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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4117-2019

Fecha
30 de septiembre de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4117-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LEILA MARGARITA LÓPEZ OSORIO contra COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS PRODUCTIVOS SIPRO y contra el BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA SA. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4117-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

30 de septiembre de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL4117-2019

Radicación n.° 61999

Acta 034

Bogotá, DC, treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LEILA MARGARITA LÓPEZ OSORIO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 31 de agosto de 2012, en el proceso que instauró contra la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS PRODUCTIVOS SIPRO y contra el BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA SA.

ANTECEDENTES

Leila Margarita López Osorio demandó a la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos SIPRO y al Banco Colpatria Red Multibanca SA, con el fin de que se declarara, con la entidad financiera, la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 12 de octubre de 2005 y el 8 de noviembre de 2007, en consecuencia se condenara, de manera solidaria a ambas, al pago de las horas extras, de las prestaciones sociales y las indemnizaciones de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990. De manera subsidiaria, solicitó se declarara que con la CTA existió un verdadero contrato de trabajo y no un convenio de asociación.

Fundamentó sus peticiones en que inició labores para Colpatria a través de la CTA Fuerza Empresarial el 12 de octubre de 2005, mediante un contrato de corretaje, hasta el 2 de mayo de 2006, fecha en la que pasó a la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos SIPRO, como asesora de productos financieros; que el salario era variable de acuerdo con las tarjetas de crédito «colocadas en el mercado» y ascendía a un promedio mensual de $1.800.000 más una bonificación llamada meta volante, la cual oscilaba entre $150.000 y $250.000.

Dijo que a pesar de haber sido contratada por SIPRO, fue Colpatria la que, en enero, en abril y en mayo 12 y 13 de 2007, le llamó la atención por incumplimiento del horario y de las metas impuestas; así mismo, que era el banco el que le asignaba las condiciones laborales de subordinación, tales como el salario, el horario, en ocasiones con jornadas adicionales y las instalaciones donde realizaba la labor de venta o colocación de las tarjetas de crédito.

Al dar respuesta a la demanda, el Banco Colpatria Red Multibanca SA se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos dijo que con SIPRO celebró un contrato de corretaje comercial, en virtud del cual, la cooperativa, por su cuenta y riesgo, se comprometió a promocionar algunos servicios y productos de la entidad financiera. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción.

A su vez, la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos SIPRO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, en cuanto a los hechos manifestó que ninguno era cierto, pues la demandante le solicitó de manera voluntaria su vinculación, por lo que fue admitida como asociada a partir del 26 de abril de 2006. Propuso como excepciones las de prescripción, inexistencia de contrato de trabajo, inexistencia de la obligación y carencia de derecho.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Once Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cali, mediante fallo del 30 de septiembre de 2011, declaró no probadas las excepciones propuestas por las demandadas, la solidaridad entre las accionadas y la existencia de un contrato de trabajo entre Leila Margarita López Osorio y el Banco Colpatria vigente entre el 2 de mayo de 2006 y el 8 de noviembre de 2007 y en consecuencia las condenó a pagar:

a) $1.113.060 por concepto de cesantías.

b) $101.691 por concepto de intereses a las cesantías.

c) $1.113.060 por concepto de primas de servicios.

d) $696.382 por concepto de vacaciones.

e) $15.652.555 por concepto de indemnización moratoria.

f) $7.299.302 por concepto de sanción por no consignación de las cesantías en el respectivo fondo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al resolver el recurso de apelación de las demandadas, mediante sentencia del 31 de agosto de 2012, revocó la decisión del a quo y en su lugar absolvió a las recurrentes de todas las pretensiones formuladas en su contra.

El ad quem estableció como problema jurídico a resolver, determinar si el convenio asociativo suscrito entre Leila Margarita López Osorio y la CTA SIPRO «[…] fue un típico disfraz contractual, detrás del cual realmente se escondía un contrato de trabajo […]» con Colpatria.

En primer lugar, examinó, de acuerdo con la prueba recaudada en el proceso si fue o no acertada la decisión de primera instancia pues, con base en la presunción legal de que trata el artículo 24 del CST, a la demandante le bastaba acreditar la prestación personal del servicio y al empleador le correspondería desvirtuarla.

Dijo que se encontraba probada la prestación personal de la demandante en las instalaciones de Colpatria en la que la señora López prestaba sus servicios en las áreas de promoción y colocación de tarjetas de crédito, a través de un convenio asociativo regulado por la Ley 79 de 1988.

Transcribió los artículos 6 y 8 del Decreto 4588 de 2006, así como la sentencia CSJ SL 25713, 6 dic. 2006, y señaló que en ella se dejó sentado el criterio referido al ejercicio de la subordinación como determinante de la ocurrencia real de un contrato de trabajo que se disfraza bajo la modalidad de vínculo asociativo.

Entonces indicó que:

Las normas y criterios jurisprudenciales transcritos se traen a colación por la Sala, para precisar que lo apreciado en la abundante documentación aportada por ambas partes y los testimonios recaudados para acreditar el vínculo formal entre ellas, dan cuenta de la ausencia de subordinación por parte de la sociedad contratante sobre la cooperada López Osorio, enviada a ejecutar labores propias del objeto del primer contrato civil; documentos y declaraciones que además permiten evidenciar, muy al contrario de lo que hubo de considerar la sentenciadora de primer grado, que la señora Leila Margarita López celebró de manera consciente y sin ningún tipo de engaño u otro cualquiera vicio en su consentimiento, un verdadero Convenio Asociativo de Trabajo con la CTA Sistemas Productivos; que esta cooperativa fue durante el tiempo de duración del referido convenio, la única entidad que ejerció subordinación, vigilancia y control de sus actividades al servicio del banco Colpatria; que fue esa misma cooperativa la encargada de sufragar los dineros para el pago de compensaciones y demás estipendios convenidos en el acto formalizador del referido vínculo asociativo; que la Cooperativa de Trabajo Asociado ostentaba la tenencia a título de comodato sobre los elementos de trabajo asignados a la asociada López Osorio para el desempeño de sus funciones como Asesora Comercial en el establecimiento bancario tantas veces nombrado; y que la CTA y el Banco contratantes entre sí de las actividades mercantiles a desarrollar por la aquí accionante, no incurrieron en prácticas de intermediación laboral u otra cualquiera de las proscritas por el último ordenamiento citado en extenso por la Sala.

Se apoyó en las declaraciones recibidas en el trámite procesal y concluyó que:

Así las cosas, visto como está que la parte actora, si bien acreditó la prestación de sus servicios en beneficio del banco solidariamente demandado, no cabe duda a este Juez Plural de que dichos servicios fueron prestados atendiendo el tipo de contratación establecido para las Cooperativas de Trabajo Asociado en la Ley 79 de 1988, sin que se hayan hecho evidentes los vicios del consentimiento de la pretensa trabajadora en la celebración y ejecución del aludido convenio asociativo de trabajo. Queda igualmente establecido de modo incontrovertible el ejercicio de poder subordinante por parte de la Cooperativa sobre la actora y la ausencia del mismo en cabeza de la entidad bancaria llamada al presente juicio; circunstancias que al haberse probado suficientemente, permiten a la Sala considerar, como primera conclusión, que si logró desvirtuar la parte pasiva la presunción al inicio descrita y anhelada por la parte activa, de existencia de un contrato de trabajo de los previstos en el Código Sustantivo del Trabajo. Y siendo ello así, fuerza en esta instancia revocar íntegramente las declaraciones y condenas impuestas a las entidades codemandadas, para en su lugar absolverlas de todos los cargos formulados en su contra por la Señora López Osorio.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la proferida por el a quo.

Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que merecieron réplica y serán resueltos de manera conjunta, por atacar el mismo grupo normativo y merecer idéntica solución.

CARGO PRIMERO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 22 a 24 del Código Sustantivo del Trabajo; 174, 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil y 13 y 53 de la Constitución Nacional.

Para la demostración del cargo dijo que a pesar de que estaba probada la prestación personal del servicio con el Banco, el ad quem erró cuando precisó que era necesario demostrar la subordinación y para ello buscó pruebas; que además, la existencia de la relación laboral no depende de lo que las partes hubiesen pactado, sino de la situación real.

A continuación, transcribió la sentencia CSJ SL 30347, 1 jul. 2009 y la CC C-855-2009, para concluir que cuando un asociado a una CTA le presta servicios a un tercero, con los elementos propios de un contrato de trabajo, este prevalece sobre el acuerdo cooperativo. Por lo que concluyó que:

[…] ya que se rebeló en contra del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, ya que al haber quedado demostrado que la demandante había ingresado a la CTA en la calidad supuestamente de socia para recibir compensación como ingresos, sin embargo, había encontrado un elemento de subordinación con la labor realizada de promoción y colocación de tarjetas de crédito a favor de un tercero, entonces, esa relación laboral de subordinación debió prevalecer también para COLPATRIA sobre cualquier acuerdo cooperativo previsto, por lo tanto, violó el Tribunal de forma flagrante la primacía de la realidad sobre las formas al manifestar, que no demostró la actora la subordinación laboral con la demandada COLPATRIA quien funge como solidaria en la prestación del servicio que desarrollo (sic) la actora en las instalaciones de la demandada, así se le haya dado otra forma de vinculación como el mencionado acuerdo cooperativo de que fue socia de la CTA para prestar los servicios a un tercero, debió prevalecer la realidad de que se configuró con COLPATRIA los elementos del contrato de trabajo.

CARGO SEGUNDO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida del mismo grupo normativo anterior.

Dijo que el ad quem incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho:

1) No dar por demostrado, estándolo que por haber suscrito contrato de asociación la señora LEILA MARGARITA OSORIO LOPEZ (SIC) con la CTA SISTEMAS PRODUCTIVOS “SIPRO”, para prestar los servicios en las oficinas de COLPATRIA, como asesor de servicios financieros en virtud de un convenio asociativo de trabajo, se convirtió este en un contrato laboral.

2) No dar por demostrado, estándolo que la CTA SISTEMAS PRODUCTIVOS “SIPRO” ejercicio (sic) poder subordinante sobre la señora LEILA MARGARITA OSORIO LOPEZ (SIC), pero no ejerció el mismo poder subordinante COLPATRIA sobre la actora.

3) Dar por demostrado sin estarlo, que la parte pasiva logró desvirtuar la presunción laboral.

4) No dar por demostrado, estándolo, que la CTA no actuó como empresa intermediaria laboral de los servicios que prestó como asociada LEILA MARGARITA OSORIO LOPEZ (SIC) con el BANCO COLPATRIA para ofrecer en el mercado tarjetas de crédito y seguros de vida.

5) No dar por demostrado, estándolo que la demandante no probó el estado de subordinación con la demandada COLPATRIA.

Aseguró que los documentos de folios 10, 237, 238, 342 a 354, 356 y 407 fueron apreciados erróneamente por el tribunal. En ellos constan: el convenio asociativo de trabajo, la entrega de bienes muebles e inmuebles para el cumplimiento del objeto contractual establecido en la oferta comercial y la renuncia de la demandante a su calidad de asociada. Aseguró que esas pruebas fueron mal valoradas

Dijo que su función era solo demostrar la prestación del servicio al Banco para que se configurara la presunción. Además, que, aunque es cierto que los testimonios no son prueba hábil en casación, de ellos se extraía la existencia de la subordinación laboral.

Concluyó que:

El Tribunal erró en concluir que existió subordinación solo con la CTA y no con el BANCO COLPATRIA, pues según la pregunta 7 del interrogatorio que se hizo al señor Gerente de la CTA, dice que por el hecho de que a la señora LOPEZ (SIC) OSORIO se le hizo entrega de elementos de trabajo como la papelería, las tarjetas de crédito del BANCO COLPATRIA, el carne (sic) de presentación los cuales eran dados por la entidad financiera, por tal motivo, no constituyen algún elemento de subordinación laboral, así los elementos estuviesen bajo la seguridad del banco eran entregados diariamente y que requerían estar almacenados en cajas fuertes que son propiedad del Banco. Esa conclusión de que no eran elementos de trabajo directamente del Banco, es una apreciación subjetiva que ha dado el Tribunal, quedando plasmado así el poder subordinante con la documentación de la entidad financiera para ejercer las obligaciones laborales sobre la demandante.

RÉPLICA

Colpatria se opuso a la prosperidad del recurso, dijo que el casacionista no formuló alcance de la impugnación, además, el cargo primero parece un alegato de fondo y respecto del segundo, el ad quem analizó y valoró la prueba acusada de manera adecuada.

CONSIDERACIONES

La Sala encuentra que la demanda de casación presenta múltiples errores de técnica. A pesar de que la jurisprudencia nacional ha morigerado la rigurosidad del recurso, existen unos mínimos exigidos para que la Corporación entre a resolverlo, previstos en los artículos 90 del CPTSS, en concordancia con el 51 del Decreto 2651 de 1991 y en el 23 de la Ley 16 de 1968. Así lo ha indicado en repetidas ocasiones la sala, por ejemplo, en la decisión SL15377-2016, reiterada en la CSJ SL10421-2017 en la que, rememorando otras similares, dijo:

[…] la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exige, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una demanda de esta naturaleza y categoría está sometida en su formulación a una técnica especial, que de no cumplirse conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable e imposibilita el estudio de fondo de los cargos.

Igualmente, en numerosas ocasiones ha dicho esta corporación que este medio de impugnación no otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes les asiste la razón, habida cuenta que la labor de la corte, siempre que el recurrente sepa platear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con objeto de establecer si el juez de apelación al dictar observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.

Así mismo, los requerimientos del recurso tienen fundamento constitucional, toda vez que en el numeral 1 del artículo 235 de la Constitución Política, le atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la función de actuar como «tribunal de casación».

En efecto, la demanda de casación debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos de forma: (i) la designación de las partes; (ii) la indicación de la sentencia impugnada; (iii) la relación sintética de los hechos en litigio; (iv) la declaración del alcance de la impugnación y, (v) la expresión de los motivos de casación.

En el recurso se debe indicar cuál o cuáles son los preceptos legales sustantivos, de orden nacional, que se estiman trasgredidos y el concepto de la violación; si es directamente, por aplicación indebida, interpretación errónea o infracción directa. Igualmente, en caso de estimarse que la transgresión legal ocurrió por la senda indirecta como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, citará éstas singularizándolas y expresará qué clase de error se cometió.

Recuerda la sala que el recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia, ni admite argumentos formulados como alegatos de instancia; así se ha dicho de forma reiterada, en sentencias como las CSJ SL713-2018 y CSJ SL17901-2017, citando la CSJ SL4281-2017, donde precisó:

Reitera, una vez más, la Corte que el recurso de casación no es una tercera instancia, en la que el impugnante puede exponer libremente las inconformidades en la forma que mejor considere.

Por el contrario, adoctrinado está que el recurrente debe ceñirse a las exigencias formales y de técnica, legales y jurisprudenciales, en procura de hacer procedente el estudio de fondo de las inconformidades, en la medida en que son los jueces de instancia los que tienen competencia para dirimir los conflictos entre las partes, asignando el derecho sustancial a quien demuestre estar asistido del mismo. Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.

Se ha dicho con profusión que, en esta sede, se enfrentan la sentencia gravada y la parte que aspira a su quiebre, bajo el derrotero que el impugnante trace a la Corte, dado el conocido carácter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnación.

La corte no tiene facultades para juzgar el pleito, ni para decidir cuál de las partes tiene la razón. Su papel inicial se limita a enjuiciar la decisión del juez de segunda instancia para vigilar que haya observado las normas que estaba obligado a aplicar en la decisión del conflicto sometido a su consideración.

Bajo las anteriores premisas, son varios los errores relevantes, que resultan ser insuperables para el estudio de la demanda de casación, estos son:

Frente al cargo primero:

1. La censura lo sustentó en un supuesto equivocado, al que no arribó el tribunal, pues sostiene que éste desconoció la presunción legal contenida en el artículo 24 del CST sobre la existencia del contrato de trabajo, al haberle exigido al actor, además de la acreditación de la prestación personal del servicio, la demostración del elemento de la subordinación, cuando, en realidad, lo que concluyó el ad quem fue que, si bien estaba plenamente probada la prestación personal del servicio por parte de la señora López Osorio, que hacía presumir la relación laboral, lo cierto era que las demandadas habían logrado desvirtuar tal presunción con todas las pruebas arrimadas al proceso.

De ahí que resulte desacertado que la censura sostenga que el juzgador incurrió en un yerro jurídico al haberle trasladado la carga de la prueba de la subordinación al demandante.

2. La modalidad fue la de pleno derecho, que implica la conformidad con las conclusiones de los hechos a las que llegó el ad quem, empero su ataque está dirigido a atacar la subordinación de acuerdo con las pruebas y, en general, las condiciones reales en las que se ejecutaba el servicio por parte de la demandante, que son aspectos netamente fácticos.

Este punto resultaría superable al estudiar de manera conjunta los cargos, pero el segundo, igualmente, presenta falencias.

3. Además, se equivoca en la modalidad de violación escogida, la cual fue la infracción directa, pues no era dable acusar al tribunal de haber dejado de aplicar el artículo 24 del CST. Por el contrario, este fue el precepto legal en el que se cimentó el fallador a lo largo de su decisión, para concluir que la presunción legal de existencia de un contrato laboral entre las partes que amparaba a la recurrente, fue desvirtuada por las entidades accionadas.

4. El cargo segundo, al haber sido encaminado por la vía indirecta, la casacionista tenía la obligación de explicar por qué los errores de hecho planteados tenían las características de protuberantes y manifiestos; identificar los argumentos presuntamente equivocados que habrían propiciado su comisión; señalar, de manera concreta y precisa, el contenido de cada una de las pruebas denunciadas y explicar de qué manera fueron presuntamente mal apreciadas por el Tribunal, así como indicar la incidencia de tal equivocación frente a lo decidido en segunda instancia.

No basta con mencionar las pruebas en la forma en que se hizo, sin efectuar la debida confrontación entre el contenido de las mismas y lo que el tribunal dedujo de ellas, en la medida que se limitó a repetir, frente a cada probanza, que debió primar la realidad sobre las formalidades, lo cual se torna insuficiente para demostrar los yerros fácticos endilgados.

Frente al tema, en providencia CSJSL4734-2017, esta corporación precisó que:

Tratándose de la vía indirecta, en la que se reprochan falencias fácticas, el censor está obligado a señalarle a la Corte cuáles fueron esas deficiencias y por qué causas o caminos llegó a esos errores; es decir, ha de señalar qué pruebas dejó de examinar el fallador o cuáles las valoró, pero de manera equivocada, y cómo esa apreciación incidió en la decisión final.

De allí que no baste con reseñar algunos medios probatorios y calificarlos de mal valorados, sino que es indispensable, decir qué se extrae de ellos, qué infirió el Tribunal y cómo ello es contrario a la realidad.

En conclusión, los ataques formulados en ambos cargos contienen una demostración y desarrollo insuficientes, pues a lo largo de ellos no se estructuran argumentos sólidos, concretos y demostrativos de la acusación en contra del tribunal, capaces de dar al traste con la providencia impugnada y, por el contrario, acuden a manifestaciones genéricas que se constituyen más bien en alegatos de instancia, como lo apuntó la réplica, ajenos al propósito del recurso de casación, que es, precisamente, confrontar la sentencia acusada con la ley.

Al respecto, la Sala en sentencia CSJ SL, 23 mar. 2011, rad. 41314, ha manifestado que:

[…] la confrontación de una sentencia, en la intención de lograr su derrumbamiento en el estadio procesal de la casación, comporta para el recurrente una labor persuasiva y dialéctica, que ha de comenzar por la identificación de los verdaderos pilares argumentativos de que se valió el juzgador para edificar su fallo; pasar por la determinación de si los argumentos utilizados constituyen razonamientos jurídicos o fácticos; y culminar, con estribo en tal precisión, en la selección de la senda adecuada de ataque: la directa, si la cuestión permanece en un plano eminentemente jurídico; la indirecta, si se está en una dimensión fáctica probatoria.

Si a pesar de lo anterior, la sala estudiara las pruebas atacadas en casación, encontraría que tampoco le asiste razón a la recurrente, ya que de ellas no se logra llegar a una conclusión diferente a la tomada por el ad quem:

(i) El convenio de asociación (f.° 237) fue suscrito entre la Cooperativa SIPRO y Leila Margarita López Osorio en abril de 2006, con el objeto de que ella, como asociada, se vinculara a la CTA para prestar sus servicios en forma autogestionaria, de acuerdo con sus aptitudes y conocimientos. Entre las cláusulas pactadas, se encuentran las siguientes: que el acuerdo se regularía por los estatutos y regímenes de la cooperativa; que las compensaciones recibidas se calcularían sobre las tarjetas activadas colocadas en el mercado; que la asociada se comprometía a promocionar los productos, asesorar a los clientes, colaborar en el diligenciamiento de las solicitudes y prestar sus servicios con diligencia, rectitud y buena fe; que los aportes a la seguridad social se pagarían por la CTA, con el respectivo descuento de las compensaciones de la demandante; y que dicho convenio regiría a partir del 2 de mayo de 2006.

(ii) Por su parte, el contrato de comodato (f.° 342 a 354) celebrado entre el Colpatria y la CTA SIPRO el 20 de abril de 2006, tuvo como objeto la entrega de bienes por parte del banco a la cooperativa, tales como: inmuebles con sede en Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Ibagué y Cúcuta; y bienes muebles como computadoras, teléfonos, mesas, escritorios, sillas, archivadores, impresoras, celulares y máquinas de escribir.

También se pactó que dichos bienes se utilizarían exclusivamente para realizar la labor determinada en la oferta comercial de servicios cooperativos del 14 de abril de 2006 y que la responsabilidad en la contratación de personal que manejara los bienes recaía únicamente en la cooperativa.

(iii) La renuncia de la demandante (f.° 365), fechada el 8 de noviembre de 2007, dice que la presenta a su cargo de asesora comercial como asociada de la cooperativa en las instalaciones de Colpatria, agradeciendo la colaboración recibida.

Las pruebas anteriores, por sí solas, no acreditan que, en realidad, existiera una relación laboral subordinada entre la señora López Osorio y el Banco Colpatria, donde la Cooperativa SIPRO actuara como una intermediaria para esconder la verdadera condición del vínculo contractual, pues, como se puede observar, los elementos que contienen se acomodan al convenio asociativo y, en principio, no revelan signos de subordinación laboral, ya que de su contenido no se advierte, por ejemplo, que el supuesto beneficiario de la labor, fuera quien hiciera el pago de las compensaciones, así como tampoco que la demandante cumpliera un horario de trabajo establecido por la entidad bancaria o que la prestación del servicio se desarrollara en sus instalaciones.

Por lo anterior, la sala no encuentra acreditada con las pruebas calificadas la existencia de una subordinación jurídica de la demandante frente a Colpatria, que diferencia precisamente una relación laboral de una cooperada o asociativa, caracterizada por la autogestión y el autogobierno.

Ahora, como el fallo del tribunal se edificó sobre los medios de prueba aportados al proceso, de conformidad con el artículo 61 del CPTSS, cuya apreciación fue la que le permitió concluir que las demandadas lograron desvirtuar la presunción del artículo 24 del CST, de que no había subordinación en la prestación personal del servicio y que en realidad sí existió un acuerdo cooperativo.

Respecto de ello, la Sala ha dicho en jurisprudencia reiterada, como la CSJ SL955-2018 que, en virtud de la libre formación del convencimiento, la decisión que tome el juez colegiado, debe respetarse, siempre y cuando no decida en contra de evidencia. Al respecto se señaló:

Encontró acreditado el Tribunal, de la valoración de la prueba testimonial aportada al proceso, la condición de la demandante de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el deceso del señor Hurtado Sánchez, por lo anterior, tal estimación es inmodificable, conforme a la facultad de libre formación del convencimiento, prevista en el art. 61 del CPTSS, respecto a la cual, se ha pronunciado esta Corporación, en sentencia CSJ SL4032-2017, se precisó:

Igualmente, cabe advertir, que son los sentenciadores de instancia quienes establecen el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el artículo 61 del C.P.T. y S.S. les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que implica que resulte inmodificable la valoración probatoria del Tribunal, mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso.

No se desvirtuó la presunción de legalidad y acierto que ampara la decisión del Tribunal, siendo las razones expuestas suficientes para determinar la no prosperidad del cargo.

Esos y no otros eran los pilares que debían derruir la casacionista si pretendía tener éxito, acción que no se logró y por tanto, la sentencia atacada, seguirá viva dada la presunción de acierto y legalidad que la cobija.

En consecuencia, en este caso en particular no se evidencia un error fáctico en la valoración probatoria desplegada por el ad quem, mucho menos con las características de protuberante y manifiesto, que permita quebrar la decisión que se impugna.

Ahora bien, en lo que se refiere al interrogatorio de parte que se acusa, rendido por el gerente de la CTA, si bien puede tener la connotación de una prueba calificada en casación, esto ocurre únicamente en el evento en que contenga confesión, que es aquella que produce consecuencias jurídicas adversas al confesante o favorables a la parte contraria, lo que no se puede configurar de los propios dichos que benefician al interrogado, más aún que la censura ni siquiera señala sobre qué respuestas de dicho absolvente existe una posible confesión.

De igual manera, según lo establecido por el artículo 7 de la Ley 6 de 1969, la prueba testimonial que igualmente se denuncia no es apta en casación para estructurar un yerro fáctico ostensible, capaz de quebrar la sentencia impugnada, a pesar de haber sido uno de los soportes de la decisión. Al efecto, la Sala ha manifestado, en innumerables decisiones, que su estudio sería procedente únicamente en los casos en que se compruebe un yerro proveniente de una prueba calificada en casación, esto es, de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección.

Así las cosas, en este caso en particular, la censura no logró derribar con argumentos fácticos ni jurídicos la presunción de legalidad y acierto con que viene rodeada la sentencia impugnada.

Debe anotar la sala que, en otros procesos similares al presente, contra las mismas demandadas, se ha declarado la existencia del contrato de trabajo realidad, pero ello ha ocurrido porque en esos asuntos se allegaron al plenario y se practicaron otras pruebas, que conducían inequívocamente a concluir la existencia de una relación laboral subordinada, además de que se denunciaron en sede de casación y fue posible su estudio, lo cual no acontece en esta oportunidad, que máxime la acusación tiene defectos técnicos que contribuyen a dar al traste con el ataque, pues es sabido que los mismos no pueden ser saneados de oficio dado el carácter dispositivo y rogado del recurso de casación.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LEILA MARGARITA LÓPEZ OSORIO contra COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS PRODUCTIVOS SIPRO y contra el BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA SA.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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