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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4258-2020

Régimen de transición

Fecha
7 de octubre de 2020
Magistrado ponente
Luis Benedicto Herrrera Diaz
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4258-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Deben excluirse del ingreso base de liquidación las cotizaciones subsidiadas efectuadas después de reunir las semanas mínimas previstas en la Ley 71 de 1988, si la afiliada aún no había cumplido la edad pensional?

  2. ¿Proceden los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para una pensión de jubilación por aportes reconocida bajo el régimen de transición?

  3. ¿Desde cuándo se cuenta el término de reconocimiento cuando la petición se presentó primero ante una entidad incompetente y luego fue remitida a Colpensiones?

Reglas

  1. Las cotizaciones al régimen subsidiado conservan validez hasta que se satisfagan todos los requisitos legales para causar la pensión, tanto edad como tiempo de servicios o semanas.

    «no existe razón alguna para negar la validez de las semanas cotizadas al régimen subsidiado»
  2. Las cotizaciones posteriores al cumplimiento de los requisitos pensionales solo pueden excluirse del IBL cuando el derecho ya se causó y el salario inferior reduce ostensiblemente su base de liquidación.

    «tales cotizaciones, se insiste, posteriores a la causación del derecho, se han efectuado con un salario inferior que reduciría ostensiblemente el ingreso base de liquidación»
  3. Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 proceden para todo tipo de pensiones legales reconocidas después de entrar en vigor el sistema general, incluidas las del régimen de transición.

    «los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones»
  4. La solicitud pensional se entiende presentada ante la entidad competente cuando la autoridad incompetente la remite, y el término para decidir se cuenta desde el día siguiente a su recepción por aquella.

    «la reclamación pensional se entiende oficializada cuando se radica por el peticionario ante la entidad competente o cuando, existiendo error, se le verifica y remite al verdadero reclamado»
  5. No procede acumular intereses moratorios e indexación de las mismas mesadas, porque los intereses ya incorporan el resarcimiento por pérdida del poder adquisitivo.

    «descartándose entonces la posibilidad de que junto al pago de intereses moratorios se imponga condena por indexación, ya que equivaldría a decretar una doble e inconsulta condena por un mismo ítem»

Decisión

La Corte casó parcialmente la sentencia respecto de los intereses moratorios; en instancia condenó a Colpensiones a pagarlos entre el 28 de abril de 2013 y el 16 de abril de 2015, y mantuvo la inclusión de aportes subsidiados anteriores a la causación del derecho. No ordenó indexación acumulada.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 5 de abril de 2018, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en cuanto confirmó el fallo absolutorio del a quo frente a los intereses moratorios deprecados, en el proceso ordinario laboral promovido por CAROLIN NELSON PUSEY contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES). NO LA CASA en lo demás. En sede de instancia, REVOCA la decisión de primer grado, en cuanto absolvió a la demandada de los intereses moratorios reclamados y, en su lugar, resuelve: PRIMERO: CONDENAR a la demandada a reconocer y pagar a CAROLIN NELSON PUSEY por el mencionado concepto, liquidado desde el 28 de abril de 2013 hasta el 16 de abril de 2015, la suma de $39.686.300,89. SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito propuestas por la demandada. TERCERO: Costas, como se indicó en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4258-2020

Magistrado ponente: Luis Benedicto Herrrera Diaz

7 de octubre de 2020

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Magistrado ponente

SL4258-2020

Radicación n.° 82402

Acta 37

Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020).

AUTO

Téngase en cuenta la renuncia presentada por la apoderada de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

SENTENCIA

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CAROLIN NELSON PUSEY, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 5 de abril de 2018, en el proceso ordinario laboral que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

ANTECEDENTES

La hoy recurrente demandó a Colpensiones, con el fin de que se declare que es beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, y que las cotizaciones efectuadas al régimen subsidiado no son válidas o que no pueden considerarse para el cómputo de la pensión reclamada, bajo los principios de favorabilidad e igualdad, por lo que le asiste derecho al reconocimiento y pago correcto de su pensión, a partir del 19 de noviembre de 2011, liquidada con el 75% del IBL de los últimos 10 años o de toda la vida laboral, haciendo abstracción de las cotizaciones posteriores al mes de mayo de 1997. En subsidio, solicitó que la prestación se liquide «con el IBL acorde al Decreto 1158 de 1994» y demás normas concordantes. Además, pidió la indexación del retroactivo pensional, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 «sobre las mesadas causadas entre el 19/11/2011 al mes de marzo de 2015, pagadas de forma tardía con la resolución No. GNR 66929 del 09 de marzo de 2015, intereses causados mes a mes desde el 13 de septiembre de 2012 y hasta el 16 de abril de 2015, fecha en que se pagó la prestación según la misma resolución que reconoció la pensión, que indica lo fue en la segunda quincena de abril de 2015», lo ultra y extra petita, y las costas del proceso.

Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que nació el 19 de noviembre de 1956, por lo que cumplió los 55 años de edad el mismo día y mes de 2011; que al 1 de abril de 1994, contaba con más de 35 años, por lo que era beneficiaria del régimen de transición; que con el sector público sumó 19 años, 3 meses y 24 días; que realizó cotizaciones como independiente completando 86.43 semanas en el sector privado; que trabajó en la Gobernación de San Andrés desde el 1 de mayo de 1976 hasta el 24 de agosto de 1995; que cotizó como independiente desde el 1 de septiembre de 1995 hasta el 30 de abril de 1997; y que la demandada no le está computando en forma correcta los tiempos públicos y privados.

También manifestó que pese a tener las semanas requeridas para la pensión, fue inducida a error por el ISS, por tal razón realizó aportes no voluntarios al sistema de seguridad social en pensiones como beneficiaria del régimen subsidiado, al cual se vinculó «a partir de julio de 2001 y hasta el año 2008, cuando las semanas ya estaban cumplidas»; que al tener más de 1.028 semanas (20 años de servicios) ha debido dejar de cotizar; que las cotizaciones al régimen subsidiado afectan negativamente el monto de su pensión; que no hubo interrupción entre su retiro del servicio público y la fecha en que empezó a cotizar como independiente; que existe un enriquecimiento sin justa causa en favor de Colpensiones; que el 28 de febrero de 2012 radicó ante la UGPP la petición de pensión, la que fue remitida a Colpensiones, entidad que reconoció la prestación tres años más tarde; que la demandada aplicó la Ley 71 de 1988 --y para el efecto tomó un total de 1.372 semanas, un IBL de $949.712 y una tasa de reemplazo del 75%--; que el 15 de abril de 2016 mediante la Resolución GNR 106707, Colpensiones reliquidó la pensión en la suma de $745.475, pero «se mantiene el error»; que interpuso los recursos de ley contra dicha decisión; que al liquidar la pensión con el IBL de los últimos 10 años, sin tener en cuenta las semanas del régimen subsidiado se obtiene un valor de $1.196.607; y que al hacer la liquidación de la prestación teniendo en cuenta el IBL de toda la vida laboral, como lo hizo la entidad, el valor resultante es ligeramente superior al que le fue reconocido e inferior al referido anteriormente.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones de la actora por considerar que carecían de fundamento legal y fáctico. En cuanto a los hechos, admitió el relativo a la edad de la demandante; los demás, los negó o dijo no constarle. En su defensa, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa, inexistencia del derecho y la obligación, prescripción y la genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 1 de febrero de 2018, absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra. Dejó las costas a cargo de la demandante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, mediante sentencia del 5 de abril de 2018, resolvió:

Primero.- Revocar la sentencia apelada para en su lugar ordenar la reliquidación de la pensión de vejez en cuantía inicial de $747.951.39, ordenando el pago de la diferencia retroactiva a partir del 19 de noviembre de 2011 debidamente indexada hasta que se efectúe el pago, conforme a las consideraciones anotadas.

Segundo.- Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Tercero.- Costas de las instancias a cargo de la demandada. Inclúyase en la liquidación respectiva la suma de $200.000.oo por concepto de agencias en derecho de esta instancia.

Adujo que los temas en controversia se circunscribían a la reliquidación de la pensión de la demandante, excluyendo los aportes efectuados a través del Fondo de Solidaridad Pensional; los intereses moratorios causados por la demora en el pago del retroactivo pensional y la indexación, tanto de las diferencias pensionales como de la cuantía que se determine.

Señaló que no era materia de debate que la actora fue pensionada por vejez mediante Resolución GNR 66929 del 9 de marzo de 2015, en cuantía inicial de $712.284, bajo los parámetros establecidos en la Ley 71 de 1988, prestación que fue reliquidada mediante Resolución GNR 106707 del 16 de abril de 2016 (fls. 46 a 48 y 53 a 56).

Con relación a lo planteado por la apelante en el sentido de excluir de la liquidación de la pensión las semanas cotizadas al Fondo de Solidaridad Pensional, por haberse afectado el derecho prestacional, máxime que fue originada en un error de la encartada al no respetar que la demandante ya había cumplido el tiempo mínimo requerido, por lo que las cotizaciones se tornaban ineficaces, arguyó que lo primero que había que observar, es que la actora era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cual había sido reconocido por Colpensiones en los actos administrativos mediante los cuales concedió la prestación.

Posteriormente, afirmó que durante toda su vida laboral la demandante acreditó 1.431 semanas válidamente cotizadas, como se indicó al momento de estudiar el reconocimiento pensional, esto es, lo relativo a la edad, el tiempo de servicios o número de semanas y el monto de la pensión, siendo procedente lo contenido en el régimen anterior «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley».

Esgrimió que para efectos de obtener el IBL debía acudirse a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, o al artículo 21 de la misma normativa, cuando se tratara de personas que a la entrada en vigencia de la citada ley les hicieran falta más de 10 años para acceder al derecho, tal y como lo había adoctrinado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en sentencia del 1 de marzo de 201l, rad. 40652.

Expresó que según la propia demandada, la actora tenía derecho al reconocimiento de la pensión conforme a los postulados de la Ley 71 de 1988, que establece un tiempo de servicio de 20 años y un mínimo de edad de 55 años, requisito último que cumplió la demandante el 19 de noviembre de 2011, es decir, que le faltaban más de 10 años a la fecha de entrada en vigencia de la reforma a la seguridad social, por lo que para la obtención del IBL debía acudirse a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Indicó que de acuerdo con el precepto aludido, el IBL debía calcularse con los salarios o rentas sobre los cuales había cotizado el afiliado durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento pensional o de toda la vida laboral, en caso de completar una densidad igual o superior a 1.250 semanas.

Dijo que en el sub lite, no era posible hacer el cálculo sobre los salarios devengados en los últimos 10 años o en toda la vida laboral --anteriores al año 1997--, como lo pretendía la accionante, pues la norma era clara en advertir que debía efectuarse sobre todos los salarios por los cuales se hubieran realizado aportes, por tanto el hecho de que el IBL se obtuviera con base en un salario inferior no hacía que esos aportes se pudieran excluir --liquidando las pensiones con los salarios más altos y exceptuando los de menor erogación--, pues tal actuación iría en desmedro de la sostenibilidad financiera del sistema y de su eficiencia, art. 48 CN.

Sostuvo que el hecho de que la demandante hubiere efectuado aportes a través del Fondo de Solidaridad Pensional, una vez cumplido el requisito de tiempo mínimo de servicio, no la excluía de seguir cotizando hasta la fecha en que cumpliera 55 años, que para el caso lo fue el 19 de noviembre de 2011, es decir, 14 años más tarde, pues la norma no lo limitó, lo que imponía el deber de la administradora a recibir tales cotizaciones.

Aseveró que la circunstancia de no existir tal impedimento se traducía en que el afiliado podía seguir efectuando aportes tendientes a mejorar su mesada pensional, que no es el caso, o para efectos de mantener el derecho en el tiempo y no desamparar los demás riesgos, esto es, invalidez o muerte, no siendo de recibo la postura de la parte actora de que los aportes desmejoraron su derecho pensional, más aún cuando aquella no acreditó que fue por culpa de la entidad demandada que se realizaron las cotizaciones adicionales.

Anotó que la demandante había efectuado las cotizaciones en forma libre y voluntaria conforme al Decreto 692 de 1994, sin renunciar al pago de su porcentaje de cotización que da lugar a la pérdida del subsidio según el artículo 24 del Decreto 3771 de 2007, ni tampoco se encontraba dentro de los parámetros de que trata el artículo 29 de la Ley 100 de 1993, como para que la administradora demandada tuviera que devolver el monto de los aportes subsidiados, ya que no contaba con la edad de 65 años.

Explicó que tras efectuar un nuevo cálculo con base en la historia laboral de la demandante, teniendo en cuenta los salarios reportados visibles de folios 79 a 81 y 113 a 124, se observó que el IBL más favorable era el de toda la vida laboral, pues allí se encontró la suma de $997.268.52 --y en el de los últimos 10 años un valor de $718.868.79--, razón por la cual se tomaría el primer concepto, el cual al aplicarle una tasa de reemplazo del 75% arrojaba una suma inicial de $747.951.39, para el 19 de noviembre de 2011, valor superior al concedido por la entidad demandada, por manera que, se revocaría la sentencia apelada, para en su lugar, ordenar a la demandada fijar el valor de la primera mesada pensional en la suma antes mencionada.

Por último, advirtió que los intereses moratorios resultaban improcedentes por tratarse de una pensión reconocida conforme a lo dispuesto en la Ley 71 de 1988 y en atención al criterio de esta Sala de la Corte expuesto en las sentencias del 28 de noviembre de 2002, rad. 18273 y del 15 de mayo de 2008, rad. 33233.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y, en su lugar, «disponga que la actora tiene derecho a que se tomen las cotizaciones válidamente cotizadas necesarias para su pensión por aportes, haciendo abstracción de las semanas SUBSIDIADAS cotizadas por fuera de los requisitos, objeto, causa y naturaleza del subsidio en las cotizaciones a pensión, esto es, los diez años anteriores al 30 de marzo de 1997. Disponga el pago de los intereses de mora sobre las mesadas causadas entre el 19/11/2011 al 30/03/15 y pagadas de forma tardía con la Resolución No. GNR 66929 del 9 de marzo de 2015, intereses debidos desde el 13 de septiembre de 2012 y hasta el 16 de abril de 2015, fecha en que se pagó la prestación según la misma resolución que reconoció la pensión, que indica lo fue en la segunda quincena de abril de 2015. Al pago de las anteriores condenas debidamente indexadas y provea lo que corresponda sobre costas en las instancias».

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación laboral, que fueron replicados, los cuales serán analizados a continuación.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea «los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 100 de 1993; en relación con los artículos 17, 34 y 36 de la misma Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 13 y 24 del Decreto 3771 de 2007; de los numerales 2 y 8 del artículo 37 del mismo Decreto 3771 de 2007; del artículo 5º del Decreto 692 de 1994; del artículo 1574 del Código Civil; todo lo anterior en relación con el artículo 1, 4, 48 y 83 de la Constitución Política».

En la demostración del cargo, aduce que la sentencia recurrida le hace decir a la normativa denunciada algo que no le corresponde, pues no es cierto que no prohíba seguir cotizando, «al punto que bajo la naturaleza de todo subsidio, no permite cotizar de más de forma indiscriminada e ilimitada».

Alega que el subsidio no es para el fondo pensional ni para el afiliado, pues su único fin es alcanzar la pensión, «por eso cuando no se cumple el tiempo para tal prestación y deba pedirse la indemnización sustitutiva, lo que se haya subsidiado no conforma esa indemnización, sino que se devuelve al fondo de solidaridad pensional (Ver art. 27 de Ley 100 de 1992). En este caso no hay indemnización sustitutiva con ese período subsidiado, razón adicional para que el subsidio sea temporal, es decir, mientras se completa el tiempo para pensión; de lo contrario no es válido, ni siquiera para la indemnización sustitutiva».

Señala que lo anterior lo refuerza el artículo 28 de la Ley 100 de 1993, cuando dice que esos subsidios son de naturaleza «temporal y parcial», temporalidad que fue ratificada por el artículo 28 del Decreto 2771 de 2007.

Agrega que el artículo 19 del Decreto 692 de 1994, establece que la obligación de las cotizaciones es «durante la vigencia de la relación laboral», ya sea dependiente o independiente, pero en el presente asunto, «mientras se recibió el subsidio, acorde a la norma en cita, no se estaba vinculada laboralmente, de modo que esa obligación no es para quienes subsidian sus aportes».

Dice que el Tribunal reconoció que la actora tenía el tiempo requerido para la pensión en el año 1997, pero como la norma no prohibía seguir cotizando, el juzgador consideró que era posible seguir haciéndolo bajo esa forma subsidiada, sin embargo, insiste en que el subsidio es temporal y tiene su propia reglamentación, así en el artículo 13 del Decreto 2771 de 2007 y en el documento Conpes n.° 3605 de 2009, se establece un límite al subsidio de hasta 750 semanas.

Censura al ad quem por considerar que tales cotizaciones eran válidas por el simple hecho de que permitían cubrir las demás contingencias tales como la invalidez y la muerte, porque según el parágrafo 4 del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, «el hecho de tener las semanas para acceder a su pensión y con una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, le daría derecho a la pensión de invalidez a los 55 años; similar en caso de muerte, acorde al parágrafo 1 del artículo 46 ídem. Es decir, con las semanas que tenía ya estaban cubiertas esas contingencias».

Estima que no tiene trascendencia alguna acreditar la inducción a error por parte de Colpensiones al momento de efectuar esas cotizaciones al régimen subsidiado, «dado que el Tribunal desconoce que el Fondo de Solidaridad Pensional tiene unas obligaciones, acorde al art. 3 del Decreto 3771 de 2007, las que para el caso en concreto faltó a las del numeral 3 y 4, pero que ello, debe ser expuesto en el siguiente cargo».

Indica que la controversia también encuentra solución al tenor de las normas civiles que informan las obligaciones. En ese sentido, arguye que si toda obligación debe tener un objeto y una causa real y lícita, resulta que el objeto de las obligaciones «está dado por lo que puede ser exigido; y puede ser algo positivo o puede ser también algo negativo. El primero y para nuestro caso: Pagar una suma de dinero mensual que “debía”, como sería pagar una cotización a pensión que se debía porque le hace falta para su pensión, que no es el caso, como lo pone de presente el Tribunal». En apoyo de su aserto, copia el artículo 1524 del Código Civil.

Finalmente, asevera que la Corte «deberá tomar sólo hasta el 30 de marzo de 1997, cuando sumó 1.093.43 semanas suficientes para la pensión por aportes, cuya tasa de reemplazo límite es el 75% y liquidar con los últimos 10 años anteriores a esa fecha, o toda la vida laboral (…), sin incluir el aporte subsidiado en cuestión, lo que permite una pensión al 19 de noviembre de 2011 de $914.009, ello en concordancia con el Decreto 1158 de 1994».

CONSIDERACIONES

El problema jurídico que debe resolver la Corte se contrae a determinar si para liquidar la pensión de la demandante se deben tener en cuenta las cotizaciones efectuadas por aquella a través del Fondo de Solidaridad Pensional, con posterioridad a la fecha en que cumplió el requisito de semanas mínimas de cotización previsto en la Ley 71 de 1988, para acceder a la prestación de jubilación por aportes allí contemplada.

Dada la vía de ataque seleccionada, no existe discusión acerca de los siguientes supuestos fácticos que dio por acreditados el Tribunal: (i) la actora es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; (ii) nació el 19 de noviembre de 1956, por lo que cumplió los 55 años de edad, el mismo día y mes de 2011; (iii) durante toda su vida laboral cotizó 1.431 semanas; (iv) al 30 de marzo de 1997 tenía más de 20 años de aportes sufragados, pero no alcanzaba la edad requerida de 55 años para acceder a la pensión prevista en la Ley 71 de 1988; (v) del 1 de julio de 2001 al 31 de mayo de 2008 cotizó a través del Fondo de Solidaridad Pensional; y (vi) Colpensiones le reconoció la pensión con fundamento en la Ley 71 de 1988.

Consideró el ad quem que resultaba improcedente reliquidar la pensión de la actora sobre los salarios devengados en los últimos 10 años de vida laboral, anteriores a 1997, excluyendo para tal efecto los aportes efectuados a través del Fondo de Solidaridad Pensional, pues el hecho de que el IBL se hubiere obtenido con base en un salario inferior no significaba que esas cotizaciones, que fueron efectuadas libre y voluntariamente, pudieran ser desechadas.

Por su parte, la censura le atribuye al fallo impugnado un yerro jurídico consistente en no observar que el subsidio es temporal; que su único fin es alcanzar la prestación; y que el propio juzgador de la alzada reconoció que la actora tenía el tiempo requerido para la pensión en el año 1997, por lo que para liquidarla, se debía tomar como extremo final el 30 de marzo de 1997, teniendo en cuenta para calcular el IBL, los últimos 10 años anteriores a esa fecha, o toda la vida laboral, sin incluir el aporte subsidiado en cuestión.

Pues bien, sobre el tema propuesto ya ha tenido esta Corporación la oportunidad de pronunciarse en el sentido de que no existe razón alguna para negar la validez de las semanas cotizadas al régimen subsidiado, hasta tanto se cumplan los requisitos necesarios (edad y tiempo de servicios o semanas de cotización) para la concesión de la prestación pensional. Así se dijo, por ejemplo, en la sentencia SL843-2013:

[…] de conformidad con el literal i del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en la forma en la que fue modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, “[e]l fondo de solidaridad pensional estará destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como trabajadores independientes o desempleados, artistas, deportistas, madres comunitarias y discapacitados.” En esa misma dirección, el artículo 1 del Decreto 569 de 2004 establece que la “[s]ubcuenta de solidaridad destinada a subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción.”

Las citadas disposiciones contemplan una posibilidad para que ciertos grupos poblacionales especiales ingresen al Sistema General de Pensiones, y no prevén alguna limitación relacionada con que la cobertura del aporte subsidiado alcance únicamente los riesgos de vejez y muerte, de manera que los de invalidez se encuentren expresamente excluidos, como lo defiende el Instituto de Seguros Sociales.

En ese sentido es claro el artículo 3 del Decreto 1858 de 1995, al señalar que dentro del Fondo de Solidaridad Pensional, “[l]a selección del régimen pensional es libre y voluntaria por parte del trabajador solicitante e implica la aceptación de las condiciones propias del mismo para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes y demás prestaciones económicas a que haya lugar.” (Resaltado no original). Esta norma se encuentra reproducida de igual forma, en el artículo 15 del Decreto 3771 de 2007.

En tal sentido, acorde con los fines de la seguridad social, es deber de las administradoras reconocer hasta la última cotización, por manera que, los aportes realizados con posterioridad al momento en que el afiliado cumple los requisitos para la pensión solo podrán ser desestimados sí tales cotizaciones, se insiste, posteriores a la causación del derecho, se han efectuado con un salario inferior que reduciría ostensiblemente el ingreso base de liquidación, como lo asentara la Sala, entre muchas otras, en sentencia SL4542-2018.

Así las cosas, es necesario que el beneficio pensional se encuentre estructurado o consolidado, para poder hacer abstracción de las semanas cotizadas con posterioridad al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para acceder a la prestación, cuando esto último desmejora, como ya se dijo, el ingreso base para liquidar la pensión del afiliado.

Bajo esa perspectiva, estando demostrado que al 30 de marzo de 1997, la demandante tenía más de 20 años de aportes sufragados, lo que significaba el cumplimiento de uno solo de los requisitos para acceder a la pensión prevista en la Ley 71 de 1988, pues no alcanzaba la edad requerida de 55 años, lo procedente era, como lo estableció el Tribunal, tener en cuenta las cotizaciones efectuadas por la actora hasta el 19 de noviembre de 2011, fecha en que efectivamente cumplió la edad pensional, incluyendo, obviamente, las que pertenecían al régimen subsidiado, a efectos de calcular el correspondiente ingreso base de liquidación.

De lo que viene de decirse, no prospera el cargo.

CARGO SEGUNDO

Acusa la sentencia impugnada por la vía indirecta «en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 17, 26, 28, 34, 36 y 141 de la ley 100 de 1993, en relación con los artículos 13 y 24 del decreto 3771 de 2007; con los numerales 2 y 8 del artículo 37 del decreto 3771 de 2007; del artículo 5º del Decreto 692 de 1994; de los numerales 2 y 4 del artículo 1502, y de los artículos 1508, 1510, 1524, 1608, 1617 del Código Civil; todo lo anterior en relación con el artículo 7 de la ley 71 de 1988. Lo anterior en relación con los artículos 1º, 2º, 11 y 21 del C.S.T. y de la S.S. En relación con los artículos 164, 165, 176, 240, 243 y 250 del C.G.P. En relación con los artículos 51,60 y 61 del C.P.T. y de la S.S. Todo lo anterior en relación con el artículo 1, 4, 13, 48 y 53 de la Constitución Política y el acto legislativo No. 1 de 2005».

La censura le atribuye al fallo del Tribunal los siguientes errores evidentes de hecho:

1) No dar por demostrado, estándolo, que mi mandante prestó sus servicios con la gobernación de San Andrés Islas entre el 01 de mayo de 1976 al 24 de agosto de 1995, y efectuó cotizaciones como independiente entre el 01 de septiembre de 1995 al 30 de marzo de 1997, fecha en que sumó 1.093,43 semanas, suficientes para la pensión por aportes.

2) No dar por demostrado, estándolo, que la actora deja de trabajar en agosto de 1995 e inmediatamente hace una planeación pensional, y en el mes siguiente septiembre de 1995 inicia a cotizar el periodo necesario para asegurar su pensión por aportes, lo cual hace hasta marzo de 1997 cuando es evidente que tiene el tiempo necesario para una pensión por aportes.

3) No dar por demostrado, estándolo, que la actora pese a NO necesitar más semanas para su pensión por aportes, de forma paradójica cuatro años después de su última cotización válida hecha en marzo de 1997, para el mes de julio de 2001 vuelve a cotizar, esta vez bajo el régimen SUBSIDIADO, lo cual se mantiene hasta el año 2008, sumando así 337,57 semanas subsidiadas.

4) No dar por demostrado, estándolo, que no existió una causa para efectuar las cotizaciones subsidiadas posteriores a la fecha en que reunió 20 años de aportes a pensión.

5) No dar por demostrado, estándolo, que esas semanas subsidiadas implican un monto inferior de pensión.

6) No dar por demostrado, estándolo, que por más semanas cotizadas superiores a las mínimas requeridas, la pensión seguirá computándose con el 75% del IBL, por tratarse de una pensión por aportes.

7) Dar por demostrado, sin estarlo, que las cotizaciones al régimen subsidiado fueron de forma “voluntaria” por la actora.

8) No dar por demostrado, estándolo, que el mayor número de semanas cotizadas al régimen subsidiado, no fueron realizadas de forma voluntaria libre de error.

9) Dar por demostrado, sin estarlo, que lo pretendido es que de forma indiscriminada, sin justificación alguna y sin que medie para tal pedimento un razonamiento fáctico que le fundamenta, se dejen de aplicar semanas cotizadas en un monto inferior, so pretexto de incluir unas de mayor valor, en sentir del Tribunal.

A efectos de NO llenar el presente de cargos, se observan los siguientes errores de hecho frente al tema de intereses de mora:

10) No dar por demostrado, estándolo, que la administración faltó a su deber del pago oportuno de la pensión.

11) No dar por demostrado, estándolo, que la entidad tardó más del tiempo que tenía para resolver esta clase de pensión.

12) No dar por demostrado, estándolo, la importancia de que la actora recibiera su pensión, en especial en el periodo que pasó por un cáncer.

13) No dar por demostrado, estándolo, que la mora en el pago de la prestación generó perjuicios a la actora.

Enlista como pruebas documentales erróneamente apreciadas las siguientes:

1) Escrito de demanda. Folios 3 al 18.

2) Radicado del 28 de febrero de 2012 ante la UGPP con la cual la actora solicita a los tres meses de cumplir la edad de pensión, su prestación de vejez. Allega entre otros los certificados de tiempo de servicios, bono pensional y factores, formatos 1, 2 y 3 (B) por el tiempo público. Folios 20 al 21.

3) Copia de la reiteración de la petición de pensión, esta vez radicada directamente ante Colpensiones en fecha 15 de julio de 2013. Anexa la petición inicial ante la UGPP, el auto de la UGPP que remite competencia a Colpensiones. Folio 23 y 24.

4) Copia de la relación de las novedades del ISS, fechado 29/12/2004, muestra los aportes a pensión de mi mandante como independiente, de septiembre de 1995 a abril de 1997. Luego de esa fecha, solo cotiza a salud, ver folio 25. Con lo cual muestra su intención inicial de cotizar solo hasta ese periodo.

5) Copia de la información de semanas cotizadas emitido por el ISS, el 23 de marzo de 2011. De folio 28 en adelante muestra las cotizaciones subsidiadas desde julio de 2001 a diciembre de 2008. Folio 27 a 32; se observan también de folios 79 a 81, y 97 a 101.

6) Copia del formato 1, No. 299 del 30 de octubre de 2015, tiempo de servicio con la Gobernación de San Andrés Isla. Folio 33 y 113.

7) Copia del formato 2, No. 299 del 30 de octubre de 2015, para bono pensional por el servicio con la Gobernación de San Andrés Isla. Folios 34 y 114.

8) Copia del formato 3 (B), No. 299 del 30 de octubre de 2015, factores salariales por el tiempo de servicio con la Gobernación de San Andrés Isla entre 1976 a 1995. Folios 35 al 44, y similares 115 a 124.

9) Copia de la Resolución No. GNR 66929 del 09 de marzo de 2015, por la cual se reconoce la pensión a la actora bajo Ley 71 de 1988, en el 75% del IBL de los últimos diez años, incluyendo los tiempos subsidiados. Folio 46 a 48. El revés del folio 47 la entidad muestra la liquidación con la ley 71 de 1988 y ley 797 de 2003; con esta última, pese a las mayores semanas en el régimen subsidiado el porcentaje es inferior – del 69,11, lo que arroja una menor pensión, lo que confirma que esos periodos subsidiados en nada favorecen, por el contrario afectan, carecen de objeto y causa.

10) Petición del 22 de enero de 2016 por la cual se pide por única vez la reliquidación y pago correcto de la pensión, así como los intereses sobre el retroactivo pagado de forma tardía con la resolución que le pensionó. Folio 49 a 51.

11) Copia auténtica de la resolución No. GNR 106707 del 15 de abril de 2016 y acta de notificación de la misma. Folio 52 a 56. Le corrige las semanas a 1.431, incrementa de forma ínfima la pensión, pero aún así la pensión sigue siendo la misma estructura referida en el numeral anterior.

12) Radicado de fecha 10 de junio de 2016, del recurso de apelación contra la anterior resolución. Folio 57 a 59.

13) Copia auténtica de la resolución No. VPB 27099 del 28 de junio de 2016 y acta de notificación de la misma, confirmando la anterior resolución. Folio 60 a 64.

Y como pruebas documentales no apreciadas:

1) Copia del comunicado del 08 de enero de 2013, con el cual la UGPP notifica el contenido del Auto ADP 006095 de 27 de noviembre de 2012, que remite la petición de pensión por competencia a Colpensiones. Folio 21.

2) Copia del Auto ADP 006095 del 27 de noviembre de 2012 con el cual se indica que la petición de pensión corresponde por competencia al ISS hoy Colpensiones. Folio 22.

3) CD con cuaderno administrativo en 89 archivos. A folio 68 del expediente. Del cual se destaca archivos como el GEN-ANX-CI-2014_ 10650380-20141223105940; con el cual se da fe que la paciente sufría de cáncer de mama para el año 2014; con 58 años de edad a esa fecha, con una petición inicial de pensión desde el 28/02/2012 ante la UGPP, quien por ley tenía 10 años para remitir a Colpensiones, y esta a su vez 4 meses para resolver; pero aun así seguía a 2014 sin pensión. El archivo GDI –AUT-IP-2014_7981673-20160718 termina con una investigación disciplinaria por la demora en resolver la prestación pensional: Ordena archivar. El archivo GEN-RES-CO-2013_4672317-1373668683707 en el que Colpensiones informa que le resolverán la petición de pensión el 2/8/2013; pero solo lo fue hasta el año 2015. El archivo GFR-LID-LI-201539151513_5-20160303123537; en el que se muestra la liquidación de la pensión, y no incluye la Bonificación por servicios de los años en que se recibió; en concordancia con folios 35 a 44 antes referidos que certifican dicha bonificación; como tampoco incluye la prima técnica del año 1995, la cual tampoco se refleja en la Historia laboral del ISS, por ello la misma no se puede tomar por los tres meses públicos que allí refleja, al no estar ajustados a la realidad.

4) Archivo magnético remitido por UGPP con oficio que precede, en el cual señala que cada archivo se abre con la contraseña 1m2g3n3sugpp. Ver folios 125 a 129. Dentro de estos interesa el archivo “COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS -24-2017-11-22_112619.PDF”, con el cual la UGPP informa al ISS que la petición de pensión de la actora será remitida a dicho instituto; pero no existe prueba de cuando fue enviado; por ello la necesidad de tener que reiterar la petición por parte de mi mandante ante el ISS hoy Colpensiones el 15 de julio de 2013; pero tal omisión no puede ser oponible a los derechos pensionales de la actora, […].

Sobre la inducción a error por parte de Colpensiones para efectuar las cotizaciones al régimen subsidiado, sostiene que la historia laboral deja ver que «la actora tan pronto como termina su relación laboral cotiza como independiente, una vez cumplido el tiempo necesario para la pensión por aportes deja de cotizar, y extrañamente 4 años después, cotiza bajo el régimen SUBSIDIADO».

Aduce que el Tribunal desconoció que el Fondo de Solidaridad Pensional, al igual que Colpensiones, tenía unas obligaciones acorde con el artículo 3 del Decreto 3771 de 2007, para el caso concreto, las del numeral 3 y 4. Agrega que su intención no era mejorar la pensión, pues el aporte subsidiado fue sobre el salario mínimo, inferior al que traía cuando estuvo vinculada laboralmente.

Expresa que las cotizaciones subsidiadas no pueden ser perennes, pues tienen una limitación en el tiempo --hasta cuando se cumpla el tiempo para acceder a la pensión--, dado que ese es el objetivo último del subsidio, es decir, que la persona de escasos recursos cotice para acceder a la prestación pensional en un tiempo determinado, por lo que Colpensiones no debió tenerlas en cuenta, aunado a que afectaron su pensión, bastando para ello hacer la proyección pensional respectiva.

Censura al Tribunal por no advertir que «una vez la actora sale de la Gobernación de San Andrés en agosto de 1995, de forma inmediata, en el mes de septiembre de 1995 cotiza como independiente y lo hace hasta el 30/03/1997, cuando logra acumular 1.093 semanas entre públicas y privadas; suficientes para acceder a la pensión por aportes».

Luego, dice que «la historia laboral muestra que de forma extraña cuatro años después resulta cotizando bajo el régimen subsidiado, sin que en esos 4 años haya tenido un empleo que le permitiera cotizar; donde analizando el objeto de las cotizaciones bajo el régimen subsidiado, llegaría el Tribunal a la conclusión que la actora cotizó esas semanas, no por simple “voluntad” “libre de error” para mejorar su prestación, o por “desidia” suya; sino que hubo una inducción, o como mínimo, falta de información del fondo letrado en el tema, en este caso del consorcio prosperar y de contera del entonces ISS».

Señala que la pensión de Ley 71 de 1988 «no permite un porcentaje mayor al 75% por más semanas que se tengan y esas últimas cotizaciones subsidiadas son inferiores al promedio que traía, por ende no tenían un propósito de mejorar la prestación».

En cuanto a los intereses de mora, insiste en que, en principio, la petición se radicó ante la UGPP --para luego hacer mención del término que tenía dicha entidad para remitir la petición al ente competente--, el cual no cumplió. Además, anota que pasaron tres años para que la actora recibiera su pensión, por lo que no tiene cabida lo dicho por el ad quem en el sentido que «no aplican los intereses por ser una prestación de régimen de transición, pues ello es cohonestar la desidia de la entidad».

Por último, aduce que los mentados réditos se adeudan desde el 13 de septiembre de 2012 hasta el 16 de abril de 2015, «fecha en que se pagó la prestación según la misma resolución que reconoció la pensión, que indica lo fue en la segunda quincena de abril de 2015».

CONSIDERACIONES

El ataque de la censura se orienta a quebrar la sentencia del ad quem, desde el punto de vista fáctico, principalmente, porque i) las cotizaciones efectuadas por la demandante al régimen subsidiado no fueron voluntarias o, como ella misma lo dice, «libres de error»; y ii) las semanas cotizadas con posterioridad a las exigidas por la ley para el acceso a la prestación pensional se hicieron por un salario inferior, por lo que no debieron ser tenidas en cuenta para efectos de calcular el IBL.

En tal sentido, le endilga al Tribunal la comisión de 13 errores de hecho, tendientes a demostrar, básicamente, que para el 30 de marzo de 1997 la actora ya contaba con la densidad de semanas suficientes para acceder a la pensión de jubilación por aportes de Ley 71 de 1988, pues acreditaba 1.093,43; y que la entidad administradora de pensiones faltó a su deber de pago oportuno de la prestación, por lo que tiene derecho a los intereses moratorios deprecados. Para ello, señala unos específicos medios de prueba que el ad quem habría dejado de valorar o apreciado con error.

Así las cosas, primero, importa a la Sala destacar que la entidad demandada nunca negó la prestación pensional por falta del requisito de «tiempo de servicio», como lo sugiere la recurrente, ni tampoco desconoció que aquella efectuó aportes a través del Fondo de Solidaridad Pensional, una vez cumplido el requisito de número mínimo de semanas, solo que consideró que esa circunstancia no la excluía de poder seguir cotizando al sistema hasta la fecha en que cumpliera los 55 años de edad, que para el caso, lo fue hasta el 19 de noviembre de 2011, es decir, 14 años después de efectuada su última cotización al régimen contributivo «como independiente», lo que aconteció entre el 01 de septiembre de 1995 y el 30 de marzo de 1997.

Máxime cuando la solicitud de reconocimiento pensional fue presentada por la actora ante la UGPP el 28 de febrero de 2012, es decir, cuando aquella ya había cotizado las semanas que pretende no le sean tenidas en cuenta, luego, no resulta válido afirmar que la hoy recurrente fue inducida a error por parte de la entidad de seguridad social al momento de efectuar las cotizaciones adicionales al régimen subsidiado.

En este punto, conviene señalar que ninguna de las pruebas denunciadas por la censura tiene la virtualidad de acreditar que fue por culpa del ente demandado que se realizaron tales cotizaciones adicionales, y no de manera libre y voluntaria como lo concluyó el ad quem, de lo que incontrastablemente surge que el juzgador de la alzada no incurrió en los yerros fácticos que se le achacan en el cargo.

En efecto, de la literalidad de los medios de prueba citados por la censura como erróneamente apreciados, esto es, la demanda inicial, la solicitud de reconocimiento pensional efectuada ante la UGPP el 28 de febrero de 2012, la reiteración de la petición de pensión de fecha 15 de julio de 2013, la relación de novedades del ISS del 29/12/2004 (que refleja los aportes efectuados por la demandante como independiente desde septiembre de 1995 hasta abril de 1997), la certificación de semanas cotizadas emitida por el ISS de fecha 23 de marzo de 2011, la copia del formato 1, No. 299 del 30 de octubre de 2015 (que alude al tiempo de servicio con la Gobernación de San Andrés Isla), la copia del formato 2, No. 299 del 30 de octubre de 2015 (para bono pensional por el servicio con la Gobernación de San Andrés Isla), la copia del formato 3 (B), No. 299 del 30 de octubre de 2015 (factores salariales por el tiempo de servicio con la Gobernación de San Andrés Isla), la Resolución GNR 66929 del 09 de marzo de 2015 (por la cual se reconoce la pensión a la actora bajo Ley 71 de 1988), la petición del 22 de enero de 2016 (que solicita la reliquidación de la prestación), la Resolución GNR 106707 del 15 de abril de 2016 (que incrementa el monto de la pensión), el radicado del 10 de junio de 2016 (contentivo del recurso de apelación contra la anterior decisión), y la Resolución VPB 27099 del 28 de junio de 2016 (confirmatoria de la anterior resolución) --y que no agrega nada desmenuzar--, fluyen los aspectos temporales y económicos de la prestación pensional que encontró acreditada el juzgador de segundo grado, más, en manera alguna, razones atendibles respecto de la inducción a error por parte de Colpensiones a efectos de que la actora realizara esas cotizaciones al régimen subsidiado, como para que pueda decirse que, el ente demandado desdibujó sin razón válida alguna, la verdadera naturaleza que les correspondía.

Segundo, debe precisarse que a pesar de que esta Sala efectivamente ha determinado que si las semanas cotizadas con posterioridad a las exigidas por la ley se hacen por un salario inferior, no deben ser tenidas en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación, ello solo aplica en cuanto se trate de cotizaciones posteriores a la causación del derecho, es decir, una vez satisfechos los presupuestos legales para obtener la pensión, esto es, edad y tiempo de servicios o semanas de cotización, como se anotó al despachar el primer cargo.

Y en lo que tiene que ver con los errores de hecho identificados con los números 10, 11, 12 y 13, relativos a los intereses moratorios reclamados, para lo cual la recurrente echa mano de las pruebas documentales que acusa por falta de apreciación probatoria, no será menester su estudio, dadas las resultas del tercer cargo, como se verá más adelante.

Lo expuesto en precedencia, sin que requiera mayores elucubraciones, permite concluir que el Tribunal no incurrió en los yerros fácticos endilgados por la censura y, en consecuencia, el cargo no prospera.

CARGO TERCERO

Acusa la sentencia por la vía directa, por «falta de aplicación de los artículos 717, 1608, 1609, 1610 del Código Civil; lo que llevó a la interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 3 y 4 de la Ley 700 de 2001; todo ello en relación con los artículos 4, 48, 53 y 244 de la Carta Política».

En la sustentación del ataque, sostiene que el Tribunal pasó por alto que conforme a lo dispuesto en el artículo 717 del Código Civil, las obligaciones generan unos frutos, que lo son los intereses de mora, y que la entidad demandada canceló la prestación pensional tardíamente, sin embargo, por haber sido reconocida con base en la Ley 71 de 1988, según la sentencia recurrida, «no aplican los intereses de mora».

Afirma que la decisión del ad quem se aparta de lo dispuesto en el artículo 1610 del Código Civil, pues «basta con pedir los intereses de mora por el simple retardo en el pago, como está demostrado se pidió». También alude al artículo 53 constitucional, que dispone la garantía del pago oportuno de las pensiones legales, así como el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 700 de 2001, esta última expedida para mejorar la calidad de vida de los pensionados.

Critica al Tribunal por considerar que en esta clase de pensiones no aplican los intereses pretendidos, «pero resulta que las normas invocadas no hacen distinción entre prestaciones; el simple retardo implica una sanción por perjuicios, que cuando se piden intereses, que lo son a título de indemnización, no hay lugar a probar tales perjuicios».

Finalmente, expone que el numeral 3 del artículo 1617 del Código Civil no prohíbe que una vez calculados los intereses, los mismos sean actualizados, por lo que también resulta procedente la indexación deprecada.

RÉPLICA CONJUNTA A LOS CARGOS

La entidad opositora sostiene que si bien la actora para el año 1997 cumplió con el requisito de número mínimo de semanas para causar la prestación, a esa fecha no había cumplido la edad, puesto que esta sólo la alcanzó hasta el 19 de noviembre de 2011, siendo dable la realización de aportes hasta el momento en que se reúnan los dos requisitos para causar la pensión.

Alega que no tiene asidero la tesis del libelista en el sentido de excluir semanas de cotización por el hecho de que el IBC con el que efectuó los aportes sea inferior al que venía utilizando --y el monto de su mesada no corresponda al que desea--, pues lo que la ley ampara es que el reconocimiento de la mesada pensional se efectúe conforme a todas y cada una de las cotizaciones que se realizan al sistema.

Señala que el hecho de que la actora haya cotizado semanas adicionales a las requeridas para causar la prestación no es ilegítimo ni va en contra de la ley como para que se tornen ineficaces, pues, por el contrario, la normativa pensional le permite a los afiliados continuar efectuando aportes, los cuales también deberán ser tenidos en cuenta al momento de calcular la mesada pensional respectiva.

Respecto a los intereses moratorios deprecados, indica que, tal como lo concluyó el Tribunal, la jurisprudencia ha establecido que los intereses de mora no operan en pensiones reconocidas con fundamento en la Ley 71 de 1988, dado que no corresponden a las contempladas en el régimen general de pensiones implementado por la Ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Corte determinar si los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, resultan procedentes en tratándose de la pensión de jubilación por aportes de Ley 71 de 1988, reconocida al amparo del régimen de transición del artículo 36 de la citada Ley 100 de 1993.

Al respecto, importa destacar que la doctrina reiterada de esta Corporación había sido la de sostener que los intereses moratorios pretendidos, únicamente proceden frente a pensiones reconocidas integralmente con base en las normas del sistema general de pensiones.

Sin embargo, recientemente, al efectuar un nuevo estudio de la norma acusada, la Sala modificó la anterior posición jurisprudencial y, en su lugar, adoctrinó que no existe una razón jurídica objetiva para negar la procedencia de los mentados réditos cuando se trata de pensionados del régimen de transición (Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988, entre otros), pues tales prestaciones hacen parte del sistema general de pensiones. En efecto, así se dijo en la sentencia SL1681-2020:

(i) El artículo 53 de la Constitución Política obliga al Estado y a las entidades de previsión social a garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales», premisa que no distingue la fuente legal o el tipo de pensión. En tal dirección, no hay una razón objetiva y plausible para excluir a los pensionados del régimen de transición del derecho a percibir los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, con mayor razón si se tiene en cuenta que, sin distinción alguna, todos ellos pueden ver comprometido su mínimo vital y sufrir perjuicios con ocasión de la dilación injustificada en el pago de las pensiones.

(ii) El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tuvo el propósito de superar las viejas discusiones doctrinales y jurisprudenciales frente a la manera de resarcir los perjuicios ocasionados por la mora en el pago de las pensiones. Por consiguiente, estamos frente a una regulación unificadora, aplicable a todo tipo de pensiones sin importar su origen legal.

(iii) Si bien las pensiones del régimen de transición se rigen en tres aspectos puntuales (edad, tiempo de servicios o semanas y monto) por las reglas anteriores, en todo lo demás les aplica la Ley 100 de 1993. Debido a ello, se trata de pensiones englobadas en el sistema general de pensiones, cuyas condiciones de causación son más flexibles o favorables que las del resto de pensionados.

Con lo anterior, la Sala abandona su criterio jurisprudencial anterior y, en su lugar, postula que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.

Por lo visto, el cargo prospera y, en consecuencia, se casará la sentencia en este puntual aspecto.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

SENTENCIA DE INSTANCIA

En sede de instancia, bastan las mismas consideraciones vertidas en casación para concluir que la demandante tiene derecho a que se le reconozcan los intereses moratorios pretendidos, pues real y efectivamente hubo retardo o tardanza en el cubrimiento de las mesadas pensionales.

La liquidación de los mentados réditos se calculará desde el 28 de abril de 2013 hasta el 16 de abril de 2015 (fecha en que empezó a pagarse la prestación según la Resolución GNR 66929 del 9 de marzo de 2015), además, teniendo en cuenta el pedimento que a ese respecto efectuó la impugnante desde la demanda inaugural y que reiteró en sede extraordinaria. El citado extremo inicial de causación de los réditos por tardanza, esto es, 28 de abril de 2013, se adopta teniendo en cuenta que si bien la reclamación administrativa inicial fue presentada por la actora ante la UGPP el 28 de febrero de 2012, lo cierto es que dicha entidad por no ser la competente para resolver, remitió tal petición a Colpensiones el 27 de diciembre de 2012, y según el inciso 3 del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 «Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente». En tal sentido, encuentra la Sala que los 4 meses de gracia que tenía la administradora para reconocer la pensión empezaron a correr el 28 de diciembre de 2012, luego, entonces, dicho plazo venció el 28 de abril de 2013, como se indicó en precedencia.

Sobre este puntual aspecto, importa a la Sala precisar que la reclamación pensional se entiende oficializada cuando se radica por el peticionario ante la entidad competente o cuando, existiendo error, se le verifica y remite al verdadero reclamado, pues no es dable imputarle la parsimonia o negligencia de quien recibe la solicitud, como en este caso sucedió con la UGPP, al ente que en verdad le correspondía su trámite, esto es, Colpensiones, que como ya se dijo, recibió la petición de la actora en forma tardía o extemporánea, no pudiendo trasladársele responsabilidad alguna por ese hecho con la consecuente carga económica que ello representa.

El citado concepto asciende a la suma de $39.686.300,89, tal y como se detalla a continuación:

Desde

Hasta

Valor de la Mesada Pensional

Tasa de mora máxima diaria

Días trascurridos

Valor de los intereses moratorios

28/04/2013

30/04/2013

$ 98.010,08

0,068%

2.669

$ 176.735,54

01/05/2013

31/05/2013

$ 980.100,78

0,068%

2.639

$ 1.747.490,02

01/06/2013

30/06/2013

$ 980.100,78

0,068%

2.609

$ 1.727.624,65

01/07/2013

31/07/2013

$ 980.100,78

0,068%

2.579

$ 1.707.759,29

01/08/2013

31/08/2013

$ 980.100,78

0,068%

2.549

$ 1.687.893,92

01/09/2013

30/09/2013

$ 980.100,78

0,068%

2.519

$ 1.668.028,55

01/10/2013

31/10/2013

$ 980.100,78

0,068%

2.489

$ 1.648.163,19

01/11/2013

30/11/2013

$ 1.960.201,56

0,068%

2.459

$ 3.256.595,64

01/12/2013

31/12/2013

$ 980.100,78

0,068%

2.429

$ 1.608.432,46

01/01/2014

31/01/2014

$ 999.114,74

0,068%

2.399

$ 1.619.385,29

01/02/2014

28/02/2014

$ 999.114,74

0,068%

2.369

$ 1.599.134,54

01/03/2014

31/03/2014

$ 999.114,74

0,068%

2.339

$ 1.578.883,78

01/04/2014

30/04/2014

$ 999.114,74

0,068%

2.309

$ 1.558.633,03

01/05/2014

31/05/2014

$ 999.114,74

0,068%

2.279

$ 1.538.382,28

01/06/2014

30/06/2014

$ 999.114,74

0,068%

2.249

$ 1.518.131,52

01/07/2014

31/07/2014

$ 999.114,74

0,068%

2.219

$ 1.497.880,77

01/08/2014

31/08/2014

$ 999.114,74

0,068%

2.189

$ 1.477.630,01

01/09/2014

30/09/2014

$ 999.114,74

0,068%

2.159

$ 1.457.379,26

01/10/2014

31/10/2014

$ 999.114,74

0,068%

2.129

$ 1.437.128,51

01/11/2014

30/11/2014

$ 1.998.229,48

0,068%

2.099

$ 2.833.755,50

01/12/2014

31/12/2014

$ 999.114,74

0,068%

2.069

$ 1.396.627,00

01/01/2015

31/01/2015

$ 1.035.682,34

0,068%

2.039

$ 1.426.751,61

01/02/2015

28/02/2015

$ 1.035.682,34

0,068%

2.009

$ 1.405.759,68

01/03/2015

31/03/2015

$ 1.035.682,34

0,068%

1.979

$ 1.384.767,75

01/04/2015

16/04/2015

$ 552.363,91

0,068%

1.949

$ 727.347,10

TOTAL

$ 39.686.300,89

En cambio, no se accederá a la indexación pretendida, en razón a que el criterio actualmente imperante en la Sala es el de la incompatibilidad de los intereses moratorios con la indexación, ya que los primeros involucran, en su contenido, un ingrediente revaluatorio, es decir, el resarcimiento inherente a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, descartándose entonces la posibilidad de que junto al pago de intereses moratorios se imponga condena por indexación, ya que equivaldría a decretar una doble e inconsulta condena por un mismo ítem.

En cuanto a la excepción de prescripción propuesta por la demandada, debe anotarse que la pensión de la actora se causó el 19 de noviembre de 2011 y la reclamación administrativa inicial fue presentada el 28 de febrero de 2012 ante la UGPP, entidad que por falta de competencia, como se anotó en líneas anteriores, la remitió a Colpensiones (folios 21 y 22). Esta última resolvió reconocer a la actora la prestación mediante Resolución GNR 66929 del 9 de marzo de 2015 (folios 46 a 48). Posteriormente, el 22 de enero de 2016, la actora solicitó la reliquidación de su pensión, obteniendo respuesta a través de las Resoluciones GNR 106707 del 15 de abril de 2016 y VPB 27099 del 28 de junio de 2016 (folios 53 a 56 y 61 a 64), actos administrativos que fueron notificados el 27 de mayo de 2016 y el 22 de julio del mismo año, respectivamente, y la demanda se presentó el 6 de octubre de 2016 (folio 67), de modo que no operó el fenómeno prescriptivo conforme a lo previsto en el artículo 151 del CPTSS.

Los demás medios exceptivos planteados por la convocada a juicio, también se tendrán como no probados, dado el resultado del proceso y lo expuesto en precedencia.

Las costas de las instancias a cargo de la parte demandada.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 5 de abril de 2018, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en cuanto confirmó el fallo absolutorio del a quo frente a los intereses moratorios deprecados, en el proceso ordinario laboral promovido por CAROLIN NELSON PUSEY contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES). NO LA CASA en lo demás.

En sede de instancia, REVOCA la decisión de primer grado, en cuanto absolvió a la demandada de los intereses moratorios reclamados y, en su lugar, resuelve:

PRIMERO: CONDENAR a la demandada a reconocer y pagar a CAROLIN NELSON PUSEY por el mencionado concepto, liquidado desde el 28 de abril de 2013 hasta el 16 de abril de 2015, la suma de $39.686.300,89.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito propuestas por la demandada.

TERCERO: Costas, como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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