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Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4602-2019

Régimen de transición

Fecha
16 de octubre de 2019
Magistrado ponente
Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Citada por
67 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia SL4602-2019

Corte Suprema de Justicia · Sala de Casación Laboral

Problema jurídico

  1. ¿Cumplir los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 antes del 31 de julio de 2010 constituye un derecho adquirido?

  2. ¿Es inaplicable el parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005 por ser regresivo frente al bloque de constitucionalidad?

  3. ¿El incremento de semanas del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 empezó a regir desde 2005 o solo desde 2011?

Reglas

  1. Cumplir los requisitos para beneficiarse del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no constituye un derecho adquirido, sino una expectativa.

    «el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse de esa transición normativa, de ninguna manera puede considerarse como un derecho adquirido»
  2. Solo la consolidación del derecho pensional, por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas o tiempo de servicio según la norma que lo regule, causa su inmutabilidad frente a normas posteriores.

    «solo la consolidación del derecho pensional, por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas o tiempos de servicio, según la norma que lo regule»
  3. El parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005 no puede inaplicarse por regresivo, porque es una norma supralegal que no tuvo efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas.

    «porque esa reforma no tuvo efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas conforme a leyes anteriores»
  4. El límite temporal del Acto Legislativo 01 de 2005 solo conservó el régimen de transición hasta 2014 y no aplazó el inicio de la modificación del artículo 9 de la Ley 797 de 2003.

    «era solo para conservar el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014, más no para que empezara a regir la modificación»

Decisión

No casa la sentencia del Tribunal que confirmó la absolución de Colpensiones. Impone a la recurrente las costas del recurso extraordinario, con agencias en derecho de cuatro millones de pesos.

Parte resolutiva

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que CARMEN ROSA OCHOA OSSA adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES. Costas, como quedó en la parte motiva.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sentencia SL4602-2019

Magistrado ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo

16 de octubre de 2019

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Magistrada ponente

SL4602-2019

Radicación n.° 79655

Acta 37

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso CARMEN ROSA OCHOA OSSA contra la sentencia que profirió la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 27 de septiembre de 2017, en el proceso que adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

ANTECEDENTES

La citada accionante promovió demanda laboral contra Colpensiones, con el propósito de que se condene a dicha entidad a reconocerle la pensión de vejez, junto con las mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación y costas del proceso.

En respaldo de sus pretensiones, refirió que nació el 13 de mayo de 1950, razón por la cual cumplió 55 años el mismo día y mes de 2005; que cotizó al sistema general de pensiones más de 1.000 semanas durante toda la vida laboral; que solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez; que dicha enditad le negó la prestación mediante resoluciones n.° 26432 de 6 de marzo de 2013, GNR 310775 de 20 de noviembre de 2013 y VPB 6645 de 30 de enero de 2015, que dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad solo contaba con 199 semanas y que no era posible extenderle el régimen de transición dado que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 solo contaba con 663 (f.° 2 a 9).

Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Aceptó los hechos relativos a la fecha de nacimiento de la demandante, las semanas que cotizó durante toda la vida laboral y su negativa a reconocer el derecho pensional mediante las citadas resoluciones.

Formuló las excepciones que denominó inexistencia de la obligación, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, prescripción, compensación y pago e imposibilidad de condena en costas (f.° 27 a 30).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

A través de fallo de 22 de agosto de 2016, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la demandada (f.° 73 y 74).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandante, mediante la sentencia recurrida en casación, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó la decisión de primera instancia.

En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el Tribunal indicó que la actora nació el 19 de mayo de 1950, razón por la cual al 1.º de abril de 1994 tenía 42 años de edad y, por ello, en principio, era beneficiaria del régimen de transición.

Sin embargo, señaló, que no era posible conceder la pensión conforme a las exigencias del Acuerdo 049 de 1990, por las siguientes razones: (i) cuando la actora cumplió 50 años de edad, esto es, el 13 de mayo de 2005, no contaba con 500 semanas dentro de los 20 años anteriores, (ii) para el 31 de julio de 2010, fecha límite que estableció el Acto Legislativo 01 de 2005 para favorecerse de la transición, solo había cotizado 925 semanas y (iii) no podía extenderse ese beneficio hasta diciembre de 2014, pues al 25 de julio de 2005 solo tenía 667,14 semanas.

En cuanto al argumento de la demandante según el cual debía inaplicarse el Acto Legislativo 01 de 2005 por afectar las expectativas legítimas de quienes pretendían pensionarse conforme al Decreto 758 de 1990, con fundamento en los principios de progresividad y no regresividad, buena fe, y confianza legítima, advirtió que mediante sentencia C-258-2013, la Corte Constitucional realizó un análisis sobre los Estados que han introducido modificaciones pensionales a sus constituciones políticas dirigidas a imponer requisitos más rigurosos para acceder a la prestación en aras de preservar el interés general, frente a lo cual concluyó que la reforma a la Carta Política está ajustada a derecho, pues se realizaron las ocho sesiones necesarias para su aprobación.

Ahora, al revisar si la accionante tenía derecho a la prestación conforme a la Ley 797 de 2003, determinó, luego de contabilizar las semanas reportadas en la historia laboral, que había cotizado 1.036 en toda la vida laboral.

Así mismo, indicó que conforme al artículo 9.º ibidem, para el año 2005 debía contar mínimo con 1.050 y ella solo acreditaba 689, densidad de semanas inferior a la exigida para tal anualidad, que para el año 2012 la exigencia era de 1.225 semanas y para tal anualidad aquella apenas reunía las mencionadas 1.036, razón por la cual concluyó que no era posible reconocer la prestación, dado que Ochoa Ossa no cumplió con los requisitos para acceder a su reconocimiento.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia.

ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones consagradas en la demanda inicial.

Con tal fin, formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica, los cuales se resolverán de manera conjunta, pues comparten similar argumentación e identidad de propósito.

CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 48 de la Constitución Política modificado por el parágrafo 4.º del artículo 1.º del Acto Legislativo 1 de 2005 e infracción directa de los artículos «36. 50. 141 y 142 de la Ley 100 de 1993 artículos 12 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990) en relación con los Convenios 100 y 11 de la O.I T aprobado por Leyes (sic) 54 de 1962 y 22 de 1967), artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 53, 58. 93 Constitución Nacional».

En la sustentación, refiere que la interpretación del artículo 53 Superior no debe circunscribirse únicamente a la protección de derechos adquiridos sino también a lo que la Corte Constitucional denomina expectativas legítimas, razón por la cual una norma posterior no puede imponer medidas regresivas que disminuyan la protección de derechos que amparan a un determinado grupo de personas, en razón a la edad y a la poca posibilidad de acceder a un empleo.

Asimismo, señala que la Corte Constitucional tiene una sólida línea jurisprudencial en cuanto a las expectativas legítimas, en la cual establece que ser beneficiario del régimen de transición es un derecho adquirido.

En el mismo sentido, considera que como unificadora de la jurisprudencia, esta Sala debe fijar el alcance del Acto Legislativo 01 de 2005, con fundamento en los postulados del Estado social de derecho y buscar una interpretación más garantista de los derechos sociales, pues ese amparo no solo se establece en las normas nacionales sino también en instrumentos internacionales que ha suscrito el país como el Pacto de San José y la Convención Americana de Derechos Humanos que tienen prevalencia conforme a los artículos 93 y 94 de la Constitución Política. Aduce que los jueces no pueden aplicar las normas de manera automática y que las modificaciones pensionales no pueden menoscabar la dignidad humana.

Igualmente, afirma que la seguridad social es un derecho irrenunciable y un servicio público a cargo del Estado y, en ese entendido, las ramas del poder público deben proteger a quienes estaban ad portas de consolidar una prestación pensional bajo un régimen que se encontraba en vigor antes del cambio normativo.

Por lo anterior, concluye que no es ajustado a derecho denegar la prestación a un adulto mayor que tenía la posibilidad de pensionarse desde la expedición del Decreto 758 de 1990, con el cumplimiento de la edad exigida y más de 1.000 semanas de cotización, pues ello vulnera los principios del derecho a la seguridad social como la favorabilidad, confianza legítima y «efecto útil de las normas que lo regulan».

Por otra parte, indica que los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos, ratificados por Colombia, integran el bloque de constitucionalidad y prevalecen en el orden interno.

Así, luego de transcribir apartes de los artículos 19-8 de la Constitución de la OIT y 30 del Convenio 128 de la misma organización, así como de la sentencia CSJ SL 38674, 25 jul. 2012, resalta que el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales y la prohibición de regresividad, además de estar consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, también lo está en las normas de derecho internacional ratificadas por el Estado, que hacen parte de su legislación.

Del mismo modo, recuerda que el principio de confianza legítima se fundamenta en la seguridad jurídica y se traduce en el respeto a las reglas establecidas para que un ciudadano pueda acceder a un derecho.

De igual manera, manifiesta que la finalidad del Acto Legislativo 01 de 2005 era salvaguardar la economía y sostenibilidad financiera del sistema; sin embargo, afirma que contraría el principio de progresividad y no regresividad y la protección de las expectativas legítimas, las cuales se equiparan a derechos adquiridos en materia de seguridad social y no pueden desconocerse ante una modificación legislativa.

Por lo anterior, aduce que se equivocó el Tribunal al darle una interpretación restrictiva a dicha reforma constitucional.

RÉPLICA

Al oponerse a la prosperidad del cargo, Colpensiones considera que si bien la censura aduce que hay una «antinomia constitucional» entre el artículo 48 y el artículo 53 de la Constitución Política, así como con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la misma no se presenta, toda vez que imponer un requisito de semanas para acceder al régimen de transición no viola el principio de progresividad sino que hace posible la sostenibilidad del sistema.

Así mismo, señala que en caso de presentarse dicha contradicción, se debe acudir a las reglas que plantea Norberto Bobbio, es decir, dar prelación a la norma posterior y a la especial que, en este asunto, es el Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que regula de manera concreta el régimen de transición, mientras que el artículo 53 de la Constitución Política y los convenios de la OIT no se refieren concretamente a ese punto.

Igualmente, asevera que no es posible inaplicar el Acto Legislativo en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, pues esta solo es viable en tratándose de una norma de inferior jerarquía y, en este asunto, no es dable establecer que el artículo 48 de la Constitución Política vulnera la misma Carta.

En consonancia con lo anterior, recalca que el único motivo de inconstitucionalidad de un acto legislativo es por vicios formales más no por su contenido y que, en casos muy particulares, la Corte Constitucional puede examinar temas de fondo de una reforma a la Carta Magna cuando se presenta una «sustitución de la constitución».

Por otro lado, en cuanto al principio de confianza legítima, refiere que este se invoca cuando la administración genera un cambio arbitrario o inesperado de un «estatu quo», pero no es posible extender dicho postulado a una modificación constitucional, dado que el único análisis que se puede hacer frente a ellas es de orden formal.

CARGO SEGUNDO

Ataca la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo «48 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2005 artículo 1, parágrafo 4, en armonía con, el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, e infracción directa de los artículos 33 y 36 de la Ley 100 de 1993, 50, 141 y 142 ibídem; artículos 12, 20 y 21 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990); e infracción directa del artículo 53, 58, 93 Constitución Nacional».

En tal dirección, además de plantear similares argumentos a los del cargo anterior, manifiesta que de conformidad con el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003, a partir del 1.º de enero de 2005, se acrecentaría el número de semanas requerido para causar la pensión y desde el 1.º de enero de 2014, se aumentaría la edad.

Sin embargo, considera que según el Acto Legislativo 01 de 2005, el régimen de transición se mantendría hasta el 31 de julio de 2010 y solo se extendería hasta el 31 de diciembre de 2014 para quienes al 29 de julio de 2005 tuvieran 750 semanas de cotización, razón por la cual el incremento de la edad consagrado en la reforma a la ley de seguridad social, solo empieza a regir a partir del año 2011 y podrán pensionarse con 1.000 semanas de aportes quienes tengan ese acumulado y la edad hasta el año 2010.

Igualmente, explica que, contrario a lo manifestado por el ad quem, el Acto Legislativo 01 de 2005 cobró vigencia el 29 de julio de 2005, pues esa fue la fecha en la que se publicó en el Diario Oficial.

RÉPLICA

Al descorrer el traslado, la demandada aduce que no es cierto que el incremento de semanas consagrado en la Ley 797 de 2003 empezaría a regir a partir de 2011, puesto que su vigencia se dio, de manera contundente, en el año 2005. Para sustentar lo anterior, cita la sentencia CSJ SL 34904, 17 sep. 2008.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero advertir que dada la vía escogida, no es objeto de discusión: (i) que la demandante nació el 19 de mayo de 1950, (ii) que para el 31 de julio de 2010 contaba con 925 semanas de cotización y al 25 de julio de 2005 reunía 667,14 y (iii) que en toda la vida laboral aportó 1.036 semanas.

Así las cosas, le corresponde a esta Sala establecer si la pertenencia al régimen de transición se constituye en un derecho adquirido y, por tanto, si la limitación que consagra el parágrafo transitorio 4.° del Acto Legislativo 01 de 2005 es regresiva y, en consecuencia, inaplicable.

Con tal objeto, la Sala comenzará por determinar si la pertenencia a un régimen de transición se constituye en un derecho adquirido; luego, analizará la incidencia del parágrafo 4.° del Acto Legislativo 01 de 2005 en la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, finalmente, estudiará si esa reforma constitucional es regresiva a la luz de las normas internacionales, cuya vulneración se acusa.

1.- De los regímenes de transición y los derechos adquiridos.

Esta Corporación ha adoctrinado que los regímenes de transición son herramientas que evitan que los afiliados a un sistema pensional, sufran las consecuencias de una decisión arbitraria producto de la libertad de la configuración legislativa. Por tal motivo, las modificaciones al sistema jurídico que establece los criterios para acceder a beneficios pensionales, no pueden, por regla general, introducir abruptamente nuevas condiciones sin la consideración de los afilados próximos a adquirir el status de pensionados. Lo anterior, se refuerza si se tiene en cuenta que la seguridad social está catalogada como derecho fundamental según lo consagra el artículo 48 de la Constitución Política y, por su parte, el artículo 2.° del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, que impide regresiones en los estándares de protección, sin la mediación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad (CSJ SL16786-2017).

Ahora, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció que quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones -1.° de abril de 1994- tuvieran 35 o más años de edad en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad en el de los hombres o 15 o más años de servicios cotizados, podrán alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto del régimen al que se encontraban adscritos antes de esa fecha; dichas personas podían acceder a tales prerrogativas con el cumplimiento de una o de ambas condiciones.

De esta forma, la citada norma previó una transición ante la vigencia del sistema general de seguridad social ya que protegió a un grupo de afiliados que por su edad o densidad de cotizaciones, tenían la posibilidad cercana de causar una pensión bajo las reglas de regímenes anteriores.

No obstante, el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse de esa transición normativa, de ninguna manera puede considerarse como un derecho adquirido. Sobre ese concepto, esta Corporación sentó que «se entiende que hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de los requisitos que establece la ley, es decir, es aquél (sic) que ha entrado en el patrimonio de aquella» (CSJ SL4650-2017).

Quiere decir lo anterior que solo la consolidación del derecho pensional, por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas o tiempos de servicio, según la norma que lo regule, causa su inmutabilidad frente a las normas que se produzcan posteriormente. Al contrario, si el afiliado tiene un derecho en formación porque aún no cumple con las exigencias de la ley para causarlo, solo goza de una expectativa, concepto que, como se explicó, no corresponde al de derecho adquirido.

Según lo dicho, no le asiste razón a la recurrente cuando afirma que el hecho de cumplir con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le otorga al afiliado un derecho adquirido, dado que esa situación corresponde a una probabilidad cierta pero eventual de consolidar un derecho bajo las condiciones que establezca determinada ley, y siempre que no se produzcan cambios en el sistema.

2.- Del parágrafo transitorio 4.° del Acto Legislativo 01 de 2005, su incidencia en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y derechos adquiridos

El Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política limitó la vigencia del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hasta el 31 de julio de 2010, pero en aras de salvaguardar las expectativas de la personas cercanas a causar una pensión por virtud de esa transición, extendió tal término hasta el 31 de diciembre de 2014 siempre que al 29 de julio de 2005, contaran al menos con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios. Puntalmente la norma establece:

Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

De lo anterior deriva, que quienes no causaran el derecho pensional antes de 31 de julio de 2010 se acogerían al nuevo sistema general de pensiones, a menos que cumplieran las condiciones exigidas para la prórroga de la transición.

Por consiguiente, el análisis normativo que hizo el ad quem, en virtud del cual consideró que a la accionante no se le podía extender el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014 por no contar con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios al 29 de julio de 2005, es acertado, al amparo del parágrafo 4.° del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005.

Ahora bien, la tesis propuesta por la recurrente en aras de inaplicar esta última disposición, carece de prosperidad porque se trata de una norma de rango supralegal; tampoco es viable aducir excepción de inconstitucionalidad por emanar directamente de la Carta Política y, además, porque esa reforma no tuvo efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas conforme a leyes anteriores; antes bien, previó su salvaguarda y señaló el término máximo para la aplicación de regímenes anteriores.

Dicho de otro modo, aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia del régimen de transición, ello no implica que sus efectos sean retroactivos y mucho menos que haya fulminado derechos adquiridos hasta ese entonces; por el contrario, dicha norma constitucional respetó las situaciones consolidadas, pues dejó a salvo los derechos de quienes estructuraron un status pensional al amparo de los regímenes anteriores.

3.- El parágrafo 4.° del Acto Legislativo 01 de 2005, ¿es regresivo a la luz del bloque de constitucionalidad?

Como la censura aduce que el Acto Legislativo 01 de 2005 también es inaplicable por ser regresivo de cara a los principios contenidos en los preceptos internacionales que acusa, es necesario destacar que dicha disposición reformó al artículo 48 del Constitución Política y se produjo en el marco de las facultades que el artículo 375 de la Constitución confiere al legislador.

Por tanto, se trata de una norma reformatoria de la Constitución que adquiere el consecuente status de norma supralegal, cuyo control de constitucionalidad a la luz del artículo 241 compete únicamente a la Corte Constitucional. Además, ese control se limita a vicios en el procedimiento, materiales o de fondo que solo se pueden evaluar en la medida que la disposición sustituya al texto de la carta superior.

Precisamente, en el ejercicio de tal potestad, en la sentencia CC C-178-2007 la Corte Constitucional analizó problemas jurídicos que tienen una relación estrecha con los planteados por la recurrente en casación.

En aquella oportunidad, se formularon los siguientes interrogantes:

• El Acto Legislativo acusado, sumado al conjunto de enmiendas a la Constitución Política adoptadas entre 1993 y el 2005 sustituyeron el orden superior inicialmente establecido?

• ¿Incurrió el Acto Legislativo 01 de 2005 en un vicio de competencia por regular temas relacionados con asuntos que, según el demandante, habían sido acordados en el ámbito de la política internacional de Colombia?

• ¿Es competente el Congreso para decidir mediante acto legislativo dentro de los dos años siguientes a la realización de un referendo, en relación con temas similares a los puestos a consideración del pueblo mediante referendo constitucional aprobatorio, cuando tales temas no fueron objeto de aprobación por incumplimiento del requisito de participación ciudadana mínima establecido para que la votación fuera jurídicamente eficaz?

Al abordarlos, dicha Corporación se inhibió para estudiarlos, puesto que, a su juicio, se trababa de problemas de fondo respecto de una norma no sustitutiva del texto constitucional.

En ese contexto, es clara la imposibilidad de inaplicar la norma que se acusa. Primero, porque esta Sala carece de competencia para resolver conflictos de constitucionalidad de una norma supralegal y, segundo, porque la corporación judicial competente para ello definió que el Acto Legislativo 01 de 2005 no sustituyó el texto de la Constitución Política.

Ahora, en cuanto al argumento de la recurrente, según el cual el incremento de semanas consagrado en el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003 solo se dio a partir del 2011, pues el régimen de transición se extendió de manera general hasta el 31 de julio de 2010, debe advertirse que la referida norma es muy clara al establecer que para el año 2005 se incrementaría la densidad de semanas en 50 y para el 2006 en 25 más, y así sucesivamente hasta el año 2015, al consagrar que «A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015».

En el mismo sentido, debe reiterarse que esta Sala, ha acogido el anterior criterio, como es el caso de la sentencia CSJ SL2185-2019, al considerar que:

Quienes antes del 29 de enero de 2003 no habían adquirido el derecho a la pensión de vejez, pues habían satisfecho los requisitos consagrados en el artículo 33 original de la Ley 100 de 1993, quedaron sometidos a las exigencias del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, según la cual los afiliados que no alcanzaron a cotizar 1000 semanas antes de que terminara el año 2005, deben acreditar la densidad de aportes con los incrementos que estatuyó dicha regla de derecho.

Adicional a lo anterior, el límite temporal que impuso el Acto Legislativo 01 de 2005 -31 de julio de 2010-, era solo para conservar el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014, más no para que empezara a regir la modificación introducida por el artículo 9.º de la Ley 797 de 2003.

Aunado a que son dos circunstancias distintas, especialmente si se tiene en cuenta que cuando se estudia si una persona acredita los requisitos consagrados en la mencionada norma, es porque no cumplió con las exigencias para beneficiarse de la transición.

Finalmente, respecto a la fecha de vigencia del plurimencionado acto legislativo, debe advertirse que le asiste razón a la impugnante al manifestar que dicha norma empezó a regir desde el 29 de julio de 2005 y no desde el 25 del mismo mes y año como lo afirmó el Tribunal, toda vez que el artículo 2.º de dicha reforma constitucional establece que «El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación», y dicha divulgación se hizo en el Diario Oficial 45.984 de 29 de julio de 2005.

Sin embargo, ese error en el que incurrió el sentenciador de alzada resulta intrascendente en el sub lite para efectos de casar la sentencia impugnada, toda vez que si al 25 de julio de 2005 contaba con 667,14 semanas matemáticamente era imposible que al 29 de julio de 2005 pudiera reunir 750 semanas, pues entre una fecha y otra solo transcurren 4 días.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte demandante y a favor de la demandada. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones de pesos ($4´000.000) m/cte., que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que CARMEN ROSA OCHOA OSSA adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

Costas, como quedó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

Presidente de la Sala

GERARDO BOTERO ZULUAGA

FERNANDO CASTILLO CADENA

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN

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