Ficha de la providencia
Sentencia SL4204-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4204-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4204-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
24 de septiembre de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL4204-2019
Radicación n.° 67492
Acta 33
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JHON JAIRO GÓMEZ SALAZAR contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2014 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C, dentro del proceso adelantado por él en contra de las sociedades TEMPORALES UNO A BOGOTÁ S.A., INDUSTRIAS SPRING S.A. y SEGUROS DEL ESTADO S.A.
ANTECEDENTES
Jhon Jairo Gómez Salazar presentó demanda en contra de las sociedades Temporales Uno A Bogotá S.A., Industrias Spring S.A. y Seguros del Estado S.A., con el fin de que se declarara que entre él y la empresa de servicios temporales, existió una relación de trabajo que inició el 6 de enero de 2006 y culminó con el reconocimiento de la pensión de invalidez por parte de la ARP Liberty S.A.
Requirió además que se declarara que el accidente que sufrió el 19 de abril de 2007 «obedeció a culpa patronal», por la ausencia de medidas de prevención e incumplimiento de las normas de salud ocupacional por parte de la sociedad Temporales Uno A Bogotá S.A. en su calidad de empleadora y de Industrias Spring S.A. como empresa usuaria.
Como consecuencia, pidió que se declarara que estas y la entidad Seguros del Estado S.A., en calidad de garante de la empresa de servicios temporales, eran solidariamente responsables del pago de indemnizaciones a sus trabajadores en caso de siniestro. Por último, requirió que se condenara a las demandadas a cancelarle las indemnizaciones correspondientes al lucro cesante y daño emergente de acuerdo con lo que resultara probado en el proceso, y a la suma de mil salarios mínimos por los daños causados a la vida en relación, todo debidamente indexado.
Como fundamento de sus pretensiones señaló que se vinculó por medio de un contrato por obra o labor con la entidad Temporales Uno A Bogotá S.A., a partir del 6 de diciembre de 2006 para desempeñar el cargo de «operario» en el cual devengaba el salario mínimo legal. Mencionó que fue enviado como trabajador en misión al servicio de Industrias Spring S.A., donde sufrió un accidente el 19 de abril de 2007 mientras utilizaba una de las máquinas de la usuaria.
Explicó que ese día recibió órdenes por parte de su supervisor de reemplazar al operario de la máquina «MARLASKA» que se encontraba de permiso. Indicó que nunca la había operado, por lo que no conocía las medidas de seguridad industrial que debía tener en cuenta mientras manipulaba la misma. Manifestó que el accidente «[…] consistió en un atrapamiento de su mano derecha» que ocurrió cuando «[…] debía alimentar con fique la máquina MARLASKA introduciendo este material con un palo […] ésta atrapó la punta del palo con que […] empujaba el fique» y «trató de recuperar el palo, tirando de él, por miedo a que se dañara la máquina». Indicó que «[…] no podía apagar la máquina debido a que el interruptor de apagado estaba fuera de su alcance» y que «[…] no podía visualizar en donde se encontraban los rodillos de la máquina ya estaban cubiertos de fique […] el sitio en donde estaba la máquina no tenía buena iluminación» de manera que «[…] la máquina en cuestión de segundos atrapó todo el palo e inclusive la mano derecha».
Resaltó que la actividad estaba catalogada como de alto riesgo y que la empresa Temporales Uno A Bogotá S.A. no le brindó la capacitación especial para desarrollar ese tipo de tareas, tal como se dispuso en el artículo 78 de la Ley 50 de 1990, ni previeron cómo atender sus obligaciones en materia de salud ocupacional de acuerdo con lo ordenado en el numeral 4 del artículo 81 de la Ley 50 de 1990. Afirmó que como consecuencia de ese accidente perdió su capacidad laboral en un 50.34% y fue pensionado por invalidez.
Precisó que al momento del siniestro tenía 27 años y que, a raíz de ese suceso, ha sufrido graves padecimientos fisiológicos y psicológicos que afectaron su diario vivir. Comentó que el empleador firmó un contrato con Seguros del Estado S.A. con el fin de que esta última amparara el pago de las indemnizaciones a los trabajadores que estuvieran en misión, el cual estuvo vigente desde el 1 de enero de 2007. Finalmente afirmó ser beneficiario de dicho contrato.
Al dar respuesta a la demanda, Seguros del Estado S.A. manifestó que se oponía a que se le condenara debido a que «[…] de acuerdo con el contrato de seguro contenido en la póliza, por la cual nos están citando al proceso, mi patrocinada no avaló ni si (sic) garantizó a la empresa TEMPORALES UNO A BOGOTÁ S.A. el pago de las indemnizaciones que aquí se están pretendiendo».
Frente a los hechos manifestó que la mayoría no le constaban debido a que se trataban de la relación privada entre el demandante y las empresas demandadas, Temporales Uno A Bogotá S.A. e Industrias Spring S.A.
Aclaró que el contrato mencionado por el demandante no incluía el riesgo del pago de indemnizaciones de los trabajadores enviados en misión por la empresa de servicios temporales, de manera que la póliza no era exigible en ese caso.
En su defensa propuso las excepciones de falta de jurisdicción y competencia, inexistencia de la obligación por inexistencia de cobertura, indebida citación al proceso, «inexistencia de la obligación porque el riesgo está por fuera de la cobertura», «falta de aviso sobre el siniestro a la aseguradora», «limitación de la responsabilidad al valor asegurado», «excepción de prescripción de la acción laboral», «excepción de prescripción de los derechos derivados del contrato de seguro» y buena fe.
Temporales Uno A Bogotá S.A. al dar respuesta a la demanda se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos aclaró que entre las partes se celebraron dos contratos de trabajo ambos por obra o labor y que, en ambos eventos, el trabajador fue enviado en misión a Industrias Spring S.A.
Manifestó que el accidente ocurrió durante la vigencia del primer contrato suscrito entre las partes, sin embargo, aseguró que «[…] si bien una empresa usuaria, en este caso INDUSTRIAS SPRING SA, está facultada por la Empresa de Servicios Temporales para dar órdenes al trabajador que recibe misión, no me consta que el accionante al sufrir el accidente se encontraba cumpliendo una orden específica de la codemandada SPRING SA». Afirmó que el actor había sido capacitado para el manejo de todas las máquinas, incluyendo la relacionada con el accidente y que ésta tenía un botón de apagado al cual era posible acceder desde el puesto de trabajo.
Precisó que:
El palo que se utiliza en la máquina que ocurrió el accidente es opcional si el fique no pasa en su totalidad y si aquel se atascare corresponde soltarlo y presionar el botón de apagado de la máquina, estas son las instrucciones en tales eventos; así consta en la descripción de tareas de la investigación de accidente.
[…] hubo un comportamiento imprudente del accionante, una actitud errada, un procedimiento inadecuado del demandante, falta de concentración y exceso de confianza.
En su defensa propuso las excepciones de «inexistencia de un solo contrato de trabajo» y de las obligaciones demandadas, buena fe del empleador, compensación y prescripción.
Por su parte, Industrias Spring S.A. contestó oponiéndose a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos manifestó que muchos eran ajenos a su conocimiento y quienes eran competentes para pronunciarse frente a estos eran el demandante y la empresa de servicios temporales.
Consideró que:
Obró el demandante con suma imprudencia, toda vez que tratándose de un varón de complexión media cuya estatura supera los 1,70 mtrs (sic), introdujo en forma inexplicable su mano en los rodillos de la máquina MARLASKA, que se encuentran ubicados a una distancia de 1,10 mtrs (sic), del sitio en el cual estaba obligado a alimentarla dispersando el fique que en tal maquina se procesa, maniobra imprudente para la cual necesariamente debió desplazar su cuerpo sobre la banda de alimentación de la referida máquina, ocasionando un accidente de trabajo cuya responsabilidad compete única y exclusivamente a la víctima […]
Afirmó que el actor era conocedor de las medidas de seguridad industrial requeridas para la operación de todas las máquinas, ya que previamente había recibido la capacitación para ello. Indicó que el diseño de la máquina no generaba por sí solo riesgo de atrapamiento para el operario, de manera que este se produjo como consecuencia de la imprudencia.
Mencionó que las situaciones amparadas por la póliza eran las establecidos en su texto, de manera que no se podía afirmar que el actor estuviese cobijado por esta.
En su defensa propuso las excepciones de «pago de los derechos legalmente causados», «inexistencia de las obligaciones que se pretender deducir en juicio a cargo de mi representada», «falta de título y de causa en el demandante», compensación y prescripción.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá D.C. mediante sentencia del 31 de enero de 2013 resolvió:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la tacha de los testigos SAULO GAMBOA AYALA (C.2 Fol.11 a 14), LUIS ENRIQUE ESPAÑA BENAVIDES (C.2 Fol. 20 a 26), ANGEL EMIRO CASTRO CASTRO (C.2 Fol. 26 a 28), y LUIS ARTURO SANCHEZ GALEANO (C.2 Fol.29 a 36), formulada por el apoderado de la parte actora, por lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la objeción por error grave formulada por los apoderados de las demandadas TEMPORALES UNO A BOGOTÁ S.A. e INDUSTRIAS SPRING S.A., contra el dictamen pericial de daños y perjuicios (Fls. 69-72), conforme lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.
TERCERO: DECLARAR que entre TEMPORALES UNO A BOGOTÁ S.A. y JHON JAIRO GÓMEZ SALAZAR como trabajador en misión de INDUSTRIAS SPRING S.A. existió contrato de trabajo desde el 6 de diciembre de 2006 hasta el 18 de enero de 2008 y desde el 22 de enero de 2008 hasta el 13 de marzo de 2009.
CUARTO: CONDENAR a la demandada INDUSTRIAS SPRING S.A. representada legalmente por el señor OSCAR GERARDO GUTIERREZ PEMBERTHY, o por quien haga sus veces, a pagar a pagar (sic) al demandante JHON JAIRO GÓNMEZ (sic) SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.010.992, las siguientes sumas:
La suma de $82.548.435,26 por perjuicios materiales en el concepto de lucro cesante.
La suma de $20.000.000,00 correspondiente a perjuicios morales.
QUINTO: DECLARAR probada la excepción propuesta por la llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO denominada inexistencia de la obligación porque el riesgo está por fuera de la cobertura, y no probadas las restantes, por las razones que quedaron expuestas en la parte motiva.
SEXTO: ABSOLVER a las demandadas TEMPORALES UNO A BOGOTÁ S.A. e INDUSTRIAS SPRING S.A., de las restantes pretensiones formuladas por el actor en su contra.
SÉPTIMO: ABSOLVER a la llamada en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A. de todas las pretensiones formuladas en su contra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
OCTAVO: CONDENAR a las demandadas TEMPORALES UNO A BOGOTÁ S.A. e INDUSTRIAS SPRING S.A., a pagar las costas del proceso, fijándose en favor de la parte demandante, la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000,00) como agencias en derecho.
El a quo encontró que era obligación de la parte demandada probar su diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones de protección y seguridad impuestas por el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto que ello no ocurrió, dio lugar al reconocimiento de las pretensiones del actor.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación de ambas partes conoció del asunto la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., quien mediante sentencia del 31 de enero de 2014 revocó los numerales cuarto y octavo de la parte resolutiva de la decisión del a quo, y confirmó está en todo lo demás.
Inició sus consideraciones indicando que el asunto radicaba en determinar si se encontraba suficientemente probada la culpa de la parte accionada en la ocurrencia del accidente de trabajo que sufrió el actor. Seguidamente citó el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y mencionó que le correspondía examinar si se cumplían los presupuestos de la norma para que pudiera proceder a la condena por indemnización plena de perjuicios en contra de las demandadas.
Recordó que, según el citado precepto, era indispensable que el accidente ocurriera por culpa del empleador, de manera que la carga de la prueba recaía sobre el trabajador a fin de obtener un resultado favorable. En este sentido pasó a estudiar las pruebas allegadas al proceso, tomando como punto de partida las testimoniales acusadas por la empresa Temporales Uno A Bogotá S.A. De estas concluyó, que el actor estaba capacitado para operar dicha máquina ya que se le había brindado la inducción previa, además de que «[…] si de pronto se atascaba la máquina que tenía un botón de pare, que apretara el botón inmediatamente parara la máquina, que le echara reverso si era el caso, porque ella tiene reverso también que en ningún momento le metiera la mano allá ni que se subiera a la telera».
Resaltó que en la investigación del accidente de trabajo se tuvieron como causas básicas del mismo el actuar inadecuado del trabajador al no calcular las consecuencias de sus actos y no tener en cuenta que «[…] la fuerza de la máquina y creyó hacer lo correcto sin apagar la máquina folios 406 a 409». Destacó que tales documentos no fueron tachados ni desconocidos por el demandante, de manera que gozaban de la presunción del parágrafo del artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Agregó que los testimonios previamente mencionados fueron congruentes entre sí al señalar que «[…] al actor se le hizo inducción del manejo de la máquina denominada Marlaska generando convicción y credibilidad en sus manifestaciones, contraro (sic) a lo afirmado por el demandante en los hechos de la demanda». En ese orden de ideas, le resultó evidente que el accidente obedeció a la imprudencia e irresponsabilidad del actor.
Anotó que,
[…] la culpa de la parte accionada en la ocurrencia del accidente, no se encuentra suficientemente comprobada por el demandante, advirtiendo que para la demostración de la misma es necesario hacerlo a través de aportación de pruebas aptas y conducentes para ello, de conformidad con el Artículo 177 del C.P.C. aplicable por analogía al procedimiento laboral, siendo en este caso la parte accionante, quien tenía la carga de la prueba para que el fallador obtuviera el convencimiento de la culpa de la pasiva en el accidente, ya que en materia probatoria existe el principio universal de “ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTORI”, es decir, la parte que afirma un hecho se obliga a demostrarlo. De tal suerte que si el interesado pretende un derecho no sólo debe alegarlo sino probar los hechos en que se basa, ejercicio probatorio omitido por la parte activa en el asunto bajo estudio.
Agregó que, «[…] la responsabilidad objetiva que excluye el elemento culpa del empleador y tiene una regulación especial, fue asumida por “LIBERTY ARP”, quien reconoció al actor, la correspondiente pensión de invalidez folios 257 y siguientes». Consideró que las razones anteriormente expuestas eran suficientes para absolver a la parte accionada de las condenas impuestas en su contra.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia acusada, para que, en sede de instancia:
[…] REVOQUE parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto, a: 1) No reconoció lo pretendido en libelo introductorio de la demanda por concepto de daños morales (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes; 2) No reconoció lo pretendido en el libelo introductorio de la demanda por concepto de daño a la vida de relación (1.000) salarios mínimos mensuales vigentes; 3) la indemnización y, liquidación de daños materiales en las modalidades de lucro cesante consolidado y futuro, fueron tasados y, liquidados al margen de la jurisprudencia, y a doctrina vigentes en el campo de los riesgos profesionales en el derecho laboral colombiano; y, 4) no condenó a la ASEGURADORA “SEGUROS DEL ESTADO S.A.” al pago de: (…)”indemnizaciones laborales”, tal y, como lo estipula el Art. 83 de la Ley 50 de 1990.
Con tal propósito formuló tres cargos, los cuales, tras haber sido replicados por Temporales Uno A Bogotá S.A. e Industrias Spring S.A., pasan a ser estudiados por la Corte de manera conjunta, en la medida en que comparten argumentación y persiguen el mismo fin.
PRIMER CARGO
Acusó la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta,
[…] de las siguientes normas sustanciales, por error de hecho, lo cual condujo a dejar de aplicar los siguientes artículos del Código Sustantivo del Trabajo: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 34, 55, 56, 57, y 216; los siguientes artículos de Decreto-ley 1295 de 1994: 1°, 2°, 3°, 9, 12, y 21; los artículos 1° y 3° de la Ley 1562 de 2012; los artículos 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81 y el numeral 5 del Art. 83 de la Ley 50 de 1990; el artículo 16 de la LEY 446 de 1988; y los Artículos: 1602, 1603, y 1613 del Código Civil; como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente, consistente en que, el fallador de segunda instancia en la sub lite incurrió en falso rasocinio (sic). […] Éstos errores de hecho, condujeron al Ad quem a trasgredir los siguientes artículos del C.P.C.: 174, 175, 176, 177, 187, 194, 198, 23, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 262, 276, y, 279; igualmente, trasgredió los siguientes artículos del Código Civil: 63 y 1604.
Como errores evidentes de hecho, describió:
[…] no dar por establecido, estándolo, que el Empleador incurrió en culpa patronal en el accidente de trabajo del señor JHON JAIRO GÓMEZ SALAZAR; al no dar por establecido, estándolo que el demandante aportó un testimonio sobre los hechos relacionados con el accidente de trabajo del señor JHON JAIRO GOMEZ SALAZAR; al dar por establecido, sin estarlo, que el empleador dio la capacitación al señor JHON JAIRO GOMEZ SALAZAR para trabajar en la Máquina MARLASKA; al dar por establecido, sin estarlo, que el empleador tenía PROTOCOLO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, para el momento del accidente del señor JHON JAIRO GOMEZ SALAZAR; al dar por establecido, sin estarlo, que el accidente sufrido por JHON JAIRO GOMEZ SALAZAR, ocurrió por imprudencia suya, esto es, del señor JHON JAIRO; al no dar por establecido, estándolo, que el empleador tenía la obligación de prevenir y, por ende, proteger la integridad física de los trabajadores que operan máquinas como la denominada “MARLASKA”.
Como pruebas mal apreciadas, relacionó:
[…] “folios 412 a 414 obra constancias de visitas de la ARP Liberty Seguros de Vida S.A. a la empresa industrias Spring después de ocurrido el accidente del actor donde sus observaciones manifestó “falta de análisis de vulnerabilidad, falta de mapa de salidas de evacuación, anexar recursos para la atención de emergencia, se dan inducciones para realizar el nuevo plan de emergencias, teniendo en cuenta que la empresa no tiene señalización completa/ mapa de evacuación”. A folio 415 obra control de asistencia a capacitación de fecha 23-03-07 observándose que el demandante no recibió inducción alguna al respecto”; d) pretermitió u, omitió valorar la única prueba (testimonio) aportado por el demandante, lo cual implicó que, el Ad quem valoró únicamente los testimonios aportados por la parte demandada, esto evidencia que fue trasgredido el principio medular del debido proceso, denominado… imparcialidad. Éstos errores cometidos por él (sic) Ad quem son manifiestos y, trascendentes, puesto que, son ostensibles, son de “bulto”, y, fueron determinantes en la parte resolutiva de la Sentencia de segunda instancia.
Inició la demostración del cargo con un acápite denominado «[…] del error de hecho por falso raciocinio en la valoración de pruebas legalmente aportadas al proceso» en el cual hizo comparaciones entre las consideraciones de los juzgadores de ambas instancias. Luego de haber realizado dicho análisis, consideró que era evidente que el ad quem había omitido referirse a las pruebas valoradas por el a quo.
Indicó que el ad quem dejó de ver que el empleador incurrió en,
[…] la falta de capacitación del señor JHON JAIRO GOMEZ SALAZAR para el manejo de Máquinas propias de la actividad de COLCHONES SPRING S.A.; b) el empleador NO tenía PROTOCOLO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, para el momento del accidente del señor JHON JAIRO GOMEZ SALAZAR; c) el empleador NO dio la capacitación al señor JHON JAIRO GOMEZ SALAZAR para trabajar en la Máquina MARLASKA
Manifestó que, si el ad quem no hubiese actuado «[… ]de manera parcializada a favor de la parte demandada», hubiera confirmado la decisión que le era favorable. Seguidamente expuso como yerros del Tribunal:
El Ad quem en las consideraciones de la sentencia omitió valorar el testimonio aportado por el demandante, es más, ni siquiera hizo alusión a dicho testimonio, concretamente el testimonio del señor MIGUEL ANGEL MOGOLLON GUTIERREZ (Cuaderno 2 Fol. 4 a 9). VEAMOS QUE DIJO EL TESTIGO: “ingresó a trabajar en enero de 2007 por medio de Temporales Uno A, dijo que la máquina Marlaska se alimenta con la materia prima que viene de otra máquina llamada cortadora de fique y debe ser guiada con un palo para que los rodillos puedan comerse el material que se acaba de echar, que el Operario se encuentra aislado en un cuarto donde hay baja luz, que no habían letreros que indicaran el peligro de cuando se llevara el palo al proceso, que en el tiempo que estuvo trabajando y manipulando dicha máquina, varias personas sufrieron accidentes, que la maquina Marlaska no posee indicadores de colores que solo el de encender y apagar, que Industrias Spring no tenía un manual de instrucciones y no tenía manual de prevención de accidentes para operar dicha maquina”. El error cometido por Ad quem, es manifiesto y, trascendente.
El Ad quem desconoció uno de los principios medulares del debido proceso (la imparcialidad en la valoración de las pruebas), al valorar únicamente los testimonios aportados por el demandado “TEMPORALES UNO A BOGOTA S.A. Y COLCHONES SPRING S.A.
Los errores descritos anteriormente, cometidos por el Ad quem, son manifiestos, y, trascendentes. En consecuencia, si el Ad quem, No hubiese cometido dichos errores, la sentencia hubiese sido favorable al señor JHON JAIRO GOMEZ SALAZAR.
Seguidamente en el apartado denominado «[…] exposición de normas sustanciales del código sustantivo del trabajo y de la seguridad social inaplicadas por el señor juez de segunda instancia» citó los artículos 1, 9, 10, 13, 14, 18, 34, 55, 57, y 216 del mencionado Código. Igualmente trajo a colación los artículos 1, 2, 3, 8 y 21 del Decreto 1295 de 1994 y el 3 de la ley 1561 de 2012 como «[…] exposición de normas sustanciales que rigen los riesgos profesionales, inaplicadas por el señor juez de segunda instancia»
Posteriormente nombró la Ley 50 de 1990 como «exposición de norma sustancial que rige las empresas de servicios temporales, inaplicada por el señor juez de segunda instancia». En el mismo sentido, hizo referencia a los artículos 1602, 1603 y 1604 del Código Civil como «[…] exposición de normas sustanciales del código civil colombiano inaplicadas por el señor juez de segunda instancia». Mencionó la Ley 446 de 1998 como «[…] exposición de norma sustancial que rige la obligación de reparar de manera integral los perjuicios materiales y morales, inaplicada por el señor juez de segunda instancia».
Realizó una exposición jurisprudencial en la cual tomó como base las sentencias CSJ SL, 3 de junio de 2009, radicado 35121; CSJ SL471-2013 y concluyó que, los errores que se le endilgaron al ad quem eran manifiestos y trascendentes, ya que si no los hubiese cometido la sentencia hubiera sido favorable a las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO CARGO
Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa,
[…] por falta de aplicación del Art. 29 de la Carta Política, consistente en que, el fallador de segunda instancia en la sub lite, incurrió en violación del principio medular del debido proceso, denominado, “imparcialidad”, el cual hace parte fundamental del derecho de contradicción contemplado en el Art. 29 de la Carta Política, sobre la valoración de las pruebas debidamente aportadas al proceso, conducta esta, que genera una nulidad absoluta de la sentencia objeto de este recurso.
Inició la demostración del cargo con un apartado denominado «[…] del error consistente en la violación directa del principio constitucional denominado “imparcialidad” en las actuaciones judiciales y administrativas, el cual hace parte fundamental del derecho de contradicción, contemplado en el art. 29 de la carta política (el debido proceso)», en el cual indicó que el error del ad quem consistió en:
i) El Ad quem en la valoración probatoria omitió valorar el testimonio aportado por el demandante, error que, lo condujo a trasgredir uno de los principios medulares del debido, denominado…”imparcialidad”, contemplado en el Art. 29 de la Carta Política. Veamos el testimonio del señor MIGUEL ANGEL MOGOLLON GUTIERREZ (Cuaderno 2 Fol. 4 a 9): “ingresó a trabajar en enero de 2007 por medio de Temporales Uno A, dijo que la máquina Marlaska se alimenta con la materia prima que viene de otra máquina llamada cortadora de fique y debe ser guiada con un palo para que los rodillos pueda comerse el material que se acaba de echar, que el Operario se encuentra aislado en un cuarto donde hay baja luz, que no habían letreros que indicaran el peligro de cuando se llevara el palo al proceso, que en el tiempo que estuvo trabajando y manipulando dicha máquina, varias personas sufrieron accidentes, que la máquina Marlaska no posee indicadores de colores que solo el de encender y apagar, que Industrias Spring no tenía un manual de instrucciones y no tenía manual de prevención de accidentes para operar dicha máquina”.
Afirmó que el error descrito era manifiesto, y que si el ad quem no lo hubiese cometido la sentencia hubiera tenido consecuencias favorables para él.
TERCER CARGO
En la demostración del cargo realizó un acápite denominado «[…] de la vía de hecho por defecto sustantivo consistente en la omisión de aplicación del precedente jurisprudencial en materia de accidentes de trabajo, lo cual se constituye en una violación directa del principio de legalidad, el cual hace parte inescindible del debido proceso (Art. 29 de la carta política)». En el cual manifestó que las «Altas cortes» en su deber de desarrollar la normatividad que reguló los riesgos laborales, dejaron un claro precedente sobre el tema de la culpa en los accidentes de trabajo.
En ese sentido citó apartados de las sentencias CSJ SL, 3 de junio de 2009, radicado 35121; CSJ SL659-2013 y CSU047-1999. Concluyó que el ad quem al concluir que el accidente ocurrió por culpa del trabajador desconoció los precedentes jurisprudenciales anteriormente descritos.
RÉPLICA
Temporales Uno A Bogotá S.A. en su escrito de oposición se refirió a cada uno de los cargos de manera individual. Frente al primero de ellos, y ante las afirmaciones, mencionó que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo expresamente ordenaba que cuando se pretendía la indemnización de perjuicios era necesario que la culpa patronal estuviera suficientemente comprobada.
Destacó que al expediente se allegaron documentos y declaraciones testimoniales que evidenciaban que la Industria Spring S.A. daba a cada uno de sus trabajadores, incluyendo al demandante, las instrucciones necesarias para la operación adecuada de sus máquinas.
Consideró que igualmente se encontraba demostrado que a través de la empresa de servicios temporales se le realizó al trabajador la capacitación debida junto con Industrias Spring S.A., y que dicha contratante tomó las medidas pertinentes de prevención de riesgos. A su parecer, no quedaba duda de que a la fecha del accidente el actor contaba con experiencia en el manejo de la máquina en que este ocurrió, pues ya llevaba 20 días operándola.
Mencionó que en las pruebas testimoniales se podía confirmar que el actor sí recibió inducción antes de desarrollar sus funciones. Manifestó que estaba claramente demostrado que el fallo fue dictado ajustado a derecho, con los requisitos formas y de fondo necesarios, por lo que no existían los errores que se le imputaron.
Concluyó que,
En análisis de las consideraciones se da cuenta de cómo llegó el juez colegiado a su convencimiento: la congruencia de los testigos en cuanto a la capacitación recibida por el demandante y la falta de prueba de la culpa patronal, carga que recaía sobre el actor.
Ese convencimiento, lógicamente, llevó a la Sala a concluir que “Conforme a lo anotado en las líneas precedentes considera la Sala innecesario revisar el recurso de apelación de la parte actora.”
En cuanto al segundo cargo mencionó que este se desarrolló en torno a un testigo, el cual en su opinión hubiera cambiado el sentido del mismo, y apoyó su argumento en apartados jurisprudenciales. Sin embargo, señaló que el recurrente omitió referirse a que la parte actora «[…] incumplió el deber procesal que tenía de probar los hechos sobre los cuales fundamenta su demanda, básicamente, la culpa patronal y que por el contrario, la parte pasiva demostró claramente haber sido diligente en la prevención de los riesgos profesionales». Reiteró los argumentos con los que dio respuesta al primer cargo de manera que «[…] se desvirtúa la afirmación en cuanto a la violación del derecho de defensa y el debido proceso».
Por último, sobre el tercer cargo indicó que este no tenía una formulación expresa, resaltando que:
Con la argumentación se pretende la aplicación de precedentes jurisprudenciales sobre casos diferentes al sub júdice, olvidando que ello no fue así.
En efecto, como se expuso en la respuesta al primer cargo fue justamente con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que se recordó que para casos como este, corresponde al actor demostrar la culpa del empleador.
No habiendo sido demostrada por el demandante esa culpa, resulta innecesario valorar las demás pruebas aportadas porque quedan sin sustento fáctico las pretensiones de la demanda sin que ello implique violación del derecho de defensa.
Industrias Spring S.A. al oponerse al recurso en cuanto al primer cargo mencionó que el recurrente al estructurar la violación de la ley sustancial «[…] por la vía indirecta por error de hecho en la modalidad de falta de aplicación de normas de carácter sustantivo». Explicó que la violación por la vía indirecta no se podía formular por medio de dos modalidades excluyentes entre sí:
[…] o bien se realiza la violación por aplicación indebida o bien se realiza la violación por falta de aplicación, pero no por los dos modos de manera simultánea. En el primer caso se habla de una aplicación equivocada, el Tribunal Superior de Distrito Judicial al decir del recurrente si aplica la ley, pero la aplica erróneamente, en el segundo caso no aplica la norma.
Continuó indicando que el recurrente escogió la vía indirecta pero no precisó si los errores en la apreciación probatoria consistieron en errores de hecho o de derecho. Igualmente, al referirse a las pruebas con las que pretendía demostrar su cargo centró su ataque en pruebas no calificadas, como la testimonial. Precisó que en la estructura del cargo se incluyeron normas sustanciales del Código Sustantivo del Trabajo categorizadas como inaplicadas por la vía indirecta, «[…] cuando este tipo de estructuración no se realiza por la vía indirecta sino por la vía directa en la modalidad de falta de aplicación».
Frente al segundo cargo señaló que el recurrente se equivocó al estructurar la violación de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de falta de aplicación del artículo 29 de la Constitución Política. Expuso que, si bien dentro de las formas de violación establecidas por el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social se encontraba la violación de la ley por la vía directa en varias modalidades, el cargo se encontraba estructurado «[…] sobre la base de no haber observado el testimonio del señor Miguel Ángel Mogollón, por lo tanto se no (sic) refiere a la no aplicación de una norma o a su interpretación errónea o infracción directa de una norma». De manera que su formulación fue errada al unir dos conceptos que no se podían estudiar simultáneamente.
Mencionó que,
En la demostración del cargo el apoderado habla sin distingo alguno de la falta de aplicación de normas y de no apreciación de una prueba, por demás no prueba calificada, tal y como se mencionó en la oposición al primer cargo. Lo anterior denota un error en la escogencia y en el análisis confuso, no se tiene claridad en los conceptos sobre los cuales se estructura el cargo, sino que los asimila y los relaciona como si se tratara del mismo cargo, cuando no lo es.
Insistió en que no se configuró violación del debido proceso por violación del principio de contradicción, ya que ambas partes gozaron de la oportunidad procesal para controvertir las pruebas practicadas y las decisiones de ambas instancias.
Por último, se pronunció sobre el tercer cargo indicando que en este también se equivocó el recurrente cuando en su titulación «[…] se plantea una violación de la sentencia por la vía DIRECTA, se establece que se trata de la VIA DE HECHO, cuando por la vía directa de acuerdo a la técnica de casación en esta vía hay prescindencia de elementos fácticos o probatorios». Dado que se formuló sobre vías excluyentes, no debía prosperar.
CONSIDERACIONES
La Corte comienza por resaltar que la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues aunque se ha morigerado la técnica exigida para plantear el recurso, una demanda de esta categoría está sometida en su formulación a una técnica especial, consagrada en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la misma que de no cumplirse, da lugar a que resulte inestimable e imposibilita el estudio de fondo de los cargos (CSJ SL15377-2016).
En este sentido, recuerda la Sala que el recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia ni admite argumentos formulados como alegatos de instancia. Así lo ha dicho de forma reiterada esta Corporación, entre otras, en sentencia CSJ SL13856-2017, en cita de la CSJ SL4281-2017, donde se precisó:
Reitera, una vez más, la Corte que el recurso de casación no es una tercera instancia, en la que el impugnante puede exponer libremente las inconformidades en la forma que mejor considere.
Por el contrario, adoctrinado está que el recurrente debe ceñirse a las exigencias formales y de técnica, legales y jurisprudenciales, en procura de hacer procedente el estudio de fondo de las inconformidades, en la medida en que son los jueces de instancia los que tienen competencia para dirimir los conflictos entre las partes, asignando el derecho sustancial a quien demuestre estar asistido del mismo. Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.
Se ha dicho con profusión que en esta sede, se enfrentan la sentencia gravada y la parte que aspira a su quiebre, bajo el derrotero que el impugnante trace a la Corte, dado el conocido carácter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnación.
En efecto, no puede perderse de vista que este recurso extraordinario no le permite a la Corte juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia impugnada con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto (CSJ SL1693-2018; CSJ AL1292-2017).
En los términos analizados, la dilatada sustentación del cargo se asemeja más a un alegato propio de las instancias respectivas que a una argumentación adecuada y concisa donde el censor cumpla con la obligación de demostrar de forma clara y coherente los eventuales yerros en que, a su juicio, incurrió el Tribunal al adoptar la decisión impugnada. La dialéctica de la casación, en síntesis, no reside en desplegar interpretaciones discordantes u opuestas de las del ad quem, sino en acreditar sus yerros (CSJ SL841-2013) y entre más demostración requiera este, menos ostensible tenderá a ser.
El recurrente efectivamente traduce su acusación en una justificación de los motivos por los cuales su pretensión debería prosperar, olvidando que la sede casacional no es una tercera instancia y que los argumentos que se plantean en el escenario extraordinario de la casación están conducidos a confrontar la sentencia definitiva de las instancias, por lo que las alegaciones de parte son ajenas al trámite del recurso que se decide, como ya ha tenido oportunidad la Corte de mencionarlo con antelación en diversas oportunidades, entre otras, en las providencias CSJ SL, 28 agosto 2012, radicado 43009 y CSJ AL1932-2017.
Lo anterior resulta pertinente pues, tal y como lo mencionó en algunos apartes la oposición, en el sub lite se observa que los cargos formulados no cumplen con el mínimo de exigencias legales y jurisprudenciales para la sustentación del recurso de casación.
Ciertamente, el ataque de la censura conduce casi exclusivamente a reprochar del Tribunal la valoración de testimonios que fueron solicitados por la parte demandada y presuntamente obviar el análisis de aquel pedido por el actor, todo lo que, no obstante poseer el matiz de un error in procedendo y no in judicando, de todas maneras resulta evidente que dicho cuestionamiento recae sobre una categoría de prueba que en la sede de casación resulta inhábil, como lo son los testimonios conforme lo establece el artículo 7 de la Ley 16 de 1969.
De esta forma, no podía instaurar una arremetida en contra de la sentencia criticando la indebida o ausente apreciación de la prueba testimonial y si así fuera del caso hacerlo, pues era deber del casacionista primero demostrar con suficiencia el error del ad quem respecto del análisis de la prueba calificada para poder habilitar luego la instancia de análisis respecto de las pruebas que no tienen el carácter de serlo según la ley (CSJ SL1189-2015).
Igual suerte corren los documentos referidos a las «constancias de visitas» de la Administradora de Riesgos Laborales a la que estaba inscrita la sociedad y la cual dejó anotaciones posteriores al accidente relacionadas con la situación del sistema de salud y seguridad en las instalaciones de trabajo, pues estas tienen un carácter inhábil en casación por ser documentos declarativos de terceros (CSJ SL, 6 marzo 2012, radicación 43422; CSJ SL, 28 octubre 2009, radicación 34899; CSJ SL, 28 octubre 2009, radicación 35421; CSJ SL, 20 octubre 2009, radicación 36230; CSJ SL, 15 septiembre 2009, radicación 35420; CSJ SL, 12 agosto 2009, radicación 36487; CSJ SL, 3 agosto 2009, radicación 35297; CSJ SL, 25 junio 2009, radicación 35740; CSJ SL, 10 junio 2009, radicación 35466; CSJ SL, 9 junio 2009, radicación 34309; CSJ SL, 28 abril 2009, radicación 35872; CSJ SL, 31 marzo 2009, radicación 32510; CSJ SL, 10 marzo 2009, radicación 34748; CSJ SL, 10 junio 2008, radicación 32166; CSJ SL, 10 mayo 2000, radicación 13157; entre otras).
En igual sentido, como lo anotó la oposición, los submotivos de ataque por la vía indirecta son, de suyo, excluyentes, de modo que no puede alegarse que el ad quem incurrió en una aplicación indebida de una determinada norma sustancial de alcance nacional, pero a renglón seguido, asegurar que el Tribunal cometió sobre la misma una infracción directa al no aplicarla deliberadamente o, también, que incurrió en una interpretación errónea.
Así lo recordó la Sala de Casación Laboral en sentencia CSJ SL3014-2019:
El recurrente de manera impropia acusa los artículos 67 y 69 del CST, de haber sido interpretados erróneamente, y simultáneamente aduce que fueron aplicados indebidamente, cuando dichos submotivos son diametralmente opuestos y excluyentes entre sí, y en esa medida no puede endilgarse al juzgador de segundo grado que en la decisión incurrió en el error jurídico de interpretar de manera errónea determinada norma y a la vez que la aplicó en forma inadecuada.
En el mismo sentido, discurrió la misma Corporación en providencia CSJ SL609-2019:
De las normas transcritas se colige sin dificultad que son tres las modalidades en que puede infringirse directamente la ley sustancial, cada una de las cuales presenta sus propias características y peculiaridades.
Así, se ha dicho que la infracción directa ocurre cuando el juzgador desconoce el texto legal y, por rebeldía o ignorancia o por no tener en cuenta los efectos de la ley en el tiempo, deja de aplicarlo a un caso que lo reclama. Es según lo ha dicho la doctrina un típico error de omisión.
La interpretación errónea, en cambio, significa que el juez aplica la norma que reclama el caso, pero al fijar su alcance distorsiona su contenido, ampliándolo o restringiéndolo, agregándole o suprimiéndole supuestos o consecuencias.
Este último dislate es conocido doctrinariamente como error por comisión en tanto el yerro se comete no por omitir la norma, sino por aplicar la que corresponde, pero dándolo un alcance diferente.
Los tres motivos son autónomos y excluyentes, lo que quiere decir que no es posible que un cargo acuse la misma norma legal por modalidades diferentes de violación porque obviamente no resulta lógico suponer que el juez infrinja directamente, aplique indebidamente e interprete erróneamente de manera simultánea un texto legal concreto y específico. De suerte que el censor incurre en el dislate que le enrostra la réplica y ese solo error es suficiente para desestimarlo pues no le es permitido a la Corte elegir por cuál de las dos modalidades señaladas emprende su estudio.
Las razones expuestas son suficientes para dar al traste con las acusaciones planteadas.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente y a favor de las sociedades opositoras por partes iguales, comoquiera que su recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de enero de dos mil catorce (2014), por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por JHON JAIRO GÓMEZ SALAZAR en contra de las sociedades TEMPORALES UNO A BOGOTÁ S.A., INDUSTRIAS SPRING S.A. y SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Costas como se indicó en la parte motiva de está providencia.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
SALVAMENTO DE VOTO
SL4204-2019
Radicación n.° 67492
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
Con el debido respeto por la posición mayoritaria, sustento el salvamento de voto en los siguientes argumentos:
En el proveído del que me alejo, se planteó:
[…] en el sub lite se observa que los cargos formulados no cumplen con el mínimo de exigencias legales y jurisprudenciales para la sustentación del recurso de casación.
Ciertamente, el ataque de la censura conduce casi exclusivamente a reprochar del Tribunal la valoración de testimonios que fueron solicitados por la parte demandada y presuntamente obviar el análisis de aquel pedido por el actor, todo lo que, no obstante poseer el matiz de un error in procedendo y no in judicando, de todas maneras resulta evidente que dicho cuestionamiento recae sobre una categoría de prueba que en la sede de casación resulta inhábil, como lo son los testimonios conforme lo establece el artículo 7 de la Ley 16 de 1969.
[…]
En igual sentido, como lo anotó la oposición, los submotivos de ataque por la vía indirecta son, de suyo, excluyentes, de modo que no puede alegarse que el ad quem incurrió en una aplicación indebida de una determinada norma sustancial de alcance nacional, pero a renglón seguido, asegurar que el Tribunal cometió sobre la misma una infracción directa al no aplicarla deliberadamente o, también, que incurrió en una interpretación errónea.
La ponencia de la cual disiento se dedicó como lo anunció a escudriñar en los errores de técnica que creyó advertir en la formulación del recurso, en ese ejercicio, perdió de vista que el argumento sustancial indicado por el Tribunal para descartar la existencia de la culpa patronal fue:
[…] el asunto radicaba en determinar si se encontraba suficientemente probada la culpa de la parte accionada en la ocurrencia del accidente de trabajo que sufrió el actor. Seguidamente citó el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y mencionó que le correspondía examinar si se cumplían los presupuestos de la norma para que pudiera proceder a la condena por indemnización plena de perjuicios en contra de las demandadas.
Recordó que, según el citado precepto, era indispensable que el accidente ocurriera por culpa del empleador, de manera que la carga de la prueba recaía sobre el trabajador a fin de obtener un resultado favorable. En este sentido pasó a estudiar las pruebas allegadas al proceso, tomando como punto de partida las testimoniales acusadas por la empresa Temporales Uno A Bogotá S.A. De estas concluyó, que el actor estaba capacitado para operar dicha máquina ya que se le había brindado la inducción previa, además de que «[…] si de pronto se atascaba la máquina que tenía un botón de pare, que apretara el botón inmediatamente parara la máquina, que le echara reverso si era el caso, porque ella tiene reverso también que en ningún momento le metiera la mano allá ni que se subiera a la telera».
Con miras a controvertir la inferencia en la que el Tribunal fundó su decisión, el recurrente invocó entre las pruebas mal apreciadas el documento de folio 415 control de asistencia a capacitación de fecha 23/03/2007, con el cual pretendió demostrar que el actor no recibió inducción alguna por parte de su empleadora, Temporales Uno A Bogotá S.A., ni de la usuaria Industrias Spring S.A., en cuanto al riesgo de atrapamiento al que estaba expuesto el operario en el manejo de la máquina Marlaska.
Siendo pacífico que la máquina en la que ocurrió el accidente no era la que operaba habitualmente el actor, el censor aludió a que el Tribunal como consecuencia de la mala apreciación del control de asistencia a capacitación, dejó de ver que el empleador incurrió en,
[…] la falta de capacitación del señor JHON JAIRO GÓMEZ SALAZAR para el manejo de Máquinas propias de la actividad de COLCHONES SPRING S.A.; b) el empleador NO tenía PROTOCOLO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, para el momento del accidente del señor JHON JAIRO GÓMEZ SALAZAR; c) el empleador NO dio la capacitación al señor JHON JAIRO GÓMEZ SALAZAR para trabajar en la Máquina MARLASKA.
Así, contrario a lo que menciona la decisión, el impugnante planteó adecuadamente la acusación por la vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida de las normativas que allí se relacionan, para lo cual precisó los errores que cometió el Tribunal, y luego enlistó las pruebas mal apreciadas, para finalmente proceder al respectivo razonamiento de confrontar lo que dedujo el fallador con lo que a su juicio aflora de la prueba, y cómo pudo incidir en la decisión cuestionada.
A través de los diferentes desaciertos fácticos que se plantean en el cargo, el censor cuestiona las inferencias deducidas por el sentenciador de segundo grado, en torno a la existencia de inducción y capacitación y a que el accidente obedeció a la imprudencia e irresponsabilidad del actor en el manejo de la máquina Marlaska,
De ahí que la Corte debió proceder a examinar cada uno de esos medios de convicción, a fin de verificar si en efecto se configuraron esos yerros fácticos, y en caso de ser así demostrado el error del ad quem respecto del análisis de la prueba calificada quedaba habilitada la instancia de análisis respecto de las pruebas testimoniales y las constancias de visita que no tienen el carácter de serlo, según la ley (CSJ SL1189-2015).
De esta manera, estimo debió casarse la sentencia y en su lugar modificar la del a quo, en cuanto al alcance de la impugnación.
Fecha ut supra,
356235-165354000
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Magistrado
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