Ficha de la providencia
Sentencia SL4300-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4300-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4300-2022
Magistrado ponente: Gerardo Botero Zuluaga
10 de agosto de 2022
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado ponente
SL4300-2022
Radicación n.° 64692
Acta 26
SENTENCIA DE INSTANCIA
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022).
Procede la Corte a proferir la decisión de instancia, dentro del trámite del recurso extraordinario de casación, interpuesto por MARIO DE JESÚS LUJAN ORTIZ, contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2013, por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES.
ANTECEDENTES
Esta Corporación, mediante proveído del SL4740-2019, casó el fallo emitido por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, el 19 de julio de 2013, en lo referente a la viabilidad de sumar tiempos de servicios en el sector público con las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, a la luz del Acuerdo 049 de 1990.
En lo que es de estricto interés para esta decisión, en sede de casación se determinó, que aun cuando el actor en el escrito genitor esgrimió como normatividad procedente para la resolución del caso en concreto, la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, esta mera circunstancia no delimita el actuar del juez para su estudio específico, en tanto, es su deber encuadrar las situaciones fácticas objeto de controversia al ordenamiento jurídico aplicable, a fin de promover la efectividad del derecho sustancial.
En tal sentido precisó, que aun cuando el tribunal dentro de sus motivaciones, enunció el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, edificó su decisión solo atendiendo como fundamento normativo de la misma, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, soslayando de tal modo, la aplicación de la primera de las citadas preceptivas, según la cual resultaba viable tener en cuenta los tiempos públicos que ostentaba el demandante.
Al efecto precisó, la existencia del yerro atribuible al juez de apelaciones, en tanto mal pudo en el estudio del caso en concreto, eludir la aplicación del artículo 7 de la Ley 71 de 1988, cuando lo cierto es que dicha preceptiva era la que regulaba la contención, y bajo sus lineamientos debía efectuarse el cómputo de tiempos públicos, con las cotizaciones efectuadas al ISS.
Al efecto, se ordenó tener como prueba para que obre dentro del presente proceso, la Resolución Nro. GNR221005, mediante la cual se revoca la 29796 del 31 de octubre de 2011, reconociendo la pensión de vejez, visible de folios 44-48 del cuaderno de la Corte; y, a fin de garantizar el derecho de contradicción de la demandada, a su vez se dispuso, por Secretaría correr traslado de la misma, al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES.
Cumplido lo anterior, mediante proveído del 15 de febrero de 2021, reiterado por auto del 16 de diciembre de igual calenda, se requirió a la convocada a efectos de que remitiera la historia laboral, en la cual se especifique el ingreso base de cotización mes a mes del demandante - recurrente, señor Mario de Jesús Lujan Ortiz identificado con C.C 8.318.781.
En virtud de lo anterior, y, una vez efectuado el traslado de rigor respecto de la documentación allegada, mediante informes secretariales del 18 de junio de 2021 y 1 de marzo de 2022, se procede a resolver la contención, previas las siguientes:
CONSIDERACIONES
En sede de instancia, a la Corte le basta con remitirse a las motivaciones que se expusieron para darle prosperidad del recurso extraordinario de casación, a fin de concluir la procedencia del cómputo de tiempos de servicios, en el sector público con las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, a efectos de reconocer la prestación pensional deprecada, a la luz del artículo 7 de la Ley 71 de 1988; acaecimiento que además se ajusta, a la realidad procesal y a los lineamientos legales y jurisprudenciales con los que debía resolverse la presente controversia.
Al efecto, se itera que el recurrente nació el 28 de enero de 1951; es beneficiario del régimen de transición y cuenta con el tiempo total de servicios y semanas cotizadas requeridas por el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, generándole la posibilidad de acceder a la pensión de jubilación por aportes; tal situación, aunada a la información contenida en la Resolución GNR221005, 30 de agosto de 2013, expedida por el extremo pasivo de la controversia (fl 44-48 del cuaderno de la Corte), mediante la cual se acredita que el demandante cuenta con una densidad total de 1.095 semanas, y como calenda de la última cotización el 5 de agosto de 2011 (historia laboral fl 106-112), permite establecer la procedencia de la prestación con fecha de causación el 6 de agosto de 2011.
Ahora bien, a fin de determinar el ingreso base de liquidación (IBL), es dable precisar, que en razón a que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el actor requería una temporalidad superior a 10 años, para consolidar el derecho, le es aplicable el artículo 21 de la norma en cita, teniendo en cuenta los salarios con los cuales se efectuaron las cotizaciones al sistema en la última década, procedimiento aritmético que arrojó la suma de $451.756.77
Fechas
Días
IBC
Semanas
IBC Actualizado
IBC Promedio
Inicio
Final
25/10/1970
29/10/1970
5
$ 110,00
0,71
$ 71.297,69
$ 99,02
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$ 15,00
0,29
$ 9.122,17
$ 5,07
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30
$ 450,00
4,29
$ 273.665,19
$ 2.280,54
01/05/1971
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$ 450,00
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$ 273.665,19
$ 2.356,56
01/06/1971
10/06/1971
10
$ 150,00
1,43
$ 91.221,73
$ 253,39
26/06/1972
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$ 110,00
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$ 58.665,21
$ 81,48
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$ 660,00
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$ 3.031,04
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$ 2.555,20
12/09/1972
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$ 418,00
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22
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$ 567,00
1,00
$ 114.248,37
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$ 2.430,00
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$ 3.300,00
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4,00
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$ 4.410,00
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$ 582.999,49
$ 4.858,33
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14/04/1983
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$ 5.372,00
2,43
$ 279.550,42
$ 1.320,10
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$ 9.480,00
4,43
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$ 4.248,07
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$ 18,27
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$ 57.335,00
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$ 158.797,10
$ 441,10
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$ 74.535,00
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$ 17.200,00
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$ 1.439,07
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27
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$ 1.150,85
01/10/2001
10/10/2001
10
$ 95.330,00
1,43
$ 161.838,29
$ 449,55
01/12/2001
10/12/2001
10
$ 95.333,00
1,43
$ 161.843,38
$ 449,56
01/01/2002
25/01/2002
25
$ 257.500,00
3,57
$ 406.096,76
$ 2.820,12
01/08/2002
23/08/2002
23
$ 236.900,00
3,29
$ 373.609,02
$ 2.386,95
01/09/2002
30/09/2002
30
$ 309.000,00
4,29
$ 487.316,11
$ 4.060,97
01/10/2002
01/10/2002
1
$ 10.300,00
0,14
$ 16.243,87
$ 4,51
01/02/2004
07/02/2004
7
$ 83.533,00
1,00
$ 115.626,76
$ 224,83
01/03/2004
31/03/2004
30
$ 358.000,00
4,29
$ 495.545,24
$ 4.129,54
01/04/2004
30/04/2004
30
$ 358.000,00
4,29
$ 495.545,24
$ 4.129,54
01/05/2004
01/05/2004
1
$ 11.933,00
0,14
$ 16.517,71
$ 4,59
01/07/2004
17/07/2004
17
$ 202.867,00
2,43
$ 280.809,43
$ 1.326,04
01/08/2004
31/08/2004
30
$ 358.000,00
4,29
$ 495.545,24
$ 4.129,54
01/09/2004
30/09/2004
30
$ 358.000,00
4,29
$ 495.545,24
$ 4.129,54
01/10/2004
05/10/2004
5
$ 59.700,00
0,71
$ 82.637,01
$ 114,77
01/06/2005
09/06/2005
9
$ 114.444,00
1,29
$ 150.155,36
$ 375,39
01/07/2005
31/07/2005
30
$ 381.500,00
4,29
$ 500.544,12
$ 4.171,20
01/08/2005
31/08/2005
30
$ 381.500,00
4,29
$ 500.544,12
$ 4.171,20
01/09/2005
30/09/2005
30
$ 381.500,00
4,29
$ 500.544,12
$ 4.171,20
01/10/2005
31/10/2005
30
$ 381.500,00
4,29
$ 500.544,12
$ 4.171,20
01/11/2005
30/11/2005
30
$ 381.500,00
4,29
$ 500.544,12
$ 4.171,20
01/12/2005
01/12/2005
1
$ 12.717,00
0,14
$ 16.685,24
$ 4,63
01/01/2006
20/01/2006
20
$ 272.000,00
2,86
$ 340.367,66
$ 1.890,93
01/02/2006
28/02/2006
30
$ 408.000,00
4,29
$ 510.551,49
$ 4.254,60
01/03/2006
31/03/2006
30
$ 408.000,00
4,29
$ 510.551,49
$ 4.254,60
01/04/2006
30/04/2006
30
$ 408.000,00
4,29
$ 510.551,49
$ 4.254,60
01/05/2006
31/05/2006
30
$ 408.000,00
4,29
$ 510.551,49
$ 4.254,60
01/06/2006
30/06/2006
30
$ 421.600,00
4,29
$ 527.569,87
$ 4.396,42
01/07/2006
31/07/2006
30
$ 408.000,00
4,29
$ 510.551,49
$ 4.254,60
01/08/2006
31/08/2006
30
$ 408.000,00
4,29
$ 510.551,49
$ 4.254,60
01/09/2006
30/09/2006
30
$ 408.000,00
4,29
$ 510.551,49
$ 4.254,60
01/10/2006
15/10/2006
15
$ 204.000,00
2,14
$ 255.275,74
$ 1.063,65
01/12/2006
12/12/2006
12
$ 163.200,00
1,71
$ 204.220,60
$ 680,74
01/02/2007
28/02/2007
28
$ 433.700,00
4,00
$ 519.440,30
$ 4.040,09
01/03/2007
31/03/2007
30
$ 433.700,00
4,29
$ 519.440,30
$ 4.328,67
01/04/2007
30/04/2007
30
$ 433.700,00
4,29
$ 519.440,30
$ 4.328,67
01/05/2007
31/05/2007
30
$ 433.700,00
4,29
$ 519.440,30
$ 4.328,67
01/09/2007
04/09/2007
4
$ 58.000,00
0,57
$ 69.466,31
$ 77,18
01/11/2007
23/11/2007
23
$ 333.000,00
3,29
$ 398.832,42
$ 2.548,10
01/05/2008
31/05/2008
30
$ 461.500,00
4,29
$ 522.940,24
$ 4.357,84
01/06/2008
30/06/2008
30
$ 461.500,00
4,29
$ 522.940,24
$ 4.357,84
01/07/2008
31/07/2008
30
$ 461.500,00
4,29
$ 522.940,24
$ 4.357,84
01/08/2008
31/08/2008
30
$ 461.500,00
4,29
$ 522.940,24
$ 4.357,84
01/09/2008
30/09/2008
30
$ 461.500,00
4,29
$ 522.940,24
$ 4.357,84
01/10/2008
31/10/2008
30
$ 461.500,00
4,29
$ 522.940,24
$ 4.357,84
01/11/2008
30/11/2008
30
$ 461.500,00
4,29
$ 522.940,24
$ 4.357,84
01/12/2008
31/12/2008
30
$ 461.500,00
4,29
$ 522.940,24
$ 4.357,84
01/01/2009
01/01/2009
1
$ 17.000,00
0,14
$ 17.890,21
$ 4,97
01/03/2009
27/03/2009
27
$ 447.000,00
3,86
$ 470.407,22
$ 3.528,05
01/04/2009
11/04/2009
11
$ 182.197,00
1,57
$ 191.737,77
$ 585,87
01/05/2009
31/05/2009
30
$ 497.000,00
4,29
$ 523.025,48
$ 4.358,55
01/06/2009
01/06/2009
1
$ 17.000,00
0,14
$ 17.890,21
$ 4,97
01/07/2009
22/07/2009
22
$ 364.393,00
3,14
$ 383.474,49
$ 2.343,46
01/08/2009
31/08/2009
30
$ 497.000,00
4,29
$ 523.025,48
$ 4.358,55
01/11/2009
04/11/2009
4
$ 66.253,00
0,57
$ 69.722,35
$ 77,47
01/12/2009
31/12/2009
30
$ 497.000,00
4,29
$ 523.025,48
$ 4.358,55
01/01/2010
31/01/2010
30
$ 515.000,00
4,29
$ 531.331,80
$ 4.427,77
01/02/2010
01/02/2010
1
$ 17.167,00
0,14
$ 17.711,40
$ 4,92
01/04/2010
05/04/2010
5
$ 86.000,00
0,71
$ 88.727,25
$ 123,23
01/06/2010
01/06/2010
1
$ 17.167,00
0,14
$ 17.711,40
$ 4,92
01/08/2010
29/08/2010
29
$ 498.000,00
4,14
$ 513.792,69
$ 4.138,89
01/09/2010
30/09/2010
30
$ 515.000,00
4,29
$ 531.331,80
$ 4.427,77
01/10/2010
04/10/2010
4
$ 69.000,00
0,57
$ 71.188,14
$ 79,10
01/11/2010
30/11/2010
30
$ 515.000,00
4,29
$ 531.331,80
$ 4.427,77
01/12/2010
31/12/2010
30
$ 515.000,00
4,29
$ 531.331,80
$ 4.427,77
01/01/2011
31/01/2011
30
$ 536.000,00
4,29
$ 536.000,00
$ 4.466,67
01/02/2011
28/02/2011
30
$ 536.000,00
4,29
$ 536.000,00
$ 4.466,67
01/03/2011
31/03/2011
30
$ 536.000,00
4,29
$ 536.000,00
$ 4.466,67
TOTALES
3.600
514,29
$ 451.756,77
Concepto
Valor
Ingreso Base de Liquidación
$ 451.756,77
Tasa de reemplazo Ley 71 de 1988
75%
Valor de la Mesada Pensional de Vejez
$ 338.817,58
Salario Mínimo Legal Mensual Vigente en 2011
$ 535.600,00
Valor de la Mesada Pensional de Vejez
$ 535.600,00
Conviene destacar, que en el trámite del recurso extraordinario de casación, la parte actora informó del reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes por parte de COLPENSIONES, e incorporó a dicho escrito copia de la Resolución n.º GNR 221005 del 30 de agosto de 2013, lo que da cuenta de dicho suceso, así como que tal beneficio económico le fue concedido a partir del 6 de agosto de 2011, en cuantía de $535.600; de igual forma, que se le canceló un retroactivo de $16.363.633.
Lo anterior, tiene respaldo además en el inciso final del artículo 305 del CPC, vigente para la época en que se profirió la decisión de segunda instancia, hoy 281 del CGP, el cual preceptúa: «En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando este no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio» (Negrillas fuera de texto original), precepto que debe ser tenido en cuenta por los jueces de instancia para derivar y deducir de las condenas a que haya lugar, a fin de evitar un doble pago de la prestación reclamada. De ahí que sea viable considerar el mencionado documento para las deducciones monetarias atinentes al sub judice.
Al efecto, al realizar un paralelo entre el valor resultante de la operación aritmética precedente, con la mesada establecida por Colpensiones para el año 2011, mediante Resolución n.° GNR 221005 del 30 de agosto de 2013-$526.946-, se observa que en la vía administrativa se reconoció en igual cuantía, lo que resulta suficiente para descartar la procedencia de un eventual retroactivo pensional diferente al que ya le fue reconocido a favor del demandante.
Aunado a lo precedente, se desestiman las excepciones formuladas por la entidad demandada, incluyendo la de prescripción, debido a que la reclamación del derecho, fue resuelta el 31 de octubre de 2011 (fl.19) y la demanda radicada el 20 de marzo de 2012 (fl.1), calendas respecto de las cuales transcurre una temporalidad insuficiente al término prescriptivo de los tres años que se consagra para las acciones que emanen de las leyes sociales, en aplicación artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con el artículo 488 del C.S.T.
Así las cosas, se revocará la sentencia de primer grado, y en su lugar se condenará a la demandada, al reconocimiento de la pensión contemplada en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, a partir del 6 de agosto de 2011, en cuantía inicial de $535.600, para lo cual se tendrá en cuenta, como hecho sobreviniente, el reconocimiento que hizo la demandada del derecho pensional en el curso del proceso.
En lo atinente al reconocimiento de los intereses moratorios, previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se absolverá a la demandada de tal pedimento, por cuanto, en la calenda para la cual el actor solicitó a la convocada el reconocimiento de la prestación, esto es, el 31 de octubre de 2011 (f.° 19), no imperaba el criterio según el cual, para efectos de obtener el reconocimiento de una prestación jubilación a la luz de lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, es procedente «tener en cuenta el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si fue o no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social», pues el mismo se adoptó la Sala, a partir de la sentencia CSJ SL4457-2014.
En tal virtud, las actuaciones desplegadas por la enjuiciada se hallaban amparadas no solo por las preceptivas legales vigentes al momento en que se efectuó la respectiva reclamación por el accionante, sino también de la línea de pensamiento que imperaba en la corporación en ese momento (CSJ SL2572-2021).
Costas en las de instancias estarán a cargo de la demandada, que deberán ser liquidadas conforme lo establece el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:
PRIMERO: REVOCAR sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, y en su lugar al condenar al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988, a partir del 6 de agosto de 2011; en cuantía inicial a $535.600, de conformidad con la Resolución n.° GNR221005 del 30 de agosto de 2013, de COLPENSIONES, la cual deberá ser reajustada anualmente conforme a la ley.
SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones.
TERCERO: ABSOLVER a Colpensiones de las restantes pretensiones.
Costas, como quedó visto en la parte motiva.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Aclaro Voto
FERNANDO CASTILLO CADENA
No firma por ausencia justificada
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n°64692
REFERENCIA: MARIO DE JESÚS LUJÁN ORTIZ vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA (COLPENSIONES).
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta oportunidad me permito aclarar el voto pues considero que no se ha explicado con suficiencia los motivos para aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en algunas de las pensiones de vejez que se otorgan con base en el artículo 36 de este cuerpo normativo, es decir, aquellas que se reconocen en sede de transición del sistema.
No existe duda alguna, por lo menos para esta Sala de Casación, de que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior; como tampoco que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.
Esta exégesis de la Sala se ve reforzada cuando la misma ley, a punto seguido, reza que «las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley», para, inmediatamente, proceder a definir la figura del Ingreso Base de Liquidación –IBL.
Así las cosas, en nuestro criterio, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fija tanto los elementos necesarios para la causación del derecho como aquellos indispensables para la cuantificación de la mesada, a decir, el monto y la base de liquidación. Por tanto, ese precepto consagra todo lo necesario para la determinación y cuantificación del derecho pensional, lo que genera, prima facie, la imposibilidad de aplicar otras disposiciones jurídicas de similar contenido para la definición de la cuantía de la pensión. En este sentido, emerge palmario, el principio de inescindibilidad de la norma jurídica, al no existir razón alguna para acudir a otro texto normativo bajo el pretexto de que existe un vacío en la Ley.
Al respecto, considero que existen dos problemas que deben ser analizados al momento de estudiar el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en régimen de transición: i) la interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y ii) la posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos.
La interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
El inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, admite al menos dos alcances que pueden conducir a resultados diferentes en la cuantificación de la prestación. La primera se basa en un derecho de opción; mientras que la segunda considera que la norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación. Lo anterior se explica así:
Derecho de opción
La estructura normativa para dar fundamento a esta interpretación, es del siguiente tenor:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Esta primera interpretación, itérese, se soporta en el derecho de opción, en la medida en que se considera que el inciso tercero del artículo 36 no regula todas las situaciones que pudieran derivarse del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dado que solo cobija a quienes les falta 10 o menos años para cumplir los requisitos de acceso a la pensión, población para la cual se instituye un derecho de opción en la fijación del Ingreso Base de Liquidación, ya que la mesada se liquida con el promedio del tiempo que les falte para adquirir el derecho, siempre que sea inferior a 10 años, o el cotizado durante «toda la vida», dejando por fuera la determinación del IBL para quienes les falte diez o más años para acceder a la pensión en sede de transición. En este último evento, y ante el vacío normativo, debe aplicarse el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
b. La norma tiene varios supuestos de tiempo para su estimación
La segunda interpretación posible está dada por una lectura completa del inciso tercero original, sin tener en cuenta la sentencia de inexequibilidad C-168 de 1995, pero solo para establecer el alcance del mencionado inciso. Dicho aparte completo señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley., el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos.
Teniendo en cuenta que una norma, como supuesto, abarca todas las hipótesis sobre el tema a regular, y que el régimen de transición, en su versión original, tendría una duración superior a 20 años, dadas las edades a partir de las cuales se protegió la expectativa pensional, 35 años para las mujeres, 40 para los hombres, se puede encontrar que lo que se entiende del citado inciso como un derecho de opción no lo es y, más bien, que la ley regula todas las situaciones para determinar el Ingreso Base de Liquidación, así:
-Para los afiliados que les falten dos años o menos para acceder al derecho a la pensión, el IBL se halla con el promedio de lo devengado en los dos últimos años, para trabajadores del sector privado, y de un año para los servidores públicos. Se reitera esta forma de encontrar el IBL fue declarada inexequible, pero, claro está, hacía parte de la norma original.
-Para los que le faltan menos de 10 años para acceder al derecho a la pensión, el IBL es el promedio de lo devengado en el tiempo que les haga falta para ello, debidamente actualizado con el IPC.
-Para los que le faltan más de 10 años para acceder a la pensión es el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, que le faltara para adquirir el derecho debidamente actualizado con el IPC.
Esta interpretación emerge cristalina cuando la lectura del inciso se realiza en forma inversa, de atrás para adelante, colocándose como objeto principal de interpretación el tiempo que le hace falta al afiliado para el acceso a la pensión y teniendo, como supuesto, que el legislador previó todas las hipótesis posibles derivadas del régimen de transición.
En efecto, la contraposición que hace la norma es entre los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho y los que le faltan más de diez años para tener el estatus de pensionado, cuando señala «si éste fuere superior» pues se está refiriendo al tiempo «que les hiciere falta para ello» con referencia a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho».
Con esta interpretación se libera el contrasentido de entender que el IBL es el promedio del tiempo que les haga falta para adquirir el derecho siempre que sea inferior a diez años o todo el tiempo que les falta para adquirir el derecho si es superior a 10 años, pues la adquisición del estatus de pensionado se da en un solo momento, cual es, aquél en que se cumple con los requisitos mínimos de acceso a la pensión.
Pero, además, adquiere mayor visibilidad cuando se acude a crear un rango de amparo diferenciado entre la protección de expectativas legítimas, muy cercanas y medianas, y meras expectativas, en tanto el IBL para las primeras se calcula de manera muy aproximada al régimen entonces vigente y, en el otro extremo, que corresponde a las meras expectativas, de la forma en que lo hace la nueva ley, incrementándose progresivamente el periodo de determinación del mismo con base en el tiempo que le hace falta al afiliado para adquirir el derecho.
Este último alcance, en nuestro criterio, deja sin bases a la interpretación que propone, como un derecho de opción del afiliado, la doble determinación del IBL para escoger la que más le favorezca.
-Las dificultades que se imponen con la lectura completa del inciso 3 del artículo 36 en su versión original
La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.
En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.
Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.
De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.
Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.
Llegados a este punto, si impone retornar al primer orden de transición, hoy declarado inexequible.
Básicamente, en este orden, se protegía no sólo el tiempo de servicios o semanas de cotización, la edad y el monto de pensión, sino también la base de liquidación para aquellas personas que les faltare dos años o menos para acceder a la pensión.
Nótese que la forma de establecer la base de la pensión para el sector privado, según se desprende del apartado final del inciso tercero del artículo 36, es similar en cuanto al tiempo que se tiene en cuenta en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, dos años aproximados. Y para el sector público, dado el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la base de liquidación se toma con el promedio del salario devengado durante el último año de servicios.
Como se recuerda, la norma de protección de la base de liquidación para este primer orden, fue declarada inexequible por medio de la sentencia C-168 de 1995. Sin embargo, afloraba que el querer del legislador no era otro que proteger a aquellos que les faltaran dos años o menos para acceder a la pensión, en cuanto a que las reglas de acceso y cuantificación del derecho fueran muy similares, si no iguales, a las del régimen anterior.
A nuestros efectos, baste memorar que el motivo de inexequibilidad fue la discriminación que se daba entre los trabajadores del sector privado y del público en relación al tiempo para fijar la base de liquidación, dos años para los aquellos, un año para estos, pero no lo fue el de la posibilidad de segmentar el régimen de transición, pues en esa sentencia, se razonó:
Y sobre la discriminación que, según el actor, se crea entre las personas que quedan comprendidas por el precepto demandado frente a las demás, cobijadas por el régimen anterior, cabe anotar que mal podría considerarse que la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida, pues a pesar de que en ambos casos se tienen meras expectativas, las que como tantas veces se ha reiterado, pueden ser reguladas por el legislador a su discreción, sus condiciones, por ser distintas, justifican un trato diferente. Recuérdese que la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales en forma desigual.
En el segundo orden aparecen los afiliados a los que les falta diez años o menos para acceder a la pensión. Para ellos, el Ingreso Base de Liquidación se define como el promedio de lo devengado durante el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho.
Atinente al nuevo régimen, la base de liquidación se toma con un tiempo inferior, lo que puede traer beneficios, toda vez que es más fácil mantener una determinada base salarial durante menos tiempo.
Por su parte, en tercer orden se encuentran los beneficiarios de la transición que les falta más de 10 años para adquirir el derecho, a los que, a voces del artículo 36, se les liquida la base con el promedio de todo el tiempo que les haga falta para ello, es decir, el lapso para adquirir el derecho.
Es en este punto donde, en nuestro criterio, se configuró una manifiesta inequidad, en tanto, en el régimen ordinario las pensiones se liquidan, en principio, con base en el promedio de los salarios cotizados durante los últimos diez años, generándose una contradicción palpable entre la favorabilidad que el régimen de transición protege y la nueva normatividad, que se supone debe ser restrictiva en la determinación del IBL, según se desprende de lo asentado y, por ende, menos favorable.
De lo explicado hasta aquí fluye una primera conclusión: las pensiones en sede de régimen de transición para los afiliados que les hace falta menos de 10 años para adquirir el derecho se deben liquidar, única y exclusivamente, teniendo como base el promedio de lo devengado durante el tiempo que les haga falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el Índice de Precios al Consumidor. En ningún caso, se debe liquidar dicha pensión con el promedio de «toda la vida», a menos que expresamente se renuncie al régimen de transición.
La posibilidad de sustituir la aplicación del inciso 3º del mencionado artículo 36 con la del artículo 21 en determinados eventos
Como lo hemos señalado, dada la interpretación que dimana del inciso tercero, existe un problema jurídico que debe atenderse, no por falta de regulación sino por manifiesta inequidad. Me explico. Si mediante el régimen de transición se protegió tres de los cuatro elementos estructurales de la pensión, y el IBL, como cuarto elemento estructural, se modula entorno al tiempo que le falta al afiliado para adquirir el derecho, se supone, dado el principio de favorabilidad que subyace a la institución de la transición, que este no puede ser perjudicial en relación con el estatuido en la legislación permanente (Ley 100 de 1993).
Entonces, como el artículo 36 instituye que para los que les falta más de 10 años, el IBL se toma con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, debidamente indexado con el I.P.C., esta es la definición que debe utilizarse, por regla general, para liquidar la pensión a favor de este grupo de afiliados.
No obstante, si dicho IBL resulta inferior al que se obtendría de la aplicación de la norma ordinaria, vale decir, el derivado del promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, debe aplicarse este último cálculo, en tanto, se repite, aun a riesgo de fatigar, que la esencia de un régimen de transición es mantener rasgos de favorabilidad frente al nuevo régimen, por ello, la forma de encontrar el IBL no puede ser más desfavorable que la que se aplica de manera general para los afiliados del Sistema General de Pensiones.
Pero lo dicho también tiene que ver el elemento de gradualidad, pues la idea finalmente de la ley, fue la de que el IBL para cada segmento de afiliados se determinara con el tiempo que le faltara al afiliado para adquirir el derecho, hasta un máximo de 10 años. Ello se corrobora con el artículo 39 del proyecto de ley, texto definitivo, aprobado por el Senado, registrado en la Gaceta del Congreso 397 del 16 de noviembre de 1993, el cual señalaba:
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación expedida por el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta para ello, fuere igual o inferior a dos (2) años, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años.
Así las cosas, en nuestro criterio, lo que se deriva de la Ley concerniente al IBL es que no fue parte de los elementos dejados íntegramente a salvo por la transición, pues debe servir como instrumento de graduación proporcional de la base pensional para llevarlo hasta el momento en que sea igual al IBL ordinario, es decir, el promedio de los últimos diez años cotizados.
Debe en todo caso señalarse que el término «o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior» fue incorporado al texto definitivo del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, según consta en la Gaceta del Congreso 434 del 3 de diciembre de 1993.
3. Conclusión
A modo de corolario, considero que en los casos en que al afiliado le falten 10 o más años para adquirir el derecho, el IBL se concreta con el promedio de lo devengado durante todo el tiempo que le hace falta para adquirir el derecho, tal como lo señala expresamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, por favorabilidad, con el promedio de lo cotizado durante los 10 últimos años, apoyándose en este estricto sentido en el artículo 21 de la mencionada Ley.
Ahora bien, sería pertinente aplicar el IBL de «toda la vida» conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, si para el afiliado es más favorable la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media, a condición de que en virtud del artículo 288 ibídem renuncie al régimen de transición.
Conforme a lo anterior, aclaro mi voto.
Fecha ut supra,
FERNANDO CASTILLO CADENA
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