Ficha de la providencia
Sentencia SL4348-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4348-2022
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4348-2022
Magistrado ponente: Ivan Mauricio Lenis Gomez
30 de noviembre de 2022
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado ponente
SL4348-2022
Radicación n.° 94085
Acta 41
Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
La Sala decide el recurso de anulación que EMTELCO S.A.S interpuso contra el laudo arbitral que el Tribunal de Arbitramento profirió el 28 de abril de 2022, con ocasión del conflicto colectivo suscitado entre la empresa recurrente y la ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE EMTELCO y EMPRESAS DEL SECTOR DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING & OFFSHORING, CONTACT CENTER, SERVICIOS TEMPORALES Y SIMILARES “ASOTRAEMTELCO_BPO&O”.
ANTECEDENTES
El 8 de junio de 2020, la organización sindical ASOTRAEMTELCO_BPO&O presentó a Emtelco S.A.S. el pliego de peticiones que dio origen a la negociación colectiva.
Al culminar la etapa de arreglo directo, las partes no lograron acuerdos, razón por la cual la agremiación sindical decidió someter el diferendo colectivo a arbitraje laboral.
A través de la Resolución número 1010 del 21 de febrero de 2022, el Ministerio del Trabajo ordenó la convocatoria e integración de un tribunal de arbitramento obligatorio. El trámite arbitral culminó mediante laudo de 28 de abril de 2022, contra el cual Emtelco S.A.S. interpuso y sustentó oportunamente recurso de anulación. En el término del traslado, la agremiación sindical presentó escrito de réplica.
LAUDO ARBITRAL
El Tribunal negó algunas peticiones del pliego y accedió a otras. No obstante, en lo que interesa al recurso de anulación, resolvió respecto a la petición de prima de antigüedad, lo siguiente:
ARTÍCULO 8. PRIMA DE ANTIGUEDAD. La empresa EMTELCO S.A.S. pagará a todos los trabajadores una prima de antigüedad, así:
1. Los trabajadores que cumplan diez (10) años de servicio continuo, tendrán derecho a diez (10) días de salario básico.
2. Los trabajadores que cumplan veinte (20) años de servicio continuo, tendrán derecho a veinte (20) días de salario básico.
3. Los trabajadores que cumplan treinta (30) años de servicio continuo, tendrán derecho a treinta (30) días de salario básico.
Con la finalidad de sustentar su decisión, en un título denominado «consideraciones que fundamentan la decisión», manifestó que tendría en cuenta la información allegada por las partes, la situación económica de la empresa y las pretensiones del sindicato, así como su número de afiliados, multiafiliados a otras organizaciones de trabajadores, los salarios, prestaciones y beneficios extralegales previstos en otros convenios colectivos. Además, consideró impacto de las aspiraciones sindicales en el futuro de las relaciones laborales.
Por otra parte, aseguró que tendría en cuenta que en la empresa existe la organización sindical SINTROADCO, a la cual los trabajadores inmersos en este conflicto también están afiliados y por ello se benefician del convenio colectivo de trabajo que dicha asociación sindical celebró con Emtelco S.A.S., con vigencia del 4 de junio de 2021 al 3 de junio de 2024. Asimismo, puso de relieve que tendría de presente que existe el laudo arbitral de fecha 8 de junio de 2016, proferido en el marco del conflicto colectivo suscitado entre el sindicato ASOTRAEMTELCO y Emtelco S.A.S.
En el contexto anterior, el Tribunal reconoció «igualmente la necesidad de propender por la unidad de negociación entre las distintas organizaciones sindicales existentes dentro de la empresa EMTELCO S.A.S., en armonía con los fines perseguidos por el Decreto 089/2014 y en ese sentido tuvo especial cuidado, en aras a la equidad, en no establecer o conceder peticiones o beneficios que pudieran crear desigualdades inequitativas entre los trabajadores de la empresa».
Dicho lo anterior, negó algunas peticiones y concedió otras, dentro de las cuales está la prima de antigüedad (art. 8 del laudo).
RECURSO DE ANULACIÓN
Emtelco S.A.S. solicita la anulación total del artículo 8 del laudo arbitral. Para ello, afirma que dicho precepto crea una situación de desigualdad al establecer beneficios superiores a los previstos en el convenio colectivo de trabajo celebrado con SINTROADCO.
Asegura que en el convenio colectivo suscrito con SINTROADCO no existe tal prima de antigüedad, lo que «conlleva a que en la práctica se den condiciones inequitativas y discriminatorias frente a los trabajadores que libremente han decidido acogerse a la convención colectiva de trabajo».
Refiere que los trabajadores de un mismo entorno laboral deben recibir un trato igualitario, «sin importar si se encuentran amparados por una convención o un laudo arbitral»; lo contrario, es discriminación, tal como lo pusieron de presente los árbitros en las consideraciones al señalar que propenderían por la unidad de negociación y la igualdad en la empresa.
Por último, señala que el Tribunal no motivó adecuadamente su decisión de crear un beneficio no previsto en otros convenios colectivos y por esa vía establecer un régimen de beneficios desigual entre los trabajadores de Emtelco S.A.S.
RÉPLICA
El sindicato ASOTRAEMTELCO_BPO&O se opone a la anulación del artículo 8 de laudo. Con tal fin, señala que los árbitros tuvieron en cuenta que al interior de Emtelco existen varios estatutos convencionales, los cuales podían servir de «referencia o de parámetro» para la construcción del laudo arbitral, como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Sala; es decir, que los árbitros no necesariamente están obligados a acogerse a lo establecido en las convenciones colectivas preexistentes en la empresa, de manera que pueden eventualmente otorgar mejores beneficios al dirimir otros conflictos colectivos de trabajo.
Por otra parte, asevera que la tesis del recurrente lleva al absurdo de que en el futuro ninguna de las dos agremiaciones existentes en Emtelco S.A.S. -a saber SINTROADCO y ASOTRAEMTELCO_BPO&O- pueda mejorar las condiciones laborales de sus afiliados, bajo el entendido que tienen como techo o tope máximo los beneficios y prerrogativas consignados en el laudo o convención colectiva que cobije al otro sindicato. En respaldo de su argumento cita las sentencias CSJ SL, 2 feb. 2012, rad. 50795 y SL4478-2020.
CONSIDERACIONES
Le corresponde a la Corte dilucidar (1) si los árbitros vulneraron el principio de igualdad al establecer en el laudo un beneficio no consagrado en otros acuerdos colectivos suscritos con otras organizaciones sindicales, y (2) si la concesión de la prima de antigüedad fue motivada o inmotivada.
1. En torno a las diferencias entre los diversos instrumentos colectivos presentes en una misma empresa
En numerosas oportunidades, esta Sala ha señalado que los árbitros, a fin de formar su juicio de equidad, pueden remitirse a otros instrumentos colectivos existentes en la empresa a modo de referente o parámetro, lo que significa que no están «irredimiblemente obligados a trasplantar o reproducir en idénticos términos los beneficios de esos estatutos o a laudar por debajo de las prerrogativas allí establecidas»; por este motivo, «es válido que los árbitros instalen nuevos derechos o superen los consagrados en esos instrumentos cuando la equidad y la justicia en las relaciones obrero-patronales así lo dictamine» (SL703-2017, SL13026-2017).
Ahora, en lo relativo a la facultad de los árbitros de consultar otros instrumentos colectivos, la evolución de la jurisprudencia del trabajo lleva a distinguir dos situaciones:
A) La primera cuando los instrumentos colectivos consisten en pactos colectivos o planes de beneficios empresariales adoptados para la generalidad de los trabajadores. En estos casos, los árbitros pueden remitirse a dichos instrumentos para hacerse una idea de las capacidades económicas de la empresa y, sobre esa base, emitir un lado que necesariamente deberá ser superior al pacto colectivo o el plan empresarial de beneficios.
Sobre el particular, en la sentencia CSJ SL1309-2022 la Sala puntualizó que los planes colectivos de beneficios o pactos colectivos no pueden ser en su conjunto ser iguales, equivalentes o superiores a los previstos en la convención colectiva de trabajo, pues «tal práctica empresarial desestimula la afiliación sindical y genera deserción de los sindicatos, lo cual vulnera el derecho de asociación sindical protegido en el Convenio 87 de la OIT y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos».
En esa misma lógica, el laudo arbitral no puede ser inferior, igual o equivalente en beneficios que los pactos colectivos o planes de beneficios, pues ello de entrada desestimula la sindicalización y empequeñece la función constitucional de las organizaciones de trabajadores.
En efecto, la finalidad de las asociaciones sindicales es la de fomentar mejores condiciones sociales y económicas para sus afiliados. Esta función atribuida a los sindicatos se frustra cuando estar afiliado a una organización de trabajadores significa una desmejora en la situación laboral -porque el convenio o laudo es inferior a los beneficios preexistentes en la empresa- o cuando es irrelevante -porque el convenio o laudo es idéntico o equivalente en beneficios al pacto o plan empresarial-.
En esta misma perspectiva, la Sala en la sentencia SL13026-2017 señaló que «negar la posibilidad de las organizaciones sindicales de obtener mejoras y conquistas mediante la negociación colectiva so pretexto de que en el ámbito empresarial existen otros instrumentos colectivos que funcionan como máximos o techos, implica privar de sustancia este derecho, así como cualquier posibilidad de avanzar progresivamente en la consecución de mejores condiciones laborales y sociales».
Por lo demás, no hay que olvidar que el Estado colombiano y sus autoridades tienen el deber promover y fomentar los derechos de sindicalización y negociación colectiva que resultan del ejercicio del principio fundamental de libertad sindical. Dicha obligación está contemplada en diversos instrumentos internaciones de derechos humanos que, además, tienen jerarquía constitucional por virtud del artículo 93 de la Constitución Nacional.
En efecto, el artículo 11 del Convenio 87 de la OIT refiere que todo miembro «se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación»; el Convenio 98 impone el deber estatal de «estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria». Y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, recordó que todos los miembros, aún sin ratificar los convenios aludidos, se comprometen «a respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales», entre ellos, la «libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva».
En el marco de las Naciones Unidas, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho de toda persona a fundar sindicatos y en su numeral 3.º establece que «ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías».
Como puede verse con facilidad, la libertad sindical y los derechos que resultan de su ejercicio, como los de asociación sindical y negociación colectiva, son derechos humanos y fundamentales de promoción y aplicación universal por parte de todos los miembros de la OIT, constituyen la piedra angular del derecho laboral colectivo y han sido pieza fundamental en el desarrollo normativo del derecho sustantivo individual.
Por ello, no está en conformidad con la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales, los Convenios 87 y 98 de la OIT y las normas internacionales de derechos humanos que los árbitros se remitan a los pactos colectivos o planes empresariales para emitir laudos inferiores a dichos instrumentos o incluso iguales o equivalentes, pues ello de entrada produce una atrofia de las organizaciones sindicales que impide su normal expansión mediante la captación o retención de afiliados que busquen, a través del ejercicio de la libertad sindical, mejorar sus condiciones sociales y económicas.
B) La segunda situación está relacionada con la existencia de otras convenciones colectivas en la empresa. En este caso, la jurisprudencia del trabajo ha considerado legítimo que los árbitros se remitan a modo de referente o parámetro a estos acuerdos convencionales, bien sea para acoger su contenido total o parcialmente, o ya sea para adoptarlo con modificaciones (CSJ SL 53118, 4 dic. 2012, CSJ SL9347-2016, CSJ SL703-2017, CSJ SL4458-2018); e incluso ha defendido el criterio que pueden prescindir totalmente de ellos, «ya que la remisión a esos acuerdos es potestativa más no obligatoria» (SL3491-2019, reiterada en SL4478-2020).
Que acontezca una u otra situación dependerá de diversos factores que deben sopesar los árbitros, tales como «la multiplicidad de sindicatos en la empresa, la existencia de otras organizaciones con mayor o menor respaldo, la vigencia de beneficios precarios o justos, la situación económica de la empresa, la trayectoria y legitimidad del sindicato, su representatividad, las necesidades de sus afiliados, entre otras» (CSJ SL3491-2019).
Los anteriores argumentos sirven para señalar que, en este asunto, los árbitros tenían libertad para crear una prima de antigüedad, así dicho beneficio no estuviera previsto en otros convenios colectivos existentes en la empresa.
Ahora, si bien los árbitros reconocieron «la necesidad de propender por la unidad de negociación entre las distintas organizaciones sindicales», evitando «establecer o conceder peticiones o beneficios que pudieran crear desigualdades inequitativas entre los trabajadores de la empresa», este razonamiento en modo alguno implica una igualdad absoluta de beneficios entre la convención y laudo, sino más bien un intento de que sean equivalentes. De hecho, es improbable que acontezca un escenario de igualdad absoluta entre instrumentos colectivos por la simple razón de que los pliegos de peticiones de cada uno de los sindicatos son diferentes, por lo que, si bien los árbitros pueden intentar aproximar sus prerrogativas y beneficios, los esfuerzos encaminados a que sean exactamente iguales puede conducir a decisiones extra o ultra petitas.
Por ello, es normal que entre los laudos o entre estos y los convenios colectivos existan diferencias reflejadas en los montos de los beneficios, la presencia de ciertos beneficios en un instrumento y no en otro y viceversa, lo cual puede obedecer a diversos factores como la cantidad de afiliados, las necesidades específicas de esas organizaciones, variaciones en la situación económica y social de la empresa, entre otros factores que deben sopesar los árbitros.
2. En relación con el carácter motivado o inmotivado de la decisión de otorgar la prima de antigüedad
Para dar respuesta a este punto, basta señalar que los árbitros sí motivaron adecuadamente el laudo. En efecto, en el título denominado «consideraciones que fundamentan la decisión», los árbitros manifestaron que para adoptar el laudo tuvieron en cuenta la información allegada por las partes, la situación económica de la empresa y las pretensiones del sindicato, así como su número de afiliados y si estos estaban multiafiliados a otras organizaciones de trabajadores. Asimismo, tuvieron de presente que en la empresa existen diversos instrumentos extralegales, lo que los llevo a consultar los salarios, prestaciones y beneficios extralegales previstos en esos otros convenios colectivos.
Ahora, el hecho de que no exista una fundamentación específica respecto a la determinación de otorgar la prima de antigüedad, no significa que la concesión de ese beneficio sea arbitraria. Precisamente, el análisis introductorio o general anterior fue lo que les permitió a los árbitros pronunciarse respecto a cada una de las peticiones del pliego y, desde este ángulo, esa fundamentación para los efectos del laudo es suficiente.
No está por demás recordar que en criterio de esta Corporación, las motivaciones sucintas, sobrias o sencillas se entienden cubiertas por una presunción de sustento en la equidad y el hecho de que la argumentación no sea lo suficientemente prolija, no constituye causa para anular el laudo arbitral. Sobre el particular, en la sentencia CSJ SL5093-2020 la Sala explicó:
No son pocas las ocasiones en las que la Sala se ha pronunciado sobre la motivación de los laudos para concluir que si bien las decisiones de los tribunales de arbitramento deben ser lo más explícitas y claras que sea posible para brindar a las partes un punto de apoyo para controvertirlas, el que así no suceda, no conlleva a que la Corte pueda anularlas (sentencia de anulación CSJ SL. 21 ago. 203, rad. 22214), como tampoco que se constituye en un motivo de devolución.
Esta Corporación en sentencias CSJ SL12121-2017, CSJ SL15705-2015, CSJ SL, 3 ago. y 7 sep. 2016, rads. 70386 y 74793, respectivamente, rememoró que bastan los razonamientos breves en las decisiones arbitrales sin que ello signifique que el laudo esté desprovisto de motivación, dado que, al tratarse precisamente de una providencia en equidad, su fundamentación es distinta a la que se requiere para las sentencias que resuelven conflictos jurídicos. En efecto, mientras que en estas se exige una argumentación estrictamente jurídica, fáctica y probatoria, el laudo en equidad se estructura a partir del sentido común, las reglas de la persuasión racional, la apreciación objetiva de los hechos probados, las posiciones de las partes y la naturaleza del conflicto.
En la misma dirección, la Corte ha adoctrinado que las motivaciones sucintas, sobrias o sencillas se entienden cubiertas por una presunción de sustento en la equidad y que el hecho de que la argumentación no sea lo suficientemente prolija, no constituye causa para anular el laudo arbitral. (sentencias CSJ SL, 12 jun. 2001, rad. 16545; CSJ SL, 5 ago. 2004, rad. 24443; CSJ SL, 23 nov. 2010, rad. 48406; CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 53118; CSJ SL3258-2019; entre otras).
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, no se accede a la solicitud de anulación.
Las costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente y en favor del sindicato ASOTRAEMTELCO_BPO&O. Se fijan como agencias en derecho la suma de $9.400.000, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme a lo preceptuado en el artículo 366 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NO ANULAR el laudo arbitral impugnado en anulación.
SEGUNDO: COSTAS como se indicó en la parte motiva.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia.
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
Aclaro voto
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
Magistrado Ponente
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n° 94085
REFERENCIA: EMTELCO S.A.S. vs. ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE EMTELCO y EMPRESAS DEL SECTOR DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO BUSINESS PROCESS OUTSOURCING & OFFSHORING, CONTACT CENTER, SERVICIOS TEMPORALES Y SIMILARES “ASOTRAEMTELCO_BPO&O.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito aclarar el voto en las presentes diligencias, por cuanto si bien comparto el fallo adoptado, disto de algunas consideraciones conforme paso a explicar.
Argumentación relativa a pactos colectivos y convenciones colectivas en una misma empresa, es tan solo un dicho de paso (obiter dicta)
En la decisión, se despliega un amplio análisis a la existencia de pactos colectivos y la imposibilidad de que en ellos se acuerden condiciones iguales o superiores a aquellas previstas en convenciones colectivas vigentes al interior de una misma empresa, pese a que este planteamiento no aparece discutido en el recurso de anulación, ello por la potísima razón de que, dentro del acervo probatorio, sólo se encuentra acreditada la existencia de una convención colectiva en la convocada EMTELCO S. A. S.
En efecto, conforme fue decidido en el laudo arbitral, los árbitros indicaron que tendrían en cuenta «que en la empresa existe la organización sindical SINTROADCO, a la cual los trabajadores inmersos en este conflicto también están afiliados y por ello se benefician del convenio colectivo de trabajo que dicha asociación sindical celebró con Emtelco S.A.S., con vigencia del 4 de junio de 2021 al 3 de junio de 2024».
De manera que, acreditado el anterior supuesto fáctico, en el cual se finca la providencia objeto de la impugnación, no resultaba relevante para la solución al caso, el realizar todo un despliegue hermenéutico sobre un aspecto que no es objeto de discusión, por lo que, a no dudarlo, es tan solo un obiter dicta del fallo mas no su ratio decidendi.
Obligatoriedad sobre la necesidad de superar igualdad o equivalencia de beneficios entre las Convenciones Colectivas, Pactos Colectivos y Laudos Arbitrales
En línea de lo discurrido, en mi sentir, la providencia sugiere que los árbitros, cuentan ahora, con una «limitación» en el ejercicio de su labor, la cual radica en no encontrarse autorizados para conceder prerrogativas que sean «inferiores, iguales o equivalentes» a las previstas en pactos colectivos o planes de beneficios vigentes en una empresa, so pretexto, de que ello desestimula la actividad sindical; afirmación de la cual me aparto dados los contornos generales en que aparece construida. Prohibición que se extiende aún a las convenciones colectivas que, de igual manera, puedan existir al interior de la unidad de explotación.
Tales términos, hasta hoy, no habían sido consentidos por la jurisprudencia, y no se acompasan con lo expuesto en la sentencia CSJ SL2309-2022, citada en la providencia adoptada, donde si bien se resalta la imposibilidad de suscribir pactos colectivos «que en su conjunto sean equivalentes o superiores a los previstos en la convención colectiva, teniendo en cuenta para ello los beneficios monetarios, no monetarios y los descuentos de la cuota sindical»; lo cierto es que, ello no puede transponerse sin más miramientos, a que tal restricción se extiende, «por lógica» a la labor que despliegan los árbitros en el laudo arbitral, el cual «no puede ser inferior, igual o equivalente en beneficios que los pactos colectivos o planes de beneficios, pues ello de entrada desestimula la sindicalización y empequeñece la función constitucional de las organizaciones de trabajadores».
Y es que los árbitros en su laborío, al ser una clara demostración de administración de justicia de tipo temporal, no pueden contar con más restricciones que aquellas que son impuestas por el legislador el que, de haber concebido tal impedimento, así lo hubiese expresado, cuando la ley lo quiere así lo dice. De manera que, no resulta apropiado, el concebir restricciones ora excepciones por vía de interpretación.
Por otra parte, no está por demás memorar que, si bien los árbitros pueden atender lo dispuesto en los pactos o convenciones colectivas preexistentes en la empresa para informar su juicio, esto no significa que estén irredimiblemente obligados a trasplantar o reproducir en idénticos términos los beneficios de esos estatutos o a laudar por debajo o encima de las prerrogativas allí establecidas.
Por ello, es válido que los árbitros instalen nuevos derechos o superen los consagrados en esos instrumentos cuando la equidad y la justicia en las relaciones obrero-empresariales así lo permitan, como también que los adopten total o parcialmente, con las modificaciones que estimen convenientes e, incluso, que prescindan de hacer este ejercicio de integración, ya que la remisión a esos acuerdos es potestativa más no obligatoria. (CSJ SL 53118, 4 dic. 2012, CSJ SL9347-2016, CSJ SL703-2017, CSJ SL4458-2018 y CSJ SL3491-2019, CSJ SL5693-2021).
Al ser, así las cosas, no puede someterse a discusión, que para quienes deciden el laudo arbitral, es optativo el acoger o no aquellos instrumentos colectivos que tengan vigencia al interior de una empresa, y si deciden que ello sea así, cuentan con amplia potestad configurativa, que tiene como derrotero la equidad, pero no los logros alcanzados por una organización sindical.
No puede perderse de vista que, el derecho de asociación sindical debe ser observado en sus dos fases, positiva la cual se traduce en la facultad que tiene un trabajador de integrar y participar en la organización sindical para con ello disfrutar de los logros que esta última obtenga; o bien, negativa la que le permite no pertenecer a la misma. Tales son los términos del artículo 38 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 2º del Convenio 87 de la OIT. Dicho en otras palabras, no se puede soslayar el ejercicio del derecho a la individualidad y a la libertad, el que un trabajador opte por cualquiera de los mecanismos que le garanticen unas mejores condiciones económicas dentro de la ejecución de su contrato.
Ahora bien, ello no puede confundirse con aquella previsión legal consignada en el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual ordena que «cuando en la convención colectiva sea parte un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados», aparte legal que, lejos de confirmar la obligatoriedad de vincularse a una organización sindical, permite entrever la posibilidad de que en una empresa pueden existir trabajadores que no tengan interés en vincularse a una organización sindical, pero que, dado el número de afiliados que ella agrupa, los beneficios obtenidos puedan ser a ellos extendidos.
Recordemos que para esta Corporación, es una verdad irrefutable que en nuestro derecho social, empleadores y trabajadores en franco apego al ejercicio del derecho de asociación y negociación cuentan con la amplia libertad de llegar a acuerdos sobre beneficios extralegales que permitan la reivindicación de los derechos de estos últimos, lo que cuenta como única restricción aquel marco legal que pregona la existencia de derechos mínimos e irrenunciables y la necesidad de contar con objeto y causa lícita.
Libertad que no puede ser mutilada o, mejor, restringida, de igual manera, a quienes tienen la potestad de conceder conquistas laborales en el marco de un tribunal de arbitramento, para los que, como quedó visto en líneas superiores, no existe la obligación legal de superar, de manera inexorable, los montos que han sido consentidos en otras convenciones colectivas sino una opción para proceder a ello. Pensar de tal manera, es suponer, per se, que siempre que se suscriben pactos colectivos su finalidad es desestimular la afiliación a organizaciones sindicales.
Sobre este particular, baste decir que la figura del pacto colectivo dimana de la Ley, de manera que, es una opción válida de negociación y sólo encuentra restricción en el artículo 70 de la Ley 50 de 1990 que prevé «cuando en la convención colectiva sea parte un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados». Así las cosas, imponer restricciones que no han sido concebidas por el legislador escapa de la órbita de competencia de la Sala.
Y es que ello no puede ser entendido así, sin más miramientos, por dos razones fundamentales: 1. El pacto colectivo, tiene su génesis legal, y se traduce en una manera de lograr beneficios de trabajadores que, en el marco de su libertad, deciden no asociarse, lo que, como quedó visto, parte de la necesaria fase negativa del derecho de asociación. 2. Si bien la Jurisprudencia ha expuesto que, no resulta atinado que se suscriban pactos colectivos que consagren los mismos derechos que una convención colectiva, pero se pierde de vista, unos elementos definitorios para ello, esto es, el hecho relativo a que ocurra en su conjunto, además de que no exista una genuina intención de no pertenecer a una organización sindical.
Por ello, considero que, no puede fijarse un derrotero único e inamovible frente a otorgar siempre mejores beneficios, puesto que ello, puede llevar a desconocer variables tales como, pluralidad de organizaciones sindicales, número en sus afiliados, situación económica de la empresa, variaciones a la luz de los cambios propios de la economía nacional, entre muchos más.
En ese marco, me aparto de aquellas consideraciones que pretenden imponer una limitación en la existencia de pactos colectivos y decisiones arbitrales que no han sido establecidas por el legislador ni tampoco pueden extractarse de manera expresa de los Convenios 87 y 98 de la OIT.
Vale la pena traer a colación lo asentado por esta Sala en sentencia CSJ SL, 26 feb. 1997, rad. 9735 26 febrero 1997, así:
Tanto las convenciones como los pactos colectivos de trabajo cuentan con respaldo en el ordenamiento positivo colombiano. Si bien ambos tienen similares mecanismos de estructuración e iguales efectos, cada uno de ellos posee su propia identidad que, por estar protegida legalmente, no es dable, so pretexto de un igualitarismo mal concebido, pretender que las cláusulas de unos y otros convenios sean idénticas, o que los derechos conquistados por los trabajadores vinculados a una normatividad se apliquen automáticamente y por vía general a los alcanzados por los sujetos a otra, como consecuencia de una decisión arbitral […] Mas este asunto es propio de un cotejo de carácter individual y no de una previsión arbitral que obligue a las partes a insertar el contexto normativo del pacto en la convención. "En esas condiciones no pueden los árbitros disponer, por vía del Laudo Arbitral, que se les reconozca a los trabajadores sindicalizados cualquier garantía social, económica y normativa que supere lo suscrito convencionalmente y que reconozca a otros trabajadores no sindicalizados, porque, además, ello conduciría a reconocer al sindicato una capacidad especial de negociación en un escenario en el que no se le confiere legalmente. Lo anterior sin perjuicio de que el empleador, voluntariamente o por acuerdo con el Sindicato, disponga de su derecho y extienda las mismas garantías a los trabajadores sindicalizados (ver sentencia de casación de Alejandro Angel Bravo vs: Centro Social de Neiva, 29 de noviembre de 1994). "De otra parte, agrega la Corte Suprema que la Constitución Política no prohíbe -por el contrario, permite- dar un tratamiento diverso a situaciones distintas, y es ese el sentido del artículo 61 del D.R. 1469 al desarrollar las leyes 26 y 27 de 1976, relativas a la libertad sindical, al derecho de asociación y de negociación colectiva y que hasta el momento no han sido proscritas del ordenamiento jurídico vigente. "Una de las razones de la existencia del pacto colectivo como modalidad de negociación a la cual acuden los trabajadores no sindicalizados, se funda en que el derecho de asociación, como desarrollo de la libertad de asociación, también puede ejercerse en sentido negativo, como lo ha expresado en varias oportunidades esta Corporación. "No obstante, debe hacerse énfasis en que la fuerza vinculante del pacto colectivo no puede ser utilizada por el empleador para menospreciar a los trabajadores que desempeñan labores en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales y que opten por sindicalizarse, hasta el punto de crear una forma odiosa de discriminación tendiente a impedir la libertad de asociación en sentido positivo. 128.
GACETA JUDICIAL Número2501 "Por lo expuesto, le asiste razón a la recurrente cuando señala que los árbitros se excedieron en sus facultades al emplear en sentido general el concepto de igualdad, porque es preciso puntualizar cuáles son las cláusulas del pacto colectivo que establecen discriminaciones respecto de los trabajadores sindicalizados y por supuesto, que si se llegare a infringir el principio institucional según el cual a trabajo igual salario igual, quien tiene que ocuparse de esa controversia particular es la jurisdicción que conoce de los conflictos jurídicos y no, por vía de la abstracción, un tribunal previsto para resolver conflictos económicos, a riesgo, eso sí, de generar desigualdades y círculos viciosos insolubles, porque con el mismo pretexto del derecho a la igualdad posteriormente serán los trabajadores no sindicalizados quienes aspiren a iguales condiciones que las pactadas en la convención colectiva para los sindicalizados. "No sobra recordar lo dicho sobre el particular en sentencia de homologación del 21 de enero de 1996 en relación con el Laudo arbitral proferido para dirimir el conflicto colectivo de trabajo suscitado entre ISAGEN E.S.P. y trabajadores no sindicalizados al servicio de la misma (radicación 9597): "'De otra parte, observa la Sala que en tratándose de la contratación colectiva en materia laboral, la igualdad no comporta identidad aritmética individualmente considerada. Para determinar la posible infracción a este principio constitucional frente a dos normaciones colectivas, igualmente válidas y simultáneamente vigentes -pacto y convención colectiva-, no basta con el cotejo simplista de cada derecho especifico, sino que es menester el examen de conjunto de las prerrogativas otorgadas. Ni la Constitución ni la ley prohíben que un derecho consagrado en una convención colectiva de trabajo sea más favorable o distinto del establecido en un pacto colectivo. Los dos institutos, si bien están sujetos a una regulación legal similar en cuanto a sus efectos, sendas normaciones tienen su identidad propia. Además, si los beneficios de ambos acuerdos colectivos tuvieran que ser iguales, sobraría una de las dos figuras en la legislación colombiana'. "'Tanto la negociación colectiva de los trabajadores sindicalizados como de los no sindicalizados tiene prohijamiento constitucional y legal. Y mientras subsistan las disposiciones que dan sustento a las convenciones y a los pactos colectivos no pueden los juzgadores mediante la simple invocación de la igualdad de un derecho individualizado desconocer la autonomía de la contratación colectiva. Cuestión diferente sería si por otras razones, al mantener una cláusula ineficaz los árbitros desconocieran derechos de las partes, desbordando sus facultades, evento en el cual podría obtenerse su anulación mediante el recurso de homologación. Mas tal hipótesis no se configura en el caso presente en el que no puede la Corte resolver un conflicto jurídico sobre un derecho preexistente a la igualdad entre una cláusula de una convención con la de un pacto colectivo, porque si así fuera, tal planteamiento del recurso sería impropio en un recurso de homologación de un conflicto de intereses'".
Referencia a la Declaración de la OIT relativa a principios y derechos fundamentales.
En la providencia adoptada, se afirma que «no está́ en conformidad con la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales, los Convenios 87 y 98 de la OIT y las normas internacionales de derechos humanos que los árbitros se remitan a los pactos colectivos o planes empresariales para emitir laudos inferiores a dichos instrumentos o incluso iguales o equivalentes[…]», afirmación que permite entender que el precitado texto que se enuncia como «Declaración» es de obligatoria atención por parte de los miembros de un tribunal de arbitramento, lo que realmente no se acompasa con los términos que esta Sala, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional han asentado.
En efecto, en la sentencia CC C-280-2007, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre los tratados internacionales y su integración al bloque de constitucional enseñó:
En la sentencia C-401 de 2005 esta Corporación realizó un pormenorizado recuento de la jurisprudencia relacionada con los convenios de la OIT, del cual dedujo que la postura sobre este tema “… ha ido evolucionando gradualmente en la dirección de considerar que forman parte del bloque de constitucionalidad. Así, en un primer momento se enfatizó que todos los convenios internacionales del trabajo hacen parte de la legislación interna –en armonía con lo establecido en el inciso 4 del artículo 53 de la Constitución-. Luego, varias sentencias empezaron a señalar que varios convenios de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad y, posteriormente, se hizo una distinción entre ellos para señalar que algunos pertenecen al bloque de constitucionalidad en sentido estricto y otros al bloque de constitucionalidad en sentido lato”.
La anterior constatación no significa que todos los convenios de la OIT ratificados por Colombia hagan parte del bloque de constitucionalidad, porque en la misma sentencia se afirma que una decisión de esta naturaleza debe ser adoptada por la Corte Constitucional de “de manera específica, caso por caso”, una vez verificado que el convenio en cuestión cumpla los requisitos señalados por el artículo 93 constitucional. En tal sentido en la sentencia C-401 de 2005 se hace mención de algunos convenios que la jurisprudencia constitucional ha considerado incorporados al bloque de constitucionalidad tales como el convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales, los convenios 87 y 98, sobre la libertad sindical y sobre la aplicación de los principios de derechos de sindicalización colectiva, el convenio 138, sobre la edad mínima, y el convenio 182 sobre las peores formas del trabajo infantil.
Entonces, al tenor de la decisión en comento, en relación a los convenios de la OIT se debe aclarar que si bien todos los que han sido “debidamente ratificados” por Colombia, “hacen parte de la legislación interna” (tal como consigna textualmente el artículo 53 constitucional) y en consecuencia “son normas jurídicas principales y obligatorias para todos los habitantes del territorio nacional, sin necesidad de que una ley posterior los desarrolle en el derecho interno” HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-280-07.htm" \l "_ftn25" \o "" [25], no todos los convenios de la OIT forman parte del bloque de constitucionalidad, pues para que esto último suceda se requiere verificar si cumple las condiciones establecidas por el ordenamiento constitucional.
Adicionalmente, habría que distinguir entre aquellos convenios que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto (inciso primero del artículo 93 constitucional), porque prohíben la limitación de un derecho humano bajo los estados de excepción y en consecuencia hacen parte del parámetro de control constitucional de las normas legales que regulan la materia y aquellos convenios que forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato (inciso segundo del artículo 93 constitucional), los cuales “sirven como referente para interpretar los derechos de los trabajadores y darle plena efectividad al principio fundamental de la protección del trabajador (C.P., art. 1) y al derecho al trabajo (C.P. arts. 25 y 53)”.
Sobre las recomendaciones y su carácter vinculante, la misma alta Corte, en la providencia CC C-269-2014, precisó:
De conformidad con lo expuesto, atendiendo su naturaleza jurídica, no es posible considerar comprendidas por el sentido del artículo 53 de la Constitución, las recomendaciones aprobadas por la Conferencia Internacional del Trabajo. Ello, naturalmente, no se opone a que el Estado se encuentre llamado a considerarlas y a avanzar en su implementación.
Ahora bien, debe la Corte destacar que en relación con el carácter vinculante de las recomendaciones adoptadas a instancias de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo y, en particular, del Comité de Libertad Sindical, la jurisprudencia constitucional no ha sido uniforme tal y como lo dejó señalado desde hace algún tiempo la sentencia C-930 de 2009. En esa providencia se sostuvo:
En lo relacionado con el posible carácter vinculante de ciertas recomendaciones de los órganos de control de la OIT, concretamente las proferidas por el Comité de Libertad Sindical de dicho organismo, la jurisprudencia de esta Corporación, vertida toda en sede de tutela por parte de diferentes Salas de Revisión, no ha sido uniforme. Y hasta ahora, la Sala plena de la Corte no ha fijado en una sentencia de constitucionalidad o de unificación una doctrina según la cual dichas recomendaciones tengan un valor obligatorio para Colombia, y menos que las mismas integren el bloque de constitucionalidad en sentido amplio o estricto, por lo cual deban ser utilizadas como normas, principios o parámetros de referencia para el examen de constitucionalidad.”(negrilla fuera de texto)
4.5.4. Los convenios internacionales del trabajo hacen parte integral de la legislación interna. La interpretación de este enunciado, contenido en el artículo 53 de la Constitución, ha conducido a la Corte a sostener que a pesar de ser normas jurídicas obligatorias todos los convenios referidos en el artículo 53 de la Carta, su posición en el ordenamiento jurídico no es la misma.
Para este Tribunal solo los convenios internacionales del trabajo que, al mismo tiempo, se ocupen de reconocer o regular derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad. En estos casos, el valor de tales instrumentos está determinado no solo por el mandato de integración del artículo 53 de la Carta sino, adicionalmente, por lo prescrito en el artículo 93 de la Constitución. Ahora bien, este Tribunal ha señalado que la consideración de un convenio como integrante del bloque de constitucionalidad no se puede hacer de manera general. Ello implica que “es necesario que la Corte proceda a decidirlo de manera específica, caso por caso (…)”
En ese orden de ideas, dada la ausencia de carácter vinculante de la Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales, ella no puede ser fundamento para extractar una prohibición aplicable en el derecho interno, como lo es la relativa a que «los árbitros se remitan a los pactos colectivos o planes empresariales para emitir laudos inferiores a dichos instrumentos o incluso iguales o equivalentes».
En los anteriores términos dejo sentadas las razones de mi aclaración.
Fecha ut supra,
FERNANDO CASTILLO CADENA
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