FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL4316-2022
Radicación n.° 89573
Acta 41
Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 12 de diciembre de 2019, en el proceso ordinario que MARTHA CECILIA BUITRAGO GORDILLO promovió en contra de la recurrente y de SANDRA PATRICIA BONILLA LAVERDE.
I. ANTECEDENTES
Martha Cecilia Buitrago Gordillo llamó a juicio a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y a Sandra Patricia Bonilla Laverde, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge, Carlos Hernando Peñaloza Estupiñán, a partir del 12 de mayo de 2015, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: contrajo matrimonio con Carlos Hernando Peñaloza Estupiñán el 22 de mayo de 1980, y convivieron hasta el fallecimiento de este último acaecido el 12 de mayo de 2015; de la unión nacieron dos hijos hoy mayores de edad; el 8 de abril de 2015, su cónyuge solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez a Protección S.A., quien había cotizado 789.50 semanas al ISS, se trasladó al RAIS y aportó a Protección S.A. 886 semanas, para un total de 1675 semanas cotizadas al sistema de pensiones y contaba con 50 en el último trienio anterior a la muerte. El 5 de junio de 2015 solicitó a la demandada la pensión de sobrevivientes, que le informó que Sandra Patricia Bonilla Laverde también había presentado igual reclamación, por lo que debía acudir a la justicia ordinaria para dirimir el conflicto.
Sandra Patricia Bonilla Laverde se opuso a las pretensiones de la actora, señaló que convivió en unión libre con Hernando Peñaloza Estupiñán desde el mes de marzo de 1997 hasta mayo de 2015; que su estado civil era casada con sociedad conyugal disuelta desde el año 2010, que al empezar la relación, el fallecido le dijo que era separado y que viajaba regularmente a Cali para estar pendiente de sus hijos y de la madre de ellos de avanzada edad y que debido a su trabajo como ingeniero civil, debía viajar por todo el país regularmente; que una vez enfermó el mencionado en la ciudad de Cali, su hija no les permitió volver a verlo y, finalmente, adujo que estaba reportada en Protección como compañera permanente de aquél.
En su defensa propuso la excepción de falta de legitimación por activa al no acreditar los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes por la actora.
Protección S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, dijo no constarle varios de los hechos, admitió la fecha de fallecimiento, la solicitud pensional y la respuesta, y propuso como excepciones de mérito las de imposibilidad de reconocer la pensión reclamada por la demandante ante el conflicto de beneficiarios, deber de prueba de la convivencia para ser considerada beneficiaria de la pensión de sobrevivientes y las cotizaciones mínimas necesarias, improcedencia de los intereses moratorios y condena en costas.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 7 de febrero de 2018, condenó a Protección S.A., a reconocer y pagar a la demandante Martha Cecilia Buitrago Gordillo la pensión de sobrevivientes en un 100% en su calidad de cónyuge supérstite de Carlos Hernando Peñaloza Estupiñán, a partir del 12 de mayo de 2015, el retroactivo correspondiente que cuantificó en la suma de $74.251.106, absolvió de lo demás y se abstuvo de imponer condena en costas.
Al corregir la decisión indicó que la mesada pensional inicial a partir del 12 de mayo de 2015 ascendía al monto de $1.936.972, por lo que la suma a pagar, por concepto de mesadas causadas desde la aludida fecha hasta el 31 de enero de 2018 incluida la adicional de junio, era de $74.251.106 y, a partir del 1° de enero de 2018, $2.276.471.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2019, resolvió:
PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Sentencia No. 025 del 7 de febrero de 2018, especialmente los numerales 2º, 3º y 4º, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali, y en su lugar DECLARAR que las señoras MARTHA CECILIA BUITRAGO GORDILLO, en calidad de cónyuge y SANDRA PATRICIA BONILLA LAVERDE, en calidad de compañera permanente son beneficiarias de la pensión de sobreviviente, que se causó en el(sic) ocasión del fallecimiento del señor Carlos Hernando Peñaloza Estupiñán, a partir del 12 de mayo de 2015. CONFIRMA dichos numerales en lo demás.
SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., a pagar a la señora MARTHA CECILIA BUITRAGO GORDILLO la mesada pensional de un 76.08%, por un valor actual a partir de diciembre de $1.786.958,oo y a la señora SANDRA PATRICIA BONILLA LAVERDE, en un porcentaje del 23,91%, en un valor de $561.595.
TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. a pagar la suma de $98´714.587, oo por concepto de retroactivo pensional adeudado a la señora MARTHA CECILIA BUITRAGO GORDILLO y a la señora SANDRA PATRICIA BONILLA LAVERDE en la suma de $31´023.472, oo. Se autorizan los descuentos para aportes a salud.
CUARTO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. de las demás pretensiones.
QUINTO: Sin costas en esta instancia.
El colegiado determinó como problema jurídico a resolver, si a la demandante podría considerársele como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes y si había lugar al pago de los intereses moratorios. Señaló que no había discusión sobre la fecha de fallecimiento del causante, 12 de mayo de 2015, y la aplicación de la Ley 797 de 2003, así como, el número de semanas superiores a 50 en el último trienio.
A continuación, procedió al estudio del material probatorio y dijo que la señora Buitrago Gordillo convivió con el causante desde el matrimonio hasta su fallecimiento. En cuanto a la señora Sandra Patricia Bonilla Laverde, luego de analizar las pruebas recaudadas, principalmente la testimonial, documental y las declaraciones extrajuicio, concluyó que entre la mencionada y Hernando Peñaloza Estupiñán existió una convivencia efectiva que se interrumpió para el momento del fallecimiento de este último por las condiciones de salud que lo aquejaron, luego también le asistía el derecho a la prestación reclamada.
Enseguida, procedió a la distribución de la mesada, de acuerdo con el tiempo de convivencia de cada una, para el efecto tomó la fecha del matrimonio con la demandante y con la compañera permanente aproximadamente 11 años, precisó entonces que:
Una vez realizadas las operaciones pertinentes se tiene que para la cónyuge le arroja un porcentaje de 76.08% de la mesada pensional y por otro lado para la compañera permanente un 23.91% de la mesada pensional, corolario de lo anterior se divide proporcionalmente el retroactivo adeudado por parte de la AFP Protección en los porcentajes mencionados con anticipación en este sentido se realiza un cuadro donde el total de mesadas del fallecimiento hasta el 30 de noviembre de 2019 da $129.751.035 se divide en los correspondientes porcentajes.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia acusada «en cuanto determinó que, inicialmente, a la señora Buitrago le correspondía recibir $1.786.958 y a la señora Bonilla $561.595. Después, se pide que revoque en forma parcial el fallo de primer grado en lo que atañe a haber destinado el 100% de la mesada para la señora Buitrago y, finalmente, distribuya la multicitada mesada en los porcentajes fijados por el Tribunal aplicados sobre una mesada de $1.922.894 para el año 2015, y así sucesivamente con los reajustes legales a los que hubiere lugar».
Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado por Martha Cecilia Buitrago Gordillo y Sandra Patricia Bonilla Laverde.
VI. CARGO ÚNICO
Ataca la sentencia recurrida, por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 13, literal b), tercer inciso de la Ley 797 de 2003 y 21 y 48 de la Ley 100 de 1993.
Como error fáctico indica el de «haber calculado mal el ingreso base de liquidación y, por tanto, haber definido un valor de mesada para la señora Buitrago y para la señora Bonilla ajeno a la realidad», que provino de la equivocada apreciación del historial de aportes de Carlos Hernando Peñaloza Estupiñán y del documento «LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN – IBL PARA TODAS LAS COTIZACIONES DE LA VIDA LABORAL».
Luego de transcribir los artículos 21 y 48 de la Ley 100 de 1993, señala:
Al aplicar esos preceptos para hacer los cálculos respectivos, salta a la vista que partiendo del contenido del historial de aportes de Carlos Hernando Peñaloza Estupiñán (fs. 20 a 23, c.1) y del documento LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN – IBL PARA TODAS LAS COTIZACIONES DE LA VIDA LABORAL” (fs. 529 a 531) el valor del ingreso base de liquidación para el año 2015 asciende a $1.922.894, de manera que al distribuir esa suma en un 76.08% para la señora Buitrago y un 23,91% para la señora Bonilla da que lo que deben comenzar a recibir en el citado año 2015 es $1.462.938 y $459.764, y no $1.786.958 y $561.595 como erradamente lo estableció el Tribunal.
Agrega que el monto de la mesada fue objeto de apelación por lo que no se trata de un medio nuevo y cita en respaldo la decisión CSJ SL, 1 dic. 2004, rad. 22606, por lo que al ser evidente el error de hecho, solicita proceder de acuerdo con el alcance de la impugnación.
VII. RÉPLICA (SANDRA PATRICIA BONILLA LAVERDE)
Propone que no se case la sentencia del Tribunal por cuanto el ingreso base de liquidación fue obtenido de acuerdo con los salarios devengados por el trabajador según el régimen aplicable. Que los argumentos del casacionista desconocen los lineamientos doctrinales, normativos y jurisprudenciales de este tipo de acciones por lo que no están llamados a prosperar.
VIII. RÉPLICA (MARTHA CECILIA BUITRAGO GORDILLO)
Señala que el Tribunal actualizó la mesada pensional determinada en primera instancia al momento de dictar la sentencia, pues los valores señalados en la parte resolutiva corresponden a diciembre de 2019 en la suma de $2.348.553 y procede a su distribución, tal como lo había hecho el juzgado para los años 2018 y 2019, por lo que en ningún error se incurre.
IX. CONSIDERACIONES
Dado que el derecho pensional no se discute en sede casacional, sino únicamente el monto de la mesada distribuido a las beneficiarias de la misma, cabe señalar que el colegiado se limitó a indicar el porcentaje que correspondía a cada una de ellas de acuerdo con el tiempo de convivencia que encontró acreditado en el juicio y procedió a fijar un valor actual para cada una así: $1.786.958 a favor de Martha Cecilia Buitrago Gordillo y de $561.595 a favor de Sandra Patricia Bonilla Laverde.
La recurrente sostiene que el Tribunal se equivocó al efectuar la distribución de la mesada pensional, pues claramente se observa que el valor fijado a cada una de ellas excede el monto que, de acuerdo con la ley, les correspondía. Arguye, además, que cuestionó el monto de la mesada pensional en el recurso de apelación por lo que no hay un medio nuevo en casación.
Revisado el aspecto mencionado en el presente asunto, se advierte, sin mayor dificultad, que el monto de la mesada pensional inicial determinado por la juez de primera instancia en la suma de $1.936.972 no fue objeto de reparo a través del recurso de apelación por la parte demandada, ahora recurrente, pues nótese que su inconformidad con aquella decisión estribó en que ante el conflicto de beneficiarias no tuvo ocasión de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, carga que adjudica a la actora, pero nada dijo con relación a la mesada fijada, por lo que mal puede acudir en casación a controvertir ese punto y menos cuestionar que la sala sentenciadora no efectuara pronunciamiento alguno en tal sentido, dado que no fue objeto de ello por lo mencionado.
En ese orden, como lo ha asentado la Corte, surge lo que doctrinariamente se ha denominado como el principio de las limitaciones del recurso por razones de las posibilidades del tribunal de apelación, según el cual, al fallador de segundo grado no puede exigírsele actuar más allá del ámbito de su competencia, fijado por las partes, pues si la parte se conforma con las condenas impuestas en primera instancia, manifestando de manera expresa o tácita aquiescencia con alguna o algunas de las decisiones que le fueron adversas, no puede a través del recurso extraordinario de casación endilgar algún dislate al Tribunal sobre aspectos que no fueron planteados a través de la alzada y que, por ende, no podían ser objeto de pronunciamiento (CSJ SL, 28 feb. 2008, rad. 29224).
Dicho en breve y para el caso concreto, al no haber expresado la recurrente inconformidad con la cuantía de la mesada pensional inicial, ese asunto quedó excluido del pronunciamiento del Juez Plural, por lo que no se le puede endilgar yerro alguno, ya que en su decisión se limitó a distribuir la mesada fijada por el sentenciador de primer grado entre las dos personas que consideró beneficiarias de la pensión de sobrevivientes, sin que se hubiera ocupado de la determinación del ingreso base de liquidación ni de la liquidación de la mesada ni su cuantía.
La anterior garantía deriva del principio de la consonancia, que se concreta en la máxima según la cual conoce el superior solo lo que se apela tantum devolutum – quantum apellatum (tanto se apela, tanto se devuelve; lo que no ha sido impugnado, no puede ser fallado de nuevo).
No obstante lo anterior, y dada la vía por la que se encamina el cargo, es oportuno señalar que si bien es cierto que el texto del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, expresamente no señaló como senderos de ataque dentro del primer motivo del recurso extraordinario, la vía «directa» y la «indirecta», también lo es, que en casación se ha venido aceptando su existencia como géneros de violación, donde el primero de ellos, el directo, comprende los tres conceptos o sub motivos de trasgresión de la Ley sustantiva denominados: infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea; mientras que el indirecto en el cual no tiene cabida la interpretación equivocada de la Ley, se orienta a la cuestión meramente probatoria, que encierra lo relativo a la segunda parte de la causal primera, esto es, la violación de la Ley proveniente de la apreciación errónea o de la falta de estimación de determinada prueba, donde ha de demostrarse que se incurrió en un error de hecho o uno de derecho (CSJ SL, 25 may. 2004, rad. 22.543).
Sobre la vía indirecta específicamente, que es a la que acude la recurrente, hay que resaltar que, dicha modalidad se refiere a cuando el sentenciador estime erróneamente, o deje de contemplar algún medio de prueba. Tal proceder lo conducirá a incurrir en errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por acreditado lo que realmente sí lo está; los primeros, (conocidos como «de hecho»), se cometen –en la casación del trabajo- sólo respecto de las pruebas calificadas, estas son, la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico y, los segundos (llamados «de derecho»), sobre las pruebas solemnes.
Ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15.148).
Ahora bien, es aceptable el cargo en casación del trabajo, por error de derecho en la estimación de una prueba, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta, al efecto, una determinada solemnidad sustancial para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba sino por este último medio. Y, viceversa, también existe cuando deja de aplicarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo. El error de derecho no consiste en equivocadas apreciaciones jurídicas del sentenciador, sino en dar por acreditado un hecho o no darlo por acreditado, cuando la ley exige determinadas solemnidades sustanciales para su existencia y prueba (sentencia de 27 de noviembre de 1946, gaceta del trabajo, tomo i, números 2 a 4, página 79).
De suerte que quien solicita la casación de un fallo con apoyo en la comisión de errores de derecho, está en la obligación de presentar ante la Corte el hecho o el acto jurídico cuya validez esté condicionada a la existencia de determinada solemnidad y precisar las normas legales que la exijan para su demostración, situación que, precisamente, también brilla por su ausencia en el asunto bajo escrutinio.
Es decir, en el cargo ha debido quedar claro qué es lo que la prueba, hábil en casación, acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley, y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado, aspectos que no tuvo en cuenta el recurrente y que como ya se dijo, comprometen el éxito del recurso extraordinario.
Nótese que el error se adjudica a la equivocada apreciación del historial de aportes (folios 20 a 23) y del documento denominado liquidación de pensión (folios 529 a 531). Con respecto al primero, no indica el recurrente en qué consistió el error más allá de señalar que se fijó equivocadamente el ingreso base de liquidación, pero no indica de manera concreta qué de lo que dice dicha prueba no observó el sentenciador, que hubiera influido en su decisión, específicamente en la determinación de la mesada inicial, con mayor razón si se tiene en cuenta como quedó arriba dicho, que no cuestionó el valor fijado en la sentencia de primera instancia.
En relación al documento que denomina como liquidación de pensión que obra a folios 529 a 531, no es posible establecer su procedencia o su autoría a fin de determinar si se desconoció su valor probatorio en el proceso, nuevamente se insiste en que la juez de primer grado fijó como mesada inicial para el año 2015 la suma de $1.936.973, sin que tal aspecto hubiera sido recurrido por la demandada.
Conviene mencionar que lo que se deriva del escrito de casación no es nada diferente a un supuesto error de carácter aritmético, por cuanto, en últimas, es viable entender que la censora cuestiona que la distribución del valor fijado como mesada inicial entre las beneficiarias exceden a aquél inicialmente fijado, lo cual no constituye un yerro subsanable a través de este mecanismo de impugnación.
En efecto, es necesario reiterar que el recurso extraordinario de casación no está previsto para suplir las deficiencias en la utilización de los mecanismos procesales para la corrección de las providencias judiciales, como en el caso concreto, la corrección de un supuesto error aritmético. Al respecto, téngase en cuenta que el artículo 286 del Código General del Proceso, aplicable a los juicios del trabajo a la luz de lo contemplado en el 145 del Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, debió solicitar la corrección por error aritmético del acto jurisdiccional ante la misma autoridad judicial que lo profirió, disposición que dispone: «Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte mediante auto […]».
Al punto, la Sala en sentencia CSJ SL, 29 jun. 2001, rad. 15.456, expuso:
En reiteradas oportunidades ha sostenido la Corte que el recurso de casación, dada su propia naturaleza de ser extraordinario, no está instituido como sucedáneo para corregir yerros que pueden ser subsanados en las instancias mediante otros mecanismos jurídicos especialmente previstos para el caso, como son la aclaración, corrección y adición de las sentencias, consagrados en los artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en lo laboral por la remisión expresa del artículo 145 del C. de P. L.
En sentencia del 8 de septiembre de 1998 (rad. 10967), dijo la Sala, en un caso que era susceptible de ser subsanado mediante la adición de la sentencia, pero que, para el evento de la corrección, resulta igualmente apropiado por existir igual razón jurídica, lo siguiente:
En segundo lugar y dada la omisión del Tribunal, debe indicarse que el procedimiento correcto a seguir por la parte afectada era solicitar la adición de la sentencia como lo dispone el artículo 311 del C.P.C., aplicable en el procedimiento laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y no, como lo hizo, interponer el recurso de casación, que dada su naturaleza de extraordinario, no está instituido para evitar yerros que pueden subsanarse mediante la utilización de herramientas jurídicas regladas para el caso.
Al respecto dijo la Corte en sentencia del 11 de febrero del año en curso:
[...] resulta pertinente reiterar que el recurso extraordinario no puede servir de mecanismo alternativo para subsanar irregularidades en que pudo haber incurrido el fallador al momento de decidir el litigio, y que eran viables remediar a través de las herramientas jurídicas previstas para el efecto, que es lo que ocurre en este caso, cuyo conducto procesal pertinente era el solicitar la adición de la sentencia a fin de que se dictara una complementaria en donde se pronunciara sobre el punto no resuelto.
En efecto, las normas procesales ya señaladas y aplicables por analogía al campo laboral en virtud a lo dispuesto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, le exigen al juez al proferir la sentencia definitiva, que sea congruente con la cuestión litigiosa, esto es, que no omita resolver sobre los pedimentos impetrados en la demanda, ni sobre los medios exceptivos de defensa formulados por quien fue convocado al proceso en calidad de contradictor.
Y es por lo anterior que cuando se dan algunas de las referidas falencias, el mismo artículo 311 del C.P.C., modificado por el artículo 1° numeral 141 del Dcto 2282 de 1989, prevé el mecanismo tendiente a conjurar tales irregularidades bien por actuación de oficio del juez o en virtud de solicitud de parte, a través de una sentencia complementaria donde se resuelva sobre la pretensión o excepción cuyo pronunciamiento fue omitido; instrumento éste que no fue utilizado por el impugnante dentro del término que allí mismo se establece y que ahora pretende revivir a través de un recurso restringido y extraordinario, que supone en quien lo ejerce, haber agotado sin éxito ante las instancias todos los medios de impugnación e instrumentos que el procedimiento establece. Así lo ha precisado ya esta Sala de la Corte, entre otros, en el fallo de octubre 29 de 1997, radicación 9895. (sentencia de 11 de febrero de 1998, radicación 10115).
Criterio también reiterado en las sentencias CSJ SL6392-2017, SL1427-2018, SL5464-2018CSJ SL5179-2019 y CSJ SL802-2019 y CSJ SL2805-2020, entre otras.
De suerte que, itérese, la esfera casacional no es la propicia para ventilar la disconformidad planteada por la recurrente.
Por último, como lo anota la opositora, en la decisión del sentenciador de segundo grado, según consta en el audio respectivo, señaló expresamente que los valores allí determinados a favor de las beneficiarias de la pensión de sobrevivientes correspondían a la suma actual, esto es, para diciembre de 2019, fecha en la que se profirió la sentencia, y no para el año 2015 como erradamente lo entiende la AFP, lo que denota que tampoco existiría yerro alguno de la autoridad judicial en ese aspecto.
Siendo coherentes con lo discurrido, el cargo se rechaza.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, por cuanto su acusación no salió avante y hubo réplica. Como agencias en derecho se fija la suma de $9.400.000,00 que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primer grado, con arreglo en lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 12 de diciembre de 2019, en el proceso ordinario que promovió MARTHA CECILIA BUITRAGO GORDILLO contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y SANDRA PATRICIA BONILLA LAVERDE.
Costas como se dijo arriba a cargo de la recurrente.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR