Ficha de la providencia
Sentencia SL4232-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4232-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4232-2019
Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura
30 de septiembre de 2019
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
Magistrada ponente
SL4232-2019
Radicación n.° 68277
Acta 34
Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ANTONIO JOSÉ GUTIÉRREZ TÉLLEZ contra la sentencia proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 21 de marzo de 2014, dentro del proceso que adelantó en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, hoy COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
Antonio José Gutiérrez Téllez interpuso demanda en contra del Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), con el fin de que se declarara que causó el derecho al reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 5 de noviembre de 2008. Así mismo, solicitó que la prestación concedida le fuera reliquidada teniendo en cuenta los aportes realizados a la Administradora de Fondos de Pensiones Citi – Colfondos S.A., al igual que el retroactivo por concepto de las mesadas causadas y no canceladas y los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Como fundamento de sus pretensiones, adujo que nació el 5 de noviembre de 1948; que estuvo afiliado al ISS y, posteriormente, se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS) administrado por Citi - Colfondos; que retornó al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (en adelante RPM). Afirmó que solicitó su retiro del Sistema General de Seguridad Social en pensiones desde el 2005, con fundamento en la certificación expedida por Uniagraria el 30 de noviembre de 2005; y que el 14 de enero de 2010, elevó derecho de petición ante la entidad accionada, requiriendo que le fuera otorgada la pensión de vejez a partir del 5 de noviembre de 2008, fecha en la que cumplió la edad de 60 años y contaba con 1559 semanas cotizadas.
En consecuencia, aseguró que, por medio de la Resolución n.º 038933 del 16 de diciembre de 2010, le fue concedida la prestación económica solicitada en cuantía mensual inicial de $515.000, a partir del 31 de diciembre de 2010; que la misma fue reliquidada a través de la Resolución n.º 039046 del 17 de diciembre de 2010, por un valor de $2.625.980, tomando un IBL equivalente a $3.876.558, así como una tasa de reemplazo del 67.74%, según los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003.
Finalmente, acusó que en las Resoluciones n.º 049620 del 12 de diciembre de 2011 y 03431 del 26 de septiembre de 2012, se decidió reajustar el monto de la primera mesada con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, a saber, tomando una tasa de reemplazo igual al 90%.
Enfatizó que la pensión debió reconocerse a partir del 5 de noviembre de 2008 y no del 31 de diciembre de 2010, comoquiera que para ese momento cumplió a cabalidad con los requisitos exigidos para la causación del derecho, aunado con que desde el 30 de noviembre de 2005 se produjo la correspondiente novedad de retiro efectivo del Sistema.
Al contestar la demanda, el ISS se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los presentados por el actor, salvo aquellos referentes al momento en el que debió adjudicarse la pensión. Afirmó que en la historia laboral del señor Gutiérrez Téllez no se evidenciaba la novedad de retiro y, en consecuencia, debía tomarse para el disfrute del derecho la fecha en que este fue incluido en la nómina de pensionados, esto es, el 31 de diciembre de 2010.
En su defensa, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia del derecho y de la obligación, cobro de lo no debido, «[…] no configuración del derecho al pago de intereses moratorios», enriquecimiento sin causa y carencia del derecho.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia proferida el 11 de diciembre de 2013 condenó a la entidad demandada en los siguientes términos:
PRIMERO. CONDENAR a la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, representada legalmente por la (sic) Dr. MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ o por quien haga sus veces, a reconocer y pagar al demandante señor ANTONIO JOSE GUTIERREZ (sic) TELLEZ, el retroactivo pensional generado entre el 1 de diciembre de 2008 y 30 de diciembre de 2.010, pensión que para (sic) 1 de diciembre de 2008 equivale a la suma de TRES MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.460.289,oo). Como consecuencia de esta variación en la fecha de causación de la pensión de vejez, la demandada debe pagar las diferencias que se causen entre la pensión que legalmente corresponde a partir del 31 de diciembre de 2.010 y la que ha venido pagando el instituto desde esa fecha.
SEGUNDO. CONDENAR a la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, a pagar los intereses moratorios sobre las mesadas adeudadas desde julio 14 del año 2010, hasta cuando se verifique el pago de este retroactivo pensional.
TERCERO. DECLARAR no PROBADAS las excepciones de mérito en relación con las pretensiones que encontraron prosperidad.
CUARTO. ABSOLVER a la demandada de las de las (sic) pretensiones primera y segunda del escrito subsanatorio de la demanda, conforme a la parte motiva.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Tras apelación presentada por ambas partes, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. mediante sentencia de fecha 21 de marzo de 2014, revocó en su integridad el fallo proferido por el a quo y, en su lugar, absolvió al ISS de todas las pretensiones incoadas en su contra.
Para fundamentar su decisión, el ad quem determinó como problema jurídico a resolver, determinar si había lugar al pago del retroactivo a favor del demandante, y en caso de que la respuesta fuera afirmativa, establecer si había lugar a la condena de intereses moratorios.
Declaró que a lo largo del proceso se probó la existencia de los siguientes actos administrativos:
Primero existe la Resolución 39046 del 17 de diciembre de 2010, folios 33 a 36, a través de ella se le reconoce al actor la pensión de vejez en una cuantía inicial de $2.625.980, a partir del 31 de diciembre de 2010, esta pensión fue reconocida, con, bajo vigencia o con aplicación integral de la ley 100 del 93, ya que en ese momento se consideró que el demandante no había conservado el régimen de transición por haberse trasladado al raís, gracias, entonces se le dijo que no había recuperado el régimen de transición y como no estaba acreditado el requisito de la rentabilidad, no se le reconoció con base en la legislación anterior sino con base en la ley 100; el segundo acto administrativo es el, 46920 del 12 de diciembre de 2011, folios 37 a 39, con este acto administrativo el Instituto de Seguros Sociales ya le reconoce el régimen de transición al demandante con base en el concepto emitido por la oficina de devolución de aportes y con aplicación del criterio constitucional de la SU 062 de 2010, de esa manera concluyó el Instituto de Seguros Sociales que conservaba el régimen de transición y por ello le reliquida la pensión conforme al acuerdo 049 del 90, lo que implica una modificación en la tasa de reemplazo del 90% en un monto de mesada inicial de $3.460.289, pero mantiene la fecha de reconocimiento del 31 de diciembre de 2010; interpuesto los correspondientes recursos contra esta resolución con la finalidad de que se modificará la fecha de causa de disfrute de la pensión, se prefiere la Resolución 3431 del 26 de septiembre de 2012 folios 40 a 42 que resuelve mantener la fecha indicada.
Con base en ello, concluyó que el demandante era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que su pensión se reconoció en virtud del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990; que la cuantía de esta correspondió a $3.460.289; y que la tasa de reemplazo fue del 90%. Aseguró que las mencionadas resoluciones otorgaron el derecho a partir del 31 de diciembre de 2010, por lo que correspondía determinar si efectivamente debió ser desde esa fecha o, por el contrario, desde el 5 de noviembre de 2008 tal y como lo estimó el juez de primer grado.
En ese orden de ideas, afirmó que el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 señaló la diferencia entre la causación y el disfrute de la pensión. Precisó que la causación hacía referencia al momento en el que el afiliado cumplía con los requisitos mínimos para obtener el derecho, mientras que el disfrute se refería al escenario en el que se podía empezar a percibir la prestación. Sobre esta última, puntualizó que, de acuerdo la sentencia CSJ SL, 4 de junio de 2012, radicación 41750, era necesaria la desvinculación del Sistema y que esta bien puede hacerla el ISS por iniciativa del empleador o, en su defecto, por petición del interesado, siempre y cuando cumpliera con las exigencias pertinentes.
Aseveró que, una vez hecho el análisis probatorio correspondiente, no encontró la novedad de retiro del Sistema en la fecha señalada por el demandante. Sostuvo que, si bien se allegó la certificación expedida por Uniagraria –sociedad que fungió como empleadora del actor-, esta no dio certeza de dicha situación, pues solo ofreció claridad respecto del ingreso del demandante en septiembre de 2005, pero no de su retiro.
Por otra parte, manifestó que no se logró acreditar que la certificación presentada el 29 de marzo de 2011, hubiera sido entregada al ISS. Por el contrario, aseguró que dicha entidad le informó al actor que, en caso de obtener la desafiliación del Sistema, se podía cumplir con el trámite a través del diligenciamiento de la planilla de autoliquidación.
Sostuvo que esta Corporación ha establecido que cuando no exista la novedad de retiro en la historia laboral, esta se puede inferir de otras circunstancias tales como la terminación del contrato, la falta de pago de cotizaciones al Sistema y la petición del reconocimiento de la pensión. Al respecto, aseguró que el demandante realizó su solicitud de jubilación en el 2010, y que no fue probada la terminación de la relación laboral, de manera que no se cumplían los presupuestos establecidos por la jurisprudencia.
Finalmente, concluyó que, si en gracia de discusión se hubiera acreditado la existencia de la novedad de retiro, no habría lugar a la condena de intereses moratorios. Lo anterior, comoquiera que los mismos no han de causarse cuando la discusión verse sobre la reliquidación de una pensión. Con respecto al principio de favorabilidad invocado por el actor, dijo que este no es aplicable en los casos en que se buscaba suplir deficiencias probatorias.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende el recurrente:
PRIMERA: Encontrar demostrado el cargo PRIMERO de la presente demanda y en consecuencia CASAR totalmente la sentencia de segunda instancia aquí atacada emitida en segunda instancia por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. EN SALA LABORAL, dentro del proceso ordinario 014-2013-00391 (Rad. Ante la H Corte como 110013105014201300391-01) el veintiuno (21) de marzo de 2014, teniendo por partes a ANTONIO JOSÉ GUTIÉRREZ TÉLLEZ contra LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
PRIMERA SUBSIDIARIA: Encontrar demostrado el cargo SEGUNDO de la presente demanda y en consecuencia CASAR totalmente la sentencia de segunda instancia aquí atacada emitida en segunda instancia por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. EN SALA LABORAL, dentro del proceso ordinario 014-2013-00391 Rad. Ante la H Corte como 110013105014201300391-01) el veintiuno (21) de marzo de 2014, teniendo por partes a ANTONIO JOSÉ GUTIÉRREZ TÉLLEZ contra LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
SEGUNDA: En consecuencia, proceder en calidad de Juez de instancia y acceder a las pretensiones de la demanda y condenar a la demandada COLPENSIONES a favor de mi representado, señor ANTONIO JOSÉ GUTIÉRREZ TÉLLEZ.
Con tal propósito formuló dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados y serán resueltos conjuntamente, ya que contienen una proposición jurídica similar, guardan identidad argumentativa y persiguen la misma finalidad.
PRIMER CARGO
Acusó la sentencia del Tribunal de haber violado por la vía directa bajo la modalidad de «infracción directa por la no aplicación correcta»,
[…] el artículo 13 del decreto 758 de 1990. Lo anterior en razón a que: 1.1. La sentencia atacada asumió que se requería demostrar la desafiliación para poder dar aplicación a la norma en comento, cuando la reiterada jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia impone que no se requiere la desafiliación demostrada por la misma por cuanto la acusación del derecho obra con el efecto de generar la condición de acreedor del sistema al anteriormente afiliado; esto es, que autocompletar los requisitos legales en edad y cotizaciones por parte del afiliado, le convierten en acreedor del sistema y por mérito legal es que el mismo se desafilia del sistema.
En la demostración del cargo, aseguró que el ad quem erró al considerar que se debía probar la desafiliación para poder dar aplicación al artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990. A su juicio, la Corte establece que no se requiere el retiro del Sistema General de Pensiones para que se cause la pensión de vejez y, en consecuencia, se convierta en acreedor del derecho. Lo anterior, dijo que se acompasa con lo adoctrinado en jurisprudencia de esta Corporación, a saber, «Sentencia de noviembre 29 de 2001, radicación 15921, Sentencia de 22 de julio de 2003, radicación 19794; Sentencia 7 septiembre 2004, radicación 22630; Sentencia 1 de septiembre de 2009, radicación 34514».
Así pues, expuso las siguientes conclusiones:
Existió infracción directa de la Ley sustancial al no aplicar el artículo 13 del decreto 758 de 1990 por parte de la sentencia atacada.
Con fundamento en el precedente jurisprudencial, era por completo innecesario para la sentencia dar por exigible la prueba de desafiliación del asegurado previo a determinar el disfrute de la pensión del mismo.
Así, la consecuencia directa que ataca el núcleo, la base de la decisión de la sentencia es que al no existir tal aplicación legal posible, como se escogió por la sentencia, corresponde dar por sentado el yerro de la sentencia y a su vez dar aplicación al artículo 13 del decreto 758 de 1990 y reconocer el derecho de mi representado a través de la prosperidad de las pretensiones de la demanda posteriormente al rompimiento de la sentencia atacada.
Se consolidó la violación de la Ley sustancial de manera directa por el (sic) infracción directa de la Ley sustancial.
SEGUNDO CARGO
Acusó la sentencia del Tribunal por,
[…] la violación indirecta de la ley sustancial con fundamento en lo reglado por el numeral 1 del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social; por error de hecho cometido por la falta de apreciación (sic) la prueba de confesión de la demandada como evidenciaré en la demostración al no haber dado por demostrado estándolo, el hecho de la desafiliación del sistema por parte de mi representado desde el mes de noviembre de 2005; y haber violado de manera indirecta: 1. El artículo 13 del decreto 758 de 1990.
Adujo que se incurrió en los siguientes errores de hecho:
1.1. […] dio por demostrado sin estarlo un supuesto de hecho que excluía la aplicación de dicha norma violada de manera indirecta, cual es el de no haberse realizado la desafiliación por mi representado en el mes de noviembre de 2005, y ; 1.2. No dio por demostrado estándolo plenamente, el supuesto de hecho de la norma indirectamente vulnerada dado que de haber reconocido, ponderado y valorado la prueba de confesión que la parte demandada hizo al reconocer como ciertos los hechos 2, 3 y 11 de la demanda en su contestación de la demanda, habría tenido que necesariamente dar por demostrado el supuesto de hecho de la norma indirectamente vulnerada y habría debido dar aplicación a la misma como se solicitó desde la demanda que dio inicio al proceso; también ha vulnerado de manera indirecta.
De igual forma, advirtió que tales yerros fácticos se produjeron por la no valoración de los siguientes medios probatorios:
Confesión por la aceptación que la demandada hiciera en la contestación de la demanda (folio 66) del hecho segundo de la demanda (folio 44), 2. Confesión por la aceptación que la demanda hiciera en la contestación de la demanda (folio 66) del hecho tercero de la demanda (folio 44), 3. (folio 66) del hecho décimo primero de la demanda (folio 46).
En la demostración del cargo, planteó que la decisión proferida por el juez colegiado se fundó en que las pruebas de folios 6 al 12 del cuaderno principal, no dieron certeza de su retiro en noviembre de 2005. Sin embargo, aseguró que existió confesión del ISS respecto de su desafiliación, contenida dentro de la contestación de la demanda.
Por último, expuso las siguientes conclusiones:
Existió error de hecho en la valoración probatoria por cuanto a pesar de que se observó con claridad que la declaración documental del patrono y la confesión de la parte demandada evidencian la existencia de desafiliación en el mes de noviembre de 2005 por parte de mi representado al sistema de seguridad social, lo mismo se dio por no demostrado por la sentencia.
Con fundamento en el error de hecho del Tribunal, se generó una violación pro (sic) la vía indirecta de la Ley sustancial que se anunció en este cargo del que se acusó a la sentencia; esto es por cuanto la aplicación del artículo 13 del decreto 758 de 1990 no se produjo por tal hecho que se dio equivocadamente por no demostrado estándolo.
Así, la consecuencia directa que ataca el núcleo, la base de la decisión de la sentencia, es que al no existir tal falencia probatoria en la desafiliación corresponde darla por sentada y a su vez dar aplicación artículo 13 del decreto 758 de 1990 y reconocer el derecho de mi representado a través de la prosperidad de las pretensiones de la demanda posteriormente al rompimiento de la sentencia atacada.
Se consolidó la violación de la Ley sustancial de manera indirecta por el error de hecho.
RÉPLICA
Se fundamentó en señalar que el recurso presentaba ciertos errores técnicos que comprometían su estudio de fondo. En cuanto al alcance de la impugnación formulado, esgrimió que no se hizo alusión a si la sentencia de primer grado debía ser modificada, confirmada o revocada.
En lo concerniente al primer cargo, expresó que no es posible que el ad quem haya infringido directamente la ley y, al mismo tiempo, no la hubiera aplicado de manera correcta. Añadió que no se indicó cómo le correspondía aplicar al Tribunal la norma denunciada y que tampoco atacó los pilares fundamentales de la sentencia de segundo grado.
En todo caso, argumentó que las consideraciones del Tribunal fueron acertadas, pues para el 2008 el empleador no había reportado la novedad de retiro. Enfatizó que no era posible conceder el pago del retroactivo, pues en virtud del artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, la pensión se causaba solo cuando se acreditaba la desvinculación del Sistema.
Ahora bien, frente al segundo cargo manifestó que también posee errores de técnica, pues no señaló la modalidad de la violación ni evidenció cómo el Tribunal debió valorar las pruebas para no incurrir en error, así como tampoco atacó con exactitud los pilares del fallo acusado.
CONSIDERACIONES
Le asiste razón a la oposición en cuanto a las observaciones de orden técnico presentadas, las cuales pasan a enlistarse en los siguientes términos:
En lo que concierne al alcance de la impugnación, este resulta inadecuado, pues la censura no precisó qué debe hacer la Corte como tribunal de instancia una vez casada la sentencia impugnada, esto es, si confirmar, revocar o modificar el fallo de primer grado, lo cual imposibilita la adopción de cualquier determinación en sede de instancia, dado el carácter estrictamente rogado del recurso. No debe perderse de vista que el alcance de la impugnación constituye el petitum de la demanda de casación y sin su adecuada presentación no le es posible a la Sala abordar su estudio, pues ello le impide delimitar el ámbito de su actuación. Así lo ha expresado esta Corporación, entre otras providencias, en la CSJ AL2155-2019.
En la proposición del primer cargo, se denuncia «[…] la infracción directa por la no aplicación correcta», lo cual no es lógico debido a que no es posible infringir directamente una norma, y a su vez no haberla aplicado correctamente. Lo anterior ya que son modalidades diametralmente diferentes, pues mientras que la infracción directa hace referencia al quebrantamiento de la norma porque el juzgador no la aplicó o se rebeló contra ella, la aplicación indebida se configura cuando una norma se aplica a un caso no regulado en la disposición legal (CSJ SL, 3 julio 1998, radicación 10692).
Pese a lo anterior, la Sala puede superar tales deficiencias en aras de la flexibilización del recurso, y es posible entender el objeto de inconformidad del censor respecto de las consideraciones expuestas por el juez plural. Por lo tanto, se tiene que los problemas jurídicos a resolver en el sub examine son los siguientes: (i) frente a los postulados del primer cargo, determinar si para el disfrute de la pensión en los términos de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, es necesaria la desvinculación del afiliado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones; y (ii) en cuanto al segundo cargo, si este se equivocó el Tribunal al establecer que el señor Gutiérrez reportó como fecha de retiro del sistema el 31 de diciembre de 2010 y no el 30 de noviembre de 2005, según los términos acusados por la censura.
De la causación y el disfrute de la pensión de vejez, según los términos de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990
Frente a este punto, desde ya se advierte que no se evidencia yerro alguno por parte del ad quem y que, en ese sentido, su fundamentación es coherente con el pacífico y reiterado precedente de esta Corporación, el cual ha fijado que la pensión de vejez otorgada con fundamento en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, está supeditada para efectos de su disfrute, a la desafiliación o el retiro del Sistema, según los postulados de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990.
Así fue previsto en la sentencia CSJ SL4542-2018, donde en un caso de idénticos contornos, se razonó en los siguientes términos:
Pues bien, en primer lugar debe recordarse que el sentenciador de segundo grado determinó que la prestación debía reconocerse desde el 1.º de agosto de 2010, fecha en la que cumplió las semanas de cotización requeridas, no obstante, ha sido criterio reiterado de esta Corporación que cuando se trata de una prestación concedida en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el disfrute de la pensión está condicionado a la desafiliación formal del sistema, de conformidad con los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, tal como lo estableció esta Sala en la sentencia CSJ SL15496-2017 […]
[…]
En ese orden, es evidente y surge nítido del precepto en comento, que para poder entrar a disfrutar de la pensión de vejez es necesaria la desafiliación del sistema, lo que consecuencialmente indica que mientras no exista esa desafiliación el pensionado no puede recibir el importe de la mesada.
De tal manera, no le asiste razón al recurrente cuando afirma que no es necesaria la desafiliación al Sistema para comenzar a disfrutar la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, pues lo cierto es que debe acreditarse su correspondiente retiro, tal y como acertadamente lo concluyó el ad quem.
De los mecanismos para acreditar el retiro del Sistema General de Pensiones
Una vez sustentado que la desafiliación es necesaria para acceder al goce de la pensión, resulta conveniente traer a colación la postura que actualmente gobierna en la Sala referente a las formas en las que el afiliado puede probar la desafiliación del sistema.
Al respecto, se tiene que no existe prueba solemne para demostrar el retiro del sistema y que, por el contrario, tal situación se puede dilucidar a través de la intención inequívoca de la persona de querer desafiliarse, a través de comportamientos tales como la suspensión de aportes o la manifestación expresa ante la respectiva administradora de pensiones.
Lo anterior, fue desarrollado por esta Corporación en la providencia CSJ SL5603-2016, en donde bajo el concepto de desafiliación tácita dispuso lo siguiente:
Así las cosas, en el sub examine, el Tribunal no se equivocó al generar un espacio en favor de una lectura distinta a aquella según la cual el retiro formal del sistema es condición necesaria para el disfrute de la pensión. Su conducta, consistente en revisar las peculiaridades del caso sometido a su escrutinio, es en un todo aceptable, pues como en innumerables oportunidades lo ha reiterado esta Sala «si bien, los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, consagra necesaria la desafiliación del sistema para que pueda comenzarse a pagar la pensión de vejez, ante situaciones que presentan ciertas peculiaridades, como en este evento quedó demostrado, la aplicación de dichas normas debe ajustarse a las especiales circunstancias que emergen del plenario» (CSJ SL, 1º sep. 2009, rad. 34514, reiterada en CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391; CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 38558; CSJ SL, 15 may. 2012, rad. 37798).
Ahora bien, en lo relacionado concretamente con la interpretación a la que se adscribió el ad quem y que denominó «teoría de la desafiliación tácita del sistema», cumple agregar que su denominación no es la más afortunada, pues más que un acto tácito de desafiliación, corresponde a la verificación de la voluntad del afiliado de no seguir vinculado con el régimen de pensiones. Sin embargo, esta imprecisión terminológica o de acento, no le resta contenido sustancial a los argumentos del Tribunal en virtud de los cuales, dedujo que la intención del actor de no seguir afiliado al sistema es constatable desde el momento en que dejó de cotizar y solicitó el pago de la prestación o de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
El anterior razonamiento a juicio de esta Sala, tiene cabida en el marco de lo previsto en los arts. 13 y 35 del A. 049/1990, pues estas disposiciones admiten un entendimiento conforme al cual la voluntad del afiliado de no continuar afiliado al sistema, manifestada mediante actos externos, es un parámetro válido para establecer la fecha de inicio de disfrute de la pensión.
En efecto, si el objetivo de las mencionadas disposiciones es adquirir certeza del momento a partir del cual el afiliado no desea seguir en el sistema, dicha situación puede ser igualmente cognoscible mediante otros actos exteriores e inequívocos, como lo puede ser la suspensión definitiva de los aportes o la manifestación expuesta en tal sentido (Subrayas fuera del texto).
En ese orden de ideas, puede decirse que, si bien la regla general para acreditar la desvinculación del sistema es la novedad de retiro en la historia laboral, lo cierto es que este no es el único mecanismo y que, por lo tanto, el operador judicial está en la obligación de examinar en cada caso las situaciones especiales que permitan entrever la verdadera intención de afiliado.
La situación de desafiliación en el caso concreto
Previo al análisis pertinente, debe advertirse que, cuando el censor dirige su ataque por la vía indirecta, está en la obligación de señalar cuáles fueron las deficiencias de orden probatorio en las que incurrió el juez plural, debiendo indicar con suficiencia la forma en que este forjó equivocadamente su convencimiento. Con lo cual, constituye inexorablemente un deber de la censura esgrimir cómo fueron erróneamente valorados los medios de convicción calificados existentes dentro del expediente o, en caso de haberse desconocido, por qué razón tuvieron que haberse apreciado. Lo anterior, so pretexto de que el recurso impetrado no tenga vocación de salir avante.
Frente al tema, la sentencia CSJ SL4814-2018 precisó lo siguiente:
Ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, del 23 de mar. 2001, rad. 15.148).
Así las cosas, debe insistirse en que no es cualquier desacierto el que puede dar lugar a derruir el fallo proferido por el ad quem, pues lo cierto es que solo aquellos yerros que provienen de la lectura abiertamente equivocada de un medio probatorio son los que pueden lograr tal cometido, en la medida en que ostentan el carácter de evidente y contrario a lo que objetivamente muestran las pruebas.
En ese orden de ideas, se tiene que el juez colegiado no encontró probada la desvinculación del demandante del Sistema, pues de acuerdo con la certificación expedida por Uniagraria (folios 6 a 11 del cuaderno principal), no hubo novedad de retiro ni solicitud de trámite que diera cuenta de que la misma hubiera sido presentada ante el ISS. Por otro lado, dijo que tampoco tuvo por acreditada la intención o algún indicio del actor para lograr desvincularse.
Por su parte, el censor acusó la falta de apreciación de la contestación de la demanda, en la cual el ISS aceptó como ciertos los hechos segundo, tercero y undécimo, los cuales, a su juicio, constituyen una confesión acerca de la desafiliación del señor Gutiérrez Téllez del Sistema el 30 de noviembre de 2005.
Con lo cual, respecto de la contestación de la demanda es preciso indicar que la misma, en principio, no constituye propiamente un medio de prueba, ya que solo adquiere tal connotación en los escenarios en que de ella se deduzca una confesión de los hechos allegados. De lo contrario, esta será estrictamente una pieza procesal incapaz de generar un error manifiesto de hecho y derruir en su integridad el fallo impugnado (CSJ SL2168-2019).
Sin embargo, en virtud del artículo 199 del Código del Procedimiento Civil, hoy 195 del Código General del Proceso –aplicable por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social-, no es posible derivar confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que permanezcan, por lo que en el presente caso, no es dable imputar dicha figura en contra del ISS.
En ese sentido pueden consultarse las sentencias de esta Corporación CSJ SL de 24 de noviembre 2004, radicación 23825; CSJ SL de 30 de septiembre de 2005, radicación 25086; CSJ SL 07 de junio de 2006, radicación 25977; CSJ SL de 24 de octubre de 2007, radicación 29893.
Con lo cual, no es posible evidenciar el error que se le atribuye al Tribunal, dado que el casacionista no logró demostrar con suficiencia siquiera la desafiliación táctica del sistema. Adicionalmente, no debe pasarse por alto que el ad quem fundamentó su decisión en la valoración de otras probanzas, las cuales inexorablemente debieron ser atacadas por la censura, so pena de mantener incólume los razonamientos del fallo atacado (CSJ SL1799-2019); que tal argumentación brilla por su ausencia, por lo que habrán de mantenerse inalteradas las conclusiones esgrimidas en el fallo objeto de embate.
Lo anterior, en asocio con lo adoctrinado por esta Corporación, en donde ha consagrado que, en los procesos laborales, el juez de instancia tiene plena autonomía para formar de manera libre su convencimiento de conformidad con el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es decir, está facultado para sopesar o darle mayor valor a ciertas pruebas que existieran dentro del expediente, teniendo en cuenta que en materia de valoración probatoria no hay tarifa legal, excepto en los casos en que la ley de manera expresa exija cierta solemnidad ad substantiam actus, lo que en tales escenarios delimitaría el campo de acción del juez.
Los cargos no prosperan.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente, pues su recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veintiuno (21) de marzo de dos mil catorce (2014) por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario laboral promovido por ANTONIO JOSÉ GUTIÉRREZ TÉLLEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, hoy COLPENSIONES.
Costas como se dispuso en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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