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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4300-2021

Pensión de sobrevivientes

Fecha
25 de agosto de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
33 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4300-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿La madre dependía económicamente de su hijo afiliado pese a sus propios ingresos, ayudas de terceros y a que él dejó de trabajar antes de morir?

  2. ¿Procedían intereses moratorios por el pago tardío de la pensión?

Reglas

  1. La dependencia económica de los padres no debe ser total y absoluta ni exige indigencia.

    «la dependencia económica que es exigida a los padres para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad»
  2. Los ingresos propios u otras rentas no excluyen la dependencia si no hacen autosuficiente al padre y persiste subordinación material al aporte del hijo.

    «los mismos no les permiten una autosuficiencia»
  3. La ayuda del hijo configura dependencia cuando es imprescindible para gastos ordinarios y su falta altera sustancialmente las condiciones de subsistencia; debe distinguirse de la solidaridad familiar.

    «los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial en las condiciones de su subsistencia»
  4. La ayuda de terceros o familiares no desplaza por sí misma la dependencia económica respecto del hijo fallecido.

    «la ayuda de terceros, en este caso no desplaza la dependencia del hijo»
  5. Los intereses del artículo 141 de la Ley 100 son resarcitorios y proceden por mora, con salvedades jurisprudenciales por razones atendibles reconocidas en el ordenamiento.

    «los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales»
  6. La mora en el pago parcial o incompleto de una pensión también causa intereses sobre el saldo debido, no sobre la mesada total.

    «los intereses moratorios sobre saldos o reajustes de la pensión deben liquidarse respecto de las sumas debidas y no pagadas»

Decisión

La Corte no casó la sentencia que reconoció la pensión de sobrevivientes y los intereses moratorios a la madre del afiliado fallecido.

Parte resolutiva

XII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 25 de octubre de 2019, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALTAGRACIA MENDOZA contra ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. Costas como se dijo.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4300-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

25 de agosto de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL4300-2021

Radicación n.° 87641

Acta 32

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 25 de octubre de 2019, en el proceso que instauró ALTAGRACIA MENDOZA contra la recurrente.

I. ANTECEDENTES

Altagracia Mendoza llamó a juicio a la sociedad ING Pensiones y Cesantías, hoy Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., con el fin de que fuera condenada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes como consecuencia del fallecimiento de su hijo Luis Aderito Porras Mendoza el 25 de junio de 2014, el retroactivo pensional, los intereses moratorios, los demás valores que se logren demostrar en el proceso, las costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 17 de noviembre de 1945, por lo que cuenta con 71 años de edad; que su hijo, Luis Aderito Porras Mendoza, murió en Pereira el 25 de junio de 2014; que reclamó la pensión de sobrevivientes ante la entidad demandada, el 23 de julio de 2014, la cual se le negó mediante comunicación del 7 de octubre de 2015, con el argumento de que no dependía económicamente del afiliado. Al momento de su fallecimiento, el mencionado tenía 432,28 semanas cotizadas, de las cuales 99,91 lo fueron en los últimos tres años anteriores a su deceso, suficientes para acceder a la prestación que reclama.

Aseveró que a raíz de la muerte de su hijo debió arrimarse en la casa de su nieta, otros días en donde su hija y, finalmente, rentó una pieza en una casa de familia; que recibe apoyo de familiares y amigos para el pago del canon correspondiente y que su salario no le alcanzaba para su sostenimiento. Que su filial siempre vivió con ella, era soltero, no tuvo hijos y asumía los gastos de su manutención debido al abandono de su padre desde hacía 31 años.

La demandada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, admitió los hechos relativos a la reclamación, así como la respuesta a ésta y, en su defensa, formuló las excepciones de ausencia del requisito de dependencia económica para acceder a la pensión de sobrevivientes, inexistencia de la obligación, cumplimiento de las obligaciones a cargo de la administradora demandada, compensación, prescripción y la que denominó innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, al que correspondió el trámite de primera instancia, mediante fallo del 29 de octubre de 2018, condenó a Protección S.A. a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la actora, a partir del 26 de junio de 2014, en cuantía equivalente al salario mínimo legal correspondiente a cada anualidad, cuyo retroactivo a la fecha de la sentencia ascendía a $39.135.476. También condenó a la mencionada AFP a cancelar el valor de los intereses moratorios causados a partir del 23 de noviembre de 2014, declaró no probadas las excepciones y le impuso costas a la vencida en juicio.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 25 de octubre de 2019, en razón al recurso de apelación interpuesto por Protección S.A., resolvió declarar prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 28 de julio de 2014 y confirmó la sentencia de primer grado en todo lo demás e impuso costas a la demandada.

En lo que interesa al recurso extraordinario el Tribunal, concretamente, respecto al concepto de dependencia económica, tuvo como fundamento de su decisión la jurisprudencia de esta Corte y de esa Corporación, entre otras providencias, se remitió a la decisión CSJ SL14923-2014, para dejar por sentado que si bien, la dependencia económica de los padres no debe ser total y absoluta, existían unos requisitos para que: i) se entendiera que era cierta y no presunta; ii) el soporte económico fuera regular y periódica, y iii) tales contribuciones tuvieran la connotación de significativas con respecto al total de ingresos de los beneficiarios.

Posteriormente, se remitió a la sentencia CSJ SL, 21 abr. de 2009, rad. 35351 que, en un caso de pensión de sobrevivientes, dispuso que corresponde a los reclamantes acreditar en juicio que eran dependientes económicamente del causante y a las administradoras demostrar que dicha dependencia no era relevante para la subsistencia de quienes demandan; a su vez, se remitió a jurisprudencia constitucional sobre la materia CC C-070-1993, CC T-190-04 y CC T-680-2007.

Señaló que la AFP tenía la carga de demostrar que, al momento del fallecimiento del hijo, la accionante contaba con ingresos suficientes para mantener una vida en condiciones dignas o una congrua subsistencia, al tiempo que a esta última le correspondía demostrar que la ayuda que recibía del fallecido era regular, periódica y significativa.

Estimó que la parte actora reconoció que al momento del fallecimiento de su hijo llevaba seis meses desempleado, pero que no por ello dejó de ayudarle económicamente, pues vendió varias pertenencias para pagar el arriendo; además, que una expatrona de él, en solidaridad por su enfermedad, les daba un mercado mensual de alrededor de $200.000.

Concluyó que no hubo confesión de la demandante de la interrupción de la ayuda económica de su hijo sino que, por el contrario, lo que adujo fue que incluso en la enfermedad su hijo no dejó de ayudarla con los gastos del arrendamiento al vender varias de sus cosas para solventar dicha obligación, así como, con el mercado que recibía como auxilio de su empleadora, lo cual encontraba respaldo en el material probatorio incorporado, tales como, la declaración extrajuicio de Soraya Nader Chufy, quien adujo que conoció al afiliado fallecido desde el año 2011, era vigilante del conjunto residencial en el que vivía y que, desde el año 2014, al enterarse del diagnóstico de la enfermedad de leucemia que padecía el señor Porras, procedió, junto con amigos y familiares, a entregarle mercado y una ayuda económica mensual, que en ocasiones le recibía la demandante directamente.

También se remitió a la declaración de la señora Amanda de Jesús Hernández, quien aseveró que arrendó un inmueble al afiliado fallecido por lo que le pagaba el correspondiente canon por la suma mensual de $240.000, y le entregaba los recibos correspondientes.

Con base en lo anterior, concluyó que pese a la situación cesante y calamitosa que aquejaba al afiliado Luis Aderito Porras Mendoza jamás desatendió el sostenimiento económico de su progenitora pues no dejó de pagar el arriendo de la casa con ayuda de la señora Nader Chufy y así, asumió los alimentos de su mamá hasta su muerte.

Agregó que en casos como este en los que la situación de pobreza de la demandante, quien tiene 69 años de edad, un trabajó medio tiempo como aseadora de un edificio, resulta relevante para calificar una ayuda económica como meramente supletoria, pues en ese contexto social cualquier ingreso periódico que se perciba resulta fundamental a la hora de reunir los recursos mínimos para la subsistencia, por lo que concluyó que requería del apoyo de su hijo porque sus propios ingresos no eran suficientes para su manutención o autosuficiencia, lo que se corroboraba, además, con el hecho de que los últimos meses de vida de Luis Aderito Porras Mendoza tuvieron que vivir de la caridad de conocidos y amigos y, ante la muerte de aquél, tuvo que irse del lugar que tenía en arrendamiento con su hijo y solicitarle posada a una hija con la que actualmente vive; lo que llevaba a la sala sentenciadora a confirmar la condena de primer grado.

Referente al pago de los intereses moratorios, indicó que la decisión se sustentó en la misma documental incorporada a la investigación realizada por la demandada y, puso de presente, que los afiliados o sus beneficiarios no tenían por qué soportar las demoras en el trámite de los bonos pensionales, como se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia. En ese contexto, también confirmó la condena al pago de dichos réditos.

No obstante lo anterior, modificó el pago de mesadas para señalar que, aquellas causadas con anterioridad 28 de julio de 2014, sufrían las consecuencias del término extintivo de la prescripción por cuanto solamente se reclamó en esa misma fecha del año 2017.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente con el primer cargo que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, se revoque la decisión de primera instancia y absuelva a la demandada de todas las pretensiones.

Con el segundo cargo aspira a que, luego de casar la sentencia de segunda instancia, se revoque parcialmente el fallo del juzgado en cuanto impuso el pago de los intereses moratorios y, como consecuencia, absuelva a la demandada.

VI. CARGO PRIMERO

Ataca la sentencia recurrida por la vía indirecta, aplicación indebida «de los artículos 46, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003, 47, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, 48, 73, 74, modificado por el 13 de la ley 797 de 2003 77 y 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con el 167 del Código General del Proceso».

Le enrostra al juzgador de segundo grado, haber incurrido en los siguientes errores de hecho:

Dar por demostrado, sin estarlo, que después de que renunció a su trabajo, el causante seguía dando apoyo económico a su madre.

No dar por demostrado, estándolo, que desde el mes de diciembre de 2013 el afiliado fallecido no tenía ingresos propios.

No dar por demostrado, estándolo, que los pagos por concepto de arrendamiento del lugar de residencia de la actora, efectuados por el fallecido en el año 2014, no provenían de los ingresos propios de este, sino de los ingresos de la actora y de la ayuda de otros de sus hijos.

No dar por demostrado, estándolo, que desde el mes de enero del año 2014 la actora subsistía económicamente con sus propios ingresos y con el apoyo económico que les daban terceros, como Soraya Nader Chufy, a ella y a su hijo.

Dar por establecido, sin que lo esté, que con el fallecimiento de su hijo la actora perdió un ingreso que era vital para su subsistencia.

Dar por demostrado, a pesar de que no lo está, que la demandante dependía económicamente de su hijo fallecido Luis Aderito Porras Mendoza.

Como pruebas mal apreciadas relaciona:

1. Recibos de pago de arrendamiento de folios 122 a 125.

2. Testimonios de Amanda de Jesús Hernández y Soraya Nader Chufy. Folio 114.

3. Interrogatorio de parte de la demandante.

Como pruebas dejadas de valorar:

Formato para investigación de dependencia económica, folios 116 a 121.

Confesión de la actora al absolver interrogatorio de parte.

Anota, inicialmente, que no discute los razonamientos jurídicos del sentenciador; puntualiza que discrepa de que se hubiera dado por probada la dependencia económica de la promotora del pleito respecto del afiliado, por cuanto el causante renunció a su trabajo luego de que enfermó y a la fecha de su fallecimiento llevaba más de seis meses sin poder colaborarle a su madre, lo cual se deriva del formato para investigación de dependencia económica suscrito por la actora y que no se apreció, pues de haberlo hecho hubiera advertido el Tribunal que desde diciembre de 2013 el antes citado no trabajaba, por lo que el arriendo se pagaba con recursos de la actora y el mercado les era suministrado por una tercera persona. Añadió que de allí también se deriva que los gastos del hogar eran de $540.000, que eran cubiertos con el salario devengado por la demandante de $340.000 mensuales y la ayuda que les daba la señora Soraya Nader Chufy y otros, por lo que no era necesario el aporte del afiliado.

Con respecto a los recibos de pago de arrendamiento que obran a folios 122 a 125, con los que se acredita que el de cujus solventaba su pago, no demuestra que ello se hacía con recursos propios o con sus ingresos, luego no se podía derivar una subordinación económica.

En relación a la confesión de la promotora del juicio, afirma que el Tribunal no tuvo en cuenta que ella misma dijo que pagaba el arriendo con su propio salario, con lo que le daban sus hijos, incluyendo al causante, pero no dijo que este último pagaba exclusivamente el canon mensual.

Con base en las declaraciones de Soraya Nader Chufy y Amanda Hernández afirmó que podían analizarse en la medida que las pruebas calificadas daban cuenta del error del Colegiado. Respecto al primer testimonio sostiene que la ayuda que entregaba al afiliado, junto con otras personas, permite concluir que este no tenía capacidad de brindar apoyo económico a su progenitora. En cuanto a la declaración de la segunda de las mencionadas, adujo que esta admitió que recibía el pago del arriendo por parte de Luis Aderito Porras, sin que ello signifique que lo hiciera con sus propios recursos, pues bien pudo haber sido encargado para ello, por lo que en este sentido fue mal apreciado por el Juez Plural.

Con relación al informe de beneficiarios del 13 de marzo de 2015, que no tuvo en cuenta el sentenciador de segundo grado, en el que se resume la investigación efectuada para comprobar la dependencia económica de la actora respecto a su hijo, también da cuenta que cuando falleció el afiliado no estaba trabajando por lo que tuvo que gastar sus ahorros, vender la bicicleta, el computador y al final con la ayuda de vecinos y los otros hijos de la solicitante sostenían el hogar, lo que da cuenta de la difícil situación económica que imposibilitaba ayudar al sostenimiento de la demandante.

Concluye: «que la actora estuviere en una situación económicamente precaria para la fecha en que falleció su hijo no puede conducir a concluir [...] que dependiera económicamente del causante, pues una cosa es que una persona carezca de recursos y otra, diferente, que derive su subsistencia de lo que le aporta otra persona que también se encuentre en una difícil situación económica […]». Que en el caso concreto no hay prueba fehaciente de la subordinación económica, lo que deriva en los desaciertos fácticos endilgados al colegiado, que lo llevaron a entender que había dependencia con respecto a su hijo, por lo que la sentencia debe ser gravada.

VII. RÉPLICA

Aduce que el fallador no incurrió en los dislates fácticos que se le endilgan, pues lo cierto es que no podía exigirse que el señor Luis Aderito Porras continuara trabajando luego de su enfermedad catastrófica, que le impedía desempeñar oficio alguno, por lo que debieron recibir la caridad de los vecinos, la venta de varios de sus bienes personales para ayudar al sostenimiento del hogar conformado con su señora madre. Añade que las pruebas recaudadas dan cuenta de la dependencia económica respecto de su hijo y las condiciones precarias de subsistencia causadas por la enfermedad que aquél padeció.

VIII. CONSIDERACIONES

Como se recuerda, el Tribunal fundamentó su decisión en que, en casos como el presente, la dependencia económica que causa el derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de los padres, no debe ser total y absoluta, tal como lo ha señalado la jurisprudencia; que en el asunto concreto se demostró que, aun cuando el afiliado dejó de trabajar seis meses antes de morir debido a la enfermedad catastrófica que padeció, mantuvo un apoyo económico a su progenitora.

La censura radica su inconformidad en que la prueba denunciada no acredita la dependencia económica de la actora con el causante, ya que seis meses antes del fallecimiento dejó de trabajar con motivo de una enfermedad terminal que padeció que, finalmente, lo llevó a la muerte y que las pruebas no dan cuenta de una ayuda diferente a la que recibían de algunos conocidos y del salario que devengaba la promotora del juicio.

Pues bien, esta Corporación aborda el estudio de la acusación de la siguiente manera:

1º) Sobre el alcance de la dependencia económica en tratándose de los padres del causante

Finalidad de la pensión de sobrevivientes

La pensión de sobrevivientes tiene como finalidad menguar las consecuencias económicas que se genera en el núcleo familiar por la intempestiva muerte de uno de sus miembros, afiliado o pensionado al Sistema General de Pensiones, que contribuye de manera sustancial al mantenimiento de dicho grupo familiar; esto con el fin de paliar el cambio abrupto de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados beneficiarios de esta protección por la propia ley de seguridad social.

1.2. Dependencia económica de los padres para ser considerados beneficiarios de una pensión de sobrevivientes

La protección de los padres dependientes ha tenido una evolución desde la creación de la Ley 100 de 1993. Inicialmente el Decreto 1889 de 1994, estableció que existía dependencia económica cuando los ingresos de los padres eran equivalentes a medio salario mínimo, norma declarada nula por el Consejo de Estado por exceder la potestad reglamentaria bajo el entendimiento de que:

El art. 47 de la Ley 100 de 1993 (...) no exige que el beneficiario no tenga ingreso o si los llegare a tener que éstos sean inferior a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual se suspendieron provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la Sala procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad reglamentaria. // Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b, c y d del art. 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos. // La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquéllas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros. // Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el Decreto reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad ésta última que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta.// Las anteriores breves razones llevan a la Sala a concluir que el Decreto acusado, al fijar los alcances del concepto de ‘dependencia económica’ para acceder a la pensión de sobrevivientes, so pretexto de reglamentar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no solo establece unas condiciones no previstas en la norma que reglamenta, sino que limita dicho concepto a situaciones extremas desbordando la potestad reglamentaria e incurriendo en contracción con los principios que orientan el régimen de seguridad social integral en pensiones”[i]. (Subrayado por fuera del texto original).

Posteriormente, con la Ley 797 de 2003, se calificó la dependencia como total y absoluta, la cual también fue expulsada del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional bajo el entendido que la exigencia desconocía los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital, y la dignidad humana. En esa oportunidad dejó sentado dicho Tribunal constitucional:

(…) pues si la finalidad de la pensión de sobrevivientes es suplir la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado, y por ende, evitar que el deceso implique un cambio sustancial en las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios, ello no descarta la posibilidad de que los padres puedan recibir un ingreso adicional fruto de su propio trabajo, de una actividad privada o de una pensión autónoma (v.gr. pensión de vejez o de invalidez), siempre y cuando éstas no los conviertan en autosuficientes económicamente, despareciendo así la subordinación material que da fundamento a la citada prestación.

De otra parte, esta Sala, en nutrida jurisprudencia, ha precisado que la dependencia económica que es exigida a los padres para acreditar la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no implica que los mismos se encuentren en estado de mendicidad, con lo cual pueden contar con recursos propios u otras fuentes de recursos, no obstante, los mismos no les permiten una autosuficiencia (CSJ SL9640–2014, CSJ SL8928–2014, CSJ SL, 24 jul. 2007, rad. 30790, CSJ SL, 11 may. 2004, rad. 22132, CSJ SL, 7 mar. 2005, rad. 24141, CSJ SL, 1 feb. 2006, rad. 26406, CSJ SL, 24 may. 2007, rad. 30348, y CSJ SL, 30 jul. 2007, rad. 31025).

En ese contexto, se entiende que la dependencia económica de los padres no tiene que predicarse de manera total y absoluta respecto de su hijo fallecido; empero, no se puede entenderse que esto habilitó que cualquier ayuda por parte de un hijo se convierte en dependencia económica CSJ SL14539-2016, CSJ SL4103-2016 y CSJ SL16184-2015 y, con ello, deben aplicarse criterios que permiten distinguir entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia real dirigida a que los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores eran de tal entidad que sin ellos tendrían un cambio sustancial en las condiciones de su subsistencia.

1.3 Calificación de la dependencia

El propósito normativo de establecer el requisito de acreditar la dependencia económica contiene un fin válido, dirigido a que la prestación llegue al real beneficiario del hijo fallecido, que no es otro que aquel, que ante la pérdida su hijo, se vea de tal manera abandonado que esto atenta contra su subsistencia.

La dependencia parte de la necesidad de la protección del padre que se encuentra subordinado al ingreso que el hijo le procuraba para salvaguardar sus condiciones de subsistencia, con lo cual la ayuda económica del hijo se torna imprescindible para asumir los gastos ordinarios de los padres, ante la imposibilidad material de los mismos de costearlos para subsistir.

Ha sido claro que la imposibilidad material de los padres de suministrarse para sí mismos su propia subsistencia, no implica, como se señaló, el encontrarse en estado de mendicidad o la carencia total de recursos, por lo que la determinación de esta imposibilidad conlleva un juicio de autosuficiencia, entendida como aquella autonomía de generar fuentes de recursos que permitan la atención de necesidades básicas que permitan su subsistencia.

Como consecuencia de ello, resulta pertinente efectuar la calificación de la dependencia para lo cual, esta Sala ya ha establecido los parámetros que deben seguirse a efectos de establecer la existencia de dependencia económica de un afiliado o pensionado fallecido, partiendo de la premisa de que, si bien, la dependencia no debe ser total y absoluta la entrega de recursos a los familiares no puede ser tenida «como prueba determinante» de la dependencia, CSJ SL14539-2016 y CSJ SL1921-2019. Esto implica que la colaboración económica por parte de un hijo a sus padres no consagra una presunción de dependencia de los padres y, por lo tanto, debe verificarse la magnitud de dicho aporte.

Lo expuesto nos lleva a los criterios que deben ser analizados para calificar la dependencia, también abordado, entre otras, en las sentencias anotadas que reprodujeron la línea de pensamiento fijada en 2014, por esta Sala en la sentencia CSJ SL14923-2014, rad. 47676, y que se recuerdan:

La dependencia económica debe ser:

Cierta y no presunta:

se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres.

Regular y periódica:

de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario.

Significativa, respecto al total de ingresos de beneficiarios:

se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia.

Y, en decisión CSJ SL18980-2017, se reiteró que las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de este; por lo que tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia. En similar sentido pueden consultarse las sentencias CSJ SL529-2020 y CSJ SL704-2021.

En consecuencia, los padres deberán, mediante los medios de convicción, acreditar, además, de i) su imposibilidad de autosuficiencia en la generación de fuentes de ingresos, ii) la sujeción material a los ingresos del hijo fallecido al momento del óbito del mismo.

Así, al momento de estudiarse por parte de las entidades de seguridad social y, el mismo juez, se deberá adelantar la calificación de la dependencia bajo el estudio de los parámetros fijados por esta Corte a efectos de determinar la existencia o no de la misma.

2º Análisis de la plataforma probatoria para verificar si existió dependencia a la luz de la jurisprudencia en precedencia

Formato de investigación de dependencia económica

Dice la sociedad recurrente que el documento de folios 116 a 121, suscrito por la propia demandante, le hubiera permitido concluir al Tribunal que al momento del fallecimiento el afiliado estaba sin trabajo, que hasta el mes de noviembre de 2013 pagaba $240.000 por arriendo, que la actora trabajaba como aseadora por medio tiempo; desde diciembre de ese mismo año, el canon era sufragado por la misma demandante con su propio salario y que la señora Soraya Nader les entregaba mercado, por lo que al momento del óbito Luis Aderito Porras no daba apoyo económico a su mamá.

Lo primero que hay que decir es que la Sala tiene definido que los informes que recogen las investigaciones realizadas por los funcionarios de las administradoras de pensiones, a efectos de determinar la convivencia o la dependencia económica con el fin de discernir la condición de beneficiario de un derecho pensional, se asimilan al testimonio y, en esa medida, no son prueba calificada en casación, salvo que estén suscritos por la demandante como acontece en el asunto bajo escrutinio con el documento referido.

Si bien es cierto el Tribunal no hizo mención expresa al aludido instrumento, lo cierto es que de manera general se remitió a los documentos aportados por la parte demandada, de los cuales derivó que efectivamente la demandante admitió que el afiliado dejó de trabajar meses antes de su fallecimiento, pero que ello no fue óbice para mantener el apoyo económico representado en el pago del arriendo y el mercado que en ocasiones era donado por una antigua empleadora.

En tal sentido lo que realmente se cuestiona, es el entendimiento que dio el colegiado a dicha prueba y que de entrada descarta el error evidente de hecho del sentenciador pues tal desaguisado no se estructura ante la comprensión que se propone en casación, en el sentido de que por el hecho de no estar trabajando al momento del deceso, no era posible que se mantuviera un soporte económico, postura que a todas luces desconoce la posibilidad de obtener ingresos de fuentes diferentes al trabajo subordinado o, la obtención de ingresos por otras actividades diferentes, lo cual ciertamente no se deriva indefectiblemente del medio de convicción, soporte de la acusación.

Recibos de pago de arrendamiento

Con relación a esta prueba obrante en el expediente a folios 122 a 125 y que aportó la misma demandada junto con la investigación realizada, pretende la recurrente desvirtuar su valor de convicción al señalar que el hecho de que en aquellos documentos aparezca que quien efectuó el pago fue Luis Aderito Porras Mendoza, lo cierto es que de ello no se deriva que el dinero fuera propio.

Al revisar la aludida documental no se encuentra nada diferente a lo que observó el Tribunal, esto es, que allí consta que Luis Aderito Porras Mendoza pagaba a la señora Amanda Hernández mensualmente una suma correspondiente al canon de arrendamiento del inmueble que habitaba junto con su progenitora, aspecto que lo corroboró con la declaración de la mencionada en el proceso. Lo que pretende la demandada es hacer prevalecer su propio entendimiento de dichos medios de prueba, esto es, que de ellos no se puede derivar que los dineros con los que se hicieron los pagos provinieran del afiliado o que este fuera únicamente encargado para el efecto o que fuera prueba de la subordinación, pero lo cierto es que ello no constituye un error de hecho evidente.

Confesión de la demandante

Entiende la recurrente que no se tuvo en cuenta la confesión vertida en el proceso por la parte demandante quien al contestar sobre sus gastos, luego de que enfermó el afiliado, señaló: «Cuando él después de que se enfermó, resulta que él tiene una patrona muy buena que había tenido y nunca nos desamparó. Ella siempre nos llevaba el mercadito. Bueno y con lo poquito que yo ganaba por ahí y los hijos me ayudaban, pagábamos las otras cositas, pero él siempre vendió unas cositas y todo para pagar el arriendo ahí entre todos pagábamos el arriendo».

Adujo que el sentenciador erró al considerar que lo anterior no fue una confesión toda vez que «claramente manifestó que el arriendo lo pagaban entre todos, esto es, ella, sus hijos y el causante, de modo que no era este último quien lo pagaba en forma exclusiva, como en forma equivocada lo concluyó el fallador […]», pues de allí se deriva que la demandante no dependía de forma exclusiva del afiliado «con mayor razón si no dijo de cuanto era el aporte surgido de la venta de las cosas que aquel hizo».

De las pruebas calificadas se desprende que la señora Altagracia Mendoza, ciertamente era dependiente económica de su hijo Luis Aderito Porras Mendoza como quiera que su aporte con los gastos de vivienda, alimentación y vestuario, era sustancial para la subsistencia de la accionante y, que si bien desde noviembre de 2013 el mencionado dejó de trabajar con motivo de sus precarias condiciones de salud debido a la enfermedad catastrófica que padeció los últimos días de su vida, mantuvo el soporte económico con sus ahorros e inclusive se vio compelido a la venta de objetos personales; por ende, su aporte dinerario no puede catalogarse como un simple apoyo o una concurrencia en la asunción de gastos del hogar que conformaban, pues la madre estaba supeditada de tal manera al ingreso periódico suministrado de su descendiente que, la sustracción del mismo afectaba su subsistencia en condiciones adecuadas, al punto que al fallecimiento del causante debió irse a vivir con una de sus hijas.

Tampoco logra desvirtuarlo que después de estar sin trabajo, recibió ayuda de personas conocidas de él, concretamente de la señora Soraya Nader Chufy residente del conjunto en el que trabajó el afiliado, todo lo contrario, materializa que el ingreso derivado de su labor era sustancial para la subsistencia de su grupo familiar. Todo ello se desprende no solamente del formato para investigación de dependencia económica suscrito por la demandante, sino también de la declaración que rindió la mencionada en el proceso, los cuales deben ser valorados en conjunto y no aisladamente.

Además, aunque arriba ya se hizo referencia, al proceso se aportó copia de los recibos de pago de arriendo obrantes a folios 122 a 125, en los que consta que la arrendadora Amanda Hernández, recibió tales pagos del señor Luis Aderito Porras hasta julio de 2014 por lo que en tal sentido no incurrió en yerro alguno el Tribunal y, en ese orden, se recuerda que estos no solamente deben provenir de una relación de trabajo subordinada y como acaba de quedar sentado ante la cesación laboral, generó otras fuentes de ingreso –venta de objetos personales y aportes por solidaridad de su exempleador-, con los cuales surge patente que realizó todos los actos necesarios para poder solventar el sostenimiento del hogar ni desvirtuó la demandada que el dinero que aquél aportaba a su progenitora no provenía de los ingresos que este generara de distintas fuentes. Una cosa hay que dejar en claro y es que la ayuda de terceros, en este caso no desplaza la dependencia del hijo, tan es así que, ante su muerte, la progenitora no contó más con tal soporte.

No deja de lado la Sala que en situaciones como la que acá se analiza, efectivamente se involucran circunstancias particulares que impiden asumir una posición indiferente o apegada radicalmente a la frialdad de los hechos, esto es, que el afiliado no laboraba al momento de su deceso, y de allí derivar que por esa razón el de cujus no podía servir de soporte económico y personal para su progenitora; por el contrario, la específica condición de salud de este último quien debió enfrentarse a una enfermedad terminal que finalmente lo llevó a la muerte, que además acudió a la venta de sus propios objetos personales para mantener su apoyo, y que dadas sus condiciones personales obtuvo también la solidaridad de sus antiguos empleadores; aunado a que sufragó los aportes suficientes para dejar causada la prestación a su beneficiaria, aspecto sobre el que no se planteó debate en el juicio, debe conllevar a la conclusión de que el sistema debe asistir en este caso a quien se vio privada del soporte económico de su hijo.

De lo anotado se deriva que si bien meses antes del fallecimiento el afiliado, por su condición de salud, dejó de percibir un ingreso derivado del trabajo subordinado y, en consecuencia, Altagracia Mendoza, debió también asumir lo no cubierto por este, inclusive de acuerdo con la afirmación de la accionante, recibió ayuda de otros hijos y otras personas, no es menos cierto que estos últimos aportes se enmarcan dentro del concepto de solidaridad familiar, que en nada puede ser confundida con la dependencia económica y demuestran, por el contrario, que la actora estaba de tal manera supeditada al aporte de su hijo que debió acudir a la red familiar para no ver afectada su subsistencia, lo que se ve ratificado con el hecho de que una vez falleció el causante, debió irse a vivir con otra de sus hijas al no poder asumir las obligaciones que hasta este luctuoso suceso asumía de manera preponderante su hijo.

Por todo lo discurrido, de las pruebas calificadas se deriva que el Tribunal no cometió error alguno cuando determinó que existía dependencia económica que permitía que la actora fuera considerada beneficiaria del afiliado fallecido, lo que impide acudir a la estimación de las no calificadas. Por lo tanto, el cargo no prospera.

IX. CARGO SEGUNDO

Denuncia la violación directa por aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Sostiene la sociedad recurrente que el fundamento del sentenciador de segundo grado para imponer el pago de los intereses moratorios radicó en un hecho ajeno a este asunto, pues para nada la razón de la negativa pensional obedeció a la demora en el trámite del bono pensional. Por el contrario, señala que no se tuvo en cuenta el actual criterio de la Sala de Casación Laboral sobre la materia, en el sentido de que la imposición de estos réditos no es imperativa e inexorable, de manera que en determinados eventos cuando existe un serio y real motivo de duda sobre el surgimiento del derecho pensional, se presenta una razón atendible y suficiente se puede absolver de su pago.

X. RÉPLICA

Señala el opositor que no hubo una aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para imponer la condena por intereses moratorios, toda vez que considera inconcebible que se concluyera que la demandante tenía los recursos económicos suficientes para su manutención y llevar una vida digna, cuando encontró que debe acudir a la solidaridad de su comunidad y amigos, por lo que no había justificación para negar la prestación reclamada, por lo que solicita que no se case la sentencia.

XI. CONSIDERACIONES

Esta Corte, en sentencia CSJ SL14528 - 2014, recordó que conforme a la doctrina tradicional de esta Sala, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en tanto se trata simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones –dado su carácter resarcitorio y no sancionatorio-.

También se asentó que esta Corporación, en atención a situaciones excepcionales y particulares que la han llevado a reflexionar sobre la referida doctrina y a adoptar decisiones conducentes a atenuar sus alcances, ha estimado que los intereses moratorios del mencionado precepto, no proceden en los eventos en que la entidad de seguridad social tenga serias dudas acerca de quién es el titular de un derecho pensional, por existir controversias entre los beneficiarios y, por ello, suspenda el trámite de reconocimiento de la prestación hasta tanto la jurisdicción ordinaria laboral decida mediante sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho.

En ese mismo sentido, baste traer a colación los siguientes argumentos expuestos en la providencia CSJ SL 3130-2020: i) su naturaleza es resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición; ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de reglas jurisprudenciales. En la sentencia se razonó:

[…] como se dijo en la sentencia de la Corte Constitucional C-601 de 2000, así como en la reciente sentencia de esta corporación CSJ SL1681-2020, la finalidad de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 es simplemente la de resarcir los perjuicios ocasionados a los pensionados por la cancelación tardía de sus mesadas pensionales y, con ello, hacer efectiva la garantía prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, con apego al cual uno de los principios mínimos fundamentales aplicables al trabajo es el de asegurar «[…] el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones […]»

Por ello, esta corporación ha dicho que esa imperiosa obligación, así como las sanciones derivadas de su incumplimiento, en este caso los intereses moratorios, encuentran un importante fundamento en el hecho de que la «[…] pensión es el ingreso periódico con el que cuentan las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad o en estado de indefensión, y los miembros del grupo familiar, para sortear sus necesidades básicas y existenciales», además de que «Dada su conexión con el mínimo vital y existencial y los derechos de grupos especialmente protegidos, la Constitución Política le dispensa un trato especial […]» (CSJ SL1681-2020).

En paralelo a lo anterior, esta corporación ha sostenido que los intereses moratorios son simplemente resarcitorios y no sancionatorios (CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512; CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 42839; y CSJ SL10728-2016, entre muchas otras), de manera que no es pertinente efectuar algún análisis sobre la conducta del deudor obligado, sino que proceden automáticamente por la mora en el pago efectivo de la obligación.

En la sentencia CSJ SL, 27 feb. 2004, rad. 21892, se dijo también que los intereses moratorios tenían ese importante designio de hacer justicia a una parte vulnerable de la población cuyo sostenimiento dependía del pago de su pensión. Esto se dijo en la decisión:

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró los intereses moratorios como una fórmula para dar respuesta al retardo en la solución de las mesadas pensionales, con el plausible designio de hacer justicia a un sector de la población que se ofrece vulnerable y que encuentra en la pensión, en la generalidad de los casos, su única fuente de ingresos.

Acusan los intereses moratorios un claro y franco carácter de resarcimiento económico frente a la tardanza en el pago de las pensiones, orientados a impedir que éstas devengan en irrisorias por la notoria pérdida del poder adquisitivo de los signos monetarios.

No cabe duda de que el retardo o mora se erige en el único supuesto fáctico que desencadena los intereses moratorios. Ello significa que éstos se causan desde el momento mismo en que ha ocurrido la tardanza en el cubrimiento de las pensiones.

En esas condiciones, si los intereses moratorios tienen como finalidad reparar los perjuicios ocasionados al pensionado por la mora en el pago de su respectiva pensión, es imperioso reconocer que deben tener procedencia tanto en los casos de omisión en el pago de la prestación, como en los casos de pago incompleto, pues en los dos eventos se produce un detrimento para el pensionado, que merece una compensación efectiva.

Para la Corte, en este punto, no es admisible sostener que el pensionado únicamente sufre un daño económico cuando no recibe suma alguna por concepto de mesada pensional, pues, teniendo en cuenta que la pensión es un derecho íntimamente relacionado con el mínimo vital, además de que su cuantía está fijada legalmente y tiene una relación de correspondencia con los aportes al sistema, todo pago imperfecto, insustancial o incompleto seguirá generando un deterioro cierto, que merece a todas luces una legítima compensación.

Así las cosas, una interpretación teleológica de la norma impone reconocer que los intereses moratorios también proceden en los casos de pago parcial o incompleto de la pensión, pues en este caso el pensionado también sufre un injusto perjuicio, que merece reparación objetiva.

5. Finalmente, para la Corte una interpretación como la que se viene sosteniendo puede generar efectos inconvenientes para el derecho fundamental al mínimo vital de los pensionados, pues puede propiciar que, con la mera discusión de la cuantía del derecho o a partir de pagos simplemente parciales o insustanciales, las entidades administradoras de pensiones se liberen de sus responsabilidades, lo que resulta abiertamente contrario a las finalidades constitucionales de nuestro sistema de pensiones.

Así lo había previsto en algún momento esta corporación cuando, en la sentencia CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512, señaló que:

[…] el legislador previó el pago de intereses moratorios en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin hacer distinción alguna en relación con la clase, fuente u otras calidades de la pensión, siendo irrelevante que el derecho en cuestión hubiese sido controvertido por la parte obligada a su pago. Aceptar lo contrario podría hacer nugatorio el derecho del pensionado a ser resarcido por la mora en el pago de su derecho pensional, pues bastaría que el obligado a su reconocimiento simplemente discuta el derecho en cuestión para que quede eximido de los intereses moratorios.

En ese sentido, para la Corte es preciso subrayar que la obligación constitucional y legal de las entidades administradoras de pensiones no es solo la de pagar de manera oportuna las pensiones de sus afiliados, sino también y fundamentalmente la de pagarlas de manera íntegra, cabal y completa, pues, de lo contrario, se harán merecedoras de la imposición de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

[…]

En primer lugar, que permanece vigente la jurisprudencia de la Corte en torno al carácter meramente resarcitorio de los intereses, mas no sancionatorio, de manera que no es necesario realizar algún examen de la conducta de la entidad obligada tendiente a descubrir algún apego a los postulados de la buena fe. Ello con la salvedad de algunos casos en los que, según la jurisprudencia, las entidades niegan administrativamente un determinado derecho pensional o definen su cuantía con amparo en el ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas.

En segundo lugar, que los intereses moratorios sobre saldos o reajustes de la pensión deben liquidarse respecto de las sumas debidas y no pagadas, pero no teniendo como referente la totalidad de la mesada pensional. En este punto es claro el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en cuanto dispone que la respectiva entidad debe pagar «la obligación a su cargo», que en este caso es el saldo debido, y «sobre el importe de ella», ese decir ese saldo, «la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento que se efectúe el pago.»

Así las cosas, trasladando las directrices doctrinales, hoy reiteradas, no se desprende que la entidad accionada demostrara la existencia de una razón atendible que la liberara de tal carga ante el pago tardío de las mesadas pensionales y, por el contrario, soslayó, mediante pruebas que ella misma recaudó, la condición de beneficiaria de la demandante y su situación particular, según quedó definido al resolver el primer cargo.

Siendo coherentes con lo discurrido, el cargo no sale avante.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la AFP demandada y en favor de la parte actora. Se fijan como agencias en derecho la suma de ocho millones ochocientos mil pesos ($8.800.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 25 de octubre de 2019, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALTAGRACIA MENDOZA contra ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Costas como se dijo.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

Aclara Voto

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Salva Voto

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

ACLARACION DE VOTO

Radicación n.° 87641

Recurso Extraordinario de Casación

Referencia: demanda promovida por ALTAGRACIA MENDOZA contra ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me permito aclarar mi voto, pues si bien comparto la determinación de finalmente de adopto, de no casar el fallo de segundo grado, que confirmó el condenatorio de primer nivel, en lo relativo a la condena por concepto intereses moratorios, me aparto de las motivaciones expuestas para el efecto, por las razones que paso a exponer:

Sobre el particular, debo señalar que dicha providencia sostuvo: «los intereses moratorios del mencionado precepto, no proceden en los eventos en que la entidad de seguridad social tenga serias dudas acerca de quién es el titular de un derecho pensional, por existir controversias entre los beneficiarios y, por ello, suspenda el trámite de reconocimiento de la prestación hasta tanto la jurisdicción ordinaria laboral decida mediante sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho».

Frente a dicha postura, debo señalar, que en mi criterio, los intereses moratorios que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sí proceden aún en aquellos casos, en el que la entidad ha negado su reconocimiento por un presunto o aparente conflicto entre potenciales beneficiarios de la pensión.

Lo anterior, por cuanto, si se mira detenidamente su establecimiento en el derecho de la seguridad social, claramente se observa que tales réditos no se supeditaron a la existencia de ciertas circunstancias para su otorgamiento, pues conforme lo establecido en Ley 100 de 1993, dichos emolumentos proceden cuando acaezca el fenómeno de la mora sin importar su causa.

En ese sentido, resulta pertinente recordar que la mora no solo constituye un simple retardo, una dilación o tardanza en el cumplimiento de una obligación, sino una conducta contraria al derecho social que trae como consecuencia la indemnización, que no es otra cosa que la monetización de la garantía prestacional insatisfecha, y que en materia de pensiones a partir de la promulgación de la Ley 100 de 1993, fue graduada con severidad por el legislador en el artículo 141, al imponer el pago de la tasa máxima de interés moratorio vigente, que surge de manera inmediata, sin miramientos o análisis de responsabilidad de buena fe, de las características de su cumplimiento o de alguna otra circunstancia extraña; y ello es así, porque no puede olvidarse que en casos como el presente, la obligación incumplida no es cualquiera, sino aquella relativa al pago de las sumas periódicas a las que tiene derecho el pensionado, quien merece una especial protección como quedó visto en párrafos precedentes.

En los anteriores términos dejo consignado mi aclaración de voto

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

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