RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › 2022 › SL4093-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4093-2022

Fecha
27 de septiembre de 2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4093-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que SANDRA BIVIANA HERRERA instauró en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. al que se vinculó a V.M.H. como litisconsorte necesario. Sin costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4093-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

27 de septiembre de 2022

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL4093-2022

Radicación n.°87727

Acta 33

Pasto (Nariño), veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. contra la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que le promovió SANDRA BIVIANA HERRERA, al que se vinculó a V.M.H. como litisconsorte necesario.

I. ANTECEDENTES

Sandra Biviana Herrera demandó a la mencionada AFP en procura de que se le reconociera la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge Jorge Iván Montoya Jaramillo, desde el 9 de abril de 2013, «toda vez que la entidad demandada tenía que dejar el 50% de la prestación económica en suspenso y no lo hizo», junto con las mesadas adicionales, intereses moratorios y lo ultra y extra petita. En subsidio, solicitó la indexación de las mesadas en caso de no considerar procedentes los intereses moratorios.

Como soporte de sus súplicas dijo que: el 13 de marzo de 2004 contrajo matrimonio con el causante, con quien convivió hasta su fallecimiento; nunca hubo separación, procrearon una hija; solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual se le otorgó únicamente a su hija en su totalidad, por considerar que no acreditó el tiempo de convivencia, pese a lo cual se abstuvo de dejar en reserva el 50% como lo determina la ley.

Protección S.A., al responder la demanda, admitió algunos hechos y se opuso a las pretensiones con fundamento en que no se demostró la convivencia ininterrumpida con el causante fallecido en los últimos cinco años de vida. En su defensa, propuso las excepciones de cumplimiento del artículo 294 del CST, no se acreditó el tiempo mínimo de convivencia para ser beneficiaria de la prestación, pago de la pensión y el retroactivo a quien acreditó la titularidad del derecho, quien eventualmente debe pagar la cuota solicitada; afectación del saldo de la cuenta de ahorro pensional en caso de pagar doblemente el retroactivo; inexistencia de la obligación, falta de causa por pasiva, cobro de lo no debido, buena fe, pago, compensación, prescripción y la genérica.

A través de curadora se notificó a la menor hija de la actora quien contestó que se atendría a lo que se probara en el proceso.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 11 de mayo de 2017, condenó a la demandada a pagar la pensión de sobrevivientes solicitada en la demanda en un 50% para la actora y el otro 50% a su hija, con la posibilidad de acrecentar al 100% cuando la menor pierda el derecho de acuerdo con la ley. Absolvió de las demás pretensiones e impuso costas a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, por sentencia de fecha 20 de noviembre de 2019, confirmó la decisión impugnada y no condenó en costas.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Colegiado, luego de advertir que resolvería en la misma audiencia tres procesos señaló, en cuanto concierne al que ocupaba a la Corte en este asunto, que el fallecimiento del causante ocurrió en vigencia de la Ley 797 de 2003, art. 13, inciso tercero, al cual procedió a dar lectura, y luego estimó que esta Corporación ha evolucionado en el análisis de la cuestión desde el 20 de mayo de 2008, cuando exigía tanto a la cónyuge como a la compañera demostrar convivencia al momento de la muerte y al menos cinco años precedentes a ese hecho, postura que se varió radicalmente con la sentencia proferida en el radicado 40055 del 20 de noviembre de 2011, a partir de un nuevo examen del asunto precisó que ese requisito no puede exigirse en casos de convivencia no simultánea, pues el cónyuge con vínculo vigente mantiene el derecho con la convivencia de cinco años en cualquier tiempo.

Posteriormente, con la decisión emitida dentro del radicado 41637 del año 2012, se amplió la interpretación de la norma y se estimó que, para efectos de acceder a la prestación por muerte, no es menester la presencia de un compañero o compañera permanente, eventos en los que el cónyuge puede reclamar si hizo vida marital durante un término no inferior a cinco años en cualquier término. Luego, se remitió a la sentencia proferida en el radicado 45038 del 13 de marzo de 2012, en la que se dijo que la pensión de supervivencia no podía ser negada al cónyuge con vínculo matrimonial indemne por no tener la sociedad conyugal vigente al no ser éste un aspecto relevante, motivo por el cual debía otorgarse por la vida en común de cinco años en cualquier tiempo.

Estimó que con el fallo CSJ SL12442-2015 replicado en los CSJ SL16949-2016 y CSJ SL3405-2018, la Corte concluyó que para que la cónyuge tuviera derecho debía acreditar que, aunque hubo separación se mantuvo un vínculo actuante, a través del cumplimiento de las obligaciones propias de los cónyuges, pero resaltó que esta jurisprudencia fue aislada pues a partir de la decisión CSJ SL1399-2018, al abordar la convivencia singular del cónyuge se remitió a las sentencias mencionadas CSJ SL, rad. 41637, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017 y CSJ SL16419-2017, resaltando que en el caso de las cónyuges solo debían acreditar cinco años de convivencia en cualquier tiempo así no subsistiera al momento de la muerte. En ese mismo sentido citó las decisiones CSJ SL2076-2019, CSJ SL2335-2019, CSJ SL2997-2019, CSJ SL3410-2019 y CSJ SL3973-2019, en las que se reiteró el entendimiento mencionado sin exigir la existencia del vínculo actuante, tesis de la que tampoco participa la Corte Constitucional.

Sostuvo que esa sala compartía el criterio según el cual lo único que debe demostrar el cónyuge sobreviviente separado de hecho es la existencia de un vínculo matrimonial y convivencia de 5 años en cualquier tiempo.

En el caso concreto indicó (00:44:15 a 00:52:20) que la juez de instancia encontró probados los cinco años de convivencia en cualquier tiempo y dado que la demandada insistía en que no se demostró el derecho, se remitió al acervo probatorio, en el cual evidenció que el matrimonio entre la actora y el fallecido se encontraba vigente al momento de la muerte de éste, que la prestación se otorgó únicamente a la menor hija de la pareja; que la accionada solo realizó una entrevista a la actora, a través de Gladys Helena Berrío, quien declaró en el proceso que existía un formato o preforma cuyas respuestas quedaron plasmadas en el documento obrante en el expediente, en el que halló que la convivencia entre los mencionados inició en el año 2004 y que hubo separación desde enero de 2012 por inconvenientes de pareja, pero añadió que esta circunstancia «no desvirtúa la convivencia por cinco años en cualquier tiempo», versión que se corroboró en la diligencia del interrogatorio de parte que absolvió la actora, quien explicó que la separación obedeció a los problemas de salud y de alcohol por parte del causante, por lo que decidieron que se fuera a vivir a la casa de su señora madre, aun así siguió pendiente del sostenimiento del hogar, pagaba el arrendamiento del inmueble donde vivía con su hija, colaboraba con la manutención, en fin, seguían siendo pareja, al punto que ella lo cuidaba, pues se dieron tres hospitalizaciones por veinte días todas en vigencia del matrimonio. Versión que consideró fue corroborada por los testigos Héctor Jaime Marulanda y Johana Alexandra Álvarez, esta última quien adujo que no notó que había separación porque cuando llamaba a la accionante le contestaba el causante, pero sabía que por razones de salud vivía con su progenitora.

Concluyó que en el caso se acreditó el derecho de la cónyuge a la pensión, pues aun cuando pueda afirmarse que hubo una separación en el último año, que llevó a que se trasladara a un apartamento a una cuadra de donde vivía con la actora, en todo caso la convivencia se dio por mucho más de cinco años en cualquier tiempo, lo que es suficiente para otorgar el derecho, argumento que consideró válido para confirmar la decisión y no acoger los argumentos de la recurrente.

Con respecto al recurso de la demandante, dirigido a que se le otorgara la totalidad del retroactivo dijo que en casos semejantes la Corte ha indicado que, si bien a la cónyuge le asiste el derecho a la pensión por la muerte del esposo, no necesariamente lo es desde el fallecimiento, cuando en su condición de representante legal administró y disfrutó la mesada que inicialmente le fue reconocida por la entidad a la hija en común con el de cujus, lo contrario supondría un doble pago por el mismo concepto (CSJ SL18638-2016 y CSJ SL2993-2019).

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolverlo.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN.

Pretende la recurrente que la Corte CASE PARCIALMENTE la sentencia del Juez Plural,

(…) solamente en cuanto confirmó la condena al pago de la pensión de sobrevivientes a la actora en cuantía de un 50% del valor de la mesada, para que, ubicándose en sede de instancia, revoque parcialmente la de primer grado proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín que condenó a Protección S.A. al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la actora en un 50% de la mesada pensional, y, en su lugar, modifique la cuantía de esa condena, fijando el valor de la cuota parte de la mesada en proporción al tiempo de convivencia de la actora con el causante, proveyendo en costas como corresponda.

Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que no fueron objeto de réplica y que se estudian conjuntamente al perseguir idéntico fin.

VI. PRIMER CARGO

Acusa la sentencia de violar por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, «los artículos 191 y 196 del Código General del Proceso, y la consecuente infracción directa del artículo 167 de ese estatuto procesal, en relación con el 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, violación de medio que condujo a la aplicación indebida de los artículos 46 y 47, modificados, en su orden, por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, 48, 73, 74 y 77 de la Ley 100 de 1993».

Afirma que la decisión del colegiado se apoyó en lo manifestado por la actora en el interrogatorio de parte, con base en el cual dio por probada la convivencia con el causante y acudió a otros medios solo para corroborar lo probado en la diligencia mencionada, con lo que considera se infringió el artículo 191 del Código General del Proceso al no reparar que «la declaración de parte solamente conduce a la confesión judicial provocada, pero por sí sola no constituye prueba de los hechos que favorezcan al declarante».

Expone que la declaración de parte tiene por objeto obtener la confesión «de tal suerte que la simple declaración no puede servir de prueba de los hechos que, en su favor, afirme la parte, pues ello equivaldría a permitirle fabricar sus propias pruebas, lo que es inadmisible e iría en contra de elementales reglas y principios probatorios, como los de lealtad, probidad, idoneidad y carga de la prueba». Añade que la simple declaración de parte no constituye medio de prueba idóneo por sí solo para acreditar un hecho, salvo que contenga confesión.

Sostiene que la jurisprudencia de la Sala ha enseñado que las aseveraciones que en su propio beneficio haga una de las partes no pueden servir de prueba de un determinado hecho, cita la sentencia CSJ SL 10 jul. 2003, rad. 20347, y afirma que de haber tenido en cuenta las disposiciones adjetivas no le había dado validez a las afirmaciones de la actora con base en las cuales dio por probada la convivencia con el causante, con lo que infringió el artículo 167 del CGP por medio del cual se desconocieron las normas sustanciales que consagran la pensión de sobrevivientes. Aclara que no controvierte la apreciación de la prueba sino el valor que le dio.

VII. SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia de violar por la vía indirecta por aplicación indebida de los artículos 46, 47, 48, 73, 74 y 77 de la Ley 100 de 1993.

Lo anterior con base en los siguientes desaciertos de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la actora convivió con el causante en forma ininterrumpida desde la fecha de su matrimonio hasta la del fallecimiento del señor Jorge Iván Montoya Jaramillo.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la convivencia entre el afiliado fallecido y la actora tuvo varias interrupciones, la más importante, la ocurrida entre el mes de enero de 2012 y el 9 de abril de 2013.

Como pruebas equivocadamente apreciadas denuncia los siguientes:

1. Documento análisis de la investigación sobre la convivencia de la actora, suscrito por ella. Folios 69 y 70.

2. Testimonios de Héctor Jaime Marulanda, Johana Alexandra Álvarez Sepúlveda y Gladys Helena Berrío Puerta. (Prueba no calificada).

3. Interrogatorio de parte practicado a la demandante.

Asevera que el colegiado concluyó que nunca hubo separación del causante, lo cual considera equivocado porque en el proceso hay suficientes pruebas de que no hubo convivencia entre enero de 2012 y el 9 de abril de 2013, por lo que la cuota parte pensional otorgada a la actora no podía ser completa.

En referencia directamente a las pruebas señala que en la entrevista que se hizo a la demandante y, que fue suscrita por ella, consta que los cónyuges mencionados estuvieron separados desde enero de 2012 hasta el fallecimiento del causante, y aun cuando hubieran retomado la relación ello no equivale a la convivencia que exige la norma. Añade que en el mismo documento consta que los gastos eran asumidos directamente por la promotora del juicio.

Con respecto a la confesión, aduce que el fallador no advirtió la entrevista que consta en el documento antes mencionado, en la que aseveró que ante la agresividad de su esposo y los problemas de alcohol decidieron distanciarse en el 2012; que ella misma sostenía el hogar y no incluyó a su esposo dentro de su grupo familiar, de lo que es posible extraer que estuvo separada de aquél por más de un año. Reitera lo dicho en cuanto al interrogatorio de parte y se remite a los testimonios de Gladys Helena Berrío Puerta, Héctor Jaime Marulanda y Johana Alexandra Álvarez Sepúlveda que consideró mal valorados, pues de todos ellos se deriva que hubo una separación real de la pareja conformada por la demandante y el afiliado, la cual tuvo incidencia en el fallo, pues:

[l]e otorgó a la actora la totalidad de la cuota parte cuando ha debido hacerse en forma proporcional al tiempo de convivencia con el afiliado, si se tiene en cuenta que del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, al modificar los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, es forzoso colegir que su objetivo es que el cónyuge separado de hecho, pero que mantiene vigente el vínculo matrimonial, pueda acceder a una parte de la prestación que surja por la muerte de su cónyuge afiliado al Sistema General de Pensiones, como un reconocimiento al tiempo real de convivencia pretérito y al mantenimiento del vínculo conyugal. Y aún de admitirse que ese derecho se causa así el causante no haya tenido compañera o compañero permanente para cuando murió, es claro que la pensión que se reconozca al separado no puede ser integral, pues se trata de una excepción a la regla general según la cual lo que da derecho a la pensión por muerte es la convivencia real y efectiva al momento de la muerte del causante. Por esa razón la norma citada alude a una cuota parte y a un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante, expresiones de las cuales, necesariamente, se debe concluir que la cuantía de la pensión de la que puede gozar el cónyuge separado de hecho debe estar en proporción al tiempo de convivencia real, efectiva, actuante, con el afiliado.

VIII. CONSIDERACIONES

Desde el pórtico, resulta pertinente memorar que el juez colectivo otorgó la pensión de sobrevivientes porque estimó que la actora demostró su calidad de cónyuge del causante con quien convivió por más de cinco años en cualquier tiempo, y aun cuando pudiera afirmarse que hubo una separación en el último año, por razones de salud y por los problemas de alcohol del causante, ello no impedía conceder el derecho. Para el efecto se remitió a decisiones de esta Sala sobre la materia, las cuales dijo compartir.

La parte recurrente cuestiona la sentencia, pues en su sentir el Tribunal dio pleno valor a la declaración de parte de la actora para tener por probado que la convivencia se mantuvo hasta la fecha de fallecimiento de aquél, pese a que esta no es una prueba suficiente o idónea, salvo cuando contenga confesión; y que dado que existió interrupción de la convivencia en el último año, no le corresponde a la promotora el pago de la totalidad de la mesada pensional sino una cuota parte proporcional al tiempo de convivencia.

De acuerdo con lo anterior le corresponde a la sala definir si la declaración de parte que rindió la demandante en el proceso es válida para establecer la convivencia con el causante hasta la fecha de su fallecimiento y si a la cónyuge le corresponde el pago de una porción de la mesada pensional cuando hay separación antes del deceso del afiliado.

Previamente hay que señalar que los cargos parten de una premisa equivocada frente a la decisión del sentenciador, dado que este no tuvo por probada la convivencia de la actora con el causante hasta el fallecimiento de aquél, por el contrario, lo que encontró demostrado fue que unos meses antes de dicho suceso los cónyuges de separaron ante las situaciones de salud que presentaba aquél y los problemas con el alcohol, pero que esa circunstancia no era óbice para impedir el acceso a la prestación, la cual se causa con la sola convivencia en los últimos cinco años.

Otro aspecto para tener en cuenta es que la recurrente no cuestiona el derecho pensional otorgado a la demandante sino su cuantía, pues su impugnación va encaminada a que se reduzca aquella en proporción al tiempo de convivencia que para la fecha de fallecimiento se había interrumpido, con lo que admite la conclusión del sentenciador sobre tal hecho.

Pues bien, frente al primer aspecto hay que anotar que, si bien es cierto que antes de la expedición del Código General del Proceso no se otorgaba valor probatorio alguno a la declaración parte, salvo cuando esta conllevara la confesión, a partir de la entrada en vigencia del artículo 165 de dicho estatuto instrumental, se introdujo como medio de prueba la declaración de parte de manera independiente a la confesión, lo cual se ve reafirmado en el inciso final del precepto 191 ibidem, que previó la posibilidad de valorarla de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas.

Lo anterior no va en contravía del principio según el cual a nadie la está permitido fabricar su propia prueba en su favor, pues téngase presente que la disposición adjetiva no otorga valor de plena prueba a la sola afirmación de la parte, sino a la posibilidad de que esta sea valorada bajo los principios científicos que informan la crítica de la prueba, como lo dispone el canon 61 del CPTSS y, de ser preciso, mediante la confrontación con los otros medios de convicción que se hubieran recaudado en el juicio, siempre y cuando no se requiera determinada solemnidad ad substantiam actus.

Al respecto la homóloga Civil en la sentencia CSJ SC5185-2020, aun cuando hizo referencia concreta al procedimiento civil, sus consideraciones no resultan del todo ajenas al proceso del trabajo ajustando lo que sea preciso a este, al respecto dijo:

[…] la declaración de parte concernida a quien ostenta esa condición como demandante o demandado, y excepcionalmente en otros casos, como el de los opositores, como medio probatorio reviste variados efectos o diferentes utilidades: 1. Obtener la verdad o caminar hacia la certeza judicial de los hechos acaecidos y objeto de juzgamiento por parte del juez, sean de la demanda o de las excepciones; 2. Fijar los hechos y pretensiones por cuanto el juez requerirá «(…) a las partes y a sus apoderados para determinar los hechos en los que están de acuerdo y que fueren susceptibles de confesión (…)» (Art. 372 del C. G. de P.); 3. «(…) [F]ijar el objeto del litigio, precisando los hechos que considera demostrados y los que requieran ser probados» (art. 372 ejúsdem). 4. Configurar confesión como se explicitó anteriormente cuando recae sobre hechos que perjudican al propio declarante y favorecen a la parte contraria, siempre y cuando llenen sus requisitos, por ejemplo, con relación a hechos donde la ley no exija otro medio de prueba. De tal modo que la importancia de la declaración de parte, no se halla exclusivamente en la confesión.

De lo que expuesto es válido concluir que, a partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, adoptado mediante la Ley 1564 de 2012, las declaraciones que rindan las partes en el curso del proceso son un medio de prueba válido y deben ser evaluadas por parte de los jueces de instancia aun cuando no contengan confesión, y en materia laboral, además, debe atender las reglas previstas en el artículo 61 del CPTSS que garantiza la libre formación del convencimiento.

También hay que advertir que, aun cuando se entendiera que se acusa la falta de apreciación o errónea apreciación de dicho medio de prueba, pese a que resulta válido por sí solo según lo explicado, lo cierto es que no es una prueba hábil en casación, en el entendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, el error de hecho como motivo de casación laboral, solamente procede con respecto a la falta de apreciación o apreciación errónea de la confesión judicial, el documento auténtico y la inspección judicial.

Por otro lado, y de cara a abordar el estudio de los restantes embates formulados por la recurrente, debe advertirse que dada la doble presunción de acierto y legalidad que cobija las providencias judiciales, la jurisprudencia ha enseñado que el error de hecho que da al traste con la sentencia acusada, debe ser de tal envergadura que por saltar a primera vista, se haga evidente, incontrovertible; además, el servidor judicial cuenta con la facultad legal de valorar, bajo las reglas de la sana crítica, el conjunto de las pruebas allegadas al plenario y darle mayor peso a unas que a otras, en razón a la inexistencia de una tarifa legal sobre el particular.

Lo anterior no significa en manera alguna que se puedan convalidar decisiones arbitrarias y contrarias al acervo demostrativo; de tal forma que han de conjugarse los dos parámetros antes referidos, para establecer si a pesar de la libre formación del convencimiento que tiene el Tribunal según las voces del artículo 61 del CPTSS, desatendió protuberantemente la verdad real que reflejan los medios probatorios aportados; siendo menester recordar, como se dijo arriba, que en casación son válidos solamente el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial.

En el presente asunto no fue objeto de discusión que el fallecimiento del causante ocurrió el 9 de abril de 2013, época en la que estaba vigente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003 que, en lo pertinente, señala como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, al cónyuge o compañera permanente y supérstite, siempre que tenga más de 30 años y, haya convivido con el causante no menos de cinco años hasta su muerte.

En ese orden, procede la Sala a analizar los medios de prueba que en consideración de la recurrente conllevaron los errores de hecho, no sin antes advertir, como ya se hizo arriba, que aquella no tuvo por probada una convivencia hasta la fecha de fallecimiento del causante como con desatino se plantea por la censora.

A folio 69 a 70 obra el documento denominado análisis de investigación de Protección S.A., suscrito por la actora, en el que se da cuenta de que la mencionada y el causante tuvieron dos separaciones, una en el año 2012 por quince días, y desde enero de 2012 «por inconvenientes de pareja», relación que, posteriormente, retomaron «pero [que] no convivían». En la diligencia de interrogatorio de parte, la absolvente declaró en similares términos, por lo que no se encuentra yerro alguno del sentenciador plural, pues, se insiste que derivó de estos medios de convicción lo que de ellos se extracta, es decir, que a la fecha del fallecimiento del causante no convivían, aspecto que al parecer en últimas no cuestiona el recurrente.

El punto es que la administradora no cuestionó el hecho de que la decisión se fundó en que bastaba la convivencia de cinco años en cualquier tiempo para acceder al derecho prestacional reclamado y, en ese orden de ideas, ningún reparo cabe realizar a la decisión del Colegiado, y ello impide abordar el estudio de la prueba testimonial al no estar demostrado yerro frente a las pruebas hábiles en casación.

Finalmente, con respecto a la modificación del porcentaje asignado a la actora como pensión de sobrevivientes, esto es, el 50% de la mesada, a fin de que se reduzca en proporción al tiempo de convivencia, basta con señalar que en rigor este es un asunto de estirpe jurídica cuyo planteamiento no resulta atinado hacerlo a través de la vía indirecta por la que se plantea la cuestión.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Sin costas por cuanto no hubo réplica.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que SANDRA BIVIANA HERRERA instauró en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. al que se vinculó a V.M.H. como litisconsorte necesario.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL4093-2022 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.