El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante auto del 22 de agosto de 2018, llamó como litisconsortes necesarios a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al departamento de Cundinamarca y al municipio de La Palma.
El departamento de Cundinamarca se opuso al éxito de las pretensiones de la demanda, e indicó que no le constaba la situación fáctica descrita en el escrito genitor. En su defensa formuló como excepciones las de falta de legitimación en la causa para ser demandada; cobro de lo no debido y las que resultaran probadas en el proceso.
La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también se opuso a los pedimentos, aceptó la edad del accionante y de los restantes manifestó que no le costaban.
En su defensa propuso las excepciones de «inexistencia de obligación de la oficina de bonos pensionales de reconocer la garantía de pensión mínima ante la falta de agotamiento del trámite por parte se la AFP Porvenir S.A; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cumple funciones de entidad administradora de pensiones ni es reconocedora de derechos pensionales; cumplimiento de obligación de esa entidad frente a la emisión, redención y pago del cupón principal del bono pensional a favor del señor Genaro Vega Sotelo» y la que denominó genérica.
El municipio de La Palma presentó intervención en la que informó que la administradora de pensiones le presentó derecho de petición solicitando el bono pensional a favor del demandante, el cual se reconoció, liquidó y pagó, lo que informó tanto al señor Vega Sotelo como a la Administradora de Pensiones y quedó reportado en el aplicativo de la respectiva cartera.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia de 7 de septiembre de 2020, decidió:
PRIMERO: CONDENAR al FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., a reconocerle y pagarle al señor GENARO VEGA SOTELO, una pensión provisional con cargo al capital obrante en su cuenta de ahorro individual, en cuantía de salario mínimo con incrementos y mesadas adicionales, a partir del 21 de abril del año 2015 y hasta tanto y de ser necesario solicite PORVENIR S.A. ante la oficina de bonos pensionales del MINISTERIO OE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, la garantía de pensión mínima.
SEGUNDO: CONDENAR a PORVENIR S.A., a pagar intereses moratorios desde 21 de abril de 2015, sobre cada una de las mesadas adeudadas al demandante y hasta cuando se verifique el pago de estas.
TERCERO: ABSOLVER a los convocados como litisconsortes NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO- OFICINA DE BONOS PENSIONALES, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y EL MUNICIPIO DE LA PALMA, de cualquier pretensión incoada en su contra.
CUARTO: SE DECLARAN NO PROBADAS las excepciones propuestas por PORVENIR S.A., en relación con las pretensiones subsidiarias que encontraron prosperidad.
QUINTO: ABSTENERSE de análisis de las excepciones propuestas por los litisconsortes, dado el carácter absolutorio del litigio para ellos.
SEXTO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada PORVENIR S.A., vencida en juicio. En oportunidad se tasarán.
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al resolverse la apelación interpuesta por Porvenir S.A., la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con fallo de 26 de febrero de 2021, confirmó la de primer grado. Sin costas en la instancia.
En lo que estrictamente interesa al recurso de casación, el colegiado definió como problema jurídico «determinar si al demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión provisional consagrada en el artículo 21 del Decreto 656 de 1994, ante la falta de cumplimiento oportuno de sus obligaciones como administradora, al igual que el pago de intereses moratorios».
El colegiado encontró probado que: i) el demandante nació 6 de agosto de 1952, por ende, llegó a 62 años el mismo día y mes del año 2014; (ii) suscribió solicitud de vinculación a la A.F.P., el 10 de noviembre de 2000; (iii) solicitó el reconocimiento de su pensión el 28 de noviembre de 2014; iv) el departamento de Cundinamarca en Resolución n.° 1481 del 2 de octubre de 2017, reconoció y autorizó el pago de la cuota parte de bono pensional tipo A en favor de Porvenir y, misma actuación que dispuso el municipio de La Palma mediante Resolución Administrativa n.° 0273 del 13 de julio de 2016, con fecha de pago el 15 de octubre de la misma anualidad por valor de $35.972.000; el emisor, La Nación, con la Resolución n.° 17207 del 23 de octubre de 2017, emitió y pagó el bono pensional el 27 de octubre por valor de $76.643.000 (f. 302), lo que pudo corroborar con lo expuesto en la contestación de la demanda (f.217); v) no se cuenta con el capital necesario para financiar la pensión en los términos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993 (fs. 321y 329), el accionante acreditó 1.403 semanas y, para el año 2019, 67 años de edad(fs. 326 a 329.
Para resolver el recurso de alzada, la sala sentenciadora acudió al artículo 65 de la Ley 100 de 1993 que regulaba la garantía de pensión mínima y consagraba -en desarrollo del principio de solidaridad- que la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público completaría el faltante el acceder a una pensión del salario mínimo legal mensual vigente y, el artículo 83 ibídem asignaba a la administradora efectuar los trámites para hacer efectiva tal garantía.
Recordó que a las A.F.P., se les asignaron unas obligaciones especiales de las que resaltó las consagradas en los artículos 17, 18 y 20 del Decreto 656 de 1994, que consistían en:
[…] (i) ...obtener y mantener actualizada toda la información previsional de los afiliados, de tal forma que estén en capacidad de determinar con precisión el momento en el cual cada uno de ellos cumple los requisitos para acceder a una pensión por vejez (ii) Avisar a sus afiliados, con una antelación no inferior a 3 meses, el momento en el cual se cumplirán los requisitos para acceder a la garantía estatal de pensión mínima, mencionando las modalidades de pensión establecidas por la ley, junto con una descripción suficiente de cada una de ellas y (iii) adelantar, por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de emisión de bonos pensiónales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su exigibilidad.
Adicionó que el artículo 20 ibidem, dio un plazo de 6 meses desde la afiliación de la persona para que la A.F.P. elevara las solicitudes de emisión de bonos pensionales, con un seguimiento trimestral hasta que fuera realizada tal acción. Bajo estas premisas normativas determinó que:
[…] el actor se afilió al fondo encartado el 10 de noviembre de 2000 (f.°97), igualmente está probado que Porvenir en el mes de marzo 2013, remitió comunicaciones a los ex empleadores del actor. Municipio de [L]a Palma, Asamblea de Cundinamarca y Contraloría General de la República solicitando certificaciones para bono pensional, petición que fue reiterada respecto de la Asamblea De Cundinamarca y Municipio de la Palma en junio, julio y octubre de 2013. (f.° 129-134, 137-138, 144 -145 y 149-150).
Mediante misiva radicada el 2 de abril de 2013, la Contraloría General de la República procedió a remitir los certificados correspondientes (f.°135-136); igualmente, el 15 de julio de 2013 el Municipio de la Palma radicó ante la encartada los certificados de información solicitados como se corrobora a folio 141 a 143, y solo hasta el 28 de noviembre de 2014[,] la Asamblea de Cundinamarca remite unas certificaciones (f.° 163-165) y hasta el 30 de abril de 2015 los correspondientes certificados (f.° 166-168), sin que entre el año 2013 hasta el año 2015, se aprecie actuación alguna por parte de la pasiva tendiente a obtener dicha certificación.
De otro lado, también se observa que el 5 de septiembre de 2013, Porvenir informa al Municipio de [L]a Palma que los certificados de información laboral con destino a la emisión del bono pensional presentan inconsistencias que impedirán su procesamiento, por lo que les solicitó efectuar las correcciones correspondientes y remitirlos nuevamente (f. 146-147), petición que fue reiterada el 22 de octubre de 2013 (f.° 149) y atendida el 5 de noviembre de2013 como reposa a folio 151 a 155 del paginarlo.
El 28 de noviembre de 2014, el actor solicitó el reconocimiento de su pensión(f.°160), calenda para la cual no se encontraba conformada su historia laboral, si se tiene en cuenta que la Asamblea de Cundinamarca solo en abril de 2015 remitió los certificados requeridos dos años atrás, sumado a que Porvenir hasta el 21 de octubre de 2015 solicitó tanto al Departamento de Cundinamarca como al Municipio de [L]a Palma la emisión y pago del bono pensional de vejez- redención vencida. (f.° 177-179), quienes emitieron las [R]esoluciones n.° 1481 del 2 de octubre de 2017 y [R]esolución administrativa.n.° 0273 del 13de julio de 2016 (f.° 285-260 y 312-314), reconociendo y autorizando el pago de la cuota parte de bono pensional tipo A favor de Porvenir.
De otro lado, y ya en curso el trámite de emisión del bono pensional, Porvenir informa al actor, mediante comunicación adiada el 21 de febrero de 2017 que para poder tramitar la garantía de pensión mínima es necesario que el bono pensional se encuentre emitido, sin embargo, a esa fecha además de encontrarse pendiente la cuota parte a cargo del Departamento de Cundinamarca, también se presentaron traslapos de tiempo con el Municipio de la Palma y Contraloría General de la República. (f.° 191-192).
Igualmente, el 31 de marzo de 2017, Porvenir nuevamente le comunica al actor que el trámite del bono pensional ante la Oficina de Bonos Pensionales ha sido detenido por un error denominado "6028 de traslapo", que se presenta "cuando se ha certificado por dos o más entidades de sector público diferentes los mismos tiempos, o estos se sobreponen entre sí", por lo que con el fin de subsanar esa inconsistencia se le requirió para que remitiera copia de la resolución de posesión y de retiro de la entidad, con el fin de que dicha oficina pueda establecer las fechas correctas y exactas de ingreso y retiro. {f.° 193), solicitud que el 2 de junio de ese mismo año fue dirigida a dichas entidades estatales como se constata a folio 194 a 197 del expediente.
Finalmente, el 18 de octubre de 2017 Porvenir le hace saber al demandante que concluyó el trámite de reconstrucción de la historia laboral para bono tal y como se aprecia del instrumental del folio 203.
Con soporte en ese sustento normativo, y tras un recorrido a todo lo ocurrido con el trámite de reconstrucción de la historia laboral de la administradora con las entidades partícipes en el bono, concluyó que la Administradora no había cumplido sus funciones al no haber efectuado la solicitud de emisión de bonos pensionales y realizar el seguimiento de que trataba el artículo 20 del Decreto 656 de 1994; en adición que a la fecha en que se efectuó la solicitud, 28 de noviembre de 2014, Porvenir no contaba con toda la información laboral actualizada a lo que estaba obligada por lo previsto en el artículo 17 del mismo decreto, esto como quiera que solo hasta el 18 de octubre de 2017 le hizo saber al demandante que concluyó el trámite de reconstrucción de la historia laboral para bono.
El colegiado, no desconoció que el contribuyente, Asamblea de Cundinamarca, dilató el trámite de reconstrucción de la historia laboral, no obstante, esa situación no justificaba el actuar negligente de la AFP, «quien no cumplió de manera oportuna y diligente con sus obligaciones, como por ejemplo, si lo hizo con el Municipio de [L]a Palma, al punto que promovió tutela en su contra con miras a obtener el reconocimiento de la cuota parte a su cargo(folio 185-190), no obstante; respecto de la primera entidad estatal el expediente se muestra huérfano de prueba sobre ese aspecto». Con base en lo que concluyó que:
(i) la pasiva no realizó el seguimiento trimestral para la emisión del bono pensional, ii) tampoco realizó en su oportunidad la actualización de la información laboral del afiliado y iii) debido a esas falencias no ha solicitado el reconocimiento de la garantía de pensión mínima ante la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En esa dirección, el incumplimiento de las obligaciones especiales de la administradora, particularmente, la actualización de la historia laboral y la solicitud de emisión del bono pensional, da lugar a aplicar la consecuencia jurídica consagrada en el artículo 21 del Decreto 656 de 1994, cual es el reconocimiento de una pensión provisional a favor del afiliado, como lo concluyó el A-Quo, a partir del día 15 hábil contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse, esto es, 4 meses y hasta el momento en que se efectué el correspondiente pronunciamiento, de suerte que el recurso de apelación no tiene vocación de prosperidad.
Así, encontró procedente la condena de intereses moratorios al estar acreditado el incumplimiento en el pago de las mesadas a las que tenía derecho el accionante.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Solicita la entidad recurrente:
[…] con el primer cargo que la sentencia impugnada sea CASADA TOTALMENTE. En sede de instancia, la Honorable Sala Laboral de la Corte Suprema se servirá revocar la condena del juez A quo, y en su reemplazo[,] se ORDENARÁ que PORVENIR procederá a reconocer y pagar la garantía de pensión mínima de vejez una vez sea reconocida y depositado las sumas faltantes en la cuenta de ahorro pensional del demandante por parte de LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y del MUNICIPIO DE LA PALMA, proveyendo en costas en lo que corresponda.
Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que no fueron objeto de réplica y procede la Sala a resolver.
VI. PRIMER CARGO
Acusa la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad, de «interpretación errónea de los artículos 35, 65, 68, 83 y 84 de la Ley 100 de 1993, art. 21 del [d]ecreto 656 de 1994, 4º del Decreto 832 de 1996 y 1602 del Código Civil, que lo condujo a infringir directamente los artículos 48 Constitucional, 64, 67 y 68, Ley 100 de 1993, y el artículo 27 Código Civil».
Dado el sendero seleccionado, la censura no discute que: el demandante nació el 6 de agosto de 1952, prestó servicios a entidades oficiales, se afilió al extinto I.S.S. en el año de 1997; frente al municipio de La Palma, existía un período de traslapo de tiempos laborados al sector público, error denominado 6028 -tiempos laborados simultáneamente al Municipio como a la Contraloría General de la República- por lo que se detuvo el trámite, ante lo que se solicitó su corrección y solo hasta el año 2017 se informó que estaba pendiente la reconstrucción de la historia laboral para poder reconocer y emitir el bono; el de 29 de noviembre de 2018 se informó que el capital existente en su cuenta de ahorro pensional era insuficiente para financiar una pensión de vejez.
Afirma que la conclusión del fallador de segundo grado no corresponde con lo dispuesto en la ley por cuanto no es cierto que no hubiese cumplido con sus funciones; además, olvida que según dispone el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, uno de los requisitos fundamentales es que el capital acumulado en la cuenta de ahorro pensional permita obtener una pensión mensual superior al 110% del SMLMV y, en caso de que sea insuficiente, se acude al artículo 65 de la citada ley, donde al alcanzar la edad de 62 años que en el caso del demandante ocurre en el año 2014, se requiere que tenga cotizados un mínimo de 1.150 semanas, para que en ese momento, el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, le complete la parte que haga falta para obtener la pensión.
Desde este contexto, lo que discute en el plano estrictamente jurídico es que, el Tribunal, pese a tener probado que a la fecha de la solicitud el demandante no reunía el capital suficiente para financiar una pensión de vejez y, ante la ausencia de ese requisito, se pudo establecer que eventualmente tiene derecho a la garantía de pensión mínima de vejez en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; es este quien tiene a su cargo exclusivo emitir aprobar y autorizar el pago de la garantía de pensión mínima, por ende, no es la administradora la obligada a tal reconocimiento, ni siquiera de forma provisional, hasta tanto La Nación «redima la cuota parte faltante del bono pensional y resuelva el pago de la garantía de pensión mínima de vejez». Para apoyar su argumento cita el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 4 del Decreto 832 de 1996.
Expone que previa observación que realiza el accionante sobre su historia laboral y encontrar un traslapo en aportes por prestación de servicios en el sector público, se solicitó la corrección de la historia laboral, a lo que se obtuvo respuesta hasta después de 2018, aspecto fuera de discusión, e insiste en que con el marco normativo referido para el reconocimiento de la garantía en cuestión por el fondo de pensiones se requiere previa aprobación ministerial, claro está, correspondiendo a las administradoras adelantar los trámites necesarios para obtener esa aprobación, no obstante,
[…] eso no significa que si no ha sido emitido y redimido el bono pensional o la cuota restante, como tampoco está probado y no se discute en este cargo por la vía directa, y que tampoco el MINISTERIO no ha aprobado la garantía de pensión mínima hasta tanto se conozca cuál es el capital de que dispone el afiliado en su cuenta de ahorro sin que se encuentre acreditado el valor del bono pensional, no es posible condenar a mi representada a pagar de pensión provisional hasta tanto le sea reconocida la garantía de pensión mínima, imponiendo una especie de “sanción” al Fondo de Pensiones, rebelándose abiertamente contra las disposiciones denunciadas como violadas, puesto que esa conclusión no es de aceptación, toda vez que simplemente lo que se prevé por la Ley es que, cuando a pesar de alcanzar la edad de 62 años y reunir un mínimo de 1.150 semanas cotizadas, pero el capital acumulado en cuenta resulta insuficiente para financiar una pensión al menos del 110% del salario mínimo (reglas establecidas en el artículo 65 Ley 100), es obligación de LA NACION “en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión” (en el mismo sentido el artículo 83 ibidem).
Así las cosas, reprocha que al no estar emitido el bono pensional, obligación precedente que corresponde al ente Ministerial «de completar la parte que haga falta, y no al contrario, como lo resolvió el Ad quem», no era posible impartir la condena de pagar una pensión, así sea provisional, sin tener en cuenta que no se ha cumplido el requisito del mínimo de semanas para obtener el reconocimiento de la garantía de pensión mínima; de igual manera, no era viable acudir al artículo 65 de la citada Ley 100 de 1993, ni al artículo 21 del Decreto 656 de 1994; por manera que el fallador ha debido revocar la decisión de primer grado y absolver o por lo menos,
[…] sujetar a mi representada a reconocer la garantía de pensión mínima, por cuanto el cumplimiento de esos requisitos son claros y no admiten una interpretación distinta, pues se sustentan en las pruebas obrantes: la edad, demostrada con base en la cédula o registro civil de nacimiento de la reclamante, las semanas cotizadas, comprobadas con la historia laboral de cotizaciones o las certificaciones de ex empleadores, el capital acumulado en cuenta individual, la emisión del bono y el reconocimiento y pago de la garantía, que resulta necesaria al tenor de lo dispuesto en el art. 83 ibidem.
De acuerdo con lo antes expuesto, no cabe la menor duda que es LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO al que le corresponde el reconocimiento de la garantía mediante resolución expedida con tal fin que mi representada pueda proceder a tal reconocimiento, antes […].
Por todo lo referido a quien corresponde el reconocimiento de la garantía es a la cartera en comento mediante resolución expedida a efectos de que como administrador pueda proceder a su otorgamiento.
Agrega que, se da la infracción directa de los artículos 64, 65, 83 y 84 de la Ley 100 de 1993, puesto que la pensión de vejez se financia con el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, que se compone de las cotizaciones, sus rendimientos y el bono pensional si a este hay lugar y mientras le permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, fórmula de financiación que se rompe cuando la prestación debe ser cubierta con fondos que no provienen de ese régimen y, en «consecuencia no puede el operador judicial, otorgar prestaciones pensionales dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad con base en criterios que se apartan la finalidad misma del sistema».
En su sentir, se infringe el artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, que incluyó el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, no obstante, esto no implica que el aludido principio haya nacido en ese momento por cuanto, desde la creación de los sistemas de seguridad social y el antecedente de los seguros sociales, la sostenibilidad se ha sustentado en la viabilidad financiera del mismo. Así, en un sistema de naturaleza contributiva como el colombiano, la financiación de las pensiones debe hacerse con base en las normas vigentes que determinan los requisitos de cotizaciones, ya que estas son las que el legislador ha estimado necesarias y suficientes para sufragar las prestaciones de todos los afiliados al sistema y no solamente de una parte de ellos.
Afirma que la viabilidad o sostenibilidad económica se antepone al favorecimiento de intereses individuales de supuestos beneficiarios de prestaciones, so pena de incumplir lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política sobre la prevalencia del interés general y resalta que de acuerdo con el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, las normas sociales producen un efecto general inmediato lo que no se observa, pues no se cumplieron los requisitos legales para conceder la prestación otorgada.
VII. CONSIDERACIONES
Dada la vía de puro derecho escogida, no es materia de discusión que: (i) el actor se encuentra afiliado a Porvenir S.A., y (ii) en el 2014, cuando se elevó solicitud de pensión de vejez, no contaba con el capital suficiente para acceder a la pensión de vejez del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, no obstante, sí acreditó contar con la edad de 62 años y más de 1.150 semanas, para acceder a la garantía de pensión mínima de vejez.
Como se memora, la sala sentenciadora, dio por sentado que la administradora no honró sus deberes especiales, principalmente por: i) no efectuar la solicitud de emisión de bono pensional y sus respectivos seguimientos trimestrales, como lo dispone el artículo 20 del Decreto 656 de 1994; ii) no contar a la fecha de solicitud de pensión con la información laboral actualizada del accionante según requiere el artículo 17 del mismo decreto y, en consecuencia de ello, iii) no solicitar el reconocimiento de la garantía de pensión mínima ante la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, en tal virtud, se imponía aplicar las previsiones contempladas en la normativa en comento.
Tampoco se desconoce por parte del fallador de segundo grado que la Asamblea de Cundinamarca dilató el trámite de reconstrucción de la historia laboral, lo cual no excusaba la falta de diligencia de la entidad de seguridad social; puso de presente que la A.F.P., no dudó en adelantar todas las gestiones necesarias -que incluyen la acción de tutela frente al municipio de la Palma- para conseguir el reconocimiento de la cuota parte de bono pensional «no obstante; respecto de la primera entidad estatal el expediente se muestra huérfano de prueba sobre ese aspecto».
El descontento de la censura gravita en torno a que no era procedente el reconocimiento de la prestación bajo la garantía de pensión mínima, por cuanto, para la aplicación del principio solidario que enmarca a esta última, se requería de la aprobación de esta prestación por parte del Gobierno, a través del ministerio autorizado para ello.
Vistas las cosas en el contexto que acaba de describirse, le corresponde a la Corte elucidar la procedencia del reconocimiento de la garantía de pensión mínima de vejez cuando no ha mediado el aval por parte del ente gubernamental autorizado por la ley para tal efecto, imponiendo el pago directo a la administradora.
En aras de dar respuesta a los planteamientos en precedencia, menester resulta hacer las siguientes consideraciones previas, que fueron expuestas por la Corte en la sentencia CSJ SL2512-2021, que hoy reitera:
i. La pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-
Procedencia
Nadie discute que, en Colombia, con la entrada en vigor del estatuto pensional en el año 1994, el legislador creó la coexistencia de dos regímenes pensionales (Prima Media con Prestación Definida- RPM- y Ahorro Individual con Solidaridad- RAIS) excluyentes y de estirpe diferente, lo que, sin hesitación ninguna, conlleva a que el acceso a los servicios y prestaciones, entre otros, estriben en el régimen escogido por el afiliado.
En esa dirección, en el RPM, la pensión de vejez dependerá del cumplimiento de las condiciones de edad y tiempo de servicios o cotizaciones (artículo 33 Ley 100 de 1993), sin tener relevancia cuánto dinero aportó el afiliado; mientras que, en el RAIS, en primera medida el reconocimiento si obedecerá al capital acumulado en la cuenta de ahorro individual. Nótese que, a voces del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, es requisito esencial para acceder a la prestación, tratándose de la contingencia de vejez, que el afiliado posea en su Cuenta de Ahorro Individual -CAI- un capital que efectivamente le permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, palmario está, en armonía con lo dispuesto en el artículo 35 del mismo estatuto, concerniente a la pensión mínima.
Aquí, juzga conveniente la Corte precisar que la determinación del capital necesario o saldo mínimo de pensión para acceder a la prestación de vejez, debe hacerse con estricto seguimiento de las normas que consagran cómo hacer este cálculo, incluyendo las variables a tenerse en cuenta, por ejemplo, las tablas de mortalidad, la existencia de beneficiarios del afiliado y su expectativa de vida. Esto para significar que no existe un monto preestablecido y que dependerá, en cada caso particular, de las condiciones personales y familiares del solicitante para encontrar cuál es el monto requerido para el acceso a la prestación.
Financiación
El artículo 68 de la Ley 100 de 1993 instituye que esta pensión se financia con «los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los bonos pensionales cuando a ello hubiere lugar, y con el aporte de la Nación en los casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de pensión mínima».
Así que, la CAI está conformada por los aportes obligatorios, voluntarios y sus rendimientos y, como lo indica el precepto, el bono pensional, si a este hubiere lugar. Entonces, estos factores constituyen los recursos destinados para la cobertura de la pensión y de allí la necesidad de establecer de manera certera la suficiencia de los mismos para acceder a la prestación.
En lo atinente al mencionado porcentaje del 110% del salario mínimo legal mensual vigente, se impone dejar cristalino que no solo es utilizado para calcular la prestación económica, como quiera que el fundamento del artículo 64 de la Ley 100 de 1993 es, precisamente, que se reconozcan pensiones con recursos suficientes para su financiación, en el entendido que es una prestación a largo plazo y con alta probabilidad de ser sustituida en cabeza de los beneficiarios de segundo orden del afiliado.
A lo discurrido se suma que, acorde con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, tanto el reconocimiento de la prestación, como el monto de la mesada pensional, deben guardar correspondencia con lo acumulado en la CAI, toda vez que, una interpretación que escinda del cálculo para acceder al beneficio pensional el valor de la mesada a cancelar, conduce al acceso de la prestación sin el lleno de los requisitos de ley y, esto, por repercusión, golpeará los recursos que en el tiempo permitan el pago de la misma.
Recapitulando: la determinación del capital para acceder a la pensión en el RAIS del artículo 64 anotado, debe ser armonizado, necesaria y rigurosamente, conforme a los términos que sobre pensión mínima de vejez consagra el artículo 35 de la Ley 100 de 1993.
Aportes pensionales y Bono pensional
Los aportes pensionales no son otros diferentes a las cotizaciones que en favor del trabajador se realizan mes a mes y sobre los cuales las administradoras tienen, dentro de su gestión, el deber de invertirlos según los límites que ha señalado la normatividad, con el fin de que generen una rentabilidad. En tratándose de aportes voluntarios, solo harán parte del capital que financia la pensión, si así lo quiere el afiliado.
En lo tocante al bono pensional, regulado en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, tal como lo ha enseñado esta Sala, representa el valor de los tiempos de servicio o cotización de un trabajador que se traslada de régimen y que en el RAIS se denomina bono tipo A, el cual para su consolidación depende de la información de la historia laboral, para que una vez afianzada y confirmada por los empleadores permita la emisión del bono, a efectos de que el mismo en la fecha correspondiente, sea redimido y pagado.
A este respecto, la Sala, en providencia CSJ SL4305-2018, razonó:
Del procedimiento para la liquidación, emisión y expedición de los bonos pensionales tipo A:
Para que el valor del bono haga parte del capital de financiación de la pensión, han de agotarse las siguientes etapas: a) conformación de la historia laboral del afiliado; b) solicitud y realización de la liquidación provisional; c) aceptación por parte del afiliado de la liquidación provisional; d) emisión; e) expedición; f) redención y g) pago del bono pensional. A continuación se describirán brevemente cada una ellas:
Una vez el beneficiario del bono realiza la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1513 de 1998, el primer paso para la tramitación del bono pensional es la conformación de la historia laboral del afiliado, que se realiza mediante la información que éste suministra a su AFP y la información que la AFP solicita a las entidades a las cuales el trabajador realizó cotizaciones diferentes al ISS. La información así obtenida es ingresada por la AFP al Sistema Interactivo que para el efecto tiene la OBP. La información sobre cotizaciones realizadas por el trabajador al ISS se obtiene del archivo masivo que para el efecto tiene el ISS. Si se presenta alguna variación posterior de esta información y así lo certifica el ISS, la AFP debe digitar esta nueva información en el Sistema Interactivo de la OBP.
Conformada la historia laboral, la AFP, en representación del afiliado, debe solicitar al emisor del bono pensional la liquidación de éste, para lo cual debe definir el salario base para el cálculo del bono pensional.
Con esta información, la OBP realiza un cálculo del valor del bono a la fecha de corte, cálculo que denomina liquidación provisional. Antes de la emisión del bono pensional se pueden producir diversas liquidaciones provisionales, dependiendo de la información y de la aceptación de la misma por parte del afiliado. Según lo dispone el inciso 9º del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, la liquidación provisional no constituye una situación jurídica consolidada.
Realizada la liquidación provisional, la AFP debe darla a conocer al afiliado, para que éste la apruebe y la firme de conformidad con lo estipulado en el artículo 7° del Decreto 3798 de 2003. Si no está de acuerdo, el afiliado debe explicar a la AFP sus razones para que se efectúen las correcciones a que haya lugar. Efectuados los ajustes, debe realizarse una nueva solicitud a la OBP de liquidación provisional.
Producida la aprobación de la liquidación provisional por parte del afiliado, la AFP debe requerir a la OBP la emisión del bono pensional, la cual se realiza mediante resolución por parte del emisor, en la que se consagran los datos básicos del bono pensional y los valores calculados a esa fecha, los cuales pueden variar.
La expedición del bono pensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1513 de 1998, es el momento en que se suscribe el título físico o del ingreso de la información a un depósito central de valores, en el caso de la expedición desmaterializada de títulos. Un bono emitido se expide en uno de los siguientes tres casos: (1) por redención normal del bono pensional tipo A que se produce cuando el afiliado, cumple 62 años, si es hombre, o 60 años, si es mujer, o cuando el mismo completa mil semanas de vinculación laboral válida para el bono; (2) por redención anticipada del bono pensional tipo A que ocurre cuando el afiliado fallece, es declarado inválido, o no cumple con el requisito de las semanas exigidas para obtener la garantía de la pensión mínima ni cuenta con el capital suficiente para adquirir una pensión; y (3) por solicitud de la AFP, una vez ésta ha obtenido autorización escrita del afiliado para negociar el bono con el fin de obtener una pensión anticipada.
Por último, se produce el pago del bono pensional a la AFP, que consiste en el depósito de los dineros en la cuenta de ahorro individual del beneficiario.
De la historia laboral y las certificaciones válidas para liquidar los bonos pensionales:
En este orden de ideas se tiene que dentro del trámite para la expedición de bonos pensionales Tipo A se ha de cumplir con la conformación de la historia laboral del afiliado, puesto que, para la liquidación y emisión del bono, se utilizará aquella información laboral que haya sido confirmada directamente por el empleador o caja, fondo o entidad que deba dar certificación, según el caso, de forma oportuna. O aquella certificada a tiempo que no haya sido negada por alguno de estos, art. 52 del D. 1748 de 1995, modificado por los artículos 14 del Decreto 1474 de 1997 y 22 del D. 1513 de 1998.
Conforme al citado artículo 52, una vez el beneficiario eleva ante la AFP una solicitud de trámite de bono pensional, esa entidad debe establecer la historia laboral del afiliado con base i) en la información que este le haya suministrado y los archivos que la entidad posea y, ii) en toda la información laboral que pueda incidir en el valor del bono y que sea confirmada, modificada o negada por quienes hayan sido empleadores del afiliado, o por las cajas, fondos o entidades de previsión social a las que hubiere cotizado. Realizado lo anterior, la AFP trasladará dicha información al emisor para que este dé inicio al proceso de liquidación provisional del bono.
Es de advertir que el legislador allí mismo previó que, si la entidad requerida para que allegue la información pertinente es de carácter público, se aplicará lo dispuesto en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo. Si se trata de servidores públicos, el incumplimiento de este plazo será sancionado disciplinariamente del acuerdo con el Código Disciplinario Único, pero el legislador no previó los efectos del silencio administrativo positivo ni la presunción de veracidad de la información respecto de la cual se solicitó su confirmación o certificación.
Cuando un empleador deba certificar información laboral con destino a la expedición de un bono tipo A, en arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 del D.1748 de 1995, la certificación debe contar con los requisitos expresamente allí señalados, dentro de los cuales, entre otros ítems, debe estar especificado «g) Número total de días de interrupción por suspensión o licencia no remunerada; opcionalmente, fechas de iniciación y terminación de las interrupciones», como también «k) Fecha de expedición de la certificación y su número consecutivo».
Se puede colegir de la regulación del trámite para obtener la expedición del bono, que la conformación de la historia laboral con este fin no está a cargo exclusivo de la AFP, si no que se trata de un proceso complejo que si bien es ejecutado y coordinado por la AFP, en él también han de intervenir el afiliado, las entidades donde se estuvo afiliado y los empleadores, según el caso. Puede estimarse que se trata de un trámite complejo, pero no por esto se ha eximir al aspirante a la pensión de llevarlo a cabo, puesto que la conformación de la historia laboral se justifica para reunir, de manera eficiente, cierta y efectiva, los medios económicos que permiten capitalizar las prestaciones pensionales, garantizando así el principio de sostenibilidad financiera de los recursos y procurar la eficiencia, la solidaridad y la universalidad en la protección de las personas frente a las contingencias que el sistema de seguridad social ampara (arts. 48 de la Constitución y 2 de la Ley 100 de 1993).
Durante el agotamiento de la conformación de la historia laboral del afiliado, las sociedades administradoras de fondos de pensiones que manejan el régimen de ahorro individual con solidaridad, así como aquellas cajas o fondos del sector público o privado que lo hacen en el régimen solidario de prima media con prestación definida, deben procurar la mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que la emisión y redención de los bonos pensionales se materialice en forma adecuada, oportuna y suficiente, a partir de una articulación de políticas, instituciones, regímenes y procedimientos que permitan, cuando a ello haya lugar, recaudar aquellos aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 59 del D. 1748 de 1995, adicionado por el artículo 25 del D. 1513 de 1998, se ha de tener en cuenta la intangibilidad de la historia laboral elaborada con base en un archivo masivo que haya sido utilizada para la emisión del bono pensional, ya que, según este precepto, tal historia sólo podrá ser modificada con el consentimiento del afiliado.
Muy a tono con lo explicado, resulta útil señalar que hasta tanto no se tenga consolidado el bono pensional, incluyendo las inconsistencias que sobre el mismo se presenten, no se tendrá total certeza de cuál es el saldo de la CAI y, por tanto, si esta permite el cumplimiento de los condicionamientos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993.
En el panorama descrito, la Sala no desconoce que la emisión del bono se puede tornar en un obstáculo para que el afiliado comience a disfrutar la pensión, empero, la solución a esta situación «no es ordenar automáticamente, a la administradora el reconocimiento de la pensión, sin que se haya comprobado previamente el cumplimiento del requisito financiero que da derecho a percibir la prestación, porque, de aceptarse esto, se atentaría contra el mandato consagrado en el artículo 48 de la Constitución» (CSJ SL4305-2018).
En fin, si un afiliado logra satisfacer el requisito de capital necesario, conforme a la normativa vigente, tendrá el derecho a acceder a la pensión de vejez en los términos y condiciones de la modalidad pensional que seleccione. Ahora bien, en el evento de que no exista el capital necesario lo procedente en primera medida es determinar si el afiliado puede optar por la garantía de pensión mínima y de no contar con los requerimientos para ello, la prestación sustitutiva de la pensión es la devolución de saldos vista en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993.
ii. Procedencia del principio solidario de la garantía de la pensión mínima de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
Naturaleza y objetivo de la garantía de pensión mínima
Desde la expedición de la Ley 100 de 1993 se contempló la garantía estatal de pensión mínima, para aquellos afiliados al RAIS, que llegados a las edades máximas, esto es, 57 años mujeres y 62 años hombres, que hubieren cotizado un número mínimo de semanas de 1150, sin capital suficiente para financiar una pensión de vejez, tendrían derecho a que con cargo a la Nación, se les completaran los recursos a efectos de acceder a una pensión de vejez de salario mínimo, como una clara y palpable expresión del postulado de solidaridad. No se olvide que la reforma introducida en la Ley 797 de 2003, estatuyó que un porcentaje del aporte de los afiliados al RAIS, se iría a la constitución de recursos, en aras de completar el capital faltante de los beneficiarios del principio solidario.
Lo anotado quiere significar, que tal garantía constituye un subsidio, esto es, un beneficio, ya sea en dinero o en especie, para que, a través de este, se satisfaga una necesidad puntual, de acuerdo a las políticas de protección a específicos grupos poblacionales (riesgo de vulnerabilidad) que por sus condiciones lo justifican, es así como las reglas para acceder al mismo, propenden por el cumplimiento de requisitos que den certeza de su correcta asignación.
Cabe resaltar que en Colombia todas las pensiones del RPM poseen un subsidio implícito como consecuencia de que la prestación se sustenta en tiempo de servicios o cotizaciones y edad, sin tener en cuenta la equivalencia del aporte, como anteriormente se mencionó, dado que los aportes entran en un fondo común de naturaleza pública que financia las prestaciones a los pensionados en un momento actual, esto significa que las cotizaciones que recibe la Administradora cubren el pago de las mesadas pensionales.
Muy a diferencia, en el RAIS, en principio no existe un subsidio a la pensión, dado que, como se evidenció, la pensión y el valor de su mesada dependen del saldo acumulado en la CAI, sin que la Nación entre a cubrir monto alguno. Sin embargo, y dada la finalidad de proteger a aquellos que a pesar de haber realizado un esfuerzo significativo en densidad de cotizaciones no logran el capital suficiente para su pensión, y vean nugatoria la protección su vejez, se implementó la prerrogativa a través de la garantía del artículo 65 de la Ley 100 de 1993.
Identificado como quedó, el acceso a la pensión de vejez en el RAIS, por medio de la garantía de pensión mínima, materializa la asignación de un subsidio y, por ende, debe existir certeza del cumplimiento de los requisitos para efectos del reconocimiento y pago de la prestación con cargo a los recursos de este.
Reconocimiento y pago de la garantía
En palabras del artículo 65 del estatuto de la seguridad social, para el reconocimiento de la garantía se debe acreditar el cumplimiento de: i) la edad, ii) las semanas mínimas de aportes, y iii) la insuficiencia del capital para financiar con la CAI la pensión de vejez. No sobra señalar que de conformidad con el artículo 9º del Decreto 832 de 1996, la determinación de este saldo, deberá ser efectuado por la administradora con sujeción a los cálculos que mediante resolución establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que, con sustento en el decreto antes referido, claramente incluye la cuantía del bono pensional.
En este punto, se llama la atención en la necesidad de que la información de la historia laboral que da sustento al bono pensional, permite determinar su cuantía, y los obligados frente al mismo, así como las cuotas partes que les correspondería a cada uno de ellos, debe ser consistente, esto es, que se pueda hallar su valor, ya que en caso de inconsistencias no existirá certeza del verdadero saldo pensional y, por ende, en principio, la imposibilidad de determinar la suficiencia de capital.
En ese horizonte, una vez comprobada la existencia de los supuestos señalados, corresponde a la AFP elevar la solicitud de reconocimiento ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene la responsabilidad de comprobar la suficiencia o no del capital a efectos de que, como entidad gubernamental habilitada (Artículo 4o del Decreto 833 de 1996 y Artículo 11 Decreto 4712 de 2008), determine si otorga y paga o no el subsidio estatal. Así las cosas, corresponde a la OBP, establecer si entre el monto acumulado en la CAI y el saldo mínimo de pensión, incluyendo el valor del bono pensional, existe diferencia, para que proceda la garantía de pensión mínima (Cálculo para la Garantía).
Ciertamente, en aquellos casos en que exista el derecho a bono pensional, pueden darse situaciones en donde, verbi gracia, la fecha de redención de aquel sea posterior a las edades en que se acceda a la garantía, como en el caso de las mujeres, cuya fecha de acceso a la garantía es a los 57 años y la redención se da hasta los 60, pero el Decreto 142 de 2006, artículo 3º, introdujo la garantía temporal de pensión mínima, con el fin de que se reconozca el subsidio hasta la fecha de redención del bono, el cual se pagará descontando el valor cancelado, precisamente por la dicha garantía temporal.
Verificada la procedencia o no del subsidio por OBP, la administradora deberá, en caso de que no se cumpla con los requisitos de procedencia de la misma, devolver los saldos de la CAI, conforme al artículo 66 de la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de que el afiliado opte por seguir cotizando; en caso contrario, esto es, que la OBP emita resolución de reconocimiento de la garantía, la administradora queda obligada a efectuar el reconocimiento de la pensión vitalicia de vejez en cuantía de salario mínimo y en la modalidad de retiro programado.
Es menester traer a colación, en este punto, el artículo 84 de la Ley 100 de 1993, vigente para la época del caso en estudio, pues, además, de los condicionamientos antes expuestos, creó la excepción de la garantía, cuando el afiliado o sus beneficiarios, recibieran ingresos equivalentes a un salario mínimo lo que significaba que no habría lugar a la aplicación del principio solidario y, por consecuencia, procedía la devolución de la CAI anotada.
Reconocida la pensión, existen reglas especiales para su pago dado que la misma es vitalicia y procede la pensión de sobrevivientes en caso de existir beneficiarios del pensionado, con cargo al subsidio pensional; de allí que en primer lugar la prestación se pague con los recursos de la misma cuenta de ahorro pensional y solo cuando estos se agoten, se pueda acudir a los recursos del subsidio. Así se establece en cabeza de la AFP el control de saldos de la pensión reconocida, a efectos de que al percatarse de que los recursos de la CAI no son suficientes para financiar la mesada por más de una anualidad, le informe a la OBP para que tal entidad proceda a efectuar la apropiación de recursos para con ello autorizar la utilización de los recursos del subsidio, claro está, por anualidades (Artículo 9º del Decreto 832 de 1996, modificado por el artículo 2º del Decreto 142 de 2006).
Fuente de financiación
En cuanto a los recursos que financian la garantía como tal, dada la modificación de la Ley 797 de 2003, antes aludida, en primera medida se cubren con los recursos provenientes del aporte pensional de los afiliados al RAIS, que, dada la inexequibilidad - por vicios de forma- (sentencia CC C-794-2004) del artículo que creaba el Fondo de Pensión de Garantía de Pensión Mínima, quedaron bajo la administración de las AFP y, una vez se agoten estos recursos, es decir, los aportados por los afiliados al RAIS, junto con los rendimientos, las pensiones reconocidas bajo la garantía de pensión mínima se pagarán con cargo directo a la Nación, a través del presupuesto general.
Si bien estos recursos son aportados por los afiliados, el porcentaje correspondiente a dicha garantía, no es para la cobertura de su pensión, inclusive no entran en su CAI, y frente a ellos las administradoras solo fungen como administradoras de los mismos - dada la inexistencia legal del Fondo de Garantía de Pensión Mínima-, por ende, solo la Nación puede determinar a quién se asignan tales recursos con la finalidad de completar el capital necesario para el reconocimiento de la pensión de vejez en armonía con el principio solidario.
Llegados a este punto del sendero, se impone dejar en claro una cosa: aun cuando financieramente se traslade la conformación de recursos para el pago del subsidio a los afiliados del RAIS, lo cierto es que tanto constitucional como legalmente la titularidad de la obligación de garantía de pensión está en cabeza del Estado colombiano y este aspecto no ha tenido modificación alguna.
iii. Reconocimiento provisional de la pensión bajo el principio solidario de la GPM por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones- deberes de la AFP
Siendo claro, que la asignación del subsidio bajo la garantía de pensión mínima es estatal y, por ende, su reconocimiento está exclusivamente en cabeza del Estado – Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y crédito público- es menester poner de presente que por vía de excepción sí existe normativamente la posibilidad de establecer en cabeza de una administradora del RAIS la obligación de manera temporal, de asumir el pago de la pensión y, con cargo a sus propios recursos, esto porque el artículo 21 del Decreto 656 de 1994 dispuso:
Artículo 21. Las administradoras que incumplan el plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensión deberán pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensión provisional en favor del afiliado, calculada tomando en consideración los mismos criterios establecidos para la determinación de la mesada pensional a través de retiros programados. Esta pensión comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y deberá pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente pronunciamiento.
Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, por razones imputables a las administradoras, éstas deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos.
En general, corresponderá a las administradoras asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las demás sanciones personales e institucionales que puedan imponerse por el incumplimiento de las correspondientes obligaciones señaladas en el presente capítulo. (Negrilla fuera de Texto)
El Decreto citado, además de indicar la naturaleza jurídica de estas entidades, estableció, entre otros, su régimen de responsabilidad, partiendo de que si bien son entidades de naturaleza privada, las mismas están, en todo caso prestando, el servicio público de la seguridad social que comporta la garantía de derechos mínimos, en el caso de los trabajadores afiliados al sistema pensional.
Así, el estándar de diligencia y cuidado que deben observar las mismas es mayúsculo, pues si su actuar es negligente deberán asumir las consecuencias conforme lo estableció la legislación y el regulador. Esto es así como, en el tema objeto de análisis, claramente se determinó que si por razones imputables a ellas el afiliado no cuenta con los recursos para acceder a la pensión bajo la garantía de pensión mínima- claro está siempre y cuando consolide los requisitos para su acceso- corresponderá el pago de la pensión de manera provisional y con cargo a sus propios recursos a la entidad de seguridad social.
En suma, si injustificadamente retarda el trámite de la solicitud de garantía ante el ente estatal, surgirá la obligación de asumir el pago de la pensión de vejez de su afiliado y, palmariamente, sin afectar la cuenta de ahorro individual del mismo. Por lo que el funcionario judicial podrá echar mano de esta norma, cuando evidencie que existe un actuar evidentemente displicente que impidió la materialización del derecho.
Finalmente, no está de más recordar que esta Corporación ya se ha pronunciado respecto de la procedencia de condena a las Administradoras por concepto de la garantía de pensión mínima, a guisa de ejemplo, en providencias CSJ SL5658-2021, CSJ SL2676-2021 y CSJ SL4531-2020.
Caso Concreto
Debe señalarse que el colegiado de manera expresa reconoció que la garantía de pensión mínima está en cabeza de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, lo que llevó a impartir condena provisional a la entidad fue el no haber cumplido sus deberes especiales conforme lo impone el Decreto 656 de 1994, puesto que:
[…]
i) la pasiva no realizó el seguimiento trimestral para la emisión del bono pensional, ii) tampoco realizó en su oportunidad la actualización de la información laboral del afiliado y iii) debido a esas falencias no ha solicitado el reconocimiento de la garantía de pensión mínima ante la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así las cosas, al existir la causación del derecho y la omisión de la encartada de adelantar en debida forma y en tiempo su gestión para que su afiliado lograra el disfrute de la pensión a la que tenía derecho.
Y es que, conforme al derrotero de la sentencia CSJ SL2512-2021 antes citada, dado el servicio público esencial que prestan, se estableció un régimen de responsabilidad cuyo efecto es que si la falta del reconocimiento pensional de un afiliado que tiene causado el derecho, es por una razón imputable a su deber de diligencia y cuidado deberá asumir «el pago de la pensión de manera provisional y con cargo a sus propios recursos a la entidad de seguridad social», como aconteció en el caso que hoy nos ocupa.
Se dice lo anterior por cuanto del formulario de vinculación a Porvenir que obra a folio 97, el accionante se vinculó a dicha administradora el 10 de noviembre de 2000, y, conforme quedó probado por el colegiado y dada la vía de ataque se entiende aceptado, solo hasta el año 2013 requirió a los participantes del bono pensional la certificación de los tiempos laborados, con el fin de reconstruir el historial del accionante; adicional a ello, dentro del expediente no se evidencia que hubiese elevado solicitud alguna a la Oficina de Bonos Pensionales para que a su afiliado le fuera reconocido el subsidio estatal.
Así las cosas, la administradora no cumplió el estándar mínimo de diligencia y cuidado que le corresponde y, por ende, a título de sanción, corresponden las consecuencias normativas de la culpa leve que representa la falta en su gestión conforme al artículo 4 del Decreto 656 de 1994, conducta que, por demás, se enmarca en aquellas que conforme al artículo 21 ibidem habilitaban a imponer a la AFP la pensión de manera temporal.
Una cosa debe quedar en claro y es que la obligación de la Administradora para la reconstrucción de la historia laboral a efectos de materializar el llamado título de deuda pública, debe ser desarrollada desde el momento en que se hace efectiva la afiliación a la administradora respectiva, pues conforme al artículo 20 del Decreto 656 de 1994 se les concede un término de 6 meses siguientes a la vinculación, para elevar la solicitud de emisión, además, del seguimiento que, frente al mismo, deben realizar.
La norma en comento señala:
Artículo 20. Corresponde a las sociedades que administren fondos de pensiones adelantar, por cuenta del afiliado, pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de emisión de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su exigibilidad.
Las solicitudes de emisión de bonos pensionales deberán ser presentadas a la entidad previsional correspondiente dentro de los seis (6) meses inmediatamente siguientes a la vinculación del afiliado que tenga derecho a dicho beneficio, y hasta tanto sean emitidos efectivamente deberán efectuar un seguimiento trimestral al trámite de su emisión. Para estos efectos, los afiliados deberán suministrar a las administradoras la información que sea necesaria para tramitar las solicitudes y que se encuentre a su alcance. En todo caso, las administradoras estarán facultadas para solicitar las certificaciones que resulten necesarias, las cuales serán de obligatoria expedición por parte de los destinatarios.
Las solicitudes de pago de bonos pensionales deberán ser presentadas por la administradora a la cual se haya formulado una solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez, sobrevivencia o vejez por personas que hayan cumplido la edad establecida para obtener la garantía de pensión mínima del Estado. Tratándose de personas que se hayan pensionado por vejez con anterioridad a dicha edad y se hayan acogido a la modalidad de retiro programado, la solicitud de pago del bono pensional será presentada por la administradora que se encuentre pagando la pensión al momento de cumplirse todos los requisitos señalados para la redención del título.
La solicitud de pago de un bono para atender una pensión de invalidez, sobrevivencia o vejez por cumplimiento de la edad para acceder a una pensión mínima deberá ser presentada dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la decisión de la administradora acerca del cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos para acceder a la pensión. Tratándose de personas que hayan obtenido una pensión de vejez con anterioridad a dicha edad, la solicitud de pago del bono deberá presentarse por la entidad que tenga a su cargo el pago de la pensión al momento en que el pensionado cumpla esa edad.
En todo caso, el seguimiento del proceso de pago efectivo de los bonos pensionales se adelantará por las entidades que tengan a su cargo el pago de la respectiva pensión.
A más de la solicitud de emisión, el citado precepto también les impone a las administradoras, el seguimiento periódico (trimestral) y efectivo al trámite del bono pensional, obligación que, en el caso concreto, no se advierte cumplida, pues conforme a la plataforma probatoria las acciones respecto del bono pensional se historian, como se indicó, desde el año 2013.
Se resalta que el juzgador al recorrer todo el proceso de reconstrucción de la historia laboral adelantado por la administradora en favor de su afiliado, se percató que la solicitud de certificación de tiempos laborados se efectuó en el 2013, como se anotó – esto es fuera de los 6 meses que dicta la reglamentación- y, que si bien requirió a los participantes del título de deuda pública por las inconsistencias en las certificaciones, no lo hizo de manera eficiente y oportuna.
Tal como señala la censura no desconoció el fallador de segundo grado que la no emisión del bono se debió a inconsistencias de la información dada por los empleadores, puntualmente el contribuyente, Asamblea de Cundinamarca, no obstante y, como se expresó, lo que llevó a fulminar condena en contra de la A.F.P., se centró en la mínima diligencia que como administrador debía observar, nótese cómo refiere echar de menos la falta de acción de la entidad de seguridad para que la entidad anotada procediera de conformidad para enmendar el error que presentaba la información de liquidación provisional del bono respectivo haciendo el paralelo de las actividades que sí adelantó ante el municipio de la Palma, frente al que instauró acción de tutela.
Entonces, se exhibe insoslayable lo descrito en el artículo 4 ibidem en cuanto a que «[e]n su calidad de administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, las administradoras son instituciones de carácter previsional y, como tales, se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados».
En consecuencia, el retardo en la reclamación de la garantía de pensión mínima del afiliado, no podría encontrarse justificación en la inconsistencia del bono pensional, pues, como ha quedado expuesto, la administradora debió adelantar las gestiones necesarias de manera oportuna para esclarecer todo lo relacionado para la materialización del mismo.
Sea esta la oportunidad para insistir en que es palmario que la obligación de las administradoras de fondos de pensiones es de medio y no de resultado; no obstante, su deber de diligencia, conforme al diseño normativo como se anotó, es superlativo, al punto de responder aun por culpa leve; y es precisamente dicho estándar lo que lleva a que la falta de diligencia imponga en su cabeza la consecuencia de su conducta, al estar reglada su actuación y el salirse de los parámetros en ella establecidos, comporta la consecuencia que la misma norma estatuye. Es menester que todas las administradoras de pensiones que integran el sistema pensional adecuen sus procedimientos al marco normativo ajustando su gestión a los plazos de la ley y si bien el trámite de la garantía de pensión mínima implica que el bono pensional se encuentre emitido, si evidencia la causación de ese derecho, debe requerir al ente gubernamental para su reconocimiento.
Dicho en otras palabras, corresponde a la administradora adelantar, de manera inmediata, ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la solicitud de reconocimiento del subsidio estatal al que La Nación está obligada y, se reitera, la inminencia del actuar diligente de todas las administradoras de pensiones del sistema pensional ante las solicitudes de sus afiliados, cumpliendo los términos, estándares y procedimientos que la regulación les impone y, ante el incumplimiento de los obligados en la conformación de la historia laboral, pago de aportes y demás obligaciones que surgen para el sistema, debe acudir a todos los medios y herramientas que el marco normativo les otorga para compelir al incumplido.
En ese sendero, no erró el ad quem cuando al constatar el incumplimiento de los deberes que la ley ha impuesto a la recurrente, optó por ordenarle el pago de la pensión provisional a favor del accionante.
Por lo expuesto, el cargo no sale avante.
VIII. SEGUNDO CARGO
Acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y 1º Ley 717 de 2001, en relación con lo dispuesto en los artículos 46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 100 de 1993.
Se duele la censura de que el Tribunal haya fulminado condena por conceptos de intereses moratorios pese a que
[…] la demora en el reconocimiento de la pensión al igual que de la garantía de pensión mínima se debió a las siguientes razones: la primera, a la ausencia del capital necesario para generar una pensión de vejez; y, la segunda, al traslapo de tiempos simultáneamente prestados a entidades oficinales, [m]unicipio de La Palma y Contraloría General de la Nación, por un término aproximado de dos años, como quedó evidenciado y probado al anotar el Ministerio de Hacienda el error 6028 de traslapo que impidió que se continuara con el trámite de liquidación de bono pensional hasta que se reconstruyera la historia laboral del demandante.
Para dar desarrollo al cargo indica que el colegiado al encontrar acreditado el retardo de las mesadas pensionales confirmó la condena de pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, aplicando de manera exegética y automática tal disposición, lo que no está ajustado a la realidad probatoria del proceso y que, aun cuando que no se discute en este cargo dada la vía de ataque, sí evidencia los errores que se cometen para tal decisión.
Señala que está probada la ausencia del capital necesario para generar una pensión de vejez; y, la existencia del traslapo de tiempos simultáneamente prestados a entidades oficiales (municipio de La Palma y Contraloría General de la Nación) por un término aproximado de dos años, impedimento para continuar con el trámite de liquidación de bono pensional hasta que se reconstruyera la historia laboral del demandante; por ende, no encuentra razonable que asigne la obligación referida cuando no le es imputable tal error y, que solo se reinicia el trámite del bono pensional a su afiliado en el año 2017 con la reconstrucción de la historia laboral. Adiciona que:
[…] la conducta de la entidad de seguridad social demandada tuvo su razón de ser en que se estableció que la demora se debió al traslapo de tiempos trabajados a entidades estatales que demoró la reconstrucción de la historia laboral de cotizaciones, no debe ser tenida como morosa, de modo que no es posible imponerle a esta AFP una medida que busca resarcir los perjuicios ocasionados por la tardanza en reconocer una obligación, como son los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Por consiguiente, al entender el Ad quem, en forma errónea por demás, que la disposición contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 es de aplicación irrestricta y no admite excepciones de ninguna índole, y de igual modo, que la demandada incurrió en mora, el Tribunal interpretó con error el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones denunciadas.
En consecuencia, estima que el fallo se debe quebrar en este aspecto.
IX. CONSIDERACIONES
Desde el pórtico se hace necesario recordar que, el criterio de la Sala frente a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es que estos proceden siempre que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales; conforme a lo expuesto en la sentencia CSJ SL3130-2020, independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, en tanto su imposición es simplemente el resarcimiento ante los efectos adversos para el acreedor por la mora del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. En ese sentido, en la providencia CSJ SL5627-2019, se explicó:
Dicho esto, pretende el censor que se estudien las conductas que conllevaron a negar la prestación económica, para que así le sea exonerada la condena.
Al respecto, esta Corporación en la sentencia SL5566-2018, desglosa la naturaleza de los intereses moratorios, y el entendimiento que debe dársele a la norma en cuestión, en los siguientes términos:
Dicho esto, en principio pareciera que el tribunal incurrió en la contradicción que se le endilga, porque aduce que no se probó la mora en el pago de las mesadas pensionales, pero en todo caso impuso condena por intereses moratorios por una fracción de tiempo; sin embargo, basta con mencionar que recientemente la Sala en la sentencia SL1440-2018 radicación n.70404 del 3 de mayo de 2018, citó la providencia SL662-2018, 28.feb.2018, rad. 49378, que sobre el punto que acá se debate señaló:
En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ha sostenido la Corte tradicionalmente desde la sentencia de 23 de septiembre de 2002, radicación 18512, que en principio deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, en cuanto se trata simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tiene carácter resarcitorio y no sancionatorio.
En sentencia CSJ SL, del 13 de junio de 2012, rad. 42783, esta Sala trajo a colación la del 29 de mayo de 2003, rad. 18789, donde se asentó esa postura en los siguientes términos:
“Cierto es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal y como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala. En efecto, así dijo la Corte en sentencia de 23 de septiembre de 2002 (Radicación 18512)”.
De lo anterior ha de concluirse que el fallador no aplicó indebidamente el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque es esta la norma que regula el asunto en caso de mora en el otorgamiento de la pensión dentro de los términos legales, esto es, los 2 meses siguientes a la reclamación con la aportación de las debidas probanzas, como lo establece la Ley 717 de 2001, entratándose de pensiones de sobrevivientes, hecho acreditado en el proceso porque lo cierto es que a la demandante solo hasta el 16 de noviembre de 2007 se le hizo la devolución de los saldos existentes en la cuenta individual de su cónyuge, pese a que había solicitado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes desde el 25 de junio de 2007.
Ahora bien, conforme al criterio expuesto no nos encontramos ante un cambio de línea jurisprudencial, o que la negativa pensional se hubiese dado con amparo en el ordenamiento legal vigente, por el contrario, tal como se dejó por sentado en el primer cargo, la entidad sí retardó el trámite de la prestación que en el sistema debería estar disfrutando el actor. Entonces, el ataque no encuentra prosperidad.
En consecuencia, no hay lugar a derruir el fallo acusado.
Sin costas por cuanto no hubo réplica.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 26 de febrero de 2021, en el proceso ordinario laboral que GENARO VEGA SOTELO le promovió a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y, al que se integraron como parte a LA NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y municipio de LA PALMA.
Sin costas.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR