Explicó que la suma que corresponda se debe trasladar a Colpensiones, pues según la historia de cotizaciones (f.º 98) la accionante está afiliada a esa administradora de pensiones y registra varias contribuciones con esa entidad; asimismo, que conforme a lo expuesto en la sentencia CSJ SL, 1.º feb. 2011, cuyo radicado no precisó, que la falta de cotizaciones no supone la desafiliación.
Agregó que de conformidad con la documental de folio 92, Porvenir S.A. certificó que la demandante no registra solicitud de afiliación o vinculación o aportes en esa administradora de pensiones. Y que no era procedente consignar esos recursos en el fondo de pensiones voluntarias como lo requirió aquella en la demanda, toda vez que de conformidad con lo previsto en el Decreto 2513 de 1987, que se incorporó al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (artículo 168 y siguientes) y el Decreto 663 de 1993, dichos fondos son patrimonios autónomos que tienen por objeto cumplir planes de pensiones que nacen de un acuerdo de voluntades y que son independientes del régimen de seguridad social, como lo establece de manera expresa el artículo 4.º del Decreto 2513 de 1987, así como el numeral 3.º del Estatuto antes aludido.
Afirmó que al convalidarse los tiempos que prestó servicios a Avianca S.A. el derecho pensional podía analizarse a luz del Acuerdo 049 de 1990. Sin embargo, asentó que la accionante no causó el derecho a la pensión de vejez de conformidad con esa normativa antes del 31 de julio de 2010, en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005, pues cumplió 55 años de edad el 10 de febrero de 2012, y el régimen de transición en su caso no se extendió hasta el año 2014, toda vez que no acumuló más de 750 semanas de aportes a la entrada en vigencia de la reforma constitucional. En ese orden, expuso que aquella perdió el régimen de transición por razones normativas y no por la conducta omisiva de la empleadora.
En cuanto a la pretensión de pago de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, refirió la sentencia CSJ SL, 4 jul. 2006, cuyo radicado no precisó, y adujo que a la parte actora le correspondía probar los daños y que la sola existencia en el proceso de un dictamen pericial no da lugar a condenar por esa razón, sino se cumplen los demás requisitos legales.
Y respecto al lucro cesante, indicó que no era procedente el interés reclamado, pues el pago de aportes a través del cálculo actuarial contiene la corrección monetaria, y los intereses previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aplican en el caso de omisión en el pago de las mesadas pensionales, que no es el caso que se discute en este proceso.
RECURSO DE CASACIÓN
El recurso extraordinario lo interpuso la demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
La recurrente pretende que la Corte «case parcialmente» la sentencia impugnada, «que confirmó la sentencia de primera instancia que respecto del pago del cálculo actuarial a COLPENSIONES a partir del 1.º de julio de 1980 al 1.º de marzo de 1992, previo cálculo actuarial que al efecto realice la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, de conformidad con lo expuesto a lo largo de esta sentencia para que modifique en favor de la demandante y en su lugar se ordene el pago del mencionado cálculo actuarial al Fondo de Pensiones voluntarias Porvenir como fue solicitado en la demanda, en consideración al hecho de estar excluida la demandante de la seguridad social en pensiones, para el momento en que se llegue a efectuar dicho pago.
Subsidiariamente, requirió condenar a Avianca S.A. a pagar a la demandante, a título de daño emergente, la suma de $537.602.765, establecida en la experticia, correspondiente a «la pérdida del régimen de transición, la posibilidad de obtener una pensión de vejez, y la pérdida de vinculación al régimen de ahorro individual con solidaridad, en la forma establecida en la experticia ordenada, practicada que no fue objetada por las partes» y que se provea en costas como es debido.
Con tal propósito, por la causal primera de casación formula dos cargos, que fueron objeto de réplica. La Corte los estudiará en forma conjunta porque persiguen la misma finalidad, acusan normas similares y contienen argumentos complementarios.
CARGO PRIMERO
Acusa la sentencia impugnada de trasgredir directamente, en la modalidad de interpretación errónea, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y la «violación directa» de los artículos 11, 13, 61, 115, 116 y 271 de la Ley 100 de 1993,11 del Decreto 692 de 1994, 118 del Decreto 3798 de 2003, «17 del Decreto 3798 de 2003, modificado por el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 15 del Decreto 1474 de 1997» (sic); 1634 del Código Civil; 48, 53 y 230 de la Constitución Política.
Para fundamentar su acusación, la censura señala que comparte la decisión del Tribunal en cuanto reconoció el pago al cálculo actuarial como derecho irrenunciable e imprescriptible. No obstante, afirma que el ad quem incurrió en la interpretación errónea del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en los términos de la sentencia C-177-1998, en la que se indicó que la suma del cálculo actuarial se recibirá «salvo justa causa, por la entidad administradora a la cual se afilie» el trabajador, con el fin de evitar desequilibrios financieros en el sistema por las cotizaciones que no recibió, pero en los casos en que estaba obligada a pagar la pensión.
Explica que el juez plural omitió analizar su situación, pues está «excluida de la seguridad social en pensiones», y ordenó sin consultarle a ella, que el valor del cálculo actuarial se enviara a Colpensiones, entidad que se creó por el Decreto 2013 de 2012 y es diferente del extinto Instituto de Seguros Sociales, toda vez que este último tuvo su origen en el artículo 8.º de la Ley 90 de 1946 y a él aportó en el contrato inicial con la demandada, pero se le extinguió la personería jurídica el 31 de marzo de 2015.
Manifiesta que el error «claro y evidente» del Colegiado de instancia consistió en considerar a Colpensiones como si se tratara del extinto ISS, cuando son entidades diferentes, y estimar que aquella continuó con las funciones de administradora del régimen de prima media con prestación definida, «sin considerar que por haberse liquidado el ISS, debe existir una nueva afiliación a la seguridad social, por ser las dos (2) entidades mencionadas diferentes».
Refiere que su vinculación con el ISS estuvo inactiva desde el 1.º de agosto de 1980, cuando se retiró de esa administradora de pensiones y no efectuó aportes posteriores, es decir, desde hace aproximadamente 37 años; por tanto, perdió sus efectos y se refiere al artículo 271 de la Ley 100 de 1993.
Agrega que el sistema de seguridad social consagra libertad para seleccionar el régimen pensional y la administradora de pensiones, y que en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, en caso que la entidad de seguridad social se liquide, no es aplicable la prohibición de traslado en el término de 3 años a que se refiere el artículo 15 ibidem, sino que esa opción se puede ejercer en cualquier momento.
Así, expone que a Avianca S.A. no le era dable tratar de consignar el cálculo actuarial en Colpensiones, porque esto coarta la libertad de la accionante de seleccionar la administradora de pensiones, lo que a su vez trasgrede el artículo 13 de la Constitución.
Aduce que en los términos del artículo 2.º del Decreto 758 de 1990, en concordancia con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 (sic) y la prohibición establecida en el artículo 61 literal b) ibidem, ella está excluida de la seguridad social en pensiones y debe cotizar 500 semanas adicionales posteriores a dicha afiliación y no tiene los recursos para pagar 10 años más de cotizaciones.
Afirma que el Tribunal se equivocó al ordenar el pago del cálculo actuarial y enviar los recursos a Colpensiones, pues no se afilió a esa entidad y, además, lo estima perjudicial para sus intereses, por ende ese pago no es válido.
Explica que los recursos del cálculo actuarial se deben consignar en un fondo de pensiones voluntarias y es lo que debe ordenar la Corte en aplicación del artículo 230 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1634 del Código Civil y aplicar la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial, pues en razón a que la accionante no tiene el número de semanas para la pensión de vejez, queda sujeta a una simple indemnización sustitutiva.
Por último, indica que la sentencia del Colegiado de instancia es ineficaz y genera una posible nulidad porque contiene una disposición imposible de cumplir y vulnera una prohibición legal al ordenar el pago del cálculo actuarial a un fondo de pensiones obligatorias con desconocimiento de la inscripción y de derecho de selección de la demandante, quien es excluida de la seguridad social en pensiones en ambos regímenes, toda vez que llegó a la edad de pensión y no cotizó al sistema.
CARGO SEGUNDO
Acusa la sentencia por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y directamente en concepto de violación directa de los artículos 11, 13, 61, 115, 116 y 271 de la Ley 100 de 1993, 11 del Decreto 692 de 1994, 118 del Decreto 3798 de 2003, «17 del Decreto 3798 de 2003, modificado por el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 15 del Decreto 1474 de 1997» (sic); 1634 del Código Civil; 6.º del Decreto 1824 de 1965, que aprobó el Acuerdo 189 de esa anualidad, en concordancia con los artículos 14 y 67, 70 y 71 del Decreto 2665 de 1988, 29, 48, 53 y 230 de la Constitución Política.
Denuncia como errores manifiestos de hecho:
No dar por demostrado, estándolo, que el ad quem consideró equivocadamente el denominado “soporte de semanas cotizadas en pensiones válido para prestaciones económicas” expedido por Colpensiones (fl. 98 expediente) que da cuenta de las semanas cotizadas por la demandante, durante los periodos 80-08-1977 y el 31-07-1978 y el periodo 12-05-80 y 01-08-1980 en diferentes empresas, no fueron cotizados a Colpensiones sino al Instituto de Seguros Sociales, en el régimen anterior.
No dar por demostrado que el extinto Instituto de Seguros Sociales creado por el artículo 8.º de la Ley 90 de 1946 es una entidad diferente a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones entidad creada por el Decreto 2013 de 2012.
No dar por demostrado estándolo, que la trabajadora conserva el derecho al traslado cuando la entidad a la que venía cotizando se liquida como ocurrió con el Instituto de Seguros Sociales y en consecuencia puede ejercer en cualquier tiempo el derecho al traslado, como lo dispone el artículo 11 del Decreto 692 de 1994, en su parte final.
No dar por demostrado, estándolo, que la trabajadora al ejercer el derecho al traslado a cualquier fondo de pensiones obligatorio ya se encuentra excluida a la seguridad social (sic) como lo disponen los artículos 2.º del Decreto 0758 de 1990 en concordancia con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y la prohibición del artículo 61 literal b), por haber llegado a la edad de pensión.
No dar por demostrado, estándolo, que la demandada Avianca S.A. se encuentra en mora de pago del cálculo actuarial en favor de la demandante desde diciembre de 1998 como lo indica el artículo 17 del Decreto Reglamentario 1748 de 1995.
No dar por demostrado, estándolo, que la experticia decretada y realizada dentro del proceso, no fue objeto de aclaraciones u objeciones que pudieron presentar las demandadas al momento de correrse traslado del dictamen pericial, como lo indica el auto de primera instancia de fecha 11 de diciembre de 2015, mediante el cual se le impartió aprobación a la experticia por parte del Juzgado.
No dar por demostrado, estándolo, que el acreedor para solicitar perjuicios, cuando se trata de intereses, en caso de mora por parte del deudor, no tiene la necesidad de justificar perjuicios (art. 1617 del C.C.).
No dar por demostrado estándolo, que la demandante tenía derecho al pago de los intereses de mora en el pago de la obligación reclamada, toda vez que hasta la fecha no ha cancelado su obligación, es decir, continúa en mora en el pago de la obligación.
Refiere como pruebas mal apreciadas por el Tribunal:
La documental de folio 98 del expediente que corresponde al soporte de semanas cotizadas en pensiones válido para prestaciones económicas expedido por Colpensiones, que da cuenta que las semanas cotizadas por la demandante durante los periodos 80-08-1977 y el 31-07-1978 y el periodo 12-05-80 y 01-08-1980 en diferentes empresas, no fueron cotizados a Colpensiones sino al Instituto de Seguros Sociales, en el régimen anterior.
La documental de folios 131 a 134 correspondiente a la experticia que elaboró la auxiliar de la justicia, respecto de los perjuicios causados a la demandante por Avianca S.A., al no cancelar la seguridad social en pensiones durante el tiempo de la relación laboral y que fijó en la suma de $537.602.765.
Y como dejadas de apreciar:
El auto de 23 de septiembre de 2015, mediante el cual el a quo corrió traslado a las partes del dictamen pericial referido.
El auto de 11 de diciembre de 2015, mediante el cual se aprobó el dictamen (f.º 131 a 134) y que acredita que las partes no lo objetaron y que quedó en firme.
En el desarrollo del cargo, la censura afirma que el documento obrante a folio 98 acredita que las cotizaciones que se registraron en la historia de cotizaciones se efectuaron al ISS, que es una entidad distinta de Colpensiones; asimismo, que es un hecho notorio que al ISS se le extinguió la personería jurídica el 31 de marzo de 2015, por lo que en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, podía acudir a la opción de traslado en cualquier tiempo.
Así, expone que el Tribunal se equivocó al analizar la prueba del folio 98 y considerar que Colpensiones reemplazó al ISS y no exigir una nueva afiliación a la seguridad social toda vez que esta última entidad se extinguió.
Reitera los argumentos expresados en el cargo primero respecto a que Avianca S.A. no podía imponer el pago del cálculo actuarial a Colpensiones, porque esto coarta la libertad de la actora de selección del régimen de pensiones y de la administradora.
Asevera que Avianca S.A. está en mora de cancelar el cálculo actuarial, pues el plazo máximo para hacerlo era antes del 31 de diciembre de 1988, en los términos del artículo 17 del Decreto Reglamentario «1748 de 1995» y no es excusa para liberarse de la obligación el afirmar que la requirió, toda vez que lo hizo para trasladar los recursos a Colpensiones, lo que trasgrede el derecho a la libertad.
Reitera que está excluida del sistema de pensiones y esgrime las mismas razones que expuso en la acusación anterior.
Por último, en cuanto a los perjuicios por mora en el pago del cálculo, manifiesta que el acreedor no tiene la necesidad de acreditarlos cuando se trata de intereses moratorios y para ello alude al artículo 1617 del Código Civil.
RÉPLICA CONJUNTA A LOS CARGOS
La opositora señaló que los cargos no tienen vocación de prosperar, pues incumplen los requisitos de técnica del recurso extraordinario establecidos en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; de una parte, porque no se indicó cuál era el alcance de la impugnación respecto a la sentencia que profirió el a quo, y de otra, porque la actora mezcló indebidamente las vías de ataque.
Agrega que las modalidades de infracción no constituyen «conceptos de violación de la ley sustantiva, autorizados en la casación laboral para ser aducidos por la causal primera», situaciones que harían imposible para esta Sala efectuar el estudio del recurso interpuesto.
CONSIDERACIONES
Al margen de las imprecisiones de técnica de la demanda en el segundo cargo, en tanto este se dirige simultáneamente por la vía directa y la indirecta, de su análisis la Corte extrae que en realidad los cuestionamientos son de índole jurídica, orientados a cuestionar que el valor del cálculo actuarial se traslade a Colpensiones y no a un fondo voluntario de pensiones, como lo reclama la censura, y a requerir perjuicios por privarla de la libertad de elección de la administradora del régimen pensional y por la pérdida del régimen de transición, y ese será el alcance que la Sala le dará a la acusación. Asimismo, se entiende que la impugnante pretende de la Corte en instancia que modifique el fallo de primer grado y se «ordene el pago del mencionado cálculo actuarial al Fondo de Pensiones voluntarias Porvenir».
Claro lo anterior, no se discute en casación que: (i) la accionante prestó servicios a Avianca S.A. el 12 de mayo y el 27 de junio de 1980, como auxiliar de vuelo–aprendiz y del 1.º de julio de 1980 al 1.º de marzo de 1992, en el cargo de auxiliar de vuelo; (ii) si bien en la primera relación laboral la empresa la afilió al ISS y cotizó por ella, no ocurrió lo mismo en la siguiente, pues omitió ese deber, y (iii) la actora se afilió al ISS el 8 de agosto de 1977 y no registra afiliación al RAIS.
Así, el problema jurídico que debe abordar la Corte consiste en determinar si el Tribunal incurrió en un desatino (i) al disponer que el pago del cálculo actuarial que debe efectuar Avianca S.A. se traslade a Colpensiones y no a un fondo voluntario de pensiones, y (ii) al negar la indemnización de perjuicios, pues la no afiliación por parte de la empresa privó a la actora de la libertad de elegir el régimen pensional y la administradora respectiva y, además, le generó la pérdida del régimen de transición.
Pues bien, la Sala de entrada advierte que el ad quem no incurrió en los desatinos que se le endilga, por las razones que se explican a continuación:
Nótese que es un hecho indiscutido en el proceso que Avianca S.A. omitió el deber de afiliar a la actora y de cotizar a pensiones durante la vigencia del segundo vínculo laboral que unió a las partes, y que tuvo vigencia entre el 1.º de julio de 1980 y el 1.º de marzo de 1992, pese a que tenía el deber de hacerlo en razón del cargo de auxiliar de vuelo que ella desempeñó, pues este no quedó comprendido entre las actividades respecto de las cuales el Instituto de Seguros Sociales no asumió el riesgo pensional.
La norma vigente al 1.º de julio de 1980, cuando inició la segunda relación laboral de la actora con Avianca en el tema relativo a la afiliación obligatoria al ISS, era el Decreto 1650 de 1977 que el artículo 6.º respecto de los afiliados forzosos prescribía:
ARTÍCULO 6°. DE LOS AFILIADOS FORZOSOS. Deberán afiliarse forzosamente al régimen que se establece en el presente Decreto, los trabajadores nacionales y extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje, los funcionarios de seguridad social a que se refiere el Decreto 1651 de 1977, y los pensionados por el régimen de los seguros sociales obligatorios.
Por su parte, el Acuerdo 044 de 1989, aprobado por el Decreto 3063 de 1989, en lo atinente a los afiliados forzosos reglaba:
Artículo 28. AFILIADOS AL RÉGIMEN DE LOS SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS. La afiliación al régimen de los Seguros Sociales es forzosa o facultativa.
1. Son afiliados forzosos
a) Los trabajadores nacionales y extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje; (resalta la Sala).
Referente al tema, la Sala en sentencia CSJ SL2475-2018, en un proceso contra la misma accionada indicó:
De igual forma, el sentenciador incurrió en un error jurídico, por cuanto omitió que los auxiliares de vuelo, que era en esencia el cargo desempeñado por la demandante en la empresa accionada desde inicios de su relación laboral, no estaba excluido de manera expresa del nuevo régimen del seguro social obligatorio, previsto en el Acuerdo 224 de 1966 y, por ende, al desempeñar sus funciones en tal calidad, la actora debía ser considerada como una afiliada obligatoria del mismo, en los términos establecidos en el artículo 1, 3 y 11 del referido acuerdo a fin de que la empleadora subrogara el riesgo de vejez en el ISS.
En esa perspectiva, la Sala ha precisado que para convalidar ese incumplimiento en el deber de afiliación, lo que procede es el pago del cálculo actuarial por parte del empleador omiso en los términos del literal d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003. Al respecto, en la sentencia SL2475-2018 la Corporación señaló:
(…) la jurisprudencia actual de esta Corporación viene sosteniendo que este tipo de eventualidades deben ser asumidas por el sistema de seguridad social, en virtud de las normas vigentes al momento del cumplimiento de los requisitos, que han dispuesto tener como válidos los tiempos servidos a empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador o los tiempos servidos a un empleador que, antes de la Ley 100 de 1993, tenía a su cargo la pensión, a condición de que el patrono traslade con base en el cálculo actuarial la suma correspondiente del trabajador, a satisfacción de la entidad administradora, representado por un bono o título pensional.
En la providencia SL2731-2015, la Corte asentó:
Frente a tales reflexiones, esta Sala de la Corte se ha orientado a determinar que las normas que pueden contribuir a resolver esas hipótesis de omisión en el cumplimiento de la afiliación al Instituto de Seguros Sociales o en el pago de aportes, con arreglo a los principios de la seguridad social de universalidad e integralidad, deben ser las vigentes en el momento del cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, pues ciertamente ha existido una evolución legislativa tendiente a reconocer esas contrariedades, de manera tal que las pueda asumir el sistema de seguridad social, pero sin que se afecte su estabilidad financiera.
Un claro ejemplo de ello son las previsiones contenidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, conforme con las cuales deben tenerse en cuenta como tiempos válidos para la pensión de vejez, entre otros, «…el tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión…», así como «…el tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.» Todo ello, con la previsión de que «…el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional».
Ahora, en los términos del precepto en referencia, la suma que corresponde al cálculo actuarial debe ser transferida a la entidad administradora de pensiones en la que esté afiliado el trabajador(a). El texto de la norma es del siguiente tenor:
Art. 33.- Modificado. Ley 797 de 2003, art. 9.º: Para tener derecho a la pensión de vejez, el afilada deberá reunir las siguientes condiciones: (…)
Parágrafo 1º.- Para efectos del cómputo de semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta: (…)
d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador (…).
En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, traslade, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional (…).
En el presente caso, se acreditó en el proceso y no lo discute la censura, que esta se afilió al Instituto de Seguros Sociales y cotizó en esa entidad. Así, el Tribunal acertó al disponer que los recursos correspondientes al cálculo actuarial de Sánchez Rosso tuvieran como destino Colpensiones, en cuanto es la administradora del régimen de prima media en la que está afiliada.
Respecto del concepto de afiliación, las normas vigentes en la época, esto es el Decreto 1650 de 1977, prescribía, en el artículo 14:
ARTÍCULO 14. DEL CONCEPTO DE AFILIACIÓN. La afiliación es la inscripción de un trabajador al régimen de los seguros sociales obligatorios y constituye la fuente de los derechos y obligaciones que de él se derivan.
Por su parte, el Acuerdo 044 de 1989, aprobado por el Decreto 3063 de 1989 en el artículo 4.º se refería a la afiliación en los siguientes términos:
Artículo 4°AFILIACIÓN. La afiliación consiste en la aceptación por parte del Instituto de la solicitud de inscripción al régimen de los Seguros Sociales Obligatorios y constituye la única fuente de los derechos y obligaciones que de este régimen se derivan.
El afiliado se identificará siempre con un código único asignado por el ISS.
Se entenderá afiliada una persona al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios desde la fecha de presentación personal en el ISS de la solicitud de inscripción, siempre y cuando se reúnan los requisitos legales y reglamentarios establecidos para la afiliación.
A su turno, el artículo 8.º ibidem se refería al afiliado en los siguientes términos:
Artículo 8°AFILIADO. Se entiende por afiliado, la persona natural que encontrándose legalmente inscrita al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios cotiza para dicho régimen y es sujeto de los derechos y obligaciones que de él se derivan, de conformidad con los respectivos reglamentos.
Asimismo, el artículo 34 se refería a que la afiliación era única e integral:
Artículo 34. AFILIACIÓN ÚNICA E INTEGRAL. Con las excepciones contempladas para los exonerados parciales y en los reglamentos especiales, una vez afiliada una persona al régimen de los Seguros Sociales Obligatorios, quedará amparada, en los términos establecidos en los reglamentos respectivos, contra las contingencias propias de los seguros para los cuales se hubiere llamado a inscripción. Por lo tanto, no podrá el Instituto, ni los beneficiarios, escoger los riesgos o contingencias contra los cuales pretende amparo.
Se ha de precisar que el artículo 35 del Decreto en comento estipulaba los casos en que procedía la desafiliación del régimen y se refería a eventos de fraude, error o cuando no se tenía derecho a ella o que este se perdió. Pero no se hacía referencia a pérdida de la afiliación por dejar de cotizar.
Se debe tener en cuenta que en el citado decreto se hace referencia a desafiliación en los eventos de retiro del trabajador de la empresa; pero ese término en esa normativa se utilizó como sinónimo de novedad de retiro, sin que en realidad se pueda asimilar a una verdadera desvinculación del régimen pensional, pues esos preceptos deben leerse en armonía con el artículo 34 citado, en cuanto la afiliación era única y de todos modos las cotizaciones que se realizaban quedaban latentes para efectos de las prestaciones que con posterioridad se pudieran reclamar del régimen.
Sobre la diferencia entre afiliación y cotización, la Corte en sentencia CSJ SL, 9 sep. 2009, rad. 35211 precisó:
Claro que la afiliación y la cotización, si bien hacen parte de la relación jurídica de seguridad social y, por consiguiente, con estrechas vinculaciones y recíprocas influencias, son conceptos jurídicos distintos, que no es dable confundirlos, y que están llamados a producir secuelas totalmente diferentes en el mundo del derecho.
La afiliación es la puerta de acceso al sistema de seguridad social y constituye la fuente de los derechos y obligaciones que ofrece o impone aquél.
De tal suerte que la pertenencia al sistema de seguridad social está determinada por la afiliación y en ésta encuentran venero todos los derechos y obligaciones, consagrados a favor y a cargo de los afiliados y de las administradoras o entes gestores.
Nadie puede predicar pertenencia al sistema de seguridad social, mientras no medie su afiliación; y ningún derecho o ninguna obligación de los previstos en dicho sistema se causa a su cargo sin la afiliación.
La cotización, por su parte, es una de las obligaciones que emanan de la pertenencia al sistema de seguridad social, que, como ya se explicó, deriva, justamente, de la afiliación.
Mientras que la afiliación ofrece una pertenencia permanente al sistema, ganada merced a una primera inscripción, la cotización es una obligación eventual que nace bajo un determinado supuesto, como lo es la ejecución de una actividad en el mundo del trabajo o el despliegue de una actividad económica.
Así, la actora desde el 8 de agosto de 1977 era una afiliada al Instituto de Seguros Sociales con independencia de no haber cotizado por un largo periodo de tiempo.
Por tanto, la actora conservó su condición de afiliada a esa administradora de pensiones, incluso con posterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, toda vez que el Decreto 692 de 1994 en el artículo 11 precisó que las personas que ya estaban vinculadas al ISS continuaban en esa entidad sin necesidad de llenar otro formulario:
(…) Quienes al 31 de marzo de 1994 se encuentren vinculados al ISS, pueden continuar en dicho instituto, sin que sea necesario el diligenciamiento del formulario o comunicación en la cual conste su vinculación. Igual tratamiento se aplicará a los servidores públicos que se encuentren afiliados a una caja, fondo o entidad del sector público mientras no se ordene su liquidación. En estos casos, no es aplicable la prohibición de traslado de régimen antes de 3 años a que se refiere el artículo 15 del presente Decreto, y en consecuencia podrán ejercer en cualquier momento la opción de traslado.
Ahora, no es procedente el envío de esos recursos a un fondo voluntario de pensiones como lo alega la censura, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, los dineros que corresponden al cálculo actuarial se trasladan a la administradora de pensiones, y así ha de entenderse en el régimen de prima media, en cuanto hacen parte del fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de la prestación de vejez como lo prevé el literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993; en el caso de los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, tendrán como destino la respectiva cuenta de ahorro del afiliado.
En todo caso, dicho valor no puede ser consignado en un fondo voluntario de pensiones ni en las cuentas bancarias o financieras particulares de los trabajadores, de una parte porque esto no tendría poder liberatorio respecto del empleador omiso, en cuanto la obligación es respecto de su empleado pero en relación con el sistema general de pensiones. Asimismo, porque en los términos del artículo 48 de la Constitución Política, los recursos del sistema general de pensiones no se pueden destinar ni utilizar «para fines diferentes a ella».
Y los fondos voluntarios de pensiones no hacen parte del sistema general de pensiones, sino que, como su nombre lo indica, constituyen ahorros que las personas realizan en forma voluntaria para complementar la pensión y de los cuales pueden disponer libremente. Ha de anotarse que ellos están reglamentados, entre otras disposiciones, en el artículo 4.º del Decreto 2513 de 1987, el numeral 3.º del artículo 169 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera que «subrogó el texto completo» de la Circular Externa 007 de 1996. En esta última disposición se prevé:
PARTE II TITULO III
CAPITULO V
2.6.1.2. Las entidades aseguradoras, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía y las sociedades fiduciarias autorizadas por la SFC para administrar fondos de pensiones voluntarios, pueden realizar campañas publicitarias sobre los mismos, siempre y cuando efectúen de manera destacada la aclaración de que se trata de fondos de pensiones voluntarios y que, por lo tanto, son distintos de los fondos que prevé la Ley 100 de 1993.
10. FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIOS. De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del numeral 3, art. 169 del EOSF, las prestaciones percibidas en virtud de los planes voluntarios de pensiones administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, las sociedades fiduciarias o las compañías de seguros, son independientes del régimen de seguridad social y de cualquier otro régimen pensional. En consecuencia, los recursos a que se refiere el Decreto 810 de 1998 en ningún caso pueden ser administrados a través de fondos voluntarios de pensiones.
De modo que la pretensión de la actora de remitir los recursos a un fondo voluntario de pensiones no es una opción viable, toda vez que la afiliación obligatoria en los términos del artículo 12 de la Ley 100 de 1993, es a uno de los dos regímenes que contempla el sistema de seguridad social de la Ley 100 de 1993, y tal como se indicó en precedencia la actora estaba vinculada al ISS para el 1.º de abril de 1994, de modo que en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994 continuó vinculada a dicha entidad sin que obre algún medio de convicción en el proceso que permita inferir lo contrario.
Así, no incurrió el Tribunal en los yerros hermenéuticos que se le atribuyen.
Ahora, en lo referente a que la no afiliación por parte de la empresa privó a la actora de la libertad de elegir el régimen pensional y la administradora respectiva y, además, le generó la pérdida del régimen de transición, la Corte advierte que no es de recibo tal argumento, como se explica a continuación.
En primer lugar, no es cierto como se afirma en el cargo que debido a que la actora no cotizó por un interregno superior a 30 años, la afiliación perdió vigencia. De una parte, porque como se señaló, y también por lo previsto en el artículo 13 del Decreto 692 de 1994, la afiliación es una sola y perdura durante toda la vida de la persona y la circunstancia de no realizar contribuciones no implica la desafiliación del sistema, sino que se pasa a la categoría de cotizante inactivo, que es una situación diferente. En relación con este aspecto, la Sala en sentencia CSJ SL4575-2017 explicó:
(…) la afiliación al sistema general de pensiones es única y permanente, y aquellas personas que antes de la entrada en vigor del mismo, prestaban servicios en el sector público o eran afiliados al Instituto, se incorporaron al sistema en las condiciones de la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, con todas las consecuencias que de ello se derivan, es decir, son sujetos de derechos y obligaciones frente a la seguridad social, pues no puede olvidarse que de conformidad con el artículo 48 superior se trata de un derecho fundamental irrenunciable y con vocación de universalidad.
Lo que sucede en los eventos como el del sub lite, en que el afiliado deja de aportar al sistema general de pensiones por mucho tiempo, no es que se pierda la afiliación sino que pasa a la categoría de cotizante inactivo.
Esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL, 22 nov. 2007, rad. 29887, precisó:
Por su parte, el artículo 13 del Decreto 692 de 1994 establece textualmente que la afiliación al sistema general de pensiones es permanente e independiente del régimen que seleccione el afiliado.
Pues bien, de los claros e imperativos términos de las normatividades en precedencia aflora, entre otros aspectos, los siguientes: (i) que la afiliación al sistema es única y permanente, por lo tanto la inicial debe entenderse como la primera que se realiza al sistema; (ii) que las personas que venían aportado para los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivientes al Instituto de Seguro Social antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, 1º de abril de 1994, son considerados como afiliados del sistema pensional.
Asimismo, debe indicarse que el criterio jurisprudencial vigente en relación con los trabajadores subordinados es que la fuente del deber de afiliación y de cotización es la prestación efectiva del servicio. Nótese que la Sala ha expresado que «el hecho generador de las cotizaciones al sistema pensional es la relación de trabajo. El trabajo efectivo, desarrollado en favor de un empleador, causa o genera el deber de aportar al sistema pensional de los trabajadores afiliados al mismo» (CSJ SL, 9 sep. 2020, rad. 60664, reiterada en CSJ SL4698-2020).
En esa perspectiva, al ser la accionante afiliada al sistema general de pensiones desde el 8 de agosto de 1977, no tienen fundamento alguno sus alegaciones relativas a que está excluida de la seguridad social con base en los artículos 2.º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de la misma anualidad y 61 literal b) ibidem, que se refiere a quienes van a ingresar por primera vez al sistema de pensiones, y tampoco la exigencia que ante un eventual traslado al RAIS tuviera que sufragar 500 semanas de aportes.
Y pese a que el Instituto de Seguros Sociales se liquidó en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto 2013 de 2012, la afiliación de la accionante al régimen de prima media tampoco perdió vigencia ni era necesario que ella seleccionara de nuevo el régimen al que quería pertenecer y la administradora de pensiones.
En efecto, en los términos del artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 se creó Colpensiones como una administradora del régimen de prima media con prestación definida, de carácter público del orden nacional y con el designio de sustituir al Instituto de Seguros Sociales en la gestión de dicho régimen. Asimismo, el artículo 2º del Decreto 2011 de 2012 garantizó a los afiliados del Instituto de Seguros Sociales la continuidad en el régimen de prima media y precisó que ello no implica una selección o traslado de régimen de sistema general de pensiones. Dice textualmente la norma:
Decreto 2011 de 2012
Por el cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, y se dictan otras disposiciones (…).
Artículo 2º. Continuidad en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los Afiliados y Pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), mantendrán su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tienen en el mismo régimen, sin que ello implique una selección o traslado de régimen del Sistema General de Pensiones.
Por tanto, la actora conservó en Colpensiones su condición de afiliada en el régimen de prima media y vinculada en esa administradora de pensiones.
Así, no se le cercenó a la demandante su derecho a la libre selección del régimen ni de la entidad gestora de sus intereses pensionales porque las normas que se reseñaron previeron la salvaguarda de sus garantías y derechos de la seguridad social. Por tanto, como la afiliación no perdió sus efectos, el Tribunal no infringió el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 que se refiere a las sanciones al empleador por impedir o atentar contra el derecho del trabajador a la afiliación y selección libre de la administradora de pensiones.
Ahora la situación que prevé el precepto en comento respecto a que «la afiliación respectiva quedará sin efecto», se refiere no a la circunstancia de pasar un largo tiempo sin cotizar al sistema, como lo afirma la censura, sino cuando se demuestra que el empleador o cualquier otra persona haya coaccionado a atentado contra el derecho a la libre selección del régimen o administradora de pensiones, lo que no se acreditó en este caso, pues es un hecho no controvertido que la accionante se afilió al ISS incluso antes de su relación laboral con Avianca S.A.
Asimismo, el Tribunal no cercenó el derecho a la libertad de libre escogencia del régimen y administradora de pensiones y por ende no trasgredió el artículo 271 en comento, al disponer el envío de los recursos del cálculo actuarial a Colpensiones, pues, se reitera, ello debe efectuarse respecto a la administradora de pensiones en la cual la accionante tiene afiliación vigente en pensiones obligatorias. Y la libre selección de régimen que se garantiza de conformidad con el mandato del literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el artículo 271 ibidem, es respecto de dichos regímenes -prima media con prestación definida o ahorro individual con solidaridad.
En ese orden, no tuvo incidencia la omisión de Avianca S.A. en la libre selección de régimen ni de administradora, pues se reitera, la actora se afilió al ISS con anterioridad a la relación laboral con esa empresa. Además, la permanencia de esa afiliación la regula la ley y en cuanto a la opción de cambio de régimen o de administradora, la accionante tuvo abierta la oportunidad de efectuar un traslado de régimen en las oportunidades y condiciones que prevé la Ley 100 de 1993, en el artículo 13 literal e), modificado por el artículo 2.º de la Ley 797 de 2003 y teniendo en cuenta las reglas en el caso de beneficiarios del régimen de transición, de modo que no se configuran los hechos base sobre los que descansa la pretensión de la actora sobre una posible reparación, sin que tampoco exista prueba del daño que alega o el supuesto nexo causal.
Igualmente, se debe precisar que la censura afirma que en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, en caso de liquidación de una entidad administradora de pensiones no aplica la prohibición de traslado de régimen antes de 3 años a que se refiere el artículo 15 de ese Decreto. Sin embargo, esa norma se refiere es a los servidores públicos a quienes a la entrada en vigencia del sistema se les liquidara la caja, fondo o entidad del sector público a la que venían vinculados, por lo que es una hipótesis distinta a la del sub lite.
Ahora, en relación con el régimen de transición, las semanas que se convalidan con el pago del cálculo actuarial hacen parte del haber de cotizaciones de la actora y valdrán para analizar tanto las condiciones de acceso al régimen, como para determinar si se causó o no un derecho pensional de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, y la incidencia para la pérdida o conservación de la transición en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005. Y tal circunstancia no obedece a la situación que se discute en el proceso, sino a la regulación establecida en dicha reforma constitucional.
Referente a los intereses moratorios en relación con el cálculo actuarial, es oportuno anotar que el censor los reclama con fundamento en el artículo 17 del Decreto «1748 de 1995», que en realidad corresponde al artículo 17 del Decreto 1474 de 1997, porque Avianca S.A. no cumplió el plazo establecido para el pago en dicha disposición, que es «a más tardar antes del 31 de diciembre de 1998». Sin embargo, ese término no aplica en el sub lite porque regula la situación de los empleadores que tenían a cargo sus propias pensiones porque el ISS no había subrogado el riesgo, es decir, la hipótesis del literal c) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993; y este es un caso de empleador omiso previsto en el literal d) ibidem, que es una situación diferente.
En esa perspectiva, no se causaron los perjuicios que alega la censura y por tanto, no procede la indemnización que se reclama.
Por último, en lo relativo a la acusación en el segundo cargo respecto a que el Tribunal no dio por demostrado que la «experticia decretada y realizada dentro del proceso, no fue objeto de aclaraciones u objeciones que pudieron presentar las demandadas al momento de correrse traslado del dictamen pericial» es intrascendente, puesto que era menester primero probar los perjuicios en concreto, lo que no hizo el censor. En ese aspecto, no se derruyó la conclusión del Tribunal en el sentido que «la sola alusión a un dictamen pericial no satisface del todo la aseveración de la existencia de los daños deprecados».
Igualmente, en lo referente a la eventual nulidad o ineficacia del fallo de segundo grado, conforme a la argumentación expuesta por la recurrente no son de recibo, en tanto parte de la base de estar excluida del régimen seguridad social y que la orden de realizar un cálculo actuarial contraviene su derecho de selección de régimen, aspectos en los que previamente ya se indicó que no le asiste razón a la censura. De ahí que, bajo tales premisas basilares en las que fundamenta su acusación, no corresponde a una violación de normas de orden público, sino por el contrario de su puro y estricto cumplimiento. A su vez, se destaca que en el campo adjetivo alguna controversia sobre la nulidad de una sentencia no puede ser abordada en el marco del recurso extraordinario de casación, por carecer la Corte de competencia para el efecto.
Por último, no le asiste razón a la censura al señalar que es necesario acudir a la aplicación de la equidad con miras a resolver la controversia planteada en el presente asunto. Ello, porque tal como se explicó, el ordenamiento jurídico no presenta vacío alguno que implique acudir a dicho criterio auxiliar de interpretación jurídica.
Por las razones anteriores, los cargos no prosperan.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($4.400.000), que se incluirá en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
X. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 2 de agosto de 2016, en el proceso ordinario laboral que LUZ HELENA SÁNCHEZ ROSSO promovió contra AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA S.A.
Costas como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
SALVO VOTO
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado Ponente
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.° 75825
REFERENCIA: LUZ HELENA SÁNCHEZ ROSSO Y OTRO vs. AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA S.A. Y OTRO.
Con el debido respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito salvar el voto por las razones que pasan a explicarse.
Desde la expedición de la Ley 90 de 1946, se estatuyó el seguro social obligatorio a favor de los trabajadores como una manera de trasladar en aquellos riesgos en materia de “enfermedades no profesionales y maternidad; invalidez y vejez; accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; muerte”-art. 1º- a una entidad concebida para tal fin, todo ello, en la búsqueda de subrogar en ella, aquellas vicisitudes que podían presentarse en el marco de ejecución de una relación laboral y las que hasta ese momento, se encontraban a cargo del empleador.
Ulteriormente, con la expedición de la Ley 100 de 1993, se modificó estructuralmente el sistema de seguridad social vigente hasta ese momento en nuestro país, puesto que con esta legislación se creó la coexistencia de dos regímenes pensionales (Prima Media con Prestación Definida- RPM- y Ahorro Individual con Solidaridad- RAIS) excluyentes y de estirpe diferente, lo que, sin hesitación ninguna, conlleva a que el acceso a los servicios y prestaciones, entre otros, estriben en el régimen escogido por el afiliado.
En esa dirección, en el RPM, la pensión de vejez dependerá del cumplimiento de las condiciones de edad y tiempo de servicios o cotizaciones (artículo 33 Ley 100 de 1993), sin tener relevancia cuánto dinero aportó el afiliado; mientras que, en el RAIS, en primera medida el reconocimiento sí obedecerá al capital acumulado en la cuenta de ahorro individual. Nótese que, a voces del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el 35 del mismo compendio, es requisito esencial para acceder a la prestación, tratándose de la contingencia de vejez, que el afiliado posea en su Cuenta de Ahorro Individual -CAI- un capital que efectivamente le permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente.
Y es por esta razón que, ante la irrebatible diferenciación planteada en el entonces novedoso sistema pensional, se previó la posibilidad de su libre elección por parte del afiliado, quien para tal efecto, con fundamento en lo plasmado el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, tendría la potestad de seleccionar «uno cualquiera de los regímenes previstos», por cuanto la opción «es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado».
Ahora bien, llegados a este punto del sendero emerge un interrogante: ¿cuál entidad debe recibir el título actuarial a favor de la demandante? La Sala, por mayoría, al contestar dicha pregunta, dispuso que el cálculo actuarial debía ser consignado en la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. Y aquí, es en donde radica me disentimiento, toda vez que al no encontrarse vinculada la accionante para el momento en que entró en vigencia el sistema previsto en la Ley 100 de 1993, lo riguroso era consultar el querer de la afiliada en aras de establecer, cuál sería el régimen de su predilección.
Y es que esa es la potestad que posee la actora, de cara a los derroteros consagrados en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 que refrenda la libertad de selección, así como el tratamiento que recibirían los afiliados que al 31 de marzo de 1994 se encontraran vinculados al otrora Instituto de Seguros Sociales, quienes contaban con la posibilidad de continuar en ese instituto sin que fuese necesario el diligenciamiento de un nuevo formulario; pero que, dados los contornos fácticos planteados, no es un supuesto que encuadre en la situación de la accionante.
Y es que es palmario que la promotora del proceso no se hallaba vinculada al 1º de abril de 1994, lo cual se infiere de la definición que fluye del Acuerdo 044 de 1989 aprobado por el Decreto 3063 de 1989 en lo atinente a la desafiliación automática. En efecto, el artículo 39 expone que ello tenía ocurrencia al presentarse el aviso del retiro del trabajador por parte de la empresa o «con el reporte de la novedad en la respectiva autoliquidación; con la mora en el pago de los aportes patrono-laborales del trabajador independiente hasta por un mes y, con la mora hasta por tres (3) meses, en el pago de los aportes patrono - laborales del trabajador del servicio doméstico que cotice con un salario no inferior a la mitad de un salario mínimo legal y, en los demás casos establecidos en los reglamentos de los seguros sociales obligatorios».
En ese horizonte, en aquél entonces se concebía la necesidad de afiliar nuevamente a un trabajador luego de haberse presentado una causal de desafiliación automática, y es ello lo que ocurre en el caso en estudio, donde la convocada a juicio afirma que sólo registró una afiliación en el marco del contrato de aprendizaje que no en el contrato de trabajo. De ahí que, para el 1º de abril de 1994, fecha en que para su caso adquiere vigencia el nuevo régimen pensional previsto en la Ley 100 de 1993, la actora no se encontraba afiliada ni vinculada al régimen de prima media con prestación definida, por lo que contaba con el insoslayable derecho de escoger su régimen pensional. Aquí y ahora, memoremos que la relación laboral que edifica la solicitud de cálculo pensional transcurrió del año 1980 a 1992.
Por demás, lo anterior encuentra venero en la Circular Externa 019 de 1998 expedida por la antiguamente Superintendencia Bancaria y, de obligatorio cumplimiento para los sujetos que interactúan en el sistema pensional, donde se indicó que
Con fundamento en la facultad establecida en el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, esta Superintendencia se permite señalar las siguientes reglas a efectos de que las entidades administradoras de pensiones solucionen los conflictos de múltiple vinculación de sus afiliados.
Teniendo en cuenta que el artículo 11 del citado decreto establece una previsión especial para los trabajadores que estuvieran vinculados al Instituto de Seguros Sociales al 31 de marzo de 1994, en primer término se hará claridad sobre tal concepto.
Para tal efecto, debe acudirse a la legislación existente con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, esto es, el Decreto 3063 de 1989, aprobatorio del Acuerdo 044 del mismo año, mediante el cual se adoptó el Reglamento General de Registro, Inscripción, Afiliación y Adscripción a los Seguros Sociales Obligatorios.
Del análisis de las causales de desafiliación contenidas en el artículo 39 del citado Acuerdo, puede afirmarse, contrario sensu, que se encontraban vinculados al Instituto aquellos trabajadores respecto de los cuales no se hubiera presentado el aviso de retiro por parte de la empresa o cuya novedad de retiro no se hubiera reportado en la respectiva autoliquidación. Para el caso de los trabajadores independientes, de la misma norma puede colegirse que eran vinculados aquellos que no hubieran presentado mora en el pago de los aportes patrono - laborales hasta por un mes y los trabajadores del servicio doméstico que cotizaran con un salario no inferior a la mitad de un salario mínimo legal, que no hubieran presentado mora de hasta tres (3) meses en el pago de los aportes patrono - laborales.
En este orden de ideas, debe entenderse que los trabajadores vinculados al Instituto de Seguros Sociales al 31 de marzo de 1994, eran aquellos que a esa fecha no se encontraban en ninguna de las causales de desafiliación automática previstas en el artículo 39 del Acuerdo 044 de 1989 y, por tal razón, son los destinatarios de los efectos jurídicos establecidos en el inciso final del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, es decir, podían continuar en dicho Instituto sin necesidad de diligenciar ningún formulario o comunicación para hacer constar su vinculación, posibilidad igualmente predicable de los servidores públicos que se encontraban afiliados a una caja, fondo o entidad del sector público mientras no fuera ordenada su liquidación. En consecuencia, dichos trabajadores pueden ejercer en cualquier momento la opción de traslado.
De otra parte, también es necesario recordar que a partir del 1o. de abril de 1994 la afiliación al Sistema General de Pensiones es permanente y no se pierde ni siquiera en los eventos en que se presente mora en el pago de las cotizaciones, tal como lo dispone el artículo 13 del Decreto 692 de 1994. Al respecto, es oportuno precisar que para efectos de lo dispuesto en este numeral cuando se haga referencia al término “afiliación” se entenderá la realizada al Sistema General de Pensiones, en tanto que el término “vinculación” se reserva para la que se efectúa ante una determinada entidad administradora.
Para efecto de determinar la entidad ante la cual se encuentra vinculado un trabajador, también debe aplicarse la previsión contenida en el artículo 5o. del Decreto 228 de 1995, norma cuyo tenor literal es el siguiente: “El reporte de novedades al Instituto de Seguros Sociales, cualquiera que sea su modalidad, en ningún caso constituye, respecto del trabajador, la afiliación al Régimen de Prima Media administrado por el Instituto de Seguros Sociales, específicamente en lo que se refiere al artículo 11 del Decreto 692 de 1994.”
Finalmente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 692 de 1994, se entiende confirmada la vinculación cuando la solicitud presentada no reúna los requisitos mínimos establecidos en el artículo 11 del citado decreto, siempre y cuando, dentro del mes siguiente a la presentación de ésta, la entidad administradora seleccionada no hubiere comunicado tal circunstancia al solicitante y al respectivo empleador.
Y siendo lo anterior así, como efectivamente lo es, se encuentra llamada al éxito la pretensión en la forma en que fue planteada en el documento introductor del proceso, puesto que, en puridad de verdad, no es plausible ordenar el giro del cálculo actuarial a la entidad Colpensiones, sin la previa aquiescencia de la accionante, como quiera y proceder en sentido contrario, es desconocer su derecho a elegir el régimen al cual desea vincularse.
Recapitulemos: la libertad de elección, es un derecho inherente a la seguridad social, por lo que si la actora, dada la reglamentación vigente para la data que se desarrolló su relación laboral, no se encontraba afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida y por contera, vinculada al mismo, los dineros que se generaron en su favor, por el cálculo actuarial, debían ser girados a la entidad de su predilección.
Por los argumentos en precedencia, insisto, salvo mi voto.
Fecha ut supra,
FERNANDO CASTILLO CADENA