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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4118-2020

Fecha
2 de septiembre de 2020
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4118-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de agosto de 2016, en el proceso instaurado por JORGE LUIS PÉREZ GALINDO y OTRO contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. (ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.). Sin costas en el recurso extraordinario.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4118-2020

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

2 de septiembre de 2020

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL4118-2020

Radicación n.° 76744

Sala 32

Bogotá, D. C., dos (02) de septiembre de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. (ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.) contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de agosto de 2016, en el proceso que JORGE LUIS PÉREZ GALINDO y OTRO instauraron en contra de la entidad RECURRENTE.

Aceptase el impedimento manifestado por el magistrado Omar Ángel Mejía Amador.

ANTECEDENTES

El mencionado demandante y Laureano Casalins Ramírez instauraron demanda en contra de ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P – ELECTRICARIBE-. a efecto de que una vez se declare la nulidad del acta de acuerdo de pensionados suscrita el 23 de junio de 2006 entre ELECTROCOSTA y ELECTRICARIBE y las Asociaciones de Pensionados de dichas empresas (ASOPELIS ATLÁNTICO, ASOJOCOSTA BOLÍVAR, APELCOSTA SUCRE, ASOPENCARIBE, GUAJIRAASOPELCARIBE MAGDALENA, AJOPECE CESAR, ASOPELCOSTA CÓRDOBA, ASOJOPEM MAGAMGUE y ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS AJUPELCA, ENTRE ELLAS ASOPELLS – ATLÁNTICO), al igual que la nulidad del acuerdo conciliatorio que suscribió cada uno de los actores con la accionada, se pregone la ineficacia de lo acordado en una y otra acta, advirtiendo que la conciliación no hace tránsito a cosa juzgada y, en su lugar, se declare que tienen derecho a los reajustes pensionales previstos en la Ley 4ª de 1976, consignados en la Convención Colectiva de 1983 – 1985, y se les aplique al valor de las pensiones devengadas en los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 los incrementos respectivos; en consecuencia, se condene a ELECTRICARIBE a pagarles las diferencias que a su favor resulten. En subsidio, se declare el incumplimiento de lo acordado en el acta de pensionados, su inaplicabilidad y, por ende, se condene a la pasiva al pago de los mentados reajustes y las diferencias que resulten de las respectivas operaciones aritméticas. En ambos casos impetran condena por los intereses de mora, y la indexación de los valores adeudados. En subsidio, solicitan el pago de los reajustes de Ley 100 de 1993 que fueron desconocidos en el acta de pensionados ya referida.

Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que fueron trabajadores de la extinta Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P. entidad que suscribió la convención colectiva de trabajo con vigencia en el año 1983, en la que se pactó que en el tema de reajustes pensionales seguiría reconociendo los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976, y que en ningún caso el incremento sería inferior al 15% para los pensionados que recibieran hasta 5 salarios mínimos legales vigentes; que dicha norma se incorporó en el compendio de 1998 – 1999; que la mencionada empresa les reconoció pensión de jubilación y fue sustituida por ELECTRICARIBE quien asumió el pago de las prestaciones y les reconoció los reajustes pactados porque la cuantía de sus pensiones no superaba el tope antes señalado. Que la referida entidad firmó con las asociaciones de pensionados mencionadas arriba y, con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005, un acta que tiene ámbito temporal desde el 1º de enero de 2006, en la que se pactaron condiciones pensionales diferentes a las establecidas en el sistema general de pensiones, con lo que se transgredió la Constitución Nacional y, además, se modificó la convención colectiva sin que mediara denuncia de aquella. Que, con fundamento en la citada acta de pensionados, ellos firmaron, también después del Acto Legislativo, sendas conciliaciones que dada su inconstitucionalidad no pueden hacer tránsito a cosa juzgada. Agregan que ELECTRICARIBE se comprometió a constituir, sin que así lo haya hecho, un fideicomiso, por lo que ha incumplido sus obligaciones y que la tantas veces mencionada acta de pensionados los ha afectado, pues no se les está incrementando las pensiones como se acordó en la convención colectiva.

La demandada al dar respuesta se opuso al éxito de las pretensiones, aceptó la calidad de trabajadores de la Electrificadora del Atlántico que tuvieron los demandantes, la existencia de la convención colectiva de 1983 en la que se acordó el incremento de las pensiones según lo dispuesto en la Ley 4ª de 1976, el hecho de habérseles reconocido pensión de jubilación, el haber sustituido a la empleadora y no haber incrementado las pensiones en los términos de la convención; los demás los negó o dijo no corresponder a hechos o no constarle. A su favor propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, carencia de acción, prescripción, buena fe, pago y cosa juzgada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2015, declaró probada la excepción de cosa juzgada respecto de Laureano Casalins Ramírez y, en consecuencia, absolvió a la demandada de las pretensiones de dicho demandante; declaró probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de Jorge Luis Pérez, dispuso que a partir de enero de 2012 se reliquidara la prestación, lo que arrojaba como diferencias a septiembre de 2015, la suma de $12.454.488,56, a cuyo pago condenó, y no probadas las demás excepciones; dispuso igualmente «DECLARAR (sic) DE ACUERDOS ENTRE ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE ELECTRIFICADORA DEL CARIBE CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2006, ASI COMO LA INEFICACIA DE LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN INDIVIDUALES QUE SUSCRIBIERON CADA UNA DE LOS ACTORES EN SU MOMENTO CON LA DEMANDADA». Absolvió a la pasiva de las demás pretensiones, y le impuso el pago de las costas procesales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al resolver la apelación interpuesta por las partes, con sentencia del 31 de agosto de 2016, modificó la del juez y fijó como valor a pagar por concepto de reajustes pensionales de que trata la Ley 4ª de 1976, entre el 1º de enero de 2013 y la de dicha sentencia, la suma de $20.626.106,79; la confirmó en lo demás y se abstuvo de imponer costas en esa instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal señaló como hechos indiscutidos: la calidad de pensionados que tenían los actores; el acuerdo celebrado el 23 de junio de 2006 entre las asociaciones de pensionados de Electrocosta y Electricaribe y dichas empresas, en el que se pactó un sistema de disfrute anticipado del reajuste anual de pensiones vigentes, no inferior al mínimo previsto en el sistema general de pensiones con vigencia entre enero de 2006 y diciembre de 2010 para los pensionados que voluntariamente se incorporaran a dicho acuerdo y suscribieran un acta de conciliación ante el Ministerio de la Protección Social, como se apreciaba a folio 218 y siguientes; así mismo, las actas de conciliación que los actores suscribieron para tal efecto, cuyas copias reposan a folios 223 y 227 e igualmente reseñó la sentencia del Juzgado 9 Laboral del Circuito de Barranquilla emitida el 18 de mayo de 2007, resolviendo la misma controversia, frente al demandante Laureano Casalins.

Así, abordó de primera mano la apelación de la parte actora tendiente a que se revocara la absolución frente al último demandante mencionado, con el argumento de que no había operado el fenómeno de la cosa juzgada ya que si bien era cierto entre éste y la aquí demandada había cursado un proceso ordinario anterior, en el que se había solicitado el reconocimiento del reajuste pensional bajo la egida de la Ley 4ª de 1976, también lo era que aquellos reajustes a que se condenó en dicha oportunidad, habían disminuido entre 2006 y 2010 en un 2% debido a la suscripción de la conciliación que modificó las condiciones de la mesada pensional, razonamiento que el juzgador halló como hecho nuevo no viable de ser analizado en dicha instancia por no haberse exhibido tampoco en el desarrollo procesal. Igualmente, resaltó la identidad de causa, objeto y partes, para respaldar la declaratoria de cosa juzgada que pregonó la juez de primer grado, motivo que lo llevó a confirmar la determinación de su inferior respecto del señor Casalins.

En relación con la apelación de la parte demandada, que consideraba improcedente la aplicación de los reajustes previstos en la Ley 4ª de 1976, en lo que hace a Jorge Luis Pérez, el Tribunal advirtió que de la lectura del artículo 1º de dicha norma al igual que del artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1983 – 1985, se desprendía la pertinencia del derecho reclamado, tal y como lo había reconocido esta Sala en sentencia CSJ SL, del 19 de sep. 2006, rad. 29288, de la que leyó un fragmento. Especificó que se trataba de un derecho subjetivo acordado por las partes, y que resultaba válido que en un acuerdo extra legal se diera permanencia a la Ley sin consideración a su vigencia; destacó que el actor había adquirido el estatus de pensionado el 17 de noviembre de 1987 como se reportaba a folio 215 y, por tanto, era beneficiario de los incrementos señalados en la convención colectiva.

Pasó luego a analizar los efectos de la conciliación que Pérez Galindo suscribió, y advirtió que no le estaba permitido a las partes controvertirlos a menos que hubiera mediado un vicio del consentimiento o que lo acordado fueran derechos ciertos e indiscutibles, dada la prohibición que sobre el particular anota el artículo 15 del C.S.T.

Señaló que el derecho al reajuste de la pensión bajo los parámetros de la Ley 4ª de 1976, como ya lo había señalado, era un derecho adquirido y cierto, consagrado en la convención colectiva que amparó la pensión concedida, por lo que aquel no podía ser modificado de manera desfavorable, aún si mediaba la voluntad de las partes, pues la conciliación, destacó, se suscribió el 11 de octubre de 2006, es decir más de 17 años después de disfrutar de la prestación, lo cual evidenciaba el objeto ilícito de aquel acto administrativo que había desconocido los términos en que originalmente se reconoció el derecho.

Indicó que la conciliación se había celebrado después de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que ELECTRICARIBE no podía pactar un reajuste diferente al acordado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, ni tampoco desconocer los derechos adquiridos de los pensionados. Por lo anterior, afirmó, la conciliación no podía producir efectos jurídicos al estar viciada de nulidad absoluta por objeto ilícito, como lo disponía el artículo 1741 del C.C. y, en consecuencia, no se podían aplicar al actor los efectos de cosa juzgada lo que implicaba confirmar la sentencia de primer grado en tanto declaró la nulidad del acuerdo celebrado el 23 de junio de 2006 y la conciliación celebrada por Pérez Galindo.

Finalmente, se ocupó de las operaciones aritméticas que había realizado la juez, ya que la pasiva alegaba que se había equivocado en tanto la mesada del actor superaba el tope de los 5 salarios mínimos legales vigentes; se fundó en la liquidación que al efecto dijo había realizado el contador que apoya al Tribunal, y encontró que tal argumentación no correspondía a la realidad; no obstante, halló error en la juzgadora de primera instancia en la medida que la reliquidación, dado el fenómeno de la prescripción, debía contarse desde enero de 2013 y no desde enero de 2012 como lo había hecho aquella. Verificó las operaciones matemáticas de rigor y encontró que el valor del retroactivo por concepto de diferencias pensionales, entre enero de 2013 y la fecha de la sentencia de segundo grado, ascendía a $20.626.106,79, por lo que modificó la decisión del juez en ese sentido, y la confirmó en lo demás.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la entidad recurrente que la Corte case la sentencia gravada, en cuanto confirmó la declaratoria de ineficacia del acuerdo del 23 de junio de 2006 y las conciliaciones celebradas por los actores, y en cuanto mantuvo con modificaciones el ajuste de la pensión para el señor Jorge Luis Pérez Galindo. En instancia solicita se revoquen dichas declaraciones y la condena impuesta para, en su lugar, absolverla y se provea en costas.

Con tal propósito formuló un único cargo por la causal primera de casación que no tuvo réplica y que se procede a resolver.

CARGO ÚNICO

Acusa la sentencia de violar por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea el artículo 1º del Acto Legislativo No. 1 de 2005 (art. 48 C.P), infracción directa de los artículos 4 del Convenio 98 de la OIT aprobado por la Ley 27 de 1976, 8 del Convenio 154 de 1981 aprobado por la Ley 424 de 1999, 1502, 1503, 1508, 1602, 2469, 2470, 2483 del C.C., 8 de la Ley 153 de 1887, 65 a 68 de la Ley 446 de 1998, 1º de la Ley 71 de 1988, 14 de la Ley 100 de 1993, 307, 332 del C.P.C como violación medio, y por aplicación indebida de los artículos 53 de la C.N, 1º de la Ley 4ª de 1976, 14, 15, 19, 260, 467 del C.S.T, 19 y 78 del CPT y S.S.

Para dar desarrollo al cargo afirma que el Tribunal erró cuando concluyó que: i) el acuerdo suscrito el 23 de junio de 2006 era ineficaz, por ser posterior al Acto Legislativo 01 de 2005; ii) no procedía la modificación de la convención colectiva en lo relacionado con las pensiones convencionales; y iii) no tiene validez la conciliación celebrada con el demandante por la prohibición prevista en el artículo 15 del C.S.T.

Señala que el juzgador desconoció el propósito del Acto Legislativo, que lo fue el impedir la creación de beneficios convencionales extralegales que de llegar a tener que ser asumidos por el sistema general de pensiones, afectaran su sostenibilidad financiera, pues si se hubiera percatado de ello, habría entendido que el Acuerdo con las asociaciones de pensionados no generó ningún nuevo derecho, sino que viabilizó el pago de los ya existentes; que esa falencia le impidió observar el efecto de los convenios 98 y 154 de la OIT que propugnan por la concertación entre empleadores y trabajadores para regular sus relaciones laborales. Que tampoco acogió lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias CC C 1234 de 2005, CC C 466 de 2008 y CC C 349 de 2009 sobre viabilidad de los acuerdos colectivos.

Acota que el juzgador igualmente erró al confundir la transacción y la conciliación, «inducido por muchas decisiones de tutela que le han dado a las dos figuras mencionadas el mismo tratamiento sin tener en cuenta que la transacción es un acto privado que, por tal motivo, merece en la ley una vigilancia especial, mientras que la conciliación involucra un acto del Estado sin cuya presencia lo acordado no alcanza efecto alguno».

Estima que el Tribunal no reparó en que la transacción es un contrato privado en tanto que la conciliación es un acto estatal, ya judicial o administrativo, por el que se declara que el acuerdo al que llegan las partes no vulnera ningún derecho cierto e indiscutible, declaratoria oficial sobre la que no se podía volver a pronunciarse, dado el carácter de cosa juzgada que la rodea.

Insiste en que ya el inspector del trabajo o el juez, verifican que con lo acordado no se afecta un derecho y solo cuando lo ha constatado, emite su respaldo a través del auto que declara que la conciliación no vulneró derechos ciertos e indiscutibles. Así las cosas, la impugnación de dicho acto conlleva el cuestionamiento a una decisión administrativa o judicial, desconociendo que, según la jurisprudencia, la misma es un acto serio como lo es una sentencia, y por ende, no es revisable en los mismos términos de una transacción.

Por lo anterior, recaba en que declarar la nulidad de la conciliación es un error jurídico «porque lo previsto para la transacción no es aplicable al caso de la figura de la conciliación y por eso, en el cuerpo de la norma, el artículo 15 del CST, no se menciona la conciliación (no es un error del legislador) y adicionalmente no existe ninguna norma paralela a tal disposición que permita concluir lo dicho por el Ad quem».

Finalmente, asegura que el sentenciador se equivocó por cuanto no reparó en que los actores dejaron de acogerse a la Ley 4ª de 1976 desde la expedición de la Ley 71 de 1988, y que luego ratificaron su abandono a lo allí previsto, cuando aceptaron la aplicación de la Ley 100 de 1993 en el ajuste anual de sus pensiones.

Explica que como el actor pidió el ajuste del 15% a partir del año 2006, abandonó la aplicación de la Ley 4ª de 1976, lo que se traduce en que primero se acogió a la Ley 71 de 1988 y luego a la Ley 100 de 1993 en lo que hace a la actualización de sus pensiones y, por ello, no era viable que el Tribunal condenara como lo hizo.

CONSIDERACIONES

Para el sentenciador no fue motivo de duda el hecho de que las partes pudieran suscribir contratos colectivos de trabajo, bien por el contrario, reconoció esa facultad cuando se ancló en el análisis de la convención colectiva de 1983, y destacó de ella, la consagración de un derecho a reajustar las pensiones en los estrictos términos de la Ley 4ª de 1976, de tal suerte que el censor parte de premisas equivocadas cuando le reprocha al Tribunal el supuesto desconocimiento del derecho a la negociación colectiva y a los efectos de la misma.

Lo que observó el juez plural como inapropiado fue que las asociaciones de pensionados y las respectivas empresas, so capa de pactar acuerdos colectivos, desconocieran derechos ciertos adquiridos por el demandante con más de 17 años de anterioridad.

Entonces, la declaratoria de ineficacia del mentado acuerdo celebrado el 23 de junio de 2006, no la fundó el juzgador de alzada en el hecho de haberse suscrito con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo que impedía a las partes pactar beneficios superiores a los acordados en la ley, como parece entenderlo la censura, sino en que el mismo desconoció un derecho cierto, que el referido Acto Legislativo protegía, hermenéutica que indudablemente resulta acertada.

En efecto, sobre el particular la Sala en sentencia CSJ SL4468-2019, explicó:

Por último, vale subrayar que los incrementos aludidos constituyen verdaderos derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. De esta forma, comoquiera que el derecho pensional nació a la vida jurídica el 30 de marzo de 2009, asimismo surgió el derecho accesorio a su incremento anual. Al respecto, resultan pertinentes las reflexiones contenidas en las sentencias CSJ SL15495-2017 y CSJ SL 19672, 11 feb. 2003:

[…] como ya lo ha asentado la Corte en múltiples oportunidades en que se ha debatido la aplicación de una estipulación conciliatoria a espaldas de un derecho convencional in meius del cual se beneficia al trabajador, razón asiste al juzgador cuando desatiende estipulaciones plasmadas en tal clase de actos, por pretenderse con ellas la pérdida de vigencia de reajustes pensionales pactados convencionalmente, en este caso los enmarcados en la Ley 4ª de 1976, con la pretensión de optarse por los que en adelante, es decir, a partir de la data de la misma, establecen normas que regularmente se expiden cada año para aumentar la pensión de vejez.

Y ello es así por la simple razón de que el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y para el particular trabajador cuando adquiere la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso por la Electrificadora del Caribe, S.A., E.S.P., se causó, por tanto, empezó a tener una incidencia en el valor o monto del particular derecho pensional.

De no verse así, los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y a la imposibilidad de transigirse cuando éstos tienen el carácter de ciertos e indiscutibles resultan lesionados, por ser indiscutible que la teoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo cabe predicarla respecto de prerrogativas legales, sino que también es posible extenderla, bajo ciertas circunstancias, a derechos y beneficios convencionales. Además, porque cuando un derecho convencional no tiene límite distinto al del tope de su disfrute cuando alcance el monto de 5 salarios mínimos legales vigentes, como aquí ocurre y no se discute, su pérdida de vigencia ante otra fórmula menormente provechosa apareja la pérdida de un derecho cierto e indiscutible.

Así lo ha entendido la Corte en diferentes oportunidades, bastando para memorar una de ellas, lo consignado en sentencia de 11 de febrero de 2003 (Radicación 19672), a ese respecto:

“La regla general es la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas que conceden las leyes laborales, y por eso la salvedad para esa regla exige excepción expresa de la misma ley, según el artículo 14 del CST. Otras normas reafirman esa regla; así, en materia de salarios, el artículo 149, y en cuanto a prestaciones, el 340, ambos del mismo Código citado.

“Aunque pudiera decirse que la dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del CST, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque la dicha norma solo permite la renuncia, a través de la transacción, cuando de derechos inciertos y discutibles se trata; como también lo dice la norma sobre conciliación.

En relación con la supuesta confusión de la conciliación y la transacción, que le recrimina la censura al juzgador de la alzada, fundado en que la primera al ser avalada por un funcionario administrativo o judicial, es inmutable, dado su carácter de cosa juzgada, resulta ser una apreciación subjetiva del recurrente, que no corresponde a la realidad.

Es cierto que, en principio, la conciliación por su carácter de acto público, ya administrativo o judicial, no se podría modificar, pero esa posición admite excepciones, que fueron justamente las que destacó el Tribunal, cuando dijo que su validez estaría en entre dicho si con la misma se violan derechos ciertos o se incurre en un vicio del consentimiento. Y justamente al encontrar que la conciliación que suscribió el actor permitió la transgresión de un derecho cierto como lo era el incremento pensional, el colectivo le negó eficacia a la conciliación, con lo cual, en ningún error pudo incurrir, pues dicho comportamiento lo prohíbe el artículo 15 del C.S.T., como con acierto lo enunció, aunque en el texto normativo de manera expresa no se la relacione, pues ello no resta la ubicación de la conducta en la prohibición, cuando en el artículo se alude a la permisión de la transacción si no se trata de derechos ciertos e indiscutibles, lo cual permite hacer el silogismo contrario e inferir que en caso contrario, no habría validez del acto.

Ahora bien, no resulta cierto que el actor hubiere «abandonado» la Ley 4ª de 1976 por acogerse a la Ley 71 de 1988 o a la Ley 100 de 1993, pues esa afirmación que hace el recurrente no se compadece con el petitum de la demanda ni con lo discutido en el desarrollo procesal. Lo que buscó la parte actora, y así se definió, fue la aplicación del incremento pensional estipulado en la convención colectiva de 1983 que consagró el derecho a la pensión, sin que ello significara el acogimiento de otra disposición. Así las cosas, esta proposición resulta ser una apreciación equivocada de la entidad recurrente.

En consecuencia, el cargo se desestima.

Sin costas en el recurso extraordinario toda vez que no hubo réplica.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de agosto de 2016, en el proceso instaurado por JORGE LUIS PÉREZ GALINDO y OTRO contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. (ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.).

Sin costas en el recurso extraordinario.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ÁLEMAN

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