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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4470-2019

Fecha
16 de octubre de 2019
Magistrado ponente
Omar de Jesus Restrepo Ochoa
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4470-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el quince (15) de agosto de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LUIS ANTONIO GÓMEZ ZAMORA contra la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSA y BRINSA SA. Costas como se indicó en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4470-2019

Magistrado ponente: Omar de Jesus Restrepo Ochoa

16 de octubre de 2019

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

Magistrado ponente

SL4470-2019

Radicación n.° 64261

Acta 036

Bogotá, DC, dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUIS ANTONIO GÓMEZ ZAMORA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 15 de agosto de 2013, en el proceso que le instauró a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSA y a la sociedad BRINSA SA.

ANTECEDENTES

Luis Antonio Gómez Zamora demandó a la Cooperativa de Trabajo Asociado Coopsa y a Brinsa SA con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, vigente entre el 3 de enero de 2005 y el 19 de agosto de 2011; que fue enviado en misión a la última de ellas, por lo tanto, deberán responder de manera solidaria; y, que el valor real de sus salarios para los años 2005 a 2011 fue: $1.719.222, $1.840.483, $2.291.762, $1.890.124, $1.725.646, $2.449.540 y $2.886.411, respectivamente.

Por consiguiente, solicitó que se condenara a las demandadas de forma solidaria al pago de las cesantías, los intereses a ellas, las sanciones moratorias de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, la prima legal proporcional correspondiente al periodo del 16 de junio al 19 de agosto de 2011, la indemnización por despido sin justa causa y la indexación de las condenas.

Fundamentó sus peticiones en que la CTA Coopsa lo contrató para enviarlo en misión a Refisal SA hoy Brinsa SA, que desempeñó el cargo de auxiliar de cargue de sal, que el contrato realidad fue a término indefinido del 3 de enero de 2005 al 19 de agosto de 2011, que las labores desempeñadas fueron en desarrollo de la intermediación laboral, que cumplió el horario establecido por la empresa usuaria y que las órdenes se las daban los trabajadores de ella.

Al dar respuesta a la demanda, la Cooperativa de Trabajo Asociado Coopsa, se opuso a las pretensiones de la demanda y dijo que los hechos no eran ciertos, pues la relación que la vinculó con el demandante fue la asociativa, y con Brinsa, una prestación de servicios de manera independiente de cargue y descargue de materiales sin que ello constituyera suministro de personal. Propuso como excepciones las de prescripción, inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin justa causa, compensación y pago, buena fe e inexistencia de responsabilidad solidaria

Brinsa SA se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos dijo que ninguno de ellos era cierto, pues constituían apreciaciones subjetivas del demandante. En su defensa propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin justa causa, compensación y pago, buena fe e inexistencia de responsabilidad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, mediante fallo del 26 de noviembre de 2012 declaró probada la excepción de existencia de un vínculo asociativo entre Coopsa y el demandante y en consecuencia absolvió a las demandadas de las pretensiones formuladas en su contra por Luis Alberto Gómez Zamora, a quien condenó en costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, mediante sentencia del 15 de agosto de 2013, confirmó la decisión del a quo.

En principio, el tribunal definió qué era el derecho asociativo, para concluir que las CTA deben realizar su objeto social de manera directa a través de sus asociados, salvo las excepciones autorizadas por la ley, precisando que no pueden actuar como intermediarios laborales enviando trabajadores en misión.

Posteriormente, enunció cada una de las pruebas documentales que fueron decretadas dentro del trámite procesal, y transcribió apartes de los interrogatorios de parte y de los testimonios recibidos en el proceso. Para concluir:

De lo anterior, se colige que el actor fue socio fundador de la cooperativa, celebró convenio de asociación, ejerció como asociado activo de ésta, participó en los actos cooperativos – asambleas, cursos de cooperativismo, etc, aportó su capacidad física e intelectual en beneficio de ésta, su fuerza de trabajo fue compensada en la forma establecida en el régimen de compensaciones (folios 210 a 235) y en el convenio de asociación celebrado (folios 290 y 291), lo que lleva a tener que aquel fue un trabajador cooperado o asociado y no un trabajador subordinado del ente cooperativo.

Por lo tanto, dijo que la relación del demandante con Coopsa estuvo regida por el régimen de compensaciones de la CTA y en su calidad de asociado, obtuvo una compensación mensual, sin que lograra probar la condición de trabajador subordinado, pues «[…] la circunstancia de que el actor prestara sus servicios de cargue y descargue de camiones que transportaban productos de la sociedad Brinsa S.A., por sí solo no es suficiente para presumir la existencia del contrato de trabajo […]».

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, acceda a las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formuló siete cargos, por la causal primera de casación que fueron oportunamente replicados y serán estudiados de manera conjunta por merecer idéntica solución.

CARGO PRIMERO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción directa del artículo 23 del CST.

Para la demostración del cargo dijo que mal hizo el tribunal al concluir que por existir un convenio asociativo no podía existir un contrato laboral para lo cual explicó en qué consistía este y cuáles eran los elementos que lo componían, Señaló además que la naturaleza de las cooperativas no era entregar trabajo a cambio de una remuneración, independientemente de cómo se denominara, por lo que debía prevalecer el principio de la primacía de la realidad sobre las formas.

CARGO SEGUNDO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 22 y 34 del CST y 53 de la Constitución Política.

Para la demostración del cargo transcribió las normas acusadas y dijo que la ley creó a las CTA para la producción de bienes o la prestación de servicios con carácter cooperativo, es decir, en forma autogestionaria. Pero que, lo que en realidad ocurrió, fue que Brinsa al contratar a Coopsa buscó reducir costos laborales, evadiendo los pagos parafiscales y vulnerando los derechos fundamentales.

Aseguró que, en el proceso, se demostraron los elementos esenciales del contrato de trabajo, a saber: prestación personal del servicio y subordinación. Así mismo, transcribió la sentencia CC T-286-2003, y un artículo escrito por Javier Nelson Rojas para Ámbito Jurídico.

Señaló que se tuvo que afiliar a Coopsa para obtener el empleo en Brinsa y recibir el pago de la remuneración, las órdenes de ella y cumplir los horarios, todo en desarrollo del giro ordinario de la sociedad.

CARGO TERCERO

Acusó la sentencia de violar, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida las normas anunciadas en los dos cargos anteriores: «[…] al no dar por demostrado, estándolo, la existencia del contrato de trabajo y la responsabilidad solidaria, debido a la falta de apreciación del interrogatorio de parte absuelto por el demandante […] en conexidad con los testimonios».

Señaló como errores manifiestos de hecho:

1. No dar por probado, estándolo, la existencia y validez del contrato de trabajo entre la accionada y el accionante, como contrato realidad.

2. No dar por probado, estándolo, que el demandante tuvo una relación laboral con la accionada COOPSA C.T.A., y por ende tenía derecho a los beneficios laborales derivados de dicho contrato realidad.

3. No dar por demostrado, estándolo, que COOPSA C.T.A., omitió el pago de prestaciones a que tiene derecho el demandante una vez terminó el contrato de trabajo.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la accionada por no haberle pagado al accionante a la terminación de su contrato de trabajo, como contrato realidad, los valores correspondientes a sus prestaciones sociales incurrió en mora por falta de pago.

5. No dar por demostrado, estándolo, que BRINSA S.A., es solidariamente responsable de los pagos por concepto de acreencias laborales adeudados al accionante.

Dijo que los errores se cometieron por la falta de apreciación de los «TESTIMONIOS E INTERROGATORIOS DE PARTE, OBRANTES (SIC) A FOLIOS 373 A 389 DEL EXPEDIENTE […]» porque de ellos se deducían la prestación personal del servicio, la dependencia o subordinación y la remuneración.

Transcribió los artículos 22, 23 y 34 del CST y 53 de la Constitución Política y los testimonios de Rafael Hernández Arevalo, Javier León Pinzón, Claudia Patricia Mancilla Martínez, Carlos Alberto Arias Díaz, Juan Alberto Martínez Rodríguez y Juan Carlos Garnica Rubiano; así como parte de los interrogatorios rendidos por Julio César Martínez Vivero y Miguel Ángel Larrota Sáenz en su condición de representantes legales de Brinsa y Coopsa, respectivamente, y el suyo, de los que concluyó:

Como se colige se dejó de apreciar los testimonios recepcionados (sic) tanto por cuenta de la parte accionante como por cuenta de las accionadas, así como los interrogatorios rendidos por las partes extremas del litigio, los que coincidieron en afirmar que el Sr. LUIS ANTONIO GOMEZ (SIC) ZAMORA, fue enviado por cuenta de COOPSA CTA, a prestar personalmente sus servicios en BRINSA S.A., lugar donde siempre ejecutó sus labores; así mismo, coincidieron los testimonios e interrogatorios en afirmar que el Sr. LUIS ANTONIO GOMEZ (SIC) ZAMORA, sí cumplía con un horario de trabajo, laborando en turnos de 8 horas diarias, recibía órdenes de BRINSA S.A., y recibía una contraprestación por sus servicios prestados; remuneración ésta cuyos montos quedaron probados con las sendas documentales acompañadas por la parte accionante las cuales no fueron tachadas por la parte accionada y adquirieron pleno valor probatorio.

De habersen (sic) valorado en debida forma las pruebas testimoniales e interrogatorios de parte, se hubiese establecido que se reúnen los requisitos señalados por el artículo 22 del C.S.T., que define el contrato laboral […]. Es decir, sus tres elementos esenciales, que son, para que no quede duda, reafirmados por el artículo 23 de esa norma […]

CARGO CUARTO

Acusó la sentencia de violar, por la vía indirecta, por aplicación indebida los mismos artículos de los anteriores y agregó el 70 de la Ley 79 de 1988: debido «[…] al error ostensible de hecho al no dar por demostrado, estándolo, la existencia de contrato de trabajo, ante la falta de apreciación de los interrogatorios de la parte demandante y demandada en conexidad con los testimonios recepcionados (sic) en el proceso».

Inició la demostración del cargo transcribiendo las nomas acusados y agregó que los representantes legales confesaron en sus interrogatorios de parte que él prestó sus servicios personales, como enviado en misión de la CTA Coopsa a Brinsa, y que la afiliación a la cooperativa no fue libre ni voluntaria, sino como un requisito para poder trabajar. Reiteró la misma argumentación.

CARGO QUINTO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción directa del artículo 7 de la Ley 1233 de 2008, por lo que lo transcribió y dijo que fue obligado a afiliarse a la CTA para ser enviado a prestar una labor en Brinsa, para que esta evadiera los pagos parafiscales y reiteró la misma argumentación.

CARGO SEXTO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta, por la aplicación indebida de las mismas normas del cargo segundo: «[…] debido al error ostensible de hecho al no dar por demostrado, estándolo, la existencia de la responsabilidad solidaria, debido a la falta de apreciación de la documental auténtica correspondiente a la OFERTA MERCANTIL visible a folios 132 a 138 del expediente».

Para la demostración del cargo dijo que:

En dicha Oferta mercantil acompañada como prueba documental, visible a folios 133 a 138 del expediente, que no fue apreciada por el fallador de segunda instancia, se lee claramente, numerales 1 y 2 de las consideraciones, lo siguiente:

“1. Que, en desarrollo de su objeto social, uno de los negocios principales de Refisal S.A. es el de la producción, distribución y comercialización de sal y derivados.”

“2. Como parte del proceso de producción y comercialización Refisal S.A., efectúa labores como, y sin limitarse a, recepción de materias primas e insumos, empaque de productos, estibado, almacenamiento, cargue de vehículos …

Luego quedó probado que la labor de cargue y descargue desempeñada por el trabajador Sr. LUIS ANTONIO GOMEZ (SIC) ZAMORA, sí pertenece y es inherente al giro social de BRINSA S.A., como así se reconoce por la accionada en la oferta mercantil acompañada como prueba, siendo BRINSA S.A. el único beneficiario de dicha labor, por más que dicha circunstancia se quiera ocultar o negar por parte de BRINSA S.A.

Así mismo debe tenerse muy en cuenta que el cargue y descargue de vehículos es una labor que se presta de manera CONTINUA en Brinsa, siempre ha existido dicha labor y aún continúa existiendo, siendo prestada a través de diferentes cooperativas, en la actualidad por cuenta de una cooperativa cuyas siglas son “CID”, ejecutándose dicha labor utilizando elementos de trabajo de propiedad de BRINSA S.A., como así quedó probado con lo manifestado en el testimonio rendido por JAVIER LEON (SIC) PINZON (SIC) […].

Indicó que el certificado de existencia y representación legal no fue valorado y extrajo de él, que el transporte pertenece al giro social de la accionada.

Insistió en que la CTA lo envió en misión a Brinsa, razón por la cual, ambas eran responsables solidariamente de las acreencias laborales que reclamaba.

CARGO SÉPTIMO

Acusó la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de infracción directa del artículo 65 del CST.

Para la demostración del cargo dijo que, a la finalización del contrato de trabajo, Coopsa y Brinsa, de manera solidaria, le adeudaban todas las prestaciones derivadas del contrato de trabajo, por lo que el ad quem debió aplicar la norma acusada.

RÉPLICA

Brinsa se opuso a la prosperidad de la demanda de casación, pues ella resulta ser un alegato de instancia y frente a los cargos se pronunció de la siguiente manera:

Sobre el primero, dijo que no era cierto que el tribunal no hubiera aplicado el artículo 23 del CST, pues durante toda la sentencia el colegiado hizo un estudio acerca de cada uno de los elementos del contrato de trabajo.

Frente al segundo, señaló que el artículo 34 del CST no tenía aplicación en el sub examine, toda vez que la calidad de contratista independiente no fue objeto del debate.

Criticó los enumerados como tercero y cuarto indicando que los testimonios no eran prueba apta en casación de conformidad con el artículo 7 de la Ley 16 de 1969.

En relación con el quinto, expresó que el ad quem aplicó el artículo 7 de la Ley 1233 de 2008, lo que le permitió concluir que entre el demandante y Coopsa existía un vínculo asociativo.

Precisó que existía un error en la formulación del cargo sexto, pues se atacó la sentencia tomando como base normas, cuando en la vía indirecta se atacan pruebas.

Por último, sobre el séptimo, resaltó que como no existió un contrato de trabajo, no se debía aplicar el artículo 65 del CST.

Por su parte Coopsa indicó que la demanda de casación presenta múltiples errores de técnica, entre los que resaltó, que cuando se acusa el submotivo de infracción directa de normas, se hace relación a su no aplicación y en el sub lite el ad quem tuvo como fundamento de su decisión absolutoria, las acusadas. Además, agregó que los testimonios no son prueba hábil en casación.

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la réplica, para la sala, la demanda de casación presenta múltiples errores de técnica, que son insalvables. A pesar de que la jurisprudencia nacional ha morigerado la rigurosidad del recurso, existen unos mínimos exigidos para que la Corporación entre a resolverlo, previstos en los artículos 90 del CPTSS, en concordancia con el 51 del Decreto 2651 de 1991 y en el 23 de la Ley 16 de 1968. Así lo ha indicado en repetidas ocasiones la sala, por ejemplo, en la decisión SL15377-2016, reiterada en la CSJ SL10421-2017 en la que, rememorando otras similares, dijo:

[…] la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exige, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una demanda de esta naturaleza y categoría está sometida en su formulación a una técnica especial, que de no cumplirse conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable e imposibilita el estudio de fondo de los cargos.

Igualmente, en numerosas ocasiones ha dicho esta corporación que este medio de impugnación no otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes les asiste la razón, habida cuenta que la labor de la corte, siempre que el recurrente sepa platear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con objeto de establecer si el juez de apelación al dictar observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.

Así mismo, los requerimientos del recurso tienen fundamento constitucional, toda vez que el numeral 1 del artículo 235 de la Carta Política, le atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la función de actuar como «tribunal de casación».

En efecto, la demanda debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos de forma: (i) la designación de las partes; (ii) la indicación de la sentencia impugnada; (iii) la relación sintética de los hechos en litigio; (iv) la declaración del alcance de la impugnación y, (v) la expresión de los motivos de casación.

En el recurso se debe indicar cuál o cuáles son los preceptos legales sustantivos, de orden nacional, que se estiman trasgredidos y el concepto de la violación; si es directamente, por aplicación indebida, interpretación errónea o infracción directa. Igualmente, en caso de estimarse que la transgresión legal ocurrió por la senda indirecta como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, citará éstas singularizándolas y expresará qué clase de error se cometió.

Recuerda la sala que el recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia, ni admite argumentos formulados como alegatos de instancia; así se ha dicho de forma reiterada, en sentencias como las CSJ SL713-2018 y CSJ SL17901-2017, citando la CSJ SL4281-2017, donde precisó:

Reitera, una vez más, la Corte que el recurso de casación no es una tercera instancia, en la que el impugnante puede exponer libremente las inconformidades en la forma que mejor considere.

Por el contrario, adoctrinado está que el recurrente debe ceñirse a las exigencias formales y de técnica, legales y jurisprudenciales, en procura de hacer procedente el estudio de fondo de las inconformidades, en la medida en que son los jueces de instancia los que tienen competencia para dirimir los conflictos entre las partes, asignando el derecho sustancial a quien demuestre estar asistido del mismo. Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.

Se ha dicho con profusión que, en esta sede, se enfrentan la sentencia gravada y la parte que aspira a su quiebre, bajo el derrotero que el impugnante trace a la Corte, dado el conocido carácter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnación.

La corte no tiene facultades para juzgar el pleito, ni para decidir cuál de las partes tiene la razón. Su papel inicial se limita a enjuiciar la decisión del juez de segunda instancia para vigilar que haya observado las normas que estaba obligado a aplicar en la decisión del conflicto sometido a su consideración.

Bajo las anteriores premisas, son varios los errores relevantes, que resultan ser insuperables para el estudio de la demanda de casación, estos son:

1. Frente a los cargos primero, segundo y quinto: la censura se equivoca en la modalidad de violación escogida, que fue la infracción directa, pues no era dable acusar al tribunal de haber dejado de aplicar los artículos 22, 23 del CST, 53 de la Constitución Política y 70 de la Ley 79 de 1988, con el argumento de que el ad quem no reconoció la existencia de una relación laboral. Al contrario, para no reconocerla fue que empleó esas normas.

Precisamente estos fueron los preceptos legales en los que se cimentó el fallador a lo largo de su decisión, para concluir que la relación que unió al demandante y a Coopsa fue asociativa, y la de esta última y Brinsa fue civil.

2. En el cargo quinto la vía escogida fue la de pleno derecho, que implica la conformidad con las conclusiones fácticas a las que llegó el ad quem, empero su ataque está dirigido a demostrar que su afiliación a Coopsa fue obligada y únicamente para poder trabajar en Brinsa, que no son aspectos jurídicos sino probatorios.

3. Los ataques tercero, cuarto y sexto, al haberlos encaminado por la vía indirecta, el casacionista tenía la obligación de explicar por qué los errores de hecho planteados tenían las características de protuberantes y manifiestos; identificar los argumentos presuntamente equivocados que habrían propiciado su comisión; señalar, de manera concreta y precisa, el contenido de cada una de las pruebas denunciadas y explicar de qué manera fueron presuntamente mal apreciadas por el Tribunal, así como indicar la incidencia de tal equivocación frente a lo decidido en segunda instancia.

No basta con mencionar las pruebas en la forma en que se hizo, sin efectuar la debida confrontación entre el verdadero contenido de las mismas y lo que el tribunal dedujo de ellas, pero se limitó a repetir, frente a cada probanza, que debió primar la realidad sobre las formalidades, lo cual se torna insuficiente para demostrar los yerros fácticos endilgados.

Frente al tema, en providencia CSJSL4734-2017, esta corporación precisó que:

Tratándose de la vía indirecta, en la que se reprochan falencias fácticas, el censor está obligado a señalarle a la Corte cuáles fueron esas deficiencias y por qué causas o caminos llegó a esos errores; es decir, ha de señalar qué pruebas dejó de examinar el fallador o cuáles las valoró, pero de manera equivocada, y cómo esa apreciación incidió en la decisión final.

De allí que no baste con reseñar algunos medios probatorios y calificarlos de mal valorados, sino que es indispensable, decir qué se extrae de ellos, qué infirió el Tribunal y cómo ello es contrario a la realidad.

4. Además, según lo establecido por el artículo 7 de la Ley 6 de 1969, la prueba testimonial que se denuncia no es apta en casación para estructurar un yerro fáctico ostensible, capaz de quebrar la sentencia impugnada, a pesar de haber sido uno de los soportes de la decisión. Al efecto, la Sala ha manifestado, en innumerables decisiones, que su estudio únicamente procede en los casos en que se compruebe un yerro proveniente de una prueba calificada en casación, esto es, de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección.

En lo que se refiere a los interrogatorios de parte que se acusan, rendidos por los representantes legales de las demandadas y por el del recurrente, si bien pueden tener la connotación de una prueba calificada en casación, esto ocurre únicamente en el evento en que contengan confesión, que es aquella que produce consecuencias jurídicas adversas al confesante o favorables a la parte contraria, lo que no se puede configurar de los propios dichos que benefician al interrogado, más aún que la censura ni siquiera señala sobre qué respuestas existe una posible confesión.

Así las cosas, en este caso en particular, la censura no logró derribar con argumentos fácticos ni jurídicos la presunción de legalidad y acierto con que viene rodeada la sentencia impugnada.

5. Frente al cargo séptimo, si bien fue encaminado por la senda de pleno derecho, con el argumento de que no fue aplicado por el tribunal el artículo 65 del CST, no existe ningún error que de él se pueda predicar por la falta de técnica, pues al no demostrar la existencia de una relación laboral, este cargo no resulta viable, toda vez que en este se consagra la indemnización moratoria por no pago de las acreencias laborales, es decir, queda exento de análisis por ausencia de materia.

En conclusión, los ataques, excepto el contenido en el último cargo, contienen una demostración y un desarrollo insuficientes, pues a lo largo de ellos no se estructuran argumentos sólidos, concretos y demostrativos de la acusación en contra del tribunal, capaces de dar al traste con la providencia impugnada y, por el contrario, acuden a manifestaciones genéricas que se constituyen más bien en alegatos de instancia, como lo apuntó la réplica, ajenos al propósito del recurso de casación, que es, precisamente, confrontar la sentencia acusada con la ley.

Al respecto, la Sala en sentencia CSJ SL, 23 mar. 2011, rad. 41314, ha manifestado que:

[…] la confrontación de una sentencia, en la intención de lograr su derrumbamiento en el estadio procesal de la casación, comporta para el recurrente una labor persuasiva y dialéctica, que ha de comenzar por la identificación de los verdaderos pilares argumentativos de que se valió el juzgador para edificar su fallo; pasar por la determinación de si los argumentos utilizados constituyen razonamientos jurídicos o fácticos; y culminar, con estribo en tal precisión, en la selección de la senda adecuada de ataque: la directa, si la cuestión permanece en un plano eminentemente jurídico; la indirecta, si se está en una dimensión fáctica probatoria.

Si a pesar de lo anterior, la sala estudiara la única prueba atacada hábil en casación, encontraría que tampoco le asiste razón a la recurrente, ya que de ellas no se logra llegar a una conclusión diferente a la tomada por el ad quem:

La oferta mercantil (f.° 132 a 138), esta se encuentra consagrada en el artículo 845 del Código de Comercio y establece que es «[…] el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra […]», y requiere que contemple «[…] los elementos esenciales […]» del mencionado acuerdo negocial, y estipula que dicha propuesta debe haber sido «[…]comunicada al destinatario […]». Y solo una vez aceptada es que se configura el acuerdo de voluntades, es decir, el contrato.

De esta prueba, el recurrente pretende demostrar que la operación de cargue y descargue está dentro del giro ordinario de Brinsa, pero de ella, la sala no concluye nada diferente a las obligaciones del contrato de prestación de servicios, sin que se logre deducir la existencia de una relación laboral con el señor Gómez Zamora.

Igual raciocinio resulta del estudio del certificado expedido por la Cámara de Comercio sobre la existencia de Brinsa SA (f.° 128 a 131), pues su contenido, no es suficiente para derruir las bases fundamentales de la decisión.

Las pruebas anteriores, por sí solas, no acreditan que, en realidad, existiera una relación laboral subordinada entre Luis Antonio Gómez Zamora y Brisa, frente a la cual, Coopsa, actuara como una intermediaria para esconder la verdadera condición del vínculo contractual, pues, no revelan signos de subordinación laboral, ya que de su contenido no se advierte, por ejemplo, que el supuesto beneficiario de la labor, fuera quien hiciera el pago de las compensaciones, así como tampoco que el demandante cumpliera un horario de trabajo establecido por la sociedad o que la prestación del servicio se desarrollara en sus instalaciones.

Por lo anterior, la sala no encuentra acreditada con las pruebas calificadas la existencia de una subordinación jurídica del demandante frente a las demandadas, que diferencia precisamente una relación laboral de una cooperada o asociativa, caracterizada por la autogestión y el autogobierno.

Ahora, como el fallo del tribunal se edificó sobre los medios de prueba aportados al proceso, de conformidad con el artículo 61 del CPTSS, cuya apreciación fue la que le permitió concluir que la relación que vinculó al demandante con Coopsa no era de las que tratan los artículos 22 y 23 del CST y concluyó que en realidad existió un acuerdo cooperativo. Respecto de ello, la Sala ha dicho en jurisprudencia reiterada, como la CSJ SL955-2018 que, en virtud de la libre formación del convencimiento, la decisión que tome el juez colegiado, debe respetarse, siempre y cuando no decida en contra de evidencia. Y sobre el tema, se señaló:

Encontró acreditado el Tribunal, de la valoración de la prueba testimonial aportada al proceso, la condición de la demandante de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el deceso del señor Hurtado Sánchez, por lo anterior, tal estimación es inmodificable, conforme a la facultad de libre formación del convencimiento, prevista en el art. 61 del CPTSS, respecto a la cual, se ha pronunciado esta Corporación, en sentencia CSJ SL4032-2017, se precisó:

Igualmente, cabe advertir, que son los sentenciadores de instancia quienes establecen el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el artículo 61 del C.P.T. y S.S. les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que implica que resulte inmodificable la valoración probatoria del Tribunal, mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso.

No se desvirtuó la presunción de legalidad y acierto que ampara la decisión del Tribunal, siendo las razones expuestas suficientes para determinar la no prosperidad del cargo.

En consecuencia, en este caso en particular no se evidencia un error fáctico en la valoración probatoria desplegada por el ad quem, mucho menos con las características de protuberante y manifiesto, que permita quebrar la decisión que se impugna.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el quince (15) de agosto de dos mil trece (2013) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LUIS ANTONIO GÓMEZ ZAMORA contra la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSA y BRINSA SA.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

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