FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL4075-2018
Radicación n.°69493
Acta 34
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto, por el BANCO CAFETERO EN LIQUIDACIÓN, contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2013, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, adicionada el 12 de junio de 2014, en el proceso que CONSUELO ADAIDA NAVARRETE PEÑUELA instauró en contra de la entidad hoy recurrente y al que se vincularon como Litis consortes necesarios el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, IRENE PEÑUELA HERNÁNDEZ y MARÍA DEL CARMEN FLÓREZ DE NAVARRETE.
ANTECEDENTES
Para lo que estrictamente interesa al recurso de casación, es preciso decir que Consuelo Adaida Navarrete Peñuela instauró demanda en contra del Banco Cafetero en Liquidación, a efectos de que se le reconociera como hija inválida de Hernando Navarrete Esguerra, y se le concediera el 50% de la pensión de sobrevivientes a partir del 1º de diciembre de 2005.
La entidad bancaria al responder la demanda solicitó se vincularan como Litis consortes necesarios además del ISS, a María del Carmen Flórez de Navarrete en calidad de cónyuge, y a Irene Peñuela Hernández en calidad de compañera permanente del pensionado, súplica a la que el juzgado del conocimiento accedió.
La última de las citadas a su vez formuló demanda procurando que se condenara a su favor el pago del restante 50% de la pensión de sobrevivientes y, en subsidio, se le reconociera en un 33.33% del total de la prestación, al igual que se le impusieran las costas procesales a la entidad bancaria.
En sustento de las anteriores súplicas afirmó haber convivido con Hernando Navarrete Esguerra, con quien compartió lecho, techo y mesa desde el 20 de enero de 1960 hasta el día de su deceso, sin que hubiere mediado separación alguna; agregó que el jubilado le suministró todo lo necesario para su manutención y la de los 5 hijos comunes. Admitió que aquel tenía dos grupos familiares y, por tanto, dos residencias, una con ella y otra con María del Carmen Flórez, la esposa, circunstancia que no era desconocida para aquella. Añadió que al fallecer su compañero se acercó a reclamar la pensión aportando para el efecto las correspondientes pruebas tales como declaraciones extra juicio sobre la convivencia y los registros civiles de nacimiento de los hijos; que también se presentó a reclamar la cónyuge alegando igualmente convivencia y, el Banco demandado a través de la resolución No. 260 del 7 de junio de 2006 aunque admitió que las dos habían demostrado haber vivido con el causante, solo le concedió la pensión a María del Carmen, en un 50%, por tener aquella la calidad de esposa, a pesar de que con ella el causante convivió simultáneamente por más de 40 años; que interpuso los recursos de ley y el mencionado Banco mantuvo su decisión con el argumento de aplicar lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 (folio 401 – 406).
María del Carmen Flórez de Navarrete dio respuesta a la anterior demanda oponiéndose al éxito de la misma, aunque reconoció que su esposo tenía varios hijos con Irene Peñuela, por los que aquel siempre había respondido, negó la convivencia permanente que alegaba la otra interviniente; afirmó que por el contrario, el causante siempre hizo vida marital con ella desde 1961 hasta la muerte, además procreó 6 hijos, y le «proveía única y exclusivamente por los gastos propios de su residencia...sin que NINGUNA OTRA PERSONA extramatrimonial tuviera algún vínculo de dependencia económica con él», increpó para sí el reconocimiento exclusivo de la prestación en calidad de cónyuge «de hecho», alegó igualmente la inexistencia de una unión marital de hecho con Irene Peñuela ante la falta de disolución de la sociedad conyugal, lo que «significa que el matrimonio y la sociedad conyugal prevalecen sobre la unión marital de hecho». A su favor formuló las excepciones de ausencia de los requisitos legales para la acreditación del derecho de sustitución pensional, falta de legitimación en la causa, cobro de lo no debido, ausencia de prueba de la dependencia económica, falta de legitimación en la causa por activa y prescripción (folio 456 a 458).
Por su parte Consuelo Adaida Navarrete dijo no oponerse a las pretensiones de Irene Peñuela Hernández, aceptó como ciertos todos los hechos en que fundó la demanda, y se abstuvo de proponer medio exceptivo alguno (folio 461).
El Banco Cafetero en Liquidación indicó haber reconocido a favor del señor Hernando Navarrete pensión de jubilación, y luego a favor de la esposa en un 50% de dicha prestación, por haber demostrado su derecho, así mismo señaló haber suspendido el pago del restante 50% ya que lo reclamaba tanto Luz Stella Navarrete, sin especificar que lo hacía en calidad de curadora de Consuelo Navarrete, e Irene Peñuela; destacó que ésta última no demostró reunir los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y por ello adujo oponerse a las pretensiones que aquella formula; aceptó solamente haber expedido las resoluciones mediante las cuales negó la prestación y de los demás hechos dijo que bien no eran tales o no le constaban. Como excepciones propuso las de inexistencia de la obligación, buena fe, cobro de lo no debido, falta de causa y título para pedir, prescripción, genérica, falta de legitimación en la causa por pasiva, cosa juzgada, subrogación total en el riesgo de vejez por parte del ISS, pago, presunción de legalidad de los actos administrativos y compensación. Suplicó ser excusada de pagar las costas procesales en razón a que su actuar se funda en que solo la justicia laboral puede definir el conflicto (folio 439 – 455).
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá con sentencia del 30 de abril de 2013, condenó al Banco Cafetero S.A. en Liquidación a pagar a favor de Consuelo Adaida Navarrete Peñuela, en calidad de hija inválida, el 50% de la pensión que en vida disfrutaba su padre Hernando Navarrete Esguerra; declaró probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 24 de junio de 2007; condenó al pago de $47.743.593,07 por concepto de retroactivo y $5.056.567,75 por indexación; fijó la mesada de 2012 en la suma de $650.561. Así mismo condenó al mencionado Banco al pago de un 25% de la pensión, a favor de Irene Peñuela Hernández en calidad de compañera permanente, ordenó la cancelación de $22.637.096 por concepto de retroactivo y de $2.191.751,82 por indexación, declaró probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 19 de noviembre de 2007; señaló que para el año 2013 la mesada a favor de esta demandante sería de $325.280,51. Dijo que las restantes excepciones no prosperaban; se inhibió de pronunciarse frente al ISS por advertir que en su contra no existía pretensión alguna; condenó al Banco Cafetero en Liquidación y a María del Carmen Flórez de Navarrete al pago de las costas a favor de Consuelo Aida Navarrete Peñuela e Irene Peñuela Hernández.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá al resolver la apelación del Banco Cafetero en Liquidación y de María del Carmen Flórez de Navarrete, con sentencia del 16 de diciembre de 2013, modificó los numerales 3º, 4º, 7º y 8º de la sentencia del juzgado, y en su lugar, dispuso «mantener las condenas allí previstas contra el BANCO CAFETERO S.A., pero en la proporción de la diferencia pensional respecto de la pensión reconocida por el Banco Cafetero y la de vejez que le pagaba el ISS, conforme lo expuesto en la parte motiva de éste proveído», y se abstuvo de imponer costas en esa instancia; mediante providencia del 12 de junio de 2014, adicionó el fallo y precisó que el valor del retroactivo ascendía a la suma de $57.830.385,60 a favor de Consuelo Adaida Navarrete Peñuela y de $27.680.492,60 a favor de Irene Peñuela Hernández. Así mismo autorizó que del retroactivo ordenado cancelar, el Banco Cafetero descontara las sumas de dinero pagado a Irene Peñuela a título de sustitución pensional.
En lo que rigurosamente interesa al recurso, el sentenciador precisó que dada la posición jurídica de la señora María del Carmen Flórez y de Irene Peñuela, las consideraría terceras ad excludendum.
A renglón seguido señaló que la muerte del pensionado es el evento que marca la aplicación en el tiempo, de la normatividad que debe regular el derecho de los beneficiarios a la sustitución, como se expuso en la sentencia de radicación No. 27593 del 2 de marzo de 2007 reiterada en la de radicación No. 29121 del 25 de abril del mismo año, de la que transcribió algún fragmento. Así respaldó la decisión del juez al aplicar el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para dirimir el conflicto, toda vez que el deceso del señor Navarrete Esguerra ocurrió el 18 de diciembre de 2005.
Copió la norma referida, y dijo que acorde con aquella y con las pruebas recaudadas, estaba plenamente acreditada la convivencia del causante con Irene Peñuela como con María del Carmen Flórez, como igualmente lo había hallado probado el juez de primer grado, pues «el conjunto de elementos probatorios allegados al plenario evidencia con claridad que todas las interesadas cumplen con los requisitos exigidos por el art…especial, cuando al respecto la jurisprudencia ha sido enfática al considerar que la convivencia efectiva al momento de la muerte, dentro de los últimos cinco años de vida del afiliado o pensionado, constituye el elemento central para determinar si la (o) (sic) compañera (o) permanente es beneficiario de la pensión de sobrevivientes».
Señaló que tanto Irene como María del Carmen alegaban haber convivido con el causante y, que estaba acreditada con las declaraciones que cada una había arrimado al plenario, que en efecto el pensionado convivió con la esposa y con la compañera permanente, de manera simultánea, por espacio de 40 años, aproximadamente, hasta la muerte; destacó que en sendos interrogatorio de partes, aquellas confesaron tener conocimiento de la restante relación sentimental del causante; que así, la esposa admitía la existencia de los otros hijos diciendo que ellos no tenían la culpa de las acciones de su padre, quien se ausentaba por razones de trabajo pero que «no le contó que lo iban a operar de los ojos y el postoperatorio lo pasó en la casa de Irene, adiciona que desde que ella se enfermó, hace 15 años, el señor Navarrete Esguerra le llevó la ropa a Irene para que se la lavara y planchara, y desde esa fecha Irene continuó haciendo esa tarea para él»; y que a su vez Irene Peñuela admitió que era en la casa de María del Carmen Flórez en donde «él más comía, pues se amañaba, que ella fue la persona que le cuidó la dieta cuando el señor Hernando Navarrete Esguerra fue operado de los ojos, que él se quedaba cada ocho días, durante varios días, que el día del fallecimiento la hermana de la declarante fue quien llevó los documentos relacionados con el seguro, pues ella era la que los tenía en su poder, que nunca trabajó pues era el señor Hernando Navarrete Esguerra quien sostenía el hogar, que cuando ella iba a hacer mercado con el señor Navarrete Esguerra se encontraban con la señora María del Carmen Flórez».
Se apoyó en algunas versiones recaudadas y destacó que no era «indispensable acreditar que el causante pernoctaba en ambos hogares al mismo tiempo, pues lógicamente resulta un imposible fáctico el poder de ubicuidad, como pretende hacer ver el Banco Cafetero con el informe de visita domiciliaria que realizó a la casa de Irene Peñuela Hernández» y agregó:
Por otra parte, tampoco es dable atender el argumento del apoderado de la señora María del Carmen Flórez en lo que respecta a realizar una lectura exegética de lo preceptuado en el art. 13 de la Ley 797 de 2003, afirmando que ante la convivencia simultánea entre la compañera permanente y la esposa, se debe conceder a ésta, pues dicho criterio no se acompasa con el objeto mismo de la pensión de sustitución ni con los principios mínimos de la Constitución, pues no existe justificación razonable sobre un trato desigual ante la protección del núcleo familiar con independencia de sus formas de composición, así las cosas, es menester también indicar que la Corte Constitucional en sentencia C – 1035 de 2008 declaró condicionalmente exequible dicho precepto “en el entendido de que además de la esposa o el esposo serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
Finalizó diciendo que como en el expediente había prueba acerca de la convivencia paralela entre el pensionado con su esposa y con la compañera permanente, se debía confirmar la decisión de imponer un 25% de la pensión a cada una.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el Banco Cafetero en Liquidación, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia en cuanto «dispuso mantener las condenas impuestas al Banco Cafetero, modificando los numerales 4 y 8 en proporción a la diferencia pensional respecto de la pensión reconocida por el Banco y la de vez otorgada por el ISS, a favor de la señora Irene Peñuela, y en cuanto en el ordenamiento primero de la segunda providencia se adicionó el primer fallo, liquidando el retroactivo en cuantía de $27.680.492,60 a su favor en calidad de compañera del causante, para que en sede de instancia se revoque lo dispuesto en los numerales 2, 4 y 8 que declaró y le otorgó una parte de la pensión a la señora Irene Peñuela, absolviendo al Banco de dichos numerales y se confirme en lo demás. Se proveerá sobre costas de conformidad con el resultado del proceso».
Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que merecieron réplica y que se procede a resolverlos de manera conjunta por denunciar el mismo elenco normativo y procurar el mismo objetivo.
CARGO PRIMERO.
Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa en la modalidad de infracción directa «(falta de aplicación)» del artículo 45 de la ley 270 de 1996, como medio, lo que condujo a la aplicación indebida del párrafo 3, literal b) del artículo 13 de la ley 797 de 2003 que modificó el artículo 47 de la ley 100 de 1993, en relación con los artículos 16 del CST, 48, 53, 230 de la C.N, 60,61 y 145 del C.P.T y S.S.
Para dar desarrollo al cargo comienza por aceptar los supuestos de hecho en que se fundó la providencia atacada al modificar los numerales 3 y 7 de la sentencia del juez y así otorgarle a la señora Consuelo Adaida Navarrete Peñuela el 50% de la diferencia pensional, o el mayor valor entre la pensión reconocida por el Banco y la otorgada por el ISS; así mismo, que el Banco demandado le reconoció al causante pensión de jubilación en noviembre de 1975, que con posterioridad al fallecimiento de éste le reconoció a la esposa un 50% y dejó en suspenso la titularidad del restante 50%.
Señala que la inconformidad radica en que el tribunal al mantener las condenas impuestas a favor de la señora Irene Peñuela, aunque modifica el monto, «al darle aplicación al discernimiento expuesto por la H. Corte Constitucional en la sentencia C – 1035 del 22 de octubre de 2008 cuyo criterio es posterior a la fecha en que el Banco demandado le otorgó la pensión al causante y a su esposa, señora María del Carmen Flórez de Navarrete, como paso a demostrarlo».
Considera que con la decisión judicial acusada, el juzgador colegiado le dio un efecto retroactivo al criterio de la Corte Constitucional, con lo que desconoció el contenido del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, y por ello, aplicó indebidamente el párrafo 3º del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
Insiste en que cuando el Banco le otorgó el 50% de la prestación a la esposa señora María del Carmen Flórez, no hizo otra cosa que aplicar correctamente la norma vigente, pues en caso de convivencia simultánea prevalece el derecho a favor de la cónyuge, ya que en ese momento no se había proferido la sentencia CC C – 1035/08.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia de violar la ley por la vía directa en la modalidad de infracción directa el artículo 45 de la ley 270 de 1996, como medio, lo que condujo a la interpretación errónea del párrafo 3, literal b) del artículo 13 de la ley 797 de 2003 que modificó el artículo 47 de la ley 100 de 1993, en relación con los artículos 16 del CST, 48, 53, 230 de la C.N, 60,61 y 145 del C.P.T y S.S.
Al igual que en el primer cargo afirma no discutir los fundamentos fácticos de la providencia impugnada, pero aduce que el Tribunal erró al darle efectos retroactivos a la sentencia de la CC C – 1035/08, y desconocer que el Banco con su actuar no hizo otra cosa que aplicar la norma vigente en 2006, esto es, otorgarle a la señora María del Carmen Flórez el 50% de la pensión dada su calidad de esposa del causante.
RÉPLICA CONJUNTA PARA LOS CARGOS.
Consuelo Adaida Navarrete formula oposición, a pesar de que el Banco Cafetero no le discute el derecho a ella concedido, para lo que argumenta que la demanda adolece de gravísimos errores de técnica que son insuperables, en tanto en el alcance de la impugnación no se hace referencia a qué pasaría con el porcentaje que se le reconoció a ella; además en el primer cargo se denuncia como modalidad de ataque, la falta de aplicación que no existe la especialidad laboral; y en el segundo, si como se dijo en el primer cargo no se aplicó una norma, mal podría ser interpretada con error, como allí se plantea.
De otra parte considera que la proposición jurídica no es completa ya que el artículo 45 de la ley 270 de 1996 no es una disposición sustantiva laboral que extinga, cree o modifique algún derecho. Señala que el recurso extraordinario no es una tercera instancia, que debió referirse la demanda a los artículos 241 y 243 de la C.N; que ninguna de las normas constitucionales denunciadas es pertinente, y que por el contrario, la recurrente no tuvo en cuenta las disposiciones que sí aplicarían al fallo; que además el casacionista se separa de las conclusiones fácticas del Tribunal; que los cargos no son consonantes con la fundamentación jurídica que invocan para su sustentación, desconociendo el deber que tenía sobre el particular, como se precisó en la sentencia de radicación 36692 del 3 de mayo de 2011 que transcribió en algunos de sus apartes.
Agrega que la recurrente no se percató que las normas que se debían aplicar al presente proceso eran las vigentes al fallecimiento del causante pensionado y no las que regían al momento de proferir el liquidador del Banco las diferentes resoluciones mediante las cuales desató las pretensiones de las petentes.
Añade que el censor relaciona hechos nuevos que desconocían las partes y, que en definitiva, aquel no observó lo dispuesto en el artículo 91 del C.P.T y S.S; que la sala en sentencia de radicación 26401 señaló que el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 no es de carácter laboral y por ende, al denunciarla no se cumple con los requisitos para desestimar la sentencia acusada, y por ende solicita no se quiebre.
Por su parte Irene Peñuela Hernández también esgrimió su oposición porque considera que la demanda extraordinaria carece de fundamentos fácticos y jurídicos, esgrimiendo prácticamente los mismos argumentos advertidos por la restante opositora. Así mismo suplica no se case la providencia.
CONSIDERACIONES
Ninguno de los reparos de orden técnico tiene vocación de prosperidad en la medida que, dada la orientación de los cargos, la condena fulminada a favor de Consuelo Adaida Navarrete no puede sufrir alteración alguna, de allí que el haber omitido decirle a la Corte qué hacer respecto a dicha orden judicial, no impida revisar la providencia en relación con las demás imposiciones que la misma contiene.
Vale la pena anotar que dentro de la técnica del recurso extraordinario resulta plenamente válido denunciar en cargos diferentes, la violación de la misma disposición legal, ya por una u otra modalidad; lo impropio es hacerlo en el mismo; de tal suerte que el reproche que la oposición propone sobre el particular, no es de recibo.
Ahora bien, aunque en la proposición jurídica se denuncie la «falta de aplicación» del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, que no responde en estricto sentido a una de las modalidades pertinentes en casación laboral, se debe recordar que el censor en el primero de los cargos también fijó como clase de arremetida, la infracción directa; de otra parte el hecho de que dicha disposición no contenga un derecho de índole laboral, ello no impide que por el típico caso de transgresión, se hubiere provocado consecuencialmente la violación de una norma sustantiva de orden nacional, que es justamente lo que plantea el recurrente.
Igualmente, como la demanda denuncia la sentencia por cuanto considera que con ella se violó el párrafo 3, literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que es la regla jurídica que concibe el derecho en litigio, debe decirse que la misma se adecua a las exigencias previstas en el artículo 90 del C.P.T y S.S, tal y como se precisó en la respectiva oportunidad procesal.
Es de recibo destacar también que tal y como se formula el ataque en los dos cargos, no hay por parte del recurrente desconocimiento de los soportes fácticos de la sentencia, pues fue claro en señalar que la acusación se reducía a establecer si desde el punto de vista netamente jurídico, dado el texto que contiene la concesión del derecho, y ante la falta de un análisis por parte de la Corte Constitucional a la fecha en que ocurrió el deceso del pensionado, el otorgamiento de la pensión en forma proporcional al tiempo de convivencia, no podía darse. De tal suerte que el hecho de que se hubiere dado vida en común entre el causante y la cónyuge y entre aquel y la compañera permanente, de manera concomitante y hasta el día del fallecimiento, durante más de 40 años, son soportes que no están en discusión.
Lo que el censor le propone a la Sala dilucidar es si operó la aplicación retroactiva del pronunciamiento emitido por la Corte Constitucional en su sentencia CC C- 1035/2008 y, como consecuencia de ello, se violó la normativa sustantiva que prevé la pensión de sobrevivientes, pues en criterio del recurrente como aquella providencia no precisó en su texto un efecto anterior a la fecha de su promulgación, en armonía con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, el juzgador plural no podía atender la exequibilidad condicionada que la misma refiere.
El tema en particular ya ha sido abordado por la Sala dando pleno respaldo a la posición que adoptó el juzgador de la alzada, en la medida que la labor interpretativa de esta Sala no está limitada o menguada por la competencia que corresponde a la Corte Constitucional, y a que en cumplimiento de los deberes supralegales que le compete, ha entendido que es posible desentrañar del texto acusado el querer del legislador de proteger, en caso de convivencia simultánea, a los núcleos familiares que queden desamparados con el fallecimiento del pensionado, independientemente de la vinculación legal que frente a los mismos tenga, aunque sí de manera proporcional al tiempo de vida en común; es decir, en esa eventualidad, no interesa si una de las dos relaciones de pareja está amparada con un contrato civil o por un rito religioso, lo cierto es que ante la falta económica de quien propendía por los gastos, la prestación se pueda distribuir entre quienes así se beneficiaron en vida del causante.
En la sentencia de instancia CSJ SL14528-2014, del 15 de oct. 2014, rad. 44384, la Sala precisó, en un caso de similares contornos fácticos y jurídicos a los aquí discutidos, lo siguiente:
El criterio expuesto por el Tribunal ha sido compartido por esta Sala de Casación Laboral, no porque haya dispuesto otorgarle efectos retroactivos a la sentencia C-1035/2008 de la Corte Constitucional, sino porque como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria (art. 234 C.N.) en su especialidad laboral, ha interpretado con autoridad el literal b) del artículo 13 de la L. 797/2003 en el sentido que en los eventos de convivencia simultánea en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del causante entre una cónyuge y una compañera permanente, la pensión de sobrevivientes se dividirá entre ellas en proporción al tiempo de convivencia.
No desconoce la Sala que al tenor del artículo 45 de la L. 270/1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control, tienen efectos hacia futuro a menos que resuelva lo contrario, sin embargo, esa disposición no se opone a la función constitucional y legal asignada a la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación y órgano encargado de la unificación de la jurisprudencia, conforme a la cual puede interpretar el derecho legislado y fijarle su correcto y genuino entendimiento.
Desde esta perspectiva, esta Sala en sentencia CSJ SL, 10 jul. 2012, rad. 49787, en un ejercicio hermenéutico, consideró que el apartado del literal b) del art. 13 de la L. 797/2003, según el cual «En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo», debía interpretarse, aún antes de la sentencia C-1035/2008, en el sentido que en caso de convivencia simultánea entre la cónyuge y la compañera permanente, ambas tienen igual derecho a acceder a la prestación de sobrevivientes en proporción al tiempo convivido con el causante.
Para arribar a esa conclusión, expuso la Corte que para beneficiarse de la pensión de sobrevivientes no podía privilegiarse a la familia surgida de un vínculo jurídico sobre la conformada por vínculos naturales, en tanto que ambas a la luz de la Carta Política se encuentran en un plano de igualdad. Adicionalmente, porque la pensión de sobrevivientes, es una prestación destinada a la protección del grupo familiar –sin importar su origen- en aquellas situaciones en las cuales puede verse afectado su sostenimiento económico esencial por la muerte del causante. Esto se dijo en la providencia aludida:
Teniéndose en el recurso extraordinario por demostrada la comunidad de vida del causante con la demandante desde diciembre de 1963 y a partir de diciembre de 1985 en forma simultánea con Nancy Nossa Charry hasta el 6 de abril de 2003 cuando falleció, procede revocar la sentencia de primera instancia que dispuso conceder el 50% de la pensión de sobrevivientes de que aquí se trata a María del Carmen Ramírez de Márquez a partir del 6 de abril de 2003 hasta cuando los hijos menores del causante pierdan el otro 50% de la dicha pensión de conformidad con la ley, para de ahí en adelante recibir el 100% de la pensión, con sus aumentos legales, mesadas adicionales e indexación de las mesadas causadas y no pagadas.
Y lo dicho es así por cuanto la situación de convivencia ya expuesta, que fue igualmente registrada por el juez de primer grado, lo condujo a disponer que el discutido 50% de la pensión debía serle reconocido a María del Carmen Ramírez de Márquez, habida cuenta de su calidad de ‘esposa’ del causante frente a la de ‘compañera permanente’ de Nancy Nossa Charry, en atención a lo ordenado por el artículo 13 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, inciso tercero, primer aparte, dado que la sentencia de constitucionalidad condicionada de dicha disposición C-1035 de 22 de octubre de 2008 surtió efectos ex nunc, pues la Corte Constitucional no determinó cosa distinta.
Para la Corte, el hecho de que la Corte Constitucional profiriera la sentencia de constitucionalidad C-1035 el 22 de octubre de 2008 sin hacer uso de la prerrogativa prevista en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 que la habilitaba para disponer que sus efectos podían producirse ex tunc, esto es, con anterioridad a la fecha de su fallo, no impide que en uso de su facultad y función interpretativa, como máximo órgano judicial ordinario que es y, por ende, como autoridad unificadora de la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social, pueda aseverar que, siendo la citada norma consonante con la Constitución Política en los términos anunciados por la autoridad judicial a quien tal control compete, su verdadera y genuina inteligencia debió corresponder, desde su misma génesis (29 de enero de 2003, Diario Oficial 45.079), con una teleología protectora de la familia, en el entendido de que a ésta, como núcleo fundamental de la sociedad que se corresponde en el Estado Social de Derecho, se debe la atención adecuada a su desarrollo integral, lo cual impone siempre observar principios básicos que la rigen como la equidad, la solidaridad y la universalidad, entre otros muchos.
En tal sentido, no siendo los lazos o vínculos mediante los cuales se constituye la familia factores diferenciadores de las relaciones que a su interior se establecen, y siendo por el contrario la igualdad de derechos y deberes los fundamentos de dichas relaciones (artículo 42 C.P.), emerge incontestable que frente a contingencias o riesgos que la pueden afectar no es dable hacer distinciones entre sus miembros más allá de las que son propias a quienes se encuentran individualmente más expuestas que los demás, ya sea por su edad o por alguna otra condición específica de vulnerabilidad, de donde cabe entender, como así lo asienta en esta oportunidad la Corte, que la pensión de sobrevivientes o, en su lugar, la sustitución pensional cuando fuere del caso, no puede tener por finalidad distinta más que la protección de ese núcleo familiar, cuando quiera que el trabajador o pensionado, que ha sido su sostén económico, fallece.
Y para ello, ante tal infortunio, que sin lugar a equívoco mengua el sostenimiento económico esencial a la familia, al punto que bajo ciertas circunstancias lo puede hasta llegar a eliminar, no es atendible que entre esposo (a) y compañero (a) permanente se haga diferencia para estos efectos atendiendo el lazo o vínculo jurídico que les ataba al causante, por manera que, para la Corte, desde siempre, esto es, desde su vigencia (29 de enero de 2003), la dicha disposición debe entenderse que les protege por igual. Así, existiendo simultaneidad en la convivencia, no puede aceptarse que uno de aquellos deba verse como parte de la familia del causante en tanto que el otro no; o que uno tenga un mejor derecho que el otro, pues, frente a aquél, que es lo que interesa a la teleología proteccionista de la norma, en vida se encontraban en similares condiciones en lo atinente a las expresiones de apoyo, ayuda, protección, afecto, etc.
En los antedichos términos resulta plausible para la Corte que en relación con el artículo 13 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, en lo forma como modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, particularmente en cuanto a la situación de sobrevivencia descrita en su literal a), inciso tercero, esto es, en caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes de la muerte del causante entre un cónyuge y un compañero o compañera permanente, los beneficiarios o beneficiarias de la pensión deban ser ambos en proporción al tiempo de convivencia con aquél.
El anterior entendimiento, en sentir de la Corte, no desconoce de ninguna manera los alcances de la sentencia C-1035 el 22 de octubre de 2008 de la Corte Constitucional, ni los efectos de las sentencias de constitucionalidad a que se refiere el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, pues, por una parte, se acompasa con el que diera esa Corporación a dicha norma en su función de control de
constitucionalidad y, por otra, desarrolla la función interpretativa que cumple esta Sala de casación respecto de la disciplina normativa que le es propia para el cumplimiento de su labor unificadora de la jurisprudencia.
De suerte que trasladando los supuestos fácticos y jurídicos al asunto bajo escrutinio, no existe mérito alguno para quebrar el acto jurisdiccional controvertido y, por ende, los ataques no salen victoriosos.
Las costas correrán a cargo de la recurrente, para lo cual el juez de primer grado al liquidarlas, según las voces del artículo 366 del C.G.P incluirá la suma de $7.500.000 como agencias en derecho.
XII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2013, por la Sala de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, adicionada el 12 de junio de 2014, en el proceso que instauró CONSUELO ADAIDA NAVARRETE PEÑUELA contra el BANCO CAFETERO EN LIQUIDACIÓN, y en el que se vincularon como Litis consortes necesarios el INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL, IRENE PEÑUELA HERNÁNDEZ y MARÍA DEL CARMEN FLÓREZ DE NAVARRETE.
Costas como se dijo.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
FERNANDO CASTILLO CADENA
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
ACLARACIÓN DE VOTO
Demandante: María Del Carmen Flórez de Navarrete y otros
Demandado: Banco Cafetero en Liquidación y otros
Radicación: 69493
Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena
Tal como lo expuse en la sesión en la que se debatió el asunto, aunque estoy de acuerdo con el sentido de la decisión, esto es, que tanto la cónyuge como la compañera permanente del causante tienen derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de manera proporcional al tiempo convivido, a pesar de que el causante falleció con anterioridad a la vigencia de la sentencia C-1035 de 2008 que declaró exequible condicionadamente el literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, considero conveniente reiterar lo dicho por la Sala recientemente respecto del mismo tema, a través de la sentencia CSJ SL1399-2018, proferida el 25 de abril de 2018.
En la anterior providencia, esta Sala estableció que:
Convivencias plurales
Convivencia simultánea con el cónyuge y el(la) compañero(a) permanente
El inciso segundo del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, preceptúa que «en caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo». Desde luego que esta norma debe comprenderse, aún antes de la sentencia C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional, en el sentido de que además de la esposa o esposo, también es beneficiaria la compañera o compañero permanente, en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
Con esta precisión, dejo expuestas las razones de mi aclaración de voto.
Fecha ut supra.
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada