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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4326-2021

Fecha
18 de agosto de 2021
Magistrado ponente
Fernando Castillo Cadena
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4326-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-. SEGUNDO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora. TERCERO. INVALIDAR la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira el 6 de agosto de 2015, únicamente en cuanto a la condena interpuesta a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), por falta de legitimidad por pasiva dentro del proceso ordinario laboral promovido por JAIRO RIVERA GAVIRIA contra LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A. y en litisconsorcio la UGPP por contravenir el ordenamiento legal. CUARTO. En reemplazo se ABSUELVE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), de las pretensiones de la demanda ordinaria promovida en su contra por JAIRO RIVERA GAVIRIA por falta de legitimación por pasiva, en su lugar, se CONDENA al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES administrado por LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A., o al sucesor del extinto Banco Cafetero, en virtud de la conmutación pensional celebrada con el I.S.S., hoy Colpensiones. QUINTO. NEGAR el reintegro de las sumas canceladas en exceso al pensionado, por las razones esgrimidas en la parte motiva de esta providencia. SEXTO. En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, para que forme parte del expediente respectivo. SÉPTIMO. Por Secretaría archívese el expediente, una vez ejecutoriada la presente providencia. Sin costas, dada la prosperidad de la acción.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4326-2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

18 de agosto de 2021

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

SL4326-2021

Radicación n.°76956

Acta 31

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Decide la Corte la acción de revisión interpuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, del 6 de agosto de 2015, debidamente ejecutoriada el 8 de septiembre de 2015, dentro del proceso ordinario que promovió JAIRO RIVERA GAVIRIA contra LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A., en el que fue llamado en litisconsorcio la UGPP.

I. ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP- presenta, ante esta Corporación, acción de revisión contra la sentencia referida, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por JAIRO RIVERA GAVIRIA contra LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A. al que fue llamado como litisconsorte, a efecto de que por configurarse las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se revoque y, en su lugar, se declare que: existió falta de legitimación en la causa por pasiva en el proceso ordinario laboral promovido por Jairo Rivera Gaviria, pues esa entidad no era la llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda; no es sucesora procesal del Banco Cafetero y, se condene al señor Rivera Gaviria a reintegrar los valores reconocidos o que se lleguen a pagar en cumplimiento a la sentencia objeto de la acción.

Como sustento de sus pretensiones señala, en síntesis, que el señor Rivera Gaviria promovió proceso ordinario laboral en contra de la Fiduciaria La Previsora S.A. y, a la U.G.P.P., cuya primera instancia absolvió a las encartadas de todas y cada una de las pretensiones de la demanda y, en segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Pereira, decidió:

Declara nula o sin valor la fórmula empleada en la audiencia de conciliación celebrada por las partes ante el Ministerio del ramo -inspector del trabajo- el 6 de diciembre de 2007, para confeccionar la primera mesada pensional en su lugar:

Dispone rehacer la liquidación de la primera mesada pensional mediante la cual la base salarial a tomar en cuenta se actualizará el al 7 de mayo de 2003, con el empleo de la siguiente fórmula:

VA = VH x IPC Final

IPC Inicial. Donde:

VA = IBL o valor actualizado

VH= Valor histórico que corresponde al último salario promedio mes devengado.

IPC Final = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de pensión.

IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de retiro o desvinculación del trabajador.

Declara probada parcialmente, la excepción de prescripción sobre las diferencias resultantes, causadas y no cobradas con antelación. al 16 de marzo de 2007. Niega las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas.

Condena al PAP. (O PAR) Banco Cafetero en liquidación hoy, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, a cancelar a favor del del señor Jairo Rivera Gaviria por concepto de primera mesada pensional, a 7 de mayo de 2003, $1.043.445. Para 2007, a salvo del fenómeno prescriptivo, queda la pensión en la suma de $1.284.199. 44. Para 2008, entre el primero 1° de enero al 17 de mayo (fecha de la compartibilidad pensional) $1.357.270.38.

Condena al PAP. (O PAR) Banco Cafetero en liquidación hoy, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, a cancelar a favor del señor Jairo Rivera Gaviria partir del 17 de mayo de 2008, la diferencia entre ambas pensiones, (Ley 33 de 1985 e ISS), la cual asciende inicialmente a $470.616 38. Para tal efecto, año a año experimentarán el reajuste del IPC, tal cual aparece en la parte motiva.

Condena al PAP. (O PAR) Banco Cafetero en liquidación hoy, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, a cancelar a favor del señor Jairo Rivera Gaviria por concepto de retroactivo pensional (diferencia), desde el 16 de marzo de 2007 hasta el 30 de junio de 2015, un total de $63.710 869 49.

Condena en costas en ambas instancias a cargo de la accionada PAP Banco Cafetero en liquidación, hoy UGPP. Las agencias en derecho en este segundo grado, se fijan en $1,288.700.

Así mismo, obra sentencia del 13 de agosto de 2015 proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ (sic) SALA DE DECISIÓN LABORAL DE PEREIRA, quien adicionó la sentencia del 6 de agosto de 2015 indicando lo siguiente:

Primero. Adiciona la sentencia dictada en audiencia del 6 de agosto de 2015, en el sentido de que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP debe a Jairo Rivera Gaviria por diferencia pensional correspondiente a 2015, por mes la suma de $598.749,46 y se obliga a actualizar de conformidad con el IPC, para las restantes anualidades.

Segundo: Aclara que las diferencias por los años anteriores a 2015, son según el siguiente orden: por el año 2009, $506.712,65; por el año 2010, $516.846,91; por el año 2011 $533.230,96; por el año 2012 $553.120,47; por el año 2013 $566.616,62 y por el año 2014 $ 577.608,98; y no por las equivalencias expresadas en la parte considerativa del fallo del 6 de agosto.

Tercero: Corrige el numeral quinto del citado proveído, el cual quedará así: Condena al PAP. (O PAR) Banco Cafetero en liquidación hoy, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, a cancelar a favor del del señor Jairo Rivera Gaviria a cancelar a favor de Jairo Rivera Gaviria por concepto de retroactivo pensional (diferencia), el 30 de junio de 2015 un total de $41.70.869.49 (sic)

El accionante, el 7 de abril de 2016, solicitó a la Unidad el cumplimiento integral de la sentencia que lo favorecía, por lo que la UGPP, mediante Auto No. 010714 del 14 de agosto de 2016, le informó que se abstenía de pronunciarse por falta de competencia por cuanto el responsable para dar cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia de segundo grado, emitida el 6 de agosto de 2015, es el Banco Cafetero en liquidación ya que esta entidad no había sido recibida por la Unidad Administrativa; así mismo, por Auto ASP 010888 del 29 de agosto de 2016, comunicó la orden de archivo de la solicitud presentada el 18 de agosto de 2016,con el mismo argumento.

Jairo Rivera Gaviria, al contestar la demanda, acepta todos los hechos en que se funda la acción; se opuso a que prosperaran las pretensiones puesto que, el objeto de la acción de revisión es «dejar sin efectos aquellas sentencias o fallos que haciendo tránsito a cosa juzgada, hubieren sido obtenidos con ilicitud por el beneficiario de la misma, donde de cualquier manera interviene su voluntad para hacer concurrir de manera deliberada al operador jurídico en un error o en perjuicio de otro» no obstante, no puede servir para infirmar una sentencia de un juez singular o colegiado que dentro de la órbita de su conocimiento define el conflicto, pues «se legitimaría a la parte vencida para buscar una tercera instancia que comparta las apreciaciones del juez de primer grado o del recurrente».

Considera que la acción de revisión, por su naturaleza extraordinaria, no puede convertirse en una tercera instancia en la que se sigan debatiendo aspectos de derecho definidos en la sentencia que hace tránsito a cosa juzgada; insiste en que el mismo es para estudiar aspectos «extraños» al proceso que hubieren tenido la virtualidad de variar la decisión de haberlos conocido el juez.

Añade que las causales contenidas en la Ley 797 de 2003, no pueden convertirse en una tercera instancia para convalidar la negligencia de las partes, en el caso bajo revisión de la parte demandada hoy recurrente y sus apoderados, quienes tienen claras responsabilidades frente al erario, y que si hubieren estudiado las normas que ahora invocan como violadas, habían tenido la oportunidad de interponer el recurso de casación y, en la demanda que fueron vinculados de oficio «habrían podido ser más prolíficos en la defensa con argumentos como los expresados en este recurso y no simplemente invocar como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva».

Sostiene que, en todo caso, no se evidencia la violación al debido proceso, ya que se cumplieron todas las ritualidades del proceso ordinario laboral y la sentencia del Tribunal no incurrió en error o, exceso al estudiar o valorar el derecho ni la competencia, lo que hizo fue interpretar la Ley en el caso concreto, y esta situación por sí sola no constituye causal ni prueba idónea para infirmar la sentencia al amparo de la acción de revisión.

Propone como excepciones las de caducidad de la acción; no acompañar la demanda de revisión los documentos exigidos por el numeral 4, artículo 33 de la Ley 712 de 2001; improcedencia del recurso extraordinario de revisión para rebatir aspectos de puro derecho que fueron conocidos, discutidos y debatidos en las instancias; inexistencia de vía de hecho de la cual puede derivarse una violación al debido proceso del recurrente; existencia del recurso extraordinario de casación para debatir aspectos de derecho ante esta Corporación; falta de legitimación o competencia para interponer la acción de revisión por la UGPP y por la causal invocada; inexistencia de medios probatorios nuevos o distintos a los allegados al proceso ordinario.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Resulta pertinente memorar que como mecanismo excepcional al principio de la cosa juzgada y con el propósito de proteger el erario cuando aquel se viera afectado por una decisión judicial o administrativa, que le imponga el reconocimiento de una prestación por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondiera al titular, o sin el respeto al debido proceso, el legislador consagró la acción extraordinaria de revisión; este aspecto ha sido insistentemente advertido por esta Corporación, entre otras en la Sentencia CSJ SL5119-2020, que reiteró la Sentencia CSJ SL2148-2017, en la cual se establecido:

La Sala ha insistido, no obstante, en la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión y, por dicha vía, ha establecido que por ese conducto no es dable volver a discutir indefinidamente los extremos de un proceso resuelto a través de una decisión ejecutoriada, o suplir los medios de impugnación previstos por el legislador en cada procedimiento, sino que su finalidad concreta es la de evitar la expoliación de los recursos públicos, a partir de unas precisas causales que deben ser invocadas dentro de un marco serio y responsable.

Por lo mismo, la Corte ha dicho que,

[…] la utilización de estas causales por los legitimados para ello debe ejercitarse dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación dentro del cual se armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera que este recurso extraordinario no se distorsione e hipertrofie en casos que no lo ameriten realmente, distrayendo a la Administración de Justicia de su trascendental función, sino que el uso del mismo se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a mayores inferencias conceptuales las dos nuevas causales… (CSJ SL, 15 abr. 2005, rad. 25761, reiterada en CSJ SL, 21 en. 2006, rad. 28263; CSJ SL, 22 abr. 2008, rad. 30517; CSJ SL, 16 feb. 2010, rad. 31802; y CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157, entre otras).

También ha sostenido la Corte que es al juez del trabajo al que le compete ponderar razonablemente la gravedad de los vicios, omisiones o extralimitaciones contenidas en las sentencias, transacciones o conciliaciones cuestionadas, así como su apego a las causales establecidas legalmente para la revisión. En tal medida, ha señalado que:

Esa medida, extraordinaria, reviste un gran impacto jurídico y, sin lugar a dudas, su génesis no es otra que la de incorporar un principio moralizante a la actividad de reconocimiento pensional, en tanto los limitados recursos del erario, imponen una labor mucho más exigente que con otro tipo de asuntos que se ponen en conocimiento del juez.

Es por eso que, excepcionalmente, los otros principios que entran en colisión con tan particular medida, como la cosa juzgada y la seguridad jurídica, deben ceder para, en su lugar, concretar unas aspiraciones sociales, que están estrechamente relacionadas con los recursos que de manera irregular terminan satisfaciendo pretensiones particulares, específicamente cuando existe palmaria evidencia de que ello ocurre.

Esa búsqueda de la armonía que insta la Ley, obliga a que sea el juzgador el que pondere, si lo pedido en el recurso de revisión es de veras trascendental, es decir, que en verdad exista un exceso en la sentencia, evidente, grosero, que no una mera discrepancia en torno a la aplicación de una norma, o un extemporáneo y fútil pedimento, y que además, delimite las eventuales situaciones que puedan llevar a eximir a las entidades públicas que hayan tenido espacios procesales idóneos para plantear esas discusiones, y que no los hubiesen utilizado, pero sin soslayar responsabilidades individuales, siendo que lo que se debate, esto es, los principios a los que atrás se hizo referencia no son de poca monta.

Todo ello hay que entenderlo según la exposición de motivos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que circunscribió esa revisión para “afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación”, y es entonces en esa perspectiva que procede el recurso, cuando aquellas omisiones en la defensa existan, pues otra lectura entrañaría una vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. (CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 48410, reiterada en CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157 y CSJ SL7107-2015).

Conforme a la línea expuesta, uno de los propósitos del legislador para la revisión creada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como mecanismo excepcional, fue cubrir omisiones en la defensa judicial para evitar perjuicios sobre el erario de allí que, como se señaló, constituya una excepción al principio de cosa juzgada, todo a efecto de evitar el llamado abuso del derecho y, a la vez proteger el bien común (SL2599-2021; CSJ SL351-2018); por ello para su procedencia no requiere de la existencia de una sentencia penal (SL12910-2017).

Frente al cuestionamiento de la legitimidad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, es de señalarse que la aludida entidad fue parte en el proceso en el que se profirió la decisión contra la que se dirige esta acción.

Con todo, baste acudir a lo dispuesto en el Decreto 169 de 2008 «por el cual se establecen las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, y se armoniza el procedimiento de liquidación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social» que en su artículo 1 numeral 3 expresamente le asignó:

Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:

3. La UGPP podrá adelantar las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

De su lado, el artículo 6.° del Decreto 575 de 2013 en su numeral 6.° reafirma como una función propia de la Unidad «Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen»; no está de más en este punto, rememorar la sentencia CC SU427-2016 que, en lo atinente a la legitimación para la acción de revisión, señaló:

[…]

7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero..

Clara la legitimidad de la entidad de promover la acción en comento, ha de acotarse que, el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispuso que la demanda instaurada en ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se debería presentar dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia por controvertir.

Así las cosas, como la demanda que contiene la acción de revisión se recibió por esta Corporación el 30 de enero de 2017, es pertinente declarar que ello ocurrió dentro del término previsto para el efecto, habida cuenta que la sentencia contra la cual se promueve quedó ejecutoriada el 8 de septiembre de 2015.

Debe precisarse, que el hecho de que la UGPP no hubiese interpuesto el recurso de casación, no impide acudir a la acción de revisión pues ello no es un requisito de procedibilidad y, además, se exhibe insoslayable el bien jurídico que se protege con el mencionado mecanismo procesal.

La entidad accionante en revisión se duele de la condena impuesta a su cargo por la falta de legitimidad por pasiva, dado que, no es la entidad llamada a cubrir la obligación pensional que recaía en el extinto Banco Cafetero en liquidación.

Pues bien, se tiene que dentro del proceso ordinario laboral, el señor Jairo Rivera Gaviria, pretendió la nulidad de la conciliación celebrada con su ex empleador, por cuanto la primera mesada pensional que el Banco le reconociera no fue indexada en la cuantía que correspondía y la sala sentenciadora encontró que procedía revocar la sentencia absolutoria de primer grado, por considerar que tal conciliación afectaba derechos mínimos e irrenunciables, en consecuencia, accedió a las súplicas de la demanda, incluyendo el pago de las diferencias que se habían generado.

Condena que recaía sobre la Fiduciaria accionada que:

[…]comprometió patrimonialmente al PAR Banco Cafetero S.A quien en ultimas será la persona jurídica que soportará la carga económica de la sentencia, dado que la primera cumplió con el deber indelegable, abro comillas Cuarto: llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente Cierro comillas. Ese es el numeral cuarto del artículo 1234 del Código de Comercio.

Así las cosas, la parte demandante no cometió desatino al encaminar las pretensiones, bajo el presupuesto de que la Fiduciaria la Previsora S. A, obraba en su condición de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remantes Par Banco Cafetero, en liquidación o la entidad que la sustituyera en el reconocimiento y pago de pensiones de sus extrabajadores (folio 55); razón por la cual no hay lugar a declarar la falta de legitimación por pasiva, en el entendido de que los efectos de la sentencia no afectan el patrimonio de la fiduciaria, como quiera que fue apenas una administradora y vocera del Par Banco Cafetero S.A. en Liquidación o de la entidad que la sustituyera Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (U.G.P.P); esto último por cuanto la UGPP tiene por objeto, abro comillas reconocer y administrar los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional, o de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la este desarrollado, cierro comillas es la Ley 1151 de 2007 el Decreto Ley 169 2008 y el decreto 575 del 2013.

Tanto entones el Banco Cafetero, como la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, las ha sucedido la U.G.P.P. en materia pensional y de prestaciones económicas de todos los servidores de dichas entidades.

Así, encontró que el Banco Cafetero en liquidación, como la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero la sucedió la UGPP en materia pensional y de prestaciones económicas en pro de los servidores de dichas entidades bancarias y, en consecuencia, condenó al pago de las diferencias pensionales antes descritas.

Llegados a este punto del sendero, emerge la siguiente pregunta:

¿Asumió la UGPP el pasivo pensional del extinto Banco Cafetero en liquidación?

Para responder el cuestionamiento que hoy se presenta ante la Corte, debemos acudir a las normas que sustentaron la decisión de la sala sentenciadora, pues de allí emana que dentro del objeto de la Unidad está la asunción de pasivos pensionales de las entidades definidas en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y, en desarrollo de la misma el Decreto Ley 169 de 2008 estableció como sus funciones, entre otras:

[…]

2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca la UGPP en virtud de este numeral.

Las entidades públicas del orden nacional a que se refiere el inciso anterior, continuarán con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas hasta que se asuma esta función por su traslado a la UGPP. La UGPP asumirá esta función en los términos del Decreto 254 de 2000. Negrita fuera de texto original.

De lo anotado se deriva que la competencia para reconocer derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación no es automática, como lo entendió el Tribunal, puesto que, estas continuaran con sus obligaciones hasta que tal función se traslade a través de un normativo a la UGPP, el pasivo pensional.

Si bien, el juzgador, para fulminar la condena en cabeza de la Unidad como sustituta del patrimonio autónomo, se soportó en Ley 1151 de 2007, en el Decreto Ley 169 de 2008 y en el Decreto 575 del 2013, lo cierto es que dejó de lado que esas eran las normas de creación y estructura de la unidad y que, si bien, habilitan que está asuma el pasivo pensional de ciertas entidades, lo cierto es que, no es un mandato general que implicara el traslado ipso facto de todos los pasivos pensionales de las entidades de esta naturaleza, sino que la obligación pasaría a cargo de la misma cuando, con sustento en la ley, el gobierno lo asignara, como es el caso, entre otros, del pasivo pensional de Cajanal -Decreto 4269 de 2011 o recientemente el de Electricaribe- Decreto 042 de 2020.

Y es que, en puridad de verdad no se encuentra norma que haya trasladado las obligaciones pensionales del extinto Banco Cafetero en liquidación a la UGPP por lo que resulta procedente el embate de la entidad.

En este estadio resulta pertinente verificar en quién se subrogaron las obligaciones de naturaleza pensional de la citada entidad.

Banco Cafetero en liquidación y la asunción de su Pasivo Pensional

La disolución y liquidación del Banco de Cafetero S. A., Sociedad Anónima de Economía Mixta del orden nacional (ver sentencia CSJ SL223-2021), fue dispuesta a través del Decreto 610 del 7 de marzo de 2005, cuyo plazo para su extinción fue de 2 años contados a partir de su expedición y, en caso de no culminarse en dicho lapso, se permitió la prórroga por un término igual. Finalmente, el término se vería ampliado hasta diciembre de 2010 (Decreto 3592 de 2010).

Ahora bien, nótese como en los considerandos del Decreto 610 de 2005, se evidenció «Que la Junta Directiva del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en sesión del 4 de marzo de 2005, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2809 de 2001, autorizó al Fondo para asumir frente al Banco Cafetero S. A., una vez entre en vigencia el presente decreto y se agoten los recursos de dicha entidad, la parte no cubierta de las obligaciones laborales y pensionales del mismo» y su artículo 2, modificado por el Decreto 3592 de 2010, además de establecer que dentro de este lapso se deberán cumplir a cabalidad los trámites establecidos en los artículos 52 y 53 del Decreto 2211 de 2004 y de manera general puso de presente que «Cuando ello sea necesario, antes de que cese la existencia legal del Banco Cafetero S. A., en Liquidación, el Gerente Liquidador deberá celebrar un acuerdo con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, previa constitución de una reserva, con el fin de que esta entidad atienda, sin responsabilidad a su cargo y por cuenta de la entidad en liquidación, las situaciones no definidas».

Con relación a los pasivos pensionales de la entidad que entraba en disolución y liquidación, el Decreto 610 de 2005 indicó:

Artículo 11. Conmutación pensional. Para efectos de la conmutación pensional, el Banco Cafetero en Liquidación, presentará para la respectiva aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional, con el concepto previo de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social de este Ministerio, el cálculo actuarial correspondiente de los pasivos pensionales de que trata el presente decreto.

Artículo 12. Modificado por el Decreto 4889 de 2007, artículo 1º. Garantía para el pago de las obligaciones pensionales. Los activos del Banco Cafetero en Liquidación, destinados al pago de los pasivos pensionales, conservarán tal destino y no formarán parte de la masa de liquidación.

En todo caso, los pasivos pensionales y laborales deberán pagarse preferencialmente de conformidad con las normas legales sobre prelación de créditos.

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, asumirá, una vez entre en vigencia el presente decreto y se agoten los recursos del Banco Cafetero en Liquidación, la parte no cubierta de las obligaciones laborales y pensionales del mismo. Para este efecto, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, podrá realizar anticipos y pagos parciales de la obligación a la entidad con la cual se vaya a conmutar, siempre y cuando el Banco Cafetero en Liquidación le certifique que los recursos disponibles en la liquidación son insuficientes para cubrir el último cálculo actuarial presentado para aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Si una vez aprobado el cálculo actuarial se evidencia que los recursos entregados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, exceden el valor de su obligación, el Banco Cafetero en Liquidación deberá reintegrar a Fogafín dicho excedente. En el caso de que hicieran falta recursos para cubrir dicho cálculo actuarial, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, deberá asumir la diferencia.

Valga la pena acotar que, en torno a la obligación sobre los bonos pensionales, la normativa dispuso:

Artículo 13. Reconocimiento de pensiones, bonos pensionales y cuotas partes. Será función del Banco Cafetero en Liquidación, reconocer las pensiones, bonos pensionales y cuotas partes de unos y otros, mientras tal función es asumida por la entidad con la cual se realice la conmutación pensional. Lo anterior sin perjuicio de que el reconocimiento sea asignado a otra entidad determinada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Inciso adicionado por el Decreto 2951 de 2010, artículo 1º. De conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 254 de 2000, aplicables por no estar regulada la materia en el régimen de liquidación de entidades públicas financieras nacionales y en concordancia con lo que establece el artículo 11 del Decreto 610 de 2005, los bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales a cargo del Banco Cafetero en Liquidación serán emitidos y pagados por la Nación a través de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Inciso adicionado por el Decreto 2951 de 2010, artículo 1º. Para tal fin, aprobada la normalización pensional por parte del Ministerio de la Protección Social, la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Cafetero en Liquidación acordarán la forma en que se trasladarán las reservas correspondientes a partir del valor del cálculo aprobado, al Fondo de Reservas de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Inciso adicionado por el Decreto 2951 de 2010, artículo 1º. La Oficina de Bonos Pensionales realizará el pago de los bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales correspondientes al Banco Cafetero en Liquidación, una vez se trasladen los recursos al Fondo de Reservas de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Oficina de Bonos Pensionales haya recibido el cálculo actuarial por parte de la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Inciso adicionado por el Decreto 2951 de 2010, artículo 1º. La administración de las cuotas partes por cobrar y por pagar reconocidas antes del cierre de la liquidación así como de las cuotas partes por pagar que se causen con posterioridad a su cierre, estará a cargo del patrimonio autónomo de remanentes que se constituya.

Inciso adicionado por el Decreto 2951 de 2010, artículo 1º. El trámite de las cuotas partes por cobrar que se causen a partir del cierre de la liquidación del Banco, será responsabilidad de la entidad con la que se conmutan las pensiones.

Finalmente, se resalta que la regulación además de establecer el marco de la disolución y liquidación incluyó el procedimiento en el caso de que los bonos pensionales, las cuotas partes de bonos pensionales y/o las pensiones que de una persona no fuera incluida en el cálculo actuarial después de finalizada la liquidación, para este efecto se incluyó un artículo nuevo en el Decreto 2951 de 2010 modificado por el Decreto 4031 de 2010, que dispuso:

[…] sólo serán atendidas conforme al procedimiento previsto en cada caso, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que se acredite ante el Patrimonio Autónomo de Remanentes a que se refiere el artículo 13 del Decreto 610 de 2005 adicionado por el artículo 1° del Decreto 2951 de 2010, el derecho a estar incluido en el cálculo actuarial del Banco Cafetero en Liquidación.

2. Que el Patrimonio Autónomo de Remantes elabore el cálculo actuarial correspondiente, que dicho cálculo se presente para la respectiva aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional y que el mismo sea aprobado con el concepto previo de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del mismo Ministerio.

3. Que el valor del cálculo actuarial sea cubierto con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo de Remantes que se constituya y que estos recursos se trasladen a la entidad con la que se conmute o al Fondo de Reservas de Bonos Pensionales, según sea el caso.

En consonancia con el marco regulatorio se celebró con la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., un contrato de fiducia mercantil n.º 3100472 del 30 de noviembre de 2010, cuyo objeto era la constitución de un patrimonio autónomo para la administración y pago de las contingencias y pago de remanentes del Banco Cafetero en Liquidación si los hubiere, a través de un patrimonio autónomo, según se deduce del numeral 5º de la parte considerativa de la Resolución n.° 096 de 2010. A su vez, mediante la Resolución no. 3060 del 10 de noviembre del 2010, se dio la conmutación de las obligaciones pensionales a cargo del Banco Cafetero hoy liquidado, acto que fue adicionado con la Resolución no. 0235 del 10 de febrero de 2011, mediante el cual se incluyeron 127 trabajadores adicionales de la entidad bancaria.

La figura de la conmutación, como mecanismo de normalización de los pasivos pensionales de una entidad, busca la subrogación del empleador obligado (Banco Cafetero en liquidación) en el ISS, hoy Colpensiones; claro está, siempre y cuando al trabajador se le hubiera incluido en el cálculo actuarial, para la asunción de su obligación pensional. Finalmente, al haber adelantado todas las gestiones pertinentes para su disolución y liquidación, el 30 de diciembre de 2010 por la Resolución n.° 096, se declaró la terminación de la existencia legal del Banco Cafetero.

No sobra en este punto, efectuar una breve referencia de la forma de asunción de pasivos laborales y pensionales del Banco Cafetero, tanto en el trascurso de la liquidación, como una vez finiquitada. Así, mientras estuvo en curso el proceso de liquidación, las contingencias de tipo judicial2 fueron asumidas a través de un patrimonio autónomo constituido para estos efectos y administrado por Fiduagraria, este se mantuvo activo hasta la fecha de liquidación de la entidad Bancaria, honrando el pago de las obligaciones de los procesos notificados hasta el acta final de liquidación del Banco.

De otro lado, y como quedó referido al momento de la Liquidación, se ejecutaron dos acciones diferentes para la asunción de los pasivos de la entidad liquidada; la constitución del patrimonio autónomo administrado por Fiduprevisora para el pago de las contingencias y pago de remanentes del Banco Cafetero en Liquidación y una conmutación de determinadas obligaciones pensionales a cargo del banco como empleador con el otrora ISS, hoy Colpensiones.

Conforme a lo expuesto resulta acertada la condena del Tribunal sobre el Patrimonio autónomo de remanentes Par Banco Cafetero o a su sucesor; en lo que definitivamente erró el fallador de segundo grado fue en entender que dicho sustituto era la Unidad hoy accionante; así dado el marco expuesto la causal resulta fundada de manera exclusiva frente a la condena impartida a la UGPP. como entidad que asumió el pasivo de la entidad bancaria.

Una cosa debe dejarse en claro y es que la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, referente a la afectación del debido proceso, no se concreta en el presente asunto, ya que se siguieron todas las formas del proceso, se generaron las garantías para que las partes ejercieran el derecho de defensa y contradicción, de manera que el colegiado no desoyó a las partes; su decisión la basó en su interpretación de la ley.

Situación contraria se da con la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues, el juicio jurídico del fallador al condenar a la UGPP creó en su cabeza un pago vitalicio sin que existiera fuente legal que obligara a dicha unidad a tal carga; por ende, habrá que declarar fundada la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a la falta de legitimación por pasiva de la Unidad accionante en revisión y, en su remplazo se absolverá a la U.G.P.P. de las pretensiones de la demanda, en su lugar, se condenará al sucesor de la entidad financiera de honrar las obligaciones pensionales del extinto Banco Cafetero, ya sea a través del Patrimonio Autónomo administrado por la Fiduprevisora o el I.S.S. en virtud de la conmutación pensional.

Ello es posible en virtud del artículo 68 del CGP, pues «Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran», norma que es aplicable en virtud de la remisión analógica permitida por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Así las cosas, el Patrimonio autónomo afecto a las obligaciones pensionales del Banco Cafetero liquidado, el I.S.S., hoy Colpensiones, en virtud de la respectiva conmutación o, cualquier sujeto o patrimonio en que haya mutado la asunción de las cargas pensionales de la entidad bancaria extinta, deberá honrar la obligación.

No sobra señalar que no se evidenció pago alguno por parte de la U.G.P.P. por lo que no hay lugar a ordenar el reintegro pretendido.

Finalmente, y no resulta menor, se pone de presente que, dado que la acción de revisión es una excepción a la cosa juzgada y que en este caso el único objeto de la revisión fue la falta de legitimación por pasiva, la sentencia se remplaza en este aspecto y no en lo demás.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-.

SEGUNDO: DECLARAR fundada la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, alegada por la parte actora.

TERCERO. INVALIDAR la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira el 6 de agosto de 2015, únicamente en cuanto a la condena interpuesta a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), por falta de legitimidad por pasiva dentro del proceso ordinario laboral promovido por JAIRO RIVERA GAVIRIA contra LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A. y en litisconsorcio la UGPP por contravenir el ordenamiento legal.

CUARTO. En reemplazo se ABSUELVE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), de las pretensiones de la demanda ordinaria promovida en su contra por JAIRO RIVERA GAVIRIA por falta de legitimación por pasiva, en su lugar, se CONDENA al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES administrado por LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – FIDUPREVISORA S.A., o al sucesor del extinto Banco Cafetero, en virtud de la conmutación pensional celebrada con el I.S.S., hoy Colpensiones.

QUINTO. NEGAR el reintegro de las sumas canceladas en exceso al pensionado, por las razones esgrimidas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO. En firme este proveído, por Secretaría envíese copia de la presente decisión a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, para que forme parte del expediente respectivo.

SÉPTIMO. Por Secretaría archívese el expediente, una vez ejecutoriada la presente providencia.

Sin costas, dada la prosperidad de la acción.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Presidente de la Sala

Aclaro voto

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado ponente

ACLARACIÓN DE VOTO

Revisión

Radicación n.° 76956

Referencia: Revisión promovida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, del 6 de agosto de 2015, debidamente ejecutoriada el 8 de septiembre de 2015, dentro del proceso ordinario que promovió JAIRO RIVERA GAVIRIA contra LA FIDUCIARIA LA PREVISORA SA – FIDUPREVISORA S.A., en el que fue llamado en litisconsorcio la UGPP.

Con el acostumbrado respeto, me permito aclarar que, si bien al firmar la presente providencia indiqué que aclaraba el voto, al hacer una nueva revisión del expediente, en lo relacionado con el término desde cuando se contabilizan los 5 años al que hace referencia el artículo 20 de la Ley 797/03, para instaurar este tipo de trámite por parte de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP), debo señalar que no tengo reparo alguno frente a la decisión aquí tomada, estando totalmente de acuerdo con ella.

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

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