Ficha de la providencia
Sentencia SL4068-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4068-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4068-2022
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
2 de noviembre de 2022
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL4068-2022
Radicación n.° 92054
Acta 37
Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUZ AIDA VELEZ contra la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Buga, el 1° de marzo de 2021, en el proceso que la recurrente instauró en contra del MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE y en el que fuera vinculada la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.
AUTO
Téngase a la sociedad Arellano Jaramillo & Abogados S.A.S. identificada con NIT. 900253759 como apoderada general de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, conforme a la Escritura Pública n.° 3372 del 2 de septiembre de 2019, representada legalmente por Luis Eduardo Arellano Jaramillo identificado con C.C. n.° 167736240, visible en el cuaderno digital de la Corte.
Asimismo, téngase a la doctora Martha Cecilia Rojas Rodríguez, identificada con C.C. n.° 31.169.047 y portadora de la T.P. n.° 16.736.240 del C.S. de la J., como apoderada sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en los términos y para los efectos del memorial visible en el cuaderno digital de la Corte.
I. ANTECEDENTES
Luz Aida Vélez, instauró proceso ordinario con el fin de que se ordenara al municipio demandado al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el deceso de su compañero permanente, Reinaldo Gordillo Posso, desde la data de su fallecimiento, 15 de abril de 2015; así como, las mesadas dejadas de pagar y los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales en su favor.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: convivió con el señor Reinaldo Gordillo Posso por espacio de 12 años hasta su deceso el 15 de abril de 2015, unión en la que procrearon hijos, hoy todos mayores de edad; su compañero se desempeñó como conductor del Municipio de la Unión Valle por 9 años, 5 meses y 21 días equivalentes a 493 semanas de las cuales 442 fueron bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990 y anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales, por cuenta de Agroinversora Grajales y la Alcaldía Municipal de la Unión Valle, pero solo cotizó 98 semanas y existía la posibilidad de pago de bono pensional por parte del ente municipal a favor de Colpensiones y evitar esa carga prestacional.
La entidad territorial, al dar respuesta al escrito generatriz de la contienda, se opuso al éxito de las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó que el causante prestó en su favor servicios del 18 de diciembre de 1978 al 6 de abril de 1987 y del 3 de febrero de 2003 al 30 de enero de 2004, tiempo para el cual estuvo afiliado al I.S.S.
En su defensa formuló las excepciones de falta de competencia y jurisdicción y la de falta de integración del litisconsorte necesario, como de fondo las de prescripción, cobro de lo no debido, buena fe y la que denominó innominada o genérica.
Colpensiones, que fuera vinculado al proceso por auto 3 de abril de 2018, también se opuso al éxito de las pretensiones. En cuanto a los hechos manifestó que no le costaban y, en su defensa, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción, y la que denominó innominada
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Laboral del Circuito de Ronaldillo Valle del Cauca, mediante fallo del 29 de agosto de 2019, absolvió a las encartadas de todas las pretensiones y condenó en costas a la parte vencida en juicio.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Buga, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la accionante y el grado jurisdiccional de consulta en su favor, mediante providencia del 1° de marzo de 2021, confirmó en todas sus partes la decisión de primera instancia. Sin costas.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal fijó como problemas jurídicos a resolver
1) Determinar si el señor REINALDO GORDILLO POSSO dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes en aplicación al principio de la condición más beneficiosa y conforme al acuerdo 049 de 1990; 2) De resultar positivo lo anterior, se determinará si la demandante LUZ AIDA VELEZ es beneficiaria de dicha prestación; 3) Determinar si es viable bajar el monto de las costas fijadas en primera instancia por presentarse exageradas.
Encontró demostrado que: el señor Reinaldo Gordillo Posso falleció el 15 de abril de 2015 (folio 35); la señora Luz Aida Vélez solicitó reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al Municipio de la Unión Valle, la cual fue negada; el afiliado fallecido conforme la historia laboral allegada, cotizó en toda su vida 352.43 semanas al sistema pensional (folios121 a 124); mediante resolución GNR 298235 del 28 de septiembre de 2015, Colpensiones reconoció a la accionante la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, en su calidad de compañera permanente (folios 130 a 132).
Recordó que, conforme a la línea de esta Corporación, en caso de muerte, la norma aplicable es la vigente al momento del fallecimiento, como el señor Reinaldo Gordillo Posso falleció el 15 de abril de 2015, el derecho de sus beneficiarios a la pensión de sobrevivencia estaba gobernado por los artículos 12 y 13 de la Ley 797de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, normativa bajo la cual no acreditó los requisitos.
Ello por cuanto no contaba con las 50 semanas en los 3 años anteriores al fallecimiento. Puso de presente que la última cotización fue realizada el 31 de enero de 2004. En cuanto a la segunda hipótesis que trae la norma encontró:
[…] que exige haber cotizado, como mínimo, el número de semanas para pensionarse por vejez, se tiene que, en cuanto a la posibilidad de sumar tiempos públicos y semanas cotizadas para acceder a la pensión, debe decir esta Colegiatura, que aun siendo el afiliado fallecido, beneficiario de transición por edad, no alcanzó a cumplir con el número establecido en la ley, para la pensión de vejez (en los términos del parágrafo del artículo 46 de la citada Ley 100 de 1993, modificada por el 12 de la Ley 797), pues tampoco cotizó 1.000 en toda la vida, ni 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima (o en este caso de su muerte, con 57 años de edad cumplidos, fl. 31), en ese periodo, tan sólo pudo reunir, 51 semanas, según se lee en la historia laboral que obra a folio 123 del expediente; mucho menos, pudo reunir las 1.300 requeridas en el 2015 para acceder a la pensión de vejez, con sustento en la ley vigente.
Definido lo anterior, la sala sentenciadora, en cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, no halló viable acudir a la égida del Decreto 758 de 1990 por cuanto bajo la línea constante de este órgano de cierre, no le está permitido al juzgador acudir a al uso de las disposiciones contenidas en cualquier legislación anterior que resulte más favorable, pues lo que autoriza el mencionado principio constitucional es la aplicación de la norma inmediatamente anterior frente a la nueva. Se soportó en nutridas providencias y memoró el valor normativo de las mismas.
Reiteró que, en el asunto bajo su escrutinio, la norma regente es la Ley 797 de 2003, por lo que en aplicación del mentado principio la disposición inmediatamente anterior era la Ley 100 de 1993, en su versión original, bajo la cual no daba cumplimiento los condicionamientos como quiera que a la data del deceso el señor Gordillo Posso, 15 de abril de 2015, no se encontraba cotizando, ni tampoco, reportaba aportes por 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a esa fecha. Finalmente resaltó:
[…] el principio de la condición más beneficiosa presente (sic) dos limitaciones en su aplicación, según lo sentado por la Corte Suprema de Justicia.
La primera2, consistente en que no se permite al juzgador aplicar a un caso en particular cualquier norma legal que en el pasado haya regulado el asunto, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente en el momento en que se estructuró el derecho de la forma en que se viene exponiendo.
Esta se apoya entre otros en el Acto Legislativo 01 de 2005, que dispone en la parte final del inciso 4° que “Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones", este creado con la expedición de la Ley 100 de 1993 y desarrollado a partir del artículo 10 ibídem, lo que significa que él se encuentra constituido por esa normativa y las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, de donde debe entenderse excluido el Acuerdo 049 de 1990, por ser anterior a éstas.
La segunda limitante, refiere a la temporalidad3, pues su finalidad es la de proteger a aquellas personas que tenían una situación jurídica concreta al momento de presentarse el cambio legislativo, entendida esta como la acumulación de las semanas necesarias para acceder a la prestación; por lo que se les permite que en vigencia de la nueva normativa acrediten los requisitos de la anterior, pero siempre y cuando la contingencia –muerte del afiliado-, se presente dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003,esto es, entre el-29-01-2003 al 29-01-2006-lo cual no ocurrió tampoco al tener lugar el 15 de abril de 2015.
Dadas las resultas, el fallador de segundo grado se relevó del estudio de la calidad de beneficiaria de la accionante
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada y,
[…]en su lugar revocar la sentencia de primer grado, emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Roldanillo Valle, condenando al Demandado MUNICIPIO DE LA UNION VALLE, a pagar a mi prohijada LUZ AIDA VELEZ, mayor de edad, vecina de La (sic) Unión Valle, identificada con la cédula de ciudadanía número 29.613.196 expedida en La Unión Valle, la pensión de sobrevivientes causada por su esposo REINALDO GORDILLO POSSO, desde el momento de la muerte del señor causante acaecida el día quince (15) de Abril de Dos Mil Quince (2015), y a pagar el correspondiente retroactivo desde esa fecha incluyendo las mesadas ordinarias, adicionales y los intereses de mora del artículo 141 de la ley 100 de 1993.
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado y se procede a resolver.
VI. CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia de violar la ley sustancial, por la vía directa «concretamente por la aplicación indebida del artículo 12 de la ley 797 de 2003, que reformó el artículo 46 de la ley 100 de 1993, e interpretación errónea del artículo 53 de la Constitución Nacional.
Se duele la censura de que se decidió el litigio con base en una disposición que no era la que regulaba el caso concreto, ya que la Corte tiene una línea jurisprudencial de no aplicar la norma contenida en el artículo 6 y 25 del acuerdo 049 de 1990 con posterioridad al 1 de abril de 1994, «la Sala de Casación Laboral cambio su postura el pasado 21 de octubre de 2020, en el radicado 73581», la cual cita en extenso.
Aclara que si bien el fallecimiento se dio después «del 31 de Marzo del año 2000», lo cierto es que la Ley 797 de 2003, no crea un nuevo sistema de seguridad social, solo modifica el creado por la Ley 100 de 1993, «por lo que mal hace la judicatura en encasillar la extensión de esta favorabilidad solo a una fecha como la del 31 Marzo del año 2000, para darle aplicación al acuerdo 049 de 1990, respecto a la densidad de las 300 semanas en cualquier tiempo, pues recuérdese lo dicho por la Sala de Casación Laboral en el radicado 73581 de 2020».
Con base en dichos precedentes infiere que:
Si la Corte Suprema de Justicia en el pluricitado radicado adujo que en dichas circunstancias las prestaciones sociales debían considerarse integradas al esquema general de pensiones concebido por la ley 100 de 1993, es también innegable que la ley 797 de 2003 hace parte de ese esquema general de pensiones, y no puede analizarse de forma independiente, pues de hacerlo sería reconocer que con base a esta nueva ley 797 de 2003, se creó otros sistema general de pensiones, lo que no es cierto pues esta nueva ley lo único que hizo fue notificarlo.
A su vez la Corte Constitucional también ha manifestado en la sentencia SU-005 de 2018, que es procedente aplicar la favorabilidad en el sentido de reconocer la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios en los casos que el causante dejo cotizado el tiempo necesario para adquirir dicha prestación en vigencia del acuerdo 049 de 1990, pero el fallecimiento se produjo mucho después de la vigencia del citado acuerdo.
Como consecuencia de lo anterior, estima que la sentencia debe ser casada.
VII. RÉPLICA
Acota que, no le asiste razón al censor por cuanto el fallo está acorde con la ley y el criterio hermenéutico de esta Sala, en cuanto a que en caso de sobrevivientes aplica la norma vigente a la fecha del siniestro que en su caso era la Ley 797 de 2003 modificatoria de la Ley 100 de 1993; así mismo, se ajusta a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa.
Afirma que la acusación de la censura por estar en desacuerdo con el precedente jurisprudencial o que lo asemeja más a un alegato de instancia.
Adentrándose al caso afirma que debe tenerse en cuenta que el causante falleció el 15 de abril de 2015 y conforme a los requisitos de la norma vigente debía acreditar 50 semanas en los 3 años anteriores al siniestro, lo que de acuerdo con su historia laboral no acreditaba el señor Gordillo Posso, ni cumplía, acudiendo al principio de la condición más beneficiosa, a los requisitos exigidos en la norma inmediatamente anterior, esto es, la Ley 100 de 1993.
Finalmente, explica que conforme a lo señalado por esta Corporación el principio mentado no puede perdurar indefinidamente en el tiempo.
Por ello, y contrario a lo esgrimido por la censura, resulta evidente que el colegiado no ha cometido ningún dislate al señalar que no le asiste razón a la parte recurrente, por lo que el fallo cuestionado se debe mantener incólume.
VIII. CONSIDERACIONES
Dado el sendero seleccionado por la impugnante, se exhibe patente que no son objeto de controversia entre las partes, los siguientes supuestos fácticos: el señor Reinaldo Gordillo Posso falleció el 15 de abril de 2015; dentro de los tres años anteriores a su deceso no efectuó cotización alguna; no era cotizante ni contaba con 26 semanas en el año inmediatamente anterior; no dejó causado el derecho bajo el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, por no haber acreditado 500 semanas en los últimos 20 años ni 1000 en toda la vida, y su última cotización fue el 31 de enero de 2004.
Si bien el recurso no es un modelo se vislumbra del ataque que el descontento del recurrente con la sentencia fustigada estriba, en esencia, en que el fallador se equivocó al no acudir al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad y, con ello, haber negado la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios dejando de lado la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, de manera que, se cuestiona la temporalidad que el Tribunal atribuyó al mentado principio.
Para responder el cargo baste acudir a la sentencia CSJ SL2567-2021, que se trascribe, en extenso, dada la importancia de la decisión:
Esta Corte, en sentencia CSJ SL4650-2017, a la cual se remite, explicó que de vieja data ha sostenido que la primera investigación que debe hacer el juez al dictar el acto jurisdiccional, consiste en la selección de la norma aplicable, o sea, determinar la existencia y validez de esta. Será necesario entonces que considere los problemas de la ley en el tiempo y en el espacio, precisando los límites personales, temporales y espaciales de la disposición jurídica.
En ese horizonte, es criterio reiterado de esta Corporación que la regla general es la de que la contingencia está cobijada por la norma de seguridad social vigente al momento de la ocurrencia del evento según la prestación pensional correspondiente, esto es, para la pensión de sobrevivientes, la que esté en vigor a la calenda de la muerte del afiliado o pensionado.
Cumple a ese propósito memorar que la Corte en sentencia CSJ SL, 11 de jun. 2014, rad. 46780, sostuvo que «tal como lo tiene señalado la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. (CSJ SL 10 Jun 2009, Rad. 36135; 1° Feb 2011, Rad. 42828; 23 Mar 2011, Rad. 39887; y 3 de May 2011, Rad. 37799, entre otras)».
Es claro que, además de ampararse el instituto jurídico del derecho adquirido, esta premisa respeta tanto el amplio margen de configuración que tiene sobre el sistema el Congreso de la República como las razones de necesidad, oportunidad y equidad que motivan un cambio legislativo.
Para atenuar de alguna manera los efectos de un cambio abrupto en las reglas de juego, dada una reforma legal, se estila en las leyes sociales implementar regímenes de transición. Dado que los cambios legislativos en materia de derecho social, que obedecen a la necesidad de ajustar los parámetros de acceso y en algunas ocasiones de revaluar el alcance de los elementos esenciales del derecho en respuesta a los cambios económicos, sociales y aún culturales, establecen requisitos más exigentes de acceso a las prestaciones, la justificación de establecer un régimen de transición aparece lógico para lograr un tránsito armónico y pacífico que minimice las consecuencias que pudieran resultar tanto en la población que tenía una expectativa legítima, frente al acceso al derecho, como en el proveedor del derecho, en este caso el Estado, por ejemplo en su necesidad de hacer sostenible financiera y económicamente el sistema de derechos prestacionales.
No obstante, lo anterior, en algunas ocasiones escapan al legislador ciertas consecuencias indeseables, por injustas e inequitativas, derivadas del tránsito legislativo, que ameritan, tanto desde el punto de vista constitucional como legal, la aplicación de los principios con venero en el orden jurídico, como el de la condición más beneficiosa, para resolver el problema social que se ocasiona por la implementación del nuevo ordenamiento.
Esta Corporación ha estimado que el postulado de la condición más beneficiosa tiene las siguientes características:
Es una excepción al principio de la retrospectividad.
Opera en la sucesión o tránsito legislativo.
Procede cuando se predica la aplicación de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro.
Entra en vigor solamente a falta de un régimen de transición, porque de existir tal régimen no habría controversia alguna originada por el cambio normativo, dado el mantenimiento de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la nueva.
Entra en juego, no para proteger a quienes tienen una mera o simple expectativa, pues para ellos la nueva ley puede modificarles el régimen pensional, sino a un grupo de personas, que, si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posición intermedia –expectativas legítimas- habida cuenta que poseen una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba le ley derogada.
Respeta la confianza legítima de los destinatarios de la norma.
Expliquemos cada uno de ellos:
1. Excepción a la retrospectividad de la ley
La condición más beneficiosa, a no dudarlo, se entiende como un mecanismo que permite atenuar la rigurosidad del principio de la aplicación general e inmediata de la ley, pues permite que la disposición derogada permanezca vigente en presencia de una situación concreta, materializada en una expectativa legítima conforme a la ley anterior.
Opera en sucesión o tránsito legislativo
La pregunta relevante es ¿qué se entiende por tránsito legislativo? El tránsito legislativo es un momento único, que se da, en forma simple cuando se sanciona y promulga una nueva ley.
Los efectos del tránsito legislativo, como ya se dijo, por regla general son inmediatos. Existen, desde luego, excepciones, como la que rigen para los impuestos anuales, caso en el cual las normas tributarias, por ejemplo, sobre impuesto de renta, rigen a partir del siguiente año fiscal; o las que protegen derechos adquiridos que no se pueden violar en virtud del artículo 58 de la Constitución Política. (aunque puede obrar la expropiación).
En el caso de derechos sociales, el tránsito legislativo lleva a prever en la norma reformatoria, la protección a los derechos adquiridos y, en algunas ocasiones, regímenes de transición; en otras no: por ejemplo, la Ley 797 de 2003 que reformó la manera de determinar el monto y cuantía de la pensión de vejez para los afiliados al régimen de prima media no estableció régimen de transición alguno para salvaguardar estos aspectos.
Los derechos adquiridos y los regímenes de transición, plenos o parciales, otorgan protección temporal, total o parcial a los ciudadanos. En materia del derecho adquirido el amparo es vitalicio o pleno; en el caso de los regímenes de transición es temporal, pero pueden ser pleno o parcial. En el evento de la aplicación directa de la Ley 33 de 1985 la garantía fue plena para quienes tenían 20 años de servicios, pues los cobija en su integridad el régimen anterior; mientras que en la Ley 100 de 1993 la protección es parcial porque, para construir el derecho a la pensión, solo se toman los parámetros de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto del régimen anterior.
De manera que es el legislador el que define qué protección concede y el lapso por el cual la otorga. Si no fija consecuencias temporales mediante medidas de protección, debe estarse, en principio, a la aplicación inmediata de la ley.
Aplicación de la normatividad inmediatamente precedente
No es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la que haya precedido –a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos «plusultractivos», que resquebraja el valor de la seguridad jurídica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642).
A falta de régimen de transición
Los regímenes de transición, por regla general, sólo protegen expectativas legítimas, es decir, se centran en la protección de aquellos grupos de población cercanos al cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestación.
En la misma dirección la Corte Constitucional en fallo C-663/07, recalcó que los regímenes de transición, a) recaen sobre expectativas legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; b) su fundamento es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior; c) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de transición; y d) es constitucionalmente legítimo que se utilice la figura del régimen de transición para evitar que una decisión relacionada con expectativas pensionales legítimas bajo la vigencia de una ley, se vea desvirtuada completamente por una ley posterior, en desmedro de quienes aspiraban a que sus derechos pudieran llegar a consolidarse bajo el régimen previo.
Conviene precisar que, en relación con las pensiones de invalidez y sobrevivientes, no ha existido un régimen de transición en nuestra historia legal. Ello no ha sido óbice para que el operador jurídico busque principios de favorabilidad a través, por ejemplo, de la definición de derecho adquirido recayendo en la fecha de estructuración, buscando normas de acceso más favorables que las que rigen al momento de la declaratoria.
La pregunta que surge es ¿por qué si han existido normas de protección para las pensiones de jubilación o vejez, a través de regímenes de transición, no han existido normas de protección para la invalidez y la muerte? Un principio de respuesta puede darse si se tiene en cuenta que la vejez, durante la vida laboral del individuo, es un hecho relativamente cierto mientras que, por ejemplo, la invalidez es relativamente incierto y poco probable. Dicho en otras palabras, el régimen de transición en las pensiones de vejez se da porque es viable considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo – hecho determinable -, ya para completar cierta edad o para sumar un período de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, por ejemplo, obedece a contingencias improbables de predecir y, por ende, no regulables por un régimen de transición (sentencia CSJ SL de 5 de jul. 2005, rad. 24.280).
De manera que, por regla general, en presencia de regímenes de transición, la condición más beneficiosa no puede aplicarse pues haría nugatorios todos los objetivos económicos y sociales que con una reforma pretenden lograrse y, desde el umbral, debe aplicarse en torno a normas de impacto mediato.
El destinatario posee una situación jurídica concreta- expectativa legítima-
En pensiones de siniestro, como las de invalidez y sobrevivientes, no es fácil establecer qué es una situación jurídica concreta. Empero, se ha entendido por la Jurisprudencia que la situación es concreta si se cumple en estos casos con la densidad de semanas de cotización, dentro del plazo estrictamente exigido por la normatividad aplicable
Así, por ejemplo, en el régimen de los seguros sociales obligatorios, la situación es concreta si el afiliado cotizó 300 semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, dado que la norma exigía ese número de semanas de cotización en todo el tiempo.
Con la vigencia de la Ley 100 de 1993, en parte puede existir una definición de situación concreta a estos efectos, dado que la norma precisa tal situación dependiendo de la cotización efectiva.
Del anterior mandato se desprende dos situaciones que dan acceso a la prestación:
Afiliado que se encontraba cotizando al sistema al momento del fallecimiento
Requisito de semanas: haber cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de producirse la muerte, es decir, en cualquier tiempo.
Afiliado que no se encontraba cotizando al sistema al momento del fallecimiento
Requisito de semanas: haber cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
Nótese que a diferencia del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el legislador del 93 estableció como criterio de acceso el hecho de la cotización efectiva al sistema, al momento de la muerte o invalidez, para estructurar el requisito de semanas de cotización. En efecto, mientras que la normativa anterior exigía haber cotizado 300 semanas en cualquier tiempo o 150 semanas dentro de los seis años anteriores al momento del siniestro, sin establecer el requisito de cotización al momento de la muerte o invalidez; en la legislación de 1993, el nivel de concentración de las semanas de cotización exigidas en un determinado lapso depende del hecho de la cotización efectiva al momento de la invalidez.
Teniendo en cuenta lo dicho, ¿Cómo se expresa la situación jurídica concreta en el cambio normativo de la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?
1. Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo
En este evento la situación jurídica concreta emerge si el afiliado para el momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, (i) estaba cotizando al sistema, y (ii) había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo.
Ello por cuanto no solamente se da eficacia, sino que también se satisface con la densidad de semanas de cotización efectuadas dentro del plazo estrictamente exigido por el mandato abolido.
Cumple a ese propósito dejar en claro, empero, que, si el asegurado estaba cotizando para el 29 de enero de 2003 y no tenía en su haber 26 semanas de cotización en cualquier tiempo, no es poseedor de una situación jurídica concreta y, en consecuencia, se le aplica con rigurosidad la Ley 797 de 2003, en desarrollo del principio de la retrospectividad de la ley, pues repárese en que no tiene una expectativa legitima ni mucho menos un derecho adquirido. En resolución, en este caso no hay condición más beneficiosa.
2. Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo
En esta hipótesis la situación jurídica concreta aflora si el afiliado para el momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, (i) no estaba cotizando al sistema, (ii) pero había aportado 26 semanas o más dentro del año inmediatamente anterior a la data del tránsito legislativo, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003.
Ello, toda vez que se cumple con la densidad de semanas de cotización, dentro del interregno estrictamente exigido por el precepto derogado.
Si el afiliado no estaba cotizando para el 29 de enero de 2003 y no tenía 26 semanas o más de cotización dentro del año inmediatamente anterior a la data del tránsito legislativo, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003, no tiene una situación jurídica concreta y, por ende, también se aplica con todo el rigor la Ley 797 de 2003, en desarrollo del principio de la retrospectividad de la ley, pues no posee una expectativa legitima y mucho menos un derecho adquirido. En conclusión, tampoco hay condición más beneficiosa.
En sentencias CSJ SL1884-2020 y CSJ SL1938-2020, reiteradas, entre otras, en las CSJ SL2547-2020 y CSJSL855-2021, esta Corporación, razonó:
[…] La característica relativa a que no es absoluto e ilimitado en el tiempo, significa que no puede utilizarse para garantizar la perpetuidad de un régimen que en un tiempo pretérito estuvo vigente y le era aplicable a un sujeto o a un grupo de personas, dado que, bien comprendido, su ámbito de aplicación se orienta a conservar un régimen normativo anterior, cuando quiera que el titular haya cumplido una condición relevante del mismo que, si bien no es definitiva para adquirir el derecho, juega un rol fundamental en su consolidación.
En este sentido, la condición más beneficiosa se sitúa en un lugar más allá de la simple expectativa para ubicarse en el concepto de expectativa legítima tutelable por el ordenamiento jurídico, en la medida en que no desconoce y ampara la consolidación de una exigencia relevante, que si bien no es suficiente para alcanzar el derecho en tanto no se ha cumplido otra condición ulterior, sí genera la confianza fundada que el régimen en que estaba incurso y en el que cumplió algunos presupuestos, será respetado.
Sin embargo, su aplicación no puede ser irrestricta al punto de petrificar la legislación e impedir la puesta en marcha de reformas sociales de interés general, de las cuales dependa la realización y efectividad de los derechos de la comunidad o la supervivencia de instituciones y prestaciones fundamentales para la sociedad. En otras palabras, su aplicación debe ser razonable y proporcional, a fin de no lesionar o comprometer severamente otros derechos de interés público y social.
En esta dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL, 4 dic. 1995, rad. 7964 indicó que este postulado «no es absoluto y en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral, pues de lo que se trata es de proteger al trabajador que construye su vida y la de su familia alrededor de unas expectativas económicas y jurídicas generadas en su propia labor, de manera que un cambio desfavorable de esas expectativas sólo (sic) es humana y jurídicamente admisible, cuando en cada caso concreto medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el interés general reconocido (…)».
De ahí, que el delimitar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa a la norma inmediatamente anterior sirve a varios propósitos:
(i) Si la potestad de configuración de un sistema pensional permite al legislador introducir cambios a fin de garantizar los principios y objetivos del sistema, no tiene sentido mantener en el tiempo disposiciones anteriores, puesto que ello haría nugatorios todos los propósitos económicos y sociales que pretenden lograrse con una reforma.
(ii) Si los regímenes de transición, en esencia, siempre son temporales, no hay razón alguna que justifique que la aplicación del principio de condición más beneficiosa deba mantenerse indefinidamente en el tiempo, así bajo su vigencia se haya dado inicio o se hayan efectuado cotizaciones para obtener el amparo que se pretende.
(iii) Tal restricción contribuye a la preservación de otro valor fundamental: la seguridad jurídica, que ofrece certeza a los ciudadanos sobre las reglas jurídicas que emplearán los jueces en la solución de las controversias que se sometan a su consideración, sin que les sea posible acudir a una búsqueda histórica para determinar la norma que más convenga a una situación particular; la aplicación del principio amplia e ilimitadamente genera incertidumbre en los actores del sistema pensional y en los ciudadanos en general, respecto de las reglas que definen el acceso a un derecho pensional.
En conclusión, si la finalidad del principio de la condición más beneficiosa es proteger expectativas legítimas que puede cambiar el legislador con apego a los parámetros constitucionales, no tiene sentido que su aplicación permita acudir a cualquier normativa anterior o, en otros términos, resulte indefinida en todos los tránsitos legislativos que puedan generarse en la configuración del sistema pensional, de por sí, de larga duración […].
Temporalidad de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003
Como se recuerda la condición más beneficiosa es un mecanismo que: (i) busca minimizar la rigurosidad propia del principio de la aplicación general e inmediata de la ley; (ii) protege a un grupo poblacional con expectativa legítima, no con derecho adquirido, que goza de una situación jurídica concreta, cual es, la satisfacción de las semanas mínimas que exige la reglamentación derogada para acceder a la prestación que cubre la contingencia de la muerte; y (iii) al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal.
Sin perder de vista lo precedente, y una vez analizada la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, brota espontánea una primera conclusión: el legislador jamás pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensión de sobrevivientes, y si bien con la condición más beneficiosa debe respetarse o mejor resguardarse los hechos denominados por la doctrina foránea «intertemporales» que se generan con personas que tienen una situación jurídica concreta, ello no puede llevar a mantener, per secula seculorum, la protección de «“derechos” que no son derechos”», en contra posición de la nueva ley que ha sido proferida honrando la Constitución Política.
De suerte que, a falta de normatividad expresa, el principio de la condición más beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, itérese, tienen una situación jurídica concreta, con el único objetivo de que, en la medida que lo recorren, paulatinamente vayan construyendo los «niveles» de cotización que la normativa actual exige.
Pero ¿cuál es el tiempo de permanencia de esa «zona de paso» entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres años, tiempo este que la nueva normativa (Ley 797 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización-50- y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestación correspondiente.
Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinado- tres años-, los «derechos en curso de adquisición», respetándose así, para determinadas personas, las semanas mínimas establecidas en la Ley 100 de 1993, «con miras a la obtención de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condición», cual es, la muerte.
Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional.
No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo.
Es inocultable que, si las expectativas legítimas no pueden ser modificadas de manera abrupta o arbitraria, de ahí la razón de ser de la condición más beneficiosa, tampoco pueden permanecer inalterables como si fuesen unos derechos adquiridos. Dicho en breve: no se le puede otorgar el mismo tratamiento y protección a las expectativas legítimas que a los derechos consolidados.
Con tal óptica, es de verse que, si los regímenes de transición tienen duración limitada y cuantificable en el tiempo, y que, para algún sector, es posible que el legislador modifique los regímenes de transición con posterioridad a su consagración «porque éstos no pueden ser concebidos como normas pétreas», caben las siguientes preguntas ¿cómo entender que el principio de la condición más beneficiosa sí permanezca en vigor sin límite alguno en el tiempo? Si un régimen de transición no es permanente, ¿bajo qué argumento puede sostenerse que el uso de la condición más beneficiosa sí lo sea? si precisamente, como se explicó, los derechos adquiridos son diferentes a las expectativas legitimas. No hay argumentos que, prima facie, lo justifique.
No se pierda de vista que ha transcurrido más de 18 años desde cuando acaeció el cambio normativo, 29 de enero de 2003, es decir, lapso de tiempo que incluso superó el término del régimen de transición dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, para las pensiones por vejez. Por tanto ¿se justifica mantener con vida lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, más allá del tercer año de vigencia de la Ley 797 de 2003, so pretexto de emplear la condición más beneficiosa, cuando, se repite esta ley dispuso un margen de tres años para satisfacer la densidad de semanas de cotización?
De suyo, también se cumple con lo asentado por la Sala respecto a la deliberada voluntad del legislador en la reforma introducida al sistema pensional con la Ley 797 de 2003, que propende por asegurar un equilibrio financiero, de manera que los niveles de protección que hoy se ofrezcan, se puedan mantener a largo plazo.
Desde la perspectiva anterior, si la condición más beneficiosa tiene cabida por vía de excepción y su aplicación es restrictiva, no es dable emplearla con un carácter indefinido. Tampoco es factible, en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, alterar la normativa que se ha de aplicar en virtud del principio examinado
Una reflexión insoslayable, el fallecimiento del afiliado es un supuesto ineludible de la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes, no es un requisito de exigibilidad. Ello explica que no basta satisfacer la densidad de cotizaciones en cualquier tiempo para entender consolidado el derecho, sino que los dos elementos deben acontecer dentro del ámbito temporal que establece la ley. Este planteamiento permite entender la justificación de la condición más beneficiosa y su permanencia efímera.
Hay que añadir, eso sí, que al ponderarse el principio de esta forma, también se evita cargarle al sistema general de pensiones obligaciones ilimitadas, que, sin hesitación alguna, no fueron previstas o incluidas en los análisis de sostenibilidad financiera al tiempo de crear la nueva disposición, justamente por la dificultad de hacerlo dada la naturaleza de la contingencia que se ampara.
Trasladando los argumentos de la sentencia citada, en el asunto bajo examen, se tiene que el causante falleció el 15 de abril de 2015, esto es, con posterioridad al lapso de 3 años que transcurrieron del 29 de enero de 2003 al mismo día y mes de 2006, en el que el principio de la condición más beneficiosa opera con todo vigor; de manera que, no es acreedor de la garantía constitucional y más aún cuando en el momento del tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, no estaba cotizando al sistema, no contaba con 26 semanas entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003, tampoco registra ese mismo número de semanas en el año inmediatamente anterior al fallecimiento; luego brilla palmario que tampoco tenía una situación jurídica concreta que se deba proteger a través de la condición más beneficiosa.
No está de más en este punto traer a colación la sentencia CSJ SL2078-2022, reiterada en la CSJ SL2848-2022, que explicó:
[…] el modelo acogido por la normativa que regulaba al extinto Instituto de Seguros Sociales -incluidos sus acuerdos- para la cobertura de la invalidez y la muerte, era un esquema de aseguramiento, que con el estatuto pensional de 1993 y sus reformas se mantuvo, esto bajo la conciencia de que, si bien el objeto primigenio es que las personas logren la pensión de vejez, se reconoce que tal aspiración se puede ver frustrada precisamente por los eventos señalados. Por ende, al ser un hecho incierto, que puede suceder o no, del que no se tiene certeza de la fecha de su ocurrencia, se requiere continuidad en la cobertura, lo cual se materializa con el aporte, pues este conlleva aparejado el pago de la prima para dicha protección.
Lo antecedente, nos permite evidenciar que las 357 semanas que la señora Gladys Losada López tenía a la entrada de la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, al 1 de abril de 1994, no puede ser entendido como el cumplimiento de las cotizaciones que derivan en un derecho adquirido pues, como se señaló, al ser un evento incierto que no acaeció sino hasta las reformas legales, quedó cobijada por los cambios normativos.
Situación diferente es que, ante la modificación legal, sin contemplar un régimen de transición para los siniestros de invalidez y muerte, fuera necesario acudir al principio de la condición más beneficiosa para paliar las consecuencias de la modificación de las reglas jurídicas a aquellos que tenían una situación concreta que merecía su protección […].
La misma sentencia, frente a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa acudiendo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, cuando la muerte se produce bajo la Ley 797 de 2003, reitera lo dicho por esta Corporación en innumerables oportunidades sobre la imposibilidad de efectuar ese salto normativo, pues lo apropiado es acudir a la normativa inmediatamente anterior y con tal fin, memora las sentencias CSJ SL5286-2021 que reiteró la CSJ SL5114-2020.
Así mismo, nótese que el Tribunal para descartar el derecho determinó que el causante bajo la egida del Decreto 758 de 1990, no encontró acreditados los requisitos de semanas pues, no contaba ni con las 500 en los 10 años anteriores, en este caso a la fecha de fallecimiento, ni las 1000 en cualquier tiempo, recuérdese que está probado que el último aporte del causante fue el 31 de enero de 2004 y repárese en que parados en los hechos se confesó que el accionante contaba con 493 semanas de las cuales 442 fueron en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, por manera que el colegiado exploró sin dejar de lado el posible derecho.
De esa manera, se concluye que el juzgador de alzada no se equivocó, por cuanto las semanas que el causante tenía aportadas al otrora Instituto de Seguros Sociales, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no pueden ser entendidas como un derecho adquirido, ya que, ante la incertidumbre de la ocurrencia de la muerte, que se resalta tuvo lugar después de las modificaciones legales, el causante estaba cobijado por los cambios normativos; por manera que, para la fecha en que falleció el señor Reinaldo Gordillo Posso, octubre de 2006, la ley aplicable era la Ley 797 de 2003 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, como acertadamente lo infirió y, es que en últimas la pretensión del recurrente no es atendible aún en el escenario de tener la aplicación del mentado principio, al no ser posible efectuar una aplicación plusultractiva de la ley.
Ahora bien, sobre la fuerza vinculante del precedente constitucional, puntualmente la sentencia CC SU-005-2018, debe reiterarse la doctrina de esta Corporación, expuesta en sentencia CSJ SL184-2021, así:
La fuerza vinculante del precedente constitucional
La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia.
Asimismo, ha precisado que un precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermenéutica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensión a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios básicos del Estado constitucional, como el de seguridad jurídica; además, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremacía de la Carta Política, debido proceso y confianza legítima (C-539-2011).
No obstante, también ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela.
El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en razón de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresión a la Constitución Política (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque también tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentación suficiente, en armonía con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017).
En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicación debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jurídicos Superiores importantes para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que se expone a continuación -deber de argumentación suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017).
En esa providencia, dicha autoridad judicial estableció que es posible la aplicación plus ultractiva de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres años anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, (iii) pero sí reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el régimen anterior.
Igualmente, asentó que es procedente la acción de tutela para reclamar la pensión de sobrevivientes, cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital; (iii) depender económicamente del causante antes de su fallecimiento, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensión de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestación.
A juicio de esta Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Así mismo, desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de retrospectividad.
Por otra parte, la aplicación ultractiva de normativas derogadas en una sucesión de tránsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jurídica, pues genera incertidumbre sobre la disposición aplicable, en la medida en que el juez podría hacer un ejercicio histórico para definir la concesión del derecho pensional, con aquella que más se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de carácter general, lo cual, según el criterio de la Sala, no es posible (…)
En síntesis, es preciso indicar, conforme al precedente citado que no se trata de desconocer el principio de la condición más beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicación y actualizarlo conceptualmente con el modelo constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad y la garantía de efectividad de los derechos fundamentales sociales.
Conceder tal prestación según la tesis propuesta por la impugnante, sería tanto como desconocer de manera frontal el efecto de la retrospectividad de la ley, dando aplicación a una disposición que, de manera expresa, fue derogada.
Entonces, se reitera, aún a riesgo de fatigar, en el presente caso no podemos hablar de la existencia de una situación jurídica concreta protegida por el principio de la condición más beneficiosa, sino de una mera expectativa, y a las voces elocuentes del artículo 17 de la Ley 153 de 1887, las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene, lo que, simple y llanamente, puede resumirse en el vetusto aforismo latino «ex nihilo nihil fit», el cual traduce «de la nada, nada puede resultar».
Siendo coherente con lo discurrido, el cargo no sale victorioso.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente y en favor de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones setecientos mil pesos ($4.700.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
IX. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Buga, el 1 de marzo de 2021, en el proceso que la recurrente instauró en contra el MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE y en el que fuera vinculada la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.
Costas como se dijo en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
(Aclara Voto)
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
(Aclara Voto)
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
(Aclara Voto)
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Recurso Extraordinario de Casación
Radicación n.°92054
Referencia: demanda promovida por de LUZ AYDA VELEZ, contra el MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE y en la que fuera vinculada la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito aclarar el voto, pues si bien comparto la determinación que finalmente se adoptó en el sub judice, que dispuso no casar la sentencia absolutoria del Tribunal, disiento en lo atinente a la aplicación el principio de la condición más beneficiosa, para lo cual considero lo siguiente:
En la presente providencia, se hizo alusión a que «el causante falleció el 15 de abril de 2015, esto es, con posterioridad al lapso de 3 años que transcurren del 29 de enero de 2003 al mismo día y mes de 2006, en el que el principio de la condición más beneficiosa opera con todo vigor; de manera que, no es acreedor de la garantía constitucional y más aún cuando en el momento del tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, no estaba cotizando al sistema, no contaba con 26 semanas entre el 29 de enero de 2002 y 29 de enero de 2003, tampoco registra ese mismo número de semanas en el año inmediatamente anterior al fallecimiento; luego brilla palmario que tampoco tenía una situación jurídica concreta que se deba proteger a través de la condición más beneficiosa».
Frente a los argumentos descritos anteriormente, he venido sosteniendo, que el establecer dicho límite temporal supone una restricción desproporcional no solo a esta prerrogativa de carácter fundamental sino a la posibilidad de acceder al mínimo vital y a la de obtener o mantener una vida en condiciones dignas, con pleno desconocimiento además del mandato constitucional establecido en el artículo 48 de la Carta Política, ya que en lugar de garantizar el acceso progresivo a la seguridad social, lo que se termina es coartándolo, por el mero hecho de que el fallecimiento del afiliado se da fuera del periodo establecido por la Corte.
En ese sentido he sostenido, que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa debe ser absoluta e irrestricta, en tratándose del tránsito legislativo entre la Ley 797 de 2003 y la Ley 100 de 1993, sin limitarlo al hecho de que el fallecimiento del afiliado se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el mismo día y mes de 2006, como lo tiene mayoritariamente establecido la Sala, pues tal obrar resulta más proteccionista y favorable de los derechos que se encuentran en juego.
En los anteriores términos, dejo consignada entonces mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
Radicación n.° 92054
Ref: LUZ AYDA VELEZ vs. MUNICIPIO DE LA UNIÓN VALLE y COLPENSIONES
Como lo dejé asentado en la Sala respectiva, aun cuando estoy de acuerdo con la decisión adoptada en el presente asunto de no casar el fallo del Tribunal, y en tal sentido dejar en firme la sentencia que absolvió a las entidades demandadas de pagar a la actora la pensión de sobrevivientes reclamada, debo aclarar mi voto en cuanto a la afirmación que en sus considerandos se hace respecto a la dimensión o valor normativo que se da al llamado precedente judicial, pues, es mi parecer, la obligatoriedad no es una característica propia de nuestra jurisprudencia, como si lo son su particularidad, uniformidad y continuidad.
En otras palabras, nuestro ordenamiento jurídico, de inspiración afortunadamente democrática desde sus albores independentistas, ha dado a la jurisprudencia un gran valor como elemento iluminante del quehacer judicial, por eso es que en su tarea ha sido nivelada por el constituyente como criterio auxiliar de la actividad judicial (hoy artículo 230 constitucional), pero en modo alguno traduce tal disposición que se la pueda considerar como una fuente formal de derecho en sentido estricto.
La jurisprudencia surge de las glosas judiciales a la aplicación, interpretación e integración normativas, no precede a éstas, ergo, no tiene fuerza normativa ni vinculante, pues de seguirse ese discurso fácilmente puede llegarse, a mi manera de ver y bajo el cobijo de un arbitrio judicial mal entendido democráticamente, a la arbitrariedad e inseguridad jurídicas.
Estoy de acuerdo, eso sí, en que, conforme a su funcionalidad constitucional, la jurisprudencia es, amén de un criterio auxiliar de la actividad judicial, un complemento o elemento integrador del ordenamiento jurídico, pero de allí tampoco puede derivarse un carácter vinculante u obligacional que solo le es propio al mismo ordenamiento.
En suma, el carácter disuasivo y persuasivo de la jurisprudencia, ese sí propio de nuestro régimen democrático y social de derecho, otorga a ésta, es mi opinión, una trascendental posición entre las fuentes formales del derecho y las operaciones cognitivas judiciales utilizadas en su aplicación, de suerte que, con ella se da una respuesta más idónea, justa y real a la necesidad de justicia social de la época.
Y esa la razón fundamental para que, desde antaño, las altas Cortes, para nuestro caso el Tribunal Supremo del Trabajo, dijera con todo sentido que se imponía entender «que la estabilidad de la jurisprudencia es una condición importante para la seriedad de la administración de justicia y para la confianza que en ella se tenga. Pero ello no impide que el juzgador pueda variarla cuando estime de buena fe que con ello busca un mejor entendimiento de la ley o una interpretación suya más adecuada a los hechos sociales que aspira a regular» (Resolución en investigación disciplinaria, 7 de febrero de 1995, Jurisprudencia del Trabajo, Miguel Antonio Constaín, Vol. III, pág. 170), y en otro asunto agregara que pese a su indiscutible valor doctrinario, «no es de obligatorio acatamiento para sus inferiores jerárquicos, pero su rechazo por éstos debe fundamentarse en razonamientos jurídicos que justifiquen el desacuerdo y den base a la corporación para nuevos estudios» (Auto, 30 de agosto de 1950, ibídem).
Luego, el acatamiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional es un imperativo procesal, un deber del funcionario judicial, que no una obligación, y deber procesal que solo puede soslayar en tanto y en cuanto exponga las razones de su apartamiento. Dicho que con otras expresiones similares vive recordando a jueces y tribunales de la jurisdicción social esta Corporación.
En los términos antedichos dejo expresado mi pensamiento respecto de la aludida afirmación contenida en la providencia en cita.
Fecha ut supra.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: Luz Aída Vélez
Demandado: Municipio de la Unión – Valle y otro
Radicación: 92054
Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena
Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala y tal como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, si bien estoy de acuerdo con la decisión de no casar la sentencia del Tribunal, dado que el causante no acreditó la densidad mínima de semanas de cotización que establece el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 para que sus beneficiarios accedan a la pensión de sobrevivientes y comparto el criterio de la Sala de que no es posible realizar una búsqueda histórica a fin de determinar la norma que más se ajusta a las necesidades del actor, lo cierto es que considero pertinente aclarar mi voto en cuanto a las consideraciones relativas a la posibilidad de aplicar el principio de condición más beneficiosa en el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003.
Lo anterior, por cuanto, en mi criterio, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Carta Política de 1991 está sometido a ciertos límites, los cuales debe tener en cuenta el juez del trabajo y de la seguridad social en sus decisiones.
En efecto, tal principio protege las situaciones jurídicas o los derechos individuales próximos a consolidarse respecto a un cambio normativo que pueda lesionarlos. Por esto, su ámbito de acción no cobija cualquier reforma o ajuste en la legislación laboral o de la seguridad social, sino solamente aquella que contengan cambios estructurales en los esquemas que la soportan.
En esa medida, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no puede ser ilimitada y darse ante cualquier cambio normativo, toda vez que ello paralizaría la puesta en marcha de importantes ajustes en las políticas laborales, sociales y económicas. Por tal razón, este principio, adecuadamente entendido, está dirigido a garantizar, con ciertos límites, la permanencia de determinado estatuto regulatorio ante cambios verdaderamente estructurales en la regulación.
En esa dirección, las leyes 797 y 860 de 2003 no representaron un cambio estructural en el sistema de pensiones en nuestro país, sino que se trataron de modificaciones legislativas en cuanto a los requisitos para el acceso a las prestaciones económicas; por tanto, en virtud de ello, la condición más beneficiosa no opera en dicho caso respecto a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en su versión original, toda vez que una modificación paramétrica respecto a la densidad de semanas de cotización como la que se planteó en dichas reformas, no refleja un cambio sustancial que amerite la suspensión temporal de la legislación actual con la finalidad de proteger expectativas legítimas.
Dejo así sustentada mi aclaración de voto en el presente asunto.
Fecha ut supra.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado
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