RuleX

Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL4415-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4415-2021

Fecha
22 de septiembre de 2021
Magistrado ponente
Donald Jose Dix Ponnefz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4415-2021

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 2 de febrero de 2017, complementada el 6 de diciembre de esa misma anualidad, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, dentro del proceso que promovió LUCILA LUZ LEYVA RUBIO contra HALLIBURTON LATIN AMERICA SRL SUCURSAL COLOMBIA. Costas en el recurso de casación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4415-2021

Magistrado ponente: Donald Jose Dix Ponnefz

22 de septiembre de 2021

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

Magistrado ponente

SL4415-2021

Radicación n.°83006

Acta 35

Bogotá D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

La Sala decide los recursos de casación interpuestos por ambas partes, contra la sentencia proferida el 2 de febrero de 2017, complementada el 6 de diciembre de esa misma anualidad, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, dentro del proceso que promovió LUCILA LUZ LEYVA RUBIO contra HALLIBURTON LATIN AMERICA SRL SUCURSAL COLOMBIA.

ANTECEDENTES

Lucila Luz Leyva Rubio llamó a juicio a la sociedad Halliburton Latin America SRL Sucursal Colombia, con el fin de que se declarara «la nulidad de la conciliación», se restableciera el derecho pensional de Eduardo Emiro González Mendoza ya fallecido, y se le reconociera la pensión de sobrevivientes «en la cuantía y mesada actualizada conforme ley 100 de 1.993»; que se ordenara «por perito experto, LA REVISION DEL IBC BASE DE CALCULO DEL MONTO DE LA PENSION, DEL CALCULO ACTUARIAL Y LAS NORMAS APLICADAS», a fin de determinar el «derecho de pensión real» que tenía el causante y se le sustituyera por sobrevivencia.

Como consecuencia de lo anterior, pretendió se condenara al pago de las mesadas y diferencias causadas que no se le reconocieron al pensionado fallecido desde el 13 de noviembre de 2010, fecha en que cumplió 78 años, con lo cual superó la vida probable y el valor pagado establecidos en el cálculo actuarial; y las que surgieron a partir del 7 de diciembre de 2014, fecha en que aquel falleció, con sus ajustes e indexación, los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, lo extra y ultra petita y las costas del proceso.

Para fundamentar sus pretensiones, manifestó que convivió con su cónyuge Eduardo Emiro González Mendoza, desde el 3 de octubre de 1960 hasta el 7 de diciembre de 2014; que dependía económicamente de su pareja, quien trabajó como celador de campamento para Geophysical Incorporated por más «de 16 años»; que mediante conciliación celebrada ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, «por cumplir los requisitos de ley», se le reconoció la pensión de jubilación restringida en la suma de $173.693, a partir del 1 de febrero de 1993.

Hizo referencia a los actos societarios (fusión y absorción) de la que fue objeto la accionada, para señalar que finalmente Halliburton Latin America SA, asumió los pasivos y obligaciones laborales, como la pensión de su cónyuge, la cual se pagó desde el 1 de febrero de 1993 hasta el 13 de diciembre de 1994 en la suma de $210.325, fecha en que «lo forzó y convocó» ante el juzgado mencionado a conciliar el valor económico de sus mesadas pensionales futuras por $41.038.581, «basada en calculo (sic) actuarial, edad de 62 años y esperanza de vida probable para los años 1.994-2.000 de 71,2 años».

Informó que el causante a los 77 años de edad, con oficio de 7 de octubre de 2009, solicitó a la demandada restablecer su pensión, debido a que había sobrepasado los límites de edad y el valor base de la conciliación celebrada, sin obtener respuesta; que después de interponer acción de tutela que fue declarada improcedente, insistió en su reclamación por tratarse de un derecho cierto, indiscutible e irrenunciable; que González Mendoza falleció a los 82 años; que después de ello, requirió nuevamente a la demandada lo pretendido, sin recibir respuesta alguna (fs.°2 a 12).

Halliburton Latin America SRL Sucursal Colombia, se opuso a las peticiones de la accionante. De los hechos, manifestó que no eran ciertos o que no le constaban; que se atenía al contenido literal de los documentos contentivos de las actas de conciliación y certificados de existencia y representación legal.

En su defensa, manifestó que la demandante se confundió al señalar que el acta de conciliación de fecha 13 de diciembre de 1994 era ineficaz, por existir una diferencia entre las mesadas pensionales causadas y las futuras en el caso de un pensionado, como lo fue el cónyuge de la actora, en la medida que las causadas no podían ser objeto de conciliación, pero sí las futuras o eventuales, más cuando el cálculo actuarial fue elaborado por una firma especializada en el tema, que contó con la aprobación del ISS.

Propuso las excepciones de cosa juzgada, inexistencia de las obligaciones reclamadas, prescripción, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa, buena fe, abuso del derecho y mala fe, pago y compensación (fs.°104 a 115).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá DC, en sentencia de 10 de octubre de 2016 (cd f.°133), resolvió:

Primero: Ordenar a la sociedad demandada Halliburton Latin America SRL Sucursal Colombia, reconocer y pagar pensión de sobrevivientes en forma vitalicia a la ciudadana demandante Lucila Luz Leiva Rubio (…), por el fallecimiento del extrabajador Eduardo Emiro González Mendoza, quien falleció teniendo la calidad de pensionado de la sociedad demandada por jubilación en forma restringida, a partir del 8 de diciembre del año 2014, en 13 mesadas pensionales al año, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. El valor de la mesada pensional al año 2014, es de $1.138.155,09, junto con el correspondiente retroactivo y hasta la fecha efectiva de pago del mismo, junto con sus correspondientes incrementos legales anuales; el valor del retroactivo en forma ilustrativa al día de hoy 10 de octubre del año 2016 asciende a $27.967.194,26.

Segundo: Absolver de las demás pretensiones no indicadas en el numeral primero de esta sentencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la misma.

Tercero: Costas a cargo de la sociedad demandada; agencias en derecho, téngase en cuenta al momento de liquidarlas por valor de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Cuarto: El juez se declara relevado de manifestarse sobre las excepciones propuestas por las cuales se absuelve a la demandada; se aclara frente al punto en el cual se absuelve a la demandada, se considera que tiene eficacia el acta de conciliación suscrita con el ciudadano Eduardo Emiro González Mendoza, de fecha 13 de diciembre del año 1994, como pago anticipado de mesadas pensionales, más no como renuncia a su calidad de pensionado.

[…]

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, en sentencia de 2 de febrero de 2017, dispuso:

Primero: Declarar la nulidad del acta de conciliación celebrada el 13 de diciembre de 1994, en cuanto a que el derecho a la pensión no es conciliable; pero si la conciliación de las mesadas pensionales futuras, conforme lo expuesto en la parte motiva del proveído.

Segundo: Ordenar a la demandada Halliburton Latin America SRL Sucursal Colombia, a restaurar el pago de la pensión de jubilación que en vida disfrutaba el señor Eduardo González Mendoza el 13 de noviembre de 2002.

Tercero: Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción, sobre las mesadas pensionales causadas a partir del 13 de noviembre de 2002 al 1 de agosto de 2011.

Cuarto: Condenar a la demandada Halliburton Latin America SRL Sucursal Colombia, al reconocimiento y pago de las mesadas causadas a partir del 1 de agosto de 2011 y a la pensión de sobrevivientes a partir del 8 de diciembre de 2014 a la señora Lucila Luz Leiva Rubio.

Quinto: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Sexto: condenar a la demandada a las costas de la instancia […].

La anterior decisión fue complementada el 6 de diciembre de 2017 (cd f.°166), así:

Primero: […], en el sentido de condenar a la demandada a indexar la condena impuesta en el ordinal cuarto de la sentencia hasta cuando se realice el pago de la misma, teniendo en cuenta la fórmula citada en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Negar las restantes solicitudes de aclaración y complementación elevadas por la parte demandante.

En lo que al recurso extraordinario interesa, indicó que si bien la conciliación era un acto serio y responsable «y fuente de paz y de seguridad jurídica», ello no conllevaba que fueran inmutables, puesto que dicho acto podía verse afectado por vicios del consentimiento, desconocimiento de los derechos mínimos del trabajador o recaer sobre los denominados irrenunciables; leyó un segmento de la sentencia que identificó «del 21 de marzo de 1949» y de la CSJ SL, 9 feb. 2016, rad. 53019.

Señaló que al venir percibiendo Eduardo Emilio González Mendoza una pensión de jubilación de la demandada, por tratarse de un derecho cierto e indiscutible, no era factible conciliarlo por expresa prohibición constitucional y legal -arts. 53 de la CN y 15 del CST-, de tal modo que el acuerdo celebrado el 13 de diciembre de 1994 era nulo, «en cuanto se concilió el derecho pensional en sí, muy a pesar de que la a quo declaró dicho acto sin efectos respecto a la cónyuge, se tendrá como conciliadas las mesadas pensionales futuras, esto es, hasta el 12 de noviembre de 2012».

En aras de establecer los efectos de la declaración de nulidad, tuvo en cuenta el cálculo actuarial sobre el cual se realizó la estimación de la suma pagada a título de «“pacto único de prestación (sic) de pensión”» (fs.°31 a 36).

Del documento titulado Reserva de Jubilación a 31 de diciembre de 1994, la tabla de mortalidad de los asegurados 1955 y 1969 rentista, advirtió que el aprovisionamiento se había calculado hasta los 70 años de edad, «con lo cual la suma pagada estaría sobre un monto de mesadas futuras hasta el año 2002, fecha en la cual el causante cumplía esa edad, así se desprende de la información suministrada en la fila novena del listado con el que culmina el documento de cita folio 36», razón por la que consideró que a partir del 13 de noviembre de 2002, debía reiniciarse el pago de la mesada pensional correspondiente a González Mendoza o sus causahabientes, puesto que si bien la suma de $41.038.581 cubría las mesadas pensionales y era factible conciliar mesadas pensionales futuras,

[…] «“los segundos pagos anticipados de mesadas pensionales futuras, entraña el pago de mesadas que recaen sobre una pensión adquirida y por lo tanto innegociable como pensión irrenunciable como derecho pero susceptible de solucionar o pagar anticipadamente”», Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, sentencia del 6 de diciembre del 2016, radicación 70238.

Por otro lado, negó lo atinente a la reliquidación de la pensión, por cuanto no obraba en el expediente «indicación alguna de factores que no hubiesen sido tenidos en cuenta o que haya lugar a reconocerse como tales para que se origine tal obligación».

En relación con las mesadas dejadas de cancelar, afirmó que «como quiera que se tiene por pagado el monto hasta el 13 de noviembre del 2002, únicamente se encuentran pendientes de pago las que se hayan causado con posterioridad a dicha calenda hasta su fallecimiento, con lo cual se causan mesadas por sobrevivencia o/a favor de la demandante».

En lo que tiene que ver con la prescripción, señaló que la irrenunciabilidad de los derechos laborales conforme lo previsto en el art. 14 del CST, no conllevaba su imprescriptibilidad, que de ser así, no se habría consagrado por el legislador la prescripción en los términos señalados en los arts. 488 y 489 del CST y 151 del CPTSS.

Dijo que el simple reclamo escrito del beneficiario de la prestación pensional, interrumpía la prescripción por una sola vez. Al tener en cuenta que la última reclamación se presentó el 1 de agosto de 2014, estimó que el término trienal extintivo recaía sobre las mesadas dejadas de pagar hasta antes del 1 de agosto de 2011, «quedando absuelta la parte demandada de las sumas y conceptos que se han causado hasta dicha fecha que obliga al pago a partir de la misma».

En cuanto a las solicitudes de adición y complementación, consistentes en «que el causante trabajó por 15 años y 9 meses cuando se encuentra probado con certificación en el expediente que efectivamente trabajó por 16 años, 1 mes y 9 días aspecto que es incidente para establecer el monto real de la mesada», indicó que lo pretendido era la modificación de esta, tópico sobre el que ya se había pronunciado, cuando señaló que «no había prueba que justificara la reliquidación pretendida, de modo que acceder a la solicitud del peticionario significaría igualmente modificar la providencia proferida, lo que como se indicó está prohibido para el juez, de acuerdo con el artículo 285 ya mencionado».

RECURSO DE CASACIÓN DE HALLIBURTON LATIN AMERICA SRL SUCURSAL COLOMBIA

Concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la sociedad recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal que en sede de instancia, revoque la del a quo y, que en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, oportunamente replicado.

CARGO ÚNICO

Por la vía indirecta, por aplicación indebida, acusa la trasgresión de los arts. 15 del CST y 53 de la CN.

Asegura que el Tribunal dio por probado sin estarlo, que el acuerdo conciliatorio suscrito «entre el demandante y mi representada supuso la conciliación de un derecho cierto».

Como pruebas erróneamente calificadas, enlista la conciliación de 13 de diciembre de 1994 (fs.°37 a 41), el cálculo actuarial (fs.°31 a 36), y la conciliación de 29 de enero de 1993 (fs.°21 a 23).

Asevera que basta con observar el contenido del acta de conciliación suscrita entre la demandada y Eduardo González Mendoza, para concluir que no se vulneraron derechos ciertos «del actor», ni se desprende esa intención; que por el contrario,

[…] las partes tomaron en consideración la naturaleza jurídica del derecho que se venía reconociendo mediante el pago de mesadas pensionales al señor GONZALEZ MENDOZA(Q.E.P.D.) y determinaron (acudiendo para el efecto a un profesional en la materia) el valor de la pensión que percibirían tanto el señor GONZALEZ (Q.E.P.D.) como su cónyuge conforme con las edades de expectativa de cada uno para el momento de suscripción del documento.

Ahora, el cálculo actuarial no fue un documento secreto u oculto para el señor GONZALEZ MENDOZA (Q.E.P.D.), pues nótese que no solamente hace expresa referencia al contenido del mismo en el acta de la audiencia de conciliación de fecha 13 de Diciembre de 1994, sino que adicionalmente la copia de dicho cálculo actuarial fue allegada por la propia parte demandante.

Reitera que el acuerdo no tenía por objeto la afectación de derechos ciertos e irrenunciables ni del señor González hoy fallecido ni de su cónyuge, por cuanto se refirió al pago de mesadas futuras y no causadas, aún a la fecha de firma del mismo; que en el momento de suscripción del acuerdo conciliatorio,

[…] la fecha en que efectivamente se produciría el fallecimiento del señor GONZALEZ MENDOZA (Q.E.P.D.) era incierto, por lo que resultaba necesario acudir al apoyo científico derivado de un cálculos (sic) actuarial, para que con fundamento en hechos estadísticos se estableciera con objetividad un periodo razonable de vida probable para el señor GONZALEZ y su cónyuge; sin que al momento de suscripción del acuerdo conciliatorio se pudiera establecer con algún grado de certeza si el periodo efectivo de vida del señor GONZALEZ (Q.E.P.D.) pudiese resultar superior o inferior al determinado en el cálculo actuarial. En ese orden de ideas, mal puede afirmarse que las partes hubiesen suscrito un acuerdo que vulnerara o desconociera derechos ciertos o irrenunciables del señor GONZALEZ (Q.E.P.D.) o de su cónyuge, pues la causación efectiva de las mesadas pensionales futuras objeto del acuerdo resultaba incierto. Se reitera entonces que en el acuerdo no se concilió la pensión del señor GONZALEZ (Q.E.P.D.) nacido de un primer acuerdo conciliatorio suscrito en enero de 1993.

Afirma que esta Corporación ha reiterado que es viable suscribir «acuerdos pacto único de pensión futura», con apoyo en cálculos actuariales que garanticen la ausencia de vulneración de derechos ciertos; máxime cuando se cuenta «con el aval de una autoridad del trabajo como lo es el juez laboral del circuito, pronunciamientos que no solo fueron citados al momento de contestar la demanda, sino en el salvamento de voto frente a la sentencia que aquí se ataca».

Para finalizar, expone que el error fáctico atribuido, permitió la aplicación indebida de los arts. 15 del CST y 53 de la CN, pues fue con fundamento en tales normas que se estimó que la conciliación suscrita el 13 de diciembre de 1994, se encontraba viciada de nulidad por vulnerar derechos ciertos; que de una «correcta aplicación», lo que debió concluirse es que hizo tránsito a «cosa juzgada» por estar sujeta a la ley.

RÉPLICA

La demandante señala que el cargo no debe prosperar, por cuanto el causante fue un celador, que al desconocer el «derecho» no pudo redactar el párrafo de contenido jurídico del acuerdo conciliatorio, con el que «presuntamente “renunciaba” a su derecho adquirido, causado y cierto de pensión mínima»; que el fallecido fue conminado a conciliar «por temor insuperable de pérdida de sustento de su pensión por liquidación de la empresa», lo que finalmente no ocurrió; afirma que por las características de la prestación era irrenunciable.

CONSIDERACIONES

Por la senda de los hechos, la censura expone que el Tribunal se equivocó al declarar la nulidad del acta de conciliación celebrada el 13 de diciembre de 1994, como quiera que en dicho acuerdo, no se desconocieron derechos ciertos e irrenunciables del pensionado Eduardo Emiro González Mendoza ni de Lucila Luz Neiva Rubio en calidad de cónyuge sobreviviente, en la medida que lo conciliado fue el pago de las mesadas pensionales futuras, que no las causadas, mucho menos la pensión en sí, para lo cual se tuvo en cuenta un cálculo actuarial que partió de las edades de expectativa tanto del pensionado como de su cónyuge al momento en que se suscribió el documento. Destaca que esta Corporación ha admitido los «acuerdos pacto único de pensión futura», con apoyo en cálculos actuariales, como acá ocurrió.

A fin de verificar si el Tribunal se equivocó en su decisión y cometió el yerro fáctico que se le endilga, se desciende a las pruebas que se acusaron como erróneamente valoradas.

Del acta de conciliación de 29 de enero de 1993 (fs.°21 a 23), se colige que Eduardo Emiro González Mendoza y HGS acordaron el reconocimiento de la pensión proporcional de jubilación, por cuanto nunca estuvo afiliado al ISS, a partir del 1 de febrero de 1993 en la suma de $173.693, «a causa o con ocasión de los contratos laborales» cuya duración «fue de 15 años y 9 meses» y el último salario promedio mensual fue de $294.083 mensual.

En cuanto al acta de conciliación suscrita el 13 de diciembre de 1994 entre Eduardo Emiro González Mendoza y Halliburton Latin America SA (f.°37 a 41), se observa que el objeto del acuerdo se fundó en «el pago de la pensión de jubilación que en el futuro le pueda corresponder al Sr. […] y/o a su cónyuge y/o compañera permanente y/o a sus causahabientes», a través de lo que denominaron «pacto único de pensión», que conllevó la entrega, según calculo actuarial que para tales efectos realizó Actuarios Asociados Wyatt SA, de la suma de $41.038.581.

Resulta ser cierto que esta Corporación ha admitido la posibilidad de celebrar pactos únicos de pensión, que en el contexto de «una pensión adquirida» es «innegociable como pensión, irrenunciable como derecho, pero susceptible de solucionar o pagar anticipadamente», así quedó consignado entre otras sentencias, en la CSJ SL17740-2015.

Del texto de la conciliación de fecha 13 de diciembre de 1994, queda en evidencia que el Tribunal incurrió en un dislate, pues muy a pesar de indicar que no resultaba inválida la conciliación de mesadas pensionales futuras, tesis adoctrinada por esta Sala de Casación al señalar que «no hay nada más legítimo para dar solución a una obligación, que hacer su pago de forma anticipada» (CSJ SL5508-2018), también acotó que el pacto único de pensión suscrito entre Eduardo Emiro González Mendoza y la accionada, soslayaba la prohibición de conciliar el derecho pensional como tal, conclusión que conforme las explicaciones que ha sentado esta Corporación en punto a la controversia, resultan contradictorias.

Importa resaltar que el ad quem cimentó también su decisión en el estudio realizado por Actuarios Asociados Wyatt SA para Halliburton Latin America SA, que da cuenta de una reserva matemática de jubilación actuarial de $41.038.581 a favor de González Mendoza (fs.°31 a 36), que sirvió de sustento al acuerdo de conciliación.

Dice el Informe y Nota Técnica, lo siguiente:

LAS RESERVAS CALCULADAS CUBREN LAS SIGUIENTES PRESTACIONES LEGALES:

La pensión mensual de jubilación igual al 75% del promedio del salario, con un mínimo igual al 100% del salario mínimo más alto del país o sea de $98.700,oo y un tope de 15 veces el salario o sea de $1.480.500,oo (Artículo 260 del C.S. del T y Ley 71 de 1.988).

Una renta post-mortem la cual se calcula así:

Para el personal masculino o femenino casado o con compañera permanente, una renta vitalicia diferida a los 20 años de servicio si es activo, o inmediata en caso contrario según la Ley 12 de Enero de 1.975 y 113 de 1.985.

Para el personal soltero una renta vitalicia y diferida a la edad de jubilación y con un cónyuge de la misma edad del causante. (Ley 71 de 1.988).

En caso de ignorarse las edades de los cónyuges o compañera permanente se determinan de acuerdo a lo expuesto por la Convención de Códigos de Sexo.

Un auxilio de navidad igual al 100% del valor de la pensión mensual hasta un tope de 15 salarios mínimos o sea $1.480.500,oo según el artículo 5 de la Ley 4 de 1.976.

Para el personal que al iniciarse la obligación de asegurarse en el ISS contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte no había cumplido alguna de las siguientes condiciones:

Tener 20 años de servicio,

Tener 60 años de edad,

Estar jubilado,

Estar retirado con derecho a jubilación, o

Ser beneficiario de un jubilado por la empresa y que no lo haya sido por el ISS.

Se les ha calculado la reserva para cubrir las prestaciones siguientes a cargo del patrono:

La pensión mensual de jubilación al cumplir los años de servicio y la edad exigida por el C.S. del T. la cual se paga hasta que el empleado que continuara cotizando en el ISS cumpla con los requisitos mínimos exigidos por el ISS para otorgar la pensión de vejez. Una vez otorgada ésta por el ISS será de cuenta de la empresa una pensión vitalicia de valor igual a la diferencia entre la que venía siendo pagada por la empresa y la otorgada por el ISS al cumplir los requisitos mínimos y,

Una renta post-mortem igual a la diferencia entre las establecidas en el C.S. del T. y en el reglamento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte del ISS.

El operador judicial, consideró que si el aprovisionamiento se calculó hasta los 70 años de edad del pensionado, esto es, al año 2002, le asistía razón a la demandante en cuanto a que el pago de la prestación debía continuar a partir del 13 de noviembre de 2002, en la medida que la suma de $41.038.581 cubrió solo las mesadas pensionales causadas hasta esa fecha, y la obligación pensional debía continuar en cabeza de la demandada.

Con tal aserto es que cimienta el Tribunal su equivocación, puesto que esta Sala de Casación ha enseñado que tratándose de mesadas pensionales futuras, sólo se tiene una expectativa que, por no configurar un derecho cierto e indiscutible, es susceptible de conciliación, de tal modo que al haberse acordado en esos términos, no había lugar a condenar por las mesadas futuras que no integraron el cálculo actuarial, que en el presente caso incluyó la expectativa de vida de la cónyuge del causante.

Vale la pena traer a colación lo argumentado en sentencia CC T-059-2017, la que si bien tiene efectos interpartes, sirve de ilustración para la resolución del caso en la medida que guarda correspondencia con lo establecido por esta Sala de Casación. Al efecto, dijo la Corte Constitucional en el acápite que tituló «Sobre la validez legal y constitucional de los Pactos Únicos de Mesadas Pensionales Futuras» lo siguiente:

[…]

De otra parte, y tal como ocurre con cualquier otro compromiso de esta naturaleza, esa validez no depende, ni puede llegar a ser desvirtuada a partir de contingencias negativas que se presenten en el futuro. Por esta razón, si bien, como se dijo, la suma a entregar debe ser meticulosamente calculada a partir de criterios ciertos y confiables, no puede olvidarse que es de la esencia de estos acuerdos la posibilidad de que tales indicadores se comporten en sentido diferente al previsto, incluyendo, como es natural, el tiempo de efectiva supervivencia del beneficiario de la pensión. También es factible que la fortuna personal de éste cambie de manera sustancial, tanto en sentido favorable como desfavorable, a partir del surgimiento de nuevas obligaciones no previstas al momento de suscribirse el acuerdo, o por el contrario, de la futura desaparición de cargas previamente presentes, lo que, en su caso, puede conducir a una más cómoda utilización de los recursos disponibles. Con todo, es claro que en ninguno de esos eventos la conciliación pierde su eficacia, ni una de las partes que concurrieron a su celebración puede reclamar de la otra la reconsideración del acuerdo alcanzado, tanto como ninguna de esas circunstancias sobrevinientes, salvo en lo expresamente previsto por la ley, puede dar lugar a un incremento de la pensión que periódicamente devengue la persona afectada.

En todo caso, estas eventualidades no afectan el carácter irrenunciable del derecho a la pensión, el cual ha sido debidamente satisfecho con la entrega de un capital cuidadosamente calculado, para que sea suficiente para atender las necesidades del pensionado, por todo el tiempo de su vida probable, en las mismas condiciones en que lo hubieran hecho las mesadas pensionales que, de otro modo, le hubieren sido periódicamente pagadas. En tales circunstancias, la calidad de pensionado se mantiene, y el derecho a la pensión ha sido debidamente garantizado por virtud del acuerdo conciliatorio alcanzado y el capital entregado en su cumplimiento.

6.5. De otra parte, frente a la circunstancia alegada por la actora en relación con el posible agotamiento de los recursos recibidos y la supuesta vulneración del derecho a la pensión que esta novedad comportaría, es pertinente llamar la atención sobre el hecho de que la ley vigente, que desarrolla el derecho a la pensión, contempla varias hipótesis parcialmente análogas al caso planteado, como son aquellas en las que: i) el derecho a la pensión no es vitalicio sino temporal, lo que supone un adverso cambio de circunstancias al momento de cumplirse el término de duración de ésta; ii) pese a concurrir la necesidad que ella busca satisfacer, no es posible siquiera el reconocimiento de una pensión, por insuficiencia del capital mínimo necesario para ello, caso en el cual la ley ordena la devolución de los recursos acumulados con tal propósito, quedando su administración a cargo del interesado, o iii) aun existiendo capital suficiente, una parte de los recursos disponibles para el pago de la pensión, en lo que exceda lo necesario para garantizar la pensión mínima, se entregan al beneficiario a solicitud de éste, quedando también a su cargo la correspondiente administración de las sumas recibidas, lo que en tal medida, envuelve el riesgo que en este caso se habría materializado, esto es, el consumo de la totalidad de los recursos retirados, conducente a una situación de futura y parcial insolvencia. Para la Sala, la existencia de estas posibilidades, que como se dijo, han sido expresamente previstas por la ley, y se consideran conformes al texto superior, demuestra también que los acuerdos conciliatorios sobre mesadas pensionales futuras son plenamente válidos, no obstante las eventualidades negativas que más adelante pueda afrontar el pensionado.

6.6. A partir de lo anterior, concluye la Sala que los pactos únicos sobre mesadas pensionales futuras contenidos en actas de conciliación son jurídicamente válidos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la jurisprudencia laboral, y no afectan el carácter irrenunciable del derecho a la pensión, como también que tales pactos no devienen inválidos en caso de que el titular de la pensión que accede a su celebración sobreviva por tiempo superior al estimado por el cálculo actuarial, ni aunque por otra razón sobrevenga el agotamiento del capital entregado (Subrayas fuera del texto original).

En la decisión CSJ SL17740-2015 referenciada en párrafos precedentes, esta Corporación adoctrinó:

Siendo ello así, se impone a la Corte asentar que la razón está de parte del Tribunal, pues la pensión laboral es una de las obligaciones calificadas como de ‘tracto sucesivo’, por cumplirse las prestaciones que de ella se derivan bajo cierta periodicidad, es decir, de manera continuada por mesadas o mensualidades, generalmente, hasta el cumplimiento del plazo o condición a que se hubiere sometido, si es temporal; o hasta el fallecimiento del trabajador o de sus sobrevivientes, en caso de ser vitalicia y aún susceptible de ser sustituida.

Y por contar con la naturaleza de obligación de ‘tracto sucesivo’ es por lo que es dable, por ejemplo, atribuirle la imposibilidad de prescribir el derecho que de ella dimana, pues ésta, como ocurre con el contrato civil de renta vitalicia (artículo 2.300 Código Civil), que en la mayoría de sus características a ésta se asemeja, no comporta una prestación ‘única’ de ejecución instantánea, o fraccionada, o diferida a su vez en prestaciones parciales y fragmentarias, último caso para el cual para otras prestaciones es posible acelerar su plazo o caducarlo bajo ciertos supuestos y, por tanto, hacerla exigible en su totalidad por ser al final una sola, sino, cuestión bastante distinta, una ‘pluralidad’ de prestaciones que se causan a medida que transcurre la periodicidad por la que están regidas, básicamente en tratándose de pensiones de jubilación o vejez, por la sobrevivencia de su titular, por manera que, siendo una pluralidad de prestaciones que se ejecutan con el transcurso del tiempo, y no una única prestación susceptible de ejecutar en un sólo momento, cada una de tales prestaciones constituye un acto ‘autónomo’ frente a las demás y, por ende, un acto ‘exigible’ en su particular período, momento o fecha de causación.

La naturaleza anunciada de esta clase de prestaciones ha dado lugar, entre otras cosas, a que la calidad de pensionado se tenga como un verdadero y específico ‘status’ jurídico de la persona humana, en otras palabras, como una situación jurídica concreta que en la más de las veces se extiende por el resto de su existencia; como también, que a la ‘pensión laboral’ se la vea como una prestación social no pasible de extinguirse por prescripción alguna, como sí cada una de las prestaciones que de ella proceden.

De esa suerte, nacida la obligación pensional con el cumplimiento de los requisitos preestablecidos para el efecto, surge el derecho de ser reclamada por su beneficiario, en este caso, por el trabajador o por sus causahabientes. De no reconocerse espontáneamente o como resultado de la dicha reclamación, puede impetrarse la acción judicial para su reconocimiento, que no para su estructuración, por ser sabido que el derecho se constituye cuando se cumplen sus exigencias o presupuestos, y la sentencia judicial lo que hace es declararlo.

Por eso, siendo la obligación pensional de tracto sucesivo, y en consecuencia implicar que cada uno de sus periódicas ejecuciones sea un acto particular y autónomo, no es válido sostener que el pago anticipado de su valor, constituya per se un objeto ilícito, por ser inequívoco que la institución jurídica del pago, específicamente del ‘pago efectivo’ no es ni más ni menos que ‘la prestación de lo que se debe’ (artículo 1626 del Código Civil) y el ‘pago anticipado’ la satisfacción o solución del crédito eliminando el plazo o condición a que estuviere sujeto. Luego, nada más contrario a la invalidez de una obligación que su solución, pago o satisfacción.

El pago anticipado de las mesadas pensionales, o como en este caso el de los mayores valores a cargo del empleador por efecto de la subrogación del riesgo amparado inicialmente y de manera directa por el empleador al ente de seguridad social, en manera alguna afecta los predicamentos ciertos e indiscutibles que de ella se pueden hacer, esto es, la condición o calidad de ‘pensionado’ de su beneficiario, pues la conserva a plenitud en virtud de la dicha subrogación del riesgo en el ente de seguridad social; y su valor, coste o representación, pues el pago anticipado ya se vio es simplemente la aceleración de una plazo; ni deriva en objeto ilícito, pues no implica renuncia o pérdida del derecho, sencillamente, su cumplimiento anticipado, tal cual ya igualmente se vio.

Lo que no es dable confundir, como lo hace el recurrente y lo replica la demandada, son los llamados ‘pactos únicos de pensión futura’ con los pactos de pago anticipado de mesadas pensionales futuras, pues en tanto los primeros comportan la negociación de una expectativa pensional, sujeta en aras de su protección por ciertas condiciones de orden administrativo tributario y laboral, como las exigidos por el Estatuto Tributario en salvaguarda de los derechos del trabajador; los segundos entrañan el pago de mesadas que recaen sobre una pensión adquirida y, por tanto, innegociable como pensión, irrenunciable como derecho, pero susceptible de solucionar o pagar anticipadamente.

La anterior postura fue reiterada en sentencia CSJ SL17778-2016, donde se sostuvo:

[…] el criterio jurisprudencial vigente se ha orientado a considerar lícito que las partes pacten el pago anticipado del valor de las mesadas en una suma única, porque ello no implica renuncia o pérdida del derecho pensional, ni se trata de derechos ciertos e indiscutibles, porque los acuerdos así concebidos versan es sobre mesadas pensionales eventuales, es decir, no causadas con lo cual no se transgreden las garantías de los pensionados.

Así las cosas, los pactos únicos sobre mesadas pensionales futuras contenidos en actas de conciliación son jurídicamente válidos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por esta Sala de Casación, sin que afecten el carácter irrenunciable del derecho a la pensión ni carecen de validez en caso de que el titular de la pensión superviva por tiempo superior al estimado por el cálculo actuarial, más aún cuando dicho cálculo actuarial tuvo en cuenta una renta postmortem para los posibles beneficiarios.

No obstante, pese a que se acreditó que el ad quem incurrió en el yerro que se le endilgó, no se casará la sentencia por cuanto al actuar esta Sala de Casación como Tribunal de instancia, llegaría a la misma conclusión, por cuanto al revisar el acervo probatorio no se logra colegir que el cálculo actuarial sobre las mesadas futuras hubiera sido aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Instituto de Seguros Sociales, entidades de la época, requisito necesario para brindar validez a la conciliación plurimencionada.

En efecto, conforme lo ha establecido esta Corporación; se memora la sentencia de vieja data CSJ SL, 17 jun. 1993, rad. 5761, donde se indicó que era necesario que el pacto constara por escrito; que el monto del capital a entregar se determinara a partir de la realización de un cálculo actuarial imparcial, que tomara en cuenta la expectativa de vida futura del pensionado y los factores de los cuales depende la actualización del valor de la mesada, de manera que esta no pierda poder adquisitivo al pasar el tiempo; y que el acuerdo conciliatorio fuera aprobado por las instituciones reseñadas en precedencia.

En sentencia CSJ SL5508-2018, se reiteró:

Como lo determinó con puntualidad el juez de primera instancia, los requisitos que en el presente asunto deben cumplirse para la eficacia de la conciliación son: i) Que se trate de mesadas futuras, ii) Que exista acuerdo escrito entre las partes, iii) Que haya un cálculo actuarial sobre las mesadas futuras y iv) Que esté debidamente aprobado por el Ministerio de la Protección Social.

De tal modo, que ante la ausencia de uno de los requerimientos establecidos por la jurisprudencia para que proceda el pago anticipado de mesadas futuras, el acuerdo conciliatorio no adquiere validez.

Corolario de lo expuesto, pese a que el cargo es fundado, no tiene vocación de prosperidad, de manera que no hay lugar a imponer costas.

RECURSO DE CASACIÓN DE LUCILA LUZ NEIVA RUBIO

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la casación parcial de la sentencia del ad quem, y que, en sede de instancia, «se modifique y/ o adicione conforme al derecho y a las pretensiones reclamadas y no concedidas, y se CONFIRMAR (sic) la sentencia en todo lo demás no cuestionado en cuanto se ajuste a derecho».

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados, que serán analizados de manera conjunta, dado que se dirigen por la misma senda, coinciden en la denuncia de algunas disposiciones legales y persiguen similar finalidad.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia por la vía indirecta, a causa de la aplicación indebida,

[…] de los preceptos constitucionales y de ley que regulan los derechos mínimos de seguridad social en pensión del trabajador directamente relacionadas (sic) con el reconocimiento de pensión del causante, establecidos en los artículos 2, 29, 48, 53 y 230 de la Constitución Política; Código Sustantivo de Trabajo y S.S., artículos 9, 20, 21, 264 y 267, Subrogado por Ley 171 de 1.961, artículo 8°., Modificado por Ley 50 de 1.990, artículo 37 y artículos 51, 60 y 61 del C.P.L. S. S.

Atribuye al Tribunal la comisión del siguiente error de hecho:

[…] No dar por probado y demostrado, estándolo, que el actor laboró por más de 16 años para la demandada de forma discontinua, hasta el 28 de diciembre de 1.991 y le terminó su contrato de trabajo por decisión unilateral injusta, con edad de 59 años, 16 años de trabajo y con requisitos de ley cumplidos para que la demanda (sic) le hubiera reconocido pensión sanción conforme al artículo 267 del Código Sustantivo de Trabajo, Subrogado por Ley171 de 1.961, artículo 8°., Modificado por Ley 50 de 1.990, artículo 37. No vulnerarle el derecho y llevarlo un año más tarde a conciliar el 29/01/1993 el reconocimiento irregular y arbitrario de pensión [de] jubilación restringida proporcional, mal liquidada y sin reconocerle mesadas retroactivas.

Enuncia como pruebas erróneamente apreciadas la certificación de tiempos de servicios de fecha 27 de abril de 1990 (fs.°8 y 19) y, el acta de conciliación de 29 de enero de 1993.

Sostiene que los juzgadores de primer y segundo grado, incurrieron,

[…] en error garrafal al valorar y apreciar indebidamente las pruebas aportadas y contenidas en documentos, anexas (sic) a la demanda, que de haberlas valorado bien y dado el alcance legal, hubieran llegado al convencimiento que el derecho de pensión del causante fue inicialmente mal reconocido, que obedeció a un acto unilateral y arbitrario de la pasiva, el cual convalidó llevando a conciliación el derecho de pensión que ya había adquirido el causante en fecha 29/Enero/1.993 y ante el mismo Juzgado 5°. Laboral.

Señala que el operador judicial, sólo está obligado a observar las normas con «apoyo en la abundante Jurisprudencia» como precedente vertical; que si el Tribunal anuló el acta de conciliación del pacto de pensión, «entonces, el derecho debe volver a su estado anterior y surge incólume, no vulnerado», por ende estaba en la «obligación legal de revisar integralmente el derecho de pensión restablecido para llevarlo a su estado legal y de derecho», a fin de que la vulneración no trascendiera en el tiempo.

RÉPLICA

La sociedad demandada advierte que ante la petición de casación parcial, no se especifica cómo debe proceder la Corte en esta sede, ni tampoco como Tribunal de instancia. Que en la proposición jurídica se enlistaron normas procesales, sin indicar las de naturaleza sustancial que se pudieron infringir como consecuencia del quebrantamiento de aquellas; que si bien se acusó la errónea apreciación de dos probanzas, sin identificar los folios, pasó por alto argüir qué es lo que supuestamente acreditan y su incidencia en la decisión; que en todo caso, no explica en qué consistieron los errores de hecho y la derivación de la violación de la ley; que se trata de un alegato de instancia.

Sostiene que se incluyeron temas que no fueron objeto de debate, como el reconocimiento de una pensión sanción, con lo que se desconoce que la demanda inicial se dirigió a discutir la validez de la conciliación a través de la cual se acordó un pacto único de pensión.

CARGO SEGUNDO

Ataca la sentencia por la vía indirecta, por aplicación indebida,

[…] de los preceptos constitucionales y de ley que regulan los derechos mínimos de seguridad social en pensión y le otorgan el derecho a devengar una mesada ajustada a ley, mesadas en el tiempo y con base en el promedio de salarios devengados, que permitan al trabajador una vida digna, directamente relacionadas con el derecho de reliquidación y reajuste pretendido en condena en el capítulo de pretensiones de la demanda y la excepción de prescripción parcial impuesta por la sentencia de segundo grado. Las normas vulneradas son: Constitución Política, artículos 10, 13 y 53; Código Sustantivo del T. y s.s., artículos 21, 127, 148, 260, 264, 267(antes de ley 100/ 93) y 488; artículos 51, 60, 61 y 151 del Código de Procedimiento Laboral, artículos 7 y 8 de Ley 171 de 1.960 y artículo 37 de la ley 50 de 1.990.

Como errores de hecho, señala:

No dar por probado y demostrado, estándolo, que en el expediente procesal obran las pruebas del salario devengado por el causante en el último año de servicios.

No dar por probado estándolo que el derecho de mesada pensional inicialmente reconocido en la conciliación celebrada el 29 de enero de 1.993 fue mal liquidado, pues, no obedece a los valores y cantidades que se registran tanto en acta de conciliación como en pruebas del salario devengado anexas.

Haber dado como probada no estando, la prescripción

Enlista las siguientes pruebas, que asegura fueron equivocadamente valoradas:

• Certificación de tiempos servidos, cargo de Obrero - Celador y salario básico diario devengado por 2.000,00 pesos, de fecha 27 de abril de 1.990, expedida por la demandada a folios 43 de anexos demanda.

• Acta de conciliación que reconoce unilateralmente pensión restringida al causante, de fecha 29 de enero de 1.993 que a folio segundo de su texto, contiene el salario promedio por $294.083,00 base del monto de la mesada inicial de pensión conciliada por la demandada.

• Acta de conciliación de mesadas de pensión futuras de fecha 13 de diciembre de 1.994, anexa a expediente, que a folios segundo de su texto, registra mesada de pensión a conciliar por $210.325.00 pesos.

• Escritos de peticiones de restablecimiento del derecho de pensión de fechadas 07 de octubre de 2.009 y del 01 de agosto de 2014 cursados por el causante, visibles a folios 43 y 54 de la demanda.

Asevera que de haberse valorado «bien las pruebas citadas que sustentan la pretensión segunda clara y concreta de reajuste y reliquidación del monto de la mesada inicial reconocida al causante a fin de sustituirlo en su valor real a la cónyuge sobreviviente», se hubiera accedido a la súplica impetrada; que con solo observar las cifras que contienen las actas de conciliación, cuando se dice que el causante «laboró 15 años 9 meses cuando fueron 16 años 01 es (sic) y 9 días y registra claramente que el último salario promedio mensual devengado por el causante fue la suma de $294.083.00 mensuales que multiplicado por 75% que es la tasa mínima sobre el promedio del último año de servicios», en los términos que disponen las normas vulneradas, resulta una mesada inicial para 1993 de $220.562 y una diferencia de $46.869, que no de $173.693; que la conciliación está «viciada, contraviniendo la Constitución y la ley puesto que los derechos pensionales y el monto de la mesada no admiten conciliación».

Sostiene que el empleador le terminó el contrato al causante el 28 de diciembre de 1991 y un año después, el 29 de enero de 1993 «resultó conciliándole con vicios el derecho de pensión», con lo cual desconoció que debía reconocer las mesadas retroactivas desde el día del finiquito, puesto que contaba con un derecho causado; que la mesada real debió ser de $220.562, que al aplicársele el IPC de 1993 (22,60%), resultaba en la suma de $270.409 que debió pagarse al ex trabajador pensionado durante 1994; que para el 13 de diciembre de esa anualidad cuando se llevó a cabo la conciliación «del derecho de pensión», la mesada que sirvió de base para «la Reserva Matemática de Jubilación debió ser de $270.409.00 pesos y no de $210.325,00 pesos como se registró en el Acta de conciliación repetidamente, resultando diferencia por $60.084.00 pesos que causa detrimento al derecho del causante y de su cónyuge beneficiaria del derecho sobreviviente».

Resalta que tanto los errores «de hecho como de derecho», los «vicios determinados y probados en el procedimiento hacen ilícita y viciada de nulidad el acta de conciliación celebrada el 13/Dic./1.994», por cuanto el causante fue obligado y engañado ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá «que extravió sus funciones de garante de la ley y el derecho». Alude a la sentencia CC T-289-2003.

En lo que tiene que ver con la prescripción, expone que también se equivocó el operador judicial plural «pues, como bien se prueba, el causante en vida, solicitó se le restableciera su derecho pensional en dos ocasiones. La primera el 07 de octubre/2.009 y la segunda el 01 de agosto de 2014 con acción de tutela intermedia (sic)»; que, lo que permite el derecho a «que no se declare prescripción alguna, es el hecho que la demandada JAMAS DIO RESPUESTAS A LAS PETICIONES».

Asevera que conforme los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, y la jurisprudencia, si el trabajador no ha obtenido respuesta sobre la reclamación de un derecho no reconocido,

[…] tiene dos opciones no (sic) excluyentes: espera a que le den respuesta o procede en demanda ante la jurisdicción.

Dado que no le dieron respuesta sobre su reclamo de restablecimiento, no se configuró prescripción y el fallador de segundo grado al declarar la excepción de prescripción parcial, incurrió en dislate jurídico que causa agravio al derecho del causante pensionado.

RÉPLICA

La opositora nuevamente resalta errores de técnica; advierte que no se analiza de manera individualizada las pruebas denunciadas como mal apreciadas, menos en qué forma los errores alegados supusieron la aplicación indebida de las normas acusadas; que se trae a colación discusiones que no fueron sometidas a consideración de los jueces de instancia. En punto a la prescripción, expone que la Corte en sede de casación no tiene la «facultad de declarar la existencia de derechos, partiendo del supuesto de que jamás se dio respuesta a las peticiones»; que los argumentos de la actora están llamados al fracaso.

CONSIDERACIONES

En el caso bajo examen, se observa que le asiste razón a la réplica cuando advierte deficiencia en el alcance de la impugnación formulado, en la medida que se solicitó la casación parcial de la sentencia del Tribunal, sin indicar a qué puntos de la decisión se refiere, lo que se repite al pretender que en sede de instancia, se modifique y/o adicione «conforme al derecho y a las pretensiones reclamadas y no concedidas» y se confirme la «sentencia», entendiéndose que se refiere a la proferida por el a quo. Sin embargo, de la lectura del texto integral de la demanda de casación es posible colegir que lo pretendido es que la Corte quebrante la sentencia de segundo grado, en cuanto al monto de la mesada pensional y lo relativo a la excepción de prescripción, y que conforme a esa resolución, se hagan la modificaciones correspondientes a la decisión del a quo.

Aclarado lo anterior, se hace necesario también puntualizar que si bien la censura se refirió a la pensión sanción, pudo incurrir en un lapsus calami en la medida que las pensiones proporcionales de jubilación, en sus categorías de pensión sanción y restringida por retiro voluntario se encuentran reguladas en la Ley 171 de 196, siendo la concedida por la demandada al señor González Mendoza, la restringida proporcional a través de acta de conciliación, punto que junto con la suscripción posterior de otro acuerdo «pacto único de pensión», dio lugar a la interposición de la demanda inicial. Sabido es que la causación de la pensión restringida de jubilación puede estructurarse hasta antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, con la observancia del tiempo mínimo de servicios y de la causa del retiro conforme lo previsto en la Ley 171 de 1961, presupuestos que concuerdan de lo expuesto en el acta de conciliación.

Si bien es cierto de la certificación de folios 18 y 19, se desprende que Eduardo Emiro González Mendoza trabajó por 16 años, 1 mes y 9 días a favor de HGS Incorporated a través de 52 contratos por duración de la obra o labor contratada, todos discontinuos, lapso que en efecto discrepa de lo afirmado en el acta de conciliación celebrada el 29 de enero de 1993 (fs.°21 a 23) donde se dijo que el tiempo laborado fue de 15 años, y 9 meses, lo cierto es que tal diferencia no permite acercarse a la tasa de reemplazo del 75% que alude la censura, ni tampoco es significativa a la hora de reliquidar la prestación, lo que concuerda con la razón del Tribunal al señalar que «no había prueba que justificara la reliquidación pretendida», como tampoco es posible verificar el monto de la pensión a través de cálculos aritméticos, por cuanto los medios de convicción acusados no acreditan el salario base de liquidación o diferencia salarial, que según voces de la recurrente devengó el causante.

El documento de folio 43 es una petición que se presentó a la demandada el 7 de octubre de 2009, al igual que la del 1 de agosto de 2014. Estas probanzas junto con las actas de conciliación, en nada contribuyen al propósito de demostrar que el colegiado se equivocó cuando mantuvo el monto de la pensión inicial reconocida, dado que los acuerdos conciliatorios no acreditan lo pretendido, en la medida que lo único que acreditan es la suma que se tuvo en cuenta para proyectar la mesada pensional que se le reconoció al señor González Mendoza; y, las reclamaciones que elevó el causante, provienen de la parte demandante, de modo que deben descartarse, por cuanto nadie puede favorecerse de su propio dicho ni construir su propia prueba.

De cualquier modo, del contenido de las actas de conciliación no es posible extraer si la demandada actuó con arbitrariedad o de manera unilateral, pues lo que de ellas se colige es la voluntad de las partes en llegar a un acuerdo, sin que acrediten algún vicio del consentimiento; tampoco los factores que podían tenerse en cuenta para la liquidación del IBL.

En lo que tiene que ver con la excepción de prescripción, se afirma que por incoar las reclamaciones ante la accionada el 7 de octubre de 2009 y 1 de agosto de 2014, no operaba la excepción de prescripción, dado que la convocada a juicio se abstuvo de dar respuesta. Conforme los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, sino se ha obtenido respuesta de la petición por parte de la demandada, el interesado tiene dos opciones, bien esperar que haya un pronunciamiento o interponer la demanda.

En este caso, se pretendió la reanudación del pago de la pensión proporcional y luego su sustitución, tópico sobre el que el pensionado fallecido recibió una suma única por mesadas anticipadas no causadas. Para el Tribunal las mesadas se pagaron hasta el 13 de noviembre de 2002, y la primera reclamación se presentó solo hasta el 7 de octubre de 2009, cuando había trascurrido más de 6 años.

Aunque se presentó una segunda petición el 1 de agosto de 2014, ello ocurrió cuando había pasado más de 3 años entre una y otra solicitud, al tiempo que la demanda inaugural se interpuso el 4 de diciembre de 2015 (f.°63), de tal modo, que no se acredita el error que en punto a la excepción de prescripción se imputó al operador judicial de segundo nivel, pues evidentemente el trascurrir del tiempo trajo consecuencias implacables al no activarse el derecho de acción.

Corolario de lo expuesto, la censura no logra acreditar los yerros que señaló en los dos cargos, por consiguiente, los cargos no prosperan.

Las costas en el recurso extraordinario están a cargo de la recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de $4.400.000, que se incluirán en la liquidación que practique el juez de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el art. 366-6 CGP.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 2 de febrero de 2017, complementada el 6 de diciembre de esa misma anualidad, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, dentro del proceso que promovió LUCILA LUZ LEYVA RUBIO contra HALLIBURTON LATIN AMERICA SRL SUCURSAL COLOMBIA.

Costas en el recurso de casación.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Aclara voto

ACLARACIÓN DE VOTO

Magistrado Ponente: Donald José Dix Ponnefz

Radicación n.° 83006

De: Lucila Luz Leyva Rubio Vs. Halliburton Latin America SRL Sucursal Colombia

Aunque comparto el sentido final de la decisión, considero necesario aclarar mi voto. No estoy de acuerdo con lo manifestado por la mayoría cuando admiten que «[…] los pactos únicos sobre mesadas pensionales futuras contenidos en actas de conciliación son jurídicamente válidos […], sin que afecten el carácter irrenunciable del derecho a la pensión».

Cumple memorar que el artículo 48 de la Constitución Política, establece que la seguridad social es un bien jurídico que tiene una doble connotación; i) como servicio público que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, debe responder a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y ii) es un derecho irrenunciable para todos los habitantes del territorio nacional.

Importa destacar que en el ámbito internacional existen diversos instrumentos internacionales que reconocen y propenden por el derecho de las personas a la seguridad social. Tales como la Declaración Americana de los Derechos de la Persona (Art. 16), el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales (Art. 9), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 9) y el Código Iberoamericano de la Seguridad Social (Ley 516 de 1999).

De un análisis de las preceptivas internacionales y nacionales, se colige que la seguridad social busca proteger a las personas de «cualquier circunstancia que les impida obtener los ingresos necesarios para llevar una vida digna, tales como la vejez y las incapacidades físicas o mentales ajenas a su voluntad» (CC T-890-2011).

La pensión de vejez es una prestación económica que surge como consecuencia de largos años de trabajo, cuando sobreviene disminución de la capacidad laboral. Por tanto, tiene como finalidad garantizar los derechos fundamentales de las personas adultas y sus familias, traducidos en la dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad social y la vida digna.

Sobre este tópico se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia CC C-107-2002, en donde discurrió:

[…] la pensión de vejez se define como “un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo -20 años -, es decir, que el pago de una pensión no es una dádiva súbita […], sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al trabajador […].

En cuanto a su finalidad, nadie pone en duda que la pensión de vejez tiene por objeto “garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un cierto lapso de prestación de servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, podrá pasar al retiro, sin que ello signifique la pérdida del derecho a unos ingresos regulares que le permitan su digna subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en que, cumplido ya el deber social en qué consiste el trabajo y disminuida su fuerza laboral, requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de trato que amerita la vejez (Subrayas y negrillas fuera de texto).

Conforme a lo reseñado, las reflexiones de las que me separo, desconocen la naturaleza más elemental, pero significativa, de la pensión de jubilación. Se trata de garantizar que durante el resto de vida, el adulto mayor pueda atender sus necesidades y garantizar el mínimo vital en la vejez; precisamente, cuando su capacidad laboral se ve diezmada y se imposibilita su acceso al mercado laboral.

Así las cosas, las mesadas pensionales futuras, no son meras expectativas, sino que configuran un derecho cierto e indiscutible del pensionado que no puede ser susceptible de conciliación.

Adicionalmente, el pago anticipado de las mesadas futuras compromete el derecho de los posibles beneficiarios que no participan en el acuerdo entre las partes, toda vez que la pensión de jubilación constituye una obligación de tracto sucesivo que puede trascender al fallecimiento del jubilado, en virtud de la posibilidad de ser sustituida.

En los anteriores términos, dejo sustentada mi aclaración.

Fecha ut supra,

JORGE PRADA SÁNCHEZ

Magistrado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre la sentencia SL4415-2021 completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.