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Jurisprudencia › Corte Suprema de Justicia › SL454-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL454-2023

Fecha
8 de febrero de 2023
Magistrado ponente
Omar Angel Mejia Amador
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL454-2023

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, en sede de instancia, resuelve REVOCAR la sentencia de abril 11 de 2018, proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, que quedará en los siguientes términos: PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), a reconocer y pagar pensión de vejez al demandante, ÉDGAR AVILÉS, de conformidad al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 8 de octubre de 2014, en cuantía inicial de $1.004.497,58, junto a su respectiva indexación, en 13 mesadas pensionales anualmente. SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), a reconocer y pagar el retroactivo pensional generado desde el 8 de octubre de 2014 hasta enero de 2023, el cual asciende a la suma de $133.609.257 junto a su respectiva indexación. TERCERO: Se declaran no probadas las excepciones propuestas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES). CUARTO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Las costas como se dijo en la parte motiva.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL454-2023

Magistrado ponente: Omar Angel Mejia Amador

8 de febrero de 2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado ponente

SL454-2023

Radicación n.°83893

Acta 4

Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Procede la Sala a proferir fallo de instancia dentro del proceso que ÉDGAR AVILÉS adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

ANTECEDENTES

Mediante sentencia CSJ SL4513-2021, se casó el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 12 de septiembre de 2018, en cuanto en el sub lite, la procedencia en la acumulación de tiempos públicos y privados para acceder a la pensión de vejez regulada en el Acuerdo 049 de 1990.

Previo a proferir la decisión de instancia, se dispuso oficiar a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), para que remitiera la historia laboral del demandante y todos los actos administrativos relacionados con su solicitud pensional.

Con fundamento en las pruebas allegadas y en las demás que reposan en el expediente, se procederá a dictar la correspondiente decisión de reemplazo.

SENTENCIA DE INSTANCIA

El proceso ordinario laboral que convoca a esta Sala tuvo su génesis en las pretensiones del demandante, dirigidas al reconocimiento de una pensión de vejez a partir del 7 de octubre de 2014, por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia se le debe aplicar el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año y que se condenara al retroactivo pensional debidamente indexado e intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

El juez de primera instancia mediante proveído de 11 de abril de 2018 (fls. 81Cd, 82 a 84 del cuaderno principal), resolvió absolver a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra, decisión que fue objeto del recurso de apelación, el que se procederá a resolver, así:

El problema jurídico a resolver se centra en dilucidar, si es procedente el reconocimiento de la pensión de vejez con base en lo reglado por el Acuerdo 049 1990 computando semanas efectivamente cotizadas al ISS para pensiones con los tiempos públicos no cotizados a dicho ente.

Se encuentran plenamente demostrados los siguientes presupuestos fácticos y jurídicos: i) que el demandante nació el 7 de octubre de 1954, por lo que cumplió los 60 años de edad el mismo día y mes del año 2014; ii) que es beneficiario del régimen de transición al tener más de 15 años de servicios a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; iii) que a la entrada en vigencia del AL 01 de 2005, tenía más de 750 semanas cotizadas; iv) que le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985, 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990; y, v) que aportó en toda su vida laboral 1018 semanas en los sectores público y privado, conforme se desprende de la Resolución VPB 17472 de 15 de abril de 2016 emitida por la demandada (folios 15-17).

Al respecto, se observa del expediente a folio 19 que el demandante acredita 150,82 semanas de tiempo servido en calidad de servidor público y 867,86 semanas cotizadas a Colpensiones según la historia laboral aportada por la entidad (folio 63); las cuales se relacionan así:

TIEMPOS DE SERVICIO ANTE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD

FECHA DE INICIO

FECHA DE FINALIZACIÓN

SEMANAS

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

03/03/1989

21/05/1991

113,57

Secretaría Distrital de Integración Social

22/05/1991

11/02/1992

37

Subtotal:

150,82

SEMANAS COTIZADAS ANTE COLPENSIONES

Semanas cotizadas antes del 1 de abril de 1994

14/05/1973

20/12/1988

15,71

01/09/1973

12/08/1974

49,43

26/11/1974

20/12/1988

734,14

Total semanas cotizadas antes del 1 de abril de 1994:

799,28

Semanas cotizadas con posterioridad al 1 de abril de 1994

01/03/2000

31/12/2000

42,86

01/03/2001

31/03/2001

4,29

01/08/2001

31/12/2001

21,43

Total semanas cotizadas con posterioridad al 1 de abril de 1994:

68,58

Total semanas cotizadas ante Colpensiones:

867,86

TOTAL DENSIDAD DE SEMANAS ACUMULADAS ENTRE TIEMPOS PÚBLICOS Y PRIVADOS:

1.018,43

De lo expuesto, está acreditado que el actor laboró en empresas del sector privado y público, y, al ser beneficiario del régimen de transición se observa que le es aplicable lo dispuesto en las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de mismo año, conforme a lo regulado en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, se aplica la norma que resulte más favorable a los intereses del afiliado al Sistema de Seguridad Social en pensiones.

A. Pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985.

El artículo 1 de este cuerpo normativo, contempla los requisitos formales que deben satisfacerse para la estructuración de la pensión de jubilación allí concebida, de la siguiente manera:

El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

[…]

Pues bien, una vez revisada la historia laboral del demandante se observa que el mismo no acredita los 20 años de servicios públicos exigidos en esta norma para obtener la pensión de jubilación en ella consagrada, toda vez que sólo laboró dentro del referido sector 2 años, 11 meses y 8 días.

B. Pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988.

A su turno, esta ley exige para el acaecimiento de la pensión de jubilación por aportes establecida en su artículo 7, lo siguiente:

A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

[…]

Así pues, se tiene que el presente régimen pensional exige la acumulación de 20 años de servicios, en cualquier tiempo y sector, para su respectiva procedencia, los cuales se traducen en 1028,57 semanas de cotización, rubro que el demandante no reunió durante toda su vida laboral, ya que sólo aportó al Sistema de Seguridad Social en materia pensional, conforme lo señalado en líneas anteriores, un total de 1.018 semanas.

C. Pensión por vejez del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

Por último, se precisa que el artículo 12 de este estatuto exige el cumplimiento de los siguientes presupuestos formales, para la causación del referido derecho prestacional, bajo sus apremios:

Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

Descendiendo el estudio del derecho pensional pretendido por la parte activa de cara al Acuerdo 049 de 1990, y, en sujeción al cambio de criterio jurisprudencial de esta corporación respecto a la acumulación de tiempos públicos y privados para el acceso de la referida prestación económica en dicho régimen (CSJ SL1947 y CSJ SL1981, ambas de 2020), el cual fue memorado en la sentencia de casación proferida dentro del proceso de la referencia, se colige que el demandante cumple íntegramente los requisitos previstos en el artículo 12 ibidem, a saber, haber cumplido 60 años edad, por ser hombre, y haber sufragado, como mínimo, 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo, tal como se dejó en líneas anteriores acumuló un total de 1018 entre tiempos aportadas al ISS y tiempo de servicios al sector público.

Ahora, al ser el demandante beneficiario del régimen de transición y tener aportadas más de 750 semanas a la entrada en vigencia del AL 01 de 2005, su transición se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, por consiguiente, al demandante, al tener en su haber más de 1000 semanas y cumplir los 60 años de edad el 7 de octubre, reúne los presupuestos exigidos en el Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad para acceder al derecho pensional reclamado.

Teniendo en cuenta que al actor le hacían falta más de 10 años para adquirir su derecho pensional, contados a partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, su IBL debe determinarse conforme los lineamientos establecidos en el artículo 21 ibidem. De las dos opciones que ofrece esta ley para establecer el referido factor, sólo resulta procedente la realización de la liquidación del derecho pensional, objeto del presente pronunciamiento judicial, con lo cotizado por el demandante en los 10 últimos años, toda vez que el mismo no reporta 1.250 semanas o más de cotización durante toda su vida laboral; presupuesto formal que permitiría realizar el mentado cálculo con base en la totalidad de sus aportes. Efectuadas las operaciones de rigor, con colaboración de los actuarios adscritos a esta corporación, se obtiene un IBL de $1.339.330,11, tal como se observa a continuación:

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EFECTIVAMENTE COTIZADOS ANTES DE ADQUIRIR EL DERECHO A PENSIÓN

Fechas

Días

Salario

Semanas

Salario Actualizado

Salario Promedio

Desde

Hasta

18/05/1983

31/05/1983

14

$ 9.282,00

2,00

$ 523.163,65

$ 2.034,53

01/06/1983

30/06/1983

30

$ 21.420,00

4,29

$ 1.207.300,74

$ 10.060,84

01/07/1983

31/07/1983

31

$ 21.420,00

4,43

$ 1.207.300,74

$ 10.396,20

01/08/1983

31/08/1983

31

$ 21.420,00

4,43

$ 1.207.300,74

$ 10.396,20

01/09/1983

30/09/1983

30

$ 25.530,00

4,29

$ 1.438.953,68

$ 11.991,28

01/10/1983

31/10/1983

31

$ 25.530,00

4,43

$ 1.438.953,68

$ 12.390,99

01/11/1983

30/11/1983

30

$ 25.530,00

4,29

$ 1.438.953,68

$ 11.991,28

01/12/1983

31/12/1983

31

$ 25.530,00

4,43

$ 1.438.953,68

$ 12.390,99

01/01/1984

31/01/1984

31

$ 25.530,00

4,43

$ 1.233.670,85

$ 10.623,28

01/02/1984

29/02/1984

29

$ 25.530,00

4,14

$ 1.233.670,85

$ 9.937,90

01/03/1984

31/03/1984

31

$ 25.530,00

4,43

$ 1.233.670,85

$ 10.623,28

01/04/1984

30/04/1984

30

$ 25.530,00

4,29

$ 1.233.670,85

$ 10.280,59

01/05/1984

31/05/1984

31

$ 25.530,00

4,43

$ 1.233.670,85

$ 10.623,28

01/06/1984

30/06/1984

30

$ 39.310,00

4,29

$ 1.899.553,52

$ 15.829,61

01/07/1984

31/07/1984

31

$ 39.310,00

4,43

$ 1.899.553,52

$ 16.357,27

01/08/1984

31/08/1984

31

$ 39.310,00

4,43

$ 1.899.553,52

$ 16.357,27

01/09/1984

30/09/1984

30

$ 39.310,00

4,29

$ 1.899.553,52

$ 15.829,61

01/10/1984

31/10/1984

31

$ 39.310,00

4,43

$ 1.899.553,52

$ 16.357,27

01/11/1984

30/11/1984

30

$ 39.310,00

4,29

$ 1.899.553,52

$ 15.829,61

01/12/1984

31/12/1984

31

$ 39.310,00

4,43

$ 1.899.553,52

$ 16.357,27

01/01/1985

31/01/1985

31

$ 39.310,00

4,43

$ 1.605.980,32

$ 13.829,27

01/02/1985

28/02/1985

28

$ 39.310,00

4,00

$ 1.605.980,32

$ 12.490,96

01/03/1985

31/03/1985

31

$ 39.310,00

4,43

$ 1.605.980,32

$ 13.829,27

01/04/1985

30/04/1985

30

$ 39.310,00

4,29

$ 1.605.980,32

$ 13.383,17

01/05/1985

31/05/1985

31

$ 39.310,00

4,43

$ 1.605.980,32

$ 13.829,27

01/06/1985

30/06/1985

30

$ 39.310,00

4,29

$ 1.605.980,32

$ 13.383,17

01/07/1985

31/07/1985

31

$ 39.310,00

4,43

$ 1.605.980,32

$ 13.829,27

01/08/1985

31/08/1985

31

$ 39.310,00

4,43

$ 1.605.980,32

$ 13.829,27

01/09/1985

30/09/1985

30

$ 39.310,00

4,29

$ 1.605.980,32

$ 13.383,17

01/10/1985

31/10/1985

31

$ 41.040,00

4,43

$ 1.676.658,16

$ 14.437,89

01/11/1985

30/11/1985

30

$ 41.040,00

4,29

$ 1.676.658,16

$ 13.972,15

01/12/1985

31/12/1985

31

$ 41.040,00

4,43

$ 1.676.658,16

$ 14.437,89

01/01/1986

31/01/1986

31

$ 41.040,00

4,43

$ 1.369.259,42

$ 11.790,84

01/02/1986

28/02/1986

28

$ 41.040,00

4,00

$ 1.369.259,42

$ 10.649,80

01/03/1986

31/03/1986

31

$ 41.040,00

4,43

$ 1.369.259,42

$ 11.790,84

01/04/1986

30/04/1986

30

$ 41.040,00

4,29

$ 1.369.259,42

$ 11.410,50

01/05/1986

31/05/1986

31

$ 41.040,00

4,43

$ 1.369.259,42

$ 11.790,84

01/06/1986

30/06/1986

30

$ 47.370,00

4,29

$ 1.580.453,67

$ 13.170,45

01/07/1986

31/07/1986

31

$ 47.370,00

4,43

$ 1.580.453,67

$ 13.609,46

01/08/1986

31/08/1986

31

$ 47.370,00

4,43

$ 1.580.453,67

$ 13.609,46

01/09/1986

30/09/1986

30

$ 47.370,00

4,29

$ 1.580.453,67

$ 13.170,45

01/10/1986

31/10/1986

31

$ 47.370,00

4,43

$ 1.580.453,67

$ 13.609,46

01/11/1986

30/11/1986

30

$ 47.370,00

4,29

$ 1.580.453,67

$ 13.170,45

01/12/1986

31/12/1986

31

$ 47.370,00

4,43

$ 1.580.453,67

$ 13.609,46

01/01/1987

31/01/1987

31

$ 47.370,00

4,43

$ 1.306.700,02

$ 11.252,14

01/02/1987

28/02/1987

28

$ 47.370,00

4,00

$ 1.306.700,02

$ 10.163,22

01/03/1987

31/03/1987

31

$ 47.370,00

4,43

$ 1.306.700,02

$ 11.252,14

01/04/1987

30/04/1987

30

$ 47.370,00

4,29

$ 1.306.700,02

$ 10.889,17

01/05/1987

31/05/1987

31

$ 47.370,00

4,43

$ 1.306.700,02

$ 11.252,14

01/06/1987

30/06/1987

30

$ 47.370,00

4,29

$ 1.306.700,02

$ 10.889,17

01/07/1987

31/07/1987

31

$ 47.370,00

4,43

$ 1.306.700,02

$ 11.252,14

01/08/1987

31/08/1987

31

$ 54.630,00

4,43

$ 1.506.966,90

$ 12.976,66

01/09/1987

30/09/1987

30

$ 54.630,00

4,29

$ 1.506.966,90

$ 12.558,06

01/10/1987

31/10/1987

31

$ 54.630,00

4,43

$ 1.506.966,90

$ 12.976,66

01/11/1987

30/11/1987

30

$ 54.630,00

4,29

$ 1.506.966,90

$ 12.558,06

01/12/1987

31/12/1987

31

$ 54.630,00

4,43

$ 1.506.966,90

$ 12.976,66

01/01/1988

31/01/1988

31

$ 54.630,00

4,43

$ 1.215.099,90

$ 10.463,36

01/02/1988

29/02/1988

29

$ 54.630,00

4,14

$ 1.215.099,90

$ 9.788,30

01/03/1988

31/03/1988

31

$ 54.630,00

4,43

$ 1.215.099,90

$ 10.463,36

01/04/1988

30/04/1988

30

$ 54.630,00

4,29

$ 1.215.099,90

$ 10.125,83

01/05/1988

31/05/1988

31

$ 54.630,00

4,43

$ 1.215.099,90

$ 10.463,36

01/06/1988

30/06/1988

30

$ 70.260,00

4,29

$ 1.562.747,92

$ 13.022,90

01/07/1988

31/07/1988

31

$ 70.260,00

4,43

$ 1.562.747,92

$ 13.457,00

01/08/1988

31/08/1988

31

$ 70.260,00

4,43

$ 1.562.747,92

$ 13.457,00

01/09/1988

30/09/1988

30

$ 70.260,00

4,29

$ 1.562.747,92

$ 13.022,90

01/10/1988

31/10/1988

31

$ 70.260,00

4,43

$ 1.562.747,92

$ 13.457,00

01/11/1988

30/11/1988

30

$ 70.260,00

4,29

$ 1.562.747,92

$ 13.022,90

01/12/1988

20/12/1988

20

$ 46.840,00

2,86

$ 1.041.831,95

$ 5.787,96

03/03/1989

31/03/1989

29

$ 54.289,20

4,14

$ 942.491,18

$ 7.592,29

01/04/1989

30/04/1989

30

$ 90.968,28

4,29

$ 1.579.260,74

$ 13.160,51

01/05/1989

31/05/1989

31

$ 93.328,40

4,43

$ 1.620.233,75

$ 13.952,01

01/06/1989

30/06/1989

30

$ 93.328,40

4,29

$ 1.620.233,75

$ 13.501,95

01/07/1989

31/07/1989

31

$ 75.253,70

4,43

$ 1.306.446,75

$ 11.249,96

01/08/1989

31/08/1989

31

$ 74.241,60

4,43

$ 1.288.876,12

$ 11.098,66

01/09/1989

30/09/1989

30

$ 64.368,20

4,29

$ 1.117.468,32

$ 9.312,24

01/10/1989

31/10/1989

31

$ 68.013,60

4,43

$ 1.180.754,52

$ 10.167,61

01/11/1989

30/11/1989

30

$ 60.352,20

4,29

$ 1.047.748,29

$ 8.731,24

01/12/1989

31/12/1989

31

$ 161.475,44

4,43

$ 2.803.304,87

$ 24.139,57

01/01/1990

31/01/1990

31

$ 107.914,65

4,43

$ 1.485.422,30

$ 12.791,14

01/02/1990

28/02/1990

28

$ 133.457,99

4,00

$ 1.837.020,97

$ 14.287,94

01/03/1990

31/03/1990

31

$ 86.010,20

4,43

$ 1.183.912,19

$ 10.194,80

01/04/1990

30/04/1990

30

$ 111.774,20

4,29

$ 1.538.548,19

$ 12.821,23

01/05/1990

31/05/1990

31

$ 109.931,90

4,43

$ 1.513.189,32

$ 13.030,24

01/06/1990

30/06/1990

30

$ 161.916,30

4,29

$ 2.228.743,58

$ 18.572,86

01/07/1990

31/07/1990

31

$ 96.035,10

4,43

$ 1.321.902,81

$ 11.383,05

01/08/1990

31/08/1990

31

$ 98.377,00

4,43

$ 1.354.138,57

$ 11.660,64

01/09/1990

30/09/1990

30

$ 85.978,40

4,29

$ 1.183.474,47

$ 9.862,29

01/10/1990

31/10/1990

31

$ 92.700,20

4,43

$ 1.275.998,62

$ 10.987,77

01/11/1990

30/11/1990

30

$ 101.490,30

4,29

$ 1.396.992,49

$ 11.641,60

01/12/1990

31/12/1990

31

$ 256.578,87

4,43

$ 3.531.753,81

$ 30.412,32

01/01/1991

31/01/1991

31

$ 97.389,20

4,43

$ 1.012.739,96

$ 8.720,82

01/02/1991

28/02/1991

28

$ 138.006,00

4,00

$ 1.435.109,76

$ 11.161,96

01/03/1991

31/03/1991

31

$ 81.474,40

4,43

$ 847.243,65

$ 7.295,71

01/04/1991

30/04/1991

30

$ 103.739,90

4,29

$ 1.078.780,22

$ 8.989,84

01/05/1991

21/05/1991

21

$ 90.661,90

3,00

$ 942.783,49

$ 5.499,57

22/05/1991

31/05/1991

10

$ 15.516,00

1,43

$ 161.349,24

$ 448,19

01/06/1991

30/06/1991

30

$ 51.720,00

4,29

$ 537.830,80

$ 4.481,92

01/07/1991

31/07/1991

31

$ 51.720,00

4,43

$ 537.830,80

$ 4.631,32

01/08/1991

31/08/1991

31

$ 51.720,00

4,43

$ 537.830,80

$ 4.631,32

01/09/1991

30/09/1991

30

$ 51.720,00

4,29

$ 537.830,80

$ 4.481,92

01/10/1991

31/10/1991

31

$ 51.720,00

4,43

$ 537.830,80

$ 4.631,32

01/11/1991

30/11/1991

30

$ 51.720,00

4,29

$ 537.830,80

$ 4.481,92

01/12/1991

31/12/1991

31

$ 51.720,00

4,43

$ 537.830,80

$ 4.631,32

01/01/1992

31/01/1992

31

$ 65.190,00

4,43

$ 534.524,74

$ 4.602,85

01/02/1992

11/02/1992

11

$ 23.903,00

1,57

$ 195.992,41

$ 598,87

01/03/2000

31/03/2000

30

$ 500.000,00

4,29

$ 999.805,34

$ 8.331,71

01/04/2000

30/04/2000

30

$ 500.000,00

4,29

$ 999.805,34

$ 8.331,71

01/05/2000

31/05/2000

30

$ 500.000,00

4,29

$ 999.805,34

$ 8.331,71

01/06/2000

30/06/2000

30

$ 500.000,00

4,29

$ 999.805,34

$ 8.331,71

01/07/2000

31/07/2000

30

$ 500.000,00

4,29

$ 999.805,34

$ 8.331,71

01/08/2000

31/08/2000

30

$ 500.000,00

4,29

$ 999.805,34

$ 8.331,71

01/09/2000

30/09/2000

30

$ 500.000,00

4,29

$ 999.805,34

$ 8.331,71

01/10/2000

31/10/2000

30

$ 500.000,00

4,29

$ 999.805,34

$ 8.331,71

01/11/2000

30/11/2000

30

$ 500.000,00

4,29

$ 999.805,34

$ 8.331,71

01/12/2000

31/12/2000

30

$ 500.000,00

4,29

$ 999.805,34

$ 8.331,71

01/03/2001

31/03/2001

30

$ 500.000,00

4,29

$ 919.376,79

$ 7.661,47

01/08/2001

31/08/2001

30

$ 500.000,00

4,29

$ 919.376,79

$ 7.661,47

01/09/2001

30/09/2001

30

$ 500.000,00

4,29

$ 919.376,79

$ 7.661,47

01/10/2001

31/10/2001

30

$ 500.000,00

4,29

$ 919.376,79

$ 7.661,47

01/11/2001

30/11/2001

30

$ 500.000,00

4,29

$ 919.376,79

$ 7.661,47

01/12/2001

31/12/2001

30

$ 500.000,00

4,29

$ 919.376,79

$ 7.661,47

Totales

3.600

514,29

$ 1.339.330,11

Ahora, atendiendo al cúmulo de semanas cotizadas por el demandante durante toda su vida laboral, se tiene que al mismo le asiste una tasa de reemplazo sobre el IBL, de conformidad al artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, del 75%, cuya aplicación al IBL previamente establecido, se obtiene un monto de $1.004.497,58, correspondiente a la primera mesada pensional.

CUANTIFICACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL

Concepto

Valor

Ingreso Base de Liquidación

$ 1.339.330,11

Tasa de reemplazo (Acuerdo 049 de 1990)

75%

Valor de la Mesada Pensional

$ 1.004.497,58

Salario Mínimo Legal Mensual Vigente en 2014

$ 616.000,00

Valor de la Mesada Pensional

$ 1.004.497,58

En cuanto a la excepción de prescripción, se observa que el demandante causó su derecho pensional el 7 de octubre de 2014, mientras que la solicitud de reconocimiento del referido derecho fue elevada ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) el 30 de diciembre de 2014, de conformidad con la información contenida en la Resolución n.°GNR 270922 de 3 de septiembre de 2015, expedida por la parte pasiva, mediante la cual se negó la prestación económica en mención; así mismo, previa solicitud de corrección de su historia laboral, el demandante solicitó nuevamente el reconocimiento y pago de pensión de vejez (5 de noviembre de 2015, f.°7), la cual fue negada por segunda vez bajo la Resolución n.°GNR 6336 de 8 de enero de 2016, decisión administrativa objeto del recurso de reposición y en subsidio apelación, resueltos respectivamente bajo las Resoluciones n.°GNR 51424 de 17 de febrero y n.°GNR 17472 de 15 de abril de 2016, que confirmaron íntegramente la primera decisión. Finalmente, la demanda fue presentada el 17 de enero de 2017.

En consideración de lo anterior, se tiene que, entre la fecha de causación del derecho pensional y su respectiva reclamación administrativa, no transcurrieron más de 3 años, así como tampoco sucedió entre el agotamiento de la reclamación administrativa frente a la radicación de la presente demanda ordinaria laboral de primera instancia, por tanto, resulta del caso declarar no probada la excepción de prescripción, propuesta por la demandada Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Así las cosas, el retroactivo pensional a reconocer, corresponde a la suma de $133.609.257 de conformidad con la sumatoria de los siguientes cálculos:

RETROACTIVO DE LAS MESADAS PENSIONALES A ENERO DE 2023

Fechas

Cantidad de Pagos al Año

Valor de Mesada Pensional s/n C.S.J.

Valor Total de Mesadas Pensionales

Inicio

Final

08/10/2014

31/12/2014

3,77

$ 1.004.497,58

$ 3.783.607,55

01/01/2015

31/12/2015

13,00

$ 1.041.262,19

$ 13.536.408,49

01/01/2016

31/12/2016

13,00

$ 1.111.755,64

$ 14.452.823,34

01/01/2017

31/12/2017

13,00

$ 1.175.681,59

$ 15.283.860,68

01/01/2018

31/12/2018

13,00

$ 1.223.766,97

$ 15.908.970,58

01/01/2019

31/12/2019

13,00

$ 1.262.682,76

$ 16.414.875,85

01/01/2020

31/12/2020

13,00

$ 1.310.664,70

$ 17.038.641,13

01/01/2021

31/12/2021

13,00

$ 1.331.766,40

$ 17.312.963,25

01/01/2022

30/09/2022

13,00

$ 1.406.611,68

$ 18.285.951,8

01/01/2023

31/01/2023

1,00

$1.591.159,00

$1.591.159,00

Total

$ 133.609.257

Intereses moratorios e Indexación

En cuanto a la solicitud de condenar a la demandada al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se abstendrá esta Sala se ordenar el pago de aquellos, como quiera que la presente decisión hace parte de un nuevo criterio jurisprudencial que da origen a la obligación del reconocimiento de las mesadas pensionales en los términos antes descritos.

Al no accederse a los intereses moratorios, procede el reconocimiento de la indexación sobre el retroactivo pensional desde la causación de cada mesada hasta la fecha efectiva de su pago, con sustento en la pérdida del valor adquisitivo de las mismas, acorde a la formula acogida y memorada por la Sala en el proveído CSJ SL1511-2018, que, para tales efectos, estableció como parámetros:

Fórmula:

VA= Vh * IPC Final

IPC inicial

De donde:

“VA = corresponde al valor de cada mesada pensional a actualizar.

IPC Final = IPC mes en que se realice el pago.

IPC Inicial = IPC mes en que se causa la diferencia de la respectiva mesada pensional.

Las demás excepciones quedan implícitamente resueltas con lo expuesto anteriormente.

Las costas en primera instancia estarán a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Sin costas en esta instancia por no haberse causado.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, en sede de instancia, resuelve REVOCAR la sentencia de abril 11 de 2018, proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, que quedará en los siguientes términos:

PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), a reconocer y pagar pensión de vejez al demandante, ÉDGAR AVILÉS, de conformidad al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 8 de octubre de 2014, en cuantía inicial de $1.004.497,58, junto a su respectiva indexación, en 13 mesadas pensionales anualmente.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), a reconocer y pagar el retroactivo pensional generado desde el 8 de octubre de 2014 hasta enero de 2023, el cual asciende a la suma de $133.609.257 junto a su respectiva indexación.

TERCERO: Se declaran no probadas las excepciones propuestas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

CUARTO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) del pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Las costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

SALVO VOTO

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Presidente de la Sala

SALVO VOTO

FERNANDO CASTILLO CADENA

ACLARO VOTO

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n.º 83893

Acta 04

Referencia: demanda promovida por ÉDGAR AVILÉS contra la ASMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPELSIONES.

Con el debido respeto, me aparto de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala, pues como lo manifestara en el salvamento de voto frente a lo decidido en el recurso extraordinario de casación, mediante providencia CSJ SL4513-2021, aunque formalmente todos los argumentos allí expuestos, son plausibles, pues se reitera lo definido en la sentencia CSJ SL1981-2020 y, en lo sustancial, parece ajustarse a las normas legales en que se funda, como también a la finalidad de la jurisprudencia, reitero, se pasa por alto el mandato del artículo 230 de la CN, que señala «los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial».

Afirmo lo anterior, porque nada dice la Sala respecto del aludido argumento, y respecto de que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, no previó la posibilidad de hacer la sumatoria de todas las semanas prestadas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS hoy Colpensiones, como tampoco se ocupa de explicar para el caso, cuál es el alcance del artículo 288 de la Ley 100 de 1993, que dispone que, «todo trabajador privado u oficial, funcionario público empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley, le sea aplicable en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley».

En mi criterio, con la precitada norma cuyo tenor literal es más que claro, la Ley 100 de 1993, reconoce utilizando términos del fallo del que me aparto, «la pluralidad de regímenes pensionales preexistentes», y si bien buscó y busca unificarlos «en un sistema global», expresamente negó la posibilidad de realizar mixturas de sus normas con las que contiene otras «anteriores sobre la misma materia».

Luego, no puede ser de recibo el argumento expuesto en la sentencia de la que me aparto, según el cual, «al ser beneficiario del régimen de transición se observa que le es aplicable lo dispuesto en las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de mismo año, conforme a lo regulado en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, se aplica la norma que resulte más favorable a los intereses del afiliado al Sistema de Seguridad Social en pensiones», pues es claro que si el requisito del tiempo se rige por las disposiciones anteriores, no resulta acertado que a la forma de computarlo no se le imprima el mismo tratamiento.

En resumen, lo que hace la rectificación jurisprudencial de la mayoría de la Sala, es hacer una mixtura de la regulación legal que contiene el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, con las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y 100 de 1993, con plena desconocimiento de los postulados constitucionales y legales ya referidos.

En los anteriores términos, dejo consignado mi salvamento de voto.

Fecha ut supra,

GERARDO BOTERO ZULUAGA

Magistrado

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación n° 83893

REFERENCIA: ÉDGAR AVILÉS vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión me permito salvar el voto, por cuanto considero que con la providencia adoptada se quiebra una línea jurisprudencial sólida y consolidada, además, lo argumentado no se aviene al concepto de justicia que se deriva de los objetivos de universalización, eficiencia y progresividad perseguidos por el servicio público de la seguridad social, ello, conforme a las razones que a continuación paso a explicar.

Estimo que la posición mayoritaria incurre en un inadecuado entendimiento del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que la lleva a darle un alcance que no tuvo ni tiene el régimen de transición propiamente dicho. Obsérvese que este precepto no se dedica única y exclusivamente a las normas de tránsito entre la legislación derogada y la vigente, lo que conocemos como régimen de transición, sino que también hace alusión a los derechos adquiridos y a los cambios normativos ordinarios dentro del Sistema General de Pensiones. Veamos:

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Un primer ejercicio nos invita a revisar la estructura original del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta las reformas legales posteriores ni las declaratorias de inexequibilidad realizadas:

ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.

PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.

De una lectura desprevenida aflora que la norma tiene diferentes objetivos de protección. Me permito revisarlos uno a uno:

Derechos Adquiridos

El inciso 6 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, señala:

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.

Aunque técnicamente los derechos adquiridos no pueden ser modificados ni derogados por la ley posterior, por tanto, no deben hacer parte de los regímenes de transición, este inciso reafirma lo establecido en el artículo 11 del mismo marco normativo. A nuestro juicio, lo más importante es que reconoce que el derecho se adquiere con el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez.

Régimen de transición

Los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 36, indican:

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Estos incisos del artículo 36 regulan el régimen de transición entre la normatividad inmediatamente anterior y la nueva que configura el Sistema General de Pensiones. Dado que se trataba de integrar en un solo texto todos los esquemas pensionales de prestación definida vigentes con anterioridad al sistema general de pensiones, que no fueron exceptuados expresamente por el artículo 279, con el nuevo régimen de prima media con prestación definida, y la incompatibilidad que se genera por sus mecanismos financieros excluyentes (capitalización colectiva versus capitalización individual), la norma instituyó como renuncia voluntaria al régimen de transición el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad; pero, además, para reafirmar esta consecuencia, se estableció expresamente que la transición no se recupera por un posterior nuevo traslado al régimen de prima media.

Cambios futuros legislados para el Régimen de Prima Media con Prestación Definida en relación con la pensión ordinaria de vejez

El inciso 1º y el parágrafo del artículo 36, enseñan:

ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.

El artículo 19 del Decreto 1650 de 1977 estableció como régimen financiero para las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivientes, el de prima media escalonada. De ahí, que cuando se optó por unificar los regímenes pensionales preexistentes, todos de prestación definida, en torno al esquema financiero del seguro adoptado por el Instituto de Seguros Sociales, se definió uno solo denominado «Régimen de prima media con prestación definida». Atrás quedaron los sistemas de reparto. Ello explica por qué el artículo 52 de la Ley 100 de 1993, como regla general, dispuso que será administrado por el Instituto de Seguros Sociales.

Para este régimen, prima media con prestación definida, se adoptaron las edades mínimas para acceder a la pensión fijadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de 1990, que eran de 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres, conforme se constata de la lectura del primigenio artículo 33 de la Ley 100 de 1993. No obstante, el parágrafo 4º ibidem dispuso que:

PARÁGRAFO 4º. A partir del primero (1o) de Enero del año dos mil catorce (2014) las edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a cincuenta y siete (57) años si es mujer o sesenta y dos (62) años si es hombre.

Como se infiere claramente, la norma trazó un cambio futuro en la edad de pensión, razón por la cual el legislador debió reafirmar esta situación en el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues técnicamente se trata de un cambio normativo.

Pero, además siendo la norma consecuente con el parágrafo 1º del artículo 33 del texto normativo, que establece cuáles son los tiempos válidos para la pensión ordinaria de vejez del régimen de prima media, el parágrafo del artículo 36 replicó dichos tiempos válidos.

En otras palabras, el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, regulan la edad y tiempos válidos de pensión que deben ser tenidos en cuenta para acceder a la pensión de vejez ordinaria del régimen de prima media con prestación definida, de que trata el artículo 33 de dicha normativa, dados los cambios que en las edades de pensión se establecieron para el año 2014.

En ningún caso estos preceptos regulan las edades ni los tiempos válidos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de transición pues, expresamente, el inciso 2º del multimencionado artículo consagró que la edad, el tiempo de servicio o semanas de cotización y el monto de la pensión serán las establecidas en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

Para no dejar dudas sobre ello, el inciso 1º del artículo 3º del Decreto 813 de 1994, instituyó:

Artículo 3o. Beneficios. Las personas que cumplan algunos de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación cuando cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos en las disposiciones del régimen que se les venía aplicando con anterioridad al 1° de abril de 1994. (Subrayas mías)

Es palmario entonces, que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contiene diferentes objetivos de protección que no deben ser confundidos, como me temo que lo fueron, y menos ser mezclados para obtener un resultado paternalista, pues ello trae como consecuencia que la política pública de pensiones, y el concepto de justicia que subyace a la misma, no brinde el resultado esperado en términos del objetivo social que se persigue.

El régimen de los seguros sociales obligatorios

En primer lugar, es patente que para tener derecho a las prestaciones del seguro social obligatorio debía existir afiliación expresa a dicho instituto.

Los artículos 13 a 16 del Decreto 1650 de 1977, señalan:

Artículo 13. De la afiliación del régimen. Para tener derecho a exigir los servicios y prestaciones correspondientes a las contingencias que cubren los seguros sociales obligatorios, es requisito indispensable afiliarse al régimen.

Artículo 14. Del concepto de afiliación. La afiliación es la inscripción de un trabajador al régimen de los seguros sociales obligatorios y constituye la fuente de los derechos y obligaciones que de él se derivan.

Artículo 15. De la reglamentación de la afiliación. Los reglamentos generales de los seguros sociales obligatorios señalarán la forma y oportunidad de la afiliación, las sanciones por el incumplimiento en efectuarla y, en todo caso, el derecho del trabajador para exigirla por sí mismo.

Artículo 16. De los beneficios y derecho habientes. Son beneficiarios de los seguros sociales obligatorios y, por lo tanto, tienen derecho al reconocimiento y efectividad de las prestaciones económicas y de salud, las personas afiliadas al régimen y las que por su vinculación a un afiliado puedan recibir tal beneficio, según los reglamentos. Estas últimas reciben en este estatuto el nombre de derecho habientes.

La afiliación al Instituto de Seguros Sociales es entonces el instrumento que permite al ciudadano ser beneficiario de las prestaciones que este otorgaba.

El Decreto 3063 de 1989, que aprobó el reglamento en sus artículos 8 y 10, dice:

Artículo 8° AFILIADO. Se entiende por afiliado, la persona natural que encontrándose legalmente inscrita al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios cotiza para dicho régimen y es sujeto de los derechos y obligaciones que de él se derivan, de conformidad con los respectivos reglamentos.

Artículo 11. ASEGURADO. Se entiende por asegurado al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios, la persona natural que por haber cumplido con los requisitos establecidos en los respectivos Reglamentos se encuentra amparada contra las contingencias propias de los Seguros Sociales Obligatorios.

Así las cosas, es totalmente cristalino que, desde siempre, pero en especial a la vigencia del sistema general de pensiones, se entiende por afiliado el que cotiza al régimen de los seguros sociales obligatorios y por asegurado el que ha cumplido con los requisitos de los respectivos reglamentos, básicamente, tratándose de invalidez, vejez y muerte, las semanas de cotización a dicho Instituto, no a otras entidades.

Pero quizás lo más importante es que, para el Instituto de Seguros Sociales, como arriba se advirtió, se adoptó la técnica financiera de la prima media escalonada, propia del seguro social, que exige que los afiliados se encuentren asegurados y cotizando (pagando las primas de seguro) al ente asegurador. Entonces, el pago de las prestaciones se supedita al cumplimiento estricto del deber de sufragar el aporte por las semanas de cotización exigidas (pago de la prima), reitero, al asegurador. Así, la estructura técnica establecida para el seguro social niega cualquier posibilidad de administrar pensiones en régimen de reparto simple, dado que no se trata de «acumulación de tiempos» sino de cancelar verdaderas primas de seguro, a través de los aportes mensuales para asegurar el pago de las prestaciones que se derivan de los riesgos, en este asunto específico, de la invalidez, la vejez y la muerte.

El contexto trazado se desprende, sin esfuerzo alguno, de la lectura desprevenida de las siguientes normas del acuerdo inmediatamente referido.

Artículo 20. COTIZACION. Es el porcentaje del salario total del trabajador con que deben contribuir patronos y trabajadores para financiar un determinado seguro. […]

Artículo 21. APORTE. Es el valor que a cada patrono o trabajador corresponde cancelar al ISS para un determinado seguro, según el salario o ingreso real reportado. […]

Por último, los incisos 6 y 7 del artículo 79 del mencionado acuerdo, rezan:

Los aportes para los distintos seguros se liquidarán por semanas completas en cada período mensual de aportación.

Para la liquidación de las prestaciones económicas, el Instituto adoptará los mecanismos necesarios a fin de establecer las semanas cotizadas en un período determinado.

Así es como, finalmente, se instituye en términos de semanas de cotización al Instituto de Seguros Sociales los requisitos de acceso a cada una de las prestaciones que ofrece el seguro social, pero en especial, el seguro de invalidez, vejez y muerte -IVM.

A guisa de ejemplo, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, establece:

Artículo 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

De esta manera es claro que el régimen de los seguros sociales obligatorios se fundamenta en el pago de aportes para cubrir los riesgos asumidos por parte del asegurador. En caso alguno, la norma escindió o siquiera permitió que la actividad aseguradora se fraccionara entre varias aseguradoras para luego permitir la suma de tiempos cotizados entre ellas con el fin de cubrir el riesgo asumido, en este caso, la pensión de vejez.

En otras palabras, en el país, hasta 1988, no existía posibilidad alguna de tener en cuenta los tiempos de aportes o servicios al sector público para acceder a las prestaciones ofrecidas por el régimen de los seguros sociales obligatorios, ni de sumar las semanas cotizadas al ISS a los tiempos de servicios o aportes exigidos por las normas del sector público para acceder a las pensiones de jubilación vigentes.

La solución normativa: la pensión de jubilación por aportes

La imposibilidad legal de sumar los tiempos de cotización al Instituto de Seguros Sociales con los tiempos de aportes al sector público fue lo que dio origen a la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988.

Al respecto la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 47 del 29 de marzo de 1990, sostuvo:

a) Para resolver la cuestión planteada, la Corte debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, aunque sea su parágrafo solo lo demandado, porque entre una y otra parte de aquel, existe una estrecha relación de dependencia.

En efecto, el citado artículo 7º establece la posibilidad de adquirir el derecho a la pensión de jubilación por los empleados oficiales, es decir, trabajadores oficiales y empleados públicos y por los trabajadores particulares, en el evento de que estos acrediten la acumulación de veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo, en una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencia, comisariar o distrital, con los efectuados ante el Instituto de los Seguros Sociales; esto quiere decir que a partir de la vigencia de la Ley 71 de 1988, es posible acceder a la prestación jubilatoria, mediante la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y reglamentaria, cuando la suma de aquellos equivalgan por 10 menos a veinte (20) años;

b) Sin embargo, dicha posibilidad jurídica de acumulación conforme a lo establecido en el citado artículo 7º, está condicionada, además, como presupuesto fundamental, al arribo a la edad de sesenta (60) años si el afiliado aportante es varón, y de cincuenta y cinco (55) si es mujer, puesto, que de no mediar dichos términos no es posible la acumulación que daría derecho a esta situación pensional especial;

c) De lo visto se colige que el trabajador vinculado por una relación laboral particular que no haya sufragado aporte o cotización alguna a una o varias entidades de previsión social, no queda cobijado por los efectos de la ley que establece la prerrogativa de la acumulación; en este mismo sentido se tiene que esta nueva disposición se restringe al ámbito de los trabajadores amparados mediante aporte o cotización por el régimen de seguridad social organizado en sustitución de los patronos, sean estos particulares u oficiales;

d) De otra parte, conviene advertir que esta nueva y especial regulación, de connotación evidentemente social, no modifica la aplicación de los regímenes ordinarios establecidos para regular la citada prestación jubilatoria, cuando a ella se tiene vocación dentro de cada sistema, particular u oficial, autónoma e independientemente considerados en cuyos casos, los presupuestos de edad y tiempo de servicios continúan siendo los que establecen las demás "normas de los regímenes actuales vigentes".

e) Por lo que hace al parágrafo cuestionado por la demanda, la Corte advierte que se trata de una disposición de carácter excepcional que ordena en determinadas hipótesis la aplicación de las disposiciones ordinarias; las que continuaran rigiendo para las personas que al entrar en vigencia la Ley 71 de 1988 ya hayan cumplido ciertas condiciones de edad y de tiempo de aportes como son las de tener 50 años o más de edad para los varones y 45 años o más para las mujeres; y en todo caso que unos y otras tengan diez (10) o más años de afiliación en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, en todos los órdenes de la organización territorial. Si a la fecha de sanción de la ley estas personas ya habían arribado a estos límites de edad y de aportes no pueden acceder a la pensión de jubilación por la nueva vía de la acumulación, ni acogerse a ella;

f) Además, debe tenerse de presente que las normas de los regímenes actuales vigentes a las que hace relación la norma acusada son, principalmente, para el empleado oficial el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y sus decretos reglamentarios, y para los demás trabajadores, lo dispuesto por el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas complementarias como el Decreto 2218 de 1966.

Nótese que la providencia en el literal d), a la vez que reconoce una nueva forma de acceder a la pensión, reafirma que las normas vigentes del sector público y privado que regulan las pensiones preexistentes mantienen su autonomía y especialidad.

De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia CC-C-012 de 1994 da cuenta del nuevo tipo de derecho pensional creado por la Ley 71 de 1988, en los siguientes términos:

Es evidente, que a través del inciso 1° del artículo 7° de la ley 71 de 1988 se consagró para "los empleados oficiales y trabajadores" el derecho a la pensión de jubilación con 60 años o más de edad, si es varón, y 55 años o más de edad, si es mujer, cuando se acrediten aportes durante 20 años, a diferentes entidades de previsión social y al ISS. Pero con anterioridad, los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación en las condiciones descritas en la norma; es decir, no era posible acumular el tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades de previsión social oficial o al ISS.

En tal virtud, si como se afirmó antes, la norma en referencia creó un nuevo tipo de derecho pensional, no se puede hablar, como lo hace el demandante, de un derecho "causado", con base en la misma disposición; en otros términos, es inconcebible que el aparte de la norma acusada (parágrafo del artículo 7°), pueda violar el derecho que ella misma crea en el inciso 1°.

Así las cosas, es menester señalar que a la vigencia del Sistema General de Pensiones coexistían regímenes pensionales incompatibles entre sí, a decir: i) los regímenes del sector público, que otorgaban la pensión de jubilación (Ley 33 de 1985, Ley 6 de 1945 y otros); ii) el régimen de los seguros sociales obligatorios y en caso de ausencia de subrogación de los riesgos por parte del Instituto de Seguros Sociales el establecido en el Código Sustantivo del Trabajo; y iii) el régimen de acumulación de aportes y cotizaciones establecido por la Ley 71 de 1988, único y excluyente que permite la sumatoria de los tiempos aportados tanto en el sector público como en el privado.

El régimen de transición y la protección de expectativas

La Ley 100 de 1993 pretendió la unificación de los esquemas pensionales anteriormente vigentes en torno a un sistema de pensiones, configurado por los regímenes pensionales de prima media con prestación definida y ahorro individual con solidaridad.

Al buscar la universalización del servicio, conforme a las necesidades económicas y sociales identificadas, unificó en un primer momento, para el régimen de prima media con prestación definida, las edades mínimas de pensión en 55 años para las mujeres y 60 años para el hombre, buscando armonizar en el año 2014 las edades mínimas de pensión para ambos regímenes en 57 años para la mujer y 62 años para los hombres.

De igual manera consagró el requisito mínimo de 1000 semanas de cotización. Por razones de equilibrio en el sistema, este requerimiento fue dispuesto con desbalance en ambos regímenes; jamás se pretendió la equiparación del número de semanas de cotización para acceder a la pensión mínima, dadas las diferencias naturales de sus sistemas financieros.

El régimen de transición como vehículo, valga la redundancia de tránsito, entre la legislación anterior y la posterior, busca llevar a los ciudadanos en sus expectativas a la actual situación ordinaria creada por la nueva ley.

Sobre este punto, en aclaración de voto del expediente 47557, expliqué:

La segunda lectura propuesta es problemática desde el punto de vista de la equidad. Si un régimen de transición busca garantizar, en todo o parte, las mayores ventajas de favorabilidad del régimen precedente, es patente que las condiciones de acceso y cuantificación de la pensión, deben ser próximas a las de la legislación inmediatamente anterior para evitar cambios demasiado bruscos en la expectativa pensional del afiliado.

En este sentido, debe recordarse que los objetivos de la Ley 100 de 1993 eran en su orden i) proteger derechos adquiridos; ii) garantizar las expectativas; y iii) crear un nuevo régimen de pensiones para aquellos excluidos de transición y nuevos afiliados.

Ahora bien, por definición, cuando se salvaguardan expectativas, estas se traducen como un puente, soportado por el principio de favorabilidad entre la nueva legislación y la anterior, para amparar expectativas legítimas. Ello implica que la legislación anterior prima facie es más favorable que la nueva, lo cual deviene claro con la implementación del Sistema General de Pensiones, pues los requisitos de acceso y los elementos de cuantificación del derecho se tornan más exigentes para optar por la pensión.

De ello se sigue que el régimen de transición no busca reconocer pensiones más favorables que las consagradas en el mismo régimen anterior, ni menos favorables que las del nuevo ordenamiento.

Con todo, si para un afiliado con derecho a transición, el nuevo régimen ordinario le resulta más favorable por alguna razón, que lo puede ser, el artículo 288 del estatuto de la seguridad social le permite optar por la prestación consagrada en la nueva ley, a condición, eso sí, de que se someta íntegramente a sus disposiciones.

Aquí y ahora reafirmamos que, un régimen de transición, sobre todo cuando la nueva ley establece requisitos de acceso a los derechos más exigentes, no crea nuevos derechos, al contrario, o mantiene la expectativa legítima que trae el ciudadano, no protege la mera expectativa, o, como en el caso del artículo 36 en relación con el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones en transición, va tornando poco a poco más exigente la forma de determinarla, llevando a los grupos de población a lo querido por la nueva ley.

En nuestro criterio el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no creó nuevos derechos ni buscó instaurar nuevas formas para acceder a ellos; al contrario, estimó que los requisitos de edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y monto de la pensión de vejez serían los del régimen anterior. Y como arriba lo aduje, cada régimen precedente tiene su especificidad y autonomía, que hacen que la expectativa legítima de cada afiliado sea edificada conforme a la que venía construyendo; determinarlo de otra manera, sería no buscar la protección de una expectativa legítima, sino crear otras, que, como en el presente caso, no son acordes con el objetivo perseguido por la Ley 100 de 1993.

Se itera, el objetivo social que se busca con el régimen de transición propiamente dicho, y claramente delimitado, no es otro que el de protección de expectativas legítimas, conforme se venían desarrollando por el afiliado. Al aplicarse indebidamente la norma lo que se genera es regresividad en el sistema pensional. El principio de universalidad de la seguridad social requiere de requisitos de acceso uniformes para el grueso de la población, con ello se satisface a plenitud el principio de igualdad, dando contenido al concepto de justicia social. La Ley 100 de 1993 se implementó buscando este objetivo, por tanto, crear nuevas formas de acceso al derecho, contraviene gravemente el cometido estatal.

Como arriba lo asentamos el inciso 1º y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no regulan el régimen de transición; solo la edad y tiempos válidos para pensión del régimen ordinario determinado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Utilizar estos apartes normativos para justificar sumatorias de tiempo en el régimen de transición es aplicarlos indebidamente pues su real propósito no fue regular el régimen de transición. Al contrario, pretender utilizar dichos apartes normativos de esta manera, resulta contradictorio toda vez que limita el verdadero alcance de las expectativas que protegen los incisos 2, 3, 4 y 5 del mencionado artículo 36.

Así las cosas, insistimos en que las pensiones en régimen de transición, basadas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de ese mismo año, se construyen a partir de los aportes realizados, única y exclusivamente, al Instituto de Seguros Sociales, respetando la autonomía y especificidad de dicho estatuto pensional.

Es mi convicción que el concepto de justicia social no abarca situaciones en las cuales la medida resulta injusta para el agregado; lo aparentemente justo para el individuo cuando deviene en injusto para la sociedad, se manifiesta como un privilegio de unos pocos en detrimento de la colectividad. Considero que la posición mayoritaria actual, adoptada después de la expiración del régimen de transición, en lugar de generar progresividad en el sistema de derechos engendra regresividad.

Básicamente, la interpretación de la posición mayoritaria lleva a que a los funcionarios públicos que tenían la expectativa, única y legítima, de acceder a un monto de pensión del 75% de la base de liquidación, dada la transición de la Ley 71 de 1988, se les conduzca injusta e indebidamente a una expectativa, que jamás tuvieron, no propia del régimen de los seguros obligatorios, de acceder a una pensión con un monto del 90%, como se mostró, sumando indebidamente tiempos del sector público y del privado. Pero, además, afiliados que no tenían una expectativa de acceder al derecho, v.g. aquellos que no reunieron 500 semanas de cotización al ISS, terminen beneficiándose de una prestación, sobre la cual no tenían ninguna expectativa, sumando indebidamente tiempos públicos y privados, pues, se itera, esta posibilidad fue creada, en mi sentir, por la indebida aplicación del marco legal, excediendo la teleología y con ello el alcance del régimen de transición.

Conforme a lo anterior, salvo mi voto.

Fecha ut supra,

FERNANDO CASTILLO CADENA

ACLARACIÓN DE VOTO

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

Magistrado ponente

Radicación n.° 83893

ÉDGAR AVILÉS vs. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.

Aunque comparto la decisión adoptada, debo manifestar mi aclaración respecto de un punto específico de la sentencia, y es el relacionado con mi convicción de que el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, encuentra su regulación íntegra en él, incluido el IBL. La providencia en su motivación expresó:

[…] Teniendo en cuenta que al actor le hacían falta más de 10 años para adquirir su derecho pensional, contados a partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, su IBL debe determinarse conforme los lineamientos establecidos en el artículo 21 ibidem. De las dos opciones que ofrece esta ley para establecer el referido factor, sólo resulta procedente la realización de la liquidación del derecho pensional, objeto del presente pronunciamiento judicial, con lo cotizado por el demandante en los 10 últimos años, toda vez que el mismo no reporta 1.250 semanas o más de cotización durante toda su vida laboral; presupuesto formal que permitiría realizar el mentado cálculo con base en la totalidad de sus aportes.

Me explico, la Sala ha sido de la opinión, que el régimen de transición sólo protege la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y el monto consagrado en el régimen anterior y de la misma manera, se ha considerado que la expresión monto, se refiere a la tasa de reemplazo o proporción sobre el ingreso de base que determina la cuantía de la pensión.

Dispone la norma en comento, en lo que interesa a este escrito:

&$ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas (sic) años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

En lo que se refiere a la interpretación y alcance del inciso tercero, es decir el que define el IBL, pese a que, como lo recuerda la sentencia, ha habido un entendimiento, de que dicho precepto no comprende a quienes les faltaba más de 10 años para adquirir el derecho, allí es donde creo, reside el núcleo de mi aclaración, pues a mi juicio, esa lectura no es correcta y la misma fue propiciada, entre otros motivos, por virtud de la declaratoria de inexequibilidad del apartado que figuraba a renglón seguido y que redondeaba, de manera precisa, la explicación sobre la aplicación del IBL, en el artículo 36:

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice (sic) de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado, y de un (1) año para los servidores públicos. (Subrayas propias. El texto subrayado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia CC C-168 de 1995)

Así las cosas, aceptando como supuesto que en efecto el artículo 36 regula integralmente el tema y que el IBL que allí se dispone es especial, diferente al general contemplado en la Ley 100, la consecuencia que de ello se deriva es que había tres grupos diferenciados, según la proximidad de cada uno de ellos al momento de la pensión: i) quienes les faltaban 1 ó 2 años, dependiendo de si eran servidores públicos o trabajadores del sector privado; ii) quienes les faltaba menos de diez años y, iii) quienes teniendo el derecho de la transición, les faltaban más de diez años.

Para cada uno de ellos, el inciso ofrecía una solución gradual y progresiva atendiendo la mayor o menor proximidad al momento de pensionarse. Lo que ocurrió, fue que la declaratoria de inexequibilidad desquició la arquitectura propia del artículo y, a partir de allí, ha sido difícil encontrar una solución que satisfaga a todos, propiciando toda suerte de interpretaciones, en veces contradictorias.

A guisa de ejemplo, el Consejo de Estado, mediante providencia CE SPL, 28 ag. 2018, exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), llegó a las siguientes conclusiones, que aunque se aproximan al criterio de la Corte Suprema de Justicia, difieren en algunos aspectos de lo que tradicionalmente ha sostenido la Sala de Casación Laboral:

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:

'El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985'.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia, así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen (sic) pensional está previsto en la Ley 91 de 1989[30]. Por esta razón, estos servidores no están cobijados por el régimen de transición.

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

[...]

La lectura que en esta aclaración de voto se propone, en mi modo de ver, armoniza con el hecho de considerar que el régimen de transición tiene por objeto aminorar el impacto que supone el cambio abrupto del sistema, y que se preservan las condiciones más favorables del régimen anterior, en la medida en que un nuevo sistema pensional se diseña con el propósito de endurecer, de alguna manera, los requisitos de acceso a la prestación.

En síntesis, el régimen de transición reconoce las condiciones más benéficas del régimen anterior al cual se encontraba afiliado el trabajador, en aplicación del principio de favorabilidad del régimen pensional, pues esa es su razón de ser.

Sobre el particular, en ejercicio de la acción de constitucionalidad, la Corte Constitucional, al revisar el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 expresó en sentencia CC C-168-1995 que:

En punto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia de régimen pensional, considera la Corte que esta es labor que incumbe al juez en cada caso concreto, pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál resulta más favorable a determinado trabajador. (subrayas propias).

Así las cosas, la solución que más se aviene con lo hasta aquí planteado, es mi opinión, consiste en considerar que la norma contrasta los dos grupos que subsistieron después de la declaratoria de inexequibilidad de la última parte del inciso, y el resultado final que se obtiene es que:

i) para el grupo de los que le faltan menos de diez años para adquirir el derecho el IBL «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello», es decir, para tener el estatus de pensionado;

ii) en tanto que, cuando la norma señala «si éste fuere superior» se está refiriendo, precisamente, al tiempo «que les hiciere falta para ello» de la frase anterior, con lo cual es claro que se refiere, por contraste y oposición, a «los que les falte menos de diez años para adquirir el derecho», quedando claro entonces que, como se señala a continuación;

iii) a los que les faltaban más de diez años, la regla que aplica en materia de IBL, será la del promedio cotizado durante todo el tiempo.

Bajo esa óptica interpretativa, contraria a la que ha venido sosteniendo mayoritariamente la Sala, en mi sentir, resultaría problemático concluir que por virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100, hay una especie de remisión directa al artículo 21 de la misma normativa, pues en este análisis, ello no es consecuencia inmediata de que al trabajador le falten más de diez años para pensionarse, cuando dicha disposición comenzó a regir y porque, en suma, considero que el artículo 36 contiene, en principio, todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de vejez.

Habrá, por supuesto, algunos casos especiales que escapen a esta regla general y, excepcionalmente, podrá acudirse a otras normas, en aplicación de los principios de favorabilidad y equidad para resolverlos, si a ello hubiere lugar.

Por la brevedad debida, dejó así consignada mi aclaración frente a la decisión adoptada.

Fecha ut supra,

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ

MAGISTRADO

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