 mensuales para ese año como salario, en razón a que el mismo demandante, en un oficio dirigido a la gerente centro de noticias del canal Caracol indicó que esa era su remuneración, de allí que coligió el a quo que «El salario devengado por el demandante, fue como ya se indicó, la suma de un millón de pesos ($1.000.000) establecido para el año 2000, que habrá de ser reajustado para los años siguientes hasta el año 2007, de acuerdo al aumento decretado por el Gobierno Nacional».
Efectuadas las operaciones aritméticas pertinentes, condenó a la demandada al pago de las prestaciones sociales y vacaciones generadas por toda la relación de trabajo.
Definido lo anterior, se ocupó sobre la conciliación celebrada por las partes ante el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá. En dicho sentido, dijo que no existía duda en cuanto a que los móviles para la suscripción por parte del demandante «fueron totalmente ajenos a su voluntad», pues la terminación de la relación existente no fue por mutuo acuerdo, como allí se estipuló, sino en razón a que «el demandante hubo de acogerse a lo requerido por la sociedad demandada, en aras de darle un giro al manejo de su negocio», y motivado «por la propuesta de una nueva vinculación que se les haría posteriormente», tal como lo indicó el testigo Luis Felipe Peñuela Arias.
Aseveró también el juez de primera instancia que dentro del plenario estaba demostrado que al accionante se le practicó un examen médico de ingreso el día 12 de abril de 2007 en la ciudad de Bogotá, lo que evidenciaba que «la motivación que tuviera el demandante, dada por una posible vinculación a Caracol Televisión S.A. en forma posterior. No de otra forma ni con ningún otro interés, el demandante habría de practicarse tal examen médico, ni en Colsubsidio se lo hubieren practicado», aun cuando, según lo narró el declarante Luis Alfonso Peñuela Arias, Gerente de Centro de Noticias de Caracol Televisión S.A., la empresa no tenía interés alguno en contratarlo.
Dijo que era claro que la suscripción de la conciliación del promotor del proceso fue una imposición de la accionada y no porque éste realmente tuviera deseo de hacerlo, siendo el único beneficio, «la posible vinculación con la empresa si se hubiera dado, panorama que se le expuso a otro grupo de personas que prestaron también servicios a la empresa en la ciudad de Medellín y viajaron con el aquí demandante acudiendo a la convocatoria de la empresa demandada. Tal promesa se cumplió con algunas personas que firmaron el acta de conciliación».
Por otra parte, sostuvo que el Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá no tenía competencia legal para celebrar la audiencia de conciliación extrajudicial, en la medida que tal diligencia no cumplió con todos los requisitos legales, pues no fue sometida a reparto judicial, sino solicitada directamente ante ese despacho, de allí que se practicó ante un funcionario que «carecía de competencia», además, que en ella se desconoció totalmente la naturaleza laboral de la relación existente entre los suscribientes y los derechos del trabajador, hoy demandante.
Añadió que se presentó una terminación unilateral y sin justa causa del contrato, resultando procedente imponer la respectiva indemnización por despido, y que como la demandada no consignó oportunamente en un fondo las cesantías, se debía condenar a la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, igualmente, a la indemnización por mora de que trata el artículo 65 del CST y a los aportes al sistema de seguridad social.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Apeló la parte demandada y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 12 de octubre de 2012, modificó el fallo de primer grado en el sentido de que la sanción por la no consignación de la cesantía corresponde es a la suma de $50.596.920; y que la indemnización moratoria es por valor de $36.996.504, debiéndose reconocer los intereses moratorios a partir del 14 de abril de 2009 sobre las sumas adeudadas por concepto de cesantía y primas de servicios.
Por otra parte, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción frente a los derechos que se hicieron exigibles con antelación al 3 de septiembre de 2004, por lo que modificó las condenas a las siguientes sumas: intereses a la cesantía: $423.814; primas: $3.858.018 y vacaciones: $2.949.851; revocó la condena por indemnización por despido injustificado junto con la compensación; y confirmó la decisión apelada en lo demás. Se abstuvo de imponer costas en la alzada.
En lo que interesa al recurso extraordinario de casación, el Tribunal sostuvo que en la segunda instancia era necesario definir: i) los efectos de la conciliación celebrada ante el Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá por las partes en contienda, en particular si era procedente declarar la nulidad de tal acuerdo; o, en su defecto, si el mismo es válido, por estar reunidos los presupuestos legales para ello y, por consiguiente, debió dársele efectos de cosa juzgada; ii) si entre las partes existió un contrato de trabajo realidad o uno de prestación de servicios; iii) el salario tenido en cuenta para liquidar las obligaciones laborales; iv) si resultan procedentes las condenas impuestas, y v) si el juez a quo acertó al resolver sobre las excepciones propuestas.
Frente a la validez de la conciliación, el ad quem indicó que tal acuerdo fue celebrado y aprobado por un juez laboral del circuito carente de competencia funcional, toda vez que la facultad prevista en el artículo 20 del CPTSS fue derogada por el artículo 53 de la Ley 712 de 2001, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 640 de esa misma anualidad.
De allí que como los funcionarios públicos solamente pueden realizar aquello que la ley les permite y desaparecida la facultad de los jueces laborales para realizar ese tipo de conciliaciones extraproceso, mal podía ser competente para decidirla y darle aprobación, luego, ante la falta de competencia funcional, la conciliación era nula absolutamente y, por tanto, carece de todo efecto, situación que hacía inane analizar si se presentó algún vicio en el consentimiento o cuáles fueron los motivos que llevaron al demandante a su suscripción.
Definido lo anterior, pasó a analizar la naturaleza de la relación contractual existente entre las partes. En dicho sentido, destacó que, pese a que la accionada expuso que el vínculo corresponde al propio de un contrato de prestación de servicios, conforme a los acuerdos y sus adiciones obrantes a folios 400 a 411, el cual se desarrolló del 1º de febrero de 2000 al 12 de abril de 2007, lo cierto era que se requería analizar, desde lo material, la forma como se cumplieron las actividades pactadas.
En dicho sentido, sostuvo que el elemento fundamental que determina la diferencia entre los contratos de servicios independientes frente a los contratos de trabajo, corresponde a la subordinación y, luego, pasó a analizar la razón por la cual se constituyó la empresa unipersonal denominada Juan José Cadavid Televisión E.U., encontrando que ello obedeció a una condición impuesta por Caracol para que el demandante pudiera trabajar con ellos, situación que encontró probada con lo expuesto por el deponente Gonzalo Alberto Guerra Zea (f.o 355 a 357), quien, en su condición de director de operaciones de la accionada, manifestó que uno de los requisitos para la vinculación era que lo hiciera a través de una empresa unipersonal.
Indicó que resultaba llamativo que siendo la demandada una empresa de tanta trayectoria en la televisión colombiana y de solidez, no se hubiera interesado en verificar la capacidad técnica, directiva, administrativa, financiera de la empresa unipersonal que se constituyó al momento de contratarla como uno de sus proveedores, limitándose a celebrar, sin mayor previsión, un contrato de prestación de servicios, cuando era evidente que esa compañía unipersonal no contaba con las condiciones mínimas para la producción independiente de un noticiero de televisión de la calidad que transmite accionada.
Con apoyo en los certificados de existencia y representación de ambas empresas, pasó a compararlas y reiteró que la empresa creada por el actor no contaba con las condiciones técnicas y que no se demostró que tuviera capacidad administrativa y financiera para desarrollar el contrato celebrado con Caracol Televisión S.A., de allí que el contrato no se celebró entre «pares», pues el demandante no tenía la posibilidad de discutir las condiciones que le planteaba la hoy demandada, sino que se vio en la necesidad de constituir esa empresa unipersonal para poder continuar laborando.
Adujo también que desde lo pactado en el mismo contrato de prestación de servicios se advertía que era Caracol Televisión S.A. quien suministraba las diferentes herramientas de trabajo, además de cubrir los gastos de desplazamiento del personal periodístico y técnico; que si bien se estipuló que el contratista contaba con plena autonomía jurídica e independencia, comprometiéndose a realizar la actividad contratada dentro de las normas que rigen su profesión y a obtener con su desempeño el resultado indispensable fijado por la demandada, lo cierto era que ésta le impartía al actor las instrucciones técnicas y administrativas para realizar esa gestión y le facilitaba los equipos, situación que quedaba corroborada con los testimonios de Claudia Regina Garro, Oscar Humberto Montoya Tobón y Gustavo Adolfo González, a los cuales se refirió.
Mencionó que con lo expresado por los anteriores deponentes quedaban desvirtuadas las otras declaraciones rendidas por Luis Ángel Peñuela Arias, Gonzalo Alberto Guerra, Grover Ramírez Pardo, Sandra Viviana Cardona Lenis y María Lizeth Arango Nieto, quienes manifestaron que entre las partes lo que existió fue un vínculo de naturaleza comercial, indicando que el actor gozaba de autonomía técnica, administrativa y financiera, más aún cuando tales testigos dependían de la llamada a juicio.
Se remitió a las documentales de folios 793 a 915 y 991 a 997, que corresponden a unos extractos bancarios de las cuentas corriente y de ahorros pertenecientes a Juan José Cadavid Aguirre, y resaltó que allí sólo aparecen registrados los pagos efectuados por la demandada, que inicialmente eran por la suma de $12.000.000 y luego, a petición del actor, se elevó a $13.000.000, valor con el cual cubría los gastos que representaba el contrato, entre otros, el pago del personal que hacía parte de la producción del noticiero en Medellín.
Luego, indicó el ad quem que, de acuerdo con el haz probatorio recaudado, era claro que las condiciones de trabajo ofrecidas al demandante resultaban propias de actividades que muestran dependencia o subordinación laboral, debiéndose colegir que no existió autonomía en la ejecución de las actividades en favor de la demandada, vislumbrándose incluso que el accionante, cuando celebró algunos contratos con unas personas para conformar su equipo de trabajo para desarrollar el noticiero, realmente estaba realizando intermediación laboral, las cuales están expresamente prohibidas en las normas sustantivas del trabajo, pues no estaba en condiciones de ofrecerles contratos de trabajo, al punto que cuando algunos de esos miembros de dicho equipo concurrieron al proceso para rendir declaración, tenían claro que el señor Cadavid Aguirre no era su empleador y que ellos trabajaban era para Caracol, de quién recibían todas las orientaciones, directrices y condiciones de trabajo.
Definida la existencia del contrato de trabajo entre las partes, y no estando en discusión los extremos cronológicos de su inicio y terminación, pasó a analizar el salario que tomó el fallador de primera instancia para cuantificar las obligaciones a cargo de la demandada.
Sobre el particular resaltó que, si bien el a quo acogió la suma de $1.000.000 en el año 2004, lo cierto era que conforme al artículo 144 del CST, cuando no se ha pactado el salario, se debe el que ordinariamente se paga por la misma labor y, a falta de éste, el que se fijare tomando en cuenta la cantidad y calidad de trabajo en las condiciones usuales de la región. En dicho sentido, resaltó que a folio 653 del expediente obra certificación expedida por una empresa de teleproducciones, que certificó los salarios que esa compañía cancelaba desde el año 2007 a las personas que ejercían las labores de jefe de producción y de coordinador de microondas, sumas que resultaban superiores a las tenidas en cuenta por el a quo, de allí que era claro que no podía modificarse la determinación y se mantendrá incólume este aspecto, pues, de hacerlo, iría en perjuicio del único apelante.
Pasó a analizar la procedencia de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, y adujo que las condiciones que rodearon la vinculación del actor a través de su empresa unipersonal, el desarrollo de la prestación de servicios personales y la intermediación para la contratación del equipo de trabajo, de la cual se beneficiaba directamente la demandada, no mostraba una conducta orientada por el principio de la buena fe; postura que reforzó el Tribunal a partir de una breve alusión a la «teoría del abuso de los derechos».
Agregó que la presunción de buena fe puede ser desvirtuada y que se alejaba de ese principio el hecho de que Caracol Televisión S.A. no haya considerado el mínimo de derechos y garantías en favor de los trabajadores, ni hubiera tomado en cuenta que las normas sustanciales son de orden público y que buscan lograr justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social por lo que, conociendo la accionada las circunstancias que rodearon la contratación y el despliegue del servicio prestado por el actor, no tenía justificación alguna no haber previsto el pago de sus prestaciones sociales, así como los derechos sociales de los demás trabajadores que formaban el equipo de trabajo, y en esas condiciones no se puede aducir buena fe.
Añadió que, como la demanda inaugural fue presentada el 3 de septiembre de 2007, los derechos que resultaron exigibles con antelación al 3 de septiembre de 2004 estaban prescritos, lo que imponía modificar el valor de las condenas impuestas, aunado a que la indemnización moratoria del artículo 65 del CST equivalía a un día de salario por los primeros 24 meses, contados a partir de la terminación del contrato, y desde la fecha subsiguiente, es decir, el 14 de abril de 2009, debían reconocerse los intereses moratorios hasta cuando se verifique el pago de las sumas que dan lugar a esa sanción.
Agregó que no era procedente mantener la condena por indemnización por despido injustificado, por cuanto previamente a la celebración o a la suscripción del acta de conciliación, el contrato existente del demandante finalizó por mutuo acuerdo; e indicó, por otra parte, que la inconformidad de la sociedad recurrente frente al valor de las agencias en derecho, debía alegarse a través de la objeción a la liquidación de costas.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la sociedad llamada a juicio, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la sociedad recurrente que se case parcialmente la sentencia del Tribunal, en cuanto confirmó y modificó las condenas impuestas en primera instancia, y no la case respecto a la revocatoria por concepto de indemnización por despido sin justa causa. En sede de instancia, revoque el fallo de primer grado en lo que fue objeto de condena y, en su lugar, absuelva de la totalidad de las pretensiones de la demanda inaugural, proveyendo en costas como corresponda.
De manera subsidiaria peticionó la casación parcial de la sentencia materia de recurso, en cuanto confirmó las condenas impuestas como sanción por la no consignación de las cesantías, la indemnización moratoria y las costas fijadas, a efectos de que en sede de instancia se absuelva por tales conceptos o «se reduzcan las costas a la proporción que corresponda legalmente».
Con tal propósito formula dos cargos, oportunamente replicados.
VI. CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia por la causal primera de casación laboral, de ser violatoria de la vía directa, por infracción directa, del siguiente elenco normativo:
Artículos 19, 78 del C.P.T. y S.S., 66 de la ley 446 de 1998, 3º, 19 de la ley 640 de 2001, 17 del decreto 2511 de 1998, 15 del C.S.T.; por aplicación indebida de los artículos 53 de la ley 712 de 2001, 64, 65 de la ley 446 de 1998, 28 de la ley 640 de 2001, 969 C.C., Todos los anteriores como violación medio que condujo a la aplicación indebida de los artículos 22, 23, 24, 27, 34, 65, 186, 194, 249, 306 del C.S.T., 99 de la ley 50 de 1990, 1º ley 52 de 1975; 17, 22 de la ley 100 de 1993.
Para demostrar su acusación, la censura afirma que el Tribunal descartó la excepción de cosa juzgada propuesta por la demandada, con fundamento en que a la conciliación celebrada por las partes el 12 de abril de 2007 no podía atribuírsele validez por haberse celebrado y aprobado por un juez laboral carente de competencia funcional para realizarla, en razón a que la facultad dispuesta en el artículo 20 del CPTSS había sido derogada por el artículo 53 de la Ley 712 de 2001.
Expone que tal raciocinio desconoce que dicha derogatoria tenía como objeto abrirle paso a la conciliación judicial, en el marco del artículo 77 del CPTSS, pero en ningún momento su finalidad era la de suprimir la facultad de celebrar conciliaciones extra proceso por parte de un juez laboral.
Sostiene que esa facultad de conciliar extraprocesalmente de los jueces del trabajo, se encuentra expresamente consignada en el artículo 17 del Decreto 2511 de 1998, previsión que se complementa con lo señalado en el artículo 3º de la Ley 640 de 2001, que a su vez prevé que la conciliación podrá ser judicial o extrajudicial «si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial», de allí que es claro que los jueces laborales sí tienen facultad para servir de conciliadores en lo laboral, acto que puede celebrarse dentro o fuera de un juicio, por lo que en este evento el servidor público que presidió la conciliación actuó dentro del marco de las autorizaciones que la ley le otorga.
Dice que, a partir de lo anterior, se debe quebrar la sentencia en cuanto le negó validez a la conciliación celebrada por las partes para que, en sede instancia, se declare probada la excepción de cosa juzgada con base en dicha conciliación, aunado a que por ninguna parte del expediente se encuentra prueba de haber mediado en ese acto algún vicio del consentimiento.
Resalta que, «suponiendo alguna imperfección en la conciliación», el Tribunal ha debido acudir a la figura de la transacción, porque si el juez no es competente, ello solamente afecta el acto de la aprobación del acuerdo celebrado por las partes, pero aun sin esa aprobación sigue subsistiendo el acuerdo de voluntades y la expresión de las partes, lo que en rigor constituye una verdadera transacción, que en las voces del artículo 15 del CST es válida, en tanto no vulnera derechos ciertos e indiscutibles, como ocurre en el sub lite, en donde las partes controvierten con razones sólidas y pruebas la naturaleza jurídica de la relación que sostuvieron, de lo cual se desprende que todos los conceptos reclamados por el actor eran inciertos y discutibles, por tanto, susceptibles de conciliar.
Añade que tal posición conceptual encuentra respaldo en lo dicho en sentencia CSJ SL, 26 oct. 2012, rad. 38706, de la cual transcribe un pasaje.
Por lo anterior, solicita que se case la sentencia en los términos del alcance de la impugnación principal.
VII. RÉPLICA
Aduce el opositor que el juez de segundo grado no se equivocó al colegir que el funcionario judicial que aprobó la conciliación extraprocesal carecía de competencia para ello, en tanto que para el 12 de abril de 2007 el artículo 20 del CPTSS ya se encontraba derogado, aunado a que los servidores públicos sólo pueden actuar dentro el marco que la ley les autoriza.
Agregó que tampoco podría considerarse que tal acto de las partes fue una transacción, pues ello iría en contra de la autonomía de la voluntad y, en todo caso, se presentaron situaciones que implican la nulidad de la conciliación suscrita por las partes.
VIII. CONSIDERACIONES
Sin hesitación ninguna, el epicentro de la discordia estriba en elucidar si la conciliación extraprocesal suscrita entre las partes en contienda, el día 12 de abril de 2007, ante el Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, carece de validez como lo sostuvo la sala sentenciadora, que estimó que ese funcionario judicial no tenía competencia para presidir y aprobar dicho acto, en tanto, a su juicio, tal facultad, que le otorgaba el artículo 20 del CPTSS, fue derogada por el artículo 53 de la Ley 712 de 2001 o, si por el contrario, como lo aduce la censura, el mencionado juez laboral, a la luz de lo estatuido en artículo 17 del Decreto 2511 de 1994, en concordancia con lo previsto en el artículo 3º de la Ley 640 de 2001, estaba plenamente facultado para presidir y avalar la conciliación laboral, misma que surte efectos de cosa juzgada.
En aras de resolver ese cuestionamiento, es conveniente tener en cuenta que, dada la senda de ataque escogida, no se discuten en sede de casación los hechos que fundamentaron la decisión del Tribunal, en particular y para lo que interesa al presente cargo, los siguientes: i) que entre Caracol S.A. y Juan José Cadavid Aguirre, en nombre propio y en representación de la empresa JUAN JOSÉ CADAVID TELEVISION E.U., celebraron el día 12 de abril de 2007 una conciliación; ii) que tal diligencia se surtió ante el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, y iii) que el titular de dicho despacho judicial le impartió aprobación al acuerdo conciliatorio, dejando constancia de que «no se violan ni vulneran derechos ciertos ni indiscutibles nacidos del vínculo que existió con el señor JUAN JOSÉ CADAVID AGUIRRE y la entidad compareciente CARACOL TELEVISIÓN S.A. […]».
A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Corte acudirá a los siguientes ejes temáticos: 1. Definición de conciliación, validez y efecto de cosa juzgada; 2. Conciliador en materia laboral, y 3. Competencia del juez del trabajo para aprobar una conciliación extrajudicial. Luego de lo cual descenderá al caso concreto con miras a determinar si efectivamente el Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, tenía competencia para aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes en contienda.
Conciliación, validez y efecto de cosa juzgada
Bien se conoce, ciertamente, que desde el Código Procesal del Trabajo de 1948, se previó la figura de la conciliación en materia laboral para lo cual el legislador dedicó todo el capítulo IV, lo que denota la importancia que se le dio a esta institución jurídica.
Nótese, de otra parte, que el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, incorporado en el artículo 1 del Decreto 1818 de 1998, define la conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismos sus diferencias con ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. A su vez, el canon 66 ibidem señala que el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo. El precepto 3 de la Ley 640 de 2001, consagra que la conciliación puede ser judicial, si se realiza dentro de un proceso o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de aquél.
Concerniente a la conciliación, como forma anormal de terminación de los procesos o como modo amigable de evitar futuros pleitos, esta sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, del 6 de jul. 1992, rad. 4624, de la extinta Sección Segunda, siguiendo las orientaciones de la Sala Plena de la Corporación, que en ese entonces actuaba como guardiana de la Constitución de 1886, así como la de otros pronunciamientos de las dos secciones de la sala que al efecto citó, y la opinión autorizada de un conocido tratadista nacional que igualmente trascribió, sentó la regla de que el efecto de cosa juzgada que los artículos 20 y 78 del otrora Código Procesal del Trabajo le atribuían a la conciliación producida en juicio o fuera de él, solo era válido «si además de cumplirse a cabalidad con los requisitos externos de validez del acto se configura un real acuerdo conciliatorio que no vulnera para nada la ley». Para esta conclusión, la Sección Segunda, acogió la tesis de que la conciliación es un desarrollo de la autonomía de la voluntad, y desechó la otra en boga, según la cual la conciliación es un acto procesal que, como tal, impedía su enervación en proceso posterior.
En ese horizonte, la Corte reiteró que la conciliación «trata esencialmente de un acuerdo de voluntades sometido a una solemnidad ad substantiam actus; y por ser un acto o declaración de voluntad, queda […] sujeta para su validez y eficacia a que se cumplan los requisitos que de manera general exige el artículo 1502 del Código Civil».
Así mismo, precisó, respecto de la transacción, y tras recalcar las diferencias sustanciales y procesales que tenía con la conciliación, «que si bien la transacción al igual que la conciliación producen el efecto de cosa juzgada en última instancia, siempre podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión cuando mediante cualquiera de tales actos o declaraciones de voluntad se transgrede la ley».
Luego, la Corte, en providencia CSJ SL, del 4 de mar. 1994, rad. 6283, fue enfática en advertir que «cuando la conciliación es llevada a cabo ante funcionario competente, juez laboral o inspector del trabajo, produce por virtud de los artículos 20 y 78 del C.P. de T., el efecto de cosa juzgada. Lo anterior conlleva a que la conciliación no pueda, en principio, ser modificada por decisión alguna. Por tanto, la conciliación como las sentencias, no sólo son obligatorias, sino que por virtud de ese efecto, son definitivas e inmutables».
Al efecto, cabe memorar que la Sala, en torno al efecto de la conciliación en el campo laboral, mediante sentencia CSJ SL18096-2016, reiterada en las providencias CSJ SL11339-2017, CSJ SL8301-2017 y CSJ SL8564-2017, explicó:
En un acuerdo conciliatorio, bien presentado ante un juez o ante un funcionario administrativo o delegado por ley para esas funciones, para que le imparta su aprobación en relación con el cuidado que debe tenerse respecto a que no se violentaron derechos ciertos e indiscutibles, pueden tocarse temas del derecho laboral ordinario donde se acuerden puntos específicos de orden legal, convencional o voluntariamente concedidos por el empleador o relacionados con la Seguridad Social. Pero, de todas formas, que hacen tránsito a cosa juzgada.
Son las partes, y solo ellas, las que llegan al acuerdo, el funcionario le imprime su aprobación formal y en adelante el documento que lo contiene, goza de la presunción de validez. La aprobación del funcionario se supedita a verificar que lo consignado fue lo que realmente se acordó y si no se violan derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, de manera que si considera que no se presenta la dicha violación, debe aprobar el pacto y hacer las advertencias sobre los efectos de cosa juzgada que desde ese momento lo amparan.
Cuando se dice que el acta de conciliación hace tránsito a COSA JUZGADA, se está asegurando que no podrá adelantarse contra ella acción judicial posterior con el fin de revivir los asuntos conciliados. De hacerse, el juez deberá declarar probada, aún de oficio, la excepción de cosa juzgada. Esto debido a que el acta de conciliación tiene la misma fuerza obligante de una sentencia.
Sin embargo, puede ordenarse judicialmente la nulidad de un acta de conciliación cuando se afecte cualquiera de los elementos de un contrato, es decir, cuando se actúa sin capacidad o voluntad o cuando la referida actuación verse sobre un objeto o causa ilícita, salvo cuando se trate de la revisión del reconocimiento de sumas periódicas o de pensiones de cualquier naturaleza impuestas al tesoro público o a un fondo de naturaleza pública, situaciones en las que el mecanismo apto para la enervación de las transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, es la revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Es decir, si la parte que firmó el acuerdo considera que en el contenido de la conciliación existe un vicio del consentimiento, un objeto o una causa ilícitos –con las salvedades anotadas- o una violación de derechos ciertos e indiscutibles, podrá acudir ante la jurisdicción mediante un proceso ordinario de competencia del Juez Laboral según las reglas que fija el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Entonces, llegados a este punto del sendero, brota un primer colofón: las partes pueden acudir excepcionalmente al proceso ordinario laboral, para debatir acuerdos conciliatorios con efectos de cosa juzgada, pero no con el propósito de volver a examinar las controversias zanjadas por su propia voluntad, pues la conciliación es un instituto jurídico concebido «como un acto serio y responsable de quienes lo celebren y como fuente de paz y de seguridad jurídica», (CSJ SL, del 9 de mar. 1995, rad. 7088), sino con el fin de que el juez laboral analice temas relativos a la validez y eficacia de la conciliación, tales como: i) el cumplimiento de presupuestos formales, como lo sería que sea aprobada por una autoridad competente; ii) la inexistencia de vicios en el consentimiento; iii) la no violación de normas de orden público, y iv) el no desconocimiento de derechos ciertos e indiscutibles (CSJ SL, del 13 de mar. 2013, rad. 44157).
Cumple afirmar, así, que la conciliación es un mecanismo de autocomposición que, con la ayuda de un tercero componedor, busca resolver las controversias surgidas con ocasión de un conflicto suscitado que se origine en el contrato de trabajo (SL1982-2019). Ese conciliador por regla general es el juez o el inspector del trabajo y, a partir de las normas sobre descongestión judicial, se invistió también a particulares con ese propósito. Para que se deriven los mencionados efectos de cosa juzgada, tal como se dijo arriba, se requiere que la conciliación sea aprobada por autoridad competente, que no existan vicios en el consentimiento ni se violen normas de orden público y que se respeten los derechos mínimos e irrenunciables que no son susceptibles de conciliación.
Competencia del juez del trabajo frente a la conciliación extrajudicial
El artículo 2 del CPTSS regula la competencia general de la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, para conocer «1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo». A su turno, el precepto 19 ibidem estatuye que la conciliación puede intentarse en cualquier tiempo, antes o después de presentarse la demanda.
El canon 20 del CPTSS, derogado por el 53 de la Ley 712 de 2001 establecía: «La persona que tenga interés en conciliar una diferencia, podrá solicitar verbalmente, antes de proponer la demanda, que el Juez competente o el Inspector del Trabajo haga la correspondiente citación, señalando día y hora con tal fin», lo que significaba que las personas podían acudir únicamente ante el juez o el inspector para conciliar sus diferencias antes de iniciar un juicio, es decir, no existía otra opción.
Mediante la Ley 23 de 1991, «Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales y se dictan otras disposiciones», se reguló lo concerniente a la conciliación laboral, estableciendo su carácter prejudicial obligatorio como requisito de procedibilidad para ejercer acciones ordinarias ante la Jurisdicción Laboral y, en su artículo 23, definió la conciliación extrajudicial en materia laboral como «El acto por medio del cual las partes ante un funcionario competente, y cumpliendo los requisitos de fondo y de forma exigidos por las normas que regulan la materia, llegan a un acuerdo que evita el que éstas acudan a la jurisdicción laboral»; sin embargo, tales disposiciones no entraron a regir, en tanto en su artículo 46 se condicionó su aplicación hasta cuando el Gobierno expidiera el decreto que modificara la estructura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de conciliación obligatoria, lo cual no ocurrió.
Posteriormente, el artículo 64 de la Ley 446 de 1998 definió la conciliación como «un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador»; allí mismo, se estableció la conciliación prejudicial en materia laboral como un requisito de procedibilidad para acudir ante esta jurisdicción, es así que, el artículo 77, disposición que se encuentra dentro del Capítulo 3, se refiere a la conciliación extrajudicial de la siguiente manera: «La conciliación prevista en materias laboral, de familia, civil, contencioso administrativa, comercial, agraria y policiva podrá surtirse válidamente ante un Centro de Conciliación autorizado o ante el funcionario público que conoce del asunto en cuestión, cuando éste no sea parte».
La Ley 640 de 2001, por la cual se modifican las normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones, en su artículo 19 señala que: «Se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación, ante los conciliadores de centros de conciliación, ante los servidores públicos facultados para conciliar a los que se refiere la presente ley y ante los notarios». En el canon 28 de igual norma se reglamenta la conciliación extrajudicial en materia laboral en la que señala que ésta «podrá ser adelantada ante conciliadores de los centros de conciliación ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales». Los apartes tachados fueron declarados inexequibles mediante sentencia CC C-893-2001, básicamente porque se consideró que no podía trasladarse la resolución de asuntos judiciales de manera permanente en estas entidades particulares y a la onerosidad que puede representar acudir ante estos conciliadores particulares, lo que dificulta su acceso a los trabajadores como parte vulnerable de la relación laboral.
El conciliador en materia laboral
Como ya se dijo en otros apartes, el conciliador en materia laboral es un tercero imparcial, equitativo y calificado, pues en esta materia sólo se admite la conciliación en derecho, quien, además, tiene como función principal orientar el trámite conciliatorio, instando a las partes a llegar a un acuerdo por medio del cual pongan fin a sus diferencias y solucionen el conflicto o lo eviten, ello, dentro de un marco normativo en el que no se desconozcan las prerrogativas de los trabajadores, es decir, tal conciliador tiene la obligación ineludible de velar porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los mínimos e intransigibles de éstos, pues en esos términos lo consagra la Ley 640 de 2001 que, en su artículo 8, establece como su obligación «velar por que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles», teniendo en cuenta, además, que con su firma avala el acuerdo al que han arribado las partes, el cual tiene los efectos jurídicos de una sentencia, ya que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo (art. 66, Ley 446 de 1998).
El Decreto 2511 de 1998, reglamentario de la referida Ley 446 de 1998, instituyó en el artículo 17 -bajo el contexto descrito-, que los conciliadores en asuntos laborales eran el juez, el inspector del trabajo o la persona designada por el centro de conciliación. En efecto, tal precepto es del siguiente tenor: «En materia laboral se entiende como conciliador el juez, el inspector del trabajo o la persona designada por el centro de conciliación» (subraya la Sala), disposición vigente a la fecha de celebración del acuerdo acá controvertido.
Conclusión
En un acuerdo conciliatorio, bien presentado ante un juez o ante un funcionario administrativo o delegado por ley para esas funciones, para que le imparta su aprobación en relación con el cuidado que debe tenerse respecto a que no se violentaron derechos ciertos e indiscutibles, pueden tocarse temas del derecho laboral ordinario donde se acuerden puntos específicos de orden legal, convencional o voluntariamente concedidos por el empleador o relacionados con la Seguridad Social. Pero, de todas formas, que hacen tránsito a cosa juzgada.
Son las partes, y solo ellas, las que llegan al acuerdo, el funcionario le imprime su aprobación formal y en adelante el documento que lo contiene, goza de la presunción de validez. La aprobación del funcionario se supedita a verificar que lo consignado fue lo que realmente se acordó y si no se violan derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, de manera que si considera que no se presenta la dicha violación, debe aprobar el pacto y hacer las advertencias sobre los efectos de cosa juzgada que desde ese momento lo amparan.
Cuando se dice que el acta de conciliación hace tránsito a COSA JUZGADA, se está asegurando que no podrá adelantarse acción judicial posterior con el fin de revivir los asuntos conciliados. De hacerse, el juez deberá declarar probada, aún de oficio, la excepción de cosa juzgada. Esto debido a que el acta de conciliación tiene la misma fuerza obligante de una sentencia.
Sin embargo, puede ordenarse judicialmente la nulidad de un acta de conciliación ante la ausencia de los elementos esenciales para obligarse (art. 1502 CC), es decir, cuando se actúa sin capacidad o voluntad o cuando la referida actuación verse sobre un objeto o causa ilícita, salvo que se trate de la revisión del reconocimiento de sumas periódicas o de pensiones de cualquier naturaleza impuestas al tesoro público o a un fondo de naturaleza pública, situaciones en las que el mecanismo apto para la enervación de las transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, es la revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Expreseado en otras palabras, si la parte que firmó el acuerdo considera que en el contenido de la conciliación existe un vicio del consentimiento, un objeto o una causa ilícitos –con las salvedades anotadas-, o una violación de derechos ciertos e indiscutibles, podrá acudir ante la jurisdicción mediante un proceso ordinario de competencia del Juez Laboral según las reglas que fija el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para que se deje sin valor y efecto el acuerdo celebrado, con todas las consecuencias que ello conlleve.
En ese orden de ideas, partiendo de los requisitos objetivos de la conciliación y de las condiciones que debe tener el conciliador, es claro que para el cabal cumplimiento de tales exigencias es el juez del trabajo quien surge como la persona idónea y capacitada para garantizar ese respeto por los derechos mínimos del trabajador, pues dada su condición de conocedor de los asuntos del derecho del trabajo, es el funcionario que por su investidura brinda a las partes del acuerdo la seguridad y garantía necesaria respecto del cumplimiento cabal de las condiciones para la celebración de una conciliación ajustada a la ley, en donde se protejan los derechos de las partes y las guie a un acuerdo, que más que propender por evitar un litigio responda a una solución justa de un conflicto; se erige entonces como el llamado a proteger y a garantizar esos mínimos de derechos ciertos e indiscutibles que no pueden ser objeto de acuerdo, para lo cual goza de facultad y competencia para celebrar y suscribir conciliaciones antes y después de que se instaure la respectiva demanda laboral.
Ahora bien, en términos generales, con la conciliación extrajudicial se pretende, entre otros aspectos, (i) garantizar el debido acceso a la administración de justicia; (ii) promover la participación de las personas en contienda en la solución de sus disputas; (iii) propender por la convivencia pacífica; (iv) facilitar la solución de los conflictos en forma ágil y pronta, y (v) descongestionar los despachos judiciales, en el sentido de evitar procesos ordinarios laborales futuros.
De lo anotado se tiene que por regla general el juez del trabajo, como parte de la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y de la seguridad social, conoce de todos los conflictos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. El propósito de la conciliación laboral es permitir a las partes, a través de un ejercicio de autocomposición, solucionar un conflicto jurídico de esa naturaleza o de cualquiera que sea de su competencia en los términos del artículo 2 del CPTSS siempre que se reúnan los requisitos arriba señalados.
De cara a lo que es objeto de debate, como se recuerda, el juez colegiado consideró que el acuerdo suscrito entre las partes en forma extraprocesal carecía de validez, en esencia, por «haberlo celebrado y aprobado un juez carente de competencia funcional», toda vez que la facultad que le confería el artículo 20 del CPTSS al juez laboral para celebrar conciliación extrajudicial había sido derogada por el artículo 53 de la Ley 712 de 2001, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 640 de esa misma anualidad.
Las normas que otorgaron competencia a otras autoridades no judiciales para tramitar diligencias de conciliación extrajudicial, tuvieron por objeto descongestionar a la jurisdicción del trabajo de esta clase de solicitudes, creando toda una institución que tuvo en principio la idea de ser obligatoria antes del juicio, pero que la Corte Constitucional declaró inexequible en la sentencia CC C-160-1999, por lo que en la actualidad es potestativo acudir a este mecanismo.
El principio general invocado por el sentenciador de instancia, según el cual ante la derogatoria del artículo 20 del CPTSS y la no designación expresa para conocer conciliaciones extrajudiciales en normas posteriores, el juez del trabajo no puede aprobar un acuerdo celebrado por quienes se ven envueltos en un conflicto de naturaleza laboral antes del juicio, bajo la regla de que a los funcionarios públicos solo les está permitido hacer aquello que la ley les permita, no resulta aplicable en el caso por cuanto, como ya se ha dicho, el juez del trabajo se encuentra investido de manera general para conocer todos los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente de un contrato de trabajo y es de allí que se deriva la posibilidad de aprobar con su intervención conciliaciones extrajudiciales.
Pero aún si se insistiera que por la derogatoria de la norma mencionada el juez no puede actuar como conciliador fuera del juicio, hay que recordar que el artículo 17 del Decreto 2511 de 1998, “Por el cual se reglamenta la conciliación extrajudicial contencioso administrativa y en materia laboral previstas en […] los artículos 19, 21 y 22 del Código Procesal del Trabajo”, señala que: «en materia laboral se entiende como conciliador el juez, el inspector del trabajo o la persona designada por el centro de conciliación», disposición vigente a la fecha en la que se suscribió el acto conciliatorio y que no condiciona que el papel de conciliador del juez únicamente se pueda desarrollar al interior de un proceso judicial, ya que es factible que las partes acudan directamente a él sin que pueda negarse su acceso al administrador de justicia.
Asunto diferente es que éstas deban ser sometidas a un reparto previa solicitud elevada por las partes, lo cual no afecta la competencia del funcionario judicial como ocurre cuando se asume conocimiento de un proceso sin que sea sometido al reparto legal y, por lo tanto, no genera la invalidez del acuerdo, sino que puede eventualmente acarrear responsabilidades de otra naturaleza que no corresponde en el proceso ordinario laboral definir. Se debe dejar claro, desde ya, que no es admisible que las partes acudan directamente al juez del trabajo sin someter su solicitud al reparto correspondiente, ello por razones de transparencia. Este aspecto se retomará más adelante en esta providencia.
No resulta viable que el juez del trabajo pueda dirimir los conflictos a través de sentencias y celebrar la audiencia de conciliación en el trámite del proceso ordinario, pero no pueda servir como garante para que el acuerdo celebrado entre las potenciales partes de un litigio, resuelvan o solucionen sus diferencias a través de la autocomposición antes de acudir a juicio.
Al margen de lo anterior, existe la posibilidad de que muchas personas consideren que un juez genera mayor confianza que cualquier otro funcionario público o particular para conciliar sus diferencias con una eventual contraparte en un proceso y, ciertamente, no es razonable conminar en estos casos a que se deba instaurar una demanda, asumir los costos que pueda representar en términos económicos, sociales y temporales, para poder conciliar sus diferencias con su empleador cuando, desde el inicio, existe ánimo de llegar a un acuerdo con éste.
Así las cosas, esta Sala permanente acoge la propuesta de la Sala de Descongestión Laboral n.° 1, Magistrado ponente, Martín Emilio Beltrán Quintero, expuesta en el primer cargo, en cuanto a fijar criterio en torno a la facultad y competencia que tiene el juez laboral para celebrar conciliaciones extrajudiciales en los temas que sean de su competencia en los términos del artículo 2 del CPTSS, sin perjuicio de que la materia sea reglamentada por el organismo competente. Ocurre, empero, que debe advertirse que lo que se resolverá la Sala permanente en el segundo cargo (no estudiado por la Sala de Descongestión dado las resultas del primero), así como en sede de instancia difiere sustancial y diametralmente de lo planteado por la Sala de Descongestión.
Caso concreto
Queda fácil comprender ahora que la razón está de parte del recurrente y no del Tribunal; por cuanto si bien el artículo 20 del CPTSS, que rezaba en lo pertinente: «CONCILIACIÓN ANTES DEL JUICIO. La persona que tenga interés en conciliar una diferencia, podrá solicitar verbalmente, antes de proponer demanda, que el Juez competente o el Inspector del Trabajo haga la correspondiente citación, señalando día y hora con tal fin […]», fue derogado por el artículo 53 de la Ley 712 de 2001, y en la ya citada disposición 28 de la Ley 640 de 2001 no se incluyó expresamente que la conciliación extrajudicial podía surtirse ante el juez del trabajo; lo cierto es que tal condición de conciliador, que es un referente genérico de quien ha adquirido la potestad legal de conciliar sea antes o al interior de un juicio, ya le había sido otorgada al juez de trabajo por el artículo 17 del Decreto 2511 de 1998 antes descrito, sin que tal disposición hubiese sido derogada expresa o tácitamente; lo cual guarda plena correspondencia con lo preceptuado en el artículo 19 del CPTSS que reza: «La conciliación podrá intentarse en cualquier tiempo, antes o después de presentarse la demanda» (Subraya la Sala).
Por lo expuesto, el cargo resulta próspero, lo que conduce a casar la sentencia.
IX. CARGO SEGUNDO
Se plantea en el segundo cargo la violación «por la vía indirecta y por aplicación indebida de los artículos 13, 14, 22, 23 (1º L. 50/90), 24 (2º L. 50/90), 34 (3º D. 2351 de 1965), 65, 186, 189, 194 (32 L. 50/90), 249, 253, 306 del C.S.T.; 1º Ley 52 de 1975; 99 de la Ley 50 de 1990; 17, 22 de la ley 100 de 1993; 969, 1502, 1508 C.C; 83 C.N.. Como violación medio y también por aplicación indebida, de los artículos 60 y 61 del C.P.T. y S.S».
Denuncia que la transgresión normativa ocurrió como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho:
1º. No dar por demostrado, estándolo, que los servicios prestados a mi mandante por el ente jurídico Juan José Cadavid Televisión E.U. entre el 1º de febrero de 2000 y el 12 de abril de 2007 fueron ejecutados en desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 0DGH-074.
2º. Concluir, en contra de la realidad, que condicionar la prestación del servicio ofrecido por el demandante a mi representada, a la constitución de una persona jurídica es impropio.
3º. Sostener, sin respaldo probatorio alguno, que Juan José Cadavid Televisión E.U., no tenía capacidad técnica ni administrativa ni financiera.
4º. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante como representante legal de Juan José Cadavid Televisión E.U. tenía experiencia en el medio.
5º. Concluir, sin respaldo demostrativo alguno, que Caracol Televisión S.A. solamente contrataba servicios con pares o con iguales económicamente.
6º. Dar por establecido, sin prueba alguna, que los gastos de viaje convenidos en el contrato de prestación de servicios suscrito por Caracol Televisión S.A. y Juan José Cadavid Televisión E.U. fueron acordados como “parte de un salario”.
7º. Dar por demostrado, sin estarlo, que Juan José Cadavid Televisión E.U. “no estaba en capacidad” de cumplir lo establecido en el contrato de prestación de servicios que celebró con mi mandante.
8º. Dar por demostrado, en forma contraria a la realidad, que en los extractos de la cuenta bancaria de Juan José Cadavid Televisión E.U. “solamente aparecen ingresando dineros provenientes de Caracol Televisión” y no dar por demostrado que, al contrario, allí se registran otros ingresos para la dicha Compañía.
9º. No dar por demostrado, estándolo, que Juan José Cadavid Televisión E.U. facturó el valor de sus servicios como ente independiente de mi mandante.
10º. Afirmar, sin prueba alguna, que los actos ejecutados en desarrollo del contrato de prestación de servicios firmado por mi mandante con Juan José Cadavid Televisión E.U. “no son actos en los que se vislumbre buena fe”.
11º. Sostener, sin fundamento demostrativo alguno, que hubo “abuso del derecho” en la celebración del contrato de prestación de servicios celebrado por mi representada con Juan José Cadavid Televisión E.U.
12º. Dar por demostrado en contra de las pruebas que obran en el expediente, “que las condiciones de trabajo ofrecidas al aquí demandante son propias de actividades que evidencias dependencia, debiéndose colegir que no existió la pregonada autonomía en la ejecución de las labores del demandante a favor del (sic) aquí demandada”.
13º. No dar por demostrado, estándolo, que las mismas actividades desempeñadas por Juan José Cadavid Televisión E.U. fueron ejecutadas por otras personas jurídicas como es el caso de Prego Televisión y Quanta Telecomunicaciones S.A.
14º. Dar por probado, sin estarlo, “que el aquí demandante cuando celebró el contrato de prestación de servicios verdaderamente no podía hacer otra cosa que realizar labores de intermediación laboral”.
15º. No dar por demostrado, siendo ello cierto, que Caracol Televisión S.A. puede ejecutar labores propias de su objeto social por medio de terceros.
16º. Dar por demostrado, sin estarlo, que el valor de prestación de servicios suscrito por Caracol Televisión S.A. con Juan José Cadavid Televisión E.U. no le permitía en realidad satisfacer prestaciones sociales ni valores que corresponden a la seguridad social.
17º. No dar por demostrado, estándolo, que el valor de los servicios pactado en el contrato de prestación de servicios antes aludido, resultó de un acuerdo entre los firmantes del mismo.
18º. Concluir, en contra de la evidencia, que “la naturaleza real del vínculo laboral entre el accionante y la entidad demandada, … es la naturaleza del contrato ficto de trabajo”.
20º. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante tuvo la “doble condición de intermediario y de trabajador”.
21º. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada dio razones atendibles de por qué consideró estar ligada al demandante por un contrato comercial de prestación de servicios, lo que estructura su buena fe.
22º. Dar por demostrado, sin estarlo, que el único ingreso en las cuentas bancarias de Juan José Cadavid Televisión E.U. era el pago hecho a dicha empresa unipersonal por parte de Caracol Televisión S.A.
Considera que los anteriores yerros obedecieron a las siguientes falencias probatorias:
PRUEBAS MAL APRECIADAS
1º. Contrato de prestación de servicios con sus adiciones (fs. 314 a 325).
2º. Acta No. 53 de audiencia de conciliación del 12 de abril de 2007 (fs. 217 y s.s. y 44 y s.s.)
3º. Certificado de Cámara de Comercio de Caracol Televisión S.A. (fs. 39 y s.s., 234 y s.s. y 301 y s.s.)
4º. Certificado de Cámara de Comercio de Juan José Cadavid Televisión E.U. (fs. 307-308).
5º. Contrato de arrendamiento suscrito por Juan José Cadavid E.U. (411 y 412).
6º. Extractos de cuenta de ahorros Conavi de Juan José Cadavid Televisión E.U. (fs. 699 a 787)
7º. Extractos de cuenta de ahorros y de cuenta corriente en Banco de Colombia de Juan José Cadavid Televisión E.U. (fs. 788 a 822).
8º. Certificado de Teleproducciones Ltda. (f. 659 c. 4)
9º. Carta con relación de gastos del actor dirigida a Ma. José Vargas (fs. 195 y 196).
PRUEBA NO APRECIADA
1º. Extractos y registros de cuentas corrientes y de ahorros de Juan José Cadavid Televisión E.U. (fs. 897 a 1105).
2º. Facturas de Juan José Cadavid Televisión E.U. y órdenes de servicios de Caracol Televisión S.A. (fs. 327 a 402)
3º. Actas Nos. 54, 55, 56 de conciliación de 12 de abril de 2007 (fs. 417 a 428)
4º. Oficio No. 558 del Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá (fs. 654 y 655).
5º. Confesión contenida en el interrogatorio de parte absuelto por el demandante a las preguntas 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (fs. 684 a 687 vto.)
6º. Extractos bancarios de Juan José Cadavid Televisión E.U. (fs. 423 a 601 del C. 4)
7º. Oficio 00102497 de la Cámara de Comercio de Medellín (fs. 613 y 614 C. 4)
8º. Oficio de la DIAN de 29 de septiembre de 2009 (f. 615 C.4).
PRUEBA NO CALIFICADA – MAL APRECIADA
Declaraciones testimoniales de Gonzalo Guerra (355-365 C.4); Claudia Regina Garro (fs. 838 y s.s.); Oscar H. Montoya (fs. 687 vto. y s.s.); Gustavo A. González (835 y s.s.); Luis Peñuela (fs. 313 a 330 C. 3, 343 a 346 C. 4); Roberto Ramírez (fs. 346 a 356 C. 4); Sandra Cardona (367 a 374 C. 4); Ma. Lizeth Arango (374 a 382 C. 4).
Como desarrollo del cargo aduce que el juzgador se apoyó en apreciaciones personales y subjetivas, al considerar que por el tamaño de la empresa del demandante no tenía capacidad económica, técnica o administrativa, lo que lo llevó a calificar como inconcebible que Caracol S.A. suscribiera con el demandante un contrato de prestación de servicios, el cual no fue tachado como falso; no se adujo incapacidad del actor al momento de suscribirlo; se trató de un servicio especializado; identifica a quien le corresponde prestar el servicio, la dotación de elementos materiales y personales; la inscripción en la cámara de comercio no contiene cláusulas extravagantes y no contiene cláusulas leoninas. Añade que nada impide que la demandada contrate con empresas más pequeñas; que el precio pactado fue fijado por el mismo contratista, sin que se hubiera aducido su insuficiencia para cubrir el arriendo del lugar en donde funcionaba, la remuneración del personal que contrataba o el alquiler de los elementos que fueran necesarios para el desarrollo del contrato y, en todo caso, no hubo queja alguna al respecto.
Anota que el Tribunal encontró que el actor prestó servicios a otras empresas, lo que da cuenta de la capacidad técnica de la que aquél constituyó para cumplir el objeto contractual; que ninguna prueba da cuenta de la falta de idoneidad para el desempeño de la labor convenida; y tampoco obra medio de convicción que permitiera entender una insuficiente capacidad financiera, por el contrario, el monto de los servicios se ajustó periódicamente.
Señala que la calificación de salario que el colegiado da al monto pagado por gastos de viaje «es increíble», pues el solo objeto del contrato evidenciaba la necesidad de desplazamientos y que éstos quedaban incluidos en el precio global del mismo. Además, se demostró que la empresa Juan José Cadavid E.U. tenía su propio sistema de facturación, no todos los servicios que ésta prestaba eran para Caracol, lo cual se advierte de la numeración correspondiente.
Expresa que con el convenio no se ocultó relación distinta a la acordada, por el contrario, hubo apego riguroso a los requisitos legales, por lo que no se puede derivar mala fe de la empresa demandada; considera que los documentos aportados, tales como las conciliaciones, los contratos y sus adiciones, las facturas, las órdenes de servicios, extractos bancarios, no demuestran nada diferente a la conducta ordenada, cuidadosa y respetuosa de la ley por parte de la sociedad que representa.
Sostiene que de ninguno de los elementos de prueba incorporados se deriva la imposición de horarios o condiciones diferentes a las propias de un contrato de prestación de servicios ni un llamado de atención, lo único que hubo fue las indicaciones normales del servicio requerido, pero nada que se pueda considerar como subordinación propia de una relación de trabajo, y que se plasmó en las actas de conciliación.
Del interrogatorio de parte, resalta que el actor admitió que era el encargado de contratar los vehículos que él mismo identificó para la ejecución del contrato, los costos de la operación y que presupuestaba el valor de los servicios, enviaba las correspondientes facturas, reconoció su firma en los documentos y que suscribió el contrato de arrendamiento donde funcionó su empresa.
Luego de lo anterior se refiere a la prueba testimonial, pues consideró que el Juez Plural resolvió darle credibilidad a los de la parte actora y descartó los de la pasiva, en razón a su vinculación laboral, sin analizar la veracidad de sus aseveraciones. En todo caso, afirma, los testimonios «no aportan nada al proceso» por cuanto unos ratifican lo que sostiene la demanda y, otros, lo que se dice en la contestación, por lo que, ante la contradicción, el juzgador debió remitirse a los documentos ya mencionados y, en ese contexto, considera que el cargo es fundado y solicita su prosperidad.
X. RÉPLICA
Recuerda que para que se estructure el error de hecho en casación es necesario que este sea evidente o notorio, pues no cualquier discrepancia probatoria puede conducir al quiebre de la sentencia; que el ataque está fundado en apreciaciones subjetivas, la controversia no gira en torno a la validez del contrato de prestación de servicios, sino a las condiciones bajo las cuales prestó sus servicios el demandante en acatamiento al principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Añade que el cargo por la vía indirecta exige que se acredite a través de los aludidos yerros evidentes, el desaguisado del juez colegiado, sin que sea suficiente señalar que la autoridad judicial «realizó conjeturas o que no aparecen pruebas de determinados hechos». Por último, esgrime que la prueba testimonial no es hábil en casación, que fue precisamente el medio determinante de la decisión del juzgador; en todo caso, lo sostenido en el cargo es insuficiente para rebatir la apreciación del Tribunal, máxime cuando la sociedad casacionista tampoco expone de manera detallada en qué consistió la contradicción con lo que encontró el colegiado de dicha prueba.
XI. CONSIDERACIONES
Como se recuerda, el descontento de la recurrente estriba en controvertir la conclusión del Tribunal que dio aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por las partes pues, en su concepto, no se desvirtuó la naturaleza comercial del contrato celebrado entre éstas, lo cual deriva de su contenido; los documentos que dan cuenta de su desarrollo durante los siete años de duración sin que se presentara queja o reclamo alguno, así como la apreciación subjetiva del juzgador de los medios de prueba que lo llevaron a desconocer lo acordado.
A partir de lo anterior, propone que se remita la Sala a la prueba documental y al interrogatorio de parte del demandante, del que deriva la confesión del cumplimiento de lo pactado por las partes en el aludido contrato de prestación de servicios y, finalmente, a la prueba testimonial.
Tal como con acierto lo asevera el opositor el error de hecho en casación debe ser de una absoluta claridad, pues no cualquier discrepancia puede dar paso al quiebre de la sentencia, este debe ser de tal magnitud que no admita duda en el sentido de que el juzgador supuso una prueba que no obra en el proceso, dio un alcance absolutamente errado a la que fue incorporada o dio por establecido un hecho con una prueba que no es idónea para acreditarlo cuando la ley exige una determinada solemnidad para su validez, esto es, ante la evidencia de un error de derecho.
Como pruebas mal apreciadas denuncia la impugnante el contrato de prestación de servicios (fl. 314 a 325), el Acta de conciliación del 12 de abril de 2007 (fls. 217 y ss y 44 y ss), los certificados de cámara de comercio de Caracol S.A. (fls. 234 a ss y 301 y ss) y de Juan José Cadavid Televisión E.U. (fls. 307-308), contrato de arrendamiento (fls. 411 a 412); los extractos de cuenta de ahorros y corriente de Banco de Colombia de la última mencionada (folios 699 a 787), el certificado de Teleproducciones Ltda (659 c. 4) y la carta de relación de gastos (folios 195 a 196).
Veamos de qué dan cuenta tales documentos:
Con los contratos de prestación de servicios (folios 314 a 325) se acredita que entre las partes, Caracol Televisión S.A. (contratante) y Juan José Cadavid Aguirre, en representación de Juan José Cadavid Televisión E.U., acordaron la prestación de servicios de noticias para televisión en el centro de noticias de Caracol en Antioquia y su capital, comprometiéndose a poner a disposición tres camarógrafos, tres vehículos, un coordinador de microondas, un auxiliar de microondas, oficina de comunicaciones (gastos de teléfono) y servicios públicos, gastos de viaje (transporte terrestre, alimentación, hospedaje, peajes, etc.) en su zona de influencia, la cesión de los derechos patrimoniales sobre la fijación en soporte material del objeto del contrato y la emisión o transmisión al público.
Caracol se comprometió a asumir los costos del envío de microondas y el material al centro de noticias en Bogotá, los gastos de viaje por desplazamientos fuera de la zona de influencia, el suministro de casetes, demás desplazamientos aéreos y fluviales que se requieran, dentro y fuera de la zona de influencia, y la entrega del equipo técnico correspondiente. Se prohibió la cesión o delegación, salvo autorización expresa de la contratante; se previó la realización de la actividad con plena autonomía e independencia, la afiliación al sistema de seguridad social a cargo del contratista al igual que de los demás trabajadores a su servicio, debiendo acreditar los pagos correspondientes de manera trimestral; se acordó el pago de la suma de $12.000.000 mensuales y, finalmente, entre otras cosas, se estipuló la posibilidad de supervisión del contrato por parte de Caracol con su propio personal, quienes «tendrán acceso permanente a las oficinas del CONTRATISTA, quien además se obliga a suministrar toda la información relacionada con su trabajo».
Efectivamente, el colegiado encontró que las partes suscribieron dicho contrato y no se desvió de su contenido, por el contrario, transcribió varios de sus apartes. No obstante, también halló suficientes medios de convicción con base en los cuales consideró que debía dar prelación al principio de la primacía de la realidad sobre lo pactado por las partes. En ese mismo sentido, nada aportan los restantes documentos denunciados, tales como, los certificados de existencia y representación de la demandada y de la sociedad Juan José Cadavid Televisión E.U. ni el contrato de arrendamiento que esta suscribió precisamente para dar cumplimiento a lo acordado formalmente por las partes, sin que de allí denote una equivocación protuberante, ya que nada da a entender que existió un error de vistas o que haya dado a alguno de estos medios un alcance que no se deriva directamente de su contenido.
Ahora, con respecto a los extractos bancarios que el recurrente afirma como mal apreciados, el Tribunal se remitió a los obrantes a folios 793 a 915 y 991 a 997, correspondientes a cuentas de ahorros y corriente de Juan José Cadavid Aguirre Televisión E.U., de los que dedujo que solo constan los pagos realizados por la demandada en la suma de $12.000.000 y luego de $13.000.000, conforme se pactó en el aludido contrato de servicios.
Revisados los extractos bancarios se observan movimientos financieros: retiros, traslados, débitos, etc., sin que se pueda derivar un error ostensible del colegiado, pues de los mencionados movimientos no se puede extraer que el actor tuviera vinculaciones con otras empresas, a lo sumo se puede inferir que existían diferentes consignaciones, pero ello no permite arribar a la conclusión a la que pretende el recurrente, pues al no tener certeza de la razón o fuente de dichas consignaciones, mal se puede suponer que éstas derivan inequívocamente de una vinculación contractual determinada.
Como pruebas no apreciadas se denuncian extractos y registros de cuentas corrientes y de ahorros, facturas y órdenes de servicios, actas de conciliación celebradas con varios trabajadores de la sociedad que constituyó el accionante, el oficio remitido por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, la confesión del demandante, oficios de la Cámara de Comercio de Medellín y la Dian, con respecto a los cuales encuentra la Sala lo siguiente:
En cuanto a los extractos bancarios, valgan las consideraciones arriba expuestas sobre la falta de estimación que no se determina como relevante en la decisión del Tribunal y de su contenido solamente se pueden establecer unos movimientos financieros propios de su manejo sin que se den razones suficientes de que su estimación diferente hubiera conducido a una decisión distinta por parte del sentenciador. Con respecto a las facturas, también resulta suficiente mencionar que dan cuenta del cumplimiento de lo acordado formalmente por las partes, que, como quedó dicho, el juzgador de segundo grado desestimó ante la primacía de la realidad de un contrato de trabajo.
Con relación a las actas de conciliación, debe decirse que no se desarrolló en el cargo, en qué consistió el error con respecto a estas, o cuál hubiera sido la decisión de haberlas apreciado, lo cierto es que dan cuenta de acuerdos celebrados por trabajadores con Caracol Televisión S.A. y Juan José Cadavid Televisión E.U., con el fin de solucionar cualquier litigio eventual con motivo de la vinculación de estos con tales sociedades, pero no dan cuenta, como parece entenderlo el recurrente, del desconocimiento de la vinculación entre el demandante con la programadora.
De la misma manera la aseveración rendida por el funcionario judicial ante el cual se celebró la conciliación entre el demandante y la accionada visible a folios 654 a 655, cuyos argumentos se estudiaron al resolver el primer cargo, sobre los cuales no resulta necesario volver. Los documentos provenientes de la Cámara de Comercio de Medellín y de la Dian, nada aportan a la conclusión del ad quem, que desestimó el contrato de prestación de servicios suscrito, pues, se insiste, allí también se plasmó lo que las partes formalmente acordaron y que el sentenciador consideró insubsistente ante los hechos probados en el juicio.
Finalmente, atinente a la confesión que estima la impugnante se deriva de las respuestas 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, por claridad se transcriben:
9. PREGUNTADO: Como usted ha afirmado que si hacía los pagos que se cita en la pregunta anterior, nárrele al Despacho el nombre del beneficiario junto con el valor que le pagaba mensualmente? CONTESTÓ: Los transportes se hacían a beneficio de Caracol Noticias y se le pagaban a algunas personas que trabajaban para Caracol como Oscar Álvarez, Duvian Zuluaga, y otros; las cuantías no las recuerdo. 10 PREGUNTADO: Diga como es cierto si o no, que ara efecto de la negociación de las sumas a pagarle a usted como representante legal de JUAN JOSÉ CADAVID TELEVISIÓN E.U. usted le envió a la demandada, el documento visible a folio 191 y 192 del plenario, aportado como usted como prueba y que contiene la colilla de envío? CONTESTÓ: Si, yo si lo envie(sic). 11. PREGUNTADO: Diga como es cierto si o no, que de acuerdo con el documento de folios 191 y 192, el valor por usted incluido dentro del presupuesto como remuneración por sus servicios fue de $1.000.000?(sic) CONTESTÓ: Si. Ahí dice en el documento. [...] 13. PREGUNTADO: Diga como es cierto si o no, que las facturas de venta que aparecen entre los folios 413, 415, 417, 419, 421 y las que aparecen visibles a folios 487, fueron las que usted presentó a mi representada entre marzo de 2004 a marzo de 2007 Se le pone de presente los documentos. CONTESTÓ: Si, son las facturas que yo presentaba a Caracol Televisión. 14. PREGUNTADO: Diga como es cierto si o no, que usted año tras año, a partir del año 2001, firmó con mi representada los otrosíes, mediante los cuales se modificaba el contrato de prestación de servicios visibles a folios 400 a 404, el valor de la remuneración pactada para el suministro de lo citado como objeto del contrato?(sic) CONTESTÓ: Si es cierto, pero no se modificaba el valor, sino que Caracol Televisión decía cuanto era la modificación, es decir, no había forma de discutir o acordar entre las partes el valor; de igual manera como no fue pactada tampoco el valor inicial del contrato sino que Gonzalo Guerra directivo de Caracol Televisión, para el año 2000, me dijo que el valor era aproximadamente como $13.000.000, de ahí en adelante Caracol Televisión sólo envió una parte del contrato con los mencionados otro sí, y con la cifra dispuesta por Caracol Televisión. 15 PREGUNTADO: Diga como es cierto si o no, que de las personas que usted ha referido en respuestas anteriores fueron a Bogotá en el me de abril de 2007, para conciliar, usted, en presencia mía les ayudó a explicar a los mismos, entre ellos el señor Roldán la conciliación que a la postre los tres firmamos?(sic) CONTESTÓ: Si es cierto que fuimos a Bogotá pero por orden de Caracol Televisión, y el momento que usted cita no fue superior a los 10 ó 15 minutos en los cuales usted portaba unos documentos con unos cheques adjuntos los cuales no conocíamos, por lo tanto lo que usted afirma sobre la explicación para mi que soy bachiller y no tengo estudios profesionales no fue suficiente ni en tiempo ni en claridad al respecto, toda vez que en el tiempo la Dra. Rocha llegó al Despacho aproximadamente a las 4:00 P.M. y constantemente de Caracol Televisión llamaban para solicitarnos que debíamos terminar rápido dicho procedimiento en el sentido de que debíamos estar en el aeropuerto de Bogotá a las 6:00 P.M., para viajar de regreso a la ciudad de Medellín, por consiguiente fue insuficiente el tiempo para entender el fondo de esos documento y adicionalmente la firma del anterior se haría como promesa para el contrato que tendríamos con Caracol Televisión, tal como ya lo dije en respuestas anteriores , en mi caso, me siento engañado pues tal contrato nunca se efectuó teniendo en cuenta que se leyeron y firmaron documentos de vinculación ese mismo día, 12 de abril, al igual que el examen médico de ingreso que ya presenté, y hasta la fecha no me han llamado para iniciar tal contrato, el que debería iniciarse en mayo de 2007. 16. PREGUNTADO:
Diga como es cierto, si o no, que con posterioridad a la firma de la conciliación suya visible a folios 490 a 493, suscribió usted actuando como representante legal de JUAN JOSÉ CADAVID TELEVISIÓN E.U. las conciliaciones 54, 55 y 56, visibles a folios 503 y 514 del plenario? CONTESTÓ: Si yo firmé como representante legal de JUAN JOSÉ CADAVID TELEVISIÓN E.U. bajo las mismas circunstancias relacionadas en su respuesta anterior, en las cuales estaba actuando bajo presión por el futuro contrato y por la inmediatez del viaje de regreso a Medellín, y estos documentos como ya lo dije, sólo los conocí el día 12 de abril cuando la Dra. Rocha se presentó y a quien nunca había visto ni había hablado con ella, por consiguiente no tuve oportunidad de conocer el fondo de los términos legales de dichos acuerdos. En el encabezado de dichos documentos dice que a las 2:00 P.M., pero en realidad la Dra. Rocha, llegó a este Despacho aproximadamente a las 4:00 P.M., con los documentos ya elaborados y con un cheque adjunto el cual desconocíamos su valor; me refiero que no fue tiempo suficiente para entender el contenido de dicho documento toda vez que no tuvimos una asesoría jurídica para dicho entendimiento y firma del documento. 17. Diga como es cierto, si o no, que usted, tal como consta en la conciliación que a título personal firmó, leyó el contenido del documento en cuestión, ratificando tal hecho ante el Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá? CONTESTÓ: Si lo leí, pero como ya lo dije anteriormente no lo entendí a fondo, y lo firmé por que de no hacerlo me quedaría sin trabajo, pues posterior a la firma de dicho acuerdo se terminaría de llenar los documentos de vinculación que antes mencioné; textualmente Luis Ángel Peñuela nos dijo que si no firmábamos tal acuerdo nos quedaríamos sin trabajo, y aclaro que posterior a la firma del mismo igual me quedé desempleado. 18. PREGUNTADO: Diga como es cierto si o no, que las personas con que usted también firmó conciliación, entre ellos Julián Andrés Roldán, fue vinculado luego de un mes de la conciliación como trabajador de Caracol? CONTESTÓ: Si fue vinculado. 19. PREGUNTADO: Diga como es cierto si o no, que el valor que mensualmente le giraba Caracol Televisión, usted en calidad de representante legal de JUAN JOSÉ CADAVID TELEVISIÓN E.U. pagaba el arrendamiento del local donde operaba la empresa por usted representada? CONTESTÓ: Si, yo pagaba el arrendamiento con la plata que Caracol giraba del local en la que funciona Caracol Televisión, situada en el centro comercial Obelisco, donde actualmente sigue funcionando Caracol Televisión. 20. PREGUNTADO: Diga como es cierto si o no, que usted en calidad de representante legal de JUAN JOSÉ CADAVID TELEVISIÓN E.U. hacía los comprobantes de egreso mediante los cuales le pagaba a las personas que en el curso de esta diligencia ha citado? CONTESTÓ: Si, siempre después de que Caracol Televisión giraba el dinero e incluso habían meses en los que se demoraba para girar tal dinero e incluso habían mese en los que se demoraba en girar tal dinero por lo cual no se le podía pagar a los trabajadores en la fecha oportuna.
De la prueba referida no encuentra la Sala que se derive una confesión que no haya sido estimada por el ad quem. En efecto, el actor admitió haber suscrito los contratos de prestación de servicios y sus OTRO SÍ; que el valor del contrato era impuesto unilateralmente por Caracol y no había una negociación; que elaboraba las facturas y comprobantes de pago; que el pago del servicio de transporte a personal de Caracol, el arrendamiento y del personal a su cargo, se hacía con el dinero que mensualmente le giraba Caracol Televisión, y advirtió que cuando se demoraba el giro por esta última no le podía pagar a los trabajadores oportunamente.
Las restantes aseveraciones hacen referencia a las condiciones que rodearon la firma de las conciliaciones con trabajadores y con el propio demandante y cómo ocurrió en las instalaciones del Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, la promesa de vinculación con posterioridad a la firma del acta correspondiente que finalmente no se concretó.
Tampoco resulta determinante de la decisión los cuestionamientos que se formulan en torno a la capacidad de la empresa constituida por el actor con el objeto de suscribir los contratos de servicios con Caracol Televisión S.A., pues aun cuando no es posible derivar el fundamento de tal aseveración del sentenciador, lo cierto es que esa circunstancia no desvirtúa los demás fundamentos de la sentencia en los que se apoyó la decisión y que, por lo mencionado, han quedado incólumes.
En cuanto a la prestación de servicios a otras empresas que aduce la recurrente no indica a partir de qué medios probatorios se deriva ese hecho y que el juzgador no vio. Al efecto, entiende la Sala que su aserto parte de las consignaciones de otras empresas, a las cuentas de la sociedad representada por el actor y a la numeración de la facturación, pero ciertamente aun cuando visiblemente se pueden observar tales documentos, de allí no se puede colegir, de manera evidente, la situación fáctica que se pretende establecer. Recuérdese que para que prospere un error de hecho es imperativo que este sea evidente, nítido, que brille al ojo, no resulta admisible imponer al sentenciador que llegue a las mismas deducciones del censor, ya que en la valoración de la prueba, el funcionario judicial cuenta con la libre formación de su convencimiento conforme a lo previsto en el artículo 61 del CPTSS, esto es, no está sujeto a una tarifa legal de prueba y salvo que sus deducciones riñan abiertamente con los principios científicos que informan la crítica de la prueba, no es viable desconocer la garantía de la que está investido.
Sobre la falta de idoneidad o de capacidad financiera de la empresa constituida por el demandante, aun cuando se agregó como argumento por parte del Tribunal del que se valió como indicio de que en el fondo no se justificaba la contratación de una empresa pequeña para la prestación de servicios de producción de noticias en la ciudad de Medellín, esta se sumó a otros, como la dirección por parte de la demandada de las actividades ejecutadas por el actor, no solamente dirigidas a él sino a las demás personas que este contrató para desarrollar una labor propia de Caracol Televisión S.A., la supervisión de las labores que unos y otros desempeñaban, la entrega de uniformes y tarjetas de identificación, llamados de atención y felicitación y la imposición de constituir una sociedad para poder contratar con la demandada, entre otros, con base en los cuales determinó la existencia de una verdadera relación de trabajo y, como consecuencia, el pago de los derechos derivados de un contrato de esa naturaleza deducciones que, como ha quedado expuesto, no resultan suficientes para desvirtuar la decisión judicial en el aspecto mencionado.
Concerniente a los testimonios, debe recordarse que la ley adjetiva del trabajo restringe los medios de convicción sobre los cuales puede recaer un error de hecho en casación laboral. Así, lo preceptúa el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, al disponer que: «El error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando provenga de falta de apreciación o de apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular», norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia CC C-140 de 29 de marzo de 1995, por lo que no es posible abordar el estudio de tal probanza, dado que no quedó acreditado ningún dislate de hecho con alguna de las tres pruebas calificadas en casación.
Las razones anotadas resultan suficientes para derivar que el cargo no se abre paso.
Sin costas.
XII. SENTENCIA DE INSTANCIA
Como quedó definido al resolver el primero de los cargos de la demanda de casación formulada por Caracol Televisión S.A., la conciliación que celebraron las partes ante el Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá cumplió con el requisito de validez, en tanto el funcionario judicial que la suscribió estaba facultado para presidir la diligencia y aprobar lo pactado. Queda ahora por definir lo concerniente a los restantes requisitos establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación, para que dicho acuerdo mantenga los efectos de cosa juzgada, para lo cual se abordarán cada uno de los ítems objeto del recurso de apelación, tales como la competencia del juez de trabajo para aprobar las conciliaciones extrajudiciales; los vicios del consentimiento que despojan de validez el acto conciliatorio y la posibilidad de que ésta pueda recaer sobre derechos irrenunciables.
Procedencia del estudio de una conciliación en un proceso ordinario laboral
La Corte, de antaño, ha explicado que «de conformidad con la jurisprudencia de la Corte […] los efectos de cosa juzgada de la conciliación solamente se producen cuando el acuerdo de voluntades no está afectado por un vicio del consentimiento que lo invalide. Por esta razón la jurisprudencia ha aceptado la posibilidad excepcional de revisar en juicio las conciliaciones laborales, mientras que la ley no permite la revisión de los fallos judiciales en proceso diferente a aquél en que se produce la sentencia». (CSJ SL, del 8 de nov. 1995, rad.7793).
Desde entonces, fue usual que el efecto de cosa juzgada de una conciliación, fuera demandado en proceso ordinario posterior en procura de su nulidad, lo que significó que ese efecto fuera relativo, en tanto no adquirían la inmutabilidad propia de las decisiones judiciales que estaban debidamente ejecutoriadas, precisamente por estar afectadas por algún vicio en el consentimiento, causa u objeto ilícitos o una violación de derechos ciertos e indiscutibles, pues recuérdese que la conciliación es principalmente un acuerdo de voluntades que aprueba el conciliador, quien no necesariamente es un funcionario judicial.
Ahora bien, en sede de instancia, cabe recordar que la sentencia de primer grado decidió: i) declarar la nulidad absoluta de la conciliación calendada el 12 de abril de 2007; ii) declarar que entre las partes existió un verdadero contrato de trabajo realidad por el periodo comprendido entre el 1º de febrero de 2000 y el 12 de abril de 2007, y iii) imponer a la demandada el pago de los salarios, prestaciones sociales, sanciones e indemnizaciones que consideró procedentes, así como el pago de aportes a seguridad social en pensiones.
Para adoptar las anteriores determinaciones, como se dejó sentado al historiar el proceso, el a quo, frente a la nulidad de la conciliación, se fundamentó en los siguientes soportes: i) que el Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá carecía de competencia, pues la conciliación la celebró sin que previamente se hubiera sometido a reparto judicial, contrariando la prohibición establecida en el numeral 29 del artículo 25 del Código Único Disciplinario; ii) que los móviles que llevaron al actor a signar tal acuerdo fueron totalmente ajenos a su voluntad, pues la demandada le prometió que sería contratado directamente, y iii) que se desconocieron derechos ciertos e indiscutibles al haberse soslayado la naturaleza laboral del vínculo contractual que existió entre las partes.
Esclarecido lo anterior, cumple decir ahora que, en virtud del principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, la Sala examinará los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado por la parte demandada, relativos a la validez del acta de conciliación, pues, en el evento de prosperar este cuestionamiento, resultaría inane estudiar los aspectos relacionados con la existencia o no de un contrato de trabajo realidad, en razón al alcance de cosa juzgada que se le imprimiría a tal acuerdo de voluntades.
Sobre esa precisa temática, las materias de inconformidad de la apelante demandada fueron: i) que el Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá sí contaba con facultades y competencia para celebrar la conciliación, la cual no se pierde por la supuesta inobservancia de unas reglas de reparto, las que rigen para procesos laborales y no diligencias de conciliación; ii) que al promotor del proceso no se le ofreció una vinculación laboral con la accionada, pues el móvil que llevó a la celebración de la conciliación está claramente definido en ese acto suscrito de mutuo acuerdo, en el cual no aparece obligación alguna diferente al pago de una suma conciliatoria para precaver un eventual futuro conflicto, y iii) que no se desconocieron derechos ciertos e indiscutibles del demandante, pues estaba en controversia la naturaleza del contrato o vínculo que existió entre las partes.
Al punto, aflora:
Competencia del juez del trabajo frente a la conciliación extrajudicial
En lo que respecta al primer aspecto objeto de controversia, esto es, la competencia del Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá para celebrar la conciliación extrajudicial, no debe perderse de vista las consideraciones efectuadas en sede de casación para dar por establecido que dicho funcionario judicial efectivamente sí tenía la facultad de actuar como conciliador y podía, por tanto, presidir ese acuerdo de voluntades en materia laboral y de la seguridad social.
Aunado a lo anterior, en lo que tiene que ver con el supuesto incumplimiento de una formalidad para la celebración de la referida diligencia de conciliación, como lo es la relativa a que el trámite de la «audiencia de conciliación extrajudicial» debía someterse a reparto por parte de la oficina judicial; aspecto este que, según el a quo, al no cumplirse genera la nulidad del convenio, encuentra la Corte, actuando como Tribunal de instancia, lo siguiente:
Por regla general, en las ciudades en las que existan varios despachos judiciales, los procesos se deben someter a reparto a fin de que la distribución del trabajo se haga de forma equitativa y exista total transparencia, por tal razón en el numeral 29 del artículo 35 del Código Único Disciplinario, se establece la prohibición de prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo. Es por esa razón que los funcionarios judiciales deben someterse a tales reglas en el conocimiento de los asuntos a su cargo, entre estos, las conciliaciones extrajudiciales que sean solicitadas por las partes.
No obstante lo anterior, la inobservancia de las reglas de reparto, no genera per se que el funcionario judicial carezca de competencia y, por ende, la nulidad del acto jurídico. En efecto, el reparto de procesos o trámites es un mecanismo administrativo interno establecido para distribuir las cargas en forma equitativa entre los funcionarios de una misma categoría, llamados a conocer del caso, mas no constituye un factor determinante de competencia y, por consiguiente, no es causal de nulidad pero, se insiste, su desconocimiento puede ser objeto de otras medidas que no es del caso mencionar en esta instancia.
Las precedentes consideraciones se exhiben suficientes para desestimar los argumentos esgrimidos por el a quo, pues la competencia, como se asentó, no se adquiere por el acto del reparto, sino por mandato legal y, en el presente asunto, el Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá estaba autorizado válidamente para conocer de la diligencia de conciliación.
Empero, la Sala considera necesario reiterar que aun cuando se hubiera acreditado la falta de competencia del juez de trabajo, de todas maneras, el acuerdo de voluntades no quedaría afectado y, como consecuencia, adquiriría la connotación de una transacción, tal como lo enseñó en la sentencia CSJ SL, 16 oct. 2012, CSJ SL, 4 jun. 2008, rad. 33086, reiterada en la SL6436-2015, así:
En otro orden de consideraciones, también tiene asentado la Corte Suprema de Justicia que la consecuencia de que una “conciliación laboral” no esté suscrita o aprobada por el respectivo funcionario competente, que la autorice como garantía de protección de los derechos ciertos e indiscutibles, consiste en que dicho acuerdo adquiere la connotación de una “transacción” que no requiere para su validez como lo pretenden hacer ver los recurrentes, del aval de la autoridad competente, dado que basta que esa manifestación de voluntad de las partes se haga en forma consiente y libre de apremio, y no vulnere derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, para que aquella surta sus plenos efectos legales.
Móviles para celebrar la conciliación y vicios del consentimiento
Concluyó el juez de primera instancia que el motivo por el cual el actor suscribió el acta de conciliación obedeció al ofrecimiento que le hizo la demandada de una posterior vinculación directa, para lo cual se valió de la declaración rendida por el señor Luis Felipe Peñuela Arias, a la práctica del examen médico de ingreso para Caracol S.A. practicado por Colsubsidio el 12 de abril de 2007 (mismo día de la celebración de la conciliación) que obra a folios 786 a 787, al hecho de que otras personas que suscribieron acta de conciliación con la empresa fueron efectivamente vinculados.
Sobre el particular, cabe precisar que el consentimiento que se exige en materia laboral para la validez de la conciliación debe ser libre y voluntario, despojado de error, fuerza o dolo. Según se desprende de los hechos de la demanda, son estos los vicios que discute la parte actora para pretender invalidar el acuerdo, específicamente en lo que tiene que ver con la necesidad de estar desprovisto de error y de dolo.
El error consiste, básicamente, en una idea inexacta que se forma un contratante sobre uno de los elementos del contrato, como sería respecto de la naturaleza del acto, frente a la identidad del objeto, sobre su calidad o en la persona con la que se contrata, tal como lo prevén los artículos 1510 a 1512 del CC; y, en relación al dolo, según se desprende del artículo 1515 ibidem, radica en el engaño que una de las partes genera al otro para inducirlo a la celebración del contrato o del acto, por lo que para su existencia se requiere de una conducta que intencionalmente provoca una idea errónea o equivocada, la cual resulta determinante en la emisión de su declaración de voluntad.
Se recuerda también que los elementos mencionados de afectación de la libre voluntad no se presumen, sino que deben demostrarse plenamente por la parte que aduce los padeció y, una vez acreditados, se declarará la nulidad en la sentencia con los efectos previstos en el artículo 1746 del CC.
En ese orden, debe en primer lugar la Sala determinar si se demostró en el juicio un móvil fútil o engaño al demandante para suscribir el acta de conciliación, ello a partir del ofrecimiento de una vinculación directa una vez se suscribiera dicho documento.
Como se dijo, la demandada sustentó su apelación, entre otras razones, en que no le ofreció al actor una vinculación con la accionada y que la conciliación obedeció al mutuo acuerdo libre de cualquier vicio de consentimiento.
Corresponde a la Sala realizar el análisis del material probatorio incorporado a fin de establecer el supuesto móvil protervo que condujo al demandante a suscribir el acuerdo conciliatorio antes referido.
En la diligencia de interrogatorio de parte el demandante afirmó que el pago de los salarios de las personas vinculadas con la empresa unipersonal que constituyó para suscribir contratos de prestación de servicios con Caracol S.A., se hacía con dineros provenientes de esta última, por lo que era un simple intermediario; que esta última también pagaba el valor de los tres vehículos que utilizaban para transportarse; que cobraba $1.000.000 por sus servicios, pasaba facturas mensualmente; que Caracol fijaba el valor a pagar por los servicios; que del valor cancelado por la demandada pagaba el arriendo del local en donde funcionaba la empresa representada por él, que efectivamente suscribió las actas de conciliación con quienes fueron empleados pero que no entendió lo suficiente, ya que solamente tiene grado de bachiller.
Oscar Humberto Montoya Tobón, atestiguó que trabajó con el demandante para Caracol S.A. en la producción de noticias en Medellín desde el año 2000, que el actor era el productor se encargaba de la logística, adjudicar cámaras, organizar remotos, transmisiones que se prestaba el servicio con equipos suministrados por dicha empresa, que no sabía que Juan José Cadavid tenía una empresa, todo se manejaba desde Bogotá pues no contaban con autonomía, utilizaban prendas entregadas por Caracol, la sede en la que estaban ubicados es la misma que actualmente ocupa Caracol en Medellín; que no tenía acceso a los términos del contrato suscrito por el actor con la empresa.
Gustavo Adolfo González Gaviria, dijo conocer el actor desde hace diez o doce años, como compañero al servicio de cadenas de comunicación colegas, y se encontraban periódicamente en los diferentes lugares en los que se generaran hechos noticiosos; que siempre lo vio con chaleco y escarapela de Caracol, junto con varios compañeros periodistas que se encargaban de la producción de noticias desde Medellín; desconoció que el demandante tuviera una empresa; que no observó un contrato pero sabía que todo era pagado desde Caracol en Bogotá; que supo de algunas ocasiones en los que los trabajadores se quejaban de que Caracol no les había pagado; que acudió en innumerables ocasiones a la sede de Caracol que quedaba en el centro comercial El Obelisco pero no sabe si era en arriendo.
Claudia Regina Garo Cossio, también afirmó que conoció al accionante cuando comenzó a trabajar para Caracol como corresponsal hace diez años y aquél era el encargado de la oficina y producción de noticias en Medellín; que las labores que realizaba eran las de manejo de microondas, coordinar los equipos de camarógrafos y periodistas desde que inició el canal privado en el año 1998; señaló que la oficina quedaba en el centro comercial el Obelisco; aseveró que Sandra Cardona era la jefe de corresponsales en Medellín y era quien daba las instrucciones a Juan José sobre las actividades a realizar; también señaló a Liceth Arango y Rober Ramírez como jefes del demandante; que los equipos que utilizaban eran de propiedad de Caracol; que el promotor tenía su chaleco distintivo con el logo de esa empresa, así como el carné correspondiente; que durante su vinculación existían dos turnos de trabajo de 6 a.m. a 6 p.m. y otro de 9 a.m. a 9 p.m., el demandante siempre estaba desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, pero cuando había alguna eventualidad no había horario.
Julián Andrés Roldán Atehortúa, quien dijo tener una demanda en contra de Caracol Televisión S.A., afirmó que fue compañero de trabajo del demandante quien se desempeñaba como operador de microondas con el que trabajó por espacio de seis años; contó que el 11 de abril de 2007 viajó, junto con varios compañeros a la ciudad de Bogotá por orden de Caracol ya que si querían seguir trabajando debían firmar un acta de conciliación, lo cual realmente ocurrió después de un mes, pero allí se enteró que el demandante había sido despedido; que una vez en Bogotá fueron informados por el señor Luis Ángel Peñuela y otro de apellido Ramírez, que iban a tener un cambio de contrato, luego pasaron uno por uno a hablar con el señor Peñuela quien les ofreció un contrato laboral a cambio de suscribir un acta de conciliación para exonerar de toda responsabilidad por concepto de prestaciones sociales a Caracol; después de esa reunión, quienes aceptaron fueron enviados a practicarse exámenes médicos, luego fueron al juzgado en donde tuvieron que esperar cerca de dos horas a la apoderada, cuando llegó se les dijo que firmaran el documento si «queríamos» seguir trabajando para la empresa; recordó que estuvo junto al demandante cuando se realizaron el examen de ingreso a Caracol. Sostuvo que al firmar la conciliación se les entregó un cheque que, según le dijeron, era para los gastos personales de un mes mientras se firmaba el contrato con la empresa, como en efecto aconteció, excepto con el actor, quien no regresó a trabajar. Adujo tener conocimiento que los pagos se hacían mediante transferencia de la cuenta de Juan José Cadavid o de la empresa de éste, pero que los dineros provenían directamente de Caracol.
Luis Ángel Peñuela Arias, acotó desempeñarse como gerente de centro de noticias desde hace tres años en la empresa demandada, afirmó que el demandante prestó sus servicios a la empresa Prego Televisión y, posteriormente, a Caracol Televisión mediante un contrato de prestación de servicios con la empresa Juan José Cadavid E.U.; que el mencionado no tenía un horario, no recibía órdenes y no desempeñaba un cargo, su labor consistía en la coordinación logística para la producción de notas, para lo cual debía contratar al personal que considerara necesario y las actividades indispensables para elaborar notas, como aportar oficinas, transporte, comunicaciones, etc. Señaló que los equipos de producción de video y sus accesorios eran de Caracol; que entre febrero y abril de 2007 sostuvo una reunión con el demandante en el que se le planteó la decisión de cambiar la modalidad del contrato para asumir directamente la prestación del servicio que tenía contratado con él; que ofreció a otras personas una vinculación laboral directa con la empresa, pero que al promotor del juicio no le hizo tal propuesta porque no estaban interesados en sus servicios; que Caracol firmó una conciliación con Juan José Cadavid y se le entregó una bonificación que fijó la empresa; añadió que la sociedad no tenía injerencia en la selección de personal por parte del actor.
Robert Richard Ramírez Pardo, aseveró que trabaja para Caracol desde el año 1998, conoció al demandante diez años atrás como prestador de servicios a la empresa en virtud del cual debía poner a disposición camarógrafos, operadores de microondas, transporte, etc; que en desarrollo del contrato se impartían ciertas directrices según política de la compañía; dijo que advirtió inconvenientes que se venían presentando en el manejo de microondas en Medellín porque venía siendo operada por personal que no consideraba idóneo para la labor; que el actor tenía trabajando en esa labor a estudiantes practicantes, por lo que se presentaban daños frecuentes en los equipos; afirmó que la empresa no tenía ningún tipo de injerencia en la selección del personal por parte de Cadavid; explicó que es necesario que los operadores utilicen los distintivos para facilitar el ingreso y seguridad a las zonas de difícil acceso; dijo desconocer las razones por las que se terminó el contrato entre las partes; indicó que los gastos de transporte cuando no eran suministrados por un organismo público eran asumidos por Caracol Televisión S.A.
Gonzalo Alberto Guerra Zea, declaró que fue director de operaciones de Caracol, y le consta que el actor era contratista a través de su empresa unipersonal, esto es, era un proveedor de servicios de microondas en Medellín para la realización del noticiero y, por ende, era el encargado de la coordinación de los servicios de producción en esa ciudad, debiendo proveer los camarógrafos, asistentes, conductores, operadores «y ponerlos al servicio del noticiero». Añadió que participó en la selección del actor para la labor mencionada y expresó que «se le explicó cuáles eran las necesidades del noticiero en la ciudad de Medellín y si le interesaría por un intermedio de una empresa unipersonal prestarle los servicios a CARACOL TELEVISIÓN y ante su disposición se llegó feliz término la contratación de prestación de servicios». Agregó que la capacidad técnica de la empresa representada por el demandante se la entregó Caracol, es decir, los equipos técnicos, pero la capacidad administrativa y financiera no se evaluó, pues simplemente se acordó la prestación de los servicios de producción en Medellín; advirtió que el actor fue contratado como cabeza del grupo de producción y contaba con plena autonomía para la distribución de funciones entre las personas a su cargo; aclaró que la empresa no tenía intromisión en la selección de este personal, además, negó que se diera órdenes directas a éstos por parte de la demandada.
Sandra Cardona Lenis, expuso tener conocimiento que el actor se encargaba de proveer el equipo técnico y humano para producir noticias en Antioquia, como camarógrafos, vehículos, «y demás cosas por el estilo que se necesitara». Indicó que en ocasiones el demandante le pedía que mandara directrices por escrito sobre la manera de hacer los informes para ponerlos en una cartelera, pero aclaró que nunca revisó los contratos que éste firmó con la empresa.
María Lisethe Arango Nieto, afirmó que ha desempeñado varios cargos en la empresa demandada, conoció al actor aproximadamente desde el año 2003, lo señaló como asistente de cámara y después como operador de microondas; afirmó que el citado fue vinculado a través de una empresa unipersonal y prestaba sus servicios de producción en Medellín y Antioquia.
Dubian Alonso Zuluaga Álvarez, explicó que Caracol citó a los trabajadores de Medellín a Bogotá para conciliar su situación laboral. Explicó que los días 11 y 12 de abril de 2007, junto con otras 10 personas se reunieron con varios ejecutivos de la empresa en Bogotá, posteriormente se hicieron reuniones individuales con el jefe de personal quien les hizo un ofrecimiento de un salario para continuar desempeñando sus labores; que el demandante era compañero de trabajo, la empresa les pagó los tiquetes aéreos y la estadía en Bogotá para hacerles un ofrecimiento; que quienes aceptaban la propuesta firmaban una conciliación en un juzgado en Bogotá en el que se renunciaba a cualquier vínculo anterior con Caracol; que él no aceptó dicha oferta pero el demandante si lo hizo. Afirmó que tuvo conocimiento que el actor tenía que firmar rápidamente la conciliación y hacerse los exámenes médicos correspondientes para regresar ese mismo día a Medellín, pero aclaró que no estuvo presente en el juzgado ni al momento de la firma de la conciliación ni en la reunión individual con el señor Cadavid.
Del contenido del acuerdo conciliatorio, no se advierte obligación distinta para la demandada de reconocerle y cancelarle al actor una suma conciliatoria a la firma del acuerdo a que se llegó, por razón de estar en debate o controvertirse la naturaleza de la relación que los ató, y así evitar una futura contienda, sin que en los móviles o consideraciones esenciales de ese arreglo amigable se hubiera dejado plasmada la promesa de que el actor sería vinculado laboralmente a la demandada, en tanto, se insiste, la accionada sólo se obligó de manera clara, expresa y unívoca a cancelar una bonificación, la cual, según los términos de dicho convenio, constituía uno de los móviles determinantes para su suscripción y, por este camino, para la celebración de la conciliación que zanjaba cualquier diferencia sobre la naturaleza del vínculo contractual.
En lo que tiene que ver con los testimonios a los que se ha hecho referencia, si bien algunos de ellos, como Julián Andrés Roldán Atehortúa, aluden a las reuniones y conversaciones que tuvo el accionante y unos compañeros de este con la demandada, aseverando que la firma de la conciliación era una condición para continuar laborando con Caracol Televisión, lo cierto es que en su declaración deja constancia de que «pasábamos uno por uno y personalmente a una reunión con el señor Luis Ángel Peñuela, dónde nos ofrecía un contrato laboral con todas las prestaciones de ley más bonificaciones», como también que vio cómo entró el aquí demandante a «firmar la conciliación» (f.o 857 a 860 cuaderno 2), lo cierto es que dicho deponente no estuvo presente en la reunión que el señor Cadavid Aguirre tuvo con el ejecutivo de la empresa Luis Ángel Peñuela, ni en el preciso momento de la diligencia de conciliación que se celebró con el actor en el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, por tanto, no hay evidencia de la supuesta promesa que, según la parte actora, al firmar le hizo la sociedad demandada (f.o 883 cuaderno 2).
Incluso, el mismo testigo Luis Ángel Peñuela (f.o 312 a 330 cuaderno 3), dejó sentado al rendir su declaración que no le propuso una vinculación al accionante mediante un contrato de trabajo, en razón a que esa sociedad no estaba interesada en contar con sus servicios; y también hizo claridad que las ofertas de trabajo que realizó la empresa, se hicieron de forma posterior a la celebración de las conciliaciones. Lo anterior refuerza lo expuesto por la demandada en torno a que sólo se obligó a cancelar una bonificación o suma conciliatoria, lo cual efectivamente hizo.
A folios 692 a 693, se aportó documento denominado historia clínica ocupacional, de fecha 12 de abril de 2007, mediante el cual la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, practicó examen de «ingreso» a Juan José Cadavid Aguirre, según allí se consigna se hizo para la empresa Caracol Televisión S.A. Valga anotar que la apoderada de la parte demandada desconoció dicho documento por provenir de un tercero y que no cuentan con copia del mismo en la empresa. Al requerir a la caja de compensación se informó que el original de la historia ocupacional del actor reposa en los archivos de Caracol ya que «le fue entregada directamente al trabajador en el momento de la cita médica».
Del análisis crítico de los citados medios de prueba no es posible establecer, como lo hizo la juez de primer grado, la oferta recibida por el actor para suscribir el acuerdo conciliatorio, pues en el documento mencionado si bien da cuenta de la realización de un examen de ingreso en el que se señala la empresa Caracol Televisión S.A., no se deriva que ello obedeció a una orden emitida por esta. Tampoco se puede establecer ese hecho de la afirmación del testigo Peñuela Arias, pues expresamente indicó que al demandante no se le hizo oferta de vinculación laboral posterior, como si aconteció con otros trabajadores, y aunque ciertamente las reglas de la experiencia indican que nadie se realiza un examen médico de ingreso ni la entidad encargada de hacerlo tampoco procede motu propio, lo cierto es que no existe suficiente sustento probatorio para dar por establecido el engaño que alega el accionante.
De este modo, no es posible colegir que el actor tuviera la convicción, al momento de firmar ese acuerdo, que sería luego vinculado laboralmente a Caracol Televisión S.A. Dicho en otras palabras, pero manteniendo la misma idea, no aparece que la causa determinante que afirma el demandante lo indujo a suscribir la conciliación fuera precisamente esa situación, además que tampoco aparece acreditado que ello fuera la base de la negociación.
Por otra parte, respecto a la forma como se llevó a cabo la conciliación, esto es, que fue la accionada la que citó al actor a la ciudad de Bogotá, que asumió los gastos de traslado y alimentación, que le otorgó poco tiempo para decidir y que no pudo discutir las condiciones de la conciliación, situaciones todas a las que aluden los testigos Julián Andrés Roldán Atehortúa y Dubian Alonso Zuluaga Álvarez, son insuficientes para inferir que el trabajador fue coaccionado por la demandada a conciliar, y menos, que se hubiere afectado el libre albedrío de éste al momento de optar por suscribir ese acuerdo.
En efecto, dichas declaraciones sólo relatan las vivencias de quienes, al igual que al demandante, les hicieron la propuesta de celebrar una conciliación, siendo claros en su decir que no presenciaron la situación particular del actor. Sus dichos, por tanto, no acreditan la existencia de actos de coacción, presión, dolo, error o engaño para aceptar las condiciones de un eventual arreglo conciliatorio, sino un manejo ágil, práctico y útil como política en la negociación desarrollada.
Derechos ciertos e irrenunciables
De cara a lo que es objeto de debate, el artículo 13 del CST establece: «Mínimo de derechos y garantías. Las disposiciones de este Código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo», por su parte el artículo 14 ibidem dispone que «Carácter de orden público. Irrenunciabilidad. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley».
En las referidas disposiciones legales, en armonía con el artículo 53 de la CP, se encuentra el substrato normativo del llamado «orden público laboral», el cual, conforme se estableció en sentencia CSJ SL, 21 de feb. 2012, rad. 39601, se refiere a las normas necesarias para la convivencia y el disfrute efectivo de los derechos dentro del Estado, y está conformado por normas constitucionales y legales imperativas y coercitivas que rigen en el ámbito de las relaciones de trabajo, constituyendo «una limitante al principio de la libertad contractual, pues se configura por preceptos que el Estado ha erigido como guardianes de principios vitales de la sociedad, no renunciables ni susceptibles de ser modificados o derogados por las partes, salvo –como lo afirma la norma últimamente citada- “los casos expresamente exceptuados por la ley”, so pena de ineficacia», de allí que en materia del derecho laboral las normas de orden público establecen aquellos derechos mínimos que limitan la autonomía de la voluntad, irradiando así el espíritu eminentemente tuitivo del derecho laboral, de proteger prevalentemente a los trabajadores.
Bajo el anterior escenario, la Corte ha determinado que, tratándose de derechos laborales o de la seguridad social, la regla general es la irrenunciabilidad, de modo tal que la conciliación o su transacción sólo resulta admisibles respecto de derechos inciertos y discutibles, tal como lo prevé el artículo 15 del CST.
En el sub lite, la Corte encuentra que en la documental de folios 404 a 407 del cuaderno 1, consta que las partes enfrentadas suscribieron el día 12 de abril de 2007 un acuerdo conciliatorio, en el cual, después de hacer alusión a la naturaleza civil o comercial del vínculo contractual que los unió, se indicó lo siguiente:
[…] seguidamente los comparecientes de común acuerdo manifestaron:
1. El señor JUAN JOSE CADAVID AGUIRRE, en representación de la empresa unipersonal JUAN JOSE CADAVID TELEVISION E.U., de la cual era representante legal, suscribió un contrato comercial con la entidad compareciente CARACOL TELEVISIÓN S.A., en virtud del cual la empresa unipersonal se obligó con CARACOL TELEVISIÓN S.A. a suministrarle servicios de corresponsalía de noticias en el área de influencia del Departamento de Antioquia y su capital, para lo cual se comprometió a aportar tres (3) camarógrafos, tres (3) vehículos, un (1) coordinador de microondas, un (1) auxiliar de microondas, oficina, comunicación y gastos de viaje.
2. El contrato comercial enunciado en el numeral 1º, suscrito entre CARACOL TELEVISIÓN S.A. y JUAN JOSE CADAVID TELEVISION E.U., representada esta última por JUAN JOSE CADAVID AGUIRRE, surtió efectos a partir del día 01 de febrero de 2000, fecha en que se comenzó la ejecución del contrato.
3. El contrato comercial enunciado en el numeral 1º, suscrito entre CARACOL TELEVISIÓN S.A. y JUAN JOSE CADAVID TELEVISION E.U., representada esta última por JUAN JOSE CADAVID AGUIRRE, terminó por mutuo acuerdo de las partes a partir del día 11 de abril de 2007, lo que las partes ratifican como cierto.
4. Que para cumplir el objeto del contrato referido en el numeral 1º o cualquier otro que hubiera existido entre las partes así: Entre JUAN JOSE CADAVID AGUIRRE, COMO PERSONA NATURAL, JUAN JOSE CADAVID TELEVISION E.U. y CARACOL TELEVISIÓN S.A., el Señor JUAN[N] JOSE CADAVID AGUIRRE prestó sus servicios personales, no subordinados en forma jurídica.
5. Que en razón a que el Señor JUAN JOSE CADAVID AGUIRRE era el representante legal de la empresa constituida por el mismo, mediante la cual prestó servicios a CARACOL TELEVISION S.A. declara bajo la gravedad de juramento que los servicios prestados por él y/o por intermedio de la persona jurídica que constituyó y con la que CARACOL TELEVISION S.A. suscribió contrato comercial, no constituyeron un contrato laboral, por cuanto él en su calidad de representante legal de la empresa compareciente JUAN JOSE CADAVID TELEVISION E.U., o bien a título personal, en el evento que esto se discuta, tuvo total autonomía, técnica, directiva, administrativa y financiera, lo cual unido a que nunca hubo subordinación continuada de orden jurídico, hace que sea imposible la existencia de un contrato de trabajo y en efecto así se reconoce por el compareciente.
6. Se aclara y deja definido mediante esta conciliación que CARACOL TELEVISIÓN S.A. no le debe suma alguna derivada del vínculo comercial o civil que el mismo tuvo, pues los servicios contratados mediante los contratos que se han citado, le fueron remunerados en la forma como las partes lo convinieron.
7. Se aclara y deja definido mediante la presente conciliación que si bien el Señor JUAN JOSE CADAVID AGUIRRE, directamente o por intermedio de la persona jurídica, prestó servicios de corresponsalía y todos aquellos objeto del contrato que se cita en esta diligencia, tales servicios no se entienden prestados mediante contrato de trabajo como quedó antes dicho y por tanto no se genera derecho alguno para reclamar a CARACOL TELEVISION S.A., cualquiera de las prerrogativas propias de un vínculo laboral, pues nunca existió entre las partes de este acuerdo conciliatorio relación laboral alguna.
8. A pesar de la claridad sobre la naturaleza del vínculo que existió entre las partes, y que antes se señaló, es punto central de esta conciliación y así se discute entre las mismas, si los servicios prestados lo fueron bajo un contrato civil, comercial, laboral o de cualquiera otro de los que establece nuestra legislación y en especial se debate si por la forma de ejecución del contrato que vinculó a las partes, pudo o no configurarse una relación laboral […] se debate así mismo si los servicios contratados con la persona jurídica JUAN JOSE CADAVID TELEVISION E.U., pueden o no degenerar en un contrato de trabajo, por ser él representante legal una de las persona que participó en el cumplimiento del objeto del contrato, con lo que de discute la causación de salarios, prestaciones sociales legales o extralegales incluida cualquier clase de pensión, vacaciones indemnizaciones, sanciones de cualquier naturaleza, así como aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, salud y riesgos profesionales, entre otras prerrogativas que con el carácter de inciertas y discutibles se pudieran derivar, de considerase la relación entre las partes de naturaleza laboral, que no lo fue.
9. Con el objeto de conciliar los aspectos antes anotados y cualquier otro que con el carácter de incierto y discutible se pueda derivar de las vinculaciones que existieron entre las partes, bien directamente o por derivación de la que existió entre las personas jurídicas que se han citado, CARACOL TELEVISION S.A., reconoce una bonificación única en cuantía de $8.900.000.oo pesos, que luego de los descuentos legales de $534.000.oo arroja un total a pagar de $8.366.000.oo, que son cancelados en cheque girado al Señor JUAN JOSÉ CADAVID AGUIRRE.
10. Con el pago de la suma antes citada, el Señor JUAN JOSE CADAVID AGUIRRE a título personal y en su calidad de representante legal de la empresa JUAN JOSÉ CADAVID TELEVISION E.U., declara a CARACOL TELEVISIÓN S.A. a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado del (sic) vinculación que existió entre las partes, antes citada, entre el 01 de febrero de 2000 al 11 de abril de 2007, o cualquiera otro que se haya presentado, sin que quede nada por reclamar en el futuro derivado de la citada vinculación, en virtud de la cual y en su calidad de representante legal de la empresa JUAN JOSÉ CADAVID TELEVISIÓN E.U., prestó servicios a CARACOL TELEVISIÓN S.A., los cuales por motivo de esta conciliación no podrán tenerse como de naturaleza laboral entre el señor JUAN JOSÉ CADAVID AGUIRRE Y CARACOL TELEVISIÓN S.A., pues como se citó no existió continuada subordinación de orden jurídico (Subraya la Sala).
No obstante, lo pactado, en el proceso se demostró y no se desvirtuó por la demandada en sede de casación como lo pretendió, que la prestación personal de servicios por parte del actor estuvo regida por un contrato de trabajo, en el entendido de que, en aplicación al principio de prelación de la realidad sobre las formas, el sentenciador derivó que los hechos dan cuenta de los elementos que lo configuran pese a lo pactado por las partes.
Entonces, debe la Sala determinar si en el presente caso se pueden derivar los efectos de cosa juzgada del acta de conciliación suscrita por las partes, pues téngase en cuenta que una vez demostrada la existencia del contrato de trabajo, se generan a favor del trabajador todos los derechos mínimos establecidos en la ley, los cuales adquieren la naturaleza de irrenunciables.
Como ya se ha dicho, la conciliación es válida en el derecho del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles. De esa definición es posible derivar que lo que es objeto de conciliación son los derechos y no los hechos. Lo anterior significa que las partes no pueden acordar despojar de efectos jurídicos unos hechos acaecidos en la realidad, como acontece con aquellos que configuran una relación laboral que da lugar a la existencia de un contrato de trabajo.
Es decir, las partes no pueden acordar que, pese a que existió prestación personal del servicio, una remuneración y subordinación jurídica, elementos de la relación laboral establecidos en el artículo 23 del CST, en realidad no se configuró un contrato de trabajo, pues ello constituye ni más ni menos, que la renuncia a los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles derivados de la calidad jurídica de trabajador. Lo anterior no lo desvirtúa la circunstancia de que entre las partes se hayan suscrito contratos civiles o comerciales, pues es claro que la primacía de la realidad encuentra venero en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, y no pueden las partes desconocer ese derecho de rango superior.
De entrada se hace notar que los jueces no pueden resultar convidados de piedra a la hora de aprobar acuerdos conciliatorios, pues nótese que estos pueden tener como móvil ocultar la existencia de verdaderos contratos de trabajo, aspecto que no se compadece con el papel de garante de los derechos de los trabajadores que le corresponde a los jueces de esta rama del derecho social, y ciertamente, resulta llamativo que un juez de trabajo conozca una conciliación sobre un contrato civil o comercial con el único fin de desconocer la existencia de un contrato de trabajo.
Vale la pena reiterar que los hechos no son susceptibles de conciliación, esto es, las partes no pueden acordar en contra de lo que aconteció en la realidad y se exponen a que, pese a que así se estipule formalmente, mediante un proceso posterior se desvirtúe lo pactado con las obvias consecuencias de ese actuar desprovisto de transparencia. En el caso concreto, tal como se encontró acreditado por el juez, se demostró la existencia de un verdadero contrato de trabajo, lo que deja sin sustento lo convenido por contravenir los derechos mínimos e indiscutibles del trabajador, entendidos como esas garantías mínimas que establece la ley por debajo de las cuales es ineficaz acuerdo o pacto alguno.
En ese orden, en el caso concreto le asistió razón al juez por lo que en ese sentido se impone confirmar la decisión de primera instancia, pero por las razones expuestas en esta providencia.
Las costas de las instancias serán a cargo de la parte demandada.
XIII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 12 de octubre de 2012, en el proceso ordinario laboral promovido por JUAN JOSÉ CADAVID AGUIRRE contra CARACOL TELEVISIÓN S.A., que confirmó el fallo condenatorio de primera instancia, únicamente por lo expuesto al resolver el primer cargo.
En sede de instancia, se CONFIRMA la sentencia de primer grado dictada por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el 10 de noviembre de 2011, pero por las razones expuestas en esta providencia.
Costas como se dijo en la parte considerativa.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
(Salva Voto)
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
(Salva Voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
SALVAMENTO DE VOTO
Demandante: Juan José Cadavid Aguirre
Demandado: Caracol Televisión S.A.
Radicación: 60186
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto a mis compañeros, disiento de la decisión adoptada por la mayoría, pues considero que no debió casarse el fallo impugnado.
Para sustentar su decisión, la Sala esgrime tres argumentos principales: en casación, sostiene que 1) los jueces del trabajo tienen competencia para celebrar conciliaciones extrajudiciales; en instancia, afirma que 2) si bien la solicitud de conciliación extrajudicial debe surtir el trámite de reparto, su omisión no es causal de nulidad, y 3) no es posible transar derechos sobre un contrato civil o comercial cuando los servicios se prestaron de manera subordinada. En el mismo orden expresaré las razones de mi discrepancia:
¿Tienen competencia los jueces laborales para celebrar conciliaciones extrajudiciales?
A diferencia de lo que asevera la mayoría, considero que el Tribunal no se equivocó al sostener la tesis de que los jueces del trabajo carecen de competencia para celebrar conciliaciones extrajudiciales.
Conviene recordar que antes de la década del 2000 los jueces del trabajo podían adelantar tales diligencias, según lo autorizaba el artículo 20 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en armonía con el artículo 17 del Decreto 2511 de 1998. No obstante, en el marco de las políticas de descongestión de los despachos judiciales y de fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), el legislador optó por retirarles dicha competencia.
En primer lugar, y de manera consistente con dicha política, el artículo 53 de la Ley 712 de 2001 derogó expresamente el artículo 20 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, cuyo artículo trataba sobre la «conciliación antes del proceso». Al la par, la Ley 640 de 2001 «Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones», no incluyó dentro de las autoridades habilitadas para celebrar conciliaciones extra proceso a los jueces laborales. En efecto, el artículo 28 de la citada ley contiene una relación taxativa o exhaustiva de las autoridades públicas autorizadas para adelantar estas conciliaciones y dentro de ese listado no se incluyó a los jueces del trabajo:
ARTICULO 28. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN MATERIA LABORAL. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> La conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral podrá ser adelantada ante conciliadores de los centros de conciliación, ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales.
La intención del legislador de quitarle la competencia a los jueces del trabajo para celebrar conciliaciones se refuerza con otro elemento contextual: la Ley 640 de 2001 hizo lo mismo con los jueces de otras especialidades, como es el caso de los jueces civiles y de familia. Lo cual es coherente con el objetivo de descongestionar la justicia y fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Ahora bien, el fallo sostiene que a pesar de lo anterior, lo cierto es que el artículo 17 del Decreto 2511 de 1998 aún sigue vigente. Sin embargo, conforme a lo expuesto, considero que el citado precepto se encuentra derogado tácitamente por el artículo 28 de la Ley 640 de 2001, texto que no incluyó a los jueces del trabajo dentro de los funcionarios habilitados para celebrar conciliaciones extra proceso. En la medida que dicha relación es taxativa, debe entenderse que su no inclusión equivale a exclusión. Adicionalmente, repárese en que la Ley 640 de 2001 posee una mayor jerarquía normativa que el Decreto 2511 de 1998 y es posterior a este, razones más que suficientes para entender, conforme al principio jerárquico -norma superior invalida la inferior- y cronológico -norma posterior deroga la anterior-, que aquella derogó tácitamente este.
Para persistir en la defensa de su tesis la Sala esgrime otro argumento: el artículo 2.º, numeral 1.º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social inviste de manera general a la justicia ordinaria en su especialidad laboral para conocer de todos «los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo». Por tanto, como en la conciliación se pretende solucionar un conflicto jurídico, los jueces gozan de competencia general para conocer de él.
Este argumento en mi concepto es equivocado. Bajo este razonamiento cualquiera podría afirmar que como los jueces civiles y de familia tienen competencia para dirimir los conflictos en estos ámbitos, entonces tienen competencia para celebrar conciliaciones extrajudiciales; con este planteo genérico podría burlarse la intención legislativa de sustraer a estos funcionarios la competencia para celebrar estas diligencias.
Más aún, este argumento es desacertado si se tiene en cuenta que la conciliación extrajudicial busca que las partes gestionen por sí mismas sus diferencias con la ayuda de un tercero, lo que en últimas pretende precaver o evitar una controversia judicial o un litigio; en cambio, la competencia consignada en el artículo 2.º, numeral 1.º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social presupone que ya las partes no pretenden precaver sus diferencias sino someterlas a la autoridad del Estado para que un juez imponga una solución. Desde este punto de vista, la competencia del estatuto procesal es para dirimir un conflicto jurídico en nombre del poder público y no propiamente para gestionar una solución amigable de las diferencias. Dicho en breve: presupone una gestión heterónoma y no autónoma de los conflictos.
Pretermitir el trámite de reparto tiene consecuencias sobre la validez de la conciliación
Para la Sala si bien es obligatorio someter a reparto las solicitudes de conciliación extrajudicial, la omisión de este trámite no invalida la conciliación, pues «no constituye un factor de competencia».
Debo recordar que la obligación de someter a reparto las solicitudes es un corolario del principio de transparencia e imparcialidad en la función judicial. Esto evita que los litigantes o la parte con mayor poder pueda seleccionar a su gusto el funcionario judicial que debe conocer de determinado asunto o diligencia. La transparencia da confianza al ciudadano y a las partes, sin la cual la credibilidad y legitimidad de la justicia queda entre paréntesis. Por ello, cualquier actuación que se produzca transgrediendo este principio debe tener una repercusión invalidante.
Por otro lado, la omisión arbitraria o injustificada del reparto viola flagrantemente el debido proceso consagrado artículo 29 de la Constitución Política, lo que desde mi punto de vista genera una nulidad absoluta. A diferencia de lo que opina la mayoría de la Sala, considero que el respeto de las reglas de reparto es un componente esencial del debido proceso constitucional, principio que impone el respeto de las reglas procedimentales preestablecidas y el conocimiento del asunto por el juez que sea competente según esas disposiciones. Lo anterior dejando a salvo los matices que la jurisprudencia constitucional ha introducido en torno al reparto de las acciones de tutela, dada la urgencia de este mecanismo.
Por tanto, el desconocimiento de las reglas de reparto no es una simple cuestión superficial o intrascendente como lo sugiere el fallo. Su estricta observancia materializa importantes principios de la función judicial, como el de transparencia, debido proceso e imparcialidad; su acatamiento es cardinal para la credibilidad y confianza de la ciudadanía en el trabajo de los jueces, razón por la cual debió reputarse nula la conciliación.
¿Es posible transar diferencias relacionadas con la existencia o no de un contrato de trabajo?
Es inédito que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostenga que no pueden celebrarse conciliaciones o transacciones cuando se encuentre en discusión entre las partes la existencia de una relación de trabajo dependiente. Al respecto debo destacar varias cosas:
En primer lugar, y salvo alguna situación especial o que la ley establezca que determinada categoría de trabajadores debe necesariamente estar vinculada por contrato de trabajo, las discrepancias relacionadas con el carácter subordinado o autónomo de una relación de trabajo son esencialmente transables, dado que los derechos debatidos son discutibles e inciertos. Esto debido a que es necesario surtir un debate argumentativo y probatorio en el cual se dilucide la verdadera naturaleza de los servicios prestados. Antes de ello no es posible afirmar si una relación de trabajo fue dependiente o independiente.
En segundo lugar, con este criterio la Corte sienta un precedente negativo, porque disuade a las empresas de celebrar conciliaciones extrajudiciales relacionadas con la naturaleza de los servicios prestados; es decir, disuade el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos para solucionar este tipo de discrepancias. Para la Sala «las partes no pueden acordar que, pese a que existió prestación personal del servicio, una remuneración y subordinación jurídica, elementos de la relación laboral establecidos en el artículo 23 del CST, en realidad no se configuró un contrato de trabajo, pues ello constituye ni más ni menos, que la renuncia a los derechos mínimos».
Como lo señalé, las partes al momento de conciliar y salvo casos muy especiales, no están seguras de si la relación jurídica fue subordinada o autónoma. Por este motivo, es que optan por transar sus diferencias para precaver un pleito sobre este aspecto. Sin embargo, este precedente de la Sala abre la puerta -al menos así lo percibo- para que las conciliaciones relativas a lo que se conoce como controversias sobre «contrato realidad» sean impugnadas ante la justicia, lo cual genera una situación de inseguridad e incertidumbre jurídica de las partes que de buena fe transaron sus diferencias.
Dadas estas razones, reitero mi decisión de salvar el voto.
Fecha ut supra.
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada
SALVAMENTO DE VOTO
Demandante: Juan José Cadavid Aguirre
Demandado: Caracol Televisión S.A.
Radicación: 60186
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto a mis colegas, y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, no comparto la decisión adoptada por la mayoría, pues, a mi juicio, no debió casarse el fallo impugnado porque considero que los jueces carecen de competencia para celebrar audiencias de conciliación extrajudicial.
Lo anterior, por cuanto, si bien el artículo 20 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social en armonía con el artículo 17 del Decreto 2511 de 1998 otorgó a los jueces laborales la facultad de celebrar conciliaciones prejudiciales; lo cierto es que la Ley 640 de 2001, «por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones» y se fortalecen los mecanismos alternativos de solución de conflictos -MASC-, optó por no asignar dicha competencia a los citados operadores judiciales, al no incluirlos en el listado taxativo de autoridades que facultó para llevar a cabo tales diligencias -artículo 28 ibidem-, con lo cual derogó tácitamente la segunda de las disposiciones en cita. Posteriormente, el artículo 53 del la Ley 712 de 2001 derogó expresamente el artículo 20 del Estatuto Procesal del Trabajo.
Así, contrario a lo que aduce la mayoría, los preceptos que asignaban tal competencia a los jueces laborales no están vigentes.
Ahora, si bien la Ley 640 de 2001 extendió la competencia a los jueces civiles para celebrar conciliaciones prejudiciales, lo cierto es que ello ocurre de forma residual y en aquellos casos de ausencia de los demás conciliadores habilitados en el respectivo municipio -artículo 19, 27 y 31 ibidem; lo cual pone de relieve la intención del legislador no solo de priorizar los MASC sino también de descongestionar la justicia.
Tampoco puede desconocerse que la conciliación extrajudicial pretende que las partes por sí mismas logren resolver sus diferencias con la ayuda de un tercero, con el fin de precaver o evitar un eventual litigio; de modo que tales objetivos no pueden confundirse, como parece hacerlo la Sala, con la competencia consignada en el artículo 2.º, numeral 1.º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, pues esta última presupone la existencia de un conflicto que se somete a la autoridad del Estado, para que un juez las resuelva en nombre del poder público, mas no la posibilidad que el mismo se materialice.
En consecuencia, considero que el Tribunal no se equivocó al sostener que los jueces del trabajo carecen de competencia para celebrar conciliaciones extrajudiciales.
Al margen de lo anterior, tampoco comparto los argumentos, contenidos en la sentencia de instancia, relativos a que: (i) la omisión de someter tal asunto a reparto no es causal de nulidad y (ii) en el sub lite no era posible aceptar la transacción sobre la prestación de servicios que se materializó en el marco de un contrato de naturaleza civil o comercial; conforme procedo a exponer.
La omisión del reparto como causal de nulidad
A mi juicio, la conciliación prejudicial en el presente proceso debió declararse nula, en tanto, aceptar que dicho trámite no se invalida al omitir el reparto por considerar que «no constituye un factor de competencia», contraría la garantía constitucional al debido proceso y afecta la transparencia e imparcialidad en la función judicial, pues la finalidad de tal mecanismo se dirige a evitar que los litigantes seleccionen a su gusto el funcionario judicial que conocerá de determinado tramite o diligencia.
De ahí que, de aceptarse que los jueces laborales tienen competencia para celebrar conciliaciones extrajudiciales, lo cierto es que la omisión injustificada del reparto trasgrediría el artículo 29 de la Constitución Política y los citados principios que rigen la administración de justicia. Ahora, cualquier actuación que desconozca tales postulados tiene una consecuencia invalidante, que se traduce en nulidad absoluta del acto jurídico, dadas las garantías que se vulneran y en tanto no se aviene al respeto de las normas procedimentales preestablecidas.
Y es que no puede considerarse que las reglas de reparto son un aspecto superficial o intrascendente, como parece aceptarlo la mayoría; nótese que tal procedimiento objetivo no solo legitima la actividad del juez, sino que su cumplimiento materializa importantes principios de la función judicial, como el de transparencia, debido proceso, imparcialidad y, a su vez, genera confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. Lo anterior, sin desconocer, los matices que la jurisprudencia constitucional ha introducido respecto al reparto de las acciones de tutela, dada la urgencia de dicho mecanismo.
2. La posibilidad de transar las pretensiones del presente proceso
Por último, considero que las afirmaciones relativas a que «las partes no pueden acordar que, pese a que existió prestación personal del servicio, una remuneración y subordinación jurídica, elementos de la relación laboral establecidos en el artículo 23 del CST, en realidad no se configuró un contrato de trabajo, pues ello constituye ni más ni menos, que la renuncia a los derechos mínimos» desconoce la jurisprudencia de la Sala en cuanto, reiteradamente ha considerado viable la celebración de conciliaciones o transacciones cuando entre las partes se discute la existencia de una relación de trabajo dependiente; lo anterior, porque, si bien el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo establece una presunción legal en relación con la subordinación, la misma admite prueba en contrario, razón por la cual pueden presentarse situaciones en las cuales el carácter subordinado de la relación de trabajo pueda ser transado, salvo que la ley establezca que determinada categoría de trabajadores debe necesariamente estar vinculada por contrato de trabajo.
Así, dado que los derechos debatidos en este asunto son discutibles e inciertos, al no ser uno de los casos en que la ley regula la ineludible existencia de un vínculo subordinado, los mismos suponían un análisis probatorio con el fin de determinar la naturaleza de los servicios prestados -dependiente o independiente-; sin que exista razón alguna para limitar la posibilidad que las partes acudan a este mecanismo de solución alternativa de conflictos con el fin de dirimir sus controversias y, con ello, precaver un eventual litigio.
Igualmente, con tal restricción se genera inseguridad e incertidumbre jurídica, pues en aquellos casos en los cuales se han transado diferencias respecto a la existencia de un contrato realidad podrían las partes impugnar tales acuerdos ante la jurisdicción, pese a que, previamente y de buena fe, acordaron resolver sus diferencias.
En los anteriores términos dejo expuesto mi salvamento de voto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado