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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL426-2020

Fecha
11 de febrero de 2020
Magistrado ponente
Ana Maria Muñoz Segura

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL426-2020

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. dentro del proceso adelantado por HÉCTOR MANUEL BALLÉN RUSSY en contra de CARLOS ALFREDO MURCIA VANEGAS, trámite al que fue vinculada en calidad de llamada en garantía la sociedad COMPAÑÍA DE SEGUROS SURAMERICANA S.A.; en cuanto condenó al demandado al pago de las sanción prevista en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. No la casa en lo demás. En sede de instancia, la Sala resuelve REVOCAR los numerales quinto y sexto de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga el 29 de agosto de 2011, para en su lugar ABSOLVER al demandado de la sanción prevista en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL426-2020

Magistrado ponente: Ana Maria Muñoz Segura

11 de febrero de 2020

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

Magistrada ponente

SL426-2020

Radicación n.° 65638

Acta 004

Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veinte (2020).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARLOS ALFREDO MURCIA VANEGAS contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 30 de noviembre de 2012, dentro del proceso adelantado por HÉCTOR MANUEL BALLÉN RUSSY en su contra, trámite al que fue vinculada en calidad de llamada en garantía la sociedad COMPAÑÍA DE SEGUROS SURAMERICANA S.A.

ANTECEDENTES

Héctor Manuel Ballén Russy demandó a Carlos Alfredo Murcia Vanegas con el fin de que se declarara que entre ellos existió una relación laboral desde el 10 de agosto de 2002 hasta el 26 de enero de 2010, fecha en la que finalizó por su renuncia.

Como consecuencia de ello, solicitó que se condenara al demandado a cancelar el saldo insoluto del auxilio de cesantías y sus intereses, las vacaciones, las primas de servicio y los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; así como las comisiones por ventas causadas en esta última anualidad, las indemnizaciones previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la diferencia insoluta por una indemnización por incapacidad permanente parcial y la el resarcimiento pleno y ordinario de perjuicios por la culpa del empleador en la enfermedad profesional padecida, a título de lucro cesante consolidado y futuro, perjuicios morales para sí y su núcleo familiar y los perjuicios fisiológicos.

Como fundamento de sus pretensiones señaló que entre las partes existió una relación laboral desde el 10 de agosto de 2002 hasta el 26 de enero de 2010, lapso en el cual desempeñó 3 cargos diferentes como «[…] Vendedor, Jefe de Ventas y, por último, Administrador del almacén KILO ENCAJES. Los tipos de contratos fueron algunos a término indefinido, otros a término fijo, algunos escritos y otros verbales; de los escritos nunca suministraron la correspondiente copia».

Comentó que durante la vigencia del vínculo laboral y en las ocasiones en que fue promovido, el empleador determinaba de manera unilateral y verbal la suma mensual que conformaría el salario pero que no se le notificaban por escrito ni se ajustaban a la realidad en el contrato dado que en estos «[…] se registraba un valor siempre inferior al realmente asignado».

Afirmó que quincenalmente se le cancelaba una remuneración en efectivo y se le obligaba a firmar una planilla en la que previamente se había registrado una suma inferior. Agregó que durante toda la relación laboral se le cancelaron las prestaciones sociales con un valor también inferior al que realmente devengaba.

Sostuvo que «[…] devengaba un salario fijo mensual determinado –que no sobresueldo, ni bonificaciones de mera liberalidad del empleador-, el señor MURCIA VANEGAS, le pagaba todos los conceptos laborales antes señalados» de la siguiente manera,

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Destacó que anualmente recibía una suma por comisiones derivadas de las ventas del almacén y que para el año 2009 el demandado se comprometió a cancelarle un 0.35% sobre el valor total de ventas netas, comisión que correspondió a $10.080.965.080.

Manifestó que, ante la imposibilidad de seguir ejerciendo sus labores debido a la enfermedad profesional, presentó su renuncia voluntaria el 26 de enero de 2010.

Resaltó que nunca le cancelaron la liquidación de prestaciones correspondiente al 2009 y que el 1 de febrero de 2010 presentó reclamación por escrito ante el demandado, por el concepto de prestaciones sociales y la sanción moratoria, sustentando que esos conceptos siempre fueron cancelados sobre una base salarial inferior a la realmente percibida. De acuerdo con lo anterior,

[…] las acreencias laborales adeudadas, fueron liquidadas con base en los salarios realmente percibidos por mi poderdante, desde Agosto de 2002 hasta Enero de 2010. La sumatoria de dichas acreencias es de Doscientos Ochenta y Cinco Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Tres pesos Moneda Legal Colombiana ($285.678.133) y Dieciséis Millones Setecientos Dieciséis Mil Doscientos Cincuenta Pesos Moneda Legal Colombiana ($16.716.250) a pagar a las entidades de la Seguridad Social y Parafiscales.

Mencionó que el 2 de febrero de 2010 el señor Murcia Vanegas le manifestó que no estaba dispuesto a reconocer ni a pagar suma alguna por acreencias laborales y le ofreció un pago menor por concepto de liquidación por lo que no hubo un acuerdo entre las partes.

Luego, el 8 de febrero de 2010 le presentó al empleador una «[…] reclamación de liquidación de prestaciones y comisiones correspondientes al 2009», a la que no dio respuesta.

Recordó que,

Entre el 10 de Febrero de 2010 y el 28 de febrero de 2010, el empleador demandado, CARLOS ALFREDO MURCIA VANEGAS, realizó varias llamadas telefónicas a mi representado y también lo convocó a dos reuniones en compañía de familiares comunes, habida cuenta que el mencionado demandado es esposo de una tía paterna del señor BALLÉN RUSSY, con el fin de persuadirlo de no iniciar acciones legales en su contra, y de ofrecerle a cambio, la condonación de una deuda por valor de Treinta Millones de Pesos Moneda Legal Colombiana ($30.000.000) adquirida por mi representado con dicho señor, desde Junio de 2009 y que aunque mi poderdante la reconoce, para la fecha del presente escrito se encuentra insoluta, habida cuenta la precaria situación económica del señor BALLÉN RUSSY.

No obstante, en procura de reclamar sus derechos laborales, justamente adquiridos, mi mandante no aceptó dicha propuesta y así se lo manifestó al señor MURCIA VANEGAS.

Aseguró que el 1º de marzo de 2010 le envió comunicación al señor Murcia Vanegas proponiéndole suscribir un contrato de transacción, «[…] en el que se consignara que el empleador pagaría al señor BALLÉN RUSSY, una suma determinada por concepto de Acreencias Laborales y aceptaría la condonación de la deuda descrita en el ítem anterior; y por su parte el mencionado trabajador desistiría de cualquier acción judicial», texto al que tampoco dio respuesta.

Sumó que,

El 08 de Abril de 2010, el empleador demandado CARLOS ALFREDO MURCIA VANEGAS, remitió respuesta al suscrito y al anterior apoderado del señor BALLÉN RUSSY, rechazando las propuestas realizadas anteriormente, y expresando que no tenía ninguna obligación laboral pendiente con el trabajador.

Adicionalmente en la misma comunicación, el demandado informa que, por concepto de intereses, correspondientes a la deuda contraída y reconocida por el señor BALLÉN RUSSY, desde Junio de 2009, por el valor de Treinta Millones de Pesos Moneda Legal Colombiana ($30.000.000), mi mandante le adeuda la suma de Cincuenta y Un Millones de Pesos Moneda Legal Colombiana ($51.000.000) cifra a todas luces desproporcionada y que podría sugerir una práctica de usura por parte del señor MURCIA VANEGAS.

En comunicación del 15 de Abril de 2010, firmada por el suscrito y por el anterior apoderado del señor BALLÉN RUSSY, se le informó al demandado sobre la obligatoriedad de responder las comunicaciones y peticiones elevadas por un trabajador, tal como lo conceptuó la H. Corte Constitucional mediante Sentencia T-374 de 1998 y se le explicaron los fundamentos de derecho que sustentaban la reclamación de acreencias laborales.

En relación con la mencionada comunicación, no hubo pronunciamiento alguno por parte del empleador demandado.

En cuanto a la enfermedad profesional que dijo padecer afirmó que como consecuencia de la inexistencia de un programa de salud ocupacional en la entidad y de las pesadas labores que le encomendaban sin suministrarle protección o capacitación, en especial al levantar mucho peso, el 7 de mayo de 2007 sufrió un accidente que le ocasionó un fuerte dolor en la espalda que le impedía mover las piernas.

Comentó que luego de varios meses de tratamiento, en noviembre de 2008 se le practicó una cirugía denominada «artrodesis», y a pesar de ello no se alivió de su condición. Mencionó que en octubre 16 de 2009 la ARP Sura le informó que el origen de su enfermedad era común.

Adicionó que,

Según Expediente No 1088-09 anexo del Dictamen No 1079009 del 18 de Diciembre de 2009, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander “el Señor HECTOR MANUEL BALLÉN presenta una enfermedad discal lumbar de origen profesional”, como se demostrará con este y otros documentos, por causa de las labores realizadas en el almacén KILO ENCAJES, principalmente el levantamiento de altos pesos, actividades, por parte de su empleador CARLOS ALFREDO MURCIA VANEGAS, tal como lo dispone la normatividad laboral y de salud ocupacional vigentes.

[…]

Como consecuencia de los insoportables dolores que padecía mi poderdante, el señor BALLÉN RUSSY, la ARP SURA lo remitió para valoración de la Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo, donde mediante diagnóstico del 24 de Marzo de 2010, emitido por el Dr. Omar Fernando Gomezese R., especialista en dolor y cuidado paliativo, se determina que el mencionado trabajador presenta “muy mal pronóstico para su recuperación completa, dado el tiempo de evolución” y se recomienda “iniciar cuanto antes proceso de calificación por incapacidad parcial definitiva, ya que su sintomatología dolorosa actual es secuela definitiva de su enfermedad. No hay otros tratamientos curativos disponibles, únicamente manejo paliativo.”

[…]

Mediante Dictamen No 4152010 del 15 de Mayo de 2010, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, a mi poderdante se le determinó la Pérdida de Capacidad Laboral del 21,15% y se confirmó su Incapacidad Permanente parcial.

Señaló que la ARL Sura certificó los salarios con base en los cuales pagó la incapacidad permanente parcial a raíz de la enfermedad profesional diagnosticada el 1º de noviembre de 2007, los cuales eran menores de los que verdaderamente percibía.

En cuanto a su vida familiar, comentó que contrajo matrimonio con Diana María Casas González el 17 de diciembre de 2005, unión de la que nacieron sus hijos NDBC y SBC. Agregó que la enfermedad generada por culpa grave del empleador ocasionó un perjuicio económico, moral y fisiológico para él y su familia.

Explicó que,

El almacén KILO ENCAJES, en el cual laboró mi poderdante, no está constituido como persona jurídica, sino que a través de su propietario CARLOS ALFREDO MURCIA VANEGAS identificado con cédula de ciudadanía No 206.428, se registran todas las operaciones de importación y comercialización de telas.

Según le consta a mi cliente, quien desempeñó el cargo de Administrador del almacén KILO ENCAJES, el señor MURCIA VANEGAS, en forma deliberada siempre declaró cifras irreales de su empresa, tanto para efectos Laborales y de Seguridad Social, como Tributarios.

Como se mencionó en los hechos de la Enfermedad Profesional de mi poderdante, el empleador demandado nunca dio cumplimiento con sus obligaciones en materia de Salud Ocupacional para sus trabajadores; así como tampoco permitió la creación de un Comité Paritario de Salud Ocupacional.

Al dar respuesta a la demanda, Carlos Alfredo Murcia Vanegas se opuso a todas las pretensiones. Frente a los hechos comenzó por aclarar que es pariente del demandante y que «[…] no separaron su condición familiar de las propias del negocio contractual» por lo que dijo que suscribieron dos contratos de trabajo, uno a término indefinido en el año 2002 y otro a término fijo el 2 de enero de 2008, en forma voluntaria por el ex trabajador y ambos por escrito.

Sostuvo que al actor no se le impusieron obligaciones distintas a la naturaleza de su cargo, y que la relación laboral se desarrolló de manera pacífica.

Manifestó que,

Con el demandante se pactó un salario, mismo que aparece registrado en las planillas de nómina por él firmadas y con base en él se hicieron las liquidaciones de derechos laborales, así como también los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. Significa esto que al actor todo se le canceló de conformidad con el salario realmente devengado.

[…]

Desconocemos a que comisiones se refiere, el concepto de las mismas y el monto pues ello nunca se acordó con el aquí demandante y por lo tanto no recibió suma alguna por este concepto.

Ahora bien, no sobra anotar que el ex trabajador presentó una incapacidad de Enero a Abril de 2009. Cuando entró en Mayo laboró en condiciones diferentes y a partir de este momento su trabajo en la empresa disminuyó notablemente pues este informó estar montando un negocio propio, dedicándole la mayor parte del tiempo a esta gestión, tanto así que el mismo fue legalizado en el mes de Octubre de 2009, tal y como aparece en el registro expedido por la Cámara de Comercio y que se adjunta como prueba documental de esta contestación de demanda.

Afirmó que la liquidación de prestaciones sociales se consignó a orden de un juzgado laboral en el Banco Agrario de esta ciudad, pues el actor no se presentó a recibirla. Aseguró que el demandante renunció a su cargo porque necesitaba hacerle frente a su propio negocio, y que este no se encontraba en malas condiciones económicas porque el mismo era próspero.

Señaló que,

[…] en la redacción del hecho hubo una confesión espontánea al reconocerse una deuda que el demandante tiene con mi cliente que asciende a la suma de $30.000.000, misma que a la fecha de respuesta de esta demanda no ha sido cubierta. Hay que aclarar al respecto que este es tan solo el valor de la deuda pues sobre ella se debe interés bancario desde abril de 2007.

La deuda fue por la suma de $51.000.000.00 y alcanzó a abonar a capital $21.000.000.00. Se trató de un préstamo familiar y no laboral, pues mi cliente es el tío del actor. El compromiso consistía en que el demandante le iba cancelando el préstamo de la forma como lo haría a una entidad bancaria, no se pactó descuento de salario ni de prestaciones sociales, sencillamente por no tratarse de una deuda laboral y además dichos descuentos nunca se hicieron.

El demandante no ha cancelado intereses por el préstamo mencionado.

Aseguró que el señor Ballén Russy no desempeñó tareas pesadas, sobre todo porque en el cargo de administrador no tenía encomendadas labores que requirieran esfuerzo físico, por el contrario, sus funciones fueron de dirección y de organización de las actividades de la entidad.

Finalmente comentó que,

El demandante continúa con su vida social, familiar y deportiva, su estilo de vida no ha tenido variación alguna, tanto así que al actor le prohibieron jugar futbol y montar en moto, pero él lo siguió haciendo tanto así que se estrelló en una motocicleta el día 11 de mayo de 2.009, como se demuestra con la prueba que se aporta al expediente.

Hay que informar al despacho que el demandante tuvo un accidente en carro dejándolo en pérdida total y el actor era quien iba manejando y lo peor de todo en estado de embriaguez. Este accidente ocurrió el 9 de Agosto de 2008. Al proceso se adjunta la prueba documental que muestra las fotos de cómo quedó el vehículo, el lugar en donde lo atendieron y la incapacidad que le otorgaron.

Hay que informar al despacho que el demandante hace correrías por el país para vender lo que produce la empresa de su propiedad y además es el quien carga y descarga la mercancía que llega y sale de su negocio particular.

En su defensa propuso las excepciones de prescripción, pago, inexistencia de la obligación, compensación y buena fe.

A instancias de la parte demandada, se convocó a juicio a la sociedad Compañía de Seguros Suramericana S.A. en calidad de llamada en garantía, la que se opuso parcialmente a las pretensiones de la demanda en lo que no tenía que ver con el límite del seguro contratado y manifestó que los hechos de la demanda no constituían objeto de cobertura de las pólizas contratadas.

Propuso como excepciones las de «inexistencia de obligación de pago por parte del empleador y por tanto ausencia de carga indemnizatoria de seguros generales suramericana S.A», «inexistencia de amparo bajo las pólizas de seguro multiriesgo empresarial y responsabilidad civil extracontractual de los obligaciones laborales y contractuales de todo tipo reclamadas en la presente demanda», «limitación del valor asegurado», «deducible», y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia del 29 de agosto de 2011 resolvió:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por la parte demandada.

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de COMPENSACIÓN propuesta por CARLOS ALFREDO MURCIA VANEGAS en la suma de $30.000.000, respecto a los siguientes valores adeudados a HÉCTOR MANUEL BALLÉN RUSSY, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR al demandado a pagar a favor del demandante las siguientes sumas: $6.344.594.1 por concepto de cesantías, intereses a las mismas, primas de servicio y vacaciones; salarios; y $10.593.597 por concepto de incapacidad permanente parcial, sumas que deberán ser indexadas desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su efectivo pago, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR al demandado a pagar dentro de los treinta días siguientes a la sentencia, los aportes al sistema general de pensiones a la administradora del sistema general de pensiones a la que se encuentre afiliado el demandante HÉCTOR MANUEL BALLÉN RUSSY, en la forma y términos indicados en la motivación de este fallo.

QUINTO: CONDENAR al demandando a pagar al demandante, con fundamento en el numeral tercero del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, un día de salario por cada día de retardo desde el 16 de febrero de 2009 hasta el 26 de enero de 2010, a razón de $66.666 diarios, para un total por éste concepto de $22.666.440, conforme a lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

SEXTO: CONDENAR al demandado a pagar al demandante, con fundamento en el artículo 65 del C.S.T., un día de salario por cada día de retardo desde el momento de la terminación del contrato de trabajo, es decir, el 26 de enero de 2010, hasta el mes 24 contado desde dicha fecha, a razón de $66.666 diarios, y a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique, el empleador deberá pagar al ex trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, respecto de las prestaciones reconocidas, tal como se indicó en la motivación de esta providencia.

SÉPTIMO: ABSOLVER al demandado de los demás cargos formulados en su contra por el demandante, de acuerdo a lo anotado en la motivación de esta sentencia.

De igual forma, absolvió a la llamada en garantía de todas las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, debido a que encontró que el salario que devengaba en actor ascendía a $2.000.000 y por ello eran procedentes las reliquidaciones. Igualmente, consideró que se encontraba probado que el demandante realizaba labores de carga sin protección las cuales ocasionaron el accidente de trabajo, sin embargo, no encontraron demostrados los perjuicios causados por el mismo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Por apelación de ambas partes, conoció del asunto la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. que mediante fallo del 30 de noviembre de 2012 modificó la sentencia impugnada, «en el sentido de exonerar al demandado de indexar las sumas reconocidas al trabajador».

Al inicio de sus consideraciones explicó que por cuestiones de método analizaría primero las inconformidades expuestas por la parte demandada, y verificar «[…] si efectivamente el fallador de primera instancia no tuvo en consideración las pruebas arrimadas al proceso, que dan cuenta que el salario del actor no correspondía con registrado en los certificados arrimados por el demandante, sino uno menor».

Comentó que al demandado le incumbía demostrar que el salario registrado en los certificados allegados por el demandante no correspondía a la realidad. En aquellos, suscritos por el demandado se verificaba que el actor devengaba un salario de $800.000 con una bonificación mensual de $1.200.000, para diciembre de 2008, cifra similar a lo certificado en diciembre de 2009.

Señaló que a folios 25 a 27 se encontraban reportes realizados por el actor a «[…] la ARP SURA, que da cuenta de un ingreso de cotización para el año 2008 de $800.000, y para el año 2009 de $1.000.000, en los mismos términos se observa el salario base de liquidación para pensiones en el Fondo administrador de estas Protección S.A, en dichas fechas registrado a folio 32».

Al respecto, comentó que la misma suma fue reportada por la Caja de Compensación Familiar Comfenalco. Agregó que,

Por su parte en las planillas obrante a folios 155 a 239 se observa como salario de los meses julio a diciembre de 2008 la suma de $850.800, y $855.000, de donde se infiere que la contabilidad del demandante no era llevada siguiendo las reglas de la contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, como se exige en el Decreto 2649 de 1993, habida cuenta que una toda anotación que se efectué en los libros o asientos contables, debe ser igual, y no pueden aparecer valores diferentes sin una justificación serie y debidamente soportada. Así las cosas, al no ser fiable la información contable del demandado, sus asientos y reportes carecen de valor probatorio. Debe anotarse que el demandado por tener abierto un establecimiento de comercio en los términos del numeral 1 del artículo 13 del C. de C. se presume que ejerce el comercio, por lo que debe calificársele de comerciante, en este orden de ideas y conforme lo exige el numeral 3 del artículo 19 Ibídem debe Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; y en consecuencia al tener distintos comprobantes sobre los mismos hechos, los libros y papeles aportados solo tendrán valor en su contra. Igualmente la prueba testimonial no resulta suficiente para esclarecer estas situaciones, además las referidas certificaciones no fueron tachadas de falsas, ni se gestionó ninguna acción tendiente a restarles valor probatorio. Si bien es cierto con el pasaporte del se encontraba fuera del país para las fechas en las que se expide una de las certificaciones, ello no le resta todo el valor y mérito probatorio a la misma. Por estas razones, se confirma la providencia recurrida en cuanto determinó el valor del salario devengado por el demandante en cuantía de $2.000.000.

Precisó que no se reconocería la indexación de las sumas derivadas de las prestaciones sociales pues no se demostró que el demandado obrara de buena fe, por lo que al reconocer la sanción moratoria se excluía automáticamente la indexación de los mencionados montos.

Consideró que le asistía la razón al Juzgado al determinar que las pólizas aportadas al proceso no establecían cobertura de salarios y prestaciones sociales a que fue condenada el demandado. Por ello confirmó la sentencia impugnada en este punto.

En cuanto al recurso presentado por la parte demandante, inició resaltando que para que se reconocieran los perjuicios causados en el accidente de trabajo por culpa del empleador era necesario recordar que, a criterio de la Corte Suprema de Justicia, se debían demostrar tres elementos, previo al reconocimiento de la indemnización, que consistían en,

[…] i) En primer término debe demostrarse la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. ii) En segundo término, debe probarse el valor de los perjuicios que reclama cada uno de los interesados, De otra parte, al empleador le incumbe probar la diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones de protección y de seguridad impuestas por el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, acreditar la situación esmerada y diligente frente al cumplimiento de tales exigencias inherentes a su condición de empleador.

Respecto de los elementos primero y tercero, recordó que el Juzgado dio por probado, y no fue objetado por las partes, la ocurrencia del accidente de trabajo y la culpa del empleador, por lo que debía ceñirse a ello. Sobre el concepto de lucro cesante consolidado, mencionó que para el actor este era,

[…] lo adeudado por el empleador desde el momento del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional hasta el momento del fallo del Juez laboral. Que este perjuicio quedó demostrado en parte, con el hecho de que a partir del 7 de mayo de 2007, fecha en la que el demandante sufrió el accidente de trabajo, reportado por el empleador a la ARP SURA, empezó a sufrir un notorio detrimento patrimonial ocasionado por las constantes incapacidades temporales que empezó a presentar, como consecuencia de los intensos dolores e imposibilidades para realizar movimientos. Que las muchas incapacidades fueron pagadas no solamente sobre la base de $800.000 y no sobre los $2.000.000, que fue el salario que ha quedado demostrado en el proceso como el real que devengaba el demandante, sino que las pagó la E.P.S., sobre un 66.66% y no del 100% si hubiera sido canceladas por la ARP.

Frente a ello, precisó que dicha reclamación, es decir las incapacidades médicas, debía hacerse ante la administradora en la cual se encontraba afiliado el trabajador pues así lo disponía el artículo 1 parágrafo 2 de la Ley 776 de 2002.

En este sentido, explicó que las prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo no debían reclamarse al empleador como lo pretendía la parte actora, pues la indemnización de los perjuicios causados por culpa del empleador en un accidente de trabajo «[…] no busca satisfacer las prestaciones económicas otorgadas por las ARP´s (sic) habida cuenta que este tipo de indemnización busca reparar los daños que aquella no repararía».

Frente al lucro cesante futuro, rescató que para el recurrente este era «[…] lo que debe pagar la empresa desde el momento del fallo hasta la terminación de la obligación que se reclama (la cual termina conforme a la edad de vida probable del afectado)». Luego, anotó que,

[…] con la determinación del monto de pérdida de la capacidad laboral y del salario que devengaba el demandante se puede establecer el lucro cesante futuro, pero para ello, es necesario fijar la expectativa de vida de éste, en cuyo caso se hace imperioso tener la prueba de la edad del mismo, la cual no está debidamente acreditada, porque si bien en el Acta de la Junta de Calificación de Invalidez se consignó que el mismo nació 12 de mayo de 1980, (Fl.68) dicha prueba no resulta idónea para demostrar la edad del actor, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1250 de 1970, y mucho menos, si el referido hecho no fue expuesto en la demanda de manera clara y debatido en el proceso, así las cosas, sin la prueba idónea de la edad del actor no es posible establecer la expectativa de vida del mismo para cuantificar el lucro cesante reclamado, por ello se confirmará la providencia apelada en cuanto negó esta pretensión.

En el tema referido al perjuicio moral, indicó que, para el apelante, con las pruebas aportadas se podía dar por demostrada no solo la afectación patrimonial derivada de la enfermedad profesional, sino que, a partir de su condición física confirmada por los dictámenes allegados, era preciso dar por demostrado que se encontraba afectado emocionalmente. Ante ello, sostuvo que:

[…] cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien. Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado. El daño moral producto de lesiones puede configurarse tanto en la persona que sufre la lesión, a la que se conoce como víctima directa, como también en sus parientes o personas cercanas, víctimas indirectas. Frente a la prueba de estos perjuicios, es necesario anotar que, por regla general, a la parte interesada le corresponde probar los hechos que alega a su favor para la consecución de un derecho. Es este postulado un principio procesal conocido como ‘onus prodandi, incumbit actori’ y que de manera expresa se encuentra previsto en el artículo 177 del C.P.C. Correlativo a la carga del demandante, está asimismo el deber del demandado de probar los hechos que sustentan su defensa, obligación que igualmente se recoge en el aforismo ‘reus, in excipiendo, fit actor’. A fin de suplir estas cargas las partes cuentan con diversos medios de prueba, los cuales, de manera enunciativa, se encuentran determinados en el artículo 175 C.P.C. Cuando se pretende el reconocimiento de perjuicios morales, la parte demandante tiene así el deber mínimo de probar su existencia y como quiera que en el caso bajo estudio la lesión sufrida por el actor no reviste aquella gravedad de la cual pueda inferirse automáticamente la existencia del perjuicio moral, le competía al actor arrimar al proceso las pruebas necesarias para demostrar los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión referida en la demanda, lo que no se acreditó y por ello se confirma la providencia recurrida.

Por último, en relación con el perjuicio fisiológico, estimó que a pesar de que existía un dictamen que determinó la pérdida de capacidad laboral, no había otra prueba que permitiera inferir la afectación de las condiciones de vida del actor que permitieran dar por probados los perjuicios, por lo que confirmaría la decisión del Juzgado en este aspecto.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandado, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada,

[…] en cuanto que, al confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, condenó al demandado a pagar los conceptos mencionados en los numerales tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo del citado fallo de primera instancia.

Una vez constituida la Honorable Corte en sede de instancia, aspiro a que revoque los numerales tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo del fallo proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 29 de agosto del 2011 y disponga la absolución del demandado de todas las pretensiones de la demanda, condenando en costas a la parte actora y declarando probadas las excepciones propuestas.

De manera subsidiaria requirió que la Sala,

[…] CASE PARCIALMENTE la Sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Descongestión Laboral, en cuanto que, al confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, condenó al demandado a pagar las indemnizaciones moratorias a que se refieren los numerales quinto y sexto del citado fallo de primera instancia, así como las costas del proceso, en los términos a que se refiere el punto octavo de la sentencia mencionada.

Una vez constituida la Honorable Corte en sede de instancia, aspiro a que revoque los numerales quinto, sexto y octavo del fallo proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 29 de Agosto del 2011 y disponga la absolución del demandado de indemnizaciones moratorias, así como de la condena en costas, declarando probada la excepción de buena fe, propuesta por el demandado.

Con tal propósito formuló dos cargos por la vía indirecta, los cuales tras haber sido oportunamente replicados, pasan a ser estudiados por la Corte de acuerdo con los términos en que fueron presentados y dentro de las competencias que otorga este recurso extraordinario.

PRIMER CARGO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos,

[...] 32; 57, numeral 7°; 65, modificado por el artículo 29 de la Ley 789/02;186; 192; 249 y 306 del CST; 1° y 2° de la Ley 52 de 1975; 99 de la Ley 50/90; 18 de la Ley 100 de 1993 y 7° de la Ley 776 de 2002; con causa en la infracción directa del artículo 53 de la Constitución Política y en la interpretación errónea a (sic) del artículo 177 CPC, aplicable al procedimiento laboral por virtud de la remisión analógica contenida en el artículo 145 CPT y SS, como violación de medio. Lo anterior, en relación con los artículos 27; 127, modificado por el artículo 14 de la Ley 50/90 y 128, modificado por el artículo 15 de la Ley 50/90, del CST; 17 de la Ley 100 de 1993, en la versión aplicable para la fecha de los hechos materia del proceso, con las modificaciones introducidas por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003 y 61 del CPT y SS.

Como errores de hecho señaló:

No dar por demostrado, estándolo, que el demandante, por razón del cargo que desempeñaba era representante del empleador.

No dar por demostrado, estándolo, que el salario devengado por el demandante durante el año 2009 fue de $1.000.000.

No dar por demostrado, estándolo, que el salario devengado por el demandante durante el año 2008 fue de $800.000.

Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante durante los años 2008 y 2009 devengó un salario de $2.000.000.

Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante efectivamente recibía una bonificación fija mensual, adicional al salario devengado por el actor, durante los años 2008 y 2009.

Como pruebas no apreciadas destacó:

Escrito de contestación de la demanda, como pieza procesal, especialmente, la respuesta al hecho I- primero de la demanda (folio 98).

Planilla expedida por Caja de Compensación Familiar COMFENALCO (folio 127).

Certificados de liquidación de prestaciones económicas por concepto de aportes de salud, expedido por SALUDCOOP EPS, del mes 12 de año 2008 obrantes a folios 140, 142, 143, 147, 148, 151 y 152.

Liquidación final de prestaciones sociales por terminación de contrato, obrante a folio 241.

Liquidación final de prestaciones sociales por terminación de contrato, obrante a folio 242.

Liquidación final de prestaciones sociales por terminación de contrato, obrante a folio 247.

Carta de renuncia del demandante, fecha 26 de enero de 2010, (folio 246).

Contrato de trabajo a término indefinido de agosto 10 de 2002, (folio 278).

Contrato de trabajo a término fijo inferior de un año de fecha enero 2 de 2008 (folios 274 a 277).

Como pruebas erróneamente apreciadas:

Escrito de la demanda, como pieza procesal (folios 2 a 18).

Escrito de apelación, presentado por el apoderado del demandado, como pieza procesal (folios 470 a 476).

Documento que contiene los alegatos de conclusión presentados por el apoderado de la parte demandada, obrante a folios 500 a 505 del expediente.

Certificaciones de servicios obrantes a folios 19 y 20.

Novedades reportadas por ARL SURA (folios 26 y 27).

Reporte del estado de cuenta del demandante, como afiliado a PROTECCIÓN S.A. Fondo de Pensiones Obligatorias obrante a folios 31 y 32.

Comunicación de la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER del 17 de diciembre de 2009 (folio 34).

Planillas de pago de nómina obrantes a folios 158, 159, 167, 170, 172 a 182, 197 a 203, 205, 207 a 214.

Inició la demostración del cargo recordando algunas conclusiones del Tribunal, sobre las cuales comentó que las certificaciones de folios 19 y 20 no fueron tachadas de falsas ni se les restó valor probatorio y con ello se podía concluir que el salario del demandante, para los años 2008 y 2009 era de $2.000.000.

Afirmó que «El yerro protuberante por parte del Ad Quem, que lo condujo a no considerar que el salario del demandante para los años 2008 y 2009 no era la suma de $2’000.000 y que, por lo tanto, no le permitió establecer que no había lugar a las condenas impuestas, se observa en la deficiencia de análisis probatorio». Seguidamente, manifestó que el Tribunal apreció erróneamente las planillas de pago de nómina obrantes a folios 58, 59, 167, 170, 72 a 82, 197 a 203, 205 y 207 a 214 del expediente.

Explicó que ello sucedió en razón a que omitió considerar que dichas planillas correspondían al registro del pago de nómina y que constituían un comprobante de orden laboral que acreditaba el pago del salario. Comentó que dicha deficiencia no le permitió al Tribunal observar que en tales documentos se encontraba establecido que «[…] el señor Ballén Russy acredita con su firma, de manera reiterada, ser el Administrador del establecimiento de comercio del demandado y, en su calidad de tal, recibir el salario que en tales comprobantes nómina aparece».

Insistió que en tales documentos se podía observar, sin inconsistencias, que el salario para el año 2008 era de $800.000 y para el 2009 de $1.000.000. Indicó que tal situación se encontraba confirmada en los documentos no apreciados por el Tribunal.

Mencionó que, el salario devengado en el 2008 se encontraba acreditado en,

Los certificados de liquidación de prestaciones económicas por concepto de prestaciones económicas por concepto de aportes de salud, expedidos por SALUDCOOP EPS, obrantes a folios 140, 142, 143, 147, 148, 151 y 152.

La liquidación final de prestaciones sociales por terminación de contrato, obrante a folio 242.

En cuanto al salario devengado en el 2009, manifestó que también estaba acreditado en,

La planilla expedida por Caja de Compensación Familiar COMFENALCO (folio 127).

La liquidación final de prestaciones sociales por terminación de contrato, obrante a folio 247.

Lo anterior, también aparece acreditado de manera suficiente y reiterada, en los siguientes documentos que el Tribual apreció erróneamente:

Novedades reportadas por ARL SURA (folios 26 y 27).

Reporte del estado de cuenta del demandante, como afiliado a PROTECCIÓN S.A. Fondo de Pensiones Obligatorias, obrante a folios 31 y 32.

Comunicación de la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO –SANTANDER del 17 de diciembre de 2009 (folio 34).

Afirmó que la errónea apreciación de las certificaciones de folios 19 y 20 se relacionaba con la indebida lectura del escrito de la demanda, la apelación presentada por la parte demandada y el documento que contenía los alegatos de conclusión presentado por el demandado. Sostuvo que,

Tanto en el escrito de apelación como en el de alegatos de conclusión, presentados por la parte demandada, se afirma que las certificaciones obrantes a folios 19 y 20, no corresponden a la realidad, en la medida en que el salario real del demandante lo fue para el año 2008 de $800.000 y para el año 2009, de $1’000.000.

Esta negación indefinida, al tenor del artículo 177 del CPC, aplicable al procedimiento laboral por virtud de la remisión analógica contenida en el artículo 145 CPT y SS, traslada la carga de la prueba a la parte contra quien se opone, es decir, en este caso, a la parte demandante y en este sentido, la errónea interpretación de esta norma procesal, en comparación con la abundante prueba documental que demostraba lo contrario, no le permitió al Ad Quem observar que en parte alguna del expediente aparece documento, llámese acuerdo y/o comprobante de pago, en los cuales apareciere que el demandante hubiera acordado o le hubiera sido reconocido un salario superior a $800.000, para el año 2008 y de $1’000.000, para el año 2009, mediante el reconocimiento de una “Bonificación fija mensual”.

Igualmente consideró que el escrito de la demanda fue apreciado indebidamente, puesto que, si hubiera atendido a lo explicado en el numeral 1, habría observado que no había pretensión alguna que se refiriera a una deuda por concepto de bonificación por la suma de $1.000.000 adicional a los valores salariales mencionados y sobre la cual se adeudara algún valor.

En este sentido, anotó que el Tribunal tampoco se percató que la certificación visible a folio 19 acreditaba una bonificación fija mensual por un valor de $1.200.000 para el 2008 «[…] con tal que se “redondee” el ingreso total de $2.000.000, para contra todo pronóstico, con relación al año siguiente, certificarse en el documento obrante a folio 20 que tal bonificación disminuyó en $200.000, con tal de que se redondeara el ingreso total que allí aparece, en la suma de $2.000.000».

Posteriormente añadió que no se estudió, en contraste con las planillas de nómina, que en dichas certificaciones aparecía que,

[…] los pagos de ese total espúreo (sic), se hacían quincenales: ¿Si la suma de $1’000.000 que dicen los citados certificados debía pagarse quincenalmente como bonificación, no aparece en las nóminas de pago salarial, de dónde obtiene el Tribunal que tal bonificación, cuyo pago no acreditó la parte actora ni manifestó deuda alguna al respecto, era una suma de naturaleza salarial?

Inclusive, las mismas certificaciones de folios 19 y 20, ratifican que lo que el demandante recibía como salario era la suma de $800.000, para el 2008 y $1’000.000, para el año 2009.

Estimó que si el Tribunal hubiera considerado toda la prueba antes mencionada en los términos estimados, habría concluido que para el año 2008 el salario fue $800.000 y para el 2009 de $1.000.000, y con base en ello hubiera absuelto al demandado de la reliquidación solicitada y de las demás condenas que en relación impuso.

A su parecer, los errores antes mencionados condujeron al Tribunal a aplicar indebidamente las normas que se describían en la proposición jurídica, pues estas debieron aplicarse para absolverlo.

Concluyó que,

La evidencia del error del Tribunal, antes demostrada, constituye sustento suficiente, como lo ha enseñado esa Honorable Corte, para no invocar en este caso la facultad prevista en el artículo 61 CPT y SS, dado que la libre formación del convencimiento, no puede desestimar ni los principios que informan la crítica de la prueba ni las circunstancias relevantes del pleito; máxime en casos como éste en el que más de 50 documentos e, inclusive, las mismas certificaciones en las que el Tribunal sustenta su juicio, contradicen la conclusión a la que llegó el Ad Quem y que le sirvió de sustento para confirmar la sentencia condenatoria de primera instancia.

Por lo mismo, carece de razón la afirmación del Tribunal según la cual, la parte demandada no gestionó ninguna acción tendiente a restarle valor probatorio a las mentadas certificaciones.

RÉPLICAS

El opositor Héctor Ballén manifestó que no podían denunciarse errores en la aplicación de las normas señaladas por el recurrente, pues la decisión de primera instancia se fundó en justas interpretaciones del derecho laboral. Afirmó que la violación de normas sustanciales solo se presentaba como consecuencia de una violación directa, ya que así lo estableció la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL, 10 diciembre 1999, radicado 5277. Señaló que,

[…] el recurrente ataca el fallo de segunda instancia utilizando la variable del ataque por vía directa (no debe tener en cuenta aspectos fácticos) y por vía indirecta (actuar aplicando a la norma con sentido tergiversado), sin respetar la técnica y correcta estimación debida para expresar el cargo; por lo tanto la corte no habrá de atender el cargo en este sentido ya que la invocación del mismo está enfocada sobre una valoración subjetiva que no le permite al censor estimar una violación de la norma sustancial dentro del cargo anunciado por cuanto las variables argumentadas no conllevan a fundamentar el cargo pretendido.

Igualmente se encuentran diferencias que no son aceptables para el suscrito opositor porque la presunción que se le infiere a toda sentencia es que ésta es la máxima exposición de la justicia a través de los diversos estudios, que se hacen posterior a haberse realizado todo un debate procesal que se debió ver reflejado en la decisión de su justo Juez; está actuación siempre está amparada con la presunción de acierto del fallador, para brindar a los asociados la debida seguridad jurídica que se merecen las decisiones judiciales

[…]

Por el contrario, la actuación de la parte pasiva del proceso objeto de casación, fue más relegada a buscar tecnicismos que invalidaran la correcta actuación del fallador, pretendiendo evitar la protección de los derechos fundamentales y laborales que cobijan las pretensiones de mi representado.

Sostuvo que en casación solo podía atacarse una sentencia por ambas vías, en los casos en que se formularan cargos por separado. Posteriormente, resaltó que durante el debate el recurrente no planteó la discusión acerca de que el trabajador era representante del empleador, y por lo mismo no podía hacer parte del recurso pues «[…] la parte pasiva jamás hizo alusión alguna en la contestación de la demanda y posterior respecto de acusar prevalencia en dicha necesidad futura».

Aseguró que en ambas instancias acertaron al determinar la base salarial, pues con el material probatorio se demostró la realidad salarial devengada, entre los documentos estudiados se tuvieron en cuenta unos certificados laborales expedidos por el empleador y los cuales no fueron desvirtuados por lo que lo comprometían.

En cuanto a las pruebas no apreciadas, manifestó que en primera instancia sí se tuvo en cuenta tanto la demanda, como la contestación y las demás actuaciones, situación que se podía verificar en la fijación del litigio.

Señaló que,

Los documentos arrimados por la parte pasiva como prueba documental denominados planilla de Comfenalco, liquidaciones laborales, liquidaciones de prestaciones sociales y carta de renuncia del trabajador si fueron apreciados por el despacho del A quo y posteriormente ratificados por el tribunal, tanto así que los ha mencionado incluso en la parte motiva de su fallo y los tiene en cuenta para determinar sobre qué montos se deben prestaciones sociales y acreencias laborales, tanto así que sirven para justificar la responsabilidad de la llamada en garantía; entonces no es aceptable que se relacionen como pruebas no apreciadas por el fallador, cuando el A quo hizo su mejor esfuerzo para dar el suficiente valor y apreciación a cada una de las probanzas en la medida de sus virtudes; y por su parte el Ad Quem, no le restó credibilidad a ninguna de las actuaciones ya que también impartió la apreciación correspondiente.

Respecto de las pruebas erróneamente apreciadas consideró que «[…] se obró con diligencia y se hizo uso de la norma laboral, constitucional y procesal para garantizar el cumplimiento de los derechos adquiridos por un trabajador que además de haber prestado sus servicios sin queja alguna, también fue víctima de un desafortunado accidente de trabajo que terminó por convertirlo en una persona discapacitada […]».

Anotó que,

[…] las pruebas referidas como erróneamente apreciadas para la demostración del cargo, no están llamadas a ser nuevamente valoradas porque éstas fueron adecuadamente valoradas por los jueces de primera y segunda instancia, tanto así que el tribunal apreció el contenido de cada una y empoderó su valor desde la perspectiva de la sana crítica y la común valoración de las pruebas en general, enalteciendo aquellas documentales y testimoniales que tenían más contenido de verdad y que le brindaron al juez el convencimiento necesario para su credibilidad y razonabilidad al momento de fallar. No puede predicarse un yerro en la apreciación de la prueba cuando su legalidad no fue desvirtuada y no puede el recurrente pretender hoy que se le crea el argumento que en su oportunidad expuso, pero no probó y que en este estadio renueva para confundir la verdad procesal con un argumento ya desestimado por dos instancias judiciales.

Por su parte, la llamada en garantía en su escrito de oposición sostuvo que no existían argumentos para que se le vinculara en lo referente a las pretensiones que buscaban una indemnización, pues estas carecían de vocación ya que las pólizas suscritas no cobijaban los hechos reclamados ni las condenas a las que pudiera haber lugar.

CONSIDERACIONES

La censura propuso como problema jurídico establecer si el Tribunal se equivocó al considerar que el verdadero salario devengado por el demandante ascendió a una suma que no se reflejó en la tasación de sus acreencias laborales. Para ello acusó de no valoradas y mal apreciadas el compendio de pruebas que daban fe del pago periódico del salario y la liquidación de las prestaciones sociales durante la vigencia de la relación de trabajo, todo lo cual, dijo, tenía el mérito de sobreponerse a las certificaciones que escogió el juez de segunda instancia para formar su convencimiento y optar por la decisión proferida.

Lo primero que advierte la Corte sobre el particular es que, precisamente, el objeto del juicio mismo giró en torno a establecer cuál era el salario real del trabajador y las consecuencias económicas que se derivaban de la probanza de un ingreso mayor a aquel con el que fueron liquidados sus créditos laborales, de modo que la discusión en la sede extraordinaria que propone la censura, en tanto insiste en ponderar unas pruebas por encima de otras, transforma el recurso en un alegato de instancia.

En efecto, la tesis de la censura, principalmente, se concreta en acusar al Tribunal de equivocarse cuando reconoció que durante la relación de trabajo el empleador liquidó los derechos derivados de esta con un salario inferior al que el mismo empresario certificó en sendos documentos.

El recurrente, entonces, reprochó que de todas las pruebas que se tuvieron para decidir, escogiera el Tribunal precisamente la vía que le daba la razón al actor. Fue por ello que acompañó los cargos elevados de todos los documentos en los que se reflejaba el actuar del empleador bajo la convicción de haber pactado un salario inferior al denunciado por el demandante.

Así se deduce tanto de los documentos que reflejan la liquidación de prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social, como de aquellos que demuestran la liquidación de prestaciones sociales y las planillas de pago de nómina.

Luego, lo dicho no supone nada novedoso en la sede extraordinaria y, sobretodo, no conduce a demostrar la existencia de un error protuberante de hecho como es deber del casacionista, el cual, valga decir, ha precisado la Sala que «[…] se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida» (CSJ SL416-2018; CSJ SL 6043, 11 febrero 1994).

Ahora bien, en nada cambiarían las consideraciones de la Corte si lo que estuviera en discusión fuera la incidencia salarial o no que tenían las incontrovertidas bonificaciones que el demandante recibía por parte del empleador, en la medida en que no fue ello motivo fundante de la decisión por parte del Tribunal.

Y, en todo caso, ya la Sala de tiempo atrás ha sentado que aun cuando existe un pacto que no atribuye carácter salarial a un pago, que no tiene un fin específico y que se reconoce con habitualidad, puede entenderse como retributivo del servicio a falta de cualquier medio para desvirtuar su condición salarial (CSJ SL3266-2018; CSJ SL8216-2016; CSJ SL13707-2016; CSJ SL8216-2016; CSJ SL13707-2016).

Ahora bien, debe insistir la Sala en que, a la luz del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios del trabajo los juzgadores pueden formar libremente su convencimiento «[…] inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes» (CSJ SL15058-2017). Sobre el particular la Sala, en sentencia CSJ SL, 5 noviembre 1998, radicado 11111, reiterada en la sentencia CSJ SL4514-2017, señaló:

Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho.

Así las cosas, son los juzgadores de instancia los encargados de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley y la facultad otorgada por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de apreciar libremente las pruebas, hace que resulte inmodificable la valoración realizada por el Tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso (CSJ SL12299-2017).

La Corte por su parte, en tanto actúa como tribunal de casación y atendiendo la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, tiene el deber legal de considerar, que el juez de segundo grado cumplió con esa función y, por tanto, acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción demostrando el error protuberante que anunció en la acusación.

De esta forma, la Corte observa que el Tribunal construyó una decisión que estuvo ajustada a derecho con base en los elementos de convicción que fueron llevados a su conocimiento, lo que está amparado por el principio constitucional de la autonomía judicial y aunque toda desviación en la administración de justicia es reprochable, mientras no exista un error protuberante en la decisión, no resulta próspero el ataque en casación.

De lo dicho anteriormente se tiene que, ningún error de hecho de los endilgados por la censura, se advierte cometido por el Tribunal, cuya ocurrencia notoria, protuberante y manifiesta debía ser comprobada por la impugnante a cabalidad (CSJ SL4032-2017; CSJ SL5988-2016; CSJ SL18164-2016, CSJ SL, 11 febrero 1994, radicado 6043). Ciertamente, el salario que reconoció el Tribunal como devengado por el trabajador estuvo compuesto por la suma que de forma efectiva fue imputada a su actividad personal originalmente, así como por aquella sobreviniente con la que fue remunerado pero y que, contrario a lo sostenido por la censura, sí retribuyó su servicio, de modo que era, como se dijo, constitutiva de salario e impactaba la liquidación de sus acreencias laborales.

Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

SEGUNDO CARGO

Acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta,

[…] en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 65 CST y 99, numeral 3° de la ley 50 de 1990, con causa en la infracción directa del artículo 32 CST. Lo anterior, en relación con los artículos 1°, 18, y 58 del C.S.T., 1603 del Código Civil, 174 y 177 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y los artículos 22, 23 y 24 (Art. 200 C. de Co) de la Ley 222 de 1995, debido a los errores evidentes de hecho en los que incurrió el Tribunal por errónea apreciación de unas pruebas.

Como errores de hecho enunció:

No dar por demostrado, estándolo, que el demandante, por razón de su cargo de Administrador era representante del empleador.

No dar por demostrado, estándolo, que la condena impuesta al demandado no tiene causa en actitud fraudulenta o torticera del empleador sino en una compleja valoración jurídica, es decir, que existen razones atendibles para inferir la buena fe patronal.

Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandado obró de mala fe.

No dar por demostrado, estándolo, que durante la vigencia del contrato de trabajo y, al término del mismo, el demandante no expresó inconformidad o reparo alguno.

No dar por demostrado, estándolo, que el demandante aduce su propia negligencia administrativa para sustentar una presunta mala fe patronal, que solamente tiene causa en dicha negligencia, alegando así la propia culpa.

Como pruebas no apreciadas mencionó,

(sic) Carta de renuncia del demandante, fecha 26 de enero de 2010, (folio 246).

Como pruebas erróneamente apreciadas enlistó,

Escrito de la demanda, como pieza procesal (folios 2 a 18).

Escrito de contestación de la demanda, como pieza procesal (folios 97 a 123).

Escrito de apelación, presentado por el apoderado del demandado, como pieza procesal (folios 470 a 476).

Documento que contiene los alegatos de conclusión presentados por el apoderado de la parte demandada, obrante a folios 500 a 505 del expediente.

Certificaciones de servicios obrantes a folios 19 y 20.

Planillas de pago de nómina obrantes a folios 158, 159, 167, 172 a 182, 197 a 203, 205, 207 a 214.

Inició la demostración del cargo afirmando que la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no era de aplicación automática. Explicó que no había lugar al pago de tal concepto cuando existían razones que permitieran establecer que la actuación de la parte empleadora no fue fraudulenta y que se habían presentado circunstancias que permitieran concluir que la falta del pago de prestaciones sociales estaba justificada de manera suficiente.

Insistió en que, para aplicar el mencionado artículo, el juzgador de instancia debía evaluar todas las circunstancias que le permitieran establecer los motivos de la actuación de la parte empleadora para no haber cancelado en su totalidad los salarios y prestaciones correspondientes al término del contrato de trabajo.

Afirmó que el Tribunal erró al confirmar la sentencia del Juzgado, debido a que apreció erróneamente el escrito de la demanda, el de la contestación y las planillas de pago de nómina, pues no se percató que tales pruebas indicaban que el cargo del actor para los años 2008 y 2009 fue el de «administrador», y que, al suscribir las planillas en cuestión,

[…] en ningún momento objetó o hizo algún reparo en relación con el pago que estaba recibiendo. En este sentido, adquieren particular importancia las constancias de pago de la prima de servicios contenidas en los folios 158 y 159, pues la liquidación que allí se formula es recibida por el Administrador sin observación alguna.

Aprecia erróneamente el Tribunal la certificación de servicios obrantes a folios 19 y 20, en la medida en que tales certificaciones establecen que el salario del actor es de $800.000 para el 2008 y de $1’000.000, para el 2009; sin que la bonificación a la que allí se hace mención, aparezca como un pago de naturaleza salarial.

Si el Tribunal hubiera apreciado correctamente esta documental, habría concluido que existía una razón atendible para inferir que el empleador considerara que la bonificación a que dichas certificaciones aluden no debía incluirse en la base para liquidar prestaciones sociales al actor; máxime si se tiene en consideración que éste, siendo el Administrador, no expresaba inconformidad alguna.

Igualmente, aseguró que el Tribunal no apreció la carta de renuncia pues de haberlo hecho en debida forma, sus consideraciones habrían apuntado a que el actor no tenía objeción alguna respecto de la forma en que se había liquidado el auxilio de cesantías, los intereses sobre las mismas y la prima de servicios, en los años 2008 y 2009.

Consideró que las deficiencias en el análisis probatorio previamente mencionadas condujeron a incurrir en los errores de hecho denunciados, en la medida en que no le permitieron observar que «[…] si el demandante era el Administrador, tenía, por virtud de lo previsto en el artículo 32 CST la condición de representante del empleador y, por lo mismo, de velar por el cumplimiento de la ley e informar a su inmediato superior cualquier irregularidad observada».

Agregó que el demandante al no poner de presente cualquier inconformidad frente a la liquidación incurrió en mala fe, «[…] que resalta aún más la buena fe del empleador y pone de presente el hecho jurídicamente inaceptable de haber dado el Tribunal la razón para condenar a indemnización moratoria a la parte demandada sobre la base de la propia culpa de la parte demandante».

Seguidamente, sumó que el Tribunal no atendió lo establecido en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues dejó de lado circunstancias relevantes del proceso y desestimó, sin razón alguna, las pruebas antes referidas y confirmando una condena sin señalar los motivos, incurriendo así en la violación de la finalidad prevista en el artículo 1° del Código Sustantivo del Trabajo, junto con el 18 de la misma norma.

RÉPLICA

El demandante como opositor sobre el segundo cargo manifestó que la argumentación presentada por el recurrente se encontraba desviada del criterio judicial y que el valor que le pretendía atribuir a las pruebas estaba basado en un criterio subjetivo. Por ello, y en razón a que se podían apreciar falencias de orden técnico, consideró que las pretensiones del recurso debían ser desestimadas.

CONSIDERACIONES

Planteó el recurrente que el Tribunal se equivocó al asignarle una mala fe al empleador demandado para aplicarle las consecuencias previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en contravía de lo demostrado en juicio.

Sobre el particular, comienza la Sala por recordar que ya tiene dicho esta Corporación con antelación que las condenas por las indemnizaciones derivadas de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no son automáticas y para su aplicación el juez debe analizar si la conducta del demandado permite comprobar que su actuación fue de buena fe y ajena a la intención de causar daño al trabajador (CSJ SL6621-2017; CSJ SL8216-2016; CSJ SL13050-2017; CSJ SL13050-2017; CSJ SL13442-2017 y CSJ STL10313-2017).

También de tiempo atrás (CSJ SL21922-2017, CSJ SL662-2013, CSJ SL21682-2017, CSJ SL14152-2017 y SL10414-2016), la Corte ha sentado que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmación del demandado de creer estar actuando conforme a derecho, pues, en todo caso, es indispensable la verificación de «[…] otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado; vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción» (CSJ SL9641-2014).

Sin embargo, ello no supone por el contrario, que exista una suerte de presunción de la mala fe del empleador, lo que resulta por completo contrario a los postulados del artículo 83 de la Constitución Política.

Con base en el expediente, advierte la Sala que la actitud del empleador demandado no está revestida del talante displicente con los derechos laborales causados a favor del trabajador en virtud de la prestación de su servicio personal, comoquiera que no solo pagó –aunque deficitariamente- las acreencias laborales oportunamente según el salario que creyó haber convenido con el trabajador, sino, además dado que las incontrovertidas funciones y responsabilidades del trabajador como «administrador», le imponían obligaciones dentro del contrato de trabajo tendientes a corregir o prevenir los desaciertos del empleador que él mismo representaba.

El silencio del trabajador calificado, representante del empleador y de confianza para el giro ordinario del negocio, aunque no enerva el derecho que tiene al reajuste de sus acreencias laborales cuando hayan sido pagadas deficitariamente, no puede al mismo tiempo ser atributo de mala fe al empleador frente al cual tenía la responsabilidad de evitar situaciones que le generaran perjuicios, incluso, respecto de sí mismo. Lo dicho, entonces, hace que la Sala no encuentre en la pasiva la mala fe que impone para la materialización de las sanciones señaladas.

El cargo elevado, entonces, prospera en los términos anotados.

Sin costas en el recurso extraordinario comoquiera que prosperó la acusación.

SENTENCIA DE INSTANCIA

Las mismas consideraciones que sirvieron de base para casar la sentencia impugnada en el límite de lo expuesto, son procedentes para revocar la sentencia del Juzgado en lo que corresponde a absolver al demandado de la sanción prevista en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Las costas seguirán a cargo de la parte vencida en juicio.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. dentro del proceso adelantado por HÉCTOR MANUEL BALLÉN RUSSY en contra de CARLOS ALFREDO MURCIA VANEGAS, trámite al que fue vinculada en calidad de llamada en garantía la sociedad COMPAÑÍA DE SEGUROS SURAMERICANA S.A.; en cuanto condenó al demandado al pago de las sanción prevista en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

No la casa en lo demás.

En sede de instancia, la Sala resuelve REVOCAR los numerales quinto y sexto de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga el 29 de agosto de 2011, para en su lugar ABSOLVER al demandado de la sanción prevista en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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