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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4313-2022

Año
2022
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4313-2022

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

X. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de mayo de dos mil diecinueve (2019), en el proceso promovido por VÍCTOR HUGO FLÓREZ SALAZAR en contra de SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. (SATENA S.A.). En sede de instancia y para mejor proveer lo que en derecho corresponda, Ofíciese al SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. (SATENA S.A.), y al señor VÍCTOR HUGO FLÓREZ SALAZAR con el fin de que alleguen a esta Corporación la siguiente información: i) Constancia y soportes discriminados, de todos los pagos efectuados por Satena S.A., en virtud del contrato de trabajo, a Víctor Hugo Flórez Salazar. ii) Constancia y soportes discriminados, de todos los pagos efectuados por Satena S.A., por concepto de prima de vuelo a Víctor Hugo Flórez Salazar. iii) Certificado en que se manifieste si en la actualidad Víctor Hugo Flórez Salazar, presta sus servicios Satena S.A y, de no continuar laborando hasta que fecha estuvo vinculado. iv) Pagos de los aportes realizados al sistema de seguridad social integral. Ofíciese al SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. (SATENA S.A.)., y al señor VÍCTOR HUGO FLÓREZ SALAZAR para que remita con destino a esta Corporación, en el término máximo de diez (10) días contados a partir del recibo la solicitud, certificación donde conste si el accionante se encuentra recibiendo o recibió algún tipo de reconocimiento o adelanta trámite para la obtención de cualquier prestación ante el sistema de seguridad social por la condición que presentaba. Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda. Costas conforme se expresó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4313-2022

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL4313-2022

Radicación n.° 87440

Acta 41

Bogotá, D.C., treinta (30) noviembre de dos mil veintidós (2022)

Por remisión de la Sala de Descongestión Laboral n.° 4 y, de conformidad con los artículos 2.° de la Ley Estatutaria 1781 de 2016 y 26 del Acuerdo n.° 48 de 16 de noviembre de 2016, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decide el recurso de casación interpuesto por VÍCTOR HUGO FLÓREZ SALAZAR, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de mayo de 2019, en el proceso que instauró en contra del SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. (SATENA S.A.).

I. ANTECEDENTES

Víctor Hugo Flórez Salazar demandó a Satena S.A., pretendiendo que la condenara a continuar pagándole la prima de vuelo correspondiente a 90 horas, a partir del 1.º de septiembre de 2015, y mientras perdure el vínculo laboral y, en consecuencia, a reliquidarle las cesantías y sus intereses, las primas de vacaciones y de navidad, las vacaciones, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, la sanción moratoria por el pago parcial y/o incompleto de las cesantías en el plazo fijado por la ley, el reembolso o devolución de lo pagado por concepto del curso de entrenamiento en simulador de vuelo de equipo ATR 42-500, llevado a cabo en la ciudad de Houston —Texas (Estados Unidos)—, correspondiente a USD $12.065, debidamente indexado.

Igualmente, que se le condenara al pago de los salarios y las prestaciones sociales dejadas de cancelar, a partir del 1.º de abril de 2017 y, los intereses a la máxima tasa fijada por la ley, desde la fecha de su causación y hasta que se haga efectivo el pago.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que labora al servicio de Satena S.A. desde el 9 de septiembre de 2012, a través de contrato de trabajo indefinido 2740, para cumplir con las funciones de copiloto para el equipo ATR 42-500, dependiente de la Dirección de Operaciones Aéreas, de conformidad con la cláusula primera ídem; que la asignación mensual se pactó en la suma de $1.939.071, más una prima de vuelo de 60 horas, «vuele o no, el trabajador», al tenor de la cláusula tercera del contrato; que en aquella se indicó que dentro del valor de la remuneración quedaba incluido el pago correspondiente a descansos por dominicales y festivos, aclarando que de recibir comisiones o cualquiera otra modalidad de salario variable, el 82.5% constituiría la remuneración por el servicio prestado, y el 17.5% restante estaría destinado al pago del descanso en los días dominicales y festivos; que de conformidad con el parágrafo primero de la cláusula segunda del contrato, la remuneración quedaba supeditada a la acreditación de los requisitos de habilitación como copiloto del equipo ATR 42-500, según adiestramiento que debía recibir en la ciudad de Houston (Texas); que la citada capacitación sería cancelada por Satena S.A., adquiriendo el trabajador un crédito por el equivalente en moneda legal colombiana de US $12.065; que el costo de la capacitación se garantizó con la suscripción de un contrato de mutuo celebrado, en el que se pactaron descuentos del salario por espacio de 36 meses.

También afirmó que el 5 de abril de 2014, suscribieron acta modificatoria al contrato 2740 de 2012, en el sentido de asignarle funciones como piloto del equipo ATR 42/72; que, conforme lo anterior, la asignación salarial se fijó en la suma de $2.956.100, y la prima de vuelo pasó a 90 horas; que el 12 de agosto de 2015 fue incapacitado por padecer un cuadro clínico de índole mental, siendo diagnosticado como trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica); que mediante oficio del 28 del mismo mes y año, la directora de Medicina de Aviación de Licencias Aeronáuticas de la Aeronáutica Civil, le comunicó la suspensión temporal del certificado médico de primera clase para actividades aeronáuticas; que en forma injustificada, para el mes de septiembre de 2015, la empresa le redujo el pago, sustrayendo de la liquidación mensual lo correspondiente a la prima de vuelo; que mediante correo electrónico del 30 de septiembre y 1.º de octubre, ambos de 2015, le solicitó el pago de la prima de vuelo, petición negada por oficio SATGTH-1176 del 20 de octubre del mismo año, y a través del SATGTH-199 del 3 de marzo de 2016; que por escrito del 1º de junio de 2016 solicitó nuevamente ese reconocimiento y la reliquidación de los demás derechos adeudados, así como, el reembolso demandado, lo cual se le negó en forma parcial por oficio n.° SAGTH-581 del 29 de junio de 2016, en la medida en que se reconoció y dispuso el pago de 70 horas de vuelo mensuales, cuando tenía derecho a 90 y, además, no se le ordenó la reliquidación y pago de las prestaciones sociales, de conformidad con lo solicitado, y que mediante oficio SATGTH-471 del 30 de marzo de 2017, se le informó la decisión de suspender el pago del salario y la prima de vuelo extralegal.

Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso al éxito de las pretensiones y respecto de los hechos, aceptó lo consagrado en la cláusula tercera del contrato celebrado con el señor Flórez Salazar, en relación con lo que quedaba incluido dentro del valor de la remuneración; asimismo, la supeditación del pago a la acreditación de los requisitos de habilitación como copiloto del equipo ATR 42-500; las solicitudes elevadas por aquel, y las negativas dadas al respecto por la entidad; y, la comunicación del 30 de marzo de 2017, por medio de la cual le informó la decisión de suspender el pago del salario y la prima de vuelo extralegal.

Además, expresó que el demandante venía prestando servicios desde el 9 de febrero de 2012, primero como copiloto en el equipo ATR 42-500, dependiente de la Dirección de Operaciones, y a partir de abril de 2014, como piloto; que en la cláusula tercera del contrato se acordó una asignación salarial de $1.939.071, y dada la actividad comercial de la empresa, un auxilio extralegal «prima de vuelo» por cada hora de vuelo prestada, en los términos, cuantías y condiciones establecidas, el cual no constituía factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales o indemnizaciones, conforme a lo dispuesto en el art. 128 del CST; que en los términos acordados con el trabajador, era requisito para vincularse a Satena S.A., con el fin de prestar servicios como copiloto del equipo aéreo asignado, que el aspirante estuviere habilitado o apto para tales funciones, pues en caso contrario debía asumir el costo de su capacitación, el cual para la época ascendía a $24.130.000, y como aquel manifestó que no disponía de los recursos para hacerlo, le facilitó el dinero, y como garantía de su pago suscribió un contrato de mutuo el 9 de febrero de 2012, obligándose a pagar en cuotas mensuales.

También expuso que el 5 de abril de 2014 se suscribió otrosí 001/2014 al contrato, a través del cual se formalizó la asignación de funciones como piloto del equipo ATR 42/72, determinándose una remuneración de $2.956.100; que no es cierto que se garantizaran 90 horas de vuelo, lo que dice el contrato, es que se reconocería hasta máximo ese número de horas, conforme lo dispone el núm. 4.17.1.5. del RAC; que considerando que las nuevas funciones asignadas corresponden a las de piloto ATR, a partir del 5 de abril de 2014, conforme al Manual de Acreencias Laborales, las horas garantizadas fueron 70, tal y como se evidencia en los contratos de trabajo adjuntos; que el 31 de julio de 2015, el trabajador allegó incapacidad como consecuencia de diagnóstico lumbago con ciática y, posteriormente, arrimó otra del 12 al 19 de agosto de 2015, por el diagnóstico de trastorno de pánico, situación que ha sido extendida hasta la fecha.

Adicionalmente, manifestó, que, en el mes de julio de 2016, por razón de la situación de salud del trabajador, reconsideró la suspensión del pago de la prima de vuelo y, por mera liberalidad, le reconoció el pago del auxilio extralegal durante el tiempo de su incapacidad, lo que se evidencia en el pago de la nómina del mes de julio de 2016, en la que se observa, que le canceló por prima de vuelo la suma de $35.289.000, causada desde el mes de septiembre de 2015 hasta julio de 2016, y desde esa fecha hasta el día en que aquel cumplió 540 días de incapacidad, este beneficio extralegal fue asumido por Satena S.A., con retroactividad al mes de agosto de 2015 (por 24 días de incapacidad), en razón a que el pago por este concepto referente a los 6 días trabajados en ese mes, y que pertenecen a 14 horas de prima de vuelo, sobre las 70 garantizadas, fue cancelado en la nómina de septiembre de ese año; que una vez cumplidos los 540 días de incapacidad por el actor, se le comunicó que solicitara a su EPS el pago de aquella.

En su defensa propuso las excepciones de cobro de lo no debido, aplicación al principio de buena fe, compensación y pago.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2018, absolvió a la demandada de las pretensiones, y condenó en costas al demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de sentencia del 29 de mayo de 2019, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó la providencia de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez de segundo grado partió de que lo pretendido por el actor era que se le otorgara el carácter salarial a la prima de vuelo, que la estableció en 90 horas, desde septiembre de 2015, y, en consecuencia, la reliquidación de sus derechos laborales.

Como fundamento de su decisión, indicó que siguiendo los lineamientos del artículo 6 de la Ley 1427 de 2010, los trabajadores de Satena S.A., tenían el carácter de particulares, por ende, a los contratos de trabajo se les aplicaban las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo.

Frente a la prima de vuelo, el sentenciador de segundo grado adujo, que la Corte Constitucional en la sentencia CC C892-2009, al examinar el Convenio 95, entendió el salario como la retribución que directamente percibía o recibía el trabajador como contraprestación del servicio; criterio reiterado por la Corte en las sentencias con radicados 44416, 40509 y 43696 (sin precisar fechas), en las que estableció, que el legislador al definir los elementos que integran el salario, incluyó no solo la remuneración ordinaria, sino todo aquello que recibe el trabajador en dinero o especie por la ejecución directa del servicio, sin importar la forma o denominación que se adopte; en tal caso, se entiende que no deja de serlo, aun cuando se convenga por las partes.

Bajo esa dirección, precisó que en estos eventos es imperativo acudir al art. 53 de la CP, que reivindica el principio de la primacía de la realidad sobre las meras formas, a fin de determinar si existen o no dineros percibidos por el trabajador, que realmente sean salario.

Asimismo, estimó el juez plural, que, en la cláusula cuarta del contrato de trabajo, se determinó que se pagaba por cada hora de vuelo prestada, en los términos, cuantías y condiciones establecidas por la presidencia de la empresa, a través de acta vigente al momento en que se causaran, teniendo como copiloto un mínimo de 60 horas, y como piloto un máximo de 90 (folios 24 y 34).

Igualmente destacó que, en aquella, en su parágrafo primero, se estableció que esa prima de vuelo se garantizaba independientemente de que el trabajador prestara o no el servicio, lo que no permite deducir que se tratara de un valor que se pagaba como una contraprestación directa del servicio.

También señaló que, aunado a ello, en el art. 2.1 del capítulo segundo del Manual de Acreencias Laborales y Prestaciones Sociales, se estableció que su falta de pago se presenta aun por factores que sean responsabilidad exclusiva del trabajador (folio 156).

Destacó que tampoco puede atribuírsele naturaleza salarial a ese concepto, por lo previsto en el art. 30 de la Ley 1393 de 2010, pues según la sentencia CSJ SL5159-2018, aquella norma no tiene relevancia en la definición de lo que es o no salario, dado que limita o prohíbe que los pagos no constitutivos de salario excedan el 40% del total de la remuneración recibida por el trabajador, pero para efectos de determinar el ingreso base de cotización al sistema de seguridad social, por lo que se considera salario, aquello previsto en los arts. 127 y 128 del CST.

Corolario de lo anterior, concluyó que la prima de vuelo no tenía como finalidad retribuir directamente el servicio del accionante, por ello le dio validez a esa cláusula.

De otro lado, en cuanto a la devolución del valor pagado por el curso de entrenamiento, expresó que, en el contrato de trabajo, y en los de mutuo, arrimados al interior del plenario, se determina que la accionada pagó a favor del trabajador una capacitación, pero él se comprometió a devolverle la suma asumida por ella, sin estar obligado a hacerlo (folios 28 a 34).

Sin embargo, precisó que se trataba de una obligación que surgió bajo una modalidad civil que nada tiene que ver con un contrato de naturaleza laboral, por lo que no sería esta especialidad la llamada a efectuar su reconocimiento, o a estimar, si sufrió algún vicio; por manera que no era dable ordenar el reembolso o la devolución de lo pagado por el curso de entrenamiento, pues, finalmente, fue una situación aceptada por el trabajador.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia atacada, para que, en sede de instancia:

[…] revoque la dictada en primera instancia por el Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 12 de diciembre de 2018, para en su lugar acceder a las súplicas de la demanda, esto es:

1. Condénese a SATENA S.A. a continuar pagando al señor VICTOR (sic) HUGO FLOREZ (sic) SALAZAR la prima de vuelo correspondiente a 90 horas, a partir del mes del 01 de septiembre de 2015 y hasta que perdure el vínculo laboral.

2. Condénese a SATENA S.A. a reliquidar (sic) favor del señor VICTOR (sic) HUGO FLOREZ (sic) SALAZAR, el valor pagado por concepto de cesantías con imputación e incidencia salarial efectiva e la prima (sic) vuelo.

3. Condénese a SATENA S.A. a reliquidar (sic) favor del señor VICTOR (sic) HUGO FLOREZ (sic) SALAZAR, el valor pagado por concepto de intereses a las cesantías con imputación e incidencia salarial efectiva de la prima (sic) vuelo.

4. Condénese a SATENA S.A. a reliquidar a favor del señor VICTOR (sic) HUGO FLOREZ (sic) SALAZAR, el valor pagado por concepto de prima de vacaciones con imputación e incidencia salarial efectiva de la prima (sic) vuelo.

5. Condénese a SATENA S.A. a reliquidar favor (sic) del señor VICTOR (sic) HUGO FLOREZ (sic) SALAZAR, el valor pagado por concepto de prima de navidad con imputación e incidencia salarial efectiva de la prima (sic) vuelo.

6. Condénese a SATENA S.A. a reliquidar (sic) favor del señor VICTOR (sic) HUGO FLOREZ (sic) SALAZAR, el valor pagado por concepto de vacaciones con imputación e incidencia salarial efectiva de la prima (sic) vuelo.

7. Condénese a SATENA S.A. a reliquidar (sic) favor del señor VICTOR (sic) HUGO FLOREZ (sic) SALAZAR, el valor pagado por concepto de los aportes pagados al Sistema de Seguridad Social Integral con imputación e incidencia salarial efectiva de la prima (sic) vuelo.

8. Condénese a SATENA S.A. a liquidar y pagar los dominicales y festivos a partir del 8 de febrero de 2012 y hasta que perdure el vínculo laboral.

9. Condénese a SATENA S.A. a liquidar y pagar los intereses moratorios por el no pago completo de los aportes a la seguridad social, a partir del 9 de febrero de 2012 y hasta que perdure el vínculo laboral.

10. Condénese a SATENA S.A. a liquidar y pagar la sanción moratoria por el pago parcial y/o incompleto de las cesantías en el plazo fijado por la ley (15 de febrero de cada año).

11. Condénese a SATENA S.A. al reembolso o devolución de lo pagado por el peticionario por concepto de pago del curso de entrenamiento en simulador de vuelo de equipo ATR-42-500, llevado a cabo en la ciudad de Houston - Texas (Estados Unidos) correspondiente USD$ 12.065, debidamente indexado.

12. Se condene a realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones con el salario realmente generado a favor del actor.

13. Se disponga el pago de los salarios dejados de cancelar a partir del 01 de abril de 2017.

14. Se disponga el pago de las prestaciones sociales dejadas de cancelar a partir del 01 de abril de 2017.

15. Sobre el valor de las condenas se pagarán intereses a la máxima tasa fijada por la ley a partir de la fecha de su causación y hasta que se haga efectivo el pago.

16. Se condenará en costas a la empresa demandada.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación; objeto de réplica. Los ataques se resolverán en forma conjunta, pues acusan normas similares y persiguen similar finalidad.

VI. PRIMER CARGO

Acusa el recurrente la sentencia impugnada de violar la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea los arts. 13, 14, 21, 23, 43, 127, 128 del CST, y 4, 25 53 de la CP, en relación con los arts. 43, 149, 186, 253, 286, 306 y 340 del CST.

En cuanto a la naturaleza salarial de la prima de vuelo, afirma, que la intelección dada por el Colegiado a las normas sobre las cuales edifica la sentencia, no solo resulta restrictiva y desfavorable, sino contraria a su contenido y a la primacía de la realidad de la situación planteada, pues parte de supuestos no contemplados en ellas, acudiendo a preceptos de procedimiento implementados por la demandada para negarle la eficacia y concreción del derecho sustancial, desconociendo que por virtud del art. 228 de la CP, el derecho adjetivo no puede operar en contra de aquel, pues solo es el camino o herramienta para arribar al segundo.

Asimismo, señala que principios como los de igualdad, favorabilidad, primacía de la realidad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales, no fueron consultados ni aplicados en la sentencia cuestionada, pues todo el criterio estuvo encaminado a establecer y validar una cláusula abusiva impuesta por el empleador para deslaboralizar una remuneración que superaba con creces la asignación básica pactada, la cual resulta ineficaz.

Además, indica, que no es lógico entender, como lo hizo el sentenciador, que por el hecho de la denominación que se le da a la mayor parte de la remuneración percibida de manera permanente, habitual y periódica, bajo el concepto de prima de vuelo, quede excluida como salario, por el simple hecho de pagarse, «vuele o no vuele», pues contrario a lo interpretado, ese aspecto es el que desnaturaliza la exclusión expresada en el contrato; no se trata de una simple remuneración de mera liberalidad, sino de una garantía salarial por la prestación del servicio.

Advierte que, tratándose del contrato de trabajo, en virtud de lo consagrado en el art. 13 del CST, se prohíbe que la empleadora, de manera arbitraria y abusando de su posición dominante en la relación laboral, precarice el salario, haciendo exclusión de la mayor parte de la remuneración percibida por el piloto por la prestación de sus servicios.

Realiza unas disquisiciones en torno a los principios de derecho laboral contenidos en los arts. 25 y 53 de la CP; relaciona el art. 127 del CST; y arguye que, en el presente evento, de acuerdo con el contrato analizado por el Tribunal (folios 24 y 34), se le prometió una remuneración denominada prima de vuelo, equivalente a 60 horas en condición de copiloto, y 90 horas como piloto, «vuele o no vuele», no como simple liberalidad, sino como garantía, la cual quedó claramente determinada en el parágrafo primero de la cláusula cuarta.

De la referida cláusula, destaca que se puede deducir con mediana inteligencia, que si bien lo que pretendió la empresa fue excluir la prima de vuelo como factor salarial, la garantía de remuneración «vuele o no vuele el trabajador», permite adecuarla al contenido del art. 127 del CST, ello en razón, además, a que no surge de la mera, esporádica o accidental liberalidad de la empleadora, sino del compromiso adquirido y de la habitualidad y permanencia, lo que la hace claramente retributiva del servicio.

En ese mismo sentido, explica que no puede pretenderse, como lo hace la accionada, y lo patrocina, interpreta y acepta el Tribunal, que habiéndose fijado por la ley –art. 127 CST– una regla general de constitución de salario, que se da, no por la simple denominación o exclusión que se haga, sino por virtud del mandato constitucional y legal de la primacía de la realidad sobre la mera formalidad, se permita, a título de exclusión, su adecuación al art. 128 del CST, por cuanto es sabido que aquella no puede ir en contra de la regla general, y ahí es donde el operador judicial, como garante de los derechos mínimos de los trabajadores, debe impedir que el empleador introduzca cláusulas abusivas, o que estas produzcan efectos jurídicos, contrariando la norma sustancial superior.

Agrega que no puede afirmarse que la exclusión salarial, en los términos señalados en el contrato de trabajo, tenga amparo legal, más exactamente en el art. 128 del CST modificado por el 15 de la Ley 50 de 1990, por cuanto lo que determinó la norma, fue una excepción que surge de una mera liberalidad que, por demás, no puede constituirse como habitual y permanente.

En síntesis, acota que la prima de vuelo en los términos establecidos en el contrato, se le pagó, no de manera ocasional, por mera liberalidad, para satisfacer o complementar sus necesidades alimentarias, habitacionales, de vestuario, de descanso o de festividad, sino fue permanente, en forma mensual, como garantía mínima incorporada en el contrato, para su propio beneficio, para enriquecer o acrecentar su patrimonio y para garantizar en forma periódica una remuneración que resulte acorde con la disponibilidad, profesión, capacidad y pericia del piloto.

Igualmente sostiene que aquella, según el contrato elaborado por la empleadora, carece de connotación salarial, empero, su carácter retributivo como garantía de pago, 60 o 90 horas, «vuele o no vuele», en virtud de los principios de primacía de la realidad e irrenunciabilidad, debe validarse judicialmente como salario, no como simple liberalidad, con exclusión de su carácter remunerativo.

Aduce que, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 del CST, los contratos de trabajo deben ejecutarse bajo el principio de buena fe, en consecuencia, no solo obligan en relación con lo estipulado en su texto, sino en cuanto a los derechos que se derivan de su naturaleza, o que por ley les pertenece.

También asevera, que en el presente evento, tanto en el contrato inicial 2740 de 2012, como en el otrosí (folios 24 y 34), estudiados y verificados por el juez colegiado, se previó que recibiría inicialmente un auxilio extralegal de un mínimo de 60 horas de vuelo, posteriormente, de 90; siendo el texto contractual claro en consagrar, que aquel se origina por la suscripción del contrato «vuele o no vuele el TRABAJADOR» y, en relación con la eventualidad de que aquel no se encontrara en posibilidad de volar, previó: «[…] siempre y cuando la no prestación del servicio (hora no volada) sea como consecuencia de factores no atribuidos o por exclusiva responsabilidad del trabajador».

Es decir, el contrato celebrado no dejó nada al ámbito de la especulación, al determinar específicamente que la falta o ausencia de prestación del servicio que impidiera el reconocimiento de la prima de vuelo, no debía ser imputable a responsabilidad del trabajador; lo que no se presenta en este caso, pues cuenta con incapacidad médica que le impide prestar el servicio para el cual fue contratado.

De otra parte, sostiene que la interpretación dada en torno al pago de la capacitación o adiestramiento, como requisito para prestar el servicio a la empresa, no es un asunto meramente mercantil o sometido al derecho civil.

Al respecto relaciona los arts. 142 y 149 del CST; y alega que negar la naturaleza laboral a un préstamo que le hizo el empleador para su capacitación o adiestramiento en la labor que debe ejecutar, en beneficio de la empresa, constituye una interpretación errada, por cuanto aquel surge de las cláusulas del contrato de trabajo.

A continuación expone, que de conformidad con el art. 286 el CST, la capacitación o adiestramiento de los trabajadores es un derecho establecido en favor de estos, que debe ser costeado por el empleador, precisamente para el mejoramiento en la prestación del servicio, cuando dadas las circunstancias propias de la actividad de la empresa demandada y los elementos utilizados para lo que constituye el fundamento principal de sus funciones —prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros—, en este caso un avión, lo requiera o exija.

De acuerdo con ello, aduce, que no podía la empresa retener, descontar o compensar del salario, el valor pagado para su capacitación o adiestramiento en el pilotaje de la aeronave para la cual fue contratado; menos cuando en el parágrafo 4º de la cláusula segunda del contrato, se dispuso:

En el evento que el TRABAJADOR no apruebe el curso de COPILOTO del equipo ATR 45/200 en Houston Texas, SATENA queda exonerada de cancelar erogación por concepto de relación laboral, toda vez que el contrato laboral está condicionado a la aprobación del curso, conforme a lo dispuesto en la cláusula segunda de este contrato, y será justa causa para dar por terminado el contrato laboral, por no encontrarse apto para cumplir funciones para la cual fue contratado.

Añade que, siendo el préstamo otorgado por la empresa, una medida de capacitación para la ejecución del contrato, condicionada a su aprobación, no era posible buscar su restitución o devolución, y menos deducirlo del salario, por cuanto, conforme al art. 149 del CST, se trata de una «deuda del trabajador para con el empleador», cuya compensación o descuento está claramente prohibida.

En conclusión, afirma que el empleador incorporó cláusulas ineficaces en el contrato de trabajo, como la de desalarización de la prima de vuelo, para precarizar el salario que debe recibir por los servicios prestados y, además, la retención de salario por la capacitación o adiestramiento, lo que contradice lo dispuesto en el art. 43 del CST.

VII. SEGUNDO CARGO

Acusa el recurrente la sentencia impugnada de violar la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los arts. 43, 128, 149 y 286 del CST, en relación con los arts. 43, 186, 253, 286, 306 y 340 ibidem.

Bajo ese horizonte, indica que ello tuvo lugar, por haber incurrido el Tribunal en los siguientes errores de hecho:

2.2.1. No dar por demostrado estándolo, que la prima de vuelo pactada en el contrato de trabajo con cláusula de exclusión salarial, superaba el sueldo o asignación básica y estaba claramente destinada a retribuir el servicio del recurrente.

2.2.2. No dar por demostrado estándolo que el préstamo por valor de USD12.065 más los intereses equivalentes al 12% anual, pagados por SATENA para la capacitación o adiestramiento en las funciones asignadas al trabajador recurrente, en virtud de la primacía de la realidad, no era un simple préstamo o deuda del trabajador para con la empleadora sino un derecho que surgía de la naturaleza laboral del contrato y conforme a su clausurado especial y por ende no podía descontársele del salario del trabajador.

A título de pruebas no apreciadas, relaciona los desprendibles o comprobantes de pago de la remuneración recibida por el trabajador de Satena S.A. (folios 92 a 100 cuaderno 1) y, como indebidamente valoradas, el contrato de trabajo (folios 23 a 28) y su otrosí (folios 33 y 34 cuaderno 1), así como el contrato de préstamo - mutuo, celebrado el 9 de febrero de 2012.

En su demostración afirma que la sentencia del Tribunal es violatoria de las normas citadas, pues de haber estudiado en su integridad y, en debida forma, las pruebas aportadas al proceso, la decisión no podría ser otra que haber revocado la providencia de primer grado y, en su lugar, acceder a las pretensiones del libelo genitor.

Además, que lo primero que debe examinarse, no es solo el carácter permanente, habitual, periódico y garantista con que se le remuneró la prima de vuelo, sino, además, el monto o porcentaje de esta en relación con el salario básico pactado.

En esa línea, manifiesta que el primer aspecto se encuentra contenido en la cláusula cuarta del contrato inicial (folio 24 cuaderno 1), en la que se le promete una remuneración adicional denominada prima de vuelo, equivalente a 60 horas en condición de copiloto, «vuele o no vuele»; lo cual se repite en la cláusula tercera del otrosí suscrito el 5 de abril de 2014 (folios 24 y 25 cuaderno 1), pero ya en el equivalente a 90 horas, como piloto, no como simple liberalidad, sino como garantía.

También, que esa garantía no surge del imperativo «reconocerá», sino del contenido del contrato inicial y del artículo 2.1. del capítulo segundo del Manual de Acreencias Laborales y Prestaciones Sociales, que reza: «Las horas garantizadas en el contrato se reconocen vuele o no el tripulante».

Acto seguido sostiene, que de aquél puede deducirse, con mediana claridad, que, al establecerse la garantía de remuneración, «vuele o no vuele el trabajador», puede adecuarse al contenido del art. 127 del CST, y no al art. 128 ibídem, que fue el aplicado indebidamente en la sentencia recurrida, al no haberse examinado íntegramente las pruebas del proceso.

Referente al monto real, precisa que basta con examinar los comprobantes de liquidación y pago de nómina de algunos períodos (folios 92 a 100 del cuaderno 1), no valorados en la sentencia, de los que se puede deducir, que el sueldo básico pactado siempre resultó inferior a la prima de vuelo: para el año 2014 $2.956.100 y $3.267.500 y para el año 2015 $3.064.293 y $3.267.500, respectivamente; de lo cual se concluye que la ficción creada por el empleador frente a la prima de vuelo como factor no salarial, no solo permitió la precarización de su salario, sino, además, eludir el pago de la seguridad social.

Advierte que, al no haber examinado el juez colegido, la totalidad de las pruebas en debida forma, permite que la accionada, no solo le restrinja las prestaciones sociales y el salario, sino, también, el pago de la seguridad social en pensiones, por ende, las incapacidades y la posible pensión de invalidez, resulten ilimitadas o disminuidas.

En lo relativo al descuento de salario por concepto de préstamo para capacitación o adiestramiento como copiloto, expresa que los errores que se le enrostran a la sentencia, se enmarcan en no haber deducido, con fundamento en el contrato de trabajo, que dicha capacitación o habilitación correspondía a una necesidad de Satena S.A., para el cumplimiento de su objeto social.

Asimismo, agrega, que teniendo aquella como destino y función, la capacitación y habilitación como copiloto, y siendo para el servicio exclusivo de la empresa, mal podía señalarse que el contrato de préstamo - mutuo (folios 29 a 32 cuaderno 1), no tiene incidencia en el derecho laboral.

Por último, aduce que siendo la suma de USD $12.065 un pago que hizo la empresa a favor de un tercero para la capacitación y habilitación del trabajo, con fines de ejecución de su contrato, condicionada a su aprobación, no era posible buscar su restitución o devolución, y mucho menos, deducirla de su salario, pues de conformidad con el art. 149 del CST, se trata de una «deuda del trabajador para con el empleador», cuya compensación o descuento está claramente prohibida.

VIII. RÉPLICA

Asegura que las conclusiones expuestas por el Tribunal son válidas, ya que enfocan su análisis en el alcance que se quiso dar a la cláusula cuarta y sus correspondientes parágrafos del contrato de trabajo 2740 de 2012, encontrando que, además, de cumplir formalmente con lo establecido en el art. 128 del CST, dilucida la redacción de las mencionadas cláusulas, lo que le permitió precisar, que la frase «vuele o no vuele», no es más que la clara evidencia de que los pagos recibidos por el trabajador, por dicho concepto, son una contribución al servicio, mas no una contraprestación, alejándose así del concepto de lo que constituye salario.

Igualmente, expresa que los argumentos presentados por la recurrente, no solo resultan injustificados, sino también desproporcionados, si se tiene en cuenta que, lo que pretende es que se aplique el principio de la realidad sobre las formas; no obstante, no va más allá de hacer una interpretación a su favor sobre la forma en que está redactada la cláusula cuarta del contrato de trabajo y sus consecuentes parágrafos, y el impacto de las palabras utilizadas, para definir desde allí, que la prima de vuelo reconocida por Satena S.A. sí es factor salarial; sin embargo, la realidad del caso objeto de controversia, es que aquella se reconoce así el tripulante volara o no, hecho relevante para descalificar las pretensiones, confirmando que dicho reconocimiento extralegal y de mera liberalidad, no constituye factor salarial.

En lo que concierne a la devolución de lo pagado por el curso de entrenamiento como copiloto, afirma que la decisión del ad quem fue acertada, en el sentido de que el contrato de mutuo que obra como prueba en el plenario, se trata de un negocio civil, en el cual difícilmente puede intervenir la jurisdicción laboral, más cuando el trabajador asintió dicho compromiso de manera voluntaria y consciente.

IX. CONSIDERACIONES

Acusa el recurrente la sentencia impugnada de violar la ley sustancial en dos aspectos: el primero, por infringir los arts. 127 y 128 del CST, entre otras normas, en lo concerniente a la prima de vuelo y, el otro, los arts. 43, 149, 186, 253, 286, 306 y 340 ibidem, en lo que se refiere al reembolso o devolución de lo pagado por concepto del curso de entrenamiento en simulador de vuelo equipo ATR 42-500, llevado a cabo en Houston —Texas (Estados Unidos de América)—.

En las instancias quedaron acreditados los siguientes supuestos fácticos, en relación con el recurrente que: (i) entre él y la empresa se pactó un contrato de trabajo a término indefinido que comenzó el 9 de febrero de 2012, a través del cual el demandante se desempeñaba como copiloto del equipo ATR 42-500; (ii) la empresa le hizo un préstamo para asumir el costo de su entrenamiento y, este, como garantía, suscribió un contrato de mutuo el 9 de febrero de 2012, para pagarlo en 36 cuotas mensuales; (iii) según el otrosí 001/2014 del 5 de abril de ese año, a partir de esa data pasó a desempeñarse como piloto; (iv) desde julio de 2015 a la fecha, está incapacitado por trastorno de pánico; (v) la Aeronáutica Civil, mediante oficio 5200.211-2015035255 del 28 de agosto de 2015, le comunicó la suspensión temporal del Certificado Médico de Primera Clase para actividades aeronáuticas, y (vi) la empresa le redujo de la liquidación mensual, lo que le correspondía por prima de vuelo, desde el mes de septiembre de 2015.

Por otra parte, la sala sentenciadora confirmó la sentencia absolutoria de primer grado, por considerar que la prima de vuelo no tiene naturaleza salarial, dado que no es una contraprestación directa del servicio y, en relación con el reembolso o devolución de lo pagado por concepto del curso de entrenamiento, bajo el argumento de que se trata de una obligación que surge por una modalidad civil que nada tiene que ver con un contrato de naturaleza laboral.

Acusa el recurrente la sentencia impugnada de violar la ley sustancial, en el primer cargo, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea los arts. 127 y 128 del CST y, en el segundo, por la senda fáctica, en la modalidad de aplicación indebida de la segunda de las normas citadas.

Así las cosas, se debe determinar de un lado i) si erró el colegiado al no encontrar por demostrado que la prima de vuelo pactada en el contrato de trabajo con cláusula de exclusión salarial, realmente retribuía el servicio de la accionante y, de otro lado, ii) si correspondía ordenar la devolución de lo pagado por concepto del curso de entrenamiento.

Por cuestión de método se analizará, de forma inicial, el segundo de los problemas jurídicos acusados.

Devolución de lo pagado por concepto del curso de copiloto de entrenamiento en simulador de vuelo de equipo ATR 42-500

En lo tocante a si correspondía ordenar la devolución de lo pagado por concepto del curso de entrenamiento dado que al mutuo celebrado se le dio una connotación civil y no laboral valga la pena traer a colación que conforme a los artículos 142, 146 y 286 del C.S.T. es una obligación especial a cargo del empleador, dar a sus colaboradores capacitación y adiestramiento.

No es objeto de discusión por haber quedado demostrado en las instancias que el demandante debido al entrenamiento en simulador de vuelo de equipo ATR 42-500, llevado a cabo en la ciudad de Houston —Texas (Estados Unidos de América)—, suscribió un contrato de mutuo con la demandada, obligándose a pagar la suma objeto de préstamo en 36 cuotas.

Bajo esa premisa se encuentra que la cláusula segunda del contrato (folio 24 cuaderno 1), que refiere el curso de entrenamiento en su parágrafo cuarto establece:

En el evento de que el TRABAJADOR no apruebe el curso de COPILOTO del equipo ATR 42-500 en Houston Texas, SATENA queda exonerada de cancelar erogación por concepto de relación laboral, toda vez que el contrato laboral esta (sic) condicionado a la aprobación del curso, conforme a lo dispuesto en la cláusula segunda de este contrato y será justa causa para dar por terminado el contrato laboral, por no encontrarse apto para cumplir funciones para el cual fue contratado.

De la literalidad del contrato se puede evidenciar que el accionante requería la habilitación para desempeñarse como copiloto, esto es, que sin ella no podía desempeñar las funciones objeto del contrato, de tal manera que la no aprobación del curso supeditaba la continuidad del vínculo, en otras palabras, la existencia misma del contrato estaba condicionada a la aprobación de aquel.

En puridad de verdad, lo que en el caso bajo estudio se presenta, es que la empresa facilitó al actor la realización de un curso indispensable a efectos de desempeñar la labor para poder ser contratado, lo que no se enmarca en la capacitación o entrenamiento alegado por el accionante en el ámbito laboral como deber especial del empleador, sino, más bien, una exigencia para su vinculación laboral por manera que es al hoy demandante al que le corresponde asumir ese costo, y no trasladarlo a la empresa contratante.

Bajo la línea de lo que se viene discurriendo no hay error de la sala sentenciadora en la conclusión de que no procede la devolución de los valores que el accionante ha cancelado por concepto del mutuo cuestionado.

Naturaleza salarial de la prima de vuelo

Para definir el asunto es conveniente recordar que el principal compromiso del empleador lo constituye la retribución de los servicios prestados por el trabajador y, si con ellos el empleador recompensa la labor, los mismos siempre serán salario, lo que ha sido definido en el artículo 127 CST subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990; incluso si bajo las preceptivas del artículo 128 del C.S.T modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, las partes consignan expresamente lo contrario, pues la naturaleza salarial no puede ser desconocida aún so pretexto de ejercer la facultad consagrada en dicha normativa (CSJ SL20748-2017). Así lo ha reconocido de antaño esta Corporación, entre otras, en la providencia CSJ SL403-2013, memorada en la CSJ SL1344-2020, que al respecto indicó:

Al margen de que el cargo fue enfocado por la vía indirecta, no está demás reiterar en esta oportunidad, la posición que, de vieja data, viene sosteniendo la jurisprudencia laboral frente a la definición de salario conforme a los artículos 127 y 128 del CST. Conviene traerla a colación en razón a que todavía persisten, por parte de algunos empleadores, prácticas laborales consistentes en que, so pretexto de la facultad otorgada por el citado artículo 128 modificado por el 15 de la Ley 50 de 1990, celebran pactos salariales con los trabajadores con el propósito de restarle el carácter salarial a pagos que por esencia lo son, no obstante que son ineficaces, como sucedió en el sublite.

En sentencia del 12 de febrero de 1993 (radicación 5481), al referirse a la interpretación de los arts. 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, en vigencia de la ley 50 de 1990, esta Sala expuso lo siguiente:

“Determinar cuáles de los pagos que el trabajador recibe del empleador constituyen salario y cuáles no, es tema de innegable relevancia para las relaciones obrero-patronales, tanto individuales como colectivas, por lo cual se hace necesario distinguir el ‘salario’ propiamente dicho de otras remuneraciones y beneficios que también recibe el trabajador por razón de su trabajo o con ocasión del mismo, cuales son las ‘prestaciones sociales’, las ‘indemnizaciones’ y los ‘descansos’, según clasificación empleada hace ya tiempo por nuestra legislación positiva y de usanza predominante en el lenguaje ordinario de la vida laboral. […]

a).- El pago del salario, desde el punto de vista jurídico, es la principal obligación de quien se beneficia del trabajo subordinado ajeno, como que constituye ordinariamente la contraprestación primordial y más importante de la actividad desplegada por el trabajador. El salario aparece así como la remuneración más inmediata o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador, por lo cual se considera uno de los elementos esenciales de toda relación de trabajo, sin que importe la forma jurídica -contrato de trabajo o relación legal y reglamentaria- que regule la prestación personal subordinada de servicios.

[…]

3.- La clasificación de los beneficios laborales que se ha dejado expuesta, de conformidad con nuestras normas positivas reguladoras de las relaciones entre trabajadores y empleadores del sector privado, permite resolver fácilmente el asunto bajo examen, pues aplicando los anteriores conceptos al caso litigado se impone concluir que no interpretó erróneamente el Tribunal el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo ni tampoco dejó de aplicar el 128 del mismo ordenamiento. Estas normas, en lo esencial, siguen diciendo lo mismo bajo la nueva redacción de los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1.990, puesto que dichos preceptos no disponen, como pareciera darlo a entender una lectura superficial de sus textos, que un pago que realmente remunera el servicio, y por tanto constituye salario, ya no lo sea en virtud de disposición unilateral del empleador o por convenio individual o colectivo con sus trabajadores”. [Subraya la Sala]

Por manera que, si un pago retribuye de manera directa el servicio es insuficiente el acuerdo de voluntades que le quite tal naturaleza salarial, esto es, su condición de ser remuneratorio directamente del servicio, dicho en breve: las partes no tienen la competencia de cambiar la naturaleza salarial de un emolumento (CSJ SL3272-2018); no está de más en este punto traer a colación lo que ha dejado por sentado esta Sala, entre otras, en la sentencia CSJ SL4866-2020, en que tratándose del «binomio salario-prestación personal del servicio» es el objeto principal de un contrato de trabajo «por consiguiente, los pagos realizados por el empleador al trabajador por regla general son retributivos, a menos que resulte claro que su entrega obedece a una finalidad distinta; de manera que contrario a lo que sostuvo el fallador colegiado, es el Radicación n.° 69486 SCLAJPT-10 V.00 35 empleador quien tiene la carga de probar que su destinación tiene una causa no remunerativa».

También ha sido definido de antaño por la esta Corte en la sentencia CSJ SL5159-2018, los criterios para determinar cuándo un pago constituye el salario, los que a continuación se refieren:

3. 2. Criterios para delimitar el salario

Atrás se explicó que es salario toda ventaja patrimonial que recibe el trabajador como consecuencia del servicio prestado u ofrecido. Es decir, todo lo que retribuya su trabajo. Por tanto, no son salario las sumas que entrega el empleador por causa distinta a la puesta a disposición de la capacidad de trabajo. De esta forma, no son tal, (i) las sumas recibidas por el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio personal o enriquecer su patrimonio sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, tales como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes; (ii) las prestaciones sociales; (iii) el subsidio familiar, las indemnizaciones, los viáticos accidentales y permanentes, estos últimos en la parte destinada al transporte y representación; (iv) las sumas ocasionales y entregadas por mera liberalidad del empleador que, desde luego, no oculten o disimulen un propósito retributivo del trabajo.

Aunque esta Corporación en algunas oportunidades se ha apoyado en criterios auxiliares tales como la habitualidad del pago (CSJ SL1798-2018) o la proporcionalidad respecto al total de los ingresos (CSJ SL, 27 nov. 2012, rad. 42277), debe entenderse que estas referencias son contingentes y, en últimas, han sido utilizadas para descifrar la naturaleza retributiva de un emolumento. Quiere decir lo anterior, que el criterio conclusivo o de cierre de si un pago es o no salario, consiste en determinar si su entrega tiene como causa el trabajo prestado u ofrecido. De otra forma: si esa ventaja patrimonial se ha recibido como contraprestación o retribución del trabajo.

De acuerdo con lo anterior, podrían existir créditos ocasionales salariales, si, en efecto, retribuyen el servicio; también dineros que en función del total de los ingresos representen un porcentaje minúsculo y, sin embargo, sean salario. Por ello, en esta oportunidad, vale la pena insistir en que el salario se define por su destino: la retribución de la actividad laboral contratada.

En cuanto a qué se entiende por contraprestación directa del servicio, la providencia CSJ SL, 27 may. 2009, rad. 32657, dio las luces, así:

[…] Sea lo primero observar que el artículo 14 de la Ley 50 de 1990 introdujo el calificativo de directa aplicado a la remuneración, como determinante en la definición de los pagos que constituyen salario, que no traía la prístina redacción del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

Pues bien. Remuneración directa del servicio es aquella que tiene su fuente próxima o inmediata en el servicio personal prestado por el trabajador, esto es, la que encuentra venero en el trabajo realizado por el empleado.

De tal suerte que la labor ejecutada por el trabajador es la que origina derechamente, sin rodeos, la contraprestación económica de parte del empleador.

Para expresarlo con otro giro: la retribución directa del servicio es la que tiene su causa próxima o inmediata en lo que haga o deje de hacer el trabajador, en virtud del contrato de trabajo o de la relación legal y reglamentaria. Esto es, la actividad desarrollada por el trabajador es la razón de ser de la contraprestación económica, ya en dinero ora en especie.

A no dudarlo, el carácter de retribución directa pasa a ocupar un sitial elevado a la hora de definir la naturaleza salarial de un determinado pago o beneficio, en dinero o en especie, que recibe el trabajador.

Ese carácter de retribución directa que se erige en nota distintiva del salario, en cuanto traduce la remuneración próxima o inmediata, por oposición a la lejana o mediata, que recibe el trabajador por el servicio prestado, es una consecuencia natural y lógica de los rasgos de bilateralidad u onerosidad, que acompañan al contrato de trabajo o a la relación legal y reglamentaria, en cuya virtud éstas generan naturalmente obligaciones recíprocas a cargo de cada una de las partes, y en ellos está presente, por lo general, el ánimo especulativo o lucrativo de ambas partes.

Se sigue de lo dicho que pagos, reconocimientos, beneficios o ventajas que tengan un propósito distinto al de retribuir, directa, inmediata o derechamente, la actividad, tarea o labor del trabajador, no constituyen salario, así se reciban por causa o con ocasión de la relación subordinada de trabajo.

Conforme a las premisas jurídicas en precedencia, de las piezas procesales acusadas se encuentran:

Contrato de trabajo (folios 23 a 28),

CLAUSULA (sic) PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL TRABAJADOR se compromete con SATENA durante el tiempo de este contrato, a prestar toda su capacidad personal y profesional en desempeño de sus funciones y labores como Copiloto del equipo ATR 45-500, DEPENDIENTE DE LA Dirección de Operaciones Aéreas.

CLAUSULA (sic) SEGUNDA: El presente contrato de trabajo rige por el término INDEFINIDO, contado a partir de la fecha de suscripción del mismo

CLAUSULA (sic) CUARTA: Adicional a lo anterior, SATENA podrá reconocer al TRABAJADOR un AUXILIO DE VUELO EXTRALEGAL – PRIMA DE VUELO, por cada hora de vuelo prestada, en los términos, cuantías y condiciones establecidas por la Presidencia de la empresa a través de ACTA y vigente al momento en que se causaren. Las partes acuerdan expresamente, que este Auxilio extralegal - prima de vuelo no constituye salario y no tendrá incidencia en la liquidación y pago de prestaciones sociales o indemnizaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, modificatorio del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo.

PARAGRAFO (sic) PRIMERO: SATENA garantiza al TRABAJADOR, el pago por concepto de auxilio de vuelo extralegal, un mínimo de 60 horas, vuele o no vuele el TRABAJADOR, siempre y cuando la no prestación del servicio (hora no volada) sea como consecuencia de factores no atribuibles o por exclusiva responsabilidad del trabajador.

[…]

Es de resaltar que las partes celebraron otrosí 001/2014 en el cual se previó el reconocimiento de la prima en comento, hasta por 90 horas de vuelo, pero ahora en la función de piloto (folios 33 a 34 cuaderno 1), y dentro de la misma se mantuvo que habría lugar al pago de esta prestación «vuele o no vuele el TRABAJADOR», con el condicionamiento de: «[…] siempre y cuando la no prestación del servicio (hora no volada) sea como consecuencia de factores no atribuidos o por exclusiva responsabilidad del trabajador».

Ahora, de conformidad con el artículo 2.1. del capítulo segundo del Manual de Acreencias Laborales y Prestaciones Sociales de Satena S.A., que consagra la prima de vuelo, en su inciso 5.°, estableció que:

Las horas de vuelo garantizadas en el contrato, se reconocen vuele o no vuele el tripulante, siempre y cuando, la no prestación del servicio (hora no volada) sea como consecuencia de causas o factores no atribuibles o por exclusiva responsabilidad del Trabajador, es decir, si el tripulante no está disponible para vuelo por circunstancias tales como: Incapacidad médica, uso de licencia no remunerada, permisos u otras situaciones que afecten la prestación del servicio; no se reconocerán las horas garantizadas, sino en forma proporcional a su disponibilidad de vuelo. Subraya fuera de texto.

Acogiendo la línea jurídica señalada y conforme a las pruebas en análisis no hay asomo de duda, de que la prima de vuelo retribuye de manera directa el servicio o de la disposición de su fuerza de trabajo para la cual fue contratado el accionante, que no es otra que «sus funciones y labores como Copiloto del equipo ATR 45-500, DEPENDIENTE DE LA Dirección de Operaciones Aéreas», en consecuencia, siguiendo la línea expuesta, las partes no tenían la capacidad de restarle la naturaleza salarial a tal emolumento primando la realidad sobre las formas (art. 153 CP), no hay duda de su carácter salarial.

Adicional a que la prima en estudio remunera directamente la labor de copiloto para la que fue contratado, se encuentra acreditado con los comprobantes de pago que (folios 92 a 100 cuaderno 1), tal emolumento constituía un pago regular y periódico, con ello habitual y, para ahondar en razones, el hecho de que el monto de la prima fuere superior al de la asignación básica, constituye un indicio de que, en realidad, se pagaba como retribución del servicio contratado.

Así las cosas, esta Sala permanente acoge la propuesta de la Sala de Descongestión Laboral n.° 4, en cuanto a fijar criterio en torno a que en aplicación de los artículos 127 y 128 del C.S.T., la prima de vuelo remunera de manera directa el servicio, por ende, es factor salarial. Ocurre, empero, que debe advertirse que se difiere de lo planteado por la Sala de Descongestión en cuanto a que, no causó el señor Flórez Salazar, el derecho a la referida prima de vuelo, ya que, desde el mes de septiembre de 2015, se encuentra incapacitado, por ende, no disponible para volar, por lo que conforme a lo pactado no se había causado.

Ello es así, pues precisamente, lo pactado implica que la no disponibilidad para volar sea «por exclusiva responsabilidad del trabajador» lo que refrenda el Manual citado «por exclusiva responsabilidad del Trabajador». Entonces, salvo que el trabajador se hubiera generado intencionalmente la afectación que lo llevó a la incapacidad, no puede entenderse este, como condicionamiento atribuible al actor para que se cause la prestación.

Así, al quedar demostrado que la prima de vuelo es factor salarial, quedar desvirtuada la aplicación del artículo 128 del CST a tal emolumento y no ser la incapacidad médica no provocada intencionalmente una causa atribuible al trabajador, no puede darse efectos al aparte del Manual en comento que incluyó la «incapacidad medica» como condicionamiento para causar la bonificación por prima de vuelo.

Y es que generalmente que se dé una situación médica que lleve a la incapacidad, no está en la esfera de control de una persona, por ende, si bien presenta una situación que nace del trabajador, no puede ser entendida como de su exclusiva responsabilidad pues generalmente es inesperada, claro, salvo que sea provocada intencionalmente.

No está de más recordar que, la incapacidad no suspende el contrato y, por ende, el trabajador mantiene todos sus derechos laborales, inclusive surge el derecho al pago del auxilio por incapacidad en cabeza del Sistema de salud para efectos de que continúe recibiendo ingresos, para ello el empleador realiza la erogación para luego recobrar a la entidad de seguridad social (Decreto 019 -2012 artículo 121).

Ahora en sede de instancia y para mejor proveer lo que en derecho corresponde ofíciese al SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. (SATENA S.A.), para que remita con destino a esta Corporación, en el término máximo de diez (10) días contados a partir del recibo la solicitud:

i) Constancia y soportes discriminados, de todos los pagos efectuados por Satena S.A., en virtud del contrato de trabajo, a Víctor Hugo Flórez Salazar.

ii) Constancia y soportes discriminados, de todos los pagos efectuados por Satena S.A., por concepto de prima de vuelo a Víctor Hugo Flórez Salazar.

iii) Certificado en que se manifieste si en la actualidad Víctor Hugo Flórez Salazar, presta sus servicios Satena S.A. y, de no continuar laborando hasta que fecha estuvo vinculado.
iv) Pagos de los aportes realizados al sistema de seguridad social integral.

Ofíciese al SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. (SATENA S.A.), y al señor VÍCTOR HUGO FLÓREZ SALAZAR para que remita con destino a esta Corporación, en el término máximo de diez (10) días contados a partir del recibo la solicitud, certificación donde conste si el accionante se encuentra recibiendo o recibió algún tipo de reconocimiento o adelanta trámite para la obtención de cualquier prestación ante el sistema de seguridad social por la condición que presentaba.

Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.

Sin costas en casación dada la prosperidad del recurso

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de mayo de dos mil diecinueve (2019), en el proceso promovido por VÍCTOR HUGO FLÓREZ SALAZAR en contra de SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. (SATENA S.A.).

En sede de instancia y para mejor proveer lo que en derecho corresponda, Ofíciese al SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. (SATENA S.A.), y al señor VÍCTOR HUGO FLÓREZ SALAZAR con el fin de que alleguen a esta Corporación la siguiente información:

i) Constancia y soportes discriminados, de todos los pagos efectuados por Satena S.A., en virtud del contrato de trabajo, a Víctor Hugo Flórez Salazar.

ii) Constancia y soportes discriminados, de todos los pagos efectuados por Satena S.A., por concepto de prima de vuelo a Víctor Hugo Flórez Salazar.

iii) Certificado en que se manifieste si en la actualidad Víctor Hugo Flórez Salazar, presta sus servicios Satena S.A y, de no continuar laborando hasta que fecha estuvo vinculado.

iv) Pagos de los aportes realizados al sistema de seguridad social integral.

Ofíciese al SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. (SATENA S.A.)., y al señor VÍCTOR HUGO FLÓREZ SALAZAR para que remita con destino a esta Corporación, en el término máximo de diez (10) días contados a partir del recibo la solicitud, certificación donde conste si el accionante se encuentra recibiendo o recibió algún tipo de reconocimiento o adelanta trámite para la obtención de cualquier prestación ante el sistema de seguridad social por la condición que presentaba.

Cumplido lo anterior, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del CGP, vencido el cual ingresará nuevamente el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.

Costas conforme se expresó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

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