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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4092-2022

Indexación pensional

Fecha
9 de noviembre de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4092-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Procede indexar la primera mesada de una pensión voluntaria compartida cuando transcurrió tiempo entre el retiro y su exigibilidad?

  2. ¿La naturaleza voluntaria de la pensión o la ausencia de mora excluyen la actualización de la base salarial?

Reglas

  1. La indexación de la primera mesada puede aplicarse a pensiones legales y extralegales, sin distinguir por su naturaleza.

    «la naturaleza legal o extralegal de la prestación no tenía trascendencia, de manera que la actualización de los salarios resultaba procedente respecto de todas las pensiones»
  2. La indexación procede cuando transcurre un periodo entre el retiro del servicio y el inicio del pago de la pensión.

    «para que proceda la indexación de la primera mesada pensional se requiere que transcurra un tiempo entre el retiro del servicio y el disfrute de la pensión»
  3. La indexación corrige la pérdida de poder adquisitivo causada por el tiempo y no constituye un incremento del crédito pensional.

    «la indexación no es otra cosa que traer a valor presente una suma de dinero o crédito para contrarrestar los efectos inflacionarios de la economía o la pérdida de valor adquisitivo de la moneda»
  4. La pensión reconocida voluntariamente también genera una obligación exigible y su carácter voluntario no excluye la indexación de la base salarial.

    «quien reconoce una prestación, aun cuando esta sea de carácter voluntario se constituye en deudor y da al acreedor el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación contraída»
  5. No se requiere mora del empleador para indexar la base salarial de la pensión; basta el lapso entre retiro y disfrute.

    «quien reconoce una prestación, aun cuando esta sea de carácter voluntario se constituye en deudor»
  6. La inflación afecta por igual las pensiones con independencia de su origen o naturaleza.

    «el fenómeno inflacionario no diferencia el origen o naturaleza de la prestación económica»

Decisión

No casó la sentencia que ordenó indexar la primera mesada de la pensión voluntaria; impuso costas a la Federación recurrente.

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de julio de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALFONSO MARTÍNEZ ESPINOSA contra la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4092-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

9 de noviembre de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL4092-2022

Radicación n.° 93198

Acta 38

Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2021 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral que le promovió ALFONSO MARTÍNEZ ESPINOSA.

I. ANTECEDENTES

Alfonso Martínez Espinosa llamó a juicio a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, para que se ordenara la indexación de la base de liquidación de la primera mesada pensional que le fue reconocida mediante la Resolución n.° 037 del 17 de octubre de 2002, a partir del 2 de julio de 2001, junto con la actualización monetaria de lo adeudado, intereses corrientes, costas y la declaratoria de compartibilidad de la pensión.

Como fundamento, expuso, básicamente, que: prestó servicios entre el 19 de junio de 1974 y el 31 de diciembre de 1992; el 2 de enero de 1993 suscribió acta de conciliación con su empleadora para dar por terminado el contrato de trabajo; de acuerdo a lo pactado, el 17 de octubre de 2002, la empleadora le otorgó pensión de jubilación, a partir del 2 de julio de 2001, con carácter compartida, en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial de los últimos tres meses de vigencia de la relación más la doceava parte de la prima de vacaciones, pero que no actualizó la base salarial; el 27 de mayo de 2008 la accionada lo conminó a pedir la pensión de vejez al ISS, la cual se le reconoció, a partir del 30 de mayo de 2008, momento en el cual la mencionada dejó de pagar la prestación económica por tener un valor inferior a la que le otorgó el sistema; el 2 de octubre de 2018 solicitó a la demandada el ajuste de la pensión de jubilación, el cual se le negó; finalmente, expuso que los aportes al sistema se hicieron por un valor inferior al que realmente correspondía.

Al dar respuesta, la Federación Nacional de Cafeteros, se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra por considerar que es improcedente la indexación reclamada ya que se trata de una pensión de origen voluntario; propuso la excepción previa de cosa juzgada y las de fondo de inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 9 de marzo de 2020, condenó a la demandada a reajustar el valor de la primera mesada pensional a la suma de $1.704.807, como consecuencia, ordenó el pago de las diferencias resultantes; declaró la prescripción sobre las anteriores al 2 de octubre de 2015, y no probadas las demás, asimismo, dispuso que la demandada debía seguir pagando el mayor valor con respecto a la reconocida por el ISS desde la fecha última mencionada e impuso costas a la pasiva.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En virtud del recurso de apelación presentado por la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dispuso, mediante la sentencia impugnada, confirmar la de primer grado.

Como fundamento de su decisión, luego de abordar el estudio de la excepción de cosa juzgada y ratificar en tal aspecto el fallo recurrido (asunto sobre el cual no se dirige la acusación), procedió a resolver lo atinente a la indexación deprecada, se remitió a la sentencia CSJ SL, 16 oct. 2013, rad. 47709, en la que se estableció la viabilidad de indexar la base salarial sobre la cual se liquidan todas las pensiones, es decir, las causadas antes o después de la Constitución de 1991, sin importar su carácter legal o extralegal, siempre y cuando haya transcurrido un periodo de tiempo entre la fecha en que se reconoció y aquella en la que se va a pagar la primera mesada. Así las cosas, aplicó la fórmula desarrollada por la jurisprudencia sobre el salario que se tuvo en cuenta para determinar la prestación y encontró una suma superior a la que determinó el juez, no obstante, mantuvo esta última para no agravar el interés del único apelante.

Desestimó el argumento sobre la determinación de la pensión con un salario superior al que correspondía, pues consideró que nada tiene que ver con la indexación reclamada y que, al ser una pensión voluntaria, no se estableció por las partes una directriz para definir cómo se obtendría el salario base. Tampoco dio cabida a la compensación pretendida porque reafirmó que en la conciliación nada se dijo sobre el reconocimiento de la pensión voluntaria por lo que no procede descuento alguno de las diferencias canceladas en virtud de dicho acuerdo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Solicita la recurrente que la Corte case la sentencia de segunda instancia y, como consecuencia, se revoque la decisión de primer grado y se imparta absolución total a su representada.

Con tal propósito formula un cargo que fue objeto de réplica.

VI. CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa en la modalidad de infracción directa de los artículos 13, 18 y 20 de la Constitución Política; 1524, 1535 y 1563 del Código Civil; por interpretación errónea de los artículos 19 y 260 del CST y, por aplicación indebida de los artículos 48, 53 y 230 de la Constitución Política y 2, 11, 14, 21 y 33 de la Ley 100 de 1993.

Como sustento, señala que la decisión del tribunal se sustentó en expresiones jurisprudenciales de esta Sala de la Corte y sostiene que la actualización de la base de liquidación de las pensiones se aplica tanto a pensiones legales como extralegales, pero no distingue en estas últimas entre las convencionales y las voluntarias, desconociendo los efectos de un acto unilateral, discrecional y puramente voluntario. Expone que un acto extralegal consensuado, se ajusta a la voluntad de las partes y solo puede ser modificado por la confluencia de quienes le dieron origen, mientras que un acto unilateral y voluntario solo es modificable por la decisión de su creador en aplicación de los principios constitucionales de libertad de personas, de conciencia o pensamiento y de expresión.

Aspira a una reconsideración sobre la postura conceptual de la Sala en torno a la aplicación de la figura de la indexación de la base salarial de liquidación de una pensión cuando ha tenido su génesis en la discrecionalidad de quien voluntariamente se obliga a su pago, por ser el creador de la obligación y único gestor de los términos en los cuales se impone a sí mismo aquélla, pues en este evento no hay derecho alguno previo en cabeza del beneficiario ni una expectativa, la mera liberalidad es la causa de la obligación, no es la ley ni el contrato y añade:

En este caso no es posible argumentar que con el transcurso del tiempo la base de liquidación se deteriora porque eso solo es posible cuando el beneficiario tiene constituido un derecho o lo tiene en formación o tiene al menos una expectativa y es natural, que si no se actualiza la base de su liquidación, el monto del derecho va sufriendo con el transcurso del tiempo un deterioro, pero en este caso esa hipótesis no se da porque, como se dijo, en forma previa al reconocimiento de la pensión no había derecho alguno, ni en formación ni como simple expectativa, por lo que al acreedor no se le deteriora nada (porque nada tenía) con el transcurso del tiempo. La nada no es susceptible de actualización porque es un concepto absoluto y único. La nada no se indexa porque nunca cambia.

[…]

Lo que persigue la indexación es que el acreedor reciba de su deudor moroso, la misma capacidad adquisitiva que lo adeudado tenía en el momento en que se hizo exigible la obligación, por lo que si el sistema económico genera con el tiempo un deterioro de la capacidad adquisitiva de la moneda, la indexación o ajuste monetario de la deuda entra a equilibrar el efecto de tal deterioro originado en el transcurso del tiempo.

Pero, se repite, se requiere que se trate de una obligación vencida o exigible, que el deudor se encuentre en mora porque, también se repite, lo pretendido es que el acreedor no pierda capacidad adquisitiva en su DERECHO ni que el deudor se lucre por su propia incuria.

Nada de eso se presenta en el litigio que se está resolviendo, porque la demandada no se convirtió en deudora de la pensión por la sola terminación del contrato, sino sólo cuando se consolidó el derecho del demandante a percibir dicha pensión por voluntad de su empleador. Lo que se pide en la demanda es la actualización del salario del actor entre la terminación del contrato y el otorgamiento voluntario de la pensión, lapso en el que el demandante no había configurado derecho alguno a percibir la pensión, simplemente porque no se había producido el acto de voluntad del empleador que haría viable exigir tal derecho, lo que equivale a decir que mi mandante no era deudora frente al actor antes de obligarse voluntariamente, por lo que no tenía que indexar nada, se insiste, porque no tenía deuda alguna materia de la indexación.

VII. OPOSICIÓN

Funda su réplica en que en el cargo no se discriminan una a una las normas que se denuncian, en todo caso en su mayoría no reglamentan la prestación económica a cargo de la demandada. Estima que el embate se funda en normas civiles que no son aplicables. En todo caso, añade que el reconocimiento no nació de un contrato gratuito o una donación, sino en virtud de un contrato de trabajo que vinculó a las partes por más de dieciocho años en los que la entidad se benefició de la fuerza de trabajo del demandante, aunado a que, pese a que ingresó a laborar desde el 19 de junio de 1974, solamente fue afiliado al seguro social el 1° de julio de 1987, lo que ratifica que no fue ningún regalo o donación el haberle otorgado la pensión. Por lo anterior, solicita no casar la sentencia.

VIII. CONSIDERACIONES

Los yerros de técnica endilgados a la demanda no están llamados a prosperar, por cuanto la Corte ha admitido la posibilidad de sustentar los cargos en la casación del trabajo con base en normas constitucionales dado su carácter sustancial. A ese respecto basta con reiterar lo sentado por la Sala en sentencias CSJ SL16794-2015, CSJ SL3210-2016 y CSJ SL10444-2016, al señalar que el texto de la Carta Política de 1991 goza de fuerza normativa vinculante y aplicación directa (art. 4º CP), de donde se sigue que los principios constitucionales en él incorporados, en cuanto contienen verdaderos derechos subjetivos, pueden emplearse inmediatamente en la solución de los casos (CSJ SL17526-2016).

Escogida por el recurrente la senda directa, acepta que en el trámite de las instancias quedaron probados los siguientes hechos significativos que: (i) Alfonso Martínez Espinosa prestó servicios a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia desde el 19 de junio de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1992, esto es, por un tiempo superior a dieciocho años; ii) la demandada reconoció una pensión al demandante, a partir del 2 de julio de 2001, en cuantía de $383.755, equivalente al 75% de la suma de $511.672 que equivale al promedio de los salarios devengados en los tres últimos meses de servicio, incluyendo la doceava parte de la prima de vacaciones, y iii) dicha prestación es de carácter compartida con la de vejez a cargo del Seguro Social.

De conformidad con el problema planteado por el recurrente, corresponde a la Sala determinar si el Juez colegiado cometió las equivocaciones jurídicas atribuidas por el censor, al conceder la indexación de la pensión reconocida, que califica como voluntaria y, en ese sentido, solicita un cambio de criterio de la Corte sobre la materia teniendo en cuenta que en este caso se trata de una obligación que por su naturaleza se sujeta a lo que voluntariamente se comprometió la demandada sin que se hubiera previsto la actualización impuesta por vía judicial.

Acerca de la indexación del ingreso base de liquidación, la Corte ha señalado que el fenómeno inflacionario afecta a todos los tipos de pensiones por igual y procede para prestaciones causadas antes o después de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, sin que haya lugar a hacer discriminaciones, por lo tanto, tiene por sentado que cualquier diferenciación al aplicar la actualización de la base salarial para determinar el valor inicial de la mesada pensional cuando ha transcurrido tiempo entre la fecha de retiro y la exigibilidad o el reconocimiento, resulta injusta y contraria al principio de igualdad.

En ese sentido, desde la sentencia CSJ SL, 31 jul. 2007, rad. 29022, la Corporación extendió la indexación a las pensiones extralegales y dentro de estas a las convencionales y voluntarias, al atender los principios de la Constitución Política de 1991, plasmados en los artículos 48 y 53. Por ello, explicó que la naturaleza legal o extralegal de la prestación no tenía trascendencia, de manera que la actualización de los salarios resultaba procedente respecto de todas las pensiones causadas en vigencia de dicha norma. Dijo la Corte:

Pues bien, el fundamento constitucional jurisprudencial referido es el que a su vez otorga pleno soporte a la actualización de la base salarial de las pensiones, sin diferenciarlas por su origen, pues la misma tesis - según la cual la omisión del legislador no puede afectar a una categoría de pensiones, y a las que, por consiguiente, corresponde aplicarles la legislación vigente para otras, con el mecanismo de la indexación, para efectos de liquidar una mesada pensional actualizada-, es de recibo tratándose de pensiones extralegales o convencionales, pues éstas no corresponden, en rigor, a una prestación nueva, porque aún, con anterioridad a la nueva Constitución Política y a la expedición de la Ley 100 de 1993, existían regímenes legales que protegían a los trabajadores del sector privado y oficial, de ciertas contingencias surgidas con ocasión de la ejecución del contrato de trabajo, de la propia naturaleza humana del trabajador o también de eventos fortuitos de diferente orden, que afectaran su vida laboral o, incluso, que pusieran fin a su existencia, con perjuicio de su núcleo familiar.

Es que el reconocimiento de una pensión extralegal, entre ellas la convencional, no determina en principio más que un mejoramiento de un derecho mínimo legal, mediante el cual se flexibilizan las exigencias para su causación o simplemente incrementan su cuantía; luego, respecto de estas prestaciones extralegales, también caben los postulados constitucionales previstos en los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional, que prevén el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones legales.

El actual criterio mayoritario, que admite la actualización de la base salarial tratándose de pensiones legales causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, impera también ahora para las extralegales, como sería el caso de las convencionales, según lo anotado.

Lo anterior porque, en verdad, no hay razón justificativa alguna para diferenciar, a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley, con uno con arreglo a una convención, porque, valga agregar, el impacto del fenómeno económico de la inflación, lo padece tanto el uno como el otro, amén de que si la corrección monetaria no conduce a hacer más onerosa una obligación pensional, sino a mantener el valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento, su aplicación, respecto de pensiones extralegales, sean ellas convencionales o voluntarias, no altera de ninguna forma el acto inicial de reconocimiento, porque simplemente lo que se presenta es una actualización del monto para mantener su valor constante.

Como conclusión de lo precisado, resulta obligado para la sala reconocer procedente la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión convencional aquí demandada, dado que se causó en vigencia de la actual Constitución Política, y con apoyo, se repite, en los estudios de constitucionalidad efectuados en la sentencia D-6247 del 19 de octubre de 2006 y D-6246 del 1 de noviembre del mismo año, atrás referidos.

Por consiguiente, el cargo prospera, y en este sentido, por mayoría, se rectifica la anterior posición jurisprudencial.

Posteriormente, al reiterar la anterior línea de pensamiento, en la sentencia de la CSJ SL11236-2016, se expuso:

Para el efecto, basta señalar que esta Sala de Casación mediante la sentencia CSJ SL736-2013, luego de efectuar un recuento jurisprudencial acerca de la figura de la indexación, concluyó: (i) que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; (ii) que al no existir prohibición expresa alguna por parte del legislador, de indexar la primera mesada causada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, no hay cabida para hacer discriminaciones fundadas en la naturaleza de la prestación o en la fecha de su reconocimiento, y (iii) que cualquier diferenciación al respecto, resulta injusta y contraria al principio de igualdad.

Así las cosas, la nueva tesis de esta Sala, sostiene que resulta viable la actualización del salario que sirve de base para calcular el monto inicial de la mesada pensional, incluso respecto de aquellas jubilaciones causadas con anterioridad al 7 de julio de 1991, sin distinción a la naturaleza de la pensión. Tal postura se finca en la equidad, la justicia y los principios generales del derecho, que gozan de fuerza normativa, en los términos de los arts. 8 de la L. 153/1887 y 19 del C.S.T.

En efecto, en la aludida sentencia, la Sala asentó su nuevo criterio en los siguientes términos:

De todo lo expuesto, la Sala concluye que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991; que así lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa posibilidad nunca ha sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y que, por lo mismo, no cabe hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación, que resultan arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

De igual manera, la Corte, en la sentencia CSJ SL4393-2020, reiteró:

[…] De igual forma, esta Corporación ha establecido que para que proceda la indexación de la primera mesada pensional se requiere que transcurra un tiempo entre el retiro del servicio y el disfrute de la pensión (CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 46832, CSJ SL, 5 jun. 2012, rad. 51403, CSJ SL698-2013, CSJ SL4106-2014, CSJ SL8248-2014, CSJ SL10506-2014, CSJ SL11386-2014, CSJ SL11384-2014 y CSJ SL1361-2015, CSJ SL13076-2016, CSJ SL3191-2018, CSJ SL2880-2019 y CSJ SL649-2020). En la última providencia mencionada se reiteró lo siguiente:

[…] Ya frente a la discusión jurídica que plantea el recurrente, debe resaltar la Sala que, a pesar de que el Tribunal dijo que la corrección monetaria de las pensiones tenía un carácter excepcional en el ordenamiento jurídico y que no se había generado en el caso del actor un retardo en el pago de la prestación que la justificara, aspectos que ya han sido recogidos ampliamente por la nueva jurisprudencia de esta Corporación en materia de indexación de las pensiones, lo cierto es que para el ad quem aquélla constituía un mecanismo para paliar la pérdida del valor del peso, entre la fecha del retiro del servicio y la del reconocimiento del derecho y la misma procedía cuando la base salarial hubiese sufrido desmedro entre estas fechas, por lo que encuentra la Sala que las manifestaciones mencionadas del ad quem, a pesar de pasar por alto lo planteado por la jurisprudencia, no afectan la esencia de la decisión tomada.

Ahora bien, en efecto tal como lo afirma el recurrente y lo entendió el mismo Tribunal, la teleología de la figura de la corrección monetaria de las pensiones no es otra sino la de contrarrestar los efectos deflacionarios de la economía del país, para mantener el valor adquisitivo de aquéllas, que se ve afectado necesariamente con el transcurso del tiempo entre el retiro del servicio del trabajador y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el otorgamiento de la pensión, tal como lo sostuvo esta Sala en las sentencias que modificaron los criterios jurisprudenciales anteriores en la materia (…).

El criterio expuesto, también se ha sostenido más recientemente en las sentencias CSJ SL5088-2020, CSJ SL5087-2020, CSJ SL700-2021, CSJ SL1945-2021, CSJ SL3851-2021 y CSJ SL5553-2021.

Vistos los hechos probados narrados al inicio, no se evidencia error alguno del Tribunal y, por el contrario, la decisión se ajusta a la doctrina de la Sala, en la medida que en el caso concreto la pensión a favor del demandante se hizo exigible el 2 de julio de 2001 y el retiro se produjo desde el 31 de diciembre de 1992, de lo que se deriva que transcurrió un tiempo considerable entre las fechas anotadas, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo del ingreso que sirvió de base para liquidar el monto de la mesada, por lo que era procedente la indexación reclamada.

Ahora bien, con respecto a los argumentos que expone la recurrente, en el sentido de que en el presente asunto no se causa la indexación porque la aplicación de dicha figura solamente es posible cuando se «tiene constituido un derecho o lo tiene en formación o tiene al menos una expectativa y es natural», ello por cuanto antes del reconocimiento de la pensión voluntaria no había derecho alguno y, por lo tanto, su valor no se puede deteriorar. Y que, en su concepto, para que opere la actualización se requiere que exista mora por parte del deudor, condición que no ostenta la demandada en el caso por cuanto la pensión se otorgó por su propia voluntad; tales supuestos no resultan suficientes para que la Corporación modifique su línea de pensamiento sobre el tema por las siguientes razones.

Como primera medida, la Corte entiende que el recurrente se refiere al reconocimiento de la pensión por voluntad unilateral de la accionada, pues ciertamente las prestaciones contenidas en un instrumento colectivo o extralegal, también exigen un elemento volitivo con independencia de que conste en un documento como una convención, un pacto, una conciliación o cualquier otro documento en el que se pueda dejar constancia de la obligación que se adquiere.

Por otra parte, el que un derecho surja como consecuencia de un acto voluntario unilateral, en manera alguna despoja a su titular de la posibilidad de exigir su cumplimiento y mucho menos, en materia de derechos sociales como lo es la pensión de jubilación reconocida al actor que tuvo como fundamento la prestación del servicio por un tiempo superior a dieciocho años, lo que, tal como se estableció en el mismo acto de reconocimiento «de conformidad con las normas legales general el derecho a la pensión de jubilación a favor del señor Alfonso Martínez Espinosa a cargo inicialmente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y posteriormente compartida con el Seguro Social. En esa dirección, la empresa reconoció de manera «voluntaria y discrecional» como monto de la pensión el equivalente a un «75% del promedio de los salarios devengados en los tres últimos meses de servicio, incluyendo la doceava de la prima de vacaciones pagada en el último año anterior al retiro […]».

Ahora, es claro que quien reconoce una prestación, aun cuando esta sea de carácter voluntario se constituye en deudor y da al acreedor el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación contraída; cosa diferente es la mora, entendida como el evento en el cual aquél no cumple con el compromiso en la oportunidad pactada o unilateralmente señalada, cuando la naturaleza de la obligación así lo permite, que no es lo que acá se discute.

Por otra parte, tal como se indicó en los antecedentes jurisprudenciales mencionados, la indexación no es otra cosa que traer a valor presente una suma de dinero o crédito para contrarrestar los efectos inflacionarios de la economía o la pérdida de valor adquisitivo de la moneda o medio de cambio por el transcurso del tiempo, sin que ello signifique un aumento o incremento del mismo.

Para el caso de las pensiones, opera siempre y cuando transcurra un periodo de tiempo entre la fecha del retiro y aquella en la que se comienza a pagar la prestación, a fin de que ésta corresponda con el ingreso que percibía en su momento el trabajador, que es precisamente el objeto de la asignación de jubilación, en el entendido que está llamada a sustituir, al menos en parte, el salario, aspecto que no varía por la naturaleza voluntaria o extralegal de la pensión porque tanto unas y otras, se pueden ver afectadas por el fenómeno económico mencionado, y no resulta acorde con la equidad que no se compense o que se haga frente a algunos casos y otros no.

Dicho en otras palabras, el hecho de que el monto de una pensión se sujete a un acto voluntario unilateral del empleador, no impide que, como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo del salario por el tiempo transcurrido entre la fecha del retiro y aquella en la que se materializa el pago de la misma, se haga efectiva la actualización de la base salarial; lo contrario sería aplicar un trato diferenciado sin razones que lo justifiquen, ya que el fenómeno inflacionario no diferencia el origen o naturaleza de la prestación económica.

Por último, las afirmaciones de la recurrente no derivan en una transgresión de los artículos 1524, 1535 y 1563 del CC pues, se insiste, la actualización del salario para efectos de comenzar a pagar la mesada pensional o salario diferido, no es una carga adicional a la obligación contraída por voluntad del empleador, sino el reconocimiento de la pérdida de valor adquisitivo del salario devengado entre el retiro y el momento en que el empieza a recibir la pensión, que se deriva del principio de equidad, entre otros, según lo explicado en esta providencia.

Se sigue de lo expuesto que el cargo resulta infundado y, en consecuencia, no sale victorioso.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la recurrente demandada, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $9.400.000,oo, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia realice, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de julio de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALFONSO MARTÍNEZ ESPINOSA contra la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

(Salva Voto Parcial)

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Demandante: Alfonso Martínez Espinosa

Demandado: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Radicación: 93198

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

Pese a que en la respectiva sesión en la que se debatió el asunto anuncié mi salvamento parcial de voto, al leer el texto definitivo de la providencia estimo que ello no es necesario.

Fecha ut supra.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado

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