FERNANDO CASTILLO CADENA
Magistrado ponente
SL4651-2020
Radicación n.° 76046
Acta 30
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020).
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA YANETH CAMACHO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 7 de julio de 2016, en el proceso que instauró la RECURRENTE contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES- y en el que se vinculó como litis consortes necesarios a Yina Paola, Oney, Antony y Carlos Alberto, todos, Beltrán Camacho.
ANTECEDENTES
María Yaneth Camacho demandó a la entidad de seguridad social con el propósito de que, una vez verificadas las declaraciones de rigor, aquella sea condenada a cancelarle pensión de sobrevivientes desde el 14 de marzo de 1989 cuando falleció el causante, junto con el respectivo retroactivo, los intereses de mora y las condenas que resulten de la aplicación de facultades ultra y extra petita, y se la grave con las costas procesales.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que fue la compañera permanente de José Joaquín Beltrán Reyes desde 1972 hasta la fecha de su deceso, que hizo vida común con aquel y compartió techo, lecho y mesa; que de dicha unión nacieron 4 hijos; que para la fecha de fallecimiento el afiliado contaba con 52 años de edad y había cotizado 445,14 semanas, por lo que a la luz del Acuerdo 019 de 1983, tiene el derecho que reclama, pero la accionada no le ha dado respuesta a sus peticiones.
Al contestar la demanda, la pasiva se opuso al éxito de las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo no constarle la convivencia durante el tiempo referido en la demanda. Explicó que en su criterio la actora no es titular de la prestación incoada por cuanto el difunto dejó de cotizar desde el 14 de marzo de 1983, y en los 6 últimos años anteriores a su deceso solo aportó 91,7 semanas de las 150 que legalmente se requerían.
En su defensa propuso las excepciones que denominó «inexistencia de ser beneficiaria de la pensión de sobreviviente», prescripción, buena fe, imposibilidad jurídica del ente de seguridad social de disponer del patrimonio de los coadministrados por fuera del ordenamiento legal, ya que el Acuerdo 019 de 1983 regula lo concerniente a la pensión de invalidez, no de sobreviviente; y la genérica.
El juez de conocimiento, aduciendo evitar futuras nulidades, en la primera audiencia de trámite, ordenó vincular a Yina Paola, Oney, Antony y Carlos Alberto, Beltrán Camacho, hijos del causante, en calidad de Litis consorte necesarios, quienes al ser notificados contestaron la demanda sin oponerse a sus pretensiones y aceptaron expresamente todos los hechos en que aquella se funda.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 4 de noviembre de 2015 (fls. 74), absolvió a la demandada de las pretensiones, se entendió relevado del estudio de las excepciones, y exoneró a las partes de las costas; igualmente dispuso que, en caso de no ser apelada, la providencia se consultara con el superior.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante fallo del 7 de julio de 2016, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, confirmó la decisión de primer grado y le impuso a dicha parte el pago de las costas procesales de esa instancia.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal precisó que la norma que gobierna el derecho pretendido, tratándose de pensiones de sobrevivientes, es la vigente al momento del deceso, disposición que para el caso de autos lo era el Acuerdo 224 de 1966, por cuanto la muerte de la pareja de la aquí demandante ocurrió el 14 de marzo de 1989; así mismo, indicó que no había discusión en que el afiliado había cotizado 445,14 semanas entre el 1º de junio de 1968 y el 23 de diciembre de 1985, según se apreciaba a folio 10 del expediente.
Señaló que el juez de primer grado se había equivocado cuando consideró que para la fecha en que ocurrió el óbito, no había disposición legal que contemplara la sustitución pensional a favor de la compañera permanente, y entender que por tanto la actora no podía beneficiarse de la prestación que reclamaba, pues contrario a lo afirmado por su inferior, ese Tribunal advertía que la Ley 90 de 1946 sí la consagraba, aun cuando la hubiera previsto tratándose de la pensión por muerte originada en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional, pues dicha figura se podía extender cuando el fallecimiento fuera de origen común.
Se apoyó en la sentencia de esta Sala del 24 de septiembre de 2014 radicación 42101, y dijo que la mencionada Ley 90 de 1946 innovó en el reconocimiento de prestaciones, y que, en punto a la compañera permanente, impulsó la ampliación del concepto de familia independientemente de los lazos jurídicos, dando prelación a la comprobación de una comunidad de vida y a la necesidad de amparar a los seres queridos por la desaparición física del trabajador. Así, insistió en que esa norma dio valor a los lazos afectivos reales y los independizó del vínculo matrimonial.
A renglón seguido indicó que la disposición legal ya referida exigía para la concesión del derecho el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que el afiliado no hubiere dejado cónyuge, ii) que el causante y sus causahabientes se hubieran mantenido solteros durante el concubinato, y iii) que la reclamante hubiere convivido durante los 3 años anteriores a la muerte, a menos que se hubiere procreado hijos en común.
Señaló que esas reglas también son equiparables a pensión por muerte común, y que como la actora las cumplía, tenía posibilidad de adquirir el derecho.
No obstante lo anterior, adujo que el artículo 20 del Acuerdo 224 de 1966 exigía para lograr derecho a la pensión, que el asegurado hubiere reunido las condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que exigía el artículo 5 de la misma normativa al regular la pensión de invalidez, es decir, que era preciso acreditar 150 semanas de cotización en los 6 años anteriores al deceso, 75 de ellas en los últimos 3, y que Beltrán no satisfacía ese requisito por cuanto entre el 14 de marzo de 1983 y el 14 de marzo de 1989 solo había cotizado 144,11 semanas, según se desprendía de folio 10, por lo que era preciso confirmar la sentencia, aunque por esas especificas razones.
RECURSO DE CASACIÓN
Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, acceda a las peticiones de la demanda inaugural.
Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que mereció réplica, y que se procede a resolver.
CARGO ÚNICO
Acusa la sentencia por la vía directa en la modalidad de infracción directa de los artículos 14 y 16 del C.S.T., 1º del Acuerdo 019 de 1983 aprobado por el Decreto 232 de 1984, que modificó el artículo 5º del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de 1966, lo que condujo a la aplicación indebida del artículo 5 del Acuerdo 224 de 1966 en su forma original, y llevó a tomar la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones.
Asegura que el Tribunal incurrió en el «error de hecho» al no dar por demostrado a pesar de estarlo, que el causante dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes pues aquel cumplió los requisitos indicados en el literal b) del artículo 1º del Acuerdo 019 de 1983 aprobado por el Decreto 232 de 1984, norma que modificó el artículo 5º del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de 1966.
Para dar desarrollo al cargo transcribe el artículo 1º del Acuerdo 019 de 1983, destaca del literal b), con negrillas, el siguiente texto: «o 300 semanas de cotización en cualquier época.» y afirma que esa concreta disposición no la aplicó el sentenciador a pesar de ser la vigente y la que debía regir el asunto, como lo ha precisado esta Sala de la Corte cuando se trata de la pensión de sobrevivientes.
Insiste en que como el deceso ocurrió el 14 de marzo de 1989, la regla jurídica que regía era la ya mencionada, que permite acceder a la pensión si el afiliado había aportado durante 300 semanas en cualquier tiempo, y que como no había discusión en que el compañero de la actora cotizó en toda su vida laboral un total de 445,14 semanas, aquella podía acceder a la pensión de sobrevivientes.
Aduce que exigir que el difunto hubiera cotizado 150 semanas en los últimos 6 años anteriores a su muerte, era imponerle a la beneficiaria, una carga que la disposición ya no contemplaba por no hallarse vigente, en la medida que, repite, el Acuerdo 224 de 1966 fue modificado en ese puntual aspecto por el Acuerdo 019 de 1983 que, destaca, entró a regir el 14 de febrero de 1984 cuando se publicó en el diario oficial de la misma fecha.
Para dar respaldo a su posición se remite a unos apartes de las sentencias de esta Sala CSJ SL, del 30 de mar. 2006, rad. 27359 y CSJ SL, del 20 de oct. 2003, rad. 21216, que transcribe.
Por lo anterior solicita proceder de conformidad y reconocer el derecho que se reclama.
RÉPLICA
Señala que el cargo no puede prosperar por cuanto, a pesar de dirigirse por la vía directa, se alude a errores de hecho propios de la vía indirecta, mezcla que, en casos similares, ha señalado esta Corte, no dan vía libre al éxito de los cargos, para lo que se remite a la sentencia CSJ SL, del 20 de abr. 2010, rad. 36675 y, por tanto, solicita no casar la sentencia.
CONSIDERACIONES
El Tribunal fundamentó su decisión en que a pesar de que el juez había errado al decir que frente a la pensión de sobrevivientes que les podía asistir a las compañeras permanentes, antes del Acuerdo 224 de 1966, no existía norma que lo regulara, era necesario confirmar la absolución que aquel impartió por cuanto el causante no cotizó 150 semanas en los 6 años anteriores al deceso, como la disposición vigente lo exigía.
La censura radica su inconformidad en que la norma a la que acudió el juzgador es equivocada, pues aquella había sido modificada por el Acuerdo 019 de 1983, y bajo esta última, el difunto sí causó el derecho a la pensión de sobrevivientes puesto que cotizó 445,14 semanas en toda su vida laboral.
La réplica por su parte aduce fallas de orden técnico que en su criterio impiden la prosperidad del cargo.
Sea lo primero señalar que el planteamiento del cargo resulta acertado en la medida que la equivocación que le endilga el recurrente al juzgador, es evidente y trascendental para las resultas del litigio, aunque el censor la hubiere referenciado como «de hecho» cuando en realidad es jurídica.
Es verdad que al calificar el error protagonizado por el sentenciador, la demanda de casación dijo que aquel era de tipo fáctico, sin embargo, a reglón seguido, explicó que consistió en la infracción directa del literal b) del artículo 1º del Acuerdo 019 de 1983 aprobado por el Decreto 232 de 1984 que modificó el artículo 5º del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de 1966; de tal suerte que el desliz gramatical no evidencia la mezcla indebida de las modalidades de ataque y, por ende, la acusación es apta.
Precisado lo anterior, y como la vía seleccionada para confutar la sentencia del Tribunal es la directa, los fundamentos de hecho en que se ancló, tales como que: i) el causante falleció el 14 de marzo de 1989, y ii) a su deceso contaba con 445,14 semanas cotizadas, quedan incólumes.
Esas dos premisas permiten evidenciar el yerro del juez plural, pues a pesar de que con acierto señaló que la norma llamada a gobernar el asunto tratándose de pensión de sobrevivientes era la vigente a la fecha del deceso del cotizante, en realidad la soslayó, pues desconoció que el artículo 5º el Acuerdo 224 de 1966, para el día en que ocurrió la muerte de Beltrán Reyes, ya había sido modificado por el artículo 1º del Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984, disposición que contemplaba dos circunstancias posibles para acceder a dicha prestación; la primera, que el afiliado hubiere satisfecho 150 semanas en los 6 años anteriores a su deceso, de ellas 75 en los últimos 3 años; o, la segunda, que hubiere cotizado 300 semanas en cualquier tiempo; esa última eventualidad no la analizó el Tribunal y, por ello, desconoció el derecho que le asiste a la demandante.
Al punto, esta Corte en sentencia CSJ SL, del 20 de oct. 2003, rad. 21216, explicó:
En el anterior orden de ideas, lo primero que debe precisarse es que como lo ha reiterado esta Corporación, en materia de pensión de sobrevivientes por riesgo común, son las normas vigentes al momento del deceso, las que deben tenerse en cuenta para efectos de resolver una controversia judicial.
Así lo dejó definido la Corte en sentencia del 24 de abril de 2003 Rad. 19848 en la que expresó:
“[...] En relación con el nacimiento del derecho a la sustitución pensional, asentó la Corte en sentencia del 14 de febrero de 2000, radicación 12959 lo siguiente:
“la muerte del pensionado marca el momento para determinar la ley aplicable a la correspondiente sustitución pensional y en este caso tal insuceso ocurrió antes de la entrada en vigencia de la ley 71 de 1988, resulta que apoyarse en ella configura la susodicha aplicación indebida” (resaltado por fuera de texto).
Igualmente dijo en la sentencia 18229 del 3 de septiembre de 2002:
“si el derecho a la pensión de sobreviviente nace con la muerte del asegurado en virtud a su misma naturaleza, y a su vez para cuando se produjo el deceso del mismo ya no se encontraban vigentes las preceptivas legales que aduce el censor en sustento de su derecho, en ninguna infracción a las mismas incurrió el Tribunal al no aplicarla” (el resaltado está por fuera de texto).
Así las cosas, si en caso de sustitución pensional las normas aplicables son las vigentes al momento del deceso del pensionado, hecho que según se estableció, tuvo ocurrencia “para noviembre de 1995”, significa que lo aplicable al caso bajo examen son las disposiciones pertinentes de la Ley 100 de 1993, normatividad vigente para la fecha de ocurrencia de la muerte del pensionado a sustituir; en ese caso los artículos 46 y 47 de la citada ley, que consagran lo relacionado con “la pensión de sobrevivientes”.
Ahora, el artículo 20 del acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de 1966 expresa:
“Artículo 20.Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho a pensiones de sobrevivientes en los siguientes casos:
Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que se exigen, según el artículo 5º.para el derecho a pensión de invalidez;
b). Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de invalidez o de vejez según el presente reglamento.
A su turno el artículo 5º del citado acuerdo reza:
“Artículo 5º. Tendrán derecho a la pensión de invalidez los asegurados que reúnan las siguientes condiciones:
[...]
b). Tener acreditadas ciento cincuenta (150) semanas de cotización dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez, setenta y cinco (75) de las cuales deben corresponder a los últimos tres (3) años. (resalta la Sala).
Es evidente que las anteriores normas del Acuerdo 224 de 1966, no contemplaban el requisito de la cotización de las 300 semanas en cualquier época, como uno de los presupuestos para acceder a la pensión de invalidez, y por consiguiente, a la pensión de sobrevivientes en las hipótesis señaladas por el Artículo 20 de dicho acuerdo.
El requisito de las 300 semanas de cotización en cualquier época, sobre el cual el Tribunal sustentó las condenas que impuso a la parte demandada, fue introducido por el Artículo 1° del Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 del 31 de enero de 1984 (publicado en el Diario Oficial N° 36490 del 14 de febrero de 1984), el cual modificó el Artículo 5° del Acuerdo 224 de 1966, en los siguientes términos:
“Artículo 1º. El artículo 5º del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por Decreto 3041 del mismo año quedará así:
Tendrán derecho a pensión por invalidez los asegurados que reúnan las siguientes condiciones:
[…]
b) Tener acreditadas 150 semanas de cotización para los riesgos de invalidez vejez y muerte I.V.M: dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier época.
Entonces, como el causante José Joaquín Beltrán Reyes falleció el 14 de marzo de 1989, es indiscutible que las normas que regulaban el caso eran los artículos 5° y 20 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de ese mismo año, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984, las cuales como ya se dijo, sí contenían la exigencia de las 300 semanas de cotización en cualquier época, como uno de los requisitos que daban derecho a la pensión de invalidez y por extensión a la de sobrevivientes de conformidad con el Artículo 20 de plurimencionado Acuerdo 224 de 1966.
El cargo así prospera.
Sin costas en el recurso extraordinario.
SENTENCIA DE INSTANCIA
El juez de primera instancia, aun cuando advirtió que bajo el Acuerdo 224 de 1966, el compañero permanente de la accionante había generado el derecho que se reclama, consideró que aquella no podía acceder al mismo por cuanto no tenía la calidad de cónyuge, única posibilidad que, en su criterio, la ley vigente permitía para ser titular de la pensión de viudez, posición que no resulta acertada.
En efecto, esta Corporación, de forma reiterada ha adoctrinado que el artículo 55 de la Ley 90 de 1946 previó la posibilidad de que ante la inexistencia de cónyuge que se lo discutiera, la compañera permanente del causante podía adquirir el derecho a la sustitución pensional; para ello basta memorar las sentencias CSJ SL12896-2014, CSJ SL1131-2015, y CSJ SL4200 – 2016; en esta última en la que se dijo:
3º) Superado lo anterior, el problema jurídico que le concierne resolver a la Corte estriba en dilucidar si para la fecha del fallecimiento del causante -1986- existían normas que habilitaban a la compañera permanente para adquirir la pensión de sobrevivientes.
La respuesta a tal planteamiento es afirmativa, toda vez que para la época de la muerte del asegurado, se encontraban en vigor las Leyes 12/1975 y 113/1985, que claramente establecían el derecho de la compañera permanente de sustituir las pensiones de los trabajadores del sector privado y público.
En esa dirección, importa resaltar que la primera de esas leyes, en su art. 1º, dispuso:
Artículo 1º.- El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas (Negrillas de la Corte).
Es cierto, como lo pone de presente el opositor, que dicha previsión literalmente cobija a las viudas o compañeras permanentes de los trabajadores que hubieren fallecido una vez cumplido el tiempo de servicios, pero sin la edad legal o convencional. Sin embargo, esta Corte en sentencia CSJ SL, 7 jul. 2009, rad. 25920, interpretó nuevamente esta disposición para incluir en ella a las supérstites de los pensionados o con derecho a la pensión de jubilación.
En efecto, en la prenombrada providencia, esta Sala haciendo uso de un argumento a fortiori, consideró que si el derecho a la sustitución estaba consagrado en favor de la cónyuge o compañera permanente de los trabajadores que les faltaba la edad legal o convencional para adquirir el derecho, con mayor razón debía otorgarse en el evento de la muerte de quien reúne la totalidad de las condiciones pensionales o se encuentra pensionado. Expuesto en otros términos, si el derecho se concede en favor de la beneficiaria del causante que no alcanzó a completar los requisitos de jubilación, lógicamente debe reconocerse a la beneficiaria de quien los tenía completos. Para más ilustración, esto dijo la Corte:
Si como se ha estimado, no existe fundamento lógico para que el legislador discrimine a la compañera del pensionado fallecido, frente a la del trabajador que perece sin cumplir la edad necesaria pero con el tiempo de servicios mínimo, es claro para la Sala que existe un vacío legislativo, pues tal omisión de regulación no obedece a una intención clara y definida, sino a una falta de previsión que, por mandato del artículo 19 del C. S. T., debe ser corregida por el intérprete con los instrumentos de integración normativa que le ofrece esta disposición, y que se supera mediante el razonamiento lógico, según el cual si la compañera permanente tiene derecho a disfrutar de pensión de su compañero, cuando éste fallece teniendo el tiempo de servicio mínimo requerido para acceder al derecho pero sin cumplir la edad, con mayor razón tendrá derecho, la compañera permanente de quien fallece no solo con el tiempo de servicios cumplido sino además la edad, pues en este último evento se colman cabalmente, y aún más allá, las exigencias fácticas mínimas requeridas por la norma para acceder al derecho.
Yendo más allá. En el caso de las pensiones a cargo del Instituto de Seguros Sociales, como la de este asunto, desde la L. 90/1946 existió en favor de la compañera permanente el derecho a la pensión de «viudedad», denominada después «de sobrevivientes», a condición que: (i) el afiliado no hubiere dejado cónyuge supérstite; (ii) el de cujus y su derechohabiente se mantuvieren solteros durante el «concubinato»; (iii) la reclamante hubiera hecho vida marital, durante los 3 años anteriores a la muerte de su compañero, a menos que hubieran procreado hijos comunes (art. 55, L. 90/1946).
El artículo que contenía estas reglas, aunque fue consagrado para las pensiones por accidente o enfermedad profesional, resultaba aplicable, en virtud de lo dispuesto en el art. 62 de la misma ley, a las pensiones por muerte común. Tales disposiciones no fueron modificadas por el A. 224/1966, aprobado por el D. 3041 del mismo año, ni derogadas por el D. 433/1971.
Debe destacarse igualmente que, sobre la convivencia de la actora con José Joaquín Beltrán Reyes, y la procreación de 3 hijos con aquel, no hubo discusión.
Así las cosas, resulta pertinente revocar la decisión apelada y, en su lugar, acceder a la condena a favor de María Yaneth Camacho por concepto de pensión de sobrevivientes, por cuanto su compañero permanente cotizó en toda su vida laboral más de las 300 semanas, requisito que exigía la parte final del literal b) del artículo 5º del Acuerdo 224 de 1966, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 019 de 1983.
En lo que hace a la fecha de la causación del derecho, lo es la del fallecimiento de Beltrán Reyes, es decir, el 14 de marzo de 1989; no obstante lo anterior, como la demandada propuso la excepción de prescripción, que tiene vocación de prosperidad, en virtud a que la solicitud del derecho se impetró pasado el término trianual de que tratan los artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.L. y S.S., las mesadas adeudadas a la demandante son aquellas exigibles a partir del 8 de abril de 2012, ya que la reclamación administrativa según da cuenta la documental de folio 23, se presentó en igual día y mes de 2015, la demanda se instauró el 13 de mayo del mismo año y se notificó dentro del año siguiente (folio 31).
Los demás medios exceptivos no tienen vocación de prosperidad, dado el éxito de las pretensiones.
El valor inicial de la prestación, verificadas las operaciones pertinentes a la luz del Acuerdo 224 de 1966, y atendiendo los salarios sobre los que el difunto aportó y el número de semanas que se evidencian a folio 15 del plenario, sería de $38.000 mensuales, según el siguiente diagrama:
Historia laboral:
Año
Mes
Días cotizados
IBC
Semanas
1968
Junio
30
$ 930
4,29
1968
Julio
31
$ 930
4,43
1968
Agosto
31
$ 930
4,43
1968
Septiembre
30
$ 930
4,29
1968
Octubre
31
$ 930
4,43
1968
Noviembre
30
$ 930
4,29
1968
Diciembre
31
$ 930
4,43
1969
Enero
20
$ 930
2,86
1970
Junio
30
$ 930
4,29
1970
Julio
31
$ 930
4,43
1970
Agosto
31
$ 930
4,43
1970
Septiembre
30
$ 930
4,29
1970
Octubre
31
$ 930
4,43
1970
Noviembre
30
$ 930
4,29
1970
Diciembre
31
$ 930
4,43
1971
Enero
31
$ 930
4,43
1971
Febrero
28
$ 930
4,00
1971
Marzo
31
$ 930
4,43
1971
Abril
30
$ 930
4,29
1971
Mayo
31
$ 930
4,43
1971
Junio
30
$ 930
4,29
1971
Julio
31
$ 930
4,43
1971
Agosto
31
$ 930
4,43
1971
Septiembre
30
$ 930
4,29
1971
Octubre
31
$ 930
4,43
1971
Noviembre
30
$ 930
4,29
1971
Diciembre
31
$ 930
4,43
1972
Enero
31
$ 930
4,43
1972
Febrero
29
$ 930
4,14
1972
Marzo
31
$ 930
4,43
1972
Abril
30
$ 930
4,29
1972
Mayo
31
$ 930
4,43
1972
Junio
30
$ 930
4,29
1972
Julio
31
$ 930
4,43
1972
Agosto
31
$ 930
4,43
1972
Septiembre
30
$ 930
4,29
1972
Octubre
31
$ 930
4,43
1972
Noviembre
30
$ 930
4,29
1972
Diciembre
31
$ 930
4,43
1973
Enero
31
$ 930
4,43
1973
Febrero
1
$ 930
0,14
1973
Marzo
31
$ 930
4,43
1973
Abril
30
$ 930
4,29
1973
Mayo
31
$ 930
4,43
1973
Junio
30
$ 930
4,29
1973
Julio
31
$ 930
4,43
1973
Agosto
31
$ 930
4,43
1973
Septiembre
30
$ 930
4,29
1973
Octubre
31
$ 930
4,43
1973
Noviembre
30
$ 930
4,29
1973
Diciembre
31
$ 930
4,43
1974
Enero
31
$ 930
4,43
1981
Agosto
7
$ 25.530
1,00
1981
Septiembre
30
$ 25.530
4,29
1981
Octubre
31
$ 25.530
4,43
1981
Noviembre
30
$ 25.530
4,29
1981
Diciembre
31
$ 25.530
4,43
1982
Enero
31
$ 25.530
4,43
1982
Febrero
28
$ 25.530
4,00
1982
Marzo
31
$ 25.530
4,43
1982
Abril
30
$ 25.530
4,29
1982
Mayo
31
$ 25.530
4,43
1982
Junio
30
$ 25.530
4,29
1982
Julio
31
$ 25.530
4,43
1982
Agosto
31
$ 25.530
4,43
1982
Septiembre
30
$ 25.530
4,29
1982
Octubre
31
$ 25.530
4,43
1982
Noviembre
30
$ 25.530
4,29
1982
Diciembre
31
$ 25.530
4,43
1983
Enero
31
$ 25.530
4,43
1983
Febrero
7
$ 5.957
1,00
1983
Febrero
21
$ 17.871
3,00
1983
Marzo
13
$ 25.530
1,86
1983
Marzo
18
$ 25.530
2,57
1983
Abril
30
$ 25.530
4,29
1983
Mayo
31
$ 25.530
4,43
1983
Junio
30
$ 25.530
4,29
1983
Julio
31
$ 25.530
4,43
1983
Agosto
31
$ 25.530
4,43
1983
Septiembre
30
$ 25.530
4,29
1983
Octubre
31
$ 25.530
4,43
1983
Noviembre
30
$ 25.530
4,29
1983
Diciembre
31
$ 25.530
4,43
1984
Enero
31
$ 25.530
4,43
1984
Febrero
29
$ 25.530
4,14
1984
Marzo
31
$ 41.040
4,43
1984
Abril
30
$ 41.040
4,29
1984
Mayo
31
$ 41.040
4,43
1984
Junio
30
$ 41.040
4,29
1984
Julio
31
$ 41.040
4,43
1984
Agosto
31
$ 41.040
4,43
1984
Septiembre
30
$ 41.040
4,29
1984
Octubre
31
$ 41.040
4,43
1984
Noviembre
30
$ 41.040
4,29
1984
Diciembre
31
$ 41.040
4,43
1985
Enero
31
$ 41.040
4,43
1985
Febrero
28
$ 41.040
4,00
1985
Marzo
31
$ 41.040
4,43
1985
Abril
30
$ 41.040
4,29
1985
Mayo
31
$ 41.040
4,43
1985
Junio
30
$ 41.040
4,29
1985
Julio
31
$ 41.040
4,43
1985
Agosto
31
$ 41.040
4,43
1985
Septiembre
30
$ 41.040
4,29
1985
Octubre
31
$ 41.040
4,43
1985
Noviembre
30
$ 41.040
4,29
1985
Diciembre
23
$ 31.464
3,29
Las últimas 150 semanas de cotización están comprendidas entre el 8 de febrero de 1983 al 23 de diciembre de 1985, cuya suma corresponde a $1.243.065. Ciento cincuentava parte de los salarios semanales, arroja: $8.287, que multiplicado por el factor 4,33, da un salario mensual de base año 1985 de $35.883, y un salario mensual de base año 1989, de $84.443, cuya tasa de reemplazo es el 45%, lo que implica que la mesada pensional para el año 1989 fuera de $38.000.
El anterior rubro, una vez aplicados los incrementos de ley, al año 2020 asciende a un salario mínimo legal ($877.803), como se evidencia en el cuadro siguiente.
Detalle del retroactivo pensional
Año
Periodo
Valor mesada
2012
abr-12
$ 457.674
2012
may-12
$ 596.966
2012
jun-12
$ 596.966
2012
Mesada 13
$ 596.966
2012
jul-12
$ 596.966
2012
ago-12
$ 596.966
2012
sep-12
$ 596.966
2012
oct-12
$ 596.966
2012
nov-12
$ 596.966
2012
Mesada 14
$ 596.966
2012
dic-12
$ 596.966
2013
ene-13
$ 611.532
2013
feb-13
$ 611.532
2013
mar-13
$ 611.532
2013
abr-13
$ 611.532
2013
may-13
$ 611.532
2013
jun-13
$ 611.532
2013
Mesada 13
$ 611.532
2013
jul-13
$ 611.532
2013
ago-13
$ 611.532
2013
sep-13
$ 611.532
2013
oct-13
$ 611.532
2013
nov-13
$ 611.532
2013
Mesada 14
$ 611.532
2013
dic-13
$ 611.532
2014
ene-14
$ 623.396
2014
feb-14
$ 623.396
2014
mar-14
$ 623.396
2014
abr-14
$ 623.396
2014
may-14
$ 623.396
2014
jun-14
$ 623.396
2014
Mesada 13
$ 623.396
2014
jul-14
$ 623.396
2014
ago-14
$ 623.396
2014
sep-14
$ 623.396
2014
oct-14
$ 623.396
2014
nov-14
$ 623.396
2014
Mesada 14
$ 623.396
2014
dic-14
$ 623.396
2015
ene-15
$ 646.212
2015
feb-15
$ 646.212
2015
mar-15
$ 646.212
2015
abr-15
$ 646.212
2015
may-15
$ 646.212
2015
jun-15
$ 646.212
2015
Mesada 13
$ 646.212
2015
jul-15
$ 646.212
2015
ago-15
$ 646.212
2015
sep-15
$ 646.212
2015
oct-15
$ 646.212
2015
nov-15
$ 646.212
2015
Mesada 14
$ 646.212
2015
dic-15
$ 646.212
2016
ene-16
$ 689.961
2016
feb-16
$ 689.961
2016
mar-16
$ 689.961
2016
abr-16
$ 689.961
2016
may-16
$ 689.961
2016
jun-16
$ 689.961
2016
Mesada 13
$ 689.961
2016
jul-16
$ 689.961
2016
ago-16
$ 689.961
2016
sep-16
$ 689.961
2016
oct-16
$ 689.961
2016
nov-16
$ 689.961
2016
Mesada 14
$ 689.961
2016
dic-16
$ 689.961
2017
ene-17
$ 737.717
2017
feb-17
$ 737.717
2017
mar-17
$ 737.717
2017
abr-17
$ 737.717
2017
may-17
$ 737.717
2017
jun-17
$ 737.717
2017
Mesada 13
$ 737.717
2017
jul-17
$ 737.717
2017
ago-17
$ 737.717
2017
sep-17
$ 737.717
2017
oct-17
$ 737.717
2017
nov-17
$ 737.717
2017
Mesada 14
$ 737.717
2017
dic-17
$ 737.717
2018
ene-18
$ 781.242
2018
feb-18
$ 781.242
2018
mar-18
$ 781.242
2018
abr-18
$ 781.242
2018
may-18
$ 781.242
2018
jun-18
$ 781.242
2018
Mesada 13
$ 781.242
2018
jul-18
$ 781.242
2018
ago-18
$ 781.242
2018
sep-18
$ 781.242
2018
oct-18
$ 781.242
2018
nov-18
$ 781.242
2018
Mesada 14
$ 781.242
2018
dic-18
$ 781.242
2019
ene-19
$ 828.116
2019
feb-19
$ 828.116
2019
mar-19
$ 828.116
2019
abr-19
$ 828.116
2019
may-19
$ 828.116
2019
jun-19
$ 828.116
2019
Mesada 13
$ 828.116
2019
jul-19
$ 828.116
2019
ago-19
$ 828.116
2019
sep-19
$ 828.116
2019
oct-19
$ 828.116
2019
nov-19
$ 828.116
2019
Mesada 14
$ 828.116
2019
dic-19
$ 828.116
2020
ene-20
$ 877.803
2020
feb-20
$ 877.803
2020
mar-20
$ 877.803
2020
abr-20
$ 877.803
2020
may-20
$ 877.803
2020
jun-20
$ 877.803
2020
Mesada 13
$ 877.803
2020
jul-20
$ 877.803
2020
ago-20
$ 877.803
En consideración a la prescripción de las mesadas con anterioridad al 08 de abril de 2012, y a que según el artículo 5o de la Ley 4a de 1976 y 142 de la Ley 100 de 1993 (sentencia CC C-409/94), la demandante tiene derecho a 14 mesadas al año, se establece que el valor del retroactivo es de $83.182.014, como se refleja en el siguiente cuadro.
Año
Número de pagos por año
Valor de la mesada
Retroactivo pensional por año
1989
Prescripción
1990
Prescripción
1991
Prescripción
1992
Prescripción
1993
Prescripción
1994
Prescripción
1995
Prescripción
1996
Prescripción
1997
Prescripción
1998
Prescripción
1999
Prescripción
2000
Prescripción
2001
Prescripción
2002
Prescripción
2003
Prescripción
2004
Prescripción
2005
Prescripción
2006
Prescripción
2007
Prescripción
2008
Prescripción
2009
Prescripción
2010
Prescripción
2011
Prescripción
2012
10,77
$596.966
$6.427.334
2013
14
$611.532
$8.561.448
2014
14
$623.396
$8.727.540
2015
14
$646.212
$9.046.968
2016
14
$689.961
$9.659.448
2017
14
$737.717
$10.328.038
2018
14
$781.242
$10.937.388
2019
14
$828.116
$11.593.624
2020
9
$877.803
$7.900.227
$83.182.014
Así mismo, cabe recordar que por ministerio de la Ley la administradora debe deducir del retroactivo que salga a favor de la actora, el valor de los aportes a salud que por disposición legal le corresponde asumir al pensionado, según se indica en el inciso 3° del artículo 42 del Decreto 692 de 1994, que señala:
Las entidades pagadoras deberán descontar la cotización para salud y transferirlo a la EPS o entidad a la cual esté afiliado el pensionado en salud. Igualmente deberán girar un punto porcentual de la cotización al fondo de solidaridad y garantía en salud.
En lo que hace a los intereses moratorios, aquellos resultan improcedentes toda vez que la prestación reconocida tiene su origen en el Acuerdo 224 de 1966 con sus reformas, y la figura pretendida aparece solamente con la expedición de la Ley 100 de 1993; por ello se absolverá de esta pretensión.
A propósito, esta Corte, en sentencia CSJ SL3736-2019, explicó:
Sobre el punto, cabe destacar que las normas de derecho del trabajo y de la seguridad social rigen hacia futuro y tienen efecto general inmediato y se dispone expresamente la prohibición de retroactividad frente a situaciones que ya se consolidaron en el pasado o que se consumaron anteriormente, ello en aras de procurar seguridad jurídica y estabilidad de las relaciones entre los diversos actores del mundo del trabajo y del sistema de seguridad social.
El artículo 16 del C.S.T. dispone que:
“1. Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, pero no tiene efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores”.
De esta manera no le asiste razón a la censura al pretender la aplicación retroactiva del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 frente a una pensión causada con anterioridad a la vigencia de esta normatividad.
Las costas en las instancias correrán a cargo de la parte demandada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 7 de julio de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARÍA YANETH CAMACHO contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.-.y en el que se vinculó como Litis consortes necesarios a Yina Paola, Oney, Antony y Carlos Alberto, todos, Beltrán Camacho.
En sede de instancia REVOCA la sentencia emitida por el Juez Sexto Laboral del Circuito de Ibagué el 4 de noviembre de 2015 y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO. CONDENAR a la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES- a pagar a favor de la demandante MARÍA YANETH CAMACHO identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.221.209, pensión de sobrevivientes a partir del 14 de marzo de 1989, en cuantía, para el 2020, de un salario mínimo legal mensual vigente, junto con los incrementos y mesadas adicionales de ley.
SEGUNDO. CONDENAR a la demanda ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES- al pago de $83.182.014 por concepto de retroactivo pensional en el lapso comprendido entre el 8 de abril de 2012 y el 31 de agosto de 2020, a favor de la demandante MARIA YANETH CAMACHO.
TERCERO. DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 8 de abril de 2012, y no probadas las demás.
CUARTO. AUTORIZAR a la demanda realizar las deducciones que, por concepto de aportes a salud, deba retener.
QUINTO. ABSOLVER a la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES- de la restante pretensión incoada por María Yaneth Camacho.
Las costas de las instancias estarán a cargo de la demandada y no se impondrán en casación.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ
Presidente de la Sala
GERARDO BOTERO ZULUAGA
FERNANDO CASTILLO CADENA
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ
OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR
JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN