Ficha de la providencia
Sentencia SL4401-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
Ficha de la providencia
Sentencia SL4401-2019
Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral
Sentencia SL4401-2019
Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa
9 de julio de 2019
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
Magistrado ponente
SL4401-2019
Radicación n.º 61289
Acta 022
Bogotá, DC, nueve (9) de julio de dos mil diecinueve (2019).
Decide la sala el recurso de casación interpuesto por JOHANNA CRISTINA FONSECA FIGUEREDO, contra la sentencia proferida por la Sala Cuarta Dual de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de agosto de 2012, en el proceso que instauró contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
ANTECEDENTES
Johanna Cristina Fonseca Figueredo llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que se declarara que entre las partes existió un contrato de trabajo y en consecuencia, se condenara a la demandada al pago de la indemnización por despido unilateral, las cesantías, los intereses sobre estas, las vacaciones y su correspondiente prima, las primas de servicios, de navidad, la indemnización moratoria, la sanción moratoria por no consignación de cesantías en un fondo y las demás prestaciones que se encontraran probadas, la indexación, la devolución de la excesiva retención en la fuente y las costas del proceso.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que trabajó en la entonces ARP del ISS, en Barranquilla, desde el 21 de abril de 2005 hasta el 18 de septiembre de 2008, de manera ininterrumpida, bajo subordinación y dependencia del empleador; que la vinculación formal se dio a través de contratos de prestación de servicios profesionales, pero que en realidad la vinculación fue la de un contrato de trabajo, disimulada bajo el ropaje de aquellos; que cumplía funciones como profesional universitaria iguales a las que cumplían otros vinculados al ISS mediante contrato de trabajo; que nunca le pagaron prestaciones sociales; que el 18 de septiembre de 2008 el ISS le dio por terminado el contrato de trabajo sin la antelación legal, so pena de su renovación automática; que agotó la reclamación administrativa.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, negó la existencia del vínculo laboral y dijo que el nexo entre las partes obedeció a varios contratos de prestación de servicios, interrumpidos, el último de los cuales duró hasta el 18 de septiembre de 2008, lo que constituyó la razón de la terminación de ellos; adujo que no existió subordinación y que la demandante nunca fue obligada a firmar esos contratos de prestación de servicios, que correspondían a la oferta que ella misma presentaba; adujo que no pagó prestaciones sociales porque la vinculación contractual no era de orden laboral.
En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, carencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, prescripción, principio de la unilateralidad del Estado en el cumplimiento del objeto contractual, contrato de prestación de servicios, ausencia de relación laboral, ausencia absoluta de la relación laboral y prestaciones sociales en contratos estatales; ausencia de subordinación y dependencia de los contratos estatales de la Ley 80 de 1993, pago, mala fe del demandante, compensación y la genérica.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 25 de enero de 2011, declaró no probadas las excepciones propuestas por pasiva; declaró que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 21 de abril de 2005 y el 18 de septiembre de 2008; condenó al ISS a pagar las sumas indicadas en el fallo por concepto de auxilio de cesantía, prima de servicios y vacaciones, con la correspondiente indexación; absolvió a la demandada de las demás pretensiones y la condenó en costas; finalmente, ordenó la consulta del fallo en caso de que no fuere apelado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Cuarta Dual de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 31 de agosto de 2012, dispuso la confirmación de la providencia que conoció por apelación de ambas partes.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que, teniendo en cuenta que la apoderada de la parte activa no se encontraba facultada, no era procedente estudiar su impugnación, básicamente, porque si bien el poder conferido por la demandante designó a dos apoderados, estos no podían actuar simultáneamente, y porque el apoderado principal no fue quien presentó el recurso, sin que la sustituta tuviese «[…] ningún tipo de poder asumiendo gestión». En apoyo de su decisión, citó una providencia de la Sala de Casación Civil.
En cuanto al recurso de la parte demandada, que versó sobre la existencia del contrato de trabajo, encontró que los elementos propios del mismo estaban presentes en el material probatorio allegado al expediente, especialmente la subordinación, por lo que confirmó la declaratoria de existencia del mismo.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
El petitum del recurso extraordinario fue planteado así:
Persigo con la presente demanda, la casación parcial de la sentencia de segunda instancia antes identificada, en cuanto confirmó la decisión de primer grado que únicamente condenó a la demandada a Auxilio de cesantía por valor de $5.546.493; prima de servicios por valor de $2.439.000; vacaciones por valor de $2.439.000, y absolvió a la accionada de las demás pretensiones. En sede de instancia, solicito se revoque parcialmente la decisión del Juzgado, y en su lugar se condene al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa o plazo presuntivo, prima de vacaciones y prima de navidad.
Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia de incurrir en violación medio de «[…] los artículos 66 del CPC; 1 del Decreto 2282 de 1989 (mod. 24); 22 del Decreto 196 de 1971; 66 del CPL y de la SS; 31, 229 de la C.N.», que condujo a la violación indirecta por aplicación indebida de «[…] los artículos 331 del CPC; 1 del Decreto 2282 de 1989 (mod. 155); en relación con los artículos 11 de la Ley 6 de 1945; 1 del Decreto 797 de 1949; 17, 25 del Decreto Ley 1045 de 1978; 51 del Decreto 1848 de 1969; 145 del CPL y de la SS; 8 de la ley 153 de 1887; 16 de la ley 446 de 1998; 48 y 53 de la CN».
Como errores de hecho manifiestos que condujeron a esos quebrantos normativos enumeró los siguientes:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que no existe ningún tipo de poder asumiendo gestión por parte de la apoderada sustituta de la parte demandante.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la apoderada que interpuso el recurso de apelación, no se encontraba facultada para ello en su condición de abogada sustituta.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que no había lugar a estudiar el recurso de apelación presentado por la parte demandante.
4. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante, al momento dc conferir poder a los doctores OTTO ÁLVARO GARCÍA GARCÍA y DIANA CECILIA ANGULO NAVARRO como sus apoderados respectivamente, les confirió las mismas facultades para actuar en el juicio, dentro de las que naturalmente se encuentran las de interponer los recursos de ley.
5. No dar por demostrado, estándolo, que el Juzgado de conocimiento, que lo fue el séptimo laboral del circuito de Barranquilla, mediante auto de 1 de junio de 2009 reconoció personería al doctor OTTO ÁLVARO GARCÍA GARCÍA y DIANA CECILIA ANGULO NAVARRO como apoderados de la parte demandante respectivamente.
6. No dar por demostrado, estándolo, que ANGULO NAVARRO además de encontrarse debidamente facultada para actuar, fue reconocida en el proceso como apoderada de la demandante, a partir del primer proveído dictado por el Juzgado de conocimiento; luego desde ese mismo momento la justicia la autorizó para actuar en el juicio.
7. No dar por demostrado, estándolo, que la apoderada que interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, como apoderada de la parte demandante, lo hizo en calidad de sustituta, pues hasta que se profirió la decisión del Juzgado había actuado el apoderado principal.
8. No dar por demostrado, estándolo, que la apoderada que interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, fue quien oportunamente lo sustentó.
9. No dar por demostrado, estándolo, que el juzgado séptimo laboral del circuito de Barranquilla, mediante providencia de 10 de febrero de 2011, concedió el recurso de apelación incoado por la apoderada sustituta de la parte demandante - DIANA ANGULO -, y también por la demandada, contra la sentencia de primera instancia.
10. No dar por demostrado, estándolo, que DIANA CECILIA ANGULO NAVARRO apoderada sustituta de la parte demandante, y quien había interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia dc primera instancia, fue quien interpuso el recurso extraordinario dc casación, contra la sentencia de segundo grado.
11. No dar por demostrado, estándolo, que el tribunal concedió el recurso extraordinario de casación impetrado dentro del término legal, por la apoderada sustituta de la parte demandante DIANA CECILIA ANGULO NAVARRO.
Citó como pruebas erróneamente apreciadas las siguientes:
Poder conferido por la demandante a los apoderados OTTO ÁLVARO GARCÍA GARCÍA y DIANA CECILIA ANGULO NAVARRO (fis. 1 a 2).
Audiencia de conciliación y fijación del litigio (fls. 173 a 175).
Recurso de apelación incoado por DIANA CECILIA ANGULO NAVARRO apoderada de la demandante, contra la sentencia de primera instancia (fl. 223).
Sustentación del recurso de apelación incoado por DIANA CECILIA ANGULO NAVARRO apoderada de la demandante, contra la sentencia de primera instancia (fl. 227 a 232).
Escrito contentivo del recurso extraordinario de casación incoado contra la sentencia de segunda instancia por la doctora DIANA ANGULO NAVARRO, apoderada dc la demandante (fl 345).
Auto de fecha 11 de marzo de 2013, proferido por la Sala Cuarta Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante el cual se concede el recurso extraordinario de casación (fls. 360 a 361).
Como pruebas no apreciadas indicó las que se enumeran a continuación:
Auto de 1 de junio de 2009, proferido por el juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla (fl. 151).
Auto concedió recurso de apelación, proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, de 10 de febrero de 2011 (fls. 239 a 240).
Memorial dirigido al Juzgado por el apoderado principal de la demandante, donde anexa copia de una sentencia (fls. 176 a 203).
Alegatos de conclusión presentados por el apoderado principal de la demandante (fls. 204 a 214).
En la demostración del cargo dijo que, aunque el tribunal observó que la demandante les otorgó poder a dos apoderados de manera simultánea, no existía «[…] ningún tipo de poder asumiendo gestión por parte de la apoderada sustituta como debe interponerse dicha actuación […] Es así como teniendo en cuenta que la apoderada que interpone el recurso no se encuentra facultada, no se estudia el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante».
A continuación, manifestó que estaba de acuerdo con la deducción del tribunal en cuanto a que, conforme al poder conferido por la demandante a los dos abogados, el primero de ellos actuaba como apoderado principal y la segunda, como sustituta, no obstante, esa corporación desestimó el recurso de alzada impetrado por la segunda, por considerar que no existía ningún tipo de poder, y que quien debía impetrarlo era el apoderado principal, decisión que consideró desatinada porque, al no actuar el primero de ellos, la segunda podía hacerlo atendiendo a su condición, a lo que se agrega que ambos, principal y suplente, contaban con las mismas facultades para actuar en el juicio. También dijo que el juez de apelaciones no observó que desde un principio existía facultad para presentar el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, que también fue indebidamente desestimada, así como lo fue su sustentación.
Indicó que si el «[…] Juzgado (sic)» hubiera estimado en debida forma el acta de conciliación y no hubiera ignorado el memorial dirigido por el apoderado principal, donde anexa copia de una sentencia y los alegatos de conclusión presentados por el mismo, hubiera deducido que, si bien la sustituta solo actuó cuando presentó y sustentó el recurso de apelación, lo hizo debidamente facultada para tal efecto.
Aunó a esas reconvenciones que el fallador de alzada no estimó que el auto de 1 de junio de 2009, proferido en primera instancia, reconoció personería a los dos abogados, de manera que la sustituta estaba autorizada desde el principio para actuar en el proceso.
En cuanto al auto que concedió el recurso de apelación, del 10 de febrero de 2011, dijo que el tribunal no se percató que las actuaciones que dieron lugar a ese pronunciamiento las inició la apoderada sustituta, sin que el juzgado manifestara reparo alguno, lo que se encuentra en armonía con el escrito contentivo del recurso de casación, que lo incoó la misma apoderada y que fue recibido en la secretaría del tribunal, conforme al sello correspondiente; que la misma omisión se cometió en cuanto al auto que concedió el recurso extraordinario de casación. Como conclusión de esas observaciones manifestó:
Si el tribunal no hubiera cometido los protuberantes errores de hecho, hubiera analizado en debida (sic) unas pruebas, estimado las demás enunciadas, no habría cometido la violación medio que lo condujo a quebrantar las disposiciones enlistadas en la proposición jurídica,.
Por lo expuesto, el cargo debe prosperar, y como consecuencia de lo anterior, deberá proceder esa honorable sala, a realizar un pronunciamiento de fondo respecto del recurso de apelación oportunamente incoado por la apoderada de la parte demandante.
En sede de instancia, y con el debido respeto que me merecen los miembros de esa honorable corporación, se dará cuenta la Corte que el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), debe pagar a mi mandante las primas de vacaciones y navidad, indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa o plazo presuntivo, así como la indemnización moratoria, pues además del no pago de los rubros, la demandada actuó de mala fe en todo momento, tal y como se tiene del acervo probatorio obrante en el plenario.
RÉPLICA
La oposición halló reparo en que el cargo propuesto se basó en la violación medio de varias normas procesales y del artículo 229 de la CN, que habría llevado a la violación por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de otras disposiciones, relacionadas con el derecho de postulación de la apoderada de la demandante, que se habría producido mediante errores de apreciación probatoria y de falta de apreciación de providencias proferidas por el a quo y de escritos de la parte actora, a partir de lo cual advirtió que:
[…] el desarrollo de (sic) cargo omite la elaboración del análisis juicioso que tienda a demostrar cómo una errónea apreciación de los medios de prueba dejó incurso al Tribunal en la equivocada construcción de los hechos que sustentaron la decisión y a través de los cuales asevera arribó a la violación de la ley sustancial.
Curiosamente, la disquisición de la Censura deja de lado las normas legales de carácter sustancial que regulan los derechos laborales deprecados y antes que encaminarse a concretar en qué consistió la violación de la ley, se enmaraña en una serie de argumentaciones que distan de ser un planteamiento propio de casación, que en buen romance ni siquiera parecen un alegato de instancia.
CONSIDERACIONES
No le asiste razón al opositor en cuanto dio por insuficientes los argumentos formulados en el recurso, pues la violación medio de normas procesales es el instrumento que, bajo particulares condiciones, ha sido establecido para remediar errores cometidos en el procedimiento, siempre que estos incidan de manera directa en los derechos consagrados en normas sustantivas laborales, que son las que, en últimas, resultan siendo pretermitidas por el juzgador y que sí fueron señaladas como parte de la proposición jurídica enunciada en el recurso.
Por supuesto que no cualquier transgresión de la ley adjetiva puede llegar a constituir motivo suficiente para derrumbar la sentencia atacada en sede extraordinaria, pues, en general, el legislador tiene previstos los mecanismos de corrección adecuados para ese tipo de falencias, sin embargo, en casos como el presente, en el que fue en el curso de la decisión criticada cuando se presentó el error, y dado que la sentencia que puso fin a la instancia, «[…] no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció», conforme al artículo 309 del CPC, vigente a la sazón, no cabría atacarla a través de los mecanismos ordinarios, como podrían ser: (i) la aclaración, en tanto que la decisión se fundamentó en razones que fueron tan contundentes que, como se verá, no generan motivo de duda, sin que ello implique que la certeza con la que se expusieron permita desestimar que se violó la garantía fundamental de la doble instancia; (ii) tampoco se trata de uno de los eventos para los que se ha dispuesto la corrección de la sentencia (artículo 310 ibídem), referidos a errores aritméticos o de cambio de palabras; (iii) ni menos de los que dan lugar a la adición de la misma (artículo 311 ejusdem), ya que lo que llevó al tribunal a abstenerse de decidir sobre el recurso vertical formulado por activa dejaba por fuera de su competencia –al menos así lo consideró esa corporación– el planteamiento vertido por esa apelante, lo que imposibilita pedir a ese juez dicha adición.
En ese sentido, ha dicho esta corte que la violación medio se presenta cuando el atropello de las normas de procedimiento sirve de vía que conduce al desconocimiento de las de orden sustantivo (CSJ SL1948-2019), en tanto que se observe una omisión o actuación claramente imputable al juzgador y no a las partes, que afecte el núcleo del derecho sustancial en debate. También se ha dicho que esta modalidad puede ser invocada por la vía directa o por la indirecta (CSJ SL5332-2018).
Ahora bien, de entrada, observa la sala que el tribunal cometió un error trascendente al dejar de estudiar el recurso de apelación formulado por la parte demandante, con lo que la dejó sin la garantía de la doble instancia (artículo 31 CN), al pretextar que la profesional del derecho que lo interpuso y sustentó no se encontraba facultada para actuar, pues no encontró «[…] ningún tipo de poder asumiendo gestión por parte de la apoderada sustituta como debe interpretarse dicha actuación», requisito que el legislador no contempla, en la medida que el artículo 66 del CPC, aplicable al evento de autos –por disponerlo así el artículo 145 del CPTSS–, lo que prohíbe es la actuación simultánea de varios apoderados, situación que no ocurrió en este caso, pues los dos, debidamente reconocidos como tales conforme al auto del 1 de junio de 2009 (f.º 151) actuaron de manera escalonada, no simultánea; en efecto, los alegatos de conclusión (f.os 204 - 214) los presentó el apoderado principal, luego de ello, fue la apoderada sustituta quien interpuso el recurso de apelación (f.º 223) y lo sustentó (f.º 227-232), sin que para ello requiriese de un «[…] poder asumiendo la gestión», y sin que el primero haya actuado en ese momento procesal; ahora, si bien el apoderado principal reasumió el mandato para formular alegatos ante el tribunal (f.os 245 - 249), previos al pronunciamiento de fondo, y para anexar un fallo de esta corporación (f.º 259), como la intervención de la segunda apoderada no fue coetánea, nunca dio lugar a las «[…] posibles perturbaciones funcionales» ni a actuaciones contradictorias, de aquellas que busca conjurar el pronunciamiento de la Sala de Casación Civil que fue citado por el ad quem como fundamento de su negativa a estudiar el recurso de la parte demandante.
No puede perderse de vista que, según el mismo proveído mencionado por el tribunal, CSJ SC, 20 may. 2003, A-088-2003-[008-01]: «[…] “En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona”, proscripción que no se extiende, por ser limitativa y, de suyo, restricta, al apoderamiento separado y escalonado, muy distinto al simultáneo, único objeto de prohibición».
Además, esta misma colegiatura, en la providencia CSJ AL 53200, 28 ag. 2012, sobre el tema ilustró: «Uno de los presupuestos de validez de los recursos judiciales, lo constituye la legitimación procesal de quien lo interpone y, en consecuencia, la ausencia de tal requisito acarrea su improcedencia», concepto aplicable al caso bajo estudio, en el cual se observa que la apoderada que interpuso el recurso de alzada estaba legitimada desde el auto admisorio de la demanda para ejercer las facultades propias de su condición, entre las cuales, obviamente, se encontraba la de interponer y sustentar el recurso de alzada.
Entonces, surge palmario que el tribunal se equivocó al no tener en cuenta que los dos abogados que figuran en el poder inicial fueron debidamente reconocidos como apoderados de la parte activa, actuación que nunca fue reprochada y que, como es lógico, surtió sus efectos a lo largo de toda la instancia, y que su actuación no coincidió en el tiempo, sino que se realizó de manera escalonada y por separado, sin inmiscuirse el uno en las actuaciones de la otra, ni viceversa.
El cargo prospera y ello implica, en sede de instancia, el estudio del recurso de apelación incoado por la demandante.
No se impondrán costas en el recurso extraordinario, ante el éxito del ataque.
SENTENCIA DE INSTANCIA
El recurso de apelación de la trabajadora demandante se concretó en que el juzgado exoneró a la demandada del pago de la indemnización moratoria, la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa o plazo presuntivo y las primas de vacaciones y de navidad. Argumentó que dicha absolución se debió a que las disposiciones que regulan esos derechos no fueron aplicadas para pagarle a la actora los derechos que contiene al momento del despido injusto e ilegal, a pesar de que tenía derecho a ellas, en su condición de trabajadora oficial.
En cuanto a la indemnización moratoria, dijo que formuló el respectivo reclamo administrativo, en el que se exigió el pago de prestaciones sociales y de los salarios moratorios, sin que el ISS haya emitido pronunciamiento hasta la presentación de la demanda; que la relación laboral terminó el 31 de agosto de 2008, por voluntad del empleador, y que el plazo de gracia para el pago de las prestaciones venció el 30 de noviembre de 2008, pero que la entidad no le pagó dichas prestaciones, lo que obliga al pago de la sanción moratoria, conforme al artículo 11 de la Ley 6ª de 1945, reglamentado por el Decreto 797 de 1947. Adujo que, al respecto, el exempleador quiso seguir excusándose en la presunción de buena fe, a pesar de las múltiples condenas en su contra que indican lo contrario; a ello agregó que el actuar del empleador fue de mala fe, al punto que no satisfizo el pago de las prestaciones laborales y desvinculó a la trabajadora sin preaviso ni consideración a todas las acreencias adeudadas, bajo el argumento de que no existió relación laboral, sino contratos de prestación de servicios.
En punto de la indemnización por la terminación unilateral del contrato, sin justa causa, expuso que en el plenario se demostró que el retiro del servicio se debió a la decisión unilateral tomada por el empleador y que nunca existió renuncia, justa causa o expiración del plazo presuntivo para finalizar este contrato, razones suficientes para hacerse merecedora de la indemnización correspondiente.
Finalmente, sobre las primas de navidad y de vacaciones, dijo que el a quo no hizo pronunciamiento alguno a pesar de que la demanda estaba acompañada de las pruebas suficientes para su concesión.
A efectos de resolver esos reproches, esta sala, constituida en tribunal de instancia, empieza por señalar que la sentencia del ad quem no fue anulada en cuanto a que confirmó la existencia de la relación de trabajo entre las partes, pues encontró establecidos los elementos propios de ese tipo de vínculo contractual subordinante, de manera que esos puntos conservan vigencia para efectos de estudiar los aspectos apelados por la parte que inició estas actuaciones.
En cuanto a las pretensiones económicas objeto de la alzada, cumple a la corte decir lo siguiente:
Indemnización moratoria
Como se dijo, la existencia del contrato de trabajo quedó en firme, tal como lo encontró demostrado el juez de primera instancia; de ahí emerge que lo que se presentó en la práctica fue un uso indiscriminado de contratos de prestación de servicios, en apariencia legítimos, con el propósito de negar la condición laboral de los servicios prestados por la actora y en detrimento de los derechos legales y constitucionales de ella, lo cual es abiertamente reprochable y reafirma la mala fe de la entidad empleadora.
Tales supuestos, en nada difieren de los analizados de tiempo atrás por esta corporación, como es el caso de la sentencia CSJ SL, 23 feb. 2010, rad. 36506, reiterada en la CSJ SL3196-2017 y en la CSJ SL2514-2018, en la cual se expuso lo siguiente:
Y en lo que tiene que ver con los varios pronunciamientos por parte de esta Corporación en otros asuntos análogos, donde se consideró en más de un centenar de ocasiones, que los contratos de prestación de servicios celebrados por el Instituto de Seguros Sociales bajo el amparo de la Ley 80 de 1993 eran en realidad laborales y a los que alude la censura en el ataque, la verdad es que, el ISS ha hecho caso omiso a ellos y persiste en continuar utilizando esta forma de contratación para situaciones como la que ocupa la atención a la Sala, en la cual como atrás se explicó, conforme al acopio probatorio examinado, está plenamente acreditado que el vínculo del demandante de la manera como se desarrolló, en definitiva no encaja dentro de los presupuestos de la citada preceptiva, lo que sumado al conocimiento que tenía la demandada sobre lo que aflora de la realidad en el manejo de esas relaciones, conlleva a considerar bajo estas directrices, que el actuar sistemático del Instituto demandado se constituye en burla de derechos fundamentales del operario.
En el sub lite, en efecto se colige una actitud obstinada del Instituto de Seguros Sociales de contratar de manera continuada al demandante bajo el ropaje de varios contratos de prestación de servicios, hasta el punto de realizarle sin justificación como se dijo veintidós (22) contratos administrativos para desempeñar por espacio de 7 años, 11 meses y 23 días una actividad habitual y permanente, a sabiendas de que se está en presencia de una relación de carácter laboral, donde el operario no reclama sus derechos sino hasta después de terminado definitivamente el contrato de trabajo.
Así las cosas, procede la condena al pago de la indemnización moratoria, toda vez que la demandada no acreditó elementos que justificaran sustraerse de reconocer los derechos salariales y prestacionales que le correspondían.
A más de lo anterior, no resulta admisible asentar que la ausencia de inconformidad del contratista durante la ejecución del vínculo por el no pago de los derechos reclamados, o la aceptación inicial de la naturaleza jurídica de la relación, son circunstancias constitutivas de buena fe, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia del trabajo, en la providencia CSJ SL15498-2017:
[…] la aquiescencia del trabajador para acudir a una forma de contratación distinta a la laboral cuando en realidad se trata de un verdadero contrato de trabajo, no exime al empleador de ser condenado al pago de la indemnización moratoria, si no se demuestra, como en este caso, que su actuar estuvo revestido de buena fe.
Al respecto, esta Corte en sentencia CSJ SL8652-2016 recordó que el trabajador como la parte débil de la relación en muchas ocasiones se ve compelido, por la necesidad de obtener una fuente de ingresos para su subsistencia y la de su familia, a aceptar condiciones alejadas de las que en estricto rigor rigen el mundo del trabajo.
Además, la simple existencia de los contratos de prestación de servicios no implica la imposibilidad jurídica de reconocer las acreencias reclamadas, ni constituye razón atendible para eximir a la empleadora de la sanción moratoria, como lo sostiene el ISS al amparo de la Ley 80 de 1993, precisamente, porque ello significaría premiar una vinculación irregular con la finalidad de encubrir una verdadera relación de trabajo subordinada, siendo que, como lo ha dicho la Sala de Casación Laboral, «[…] la utilización consciente de los supuestos e irregulares contratos de prestación de servicios, no pueden tener a su vez connotación legal de eximente de responsabilidad» (CSJ SL15498-2017).
En consecuencia, teniendo en cuenta el mandato del artículo 11 de la Ley 6ª de 1945 y del Decreto 797 de 1947, si el contrato terminó el 18 de septiembre de 2005, el ISS tenía hasta el 18 de diciembre de 2005 para reconocer a la trabajadora las prestaciones sociales adeudadas, pero como no demostró su pago, debe ahora reconocerle y pagarle la sanción moratoria a razón de un día de salario por cada día de retraso, luego, según la liquidación efectuada por la oficina adscrita a esta sala, a razón de $54.200 diarios, hasta el 30 de junio de 2019, esta condena asciende a $205.526.400, y deberá seguirse liquidando y pagando desde el día siguiente a la última fecha y hasta que se satisfaga el pago de las obligaciones pendientes.
Debe anotar la sala que esta sanción no es concomitante con la indexación que impuso el juzgado, de manera genérica a todas las pretensiones que encontró prósperas, de suerte que, respecto de la sanción de marras no se impondrá el pago de indexación a la demandada.
Indemnización por terminación unilateral del contrato, sin justa causa
Frente a la pretensión de indemnización por despido sin justa causa, acorde con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 6ª de 1945, como lo reclama la recurrente, el juzgado de primera instancia la negó porque consideró que el extremo activo no demostró la terminación unilateral del contrato.
En relación con la forma en que finalizó la vinculación entre las partes, la demandante señaló en el hecho trece de la demanda que el ISS «[…] Dio por terminado el contrato de trabajo el día 18 de Septiembre de 2008», y al dar respuesta a este hecho, la demandada afirmó: «[…] se aclara que se dio la terminación del vínculo contractual por el vencimiento del tiempo pactado en el mismo contrato», es decir, la demandada justificó la finalización del vínculo con el vencimiento del plazo previsto para el contrato celebrado entre las partes.
Sin embargo, según la norma aludida, «En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable». En ese orden, la expiración del término previsto en el formal contrato de prestación de servicios, no constituye una justa causa de despido en los términos del artículo 7 del Decreto 2127 de 1945.
Esta corporación en sentencias CSJ SL 39842, 1 feb. 2011, CSJ SL 43175, 31 ene. 2012, CSJ SL579-2013 y CSJ SL10414-2016 analizó similar supuesto fáctico contra la misma demandada, en un asunto en el que también se controvirtió la naturaleza de la vinculación y se concluyó el carácter indefinido del contrato y la injusticia del despido, si se alega como soporte de la terminación el vencimiento del plazo pactado. Así se explicó en esta última decisión:
Ahora bien, aunque la demandada al responder el hecho 13 del libelo argumentó la suscripción de contratos de prestación de servicios a término fijo, y que esa fue la causa de la terminación, la Sala siguiendo el texto del artículo 5º de la Convención ha entendido que si las labores contratadas no son de aquellas excepcionales para ser pactadas por un lapso determinado, se entienden a término indefinido. Así se pronunció en sentencia Sl12223 – 2014 rad.44679 del 3 de septiembre de 2014 en los siguientes términos:
Tal y como lo plantea la censura, si el Tribunal dio por establecido que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 1º de julio de 1991 y el 30 de noviembre de 2003, en virtud del cual la demandante tuvo la calidad de trabajadora oficial del I.S.S y era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo (2001-2004), debió advertir que conforme al artículo 5º de dicho acuerdo convencional, por regla general, los trabajadores del I.S.S se vinculan mediante contrato a término indefinido, a excepción de los que ingresen para desempeñar labores netamente transitorias.
En efecto, la cláusula 5º en comento, en el aparte pertinente establece:
Los Trabajadores Oficiales se vinculan al Instituto mediante contrato de trabajo escrito, a término indefinido, el cual tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen. Excepcionalmente, para labores netamente transitorias, el Instituto celebrará contratos de trabajo escritos, a término fijo, y tantas veces como sea necesario, cuya duración no puede ser superior a la del cargo que se reemplaza, para cubrir vacancias temporales, por licencias de maternidad, incapacidades, vacaciones, licencias voluntarias sin remuneración, suspensión por orden judicial o administrativa, permisos sindicales, compensatorios, comisiones de estudio y por duración de la obra o labor y para cubrir vacancias definitivas mientras se realiza el proceso de selección.
Los servidores del Instituto, vinculados a la firma de la presente Convención, no clasificados como empleados públicos en los estatutos del I.S.S. son Trabajadores Oficiales con contrato de trabajo a término indefinido; a estos servidores no se les aplica el período de prueba, ni el plazo presuntivo. No obstante, aquellos servidores del Instituto que se vincularon a partir del 1° de enero de 1995 con antiguo nombramiento provisional y se vinculen o se hayan vinculado a partir del 20 de noviembre de 1996 como trabajadores oficiales, en su contrato de trabajo se incluirá el período de prueba de dos (2) meses y el plazo presuntivo. (Negrillas propias de la Sala).
Desde esta perspectiva, si en el sub examine, las funciones que desarrolló la actora no eran netamente transitorias, y por tanto, no encajaban dentro de los eventos contemplados en la preceptiva convencional que permiten la celebración excepcional de contratos a término fijo, debía concluirse que la duración de su vínculo era indefinida.
Este fue el criterio acogido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL, 12 dic. 2007, rad. 29152, reiterado en providencias CSJ SL, 24 jun. 2009, rad. 32.547, CSJ SL, 1º Jul. 2009, rad. 33.101, CSJ SL, 10 feb. 2010, rad. 35019, CSJ SL, 31 ago. 2010, rad. 37373, CSJ SL, 1º feb. 2011, rad. 39842, CSJ SL, 31 ene. 2012, rad. 43175, CSJ SL579-2013, entre muchas otras, en las cuales al estudiar la cláusula convencional de ESTABILIDAD LABORAL de los trabajadores del I.S.S y su incidencia sobre las modalidades contractuales llamadas a regir sus relaciones de trabajo, ha dicho:
Del contenido de la cláusula parcialmente trascrita se infiere que si la promotora del pleito fue trabajadora oficial, su relación laboral estuvo regida por un contrato de trabajo que debe entenderse es de término indefinido, pues las labores para las que fue contratada no encajan dentro de las que permiten la excepcional celebración de contratos escritos a término fijo, según lo dispuesto en ese precepto convencional.
El yerro fáctico que se le enrostra al Tribunal se hace más palpable aun si se tiene en cuenta que conforme al art. 117 del mismo cuerpo convencional «Toda vinculación de personal que efectué el Instituto para desempeñar actividades y funciones en los cargos de las plantas de personal para los Trabajadores Oficiales, deberá hacerse mediante contrato de trabajo a término indefinido», lo cual, reafirma la conclusión a la que arrima esta Sala de Casación en el sentido que la tipología contractual que gobernó la relación de las partes fue un contrato a término indefinido.
De tal suerte que como el vínculo contractual no feneció por alguna de las causales legales para su justificación, es preciso acceder a la súplica, ateniendo los parámetros convencionales.
Al margen de que en este caso no se pidió la indemnización bajo examen en los términos de la norma convencional, sino conforme al mandato legal, se condenará al pago de esta indemnización en cuantía equivalente a $4.227.621, según la siguiente tabla:
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Prima de navidad
No demostró la demandada que la haya pagado oportunamente, por ende, debe ser liquidada en la forma establecida en el artículo 32 del Decreto 1045 de 1978, durante todo el tiempo de servicios; su monto corresponde a $5.528.427, según la tabla elaborada por la oficina liquidadora de esta sala, que es como sigue:
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Prima de servicios
No es viable la condena por prima de servicios con fundamento en el Decreto 1042 de 1978, porque la misma no cobija a los trabajadores oficiales que presten sus servicios a las empresas industriales y comerciales del Estado, como es el caso del ISS (CSJ SL1148-2016), por ende, se absolverá al demandando de esta pretensión.
En consecuencia, la corte adicionará el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, para condenar igualmente al pago de la indemnización moratoria, la indemnización por despido injustificado y la prima de navidad. En lo demás se confirmará.
Las costas de la segunda instancia se impondrán la demandada, por haber sido vencida.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil doce (2012) por la Sala Cuarta Dual de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en cuanto no estudió el recurso de apelación formulado por la parte demandante, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JOHANNA CRISTINA FONSECA FIGUEREDO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, relacionado con la sanción moratoria, la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa o plazo presuntivo y las primas de vacaciones y de navidad.
En sede de instancia, resuelve:
PRIMERO: ADICIONAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia en el sentido de CONDENAR igualmente al pago de:
a) Doscientos cinco millones quinientos veintiséis mil cuatrocientos pesos ($205.526.400) a título de sanción moratoria, a partir del vencimiento del plazo de 90 días, contado desde la terminación de la vinculación laboral. Por tanto, la demandada pagará un día de salario equivalente a $54.200 por cada día de retardo desde el 19 de diciembre de 2008 hasta el 30 de junio de 2019 y desde el día siguiente a esta última fecha, deberá seguirse pagando en la misma suma diaria, hasta que se satisfagan las obligaciones pendientes; esta condena no deberá ser indexada.
b) Cuatro millones doscientos veintisiete mil seiscientos veintiún pesos ($4.227.621) por concepto de indemnización por despido.
c) Cinco millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos veintisiete pesos ($5.528.427) por concepto de prima de navidad.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia.
Las costas de la alzada se impondrán como quedo dicho en los considerandos.
Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA
OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA
GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
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