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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4108-2021

Fecha
23 de junio de 2021
Magistrado ponente
Ivan Mauricio Lenis Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4108-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Cali profirió el 16 de octubre de 2018, en el proceso ordinario que AURA MERCEDES DÍAZ DE LOS RÍOS promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES–COLPENSIONES- y en el cual fue vinculada como litisconsorte necesaria la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4108-2021

Magistrado ponente: Ivan Mauricio Lenis Gomez

23 de junio de 2021

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

SL4108-2021

Radicación n.° 86223

Acta 23

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).

La Corte decide el recurso de casación que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 16 de octubre de 2018, en el proceso ordinario que AURA MERCEDES DÍAZ DE LOS RÍOS promueve contra la recurrente y en el cual fue vinculada como litisconsorte necesaria la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP.

ANTECEDENTES

La accionante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 a partir del 8 de marzo de 2011, por ser beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, la pensión de vejez establecida en el Acuerdo 049 de 1990; asimismo, requirió el retroactivo, los intereses moratorios, la indexación y las costas procesales.

En respaldo de sus pretensiones, narró que nació el 15 de abril de 1953; es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones tenía 40 años de edad y, además, acumuló el número de semanas exigidas para el efecto porque entre 1977 y 1978 fue afiliada al Instituto del Seguro Social -ISS-, desde el 23 de agosto de 1982 hasta el 26 de abril de 1993 cotizó en Cajanal como servidora del DANE y por dichos tiempos obtuvo un bono pensional correspondiente a 554.66 semanas.

Por último, afirmó que se trasladó a un fondo privado y luego retornó al ISS y cotizó hasta el 31 de diciembre de 2012; que el 8 de marzo de 2008 solicitó el reconocimiento de la prestación a Colpensiones, entidad que mediante Resolución GNR 243775 de 2013 la negó al considerar que había perdido la transición; que contra esa decisión interpuso recursos de reposición y apelación y a través de Resoluciones GNR 57378 de 2014 y VPB 11138 de 2015 se resolvieron en forma adversa a sus intereses, aunque en esta última se indicó que sí era beneficiara de tal prerrogativa (f.º 35 a 23).

Al contestar la demanda, la convocada a juicio se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos en que se fundamenta, aceptó la fecha de nacimiento de la actora.

Aclaró que respecto a los periodos cotizados se atenía a la historia laboral actualizada al 22 de septiembre de 2017. Agregó que la accionante no reunió los requisitos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, como tampoco en la Ley 71 de 1988 para tener derecho al reconocimiento del derecho pensional; y que este se rige por las disposiciones de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, exigencias que tampoco satisfizo.

Por último, adujo que el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 71 de 1998 no contemplan «la acumulación de tiempos públicos y privados, dado que esta solo permite tener en cuenta para el reconocimiento de la pensión de vejez los tiempos cotizados exclusivamente al ISS hoy Colpensiones».

En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe de la entidad demandada, prescripción, legalidad del acto administrativo que niega la pensión de vejez a la demandante, innominada o genérica (f.º 44 a 51).

Mediante auto de 26 de octubre de 2017, la jueza de conocimiento ordenó la integración como litisconsorte necesaria de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- «para que se pronuncie respecto de la demanda e informe lo que conozca respecto de los aportes a pensión del periodo en que la actora, señora AURA MERCEDES DÍAS DE LOS RÍOS identificada con C.C. 31.270.642 indica que laboró para el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE entre el 23 de agosto de 1982 al 26 de abril de 1993» (f.º 56 a 57).

Al dar respuesta a la demanda, la UGPP señaló que se atenía a lo que resulte acreditado en el proceso. Respecto de los hechos en que se basa, expuso que no le constaban (f.º 92 a 101).

Además, destacó que no existe ningún respaldo legal para que la entidad deba responder por el reconocimiento del bono pensional de la actora, dado que «una vez revisadas las bases de datos no se reportan cotizaciones a esta entidad, ni expediente administrativo, además de los mismos hechos de la demanda se evidencia que la demandante no realizó solicitud alguna de reconocimiento pensional, ante mi representada y en razón a esto no existe ningún pronunciamiento por parte de UGPP».

En consecuencia, solicitó su desvinculación del proceso y para ello formuló la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva. Como medios exceptivos de fondo, propuso los de inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido, prescripción y buena fe (f.º 97 a 100).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 2 de marzo de 2018, la Jueza Octava Laboral del Circuito de Cali decidió (f.º 113 y 114):

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES E.I.C.E. y por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIÓN PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -U.G.P.P. en la contestación de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR que la señora AURA MERDECES DÍAZ DE LOS RÍOS tiene derecho a la pensión de vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, adquiriendo el status de pensionada el 15 de abril de 2008.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES E.I.C.E., representada legalmente por la doctora ADRIANA MARÍA GUZMÁN RODRÍGUEZ, o por quien haga sus veces, a reconocer y a pagar a la señora AURA MERDECES DÍAZ DE LOS RÍOS identificada con la C.C. 31.270.642, la pensión de vejez, conforme al artículo 12 del Decreto 758 de 1990, a partir del 1 de enero de 2013, en cuantía mensual de $653.854,51, así como los reajustes legales y las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad; mesadas que entre el 1º de enero de 2013 al 28 de febrero de 2018 ascienden a la suma de $51.040.238,21. La mesada continuará pagándose a partir del 1º de marzo de 2018 en la suma de $812.162.

CUARTO: AUTORIZAR a COLPENSIONES E.I.C.E. para que sobre el retroactivo efectúe los descuentos con destino al Sistema de Seguridad Social en salud sobre las mesadas ordinarias. De igual forma conforme sus facultades legales efectuará los cobros respectivos a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIÓN PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, por el tiempo servido por la demandante en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA y cotizado para CAJANAL.

QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES E.I.C.E., a reconocer y pagar a la señora AURA MERCEDES DÍAZ DE LOS RÍOS, los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 1.º de enero de 2013 sobre el importe de cada mesada pensional no pagada y hasta que se verifique su pago.

SEXTO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: COSTAS a cargo de la entidad demandada COLPENSIONES EICE (…).

OCTAVO: CONSULTAR la presente providencia (…).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de Colpensiones y de la UGPP y en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de la primera entidad, mediante sentencia de 16 de octubre de 2018 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali resolvió (f.º 7 a 11, cuaderno del Tribunal):

PRIMERO: MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia en el sentido de indicar que la mesada pensional de la señora AURA MERCEDES DÍAZ DE LOS RÍOS, a partir del 1 de enero de 2013 es de $629.572.48 y que el retroactivo pensional causado entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2018, sobre 14 mesadas anuales asciende a $49.137.254,90.

SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás la sentencia.

TERCERO: Las COSTAS en esta instancia están a cargo de COLPENSIONES y la UGPP a prorrata (…).

Para los fines que interesan al recurso extraordinario, el ad quem señaló que en el proceso se acreditó que: (i) la accionante está afiliada al ISS, hoy Colpensiones, cuyas cotizaciones se hicieron de manera ininterrumpida en calidad de trabajadora independiente y como dependiente, entre el 21 de septiembre de 1977 y el 31 de diciembre de 2012; (ii) laboró al servicio del DANE entre el 23 de agosto de 1982 y el 26 de abril de 1993 y durante este tiempo cotizó a CAJANAL, como consta en el certificado para bonos pensionales; (iii) la primera solicitud pensional la formuló el 8 de marzo de 2011 ante Colpensiones, entidad que negó la prestación mediante Resolución GNR 243775 de 2013; (iv) contra este acto presentó recursos de reposición y apelación, los cuales se resolvieron negativamente como consta en las Resoluciones GNR 57378 de 2014 y VPB 1138 de 2015, y (v) en la última resolución se estableció que la actora tenía una multivinculación con un fondo privado, sin embargo, al resolverse la afiliación por el comité encargado a cargo de Colpensiones, este decidió considerarla beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Indicó también que Colpensiones cuestionó el fallo proferido por el a quo, al considerar que el Acuerdo 049 de 1990 no permite la acumulación de tiempos públicos y privados para el reconocimiento de la pensión de vejez, pues solo pueden tenerse en cuenta las cotizaciones efectuadas al ISS, posición que encuentra respaldo en diversos fallos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y como consecuencia de ello, la actora no cumple con el requisito de las 1000 semanas cotizadas; tampoco cuenta con la densidad de 500 semanas en los últimos 20 años ni con los 20 años de servicios que exige la Ley 71 de 1988.

Asimismo, se planteó como problema jurídico el determinar si para efectos del reconocimiento de las prestaciones previstas en el Acuerdo 049 de 1990 o la Ley 71 de 1988 era procedente la acumulación de tiempos de servicios públicos y privados laborados por la accionante y, en caso afirmativo, dar alcance a la apelación de la UGPP en cuanto al pago de la cuota parte.

Respecto de lo primero, expuso que la actora cumple con los requisitos de edad y semanas para acceder a la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 si se acumulan las semanas reportadas en la historia laboral de Colpensiones y las que cotizó a CAJANAL a través del DANE.

Agregó que si bien con anterioridad sostuvo la tesis que no era factible la acumulación de tiempos públicos con cotizaciones efectuadas al ISS con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, dado que esta normativa no consagró tal posibilidad y así lo había indicado esta Sala en las sentencias CSJ SL, 4 nov. 2004 rad. 23611, CSJ SL 23 ag. 2006, rad. 27651, CSJ SL, 19 nov. 2007, rad. 30187 y CSJ SL, 1.º feb. 2011, la Corte Constitucional ha desarrollado un criterio diferente a través de las sentencias T-090-2009, T-398-2009, T-275-2010, T-760-2010, T-093-2011, T-334-2011, T-559-2011, T-714-2011, T-360-2012, T-063-2013 y SU-769-2014, y destacó los siguientes aspectos predominantes de esta última línea jurisprudencial:

Que las personas cotizan y por consiguiente cumplen requisitos ante el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y no ante las entidades específicas que lo componen.

Que el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 en ninguno de sus apartes exige que las cotizaciones se efectúen de manera exclusiva al fondo de Seguridad Social, por lo que se incurre en un error el interpretar la norma de manera distinta a lo que realmente se encuentra establecido en ella, y;

Que en virtud del principio hermenéutico de interpretación más favorable a los intereses del trabajador, se debe acoger el criterio que permite computar las semanas que cotizó una persona en distintas entidades del sector público o privado antes de entrar en vigencia la Ley 100, con las que cotizó como afiliado del Instituto de Seguros Sociales.

Conforme lo anterior, el ad quem indicó que era procedente la acumulación de las cotizaciones que la actora efectuó al ISS entre el 21 de septiembre de 1977 y el 31 de diciembre de 2012, esto es, 483.28 semanas, con los aportes realizados a CAJANAL mientras prestó servicios en el DANE, entre el 23 de agosto de 1982 y el 26 de abril de 1993, es decir, por 549.14 semanas.

En ese contexto, el juez plural afirmó que la demandante cumplió con la edad y el número de cotizaciones exigidos en el Acuerdo 049 de 1990 para obtener la prestación deprecada. Explicó que aquella era beneficiaria del régimen de transición y que la sumatoria de los aportes efectuados a CAJANAL y a Colpensiones arroja un total de 1032 semanas, 587 de las cuales lo fueron en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, es decir, entre el 15 de abril de 1988 y el 15 de abril de 2008. Al respecto, señaló:

En ese orden, concluye la Sala, que la señora AURA MERCEDES DÍAZ DE LOS RÍOS tiene derecho a la pensión de vejez, toda vez que cumple a cabalidad la totalidad de requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, el cual es aplicable en su caso particular en virtud del régimen de transición del que es beneficiaria.

Respecto del disfrute de la pensión, en la historia laboral se advierte que la última cotización tuvo lugar el 31 de diciembre de 2012, así que de conformidad con lo dispuesto en los arts. 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, el disfrute lo será a partir del 1 de enero de 2013, tal como lo indicó el a quo.

Por último, el ad quem precisó que el derecho pensional de la actora no se vio afectado por el Acto Legislativo 01 de 2005 porque se causó con anterioridad al 31 de julio de 2011 (sic).

Ahora, en lo que respecta a la UGPP, el Tribunal consideró que no existe prueba que en su condición de administradora del pasivo social de CAJANAL haya pagado la cuota parte destinada a contribuir a la financiación de la pensión de vejez de la peticionaria. Por consiguiente, y en virtud de lo dispuesto en el literal e) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, «resulta completamente ajustada la autorización dada a COLPENSIONES para realizar el respectivo cobro de la cuota parte a la UGPP».

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario de casación lo interpuso Colpensiones, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

La recurrente pretende que la Corte case totalmente la sentencia impugnada para que, en su lugar, revoque la decisión de primera instancia y la absuelva de todo concepto.

Con tal propósito, por la causal primera de casación formula un cargo, que fue objeto de réplica por parte de la UGPP.

CARGO ÚNICO

Por la vía directa, acusa la «aplicación indebida de los artículos: 53 de la Carta Política; 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año; artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005; 21, 141 de la Ley 100 de 1993», así como por «interpretación errónea de los artículos 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y 48 de la Carta Política».

En su desarrollo, la censura expone que el Tribunal se equivocó al sumar los tiempos que la actora cotizó en el DANE y los aportes efectuados a Colpensiones, toda vez que no era procedente aplicar los principios de favorabilidad y pro homine -artículos 21 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Carta Política- porque en este asunto no se está ante dos normas que regulen la misma situación jurídica de manera diferente, sino frente a dos interpretaciones jurisprudenciales disímiles, esto es, la de la Corte Constitucional y la de la Corte Suprema de Justicia.

Explica que esta Sala de Casación tiene una línea clara, reiterada y pacífica que impide tal sumatoria de tiempos laborados para efectos de aplicar el Acuerdo 049 de 1990. Agrega que de su artículo 12 se deduce que tal posibilidad no es válida, pues «solamente se contabilizan para el reconocimiento de la pensión de vejez las efectivamente cotizadas al ISS hoy Colpensiones».

Señala que, a su juicio, el ad quem no justificó debidamente su disenso respecto a la jurisprudencia de su superior jerárquico, sobre todo, cuando esta Corporación tiene la importante tarea de unificar jurisprudencia para así brindar seguridad jurídica tanto a los afiliados como a los fondos de pensiones. En apoyo, refiere las providencias CSJ SL18729-2017, CSJ SL517-2018 y «sentencia 63.245 de 2019».

Reitera que por ello el Tribunal se equivocó al apartarse del criterio que tiene sentado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto a la sumatoria de tiempos de servicio con los efectivamente cotizados al ISS, hoy Colpensiones.

Por otra parte, manifiesta que su inconformidad también reside en que si se interpreta correctamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta norma no faculta al juez para que bajo el Acuerdo 049 de 1990 haga la sumatoria en comento, pues la correcta lectura no es otra sino que el «artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implica única y exclusivamente a que el parágrafo primero remite es al artículo 33 de esa normatividad, mas no al Acuerdo 049 de 1990».

Así, asevera que si el Tribunal hubiera interpretado debidamente el artículo 48 de la Constitución Política, no hubiera accedido al reconocimiento de la prestación porque de esa disposición tampoco se desprende esa posibilidad.

Por último, afirma que la accionante no reunió las exigencias del Acuerdo 049 de 1990, ni tampoco era viable la aplicación de los artículos 13 y 35 ibidem, así como del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005, teniendo en cuenta que lo accesorio corre la misma suerte de lo principal.

RÉPLICA

La entidad opositora indica que la acusación carece de fundamento porque el Tribunal no erró en la aplicación ni en la interpretación de las normas denunciadas.

Agrega que la acusación tiene falencias de técnica porque en la proposición jurídica no se contemplan la totalidad de las disposiciones que aplicó el ad quem al resolver la litis y, además, no expone de manera clara y concisa el supuesto error de interpretación en que incurrió dicho juez.

Reitera que no existe respaldo legal para que la UGPP asuma el pago de la pensión demandada y es Colpensiones la encargada del reconocimiento de la pensión de vejez a favor del demandante, pues «no es competente para el reconocimiento y pago de derechos pensionales a cargo de las entidades frente a las cuales no ha recibido la función pensional y la defensa judicial, como sucede en el presente caso».

Por último, asevera que la acumulación de tiempos púbicos y los cotizados al ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se rige por la Ley 71 de 1988, tal y como lo indicó el Colegiado de instancia. Asimismo, que la actora cumple con los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez porque en este asunto es aplicable el precedente de la Corte Constitucional.

CONSIDERACIONES

No le asiste razón a la opositora respecto a las glosas de técnica que le indilga al cargo, pues la recurrente sí basó su denuncia en los presupuestos normativos en los que el ad quem fundamentó su fallo y que consagran el derecho sustantivo que se debate, en especial, los artículos 12 del Acuerdo 049 de 1990 y 36 de la Ley 100 de 1993. Nótese que es suficiente con que la censura cite cualquier precepto sustantivo que consagre el derecho reclamado o que constituyó la base esencial del fallo o que debió serlo, y que a juicio del impugnante se quebrantó por el juez plural, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa (CSJ SL171-2019, SL5003-2019, SL224-2020, SL1141-2020 y SL1470-2021).

Además, para la Sala es claro el reproche interpretativo que formula la entidad de seguridad social, esto es, que para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, en virtud del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no es posible la sumatoria de tiempos laborados en el sector público o cotizados a una caja previsional, con las cotizaciones efectivamente realizadas al ISS, hoy Colpensiones.

No se discute en sede casacional que: (i) la actora nació el 15 de abril de 1953 y cumplió 55 años de edad en la misma data de 2008; (ii) se afilió inicialmente al ISS hoy Colpensiones entre 1977 y 1978; (iii) del 23 de agosto de 1982 al 26 de abril de 1993 trabajó para el DANE, entidad a través de la cual cotizó a CAJANAL y obtuvo un bono pensional correspondiente a 554.66 semanas; (iv) posteriormente, cotizó nuevamente al ISS hasta el 31 de diciembre de 2012; (v) sumados todos los anteriores aportes, arrojan un total de 1032 semanas, 587 de ellas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida, y (vi) solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez a Colpensiones, la cual fue negada a través de las Resoluciones GNR 243774 de 2013, GNR 57378 de 2014 y VPB 11138 de 2015.

Así, la Corte debe dilucidar si el Tribunal incurrió en un desatino al avalar la sumatoria de los tiempos de servicios públicos a CAJANAL con las cotizaciones realizadas al ISS para efectos del reconocimiento a la actora de la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990.

Pues bien, como lo expone la recurrente, aunque es cierto que esta Sala tuvo el criterio según el cual con base en el Acuerdo 049 de 1990 no era viable la sumatoria en referencia (CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 23611, CSJ SL, 10 mar. 2009, rad. 35792, CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 42242, CSJ SL, 6 sep. 2012, rad. 42191, CSJ SL4461-2014, CSJ SL1073-2017, CSJ SL517-2018, CSJ SL4010-2019 y CSJ SL5614-2019), en decisión reciente la Sala replanteó tal precedente judicial y adoctrinó que ello sí era posible (CSJ SL1947-2020, CSJ SL1981-2020, CSJ SL2557-2020, CSJ SL2659-2020, CSJ SL3110-2020, CSJ SL3657-2020, CSJ SL3719-2020, CSJ SL4480-2020, CSJ SL5181-2020, CSJ SL5195-2020 y CSJ SL182-2021).

Para sustentar dicho cambio jurisprudencial, precisamente en la primera sentencia indicada (CSJ SL1947-2020) la Sala explicó:

No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas.

Para modificar tal criterio jurisprudencial, debe destacarse que tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 tuvo como finalidad esencial proteger las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a pensionarse, a fin que estuvieran cobijados por la legislación precedente, en los aspectos definidos por el legislador.

Este tipo de regímenes se prevé en los sistemas de seguridad social a fin de que los cambios legislativos en materia pensional no sean abruptos para los ciudadanos, sino que su aplicación sea progresiva y gradual y no se afecten las expectativas legítimas de quienes se encontraban cerca de consolidar los derechos prestacionales. Es el establecimiento de condiciones de transición lo que garantiza la aplicación ultraactiva de la disposición anterior, se reitera, en algunos aspectos definidos por el propio legislador.

Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implicó una protección especial para quienes se encuentran cobijados por éste, en el sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de 1993.

De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones de transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.

En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas (…)

(…) En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad.

Es de resaltar que este cambio de criterio jurisprudencial de la Sala está acorde a mandatos superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garantía fundamental de los ciudadanos, así reconocida por diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que, además de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens.

Conforme lo anterior, no hay duda que las razones que fundamentaron la decisión del Colegiado de instancia respecto a la sumatoria de las semanas cotizadas por la actora a Cajanal mientras laboró en el DANE se apoyan en los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y, ahora, en los precedentes actuales de la Sala en igual sentido, ya referidos.

Por tanto, el Tribunal no incurrió en los desatinos que le indilga la censura, pues, como se explicó, la actual interpretación del parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 acepta que esta norma está referida a los regímenes pensionales anteriores y, por tanto, es ajustado a derecho reconocer las semanas cotizadas o el tiempo de servicio que los afiliados hubieran realizado a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o, el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número, con las efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990.

Ahora, la recurrente argumenta que al no ser admisible la plurimencionada sumatoria, la actora no cumplió con las exigencias del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 en armonía con lo previsto en el artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005 para el reconocimiento del régimen de transición. Sin embargo, se advierte que el Tribunal al admitir la acumulación de los aportes a CAJANAL con las cotizaciones al ISS, estableció que sí se cumplieron con dichos requisitos; aspecto que no se controvirtió por la vía adecuada. Además, determinó que el derecho pensional «no se ve afectado por el A.L. 01/2005, por haberse causado con anterioridad al 31 de julio de 2011 (sic)», de modo que es intrascendente debatir en esta sede los efectos de dicha reforma constitucional respecto a la vigencia del régimen de transición, en el sentido de si se extendía o no en el caso de la accionante hasta el año 2014.

Igualmente, como el ad quem estimó que la actora estructuró el derecho pensional el 15 de abril de 2008, no aplicó indebidamente los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, al fijar el disfrute de la pensión una vez que operó el retiro del sistema.

Por último, en cuanto al argumento que el Colegiado de instancia no justificó debidamente su disenso respecto al anterior criterio jurisprudencial que tuvo esta Sala y que negaba la posibilidad de sumar tiempos laborados en el sector público o aportes a cajas previsionales con las cotizaciones sufragadas al ISS para efectos del otorgamiento de la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, debe indicarse que si bien los jueces deben considerar en sus sentencias los precedentes que profiere la Sala de Casación Laboral (CC C-836-01 y C-621-2015), ello no implica que no puedan apartarse de estos siempre que se asuma la obligación de desplegar una carga argumentativa suficiente que explique las razones del disenso -requisito de suficiencia- (CC T-446-2013 y CC C-621-2015).

Nótese que, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial, el ad quem optó por fundamentar su decisión en pronunciamientos que sobre la misma materia había definido la Corte Constitucional y si bien estos eran diferentes a la línea jurisprudencial definida por esta Sala hasta ese momento, en su criterio esos precedentes jurisprudenciales resolvían también el problema jurídico del caso y garantizaban los derechos pensionales de la peticionaria. Por tanto, no se está ante un ejercicio caprichoso o un desconocimiento infundado que pueda ser reprochado en sede casacional. Además, posteriormente esta misma Corporación varió su precedente acercándose con ello a la línea trazada por el alto tribunal constitucional.

Por tanto, el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario están a cargo de la recurrente y en favor de la UGPP por ser la única que presentó oposición. Se fijan las agencias en derecho en la suma de ocho millones ochocientos mil pesos ($8.800.000), que se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia haga, conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Cali profirió el 16 de octubre de 2018, en el proceso ordinario que AURA MERCEDES DÍAZ DE LOS RÍOS promovió contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES–COLPENSIONES- y en el cual fue vinculada como litisconsorte necesaria la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

ACLARO VOTO

GERARDO BOTERO ZULUAGA

ACLARO VOTO

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

ACLARO VOTO

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Recurso Extraordinario de Casación

Radicación n.° 86223

Acta 23

Referencia: Demanda promovida por AURA MERCEDES DÍAZ DE LOS RÍOS contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES y la UGPP.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, me permito hacer aclaración de voto, pues si bien comparto la decisión que finalmente se adoptó en el sub judice, que dispuso no casar la sentencia proferida por el Tribunal; respecto de las consideraciones efectuadas en la providencia relacionadas con la sumatoria de tiempos públicos y privados bajo el Acuerdo 049 de 1990, debo precisar lo siguiente.

En el presente caso, resulta claro que la actora sí tiene derecho a la pensión de vejez reclamada, pero bajo la égida de la Ley 71/88, que permite la sumatoria de tiempos públicos no aportados al ISS, con aquellas semanas que se coticen a dicha entidad de seguridad social, de tal manera, que de acuerdo con la densidad de aportes que acredita la demandante, 1032 en toda su vida laboral, era bajo aquella normativa que debía accederse a la prestación deprecada, y por tal razón no había lugar a casar el fallo fustigado.

Ahora bien, en la providencia en la que hago aclaración, se hace una nueva interpretación sobre el alcance del Acuerdo 049 de 1990, para en su lugar considerar ahora, que bajo dicha normativa sí es posible la sumatoria de tiempos públicos laborados y no cotizados al ISS, con los aportes efectuados a esa entidad, para efectos de acceder a la pensión de vejez allí regulada, teniendo en cuenta para ese efecto, el servicio militar obligatorio prestado por el actor.

Es así, como retomando los argumentos expuestos en la sentencia CSJ SL1947-2020, se concluye que sí es posible para efectos de obtener la pensión por vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, «contabilizar las semanas laboradas o el tiempo de servicio que los afiliados hubieran realizado a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o, el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número, con las efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones».

Tal cambio de criterio doctrinal adoptado por la mayoría de los integrantes de la Sala, es precisamente el que en mi prudente juicio no procede, pues como desde antaño se venía sosteniendo por esta Corte, esa sumatoria de tiempos públicos no aportados, resultaba del todo improcedente bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, lo que igualmente se extiende al tiempo de servicio militar previsto en la Ley 48 de 1993, por cuanto la primera de las normas citada no previó expresamente tal posibilidad, como sí lo hizo en su momento la Ley 71 de 1988.

Ahora, aunque formalmente todos los argumentos que expone la mayoría de la Sala, para la rectificación jurisprudencial son sugestivos, plausibles y, en lo sustancial, parecen ajustarse a las normas legales en que se funda, como también a la finalidad de la jurisprudencia lo que se pasa por alto en esta decisión es el mandato del artículo 230 de la CN, que señala «los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial».

Y se dice lo anterior, porque nada dice la Corte respecto del aludido argumento, esto es, que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, no previó la posibilidad de hacer la referida sumatoria, como tampoco se ocupa de explicar para el caso, cuál es el alcance del artículo 288 de la Ley 100 de 1993, que dispone «todo trabajador privado u oficial, funcionario público empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley, le sea aplicable en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley».

A mi juicio, con la precitada norma cuyo tenor literal es más que claro, la Ley 100 de 1993, reconoce utilizando términos de la providencia en que se funda la decisión «la pluralidad de regímenes pensionales preexistentes», y si bien buscó y pretende unificarlos «en un sistema global», expresamente negó la posibilidad de realizar mixturas de sus normas con las que contiene otras «anteriores sobre la misma materia».

Ahora, no puede ser de recibo el argumento que se trae a colación al citarse la sentencia CSJ SL1947-2020, en que se sustenta el fallo de la sentencia de la Sala, según el cual, el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, mantuvo vigente del sistema pensional anterior la edad, el tiempo y monto, «entonces la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social», pues es claro que si el tiempo se rige por las disposiciones anteriores, no resulta acertado que la forma de computarlo no se le de el mismo tratamiento.

En síntesis, lo que se hace en la sentencia que implica una rectificación jurisprudencial de la mayoría de la Sala, es hacer una mixtura de la regulación legal que contiene el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, con las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y 100 de 1993, con plena desconocimiento de los postulados constitucionales y legales ya referidos.

En los anteriores términos, dejo consignada mi aclaración.

Fecha ut supra.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

ACLARACIÓN DE VOTO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado ponente

Radicación n.° 86223

AURA MERCEDES DÍAZ DE LOS RÍOS contra la COLPENSIONES, vinculada UGPP.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, manifiesto que, aunque comparto la de no casar la sentencia proferida el 16 de octubre de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, ello obedece a que se verifica en este asunto, que la demandante causó su derecho pensional conforme a lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, en condición de beneficiaria del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, en las mismas condiciones de disfrute y cuantía en las que fue reconocida, sin embargo, me aparto de las consideraciones expuestas en relación con la posibilidad de sumar tiempos de servicio público no cotizados al ISS, hoy Colpensiones, con aportes efectuados a la entidad, con el fin de acreditar las semanas mínimas requeridas para el reconocimiento de la pensión de vejez, en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en virtud del mencionado régimen de transición.

Lo anterior por cuanto considero que, tal como de manera reiterada lo había sostenido esta Corporación, la referida sumatoria resulta improcedente, toda vez que el régimen de transición remite a la legislación vigente y aplicable con anterioridad al sistema pensional contenido en la Ley 100 de 1993, en cuanto a la edad, el tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto de la pensión, y en el caso del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, ninguna de sus disposiciones permite la acumulación de tiempos prestados en el sector público - no cotizados al ISS, hoy Colpensiones, ni sufragados a otras entidades o cajas de previsión social, con los efectivamente cotizados al Instituto; es así que, el art. 12 del referido Acuerdo 049, establece como supuesto para la causación del derecho a la pensión de vejez, la acreditación de un mínimo de «semanas de cotización» que deben ser «pagadas» o «sufragadas» en los lapsos allí referidos, lo que por contera, en los términos expuestos, permite excluir los tiempos de servicios no cotizados a la entidad.

A ello se suma, que el mencionado Acuerdo fue expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios para la regulación exclusiva de las prestaciones reconocidas por el extinto ISS, en virtud de los aportes realizados a esa entidad, con una tasa de reemplazo y un ingreso base de liquidación que estaba de acuerdo con el funcionamiento mismo del régimen pensional, sin permitir ese tipo de acumulación de tiempos, lo cual fue previsto por el legislador en la Ley 71 de 1988, que es aplicable también en virtud del régimen de transición.

Al respecto, me remito a las consideraciones reiteradas en la sentencia CSJ SL5614-2019, y en los salvamentos de voto de las providencias CSJ SL1947-2020 y CSJ SL1981-2020, en torno a la improcedencia de la referida sumatoria.

En los anteriores términos dejo sustentada mi aclaración de voto.

Fecha ut supra

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

Magistrado

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Magistrado Ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n°86223

REFERENCIA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) vs. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP Y OTRO.

Con el acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria de nuestra Sala, en esta ocasión me permito salvar el voto toda vez que considero que esta decisión, que quiebra una línea jurisprudencial sólida y consolidada, no se aviene al concepto de justicia que se deriva de los objetivos de universalización, eficiencia y progresividad que persigue el servicio público de la seguridad social, por las razones que a continuación paso a explicar.

Estimo que la posición mayoritaria incurre en un inadecuado entendimiento del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que la lleva a darle un alcance que no tuvo ni tiene el régimen de transición propiamente dicho. Obsérvese que este precepto no se dedica única y exclusivamente a las normas de tránsito entre la legislación derogada y la vigente, lo que conocemos como régimen de transición, sino que también hace alusión a los derechos adquiridos y a los cambios normativos ordinarios dentro del Sistema General de Pensiones. Veamos:

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Un primer ejercicio nos invita a revisar la estructura original del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta las reformas legales posteriores ni las declaratorias de inexequibilidad realizadas:

ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.

PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.

De una lectura desprevenida aflora que la norma tiene diferentes objetivos de protección. Me permito revisarlos uno a uno:

Derechos Adquiridos

El inciso 6 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, señala:

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.

Aunque técnicamente los derechos adquiridos no pueden ser modificados ni derogados por la ley posterior, por tanto, no deben hacer parte de los regímenes de transición, este inciso reafirma lo establecido en el artículo 11 del mismo marco normativo. A nuestro juicio, lo más importante es que reconoce que el derecho se adquiere con el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez.

Régimen de transición

Los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 36, indican:

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Estos incisos del artículo 36 regulan el régimen de transición entre la normatividad inmediatamente anterior y la nueva que configura el Sistema General de Pensiones. Dado que se trataba de integrar en un solo texto todos los esquemas pensionales de prestación definida vigentes con anterioridad al sistema general de pensiones, que no fueron exceptuados expresamente por el artículo 279, con el nuevo régimen de prima media con prestación definida, y la incompatilidad que se genera por sus mecanismos financieros excluyentes (capitalización colectiva versus capitalización individual), la norma instituyó como renuncia voluntaria al régimen de transición el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad; pero, además, para reafirmar esta consecuencia, se estableció expresamente que la transición no se recupera por un posterior nuevo traslado al régimen de prima media.

Cambios futuros legislados para el Régimen de Prima Media con Prestación Definida en relación con la pensión ordinaria de vejez

El inciso 1º y el parágrafo del artículo 36, enseñan:

ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.

El artículo 19 del Decreto 1650 de 1977 estableció como régimen financiero para las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivientes, el de prima media escalonada. De ahí, que cuando se optó por unificar los regímenes pensionales preexistentes, todos de prestación definida, en torno al esquema financiero del seguro adoptado por el Instituto de Seguros Sociales, se definió uno solo denominado «Régimen de prima media con prestación definida». Atrás quedaron los sistemas de reparto. Ello explica por qué el artículo 52 de la Ley 100 de 1993, como regla general, dispuso que será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.

Para este régimen, prima media con prestación definida, se adoptaron las edades mínimas para acceder a la pensión fijadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de 1990, que eran de 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres, conforme se constata de la lectura del primigenio artículo 33 de la Ley 100 de 1993. No obstante, el parágrafo 4º ibídem dispuso que:

PARÁGRAFO 4º. A partir del primero (1o) de Enero del año dos mil catorce (2014) las edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a cincuenta y siete (57) años si es mujer o sesenta y dos (62) años si es hombre.

Como se infiere claramente, la norma trazó un cambio futuro en la edad de pensión, razón por la cual el legislador debió reafirmar esta situación en el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues técnicamente se trata de un cambio normativo.

Pero, además siendo la norma consecuente con el parágrafo 1º del artículo 33 del texto normativo, que establece cuáles son los tiempos válidos para la pensión ordinaria de vejez del régimen de prima media, el parágrafo del artículo 36 replicó dichos tiempos válidos.

En otras palabras, el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, regulan la edad y tiempos válidos de pensión que deben ser tenidos en cuenta para acceder a la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media con prestación definida, de que trata el artículo 33 de dicha normativa, dados los cambios que en las edades de pensión se establecieron para el año 2014.

En ningún caso estos preceptos regulan las edades ni los tiempos válidos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de transición pues, expresamente, el inciso 2º del multimencionado artículo consagró que la edad, el tiempo de servicio o semanas de cotización y el monto de la pensión serán las establecidas en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

Para no dejar dudas sobre ello, el inciso 1º del artículo 3º del Decreto 813 de 1994, instituyó:

Artículo 3o. Beneficios. Las personas que cumplan algunos de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación cuando cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos en las disposiciones del régimen que se les venía aplicando con anterioridad al 1° de abril de 1994. (Subrayas mías)

Es palmario entonces, que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contiene diferentes objetivos de protección que no deben ser confundidos, como me temo que lo fueron, y menos ser mezclados para obtener un resultado paternalista, pues ello trae como consecuencia que la política pública de pensiones, y el concepto de justicia que subyace a la misma, no brinde el resultado esperado en términos del objetivo social que se persigue.

El régimen de los seguros sociales obligatorios

En primer lugar, es patente que para tener derecho a las prestaciones del seguro social obligatorio debía existir afiliación expresa a dicho instituto.

Los artículos 13 a 16 del Decreto 1650 de 1977, señalan:

Artículo 13. De la afiliación del régimen. Para tener derecho a exigir los servicios y prestaciones correspondientes a las contingencias que cubren los seguros sociales obligatorios, es requisito indispensable afiliarse al régimen.

Artículo 14. Del concepto de afiliación. La afiliación es la inscripción de un trabajador al régimen de los seguros sociales obligatorios y constituye la fuente de los derechos y obligaciones que de él se derivan.

Artículo 15. De la reglamentación de la afiliación. Los reglamentos generales de los seguros sociales obligatorios señalarán la forma y oportunidad de la afiliación, las sanciones por el incumplimiento en efectuarla y, en todo caso, el derecho del trabajador para exigirla por sí mismo.

Artículo 16. De los beneficios y derecho habientes. Son beneficiarios de los seguros sociales obligatorios y, por lo tanto, tienen derecho al reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas y de salud, las personas afiliadas al régimen y las que por su vinculación a un afiliado puedan recibir tal beneficio, según los reglamentos. Estas últimas reciben en este estatuto el nombre de derecho habientes.

La afiliación al Instituto de Seguros Sociales es entonces el instrumento que permite al ciudadano ser beneficiario de las prestaciones que este otorgaba.

El Decreto 3063 de 1989, que aprobó el reglamento en sus artículos 8 y 10, dice:

Artículo 8° AFILIADO. Se entiende por afiliado, la persona natural que encontrándose legalmente inscrita al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios cotiza para dicho régimen y es sujeto de los derechos y obligaciones que de él se derivan, de conformidad con los respectivos reglamentos.

Artículo 11. ASEGURADO. Se entiende por asegurado al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios, la persona natural que por haber cumplido con los requisitos establecidos en los respectivos Reglamentos se encuentra amparada contra las contingencias propias de los Seguros Sociales Obligatorios.

Así las cosas, es totalmente cristalino que, desde siempre, pero en especial a la vigencia del sistema general de pensiones, se entiende por afiliado el que cotiza al régimen de los seguros sociales obligatorios y por asegurado el que ha cumplido con los requisitos de los respectivos reglamentos, básicamente, tratándose de invalidez, vejez y muerte, las semanas de cotización a dicho Instituto, no a otras entidades.

Pero quizás lo más importante es que, para el Instituto de Seguros Sociales, como arriba se advirtió, se adoptó la técnica financiera de la prima media escalonada, propia del seguro social, que exige que los afiliados se encuentren asegurados y cotizando (pagando las primas de seguro) al ente asegurador. Entonces, el pago de las prestaciones se supedita al cumplimiento estricto del deber sufragar el aporte por las semanas de cotización exigidas (pago de la prima), reitero, al asegurador. Así, la estructura técnica establecida para el seguro social niega cualquier posibilidad de administrar pensiones en régimen de reparto simple, dado que no se trata de «acumulación de tiempos» sino de cancelar verdaderas primas de seguro, a través de los aportes mensuales para asegurar el pago de las prestaciones que se derivan de los riesgos, en este asunto específico, de la invalidez, la vejez y la muerte.

El contexto trazado se desprende, sin esfuerzo alguno, de la lectura desprevenida de las siguientes normas del acuerdo inmediatamente referido.

Artículo 20. COTIZACION. Es el porcentaje del salario total del trabajador con que deben contribuir patronos y trabajadores para financiar un determinado seguro. […]

Artículo 21. APORTE. Es el valor que a cada patrono o trabajador corresponde cancelar al ISS para un determinado seguro, según el salario o ingreso real reportado. […]

Por último, los incisos 6 y 7 del artículo 79 del mencionado acuerdo, rezan:

Los aportes para los distintos seguros se liquidarán por semanas completas en cada período mensual de aportación.

Para la liquidación de las prestaciones económicas, el Instituto adoptará los mecanismos necesarios a fin de establecer las semanas cotizadas en un período determinado.

Así es como, finalmente, se instituye en términos de semanas de cotización al Instituto de Seguros Sociales los requisitos de acceso a cada una de las prestaciones que ofrece el seguro social, pero en especial, el seguro de invalidez, vejez y muerte -IVM.

A guisa de ejemplo, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, establece:

Artículo 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

De esta manera es claro que el régimen de los seguros sociales obligatorios se fundamenta en el pago de aportes para cubrir los riesgos asumidos por parte del asegurador. En caso alguno, la norma escindió o siquiera permitió que la actividad aseguradora se fraccionara entre varias aseguradoras para luego permitir la suma de tiempos cotizados entre ellas con el fin de cubrir el riesgo asumido, en este caso, la pensión de vejez.

En otras palabras, en el país, hasta 1988, no existía posibilidad alguna de tener en cuenta los tiempos de aportes o servicios al sector público para acceder a las prestaciones ofrecidas por el régimen de los seguros sociales obligatorios, ni de sumar las semanas cotizadas al ISS a los tiempos de servicios o aportes exigidos por las normas del sector público para acceder a las pensiones de jubilación vigentes.

La solución normativa: la pensión de jubilación por aportes

La imposibilidad legal de sumar los tiempos de cotización al Instituto de Seguros Sociales con los tiempos de aportes al sector público fue lo que dio origen a la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988.

Al respecto la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 47 del 29 de marzo de 1990, sostuvo:

a) Para resolver la cuestión planteada, la Corte debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, aunque sea su parágrafo solo lo demandado, porque entre una y otra parte de aquel, existe una estrecha relación de dependencia.

En efecto, el citado artículo 7º establece la posibilidad de adquirir el derecho a la pensión de jubilación por los empleados oficiales, es decir, trabajadores oficiales y empleados públicos y por los trabajadores particulares, en el evento de que estos acrediten la acumulación de veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo, en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencia, comisariar o distrital, con los efectuados ante el Instituto de los Seguros Sociales; esto quiere decir que a partir de la vigencia de la Ley 71 de 1988, es posible acceder a la prestación jubilatoria, mediante la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y reglamentaria, cuando la suma de aquellos equivalgan por 10 menos a veinte (20) años;

b) Sin embargo, dicha posibilidad jurídica de acumulación con forme a lo establecido en el citado artículo 7º, está condicionada, además, como presupuesto fundamental, al arribo a la edad de sesenta (60) años si el afiliado aportante es varón, y de cincuenta y cinco (55) si es mujer, puesto, que de no mediar dichos términos no es posible la acumulación que daría derecho a esta situación pensional especial;

c) De lo visto se colige que el trabajador vinculado por una relación laboral particular que no haya sufragado aporte o cotización alguna a una o varias entidades de previsión social, no queda cobijado por los efectos de la ley que establece la prerrogativa de la acumulación; en este mismo sentido se tiene que esta nueva disposición se restringe al ámbito de los trabajadores amparados mediante aporte o cotización por el régimen de seguridad social organizado en sustitución de los patronos, sean estos particulares u oficiales;

d) De otra parte, conviene advertir que esta nueva y especial regulación, de connotación evidentemente social, no modifica la aplicación de los regímenes ordinarios establecidos para regular la citada prestación jubilatoria, cuando a ella se tiene vocación dentro de cada sistema, particular u oficial, autónoma e independientemente considerados en cuyos casos, los presupuestos de edad y tiempo de servicios continúan siendo los que establecen las demás "normas de los regímenes actuales vigentes".

e) Por lo que hace al parágrafo cuestionado por la demanda, la Corte advierte que se trata de una disposición de carácter excepcional que ordena en determinadas hipótesis la aplicación de las disposiciones ordinarias; las que continuaran rigiendo para las personas que al entrar en vigencia la Ley 71 de 1988 ya hayan cumplido ciertas condiciones de edad y de tiempo de aportes como son las de tener 50 años o más de edad para los varones y 45 años o más para las mujeres; y en todo caso que unos y otras tengan diez (10) o más años de afiliación en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, en todos los órdenes de la organización territorial. Si a la fecha de sanción de la ley estas personas ya habían arribado a estos límites de edad y de aportes no pueden acceder a la pensión de jubilación por la nueva vía de la acumulación, ni acogerse a ella;

f) Además, debe tenerse de presente que las normas de los regímenes actuales vigentes a las que hace relación la norma acusada son, principalmente, para el empleado oficial el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y sus decretos reglamentarios, y para los demás trabajadores, lo dispuesto por el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas complementarias como el Decreto 2218 de 1966.

Nótese que la providencia en el literal d), a la vez que reconoce una nueva forma de acceder a la pensión, reafirma que las normas vigentes del sector público y privado que regulan las pensiones preexistentes mantienen su autonomía y especialidad.

De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia CC-C-012 de 1994 da cuenta del nuevo tipo de derecho pensional creado por la Ley 71 de 1988, en los siguientes términos:

Es evidente, que a través del inciso 1° del artículo 7° de la ley 71 de 1988 se consagró para "los empleados oficiales y trabajadores" el derecho a la pensión de jubilación con 60 años o más de edad, si es varón, y 55 años o más de edad, si es mujer, cuando se acrediten aportes durante 20 años, a diferentes entidades de previsión social y al ISS. Pero con anterioridad, los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación en las condiciones descritas en la norma; es decir, no era posible acumular el tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades de previsión social oficial o al ISS.

En tal virtud, si como se afirmó antes, la norma en referencia creó un nuevo tipo de derecho pensional, no se puede hablar, como lo hace el demandante, de un derecho "causado", con base en la misma disposición; en otros términos, es inconcebible que el aparte de la norma acusada (parágrafo del artículo 7°), pueda violar el derecho que ella misma crea en el inciso 1°.

Así las cosas, es menester señalar que a la vigencia del Sistema General de Pensiones coexistían regímenes pensionales incompatibles entre sí, a decir: i) los regímenes del sector público, que otorgaban la pensión de jubilación (Ley 33 de 1985, Ley 6 de 1945 y otros); ii) el régimen de los seguros sociales obligatorios y en caso de ausencia de subrogación de los riesgos por parte del Instituto de Seguros Sociales el establecido en el Código Sustantivo del Trabajo; y iii) el régimen de acumulación de aportes y cotizaciones establecido por la Ley 71 de 1988, único y excluyente que permite la sumatoria de los tiempos aportados tanto en el sector público como en el privado.

El régimen de transición y la protección de expectativas

La Ley 100 de 1993 pretendió la unificación de los esquemas pensionales anteriormente vigentes en torno a un sistema de pensiones, configurado por los regímenes pensionales de prima media con prestación definida y ahorro individual con solidaridad.

Al buscar la universalización del servicio, conforme a las necesidades económicas y sociales identificadas, unificó en un primer momento, para el régimen de prima media con prestación definida, las edades mínimas de pensión en 55 años para las mujeres y 60 años para el hombre, buscando armonizar en el año 2014 las edades mínimas de pensión para ambos regímenes en 57 años para la mujer y 62 años para los hombres.

De igual manera consagró el requisito mínimo de 1000 semanas de cotización. Por razones de equilibrio en el sistema, este requerimiento fue dispuesto con desbalance en ambos regímenes; jamás se pretendió la equiparación del número de semanas de cotización para acceder a la pensión mínima, dadas las diferencias naturales de sus sistemas financieros.

El régimen de transición como vehículo, valga la redundancia de tránsito, entre la legislación anterior y la posterior, busca llevar a los ciudadanos en sus expectativas a la actual situación ordinaria creada por la nueva ley.

Sobre este punto, en aclaración de voto del expediente 47557, expliqué:

La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.

En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.

Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.

De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.

Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.

Aquí y ahora reafirmamos que, un régimen de transición, sobre todo cuando la nueva ley establece requisitos de acceso a los derechos más exigentes, no crea nuevos derechos, al contrario, o mantiene la expectativa legítima que trae el ciudadano, no protege la mera expectativa, o, como en el caso del artículo 36 en relación con el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en transición, va tornando poco a poco más exigente la forma de determinarla, llevando a los grupos de población a lo querido por la nueva ley.

En nuestro criterio el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no creó nuevos derechos ni buscó instaurar nuevas formas para acceder a ellos; al contrario, estimó que los requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la pensión de vejez serían los del régimen anterior. Y como arriba lo aduje, cada régimen precedente tiene su especificidad y autonomía, que hacen que la expectativa legítima de cada afiliado sea edificada conforme a la que venía construyendo; determinarlo de otra manera, sería no buscar la protección de una expectativa legítima, sino crear otras, que, como en el presente caso, no son acordes con el objetivo perseguido por la Ley 100 de 1993.

Se ítera, el objetivo social que se busca con el régimen de transición propiamente dicho, y claramente delimitado, no es otro que el de protección de expectativas legítimas, conforme se venían desarrollando por el afiliado. Al aplicarse indebidamente la norma lo que se genera es regresividad en el sistema pensional. El principio de universalidad de la seguridad social requiere de requisitos de acceso uniformes para el grueso de la población, con ello se satisface a plenitud el principio de igualdad, dando contenido al concepto de justicia social. La Ley 100 de 1993 se implementó buscando este objetivo, por tanto, crear nuevas formas de acceso al derecho, contraviene gravemente el cometido estatal.

Como arriba lo asentamos el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no regulan el régimen de transición; solo la edad y tiempos válidos para pensión del régimen ordinario determinado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Utilizar estos apartes normativos para justificar sumatorias de tiempo en el régimen de transición es aplicarlos indebidamente pues su real propósito no fue regular el régimen de transición. Al contrario, pretender utilizar dichos apartes normativos de esta manera, resulta contradictorio toda vez que limita el verdadero alcance de las expectativas que protegen los incisos 2, 3, 4 y 5 del mencionado artículo 36.

Así las cosas, insistimos en que las pensiones en régimen de transición, basadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de ese mismo año, se construyen a partir de los aportes realizados, única y exclusivamente, al Instituto de Seguros Sociales, respetando la autonomía y especificidad de dicho estatuto pensional.

Es mi convicción que el concepto de justicia social no abarca situaciones en las cuales la medida resulta injusta para el agregado; lo aparentemente justo para el individuo cuando deviene en injusto para la sociedad, se manifiesta como un privilegio de unos pocos en detrimento de la colectividad. Considero que la posición mayoritaria actual, adoptada después de la expiración del régimen de transición, en lugar de generar progresividad en el sistema de derechos engendra regresividad.

Básicamente, la interpretación de la posición mayoritaria lleva a que a los funcionarios públicos que tenían la expectativa, única y legítima, de acceder a un monto de pensión del 75% de la base de liquidación, dada la transición de la Ley 71 de 1988, se les conduzca injusta e indebidamente a una expectativa, que jamás tuvieron, no propia del régimen de los seguros obligatorios, de acceder a una pensión con un monto del 90%, como se mostró, sumando indebidamente tiempos del sector público y del privado. Pero además, afiliados que no tenían una expectativa de acceder al derecho, v.g. afiliados que no reunieron 500 semanas de cotización al ISS, terminen beneficiándose de una prestación, sobre la cual no tenían ninguna expectativa, sumando indebidamente tiempos públicos y privados, pues, se ítera, esta posibilidad fue creada, en criterio nuestro, por la indebida aplicación del marco legal, excediendo la teleología y con ello el alcance del régimen de transición.

Estas son las razones por las cuales salvo el voto.

Fecha ut supra,

FERNANDO CASTILLO CADENA

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